El saqueo de Andalucía 72 – El segundo de Susana Diaz y empresas que fabrican facturas

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado este jueves suspender la declaración del exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano Peña, a quien ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Hay que tener en ciuenta que Lozano había sido el segundo de Susana Díaz hasta solo hace unas semanas.
 

Alaya ha imputado al exdirector de presupuestos haber aprobado 12 expedientes investigados con modificaciones presupuestarias por importe de más de 57 millones de euros. Abogados personados en la causa han informado a los periodistas durante un receso de que la juez Mercedes Alaya ha imputado a Lozano presuntos delitos de prevaricación y malversación.

La declaración del ex alto cargo de la Junta ha registrarlo varios incidentes, entre los cuales la juez ha llegado a decirle que "si quiere declarar, declare, pero no haga teatro". Al principio de su declaración Lozano se ha negado a contestar si era la juez quien transcribía sus respuestas, tras lo cual Alaya ha terminado aceptando que sea él quien dicte las respuestas al funcionario.

Los citados abogados han precisado a los periodistas que Lozano ha negado saber nada irregular respecto a los fondos investigados, pese a haber reconocido que las transferencias de financiación no se pueden usar para subvenciones excepcionales, según las prácticas que investiga la juez como presuntamente delictivas. Pese a eso, entre los hechos que Alaya le ha imputado es haber sido "conocedor y partícipe" del sistema ideado en torno a las transferencias de financiación. El alto cargo ha expresado su confianza en los fondos investigados puesto que eran partidas que aprobaba el Parlamento de Andalucía. 

La trama de las facturas falsas
 

Juan Francisco Algarín, uno de los correos y testaferros que entregaban sobres con dinero en el caso de lo ERE, sostiene que en realidad el dinero que él llevaba a Juan Lanzas y, a veces, a personalidades del PSOE, no procedía de las comisiones de los ERE sino del importe de facturas falsas que se elaboraban en la oficina de Eduardo Leal del Real, imputado en el caso, a petición de una gran cantidad de empresas, más de cien, asegura.

Según su testimonio, no todas ellas estaban inmersas en Expedientes de Regulación de Empleo ni todas ellas están radicadas en Andalucía aludiendo a que la red, tejida por Antonio Albarracín, cerebro del operativo junto con Juan Lanzas, que tenía oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao llegaba, al menos, hasta Asturias y País Vasco.

Simulaban "números rojos" con facturas falsas

En la entrevista se detalla el mecanismo concertado para la que podría ser otra trama del caso de los ERE. Algunas de las empresas que deseaban ser afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo para eludir costes de despidos y otros gastos, necesitaban facturas falsas para situarse en "números rojos", única situación en que podían acogerse legalmente a un ERE.

El entramado Albarracín-Lanzas-Leal les procuraba facturas falsas que compraban enviando el dinero a las cuentas que el entramado tenía en Sevilla. Posteriormente, cuando recibían la aprobación de la Junta a su ERE y esta se hacía cargo de las prejubilaciones, compensaban el coste de las facturas falsas con el ahorro en el procedimiento de reajuste de la empresa. Este era el modo de acceder al procedimientos de regulación de empleo intermediado por Juan Lanzas, consensuados con CCOO y UGT y sus despachos satélites. Este fue el caso de algunas empresas como Surcolor, Primayor, Dhul y Mercasevilla entre otros.

Más de cien empresas implicadas

En la entrevista, Algarín sostuvo que había otras empresas, de cuya existencia tiene constancia la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa, que también solicitaban facturas falsas al entramado de Eduardo Leal y Juan Lanzas. El imputado se refirió a más de cien empresas cuyos nombres, CIF e importes solicitados estaban en el ordenador de Eduardo del Real.

Las facturas se elaboraban en la empresa de Eduardo del Real y cuando estaban elaboradas se metían en sobres y luego en un maletín que se llevaba en mano a Madrid, a la atención de Antonio Albarracín, el exdirectivo de la empresa Vitalia, que se encargaba de "venderlas" a las empresas solicitantes a cambio de su importe total y completo. O sea, habría así dos circuitos de sobres: unos con dinero y otros con facturas.

Después, el dinero llegaba a tres o cuatro bancos próximos al Hotel Macarena de Sevilla, muy próximo al Parlamento andaluz. En estos bancos, el dinero se ingresaba en las cuentas abiertas al efecto y luego era recogido por el propio Algarín y otros correos. El dinero se metía en sobres sin anotaciones y se llevaba al lugar en el que se encontraba Juan Lanzas, principalmente al Bar Parlamento, próximo a la Cámara andaluza, aunque asimismo a bares cercanos a la Consejería de Empleo y de la Delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla, regentada entonces por Antonio Rivas.

De ser cierto lo que asegura Algarín, que afirma haber explicado a la UCO el procedimiento, el dinero entregado en sobres a Lanzas para su distribución entre "los señores del Sur", no procedería de las comisiones extralegales de los ERE sino de la falsificación en masa de facturas a una relación amplia de empresas.

Lo defraudado superaría las comisiones de los ERE

Las operaciones de falsificación de facturas se hacían todas las semanas y según sus cálculos, el importe ascendía desde el año 2000 al año 2008 a unos 600.000 euros semanales. Esto es, mensualmente el importe falsificado ascendía a casi 2,5 millones de euros. Anualmente, se falsificaban 30 millones de euros por lo que en ese período de ocho años, la falsificación podría haber afectado a 240 millones de euros, importe que supera con mucho al montante calculado del dinero desviado en comisiones de los ERE, que no llega siquiera a los 160 millones de euros.

Recuérdese que el dinero defraudado a través de comisiones, ayudas a empresas injustificadas y los llamados intrusos (falsos prejubilados) oscilaría entre los 140 y los 158 millones de euros, a razón de 12-17 millones para "intrusos", 73,8 millones en empresas (muchos de ellos entregados a cargos públicos del PSOE, amigos del Partido Socialista y zonas electoralmente útiles para el PSOE) y entre 50 y 68 millones entregados a consultoras e intermediarios.

Según se ha comprobado ya en este caso, el tráfico de dinero procedente de los llamados "fondos de reptiles", 7,6 fueron a parar a los sindicatos UGT y CCOO (3,2 de Uniter y 4,4 de Vitalia), 3,6 millones para bufetes y, por ejemplo, 13 millones de euros para conseguidores como Juan Lanzas, dando retorno de parte del dinero, a su vez, a Guerrero y a algunos de los "señores del Sur".