domingo, 30 de junio de 2013

La "jeta" de Gallardón

Sobre el título anterior de mi blog que publiqué ayer “El papelón del Fiscal General y la jeta del ministro Gallardón” Paco Pérez Teruel me hacía esta pregunta: “jeta ¿porqué?”. Por si no fuera dicha pregunta una simple broma, voy a remachar mi afirmación con lo sucedido esta semana y la tomadura de pelo que Alberto Ruiz Gallardón he perpetrado a los jueces, fiscales, oposición y especialmente a los votantes del PP a los que hace muy pocos días aseguraba que “iba a despolitizar la justicia y especialmente CGPJ”  Todo ello ha pasado desapercibido por la prensa ante la avalancha de noticias de esta última semana.
 
La texto de la reforma del consejo General del Poder Judicial que fue presentada este miércoles por el ministro Alberto Ruiz Gallardón modifica el sistema de los nombramientos de sus componentes que al ser nombrados totalmente por los partidos políticos en el Congreso ha puesto bajo a la justicia bajo el yugo de unos políticos muchos de ellos sospechosos  de corrupción muchos de ellos ya encausados y otros pendientes de que la justicia revise sus actuaciones en esta época convulsa donde la sospecha ciudadana se extiende sobre toda la clase política. La reforma en contra de lo prometido en el programa del PP, entrega la elección de los 12 vocales que se nombraban de origen judicial a las fuerzas parlamentarias.
La propuesta ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios (lo que no les supone ningún coste) menos el Partido Popular que como alguien no lo remedie llevará adelante esta reforma ha levantado ampollas ahora en el Tribunal Supremo por la regulación que se ha introducido de la nueva figura del vicepresidente del TS y del CGPJ y el pleno del Tribunal Supremo ha expresado su malestar al ministro por lo que considera una "descarada injerencia política" en la cúpula del Poder Judicial.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la reforma que entrega a las fuerzas parlamentarias la designación directa de los 20 vocales de CGPJ  sin que los jueces vayan a tener intervención alguna en la elección de su órgano de gobierno- diciendo que "despolitizará la Justicia" al introducir "criterios de representatividad de la carrera judicial" y principios de "mérito y capacidad" en el nombramiento de los cargos judiciales. ¡¡¡Toma ya...!!!
Rosa Díez, ha reconocido acertadamente que el anteproyecto le ha "defraudado" profundamente porque "no cambia nada". "En lo que es más importante del CGPJ, que es la modificación del sistema para que haya una separación de poderes auténtica y se camine hacia la despolitización, no ha dado ningún paso, sólo ha hecho pequeñas reformas", ha indicado. "El ministro se está negando a sí mismo", ha dicho Díez, puesto que cuando tomó posesión de su cargo y en su primer discurso en el Congreso prometió lo contrario de lo que ha hecho. "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Es una pena", ha resumido la portavoz de la formación magenta.
Yo insisto, lo único sano que podría hacer con este órgano junto a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional seria disolverlos todos ellos automáticamente y crear un único órgano que dirigiera la justicia, ya que entre unos y otros en vez de resolver los graves de este país, no hacen más que interferir las decisiones judiciales a instancias de las conveniencias personales de sus miembros o de los partidos en el poder y que ahora mismo son los responsables de la presencia de ETA en la instituciones políticas o haber dado paso a un “Estatut” por encima de la Constitución o la puesta en libertad de la más variada gama de delincuentes mediante dilaciones o indultos.  

