Empresas Públicas,- Un agujero insoportable

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el número de empresas públicas autonómicas que se extinguirán pasará de las 515 —que estaban previstas— a 708, lo que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. Este es enesimo anuncio de la vicepresidenta para la eliminación de entes inútiles desde que el PP entró a gobernar para eliminar un coste que no podemos soportar, Veremos la fuerza del ejecutivo para imponer esta medida a las respectivas comunidades autónomas

Pero las cosas en el Palacio de la Moncloa van despacio. Corría el mes de marzo y el Gobierno presentaba un ambicioso plan para racionalizar el sector público empresarial. ¿Objetivo? “La supresión, desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades”. Nueve meses después y con el ejercicio vencido, el proceso no termina de arrancar. Y es que según el avance de 2012 facilitado por el Ministerio de Hacienda en su Inventario de Entes (Invespe), durante el año apenas se habrían dado de baja nueve sociedades, al tiempo que se crearon otras cinco. En total, el Estado mantiene 448 empresas en operación, sólo cuatro menos que a 31 de diciembre de 2011.

El problema de las empresas dependientes del Estado va más allá de su volumen. Y es que su deuda no da tregua. Según los últimos datos facilitados por el Banco de España, las sociedades públicas que operan bajo el paraguas de la Administración Central acumulaban hasta septiembre obligaciones por valor de 34.749 millones de euros, lo que suponía 2163 millones mas respecto al cierre del primer trimestre. Se trata de la cifra global más alta desde el año 2000, último ejercicio para el que el servicio de estudios del supervisor proporciona datos. A modo de comparación, basta recordar que la cuantía que Bruselas acaba de inyectar en la economía española para sanear la banca nacionalizada asciende a 40.000 millones.

Los guarismos se disparan todavía más si a la deuda de las empresas públicas del Estado se suma la que aglutinan las sociedades que mantienen comunidades y ayuntamientos. En total, el agujero roza ya los 56.000 millones -en concreto, 55.973-, otro máximo histórico. De hecho, las compañías dependientes de las autonomías deben en su conjunto 12.182 millones de euros y las que controlan los municipios ascienden hasta los 9.042 millones, pese a que en lo que va de ejercicio ambas han logrado contener los datos. El secretario de Estado de Admnistraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguraba en julio que las autonomías solo habían suprimido dos sociedades de las 600 empresas públicas que deberían haber liquidado. Y hablaba sin ambages de fracaso y de que el Gobierno tomaría medidas si no había avance.

De los 2113 entes públicos que aún poseen las comunidades autónomas (CCAA), existe un amplio elenco de ejemplos que llaman la atención en cuanto al uso de dinero público. Más allá de las polémicas duplicidades administrativas, por las que las autonomías replican ciertas funciones que ya desempeña el Estado a nivel nacional (defensores del Pueblo, institutos estadísticos y cartográficos, agencias meteorológicas, organismos reguladores o radiotelevisiones públicas, entre otras), las regiones siguen manteniendo empresas y organismos públicos cuyo objeto social poco o nada tiene que ver con el desarrollo de servicios básicos.

Así, entre otros muchas entidades, los gobiernos regionales cuentan a día de hoy con empresas dedicadas a la fabricación de tapones, cuchillos y navajas, el reciclaje y tratamiento de residuos cárnicos, casinos, circuitos de carreras, papeleras, jardinería, productoras, academias de idiomas, escuelas de tauromaquia, inmobiliarias, gasolineras, marketing, sostenibilidad y eficiencia energética, producción y comercialización de patatas, carrocería de autocares y trenes, festivales de música, estaciones de esquí, centros dehidromasaje e incluso estudios de cine y embriones de agencias espaciales.

Aún existen empresas tan estrambóticas como estas: Barcelona Holding Olímpico para las Olimpiadas de 1992 o seguía en liquidación la sociedad V Centenario del mismo año, Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho, o la fracasada Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Viajes Aragón Esquí, S.L.U, Fundación Juegos Mundiales Universitarios Universiada-Palma de Mallorca 1999, Gran Casino del Sardinero, Observatorio del Paisaje….etc. etc

Y ello, sin contar fundaciones de más que dudosa utilidad, así como la pervivencia de ciertos entes que, pese a ser creados específicamente para promover un acto o acontecimiento deportivo y cultural que se celebró años atrás, todavía no han sido liquidados y, por tanto, siguen formando parte del sector público regional.