Una bomba de relojería

Ayer en el Parlament, Artur Mas en un discurso en plan de perdonavidas, ha abierto un nuevo desafio independentista, ya que no contento con el horizonte de impunidad ni con la financiación extraordinaria que hasta la fecha le viene brindando el Gobierno de Rajoy que sigue confía en amansar la fiera mediante nuevas y abundantes aportaciones que pueda retrasar la fecha del pretendido referéndum y  mientras Artur Mas aspira a que su costosísimo y radicalmente ilegal proceso de construcción nacional, referéndum secesionista incluido, cuente con el reconocimiento jurídico del Estado. 

Artur Mas no para de mentir y alega que Cataluña siente afecto por España pero desconfía de España con un discurso lleno de insultos y descalificaciones, olvida que un solo día sin que lleguen anticipos o rescates desde su aborrecido Madrid, provocaría el caos total en las finanzas de la Generalitat y no podría pagar a sus funcionarios ni a sus farmacias. Es una bomba de relojería como definió Jordi Cañas portavoz de Ciudadanos.

El dirigente nacionalista ha reiterado su apuesta por "celebrar la consulta de manera acordada con el Estadoo, como mínimo, en un marco de tolerancia, y, por tanto, en ausencia de conflicto jurídico" entre la Generalidad y el Gobierno central. Porque aparte de de las constantes aportaciones del estado español para salvar a Cataluña de  la quiebra existente, ahora quiere hacerle culpable al Estado Español de que los funcionarios de la Generalitat no cobren la paga extraordinaria de Navidad.

Esta falacia debería desentrañarla a la mayor brevedad el Gobierno de España ya que Cataluña es la comunidad autonónoma que tiene más competencias y por ello disfruta de un mayor nivel de financiación. Así, Cataluña es la comunidad que recibe más recursos del Estado -19.076 millones de euros en 2011- gracias a ese modelo de financiación pactado en 2009. Detrás se sitúan Andalucía (18.653 millones) y la Comunidad de Madrid (14.894 millones).Otra cosa es como emplea las aportaciones que recibe del gobierno central ya que este desde hace años ha hecho dejación del control del empleo del dinero.

A diferencia de otras regiones, Cataluña gestiona prisiones, policía o tráfico, en buena parte gracias a los acuerdos políticos entre PP y CiU. Y aunque los nacionalistas catalanes siempre tienen la vista puesta en el concierto económico del País Vasco, las atribuciones que actualmente tiene esta comunidad en materia fiscal son muy elevadas gracias al modelo de financiación acordado bilateralmente con el Gobierno del PSOE durante el mandato del tripartito, en aplicación del nuevo Estatuto de 2006, enmendado por el Tribunal Constitucional, pero que amplió la gestión fiscal catalana (mayor participación en la recaudación del IRPF, del IVA y de los Impuestos Especiales).

Mas no se debería, por tanto, quejar de falta de "tolerancia" por parte de un Gobierno central que ha venido irresponsablemente brindándosela, y que aún se dirige a él en tono dialogante y conciliador, a pesar de sus clamorosas e inconstitucionales pretensiones de ruptura.

Es precisamente ese texto estatutario el que ha dotado a esta autonomía de un mayor número de competencias, que se dividen en las categorías de exclusivas, compartidas o ejecutivas. Pero el traspaso de competencias comenzó 30 años atrás, con el desarrollo del artículo 148 de la Constitución y el Estatuto de 1979. Obras públicas, museos, medios ambiente, red viaria, asistencia social o sanidad son algunos de los ejemplos. A diferencia de otras autonomías que no la han pedido, Cataluña sí tiene transferidas las políticas sanitarias o materias educativas.

Sin embargo, Cataluña ha asumido competencias no previstas en la Carta Magna gracias a los acuerdos políticos con sucesivos gobiernos. Por ejemplo, es la única comunidad española que gestiona sus instituciones penitenciarias. Ya en los años noventa y gracias a los pactos de legislatura entre el Gobierno español de José María Aznar y el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se transfirieron las competencias de tráfico a los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial autonómico que solo tiene un equivalente en el resto de España: la Ertzaintza del País Vasco. La lista es larga y sitúa a Cataluña como la comunidad con un mayor número de traspasos, un total de 189 desde 1978 en forma de decretos o leyes de traspasos, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Le sigue Galicia (154) y País Vasco (107).

Pero el traspaso de competencias negociado entre Estado y Generalitat a lo largo de más de 30 años ha ido acompañada de la creación de un colosal ente administrativo compuesto de empresas públicas, consorcios y fundaciones cuya cifra superan los 200. A ello hay que añadir el dineral gastado en subvenciones soberanistas a TV3 La Vanguardia y entes como Ómnium Cultural o similares. Recortar el gasto de estos “chiringuitos” financieros es una de las asignaturas pendientes del Gobierno catalán. Porque ya son 51.000 millones la deuda catalana y sigue aumentando. Todo ello sin contar sus incumplimientos de las sentencias en materia educativa.

Y Artur Mas ante la mirada atenta de su socio Oriol Junqueras no parece dispuesto a hacerlo. La solución está exclusivamente en manos de Mariano Rajoy que debería aplicar sin mas demora el artículo 155 de la Constitución.