sábado, 29 de junio de 2013

El papelón del Fiscal General y la jeta del ministro Gallardón


El juez que instruye el caso Nóos,  José Castro consecuente con las últimas actuaciones, ha emitido una Providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en un asunto cuando era alcalde de Madrid y presidente de ”Madrid 16”, para que justifique una "donación" de 132.000 euros realizada en un total de 18 entregas entre 2007 y 2009 en favor la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), considerada sucesora del Instituto Nóos.
En concreto, el sindicato “manos Limpias”  ha solicitado la apertura de una pieza separada en la que se incluya al hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por una subvención que el Ayuntamiento de Madrid concedió a una de las entidades gestionadas por Iñaki Urdangarín que están siendo investigadas en estos momentos. La acusación apunta de este modo a la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
En aquel momento Ruiz Gallardón optaba por la organización de las olimpíadas de 2016 y allí apareció Iñaki Urdangarín ofreciendo sus servicios "como lobby" para promocionar la candidatura olímpica de Madrid. Ahora mismo están siendo imputados por una causa parecida Rita Barberá y Francisco Camps.
El sindicato alega que el máximo responsable de la Fundación Madrid 2016 era Ruiz-Gallardón y que se debe investigar si hubo delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, ya que a su juicio “es evidente que se miró para otro lado con fondos públicos y que además no se exigieron los correspondientes justificantes de la subvención concedida”. La exconsejera delegada de la Fundación Madrid 2016 Mercedes Coghen declaró en su día ante el juez José Castro que la orden de pago se la dio directamente el alcalde y que Urdangarin contactó posteriormente con ella para que la Fdcis promoviera la candidatura olímpica a cambio de dicha donación que se estuvo le abonando mensualmente al duque a razón de 6.000 euros mensuales con el fin de que dicho pago no tuviera que pasar el filtro del pleno municipal.
La realidad es que Urdangarín se embolsó el dinero y no hizo absolutamente nada a cambio de la cantidad que se entregaba mensualmente salvo presentar un proyecto de cuatro páginas.
Curiosamente esta acuación había sido retrasada por el juez Castro. Ahora veremos si prospera esta petición y cuál es la respuesta del fiscal anticorrupción a esta petición del juez ya que actualmente Gallardón por su condición de ministro de justicia de quien depende orgánicamente la fiscalía. Este consentimiento que no es vinculante obligará al juez a entregar esta pieza separada al Tribunal Supremo que debería acudir al Congreso de los Diputados para llegar a pedir su imputación. Va a ser un largo camino para poder ejercitar la justicia con este caradura que ya debería haber dimitido por lo menos de su condición de ministro de justicia y que por el contrario no hace más que ponerles trabas a los jueces para que no puedan ejercer su misión.

Insistiendo en el error

 
El Gobierno de Mariano Rajoy  está dispuesto a salvaguardar nuestra salud y probablemente dentro de poco la gente no morirá de cáncer por el tabaco ni de cirrosis por el alcohol el motivo es simple,  no podrá acceder a ellos- No es cierto que aumentando los impuestos sobre aumenta la recaudación, sino que al reducir el consumo se recauda menos. La última vez que subiero impuestos ya ocurrió esto. Es que los bolsillos de los españoles están exhaustos.
No soy fumador ni bebedor y esta medida no me afectará directamente, pero estoy contemplando con estupefacción que nuestra política fiscal va en la dirección equivocada y no hay ninguna intención de rebajar los gastos elefantiásicos de la  administración con una reforma en profundidad que provoca que la deuda de nuestro país siga creciendo a razón de cien mil millones anuales.
La otra medida la eliminación de ciertas deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, a fin de recaudar 3.650 millones de euros extra al año a fin de recaudar 3.650 millones de euros extra al año a costa de quitar aún más recursos al sector privado, el único capaz de generar riqueza y, por tanto, empleo.
No contento con eso, Montoro ha prorrogado la subida "temporal" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para engordar las arcas públicas en otros 700 millones anuales. En total, el Gobierno prevé aumentar la recaudación en unos 5.400 millones al año. El enésimo cuento de la lechera.
Todas estas medidas se encuadran en la estrategia que está siguiendo el PP para mantener a toda costa el insostenible tamaño de la estructura estatal, a base de disparar la fiscalidad sobre familias y empresas, lo cual se traducirá en un menor crecimiento potencial de la economía y en un infructuoso intento para reducir de forma sustancial el abultado déficit público.
El problema de fondo no consiste en que los populares hayan traicionado por completo a sus electores, incumpliendo uno de los principales puntos de su programa electoral, donde se comprometían a bajar impuestos, sino que esta política está destinada a cosechar un rotundo fracaso. Tras cerca de 30 subidas fiscales a lo largo de 2012, junto a los incontables incrementos impositivos de comunidades autónomas y ayuntamientos, lo único que consiguió el Gobierno fue reducir ligeramente la brecha fiscal en dos puntos del PIB, sin contar las ayudas bancarias. Como resultado, y tras un lustro de crisis, España sigue contando con un déficit del 7% del PIB, uno de los más elevados del mundo desarrollado, y un volumen de deuda pública que no deja de crecer, hasta rozar el 90% del PIB. Así pues, la supuesta austeridad en el sector público sigue siendo un mito.
Y lo grave es que el Gobierno ha optado por rendirse e irse de vacaciones, ya que no pretende aprobar nuevos recortes de gasto ni acometer una profunda reestructuración del tamaño estatal y, especialmente, autonómico. De hecho, acaba de elevar el techo de gasto público para 2014 dado más facilidades a las Comunidades Autónomas para que puedan seguir con sus despilfarros  de tal manera, que a fin de este año veremos cómo a pesar del cúmulo de medidas, de este gobierno tenemos que seguir acudiendo a Bruselas pidiendo nuevos aplazamientos.

