Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y acusa al tribunal alemán de "falta de compromiso"
El juez del Tribunal Supremo retira la orden de detención del expresidente y del resto de consejeros fugados y la de Marta Rovira. Rechaza la cuestión prejudicial ante la UE porque no sería vinculante.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la entrega desde Alemania del expresidente de Cataluña solo por el delito de malversación, según informan fuentes del alto tribunal. En un auto emitido este jueves por el magistrado acusa de "falta de compromiso" al tribunal alemán que rechazó su entrega por el delito de rebelión del que venía siendo acusado en España.
El juez ha decidido por tanto retirar la orden internacional de detención y entrega que mantenía sobre el expresidente y la misma decisión ha adoptado sobre el resto de exconsejeros independentistas fugados: Antoni Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí. También la que había cursado contra la dirigente de ERC Marta Rovira. Para todos estos huidos, el juez decretó recientemente su situación de rebeldía.
Antoni Comin, Luis Puig y Meritxell Serret se encontraban huidos de la justicia española en Bélgica, cuyas autoridades también habían mostrado sus reparos a entregar a los reclamados en los términos que planteaba el Tribunal Supremo español y la Fiscalía. Por su parte, Ponsatí se encontraba en Escocia y la dirigente republicana Marta Rovira, había elegido Suiza para eludir la acción de la Justicia española. En el auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez afirma que no puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronunciase sobre el caso de Puigdemont porque, según dice, eso lo tendría que haber hecho el tribunal alemán.
Rechaza la cuestión prejudicial
"La falta de compromiso se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello y por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido", dice Llarena, que cierra la puerta a esta posibilidad. Admite que él podría hacerlo, pero que al ser el Estado reclamante, la respuesta del TJUE no sería vinculante, sino meramente consultiva.
La consecuencia inmediata de esta decisión del juez Llarena es que los fugados ahora podrán circular con normalidad por el extranjero, pero si regresasen a España serían detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Evita de este modo el juez la anomalía que hubiese significado juzgar a la mayoría de acusados del procés por rebelión ya su presunto cabecilla, Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación.
Llarena le dice al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein(Alemania) que los hechos de los que se acusa a Puigdemont -detenido el 25 de marzo en Alemania- podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.
"El mecanismo (de la Euroorden) permitía (sic) impulsar, de ese modo, la eficacia transfronteriza del derecho penal y compensar con ello las dificultades que surgen de la facilitación de la huida de las personas supuestamente responsables de la comisión de delitos, como consecuencia de la eliminación del control de personas en las fronteras interiores de la Unión como consecuencia del Acuerdo de Schengen", expone Llarena en su exposición de motivos en el que usa el pasado como tiempo verbal. Añade que esta iniciativa europea se basa "en la confianza recíproca entre los Estados miembros".
Respuestas al tribunal alemán
El juez apunta a que el tribunal alemán con su decisión pone en peligro el proyecto de "un espacio europeo sin fronteras interiores". A su juicio, sólo podría haber rechazado la entrega por los delitos por los que era reclamado en caso de que existiese riesgo de infligirle un trato inhumano o cuando no se cumplan los "requisitos de regularidad" de la euroorden. Sobre este segundo requisto, desde Schleswig-Holstein llamaron la atención acerca de la orden de arresto internacional se había producido sin una orden de arresto nacional previa. Llarena niega este extremo y dice que la Audiencia Nacional ordenó la detención el 3 de noviembre.
Insiste el magistrado, citando jurisprudencia europea, en que "la doble tipificación no requiere que exista una infracción mimética en el Estado de ejecución a aquella por la que se solicitaba la cooperación". "Debería haberse limitado (el tribunal alemán) a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsara una investigación penal semejante", añade el auto.
Los jueces de Schleswig-Holstein sostienen que si lo que realizó Puigdemont en torno al referéndum ilegal lo hubiese hecho algún ciudadano alemán en su país no sería punible. A juicio del Tribunal Supremo español, sus colegas germanos adoptaron "un posicionamiento desacertado". "El Tribunal (de Alemania) denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos", lamenta LLarena.
El juez español llega a acusar a los magistrados alemanes de haber "modificado algunos extremos del relato fáctico sin conocer las fuentes de prueba recogidas con ocasión de la investigación" y de haber tenido en cuenta la declaración del propio Puigdemont sin dar opción al Tribunal Supremo a rebatir sus argumentos. Llarena reitera que el tribunal de Schleswig-Holstein "ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance".
Vox, apoya la renuncia
La acusación popular ejercida por VOX en la causa abierta en el Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el denominado ‘procés’ que culminó en el referéndum ilegal del 1-O, habia pedido el pasado viernes al juez instructor, Pablo Llarena, que retirara las ordenes de detención y entrega internacionales que afectan a los líderes golpistas fugados en el extranjero entre ellos Carles Puigdemont.
Con ello, el partido político busca que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros seis ex consellers de su Gobierno fugados sean juzgados por los delitos de rebelión, malversación y/o desobediencia por los que han sido procesados sean juzgados “sin limitaciones”.
De este modo, la acusación popular instaba al magistrado del Supremo a que retire estas euroórdenes cuando los tribunales extranjeros dicten sus resoluciones y “acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados”.
