Ahora,... ¿el Consell de la República?

Puigdemont Comin y Torra en Waterloo. LEO RODRÍGUEZ EFE

Al ex president, cada vez viajan menos a Bruselas a rendirle pleitesía. La "cumbre" organizada por Carles Puigdemont en Bélgica expresa el fracaso de sus ambiciosos planes sobre el "consell de la república" y la "casa de la república". Gran parte del separatismo le ha dado la espalda. Ya no es el "presidente legítimo" al que había que restituir a cualquier precio, sino un hombre sin partido, rodeado de amigos sin experiencia política y que trata de no desaparecer de la escena política con iniciativas que no acaban de cuajar, como el partido "Crida Nacional per la República" con el que quiere agrupar a todo el nacionalismo.

Lo que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había concebido como una gran cumbre del independentismo catalán en su casa de Waterloo en Bélgica -con asistencia de su sucesor, Quim Torra- se ha acabado convirtiendo en una reunión de perfil bajo, sin cita oficial, con representantes de segunda fila y con la ausencia muy visible de la CUP. Tras el fracaso de la convocatoria, los participantes han tratado infructuosamente de esquivar a la prensa trasladando el encuentro a un hotel. No se realizó convocatoria a los periodistas, que finalmente localizaron el lugar, situado a poco más de un kilómetro de la denominada Casa de la República, el centro de reuniones habitual y vivienda de Puigdemont.

Al término del encuentro, Puigdemont y Torra se han visto obligados a dar explicaciones ante los numerosos periodistas que les habían localizado. El objetivo de la reunión, han asegurado, era dar los toques finales al denominado Consell per la República, un nuevo órgano que ha diseñado Puigdemont con su exconseller de Sanidad, Toni Comín, y cuyo objetivo es dar una especie de cobertura institucional a los políticos huidos a Bélgica. Pretenden que funcione como una especie de Gobierno en el exilio.

El independentismo ha puesto fecha a la puesta de largo de su nuevo órgano político en el exterior. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su sucesor Quim Torra han anunciado este lunes en Waterloo (Bélgica) que el próximo martes 30 de octubre se presentará en el Palau de la Generalitat el Consell de la República, una suerte de Govern paralelo con sede en Bélgica.

Comín, llamado a ser el presidente de esta organización, la ha destacado como "uno de los instrumentos imprescindibles para desplegar la república" ya que el camino a la independencia necesita algo más que "las instituciones de la Generalitat y la movilización social". La constitución de este consejo catalán debería haber sido presentado en marzo, pero se vio paralizado a causa de la detención de Puigdemont --principal impulsor de la idea-- en Alemania.

Ni Puigdemont, ni Torra ni Comín han querido dar detalles de quién formará parte de este nuevo órgano, cuáles serán sus tareas, cómo se pagará o qué relación tendrá con el Gobierno catalán o con el Parlament. Su presentación formal tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Palau de la Generalitat en Barcelona. Entre sus principales tareas estará la "internacionalización" de la crisis catalana y "aglutinar" a todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil que quieren "desarrollar" la República, ha dicho Puigdemont.

El prófugo Carles Puigdemont está en sus horas mas bajas. Se siente aislado en Waterloo, traicionado por el PDeCAT, cuestionado hasta en Junts per Catalunya, su lista de afines, y despreciado por ERC. Solo la llamada de Pablo Iglesias le ha permitido recuperar parte de la ventaja que le saca Oriol Junqueras en la guerra intestina por el liderazgo separatista, pero sigue en fuera de juego. 

En lenguaje claro: A la vista del descenso en las recaudaciónes en las festivales y campañas de "solidaridad" organizadas en Cataluña, este es el intento desesperado de Puigdemont para asegurarse su pervivencia. incorporando sus gastos y los de todos aquellos en su dia se se fugaron de la justicia y siguen viviendo a cuerpo de rey a Bélgica, Suiza o Irlanda.....dentro de los presupuestos de la Generalitat. 

El juez Llarena renuncia a la entrega de Puigdemont solo por malversación

Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y acusa al tribunal alemán de "falta de compromiso"

El juez del Tribunal Supremo retira la orden de detención del expresidente y del resto de consejeros fugados y la de Marta Rovira. Rechaza la cuestión prejudicial ante la UE porque no sería vinculante.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la entrega desde Alemania del expresidente de Cataluña solo por el delito de malversación, según informan fuentes del alto tribunal. En un auto emitido este jueves por el magistrado acusa de "falta de compromiso" al tribunal alemán que rechazó su entrega por el delito de rebelión del que venía siendo acusado en España.