viernes, 28 de junio de 2013

La tormenta perfecta



Tantos días de nubarrones amagando sin descargar un simple chaparrón, hacían presagiar lo que todo el mundo estaba esperando, la gran tormenta. La decisión del Juez Ruz de poner de patitas en la cárcel sin fianza a Luis Bárcenas ha roto el precario equilibrio que mantenían durante tiempo todas las fuerzas políticas que han querido mantener a toda costa el estado de impunidad de todas las ganaderías políticas, empresariales o sindicales de este país. Los jueces han tomado la iniciativa y a partir de ahora vamos a asistir a espectáculos alucinantes. Se ha abierto la veda de la caza del político corrupto.

Si Bárcenas acaba cociéndose en la cárcel el tiempo relativamente suficiente como es de desear, vamos a conocer en pequeñas dosis diarias, como ha amasado la gran fortuna que tiene por ahí y quienes del PP se han beneficiado de su generosidad,  quienes lo han estado protegiendo de la credibilidad del partido, Como este hombre sabe mucho, En el PP se están afilando los cuchillos, se ha desatado el miedo y surgirán las envidias, empezarán las delaciones, los relatos escandalosos y muchos de los próceres actuales, deberán ir pensando en hacer la maleta y retirarse de la política para evitar males mayores.
Ya no valdrán tampoco en los acuerdos tácitos entre jefaturas de los partidos con la frase ante el dentista…”No vamos a hacernos daño…, ¿verdad?” Se verán acelerones en las causas que ahora parecían dormidas y esto acelerará la disminución necesaria de políticos en este país. Los jueces ya saben que a partir de ahora o actúan como tales y aplican los códigos o peligra su permanencia en el cargo, al contrario de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora.
Ahora va a ser el “todos contra todos” sin reparar el color de la camiseta, y si el corrupto es el colega del partido mejor, se olvidaran las batallas ganadas y se romperá el pacto de silencio. Ahora el testigo de cargo puede ser cualquiera que haya sido desplazado sea la telefonista del partido o el compañero de escaño.
Esto es lo que ha hecho Griñán, que no está viejo ni ajado como dice, sino que quiere dejar la barca del PSOE y poner los pies en el suelo para salir corriendo y no han sido los ERES lo que le preocupa, sino Invercaria o Mercasevilla dónde la CE ha puesto el ojo y pide explicaciones. El desearía estar en la situación de Chaves para el momento que descargue la tormenta.
Así los Pujol, padre e hijos, que ya se están dando cuenta que esto ahora va en serio y peligran sus dineritos en ultramar. Y así tantos y tantos cabezas de fila y segundones del cartel de estos últimos años. Veremos a uno y otro lado de la contienda, situaciones escatológicas impensables que van a tener a los políticos  corruptos como protagonistas.
Señoras…Señores… Empieza la función.       

jueves, 27 de junio de 2013

Hacienda no somos todos

 
El asalto arbitrario del restaurante de Sergi Arola a la hora de la comida perpetrado por un grupo de inspectores de Hacienda acompañados por policías municipales, sin orden judicial, reclamando de una deuda recurrida y discutida con un  plan de pago establecido por Hacienda de 300.000 euros que le había obligado a hipotecar su domicilio del contribuyente y la posterior clausura de la bodega y otras instalaciones del restaurante junto con las ha puesto al descubierto el funcionamiento arbitrario de un organismo que es fundamental para la permanencia de un Estado moderno cuando se comprueba la existencia de distinto trato según quien sea el nombre del contribuyente.
La jefa de sala del restaurante Sergi Arola, que abrió hace cinco años junto a su marido, ha explicado que desde hace ocho meses han estado intentado devolver a Hacienda mensualmente una cantidad de 2.500 euros para liquidar su deuda, pero que "no es suficiente" porque les han pedido un aval, del que ahora no disponen. "Todas mis propiedades están aquí dentro", ha subrayado Fort, quien ha recalcado que "en caso de no encontrar una solución" el proyecto gastronómico "tendrá que empezar de cero".
Ya puede el ministro Montoro pedir perdón a la monarquía, a la  infanta, o a los españoles todos y asegurar que no existen "agujeros negros" en Hacienda; ya podrá insistir en que "no hay ningún NIF que no sea sometido a procedimientos de inspección de oficio"; ya podrá prometernos que "no existe ninguna capacidad de ninguna persona de permanecer oculta a las inspecciones de la Agencia Tributaria" , cuando ayer mismo los inspectores de Hacienda en su comunicado contradijeron esta afirmación y confirmaron que existe una lista con una serie de contribuyentes que está vetada el acceso y que solo los altos jefes son los que pueden acceder a los mismos.
Y añado que hasta que no se aclare este tema con todos y cada uno de los detalles estas dos cuestiones, pensaré que "Hacienda no somos todos" ya que al mismo tiempo que rinde pleitesía de Hacienda determinados zánganos que, está comprobado, están desvalijando el país y por contra, se dedican con ahínco a atemorizar a aquellos ciudadanos agobiados por los impuestos que con su iniciativa dan trabajo y contribuyen que la marca España sea conocida por todo el mundo.

 

Comprar adhesiones, vender patrimonio y poner los medios al servicio de la causa


 
El viento no sopla a favor de Artur Mas. La última encuesta del CEO (Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán) confirma la tendencia apuntada por un sondeo anterior de El Periódico de Catalunya: si hoy se celebrasen elecciones catalanas, CIU será superada por Esquerra Republicana. CiU no se beneficia de la apuesta independentista. Si los que tienen patente de moderados (CiU) bendicen las tesis radicales e independentistas de ERC, muchos electores emigran a los republicanos mientras que los más moderados se refugian en la categoría de los que no han decidido su voto.
Pero son, sobre todo, las malas encuestas y la apuesta independentista las que abren el cisma entre los dos socios. Mientras CDC lleva años en una deriva soberanista que se ha transformado en independentismo militante tras la manifestación del 11 de setiembre y las fallidas elecciones (Mas quería la mayoría absoluta y se alejó de ella al perder 12 diputados), Unió es mucho más cauta. A no tardar se puede producir la ruptura entre los dos partidos de la coalición. Cada vez más, Esquerra no soporta a Durán que ayer hizo esta manifestación, “Cuando hablemos de recortes, no tengamos tampoco complejo en recordar dos cosas. ERC nos recuerda una, que el Estado nos maltrata fiscalmente, y es verdad, que tenemos un déficit fiscal del 8%, 9%, 7%, y es verdad, y es una razón, pero hay otra también: estamos sufriendo como estamos sufriendo y hay recortes como los que hay porque antes este país [por Cataluña] estuvo gobernado por una gente irresponsable que no tiene -y perdonad la expresión- ni puta idea de lo que es la responsabilidad de gobernar, y estos son también ERC e ICV-EUiA” remachando con la frase: “ERC no tiene ni puta idea de lo que es la responsabilidad de gobernar”