El juez ha decidido por tanto retirar la orden internacional de detención y entrega que mantenía sobre el expresidente y la misma decisión ha adoptado sobre el resto de exconsejeros independentistas fugados: Antoni Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí. También la que había cursado contra la dirigente de ERC Marta Rovira. Para todos estos huidos, el juez decretó recientemente su situación de rebeldía.

Antoni Comin, Luis Puig y Meritxell Serret se encontraban huidos de la justicia española en Bélgica, cuyas autoridades también habían mostrado sus reparos a entregar a los reclamados en los términos que planteaba el Tribunal Supremo español y la Fiscalía. Por su parte, Ponsatí se encontraba en Escocia y la dirigente republicana Marta Rovira, había elegido Suiza para eludir la acción de la Justicia española. En el auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez afirma que no puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronunciase sobre el caso de Puigdemont porque, según dice, eso lo tendría que haber hecho el tribunal alemán.

Rechaza la cuestión prejudicial

"La falta de compromiso se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello y por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido", dice Llarena, que cierra la puerta a esta posibilidad. Admite que él podría hacerlo, pero que al ser el Estado reclamante, la respuesta del TJUE no sería vinculante, sino meramente consultiva.

La consecuencia inmediata de esta decisión del juez Llarena es que los fugados ahora podrán circular con normalidad por el extranjero, pero si regresasen a España serían detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Evita de este modo el juez la anomalía que hubiese significado juzgar a la mayoría de acusados del procés por rebelión ya su presunto cabecilla, Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación.

Llarena le dice al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein(Alemania) que los hechos de los que se acusa a Puigdemont -detenido el 25 de marzo en Alemania- podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

"El mecanismo (de la Euroorden) permitía (sic) impulsar, de ese modo, la eficacia transfronteriza del derecho penal y compensar con ello las dificultades que surgen de la facilitación de la huida de las personas supuestamente responsables de la comisión de delitos, como consecuencia de la eliminación del control de personas en las fronteras interiores de la Unión como consecuencia del Acuerdo de Schengen", expone Llarena en su exposición de motivos en el que usa el pasado como tiempo verbal. Añade que esta iniciativa europea se basa "en la confianza recíproca entre los Estados miembros". 

Respuestas al tribunal alemán

El juez apunta a que el tribunal alemán con su decisión pone en peligro el proyecto de "un espacio europeo sin fronteras interiores". A su juicio, sólo podría haber rechazado la entrega por los delitos por los que era reclamado en caso de que existiese riesgo de infligirle un trato inhumano o cuando no se cumplan los "requisitos de regularidad" de la euroorden. Sobre este segundo requisto, desde Schleswig-Holstein llamaron la atención acerca de la orden de arresto internacional se había producido sin una orden de arresto nacional previa. Llarena niega este extremo y dice que la Audiencia Nacional ordenó la detención el 3 de noviembre.

Insiste el magistrado, citando jurisprudencia europea, en que "la doble tipificación no requiere que exista una infracción mimética en el Estado de ejecución a aquella por la que se solicitaba la cooperación". "Debería haberse limitado (el tribunal alemán) a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsara una investigación penal semejante", añade el auto.

Los jueces de Schleswig-Holstein sostienen que si lo que realizó Puigdemont en torno al referéndum ilegal lo hubiese hecho algún ciudadano alemán en su país no sería punible. A juicio del Tribunal Supremo español, sus colegas germanos adoptaron "un posicionamiento desacertado". "El Tribunal (de Alemania) denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos", lamenta LLarena.

El juez español llega a acusar a los magistrados alemanes de haber "modificado algunos extremos del relato fáctico sin conocer las fuentes de prueba recogidas con ocasión de la investigación" y de haber tenido en cuenta la declaración del propio Puigdemont sin dar opción al Tribunal Supremo a rebatir sus argumentos. Llarena reitera que el tribunal de Schleswig-Holstein "ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance".

Quim Torra y Carles Puigdemont. Efe

Vox, apoya la renuncia

La acusación popular ejercida por VOX en la causa abierta en el Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el denominado ‘procés’ que culminó en el referéndum ilegal del 1-O, habia pedido el pasado viernes al juez instructor, Pablo Llarena, que retirara las ordenes de detención y entrega internacionales que afectan a los líderes golpistas fugados en el extranjero entre ellos Carles Puigdemont.

Con ello, el partido político busca que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros seis ex consellers de su Gobierno fugados sean juzgados por los delitos de rebelión, malversación y/o desobediencia por los que han sido procesados sean juzgados “sin limitaciones”.

De este modo, la acusación popular instaba al magistrado del Supremo a que retire estas euroórdenes cuando los tribunales extranjeros dicten sus resoluciones y “acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados”.