El Parlamento de Cataluña ha acogido hoy la primera reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que, de acuerdo con sus impulsores, persigue involucrar a toda la sociedad en la lucha por la autodeterminación.
Al encuentro han acudido representantes del Gobierno catalán, de partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO). En cambio, el Partido Socialista de Cataluña (PSC), el Partido Popular (PP) catalán, Ciudadanos (C's) y la patronal Fomento de Trabajo han declinado la invitación, los dirigentes de esta última han decidido no participar en la reunión por su elevada carga política e institucional. Un elemento que parece no importar a los sindicatos.
Pero en su constitución hay tres ausencias clave. La primera es la del PSC, que avala el derecho a decidir como derecho democrático pero que exige a la Generalitat neutralidad y que, para ello, exigió la disolución previa del Consejo Asesor de la Transición Nacional. Cree que este organismo prefigura ya el resultado que se pretende del referendo. Y el PSC, pese a que ha quedado trasquilado tras la sentencia del Estatut (fue la apuesta de Maragall y de Montilla) y el fracaso de Zapatero ante la crisis, fue todavía en las elecciones de hace siete meses el segundo partido catalán en votos y tiene la mayoría de las alcaldías de la zona industrial del cinturón barcelonés (L'Hospitalet, Cornellà, Terrassa, Sabadell, Granollers…), donde vive gran parte de la población inmigrada en los 50 y los 60. Y sin el PSC, el PNDD queda lejos de la centralidad sociológica catalana.
La segunda ausencia -tanto o más importante- es la del Foment (Fomento del Trabajo Nacional), la patronal catalana, cuyo presidente, Joaquim Gay de Montellà, se mostró en el pasado próximo a Mas al pedir un pacto fiscal especial para Cataluña (en la línea del concierto vasco). Y la tercera es la del Cercle d'Economia, la acreditada plataforma plural que reúne desde hace cincuenta años a empresarios, economistas y profesionales europeístas (su fundador fue Carles Ferrer, luego presidente de la CEOE, y en su junta directiva estuvieron los exministros socialistasNarcís Serra y Ernest Lluch). El Foment declinó la invitación mientras que el Cercle d'Economia fue directamente ignorado. ¿Por irrecuperable?
Y a ello hay que añadir la nada secreta preocupación con la que los dos bancos catalanes (Caixa Bank y el Sabadell, con gran parte de su actividad en el resto de España) que observan con mucha preocupación la deriva independentista de Artur Mas.
La tercera pata son las organizaciones independentistas sean culturales o deportivas, De todas ellas regadas con generosidad con subvenciones constantes, destaca Omnium Cultural que recibe grandes sumas en concepto de ayudas económicas y que aparte de las millonarias subvenciones habituales ahora la Generalitat Catalana ha tomado la responsabilidad del pago de la cuota hipotecaria suscrita por Eliseu Climent para su edificio de Valencia donde tiene la sede. Solo esto son 800.000 del ala.
Con su presencia, UGT y CC OO parecen más preocupados por sumarse a los postulados del presidente catalán, Artur Mas, y por mantener una relación fluida con el Govern, que por defender a los trabajadores con independencia de su ideología. En este sentido, cabe recordar que ambos sindicatos percibieron al menos 10,4 millones de euros de subvenciones de la Generalitat a lo largo de 2012. En concreto, UGT recibió 4.570.696,6 euros y CC OO 5.850.491,05 euros durante el año pasado, según figura en las resoluciones relativas a las subvenciones concedidas por los distintos departamentos de la Generalitat, que fueron hechas públicas en abril y en mayo de este año en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
Otra de las patas de la mesa de este proyecto de construcción nacional, son los medios de comunicación últimamente Artur Mas ha repartido otros nuevos 6,6 millones de euros en subvenciones a la prensa en catalán y sobre todo conviene que mantenerlos callados con las noticias adversas en contra de su proyecto. Todo a añadir al coste imposible de sostener de TV3.
Mientras y como sigue sin haber financiación la Generalitat está malvendiendo su patrimonio. El Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña ha aprobado este martes adjudicar la venta de un  lote de trece edificios a la empresa AXA Real Estate por 172 millones de euros, que se formalizará en las próximas semanas que van servir para suavizan los próximos compromisos para los meses próximos especialmente la extra de los funcionarios.
Los inmuebles -todos ellos en Barcelona- habían sido puestos a la venta en febrero de 2012 a un precio total de 207.759.852 euros, pero en marzo se rebajó esta cifra un 21,7% (hasta 162.617.400 euros) ante la imposibilidad de venderlos y la urgencia por generar ingresos.
La operación,- no ausente de polémica- incluye un acuerdo entre ambas partes por el que el Gobierno autonómico seguirá ocupando dichos edificios durante los próximos 20 años pagando un alquiler de 16,3 millones de euros anuales, lo que supone que en once años AXA habrá recuperado la inversión realizada, y que al final del contrato la Generalidad habrá gastado 326 millones en estos alquileres.

La lista completa de los participantes en la reunión de este miércoles la forman las siguientes personas: Antoni Abad Pous (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa-CECOT), Francina Alsina (Federació Catalana del Voluntariat Social-FCVS), Claudi Alsina Català (Consejería de Economía y Conocimiento), Josep María Àlvarez (UGT Cataluña), Joaquim Arrufat (CUP), Isabel Vallet (CUP), Jordi Borja (Observatori DESC-Drets Econòmics Socials i Culturals), Francesc Boronat (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), Miquel Buch (Consejo de Gobiernos Locales), Joan Caball (Unió de Pagesos), Dolors Camats (ICV-EUiA), Antoni Carné Parramon (Ens de Comunicació Associativa), Ramon Carner (Cercle Català de Negocis), Joan Carretero (Reagrupament), Muriel Casals (Òmnium Cultural), Alex Castillo (FAPAC – Federació D’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya), Eusebi Cima Mollet (Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), Lluís Comerón (decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña), Sergi Contreras (Consejo Nacional de Juventud de Cataluña), Mario Cugat Leseurs (Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya), Carles Duarte Montserrat (Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes-CONCA), Òscar Escuder de La Torre (Plataforma per la Llengua), Salvador Esteve Figueras (Diputación de Barcelona), Toni Font (CiU), Carme Forcadell (Assemblea Nacional Catalana), Joan Carles Gallego (CCOO de Cataluña), Lluís Gendrau Julià (Associació de Publicacions Periòdiques en Català), Antonia Gil Carrasco (Unió Sindical Obrera de Catalunya), Salvador Giner de San Julián (Instituto de Estudios Catalanes), Joan Giraut Cot (Diputación de Gerona), Jordi Giró (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), Josep González Sala (PIMEC), Àngels Guiteras Mestres (Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña), Oriol Junqueras (ERC), Ernest Maragall (Nova Esquerra Catalana), Joan Mena (ICV-EUiA), Fabian Mohedano (Moviment Laic Progressista), David Moner Codina (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), Josep Poblet Tous (Diputación de Tarragona), Pere Prat (Consejo de Gobiernos Locales), Rosa Pruna (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Josep Maria Rañé (Consell de Treball Econòmic i Social), Joan Reñé (Diputación de Lérida), Pep Ribas (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana), Carles Riera (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals), Eugeni Rodríguez Giménez (FAGC – Front d’Alliberament Gai de Catalunya), Joandomènec Ros Aragonés (Instituto de Estudios Catalanes), Ferran Ruiz Tarragó (Consejería de Enseñanza), Carles Sastre (Intersindical - CSC), Joan Segura Segura (Confederació de Cooperatives de Catalunya), Lluís Tejedor (Consejo de Gobiernos Locales), Xavier Trias (Ayuntamiento de Barcelona), Jordi Turull (CiU), Miquel Valls (Consejo General de Cámaras de Cataluña), Jordi Via Llop (Xarxa d’Economia Solidària) y Josep Maria Vila d’Abadal (Associació de Municipis per la Independència).

miércoles, 26 de junio de 2013

El informe de la OCDE sobre la educación en España

 
No tengo más remedio que volver a incidir sobre el tema de la Educación, ya que ayer cuando escribía sobre las dificultades que tenia José Ignacio Wert con su proyecto de Ley de Educación y ahora con el tema de las becas universitarias, se presentaba en Madrid un informe de la OCDE que avala punto por punto todo aquello en el sentido que se propone el ministro cambiar.
La comunidad educativa reclama constantemente "mejoras" en la escuela y la universidad española. Pero es sólo una petición genérica. ¿Quién se va a oponer a que las cosas "mejoren"? Pero luego, cuando llega el momento de aplicar una medida concreta, la respuesta también es mono. Ayer se puso en claro que el nivel socioeconómico bajo, no es un condicionante  tener peores notas en la Universidad,
Además, para defender sus argumentos, recurren a algunos grandes mitos, afirmaciones políticamente correctas y aparentemente intocables: el problema es de falta de financiación, la culpa es de los recortes o necesitamos más licenciados para impulsar la economía. La realidad y las cifras, sin embargo, desmienten los tópicos.
Cuando llega el momento de aplicar una medida concreta, la respuesta también es monocorde: No. Para ellos no vale otra cosa más que el dinero gastado… o despilfarrado.
Porque si todas las naciones de nuestro entorno dedican mucho menos dinero público para obtener mejores resultados que nosotros es que algo está fallando… y esto no es el dinero que a pesar de la crisis sigue fluyendo para la educación.
Cuando tenemos la mayor tasa de abandono escolar de Europa antes de acabar los estudios secundarios, es que algo está fallando. Cuando nuestros licenciados que a lo mejor no están en el paro pero no ejercen su carrera y ocupan plazas de cajeras o reponedoras de supermercado, es que algo está fallando.
Ayer en esta reunión se puso en claro que el nivel socioeconómico bajo no es un condicionante  tener peores notas en la Universidad. Pues bien, habrá que buscarse otra excusa, porque el problema no es de dinero, sino de cómo se gasta. Según los datos de la OCDE, las administraciones públicas españolas dedican 7.293 dólares al año por alumno de Educación Infantil, 9.559 dólares en Educación Secundaria (FP y bachillerato) y 11.925 dólares en Terciaria (FP superior y universidad). De media, cada estudiante le cuesta al Estado 9.608 dólares al año (7.390 euros al año).
Todas estas cifras son superiores tanto a la media de la OCDE (una organización que agrupa a los 34 países más desarrollados) como a la media de la UE-21 (los estados comunitarios que también forman parte de la OCDE). Así, el gasto medio en primaria en la OCDE es de 6.725 dólares, de 8.412 dólares en secundaria y 11.382 dólares en terciaria.
En ocasiones, se ofrece el gasto en educación en España en función del PIB. Y es cierto que esta ratio es algo inferior en nuestro país a la media de la OCDE (5,6% frente al 6,3%). Pero no es por los recortes, sino simplemente porque hay menos alumnos, ya que en las últimas dos décadas, la tasa de natalidad se ha hundido. Pero el gasto por estudiante (que es lo importante) sí está en niveles comparables a los de los países europeos. De hecho, como hemos visto, está por encima.
Si se compara el gasto por alumno en función del PIB per cápita la conclusiones son similares. España está por encima de la media de la UE-21 y la OCDE, con un 30%, en este apartado, nos encontramos entre dos países tradicionalmente bien clasificados en los ránking educativos como Suecia y Japón.
Habrá quien diga que los datos del informe son de 2011, antes de los recortes. Y es cierto. Pero los últimos resultados de PISA también lo son. Es decir, el incremento en el gasto público en la época de bonanza no sirvió para acercar a España a los países de su entorno. Tomando un índice de 100 para el año 2005, España gastaba en educación obligatoria (primaria y secundaria) 87 en el año 2000 y 113 en el 2010: 26 puntos de incremento. En realidad, desde 1990 hasta 2010, el gasto por alumno se dobló y no parece que la calidad del sistema se doblase en consonancia.
Estos resultados son consistentes con lo apuntado en PISA. Los autores de este estudio dejaron claro en su última edición que una vez alcanzado un nivel de gasto mínimo (que todos los grandes países occidentales cumplen) el rendimiento de un sistema educativo no depende de cuánto más se gaste, sino de cómo se haga. Es decir, el problema de España no es de coste, es de diseño del modelo.
Los maestros, lo más importante
Todos los sistemas educativos que funcionan se basan en un gran cuerpo de profesores. En esto coinciden los principales estudios: si quieres tener una buena escuela, tienes que contratar, formar e incentivar a sus maestros. El mito no es ése. El mito en España es que se trate mal a los profesores o que trabajen en peores condiciones que en otros países.
En lo que más importa a los profesionales del ramo, su sueldo, no parece haber muchos motivos de queja. La retribución inicial media (siempre en paridad de poder adquisitivo) es de 35.881 dólares (unos27.600 euros), por 28.854 dólares de media en la OCDE y 29.123 dólares en la UE-21. Sólo en EEUU, Alemania y Holanda cobran los nuevos maestros más que en España. Y la misma tendencia se puede observar en los profesores con 15 años de experiencia y los que cobran el máximo nivel de la escala.
De hecho, España sí ocupa el primer puesto en una lista dentro de este informe. Como puede verse en el siguiente gráfico, la ratio de retribución entre el profesorado y el licenciado universitario medioes la más alta de los países analizados. Así, un maestro de secundaria español cobra un 40% más que sus compatriotas con otra titulación terciaria y un maestro de primaria un 23% más. Mientras, en la OCDE, lo normal es que los profesores de secundaria cobren un 11% menos que los licenciados de su país y los de primaria un 18% menos.
Del mismo modo, el tamaño de la clase tampoco parece un factor determinante. En España, el número de alumnos por aula en primaria es de 20,1, por debajo de la media de la OCDE (21,3) y casi al mismo nivel que la UE-21 (19,9).
Y en la clasificación del tamaño estimado (tiene en cuenta el número de materias a las que asiste cada alumno) la proporción es incluso mejor. En primaria, por ejemplo, el número de alumnos por profesores de 13,1 frente al 16,1 de media en la OCDE y la UE-21.
La pregunta que hay que hacerse es por qué entonces los colegios españoles no acaban de funcionar. Y la respuesta habrá que buscarla en los incentivos que ofrece a sus maestros, su forma de organización o el modelo educativo general, pero no en los sueldos que les pague o en el número total de profesores.
¿Hacen falta universitarios?
Otra de las afirmaciones más o menos recurrentes que se realizan es que España necesita más licenciados para impulsar la economía. Falso. Según el estudio, la realidad es que estamos entre los países de Europa con más universitarios, una situación habitual en las últimas décadas. En el informe se puede ver cómo entre todos sus habitantes de entre 25 y 64 años, un 32% tienen Educación Terciaria, la misma media que en la OCDE y un poco superior a la de la UE-21, que baja al 29%.
Mientras, esta situación cambia exponencialmente cuando hablamos de Educación Secundaria no obligatoria (Bachillerato-FP de grado medio). Tan sólo un 22% de los españoles tienen alguna de estas titulaciones frente a un 48% de media que sí la poseen entre los países de nuestro entorno (UE-21) y un 44% de la OCDE. Pero quizá el mayor drama de España es que en 2010 alrededor del 46% de sus habitantes en edad de trabajar tiene únicamente la titulación de la ESO o ni siquiera. Esta última cifra baja al 25% de la OCDE y a un24% de la UE-21.
Es decir, España tiene muchos licenciados, muy pocos técnicos y cuadros medios y muchísimas personas con una titulación muy baja o, directamente, sin ninguna clase de titulación. Mientras, países como Alemania, Suecia, Finlandia o EEUU tienen un enorme ejército de titulados medios.
Las tasas universitarias son otro de los asuntos polémicos en los últimos días. De hecho, la primera gran rebelión contra el Gobierno del PP llegó el año pasado, cuando se decretó su subida. Uno de los puntos más llamativos sobre universidades, financiación y gasto por alumno es aquél que destaca que en general las tasas que tienen que pagar los estudiantes universitarios españoles son bajas en comparación a otros países de la OCDE. En cambio, el número de matriculados es menor que en países como EEUU o Holanda donde los estudiantes han de pagar más. La experiencia en estos países demuestra que las tasas no son una barrera infranqueable para entrar en la Universidad.
Y eso sin tener en cuenta que las tasas están subvencionadas. En el informe La Universidad Española en Cifras, publicado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se cogen datos del curso académico 2008/09 (antes de la última subida de las tasas):
Coste medio primera matrícula: 11,48 euros por crédito  Gasto real: 115 euros por crédito
Contando con 60 euros por curso, cada universitario pagaba 689 euros en tasas a cambio de una formación que costaba 6.901 euros. Es decir, apenas el 10% del coste de la primera matrícula lo sufragaba el alumno. El resto era abonado, de una u otra forma, por el contribuyente.
Según resalta el estudio de la OCDE, unas mayores tasas aumentan los recursos en las universidades lo que ayuda a mantener la calidad académica y el desarrollo de nuevos programas. Aunque por otro lado, unas menores tasas de matrícula pueden ayudar a promover el acceso y la equidad a esta Universidad Terciaria, pero dificulta el mantenimiento de la calidad educativa.
Además, tal y como hemos comentado, llama la atención cómo España es uno de los países que más gasto público por alumnodestina en todos los niveles educativos. En concreto, en la Educación Terciaria (Universidad y FP de grado superior) se alcanza en España un gasto de 11.925 dólares, mientras que la media de la OCDE es ligeramente inferior (11.382 dólares) mientras que la de la UE-21 disminuye a 9.608 dólares.
Una escuela pública para todos
Las protestas por los recortes en la educación tienen un color, el verde, y un lema: "Por una escuela pública de tod@s, para tod@s". Cualquiera que lo lea podría pensar que los colegios españoles habían sido, hasta la llegada del Partido Popular, los cimientos para conseguir una sociedad equitativa, con oportunidades para que los que tienen menos recursos salgan adelante por sí mismos. Pero es sólo otro mito. Los datos apuntan a una realidad muy diferente.
Para empezar, habría que recordar que España tiene un fracaso escolar que ronda el 30%. Esta cifra ha caído desde el inicio de la crisis (ahora está alrededor del 25%), pero no por la mejora en la calidad de las clases, sino porque los alumnos no tienen ninguna alternativa en el mercado laboral. Por ejemplo, en 2007, mucho antes de los recortes, solo obtenían el titulo de secundaria (en teoría el mínimo obligatorio por ley) el 65% de los alumnos de las escuelas públicas. Entre los varones, este porcentaje caía al 57%. Casi la mitad de los chicos salía del colegio sin un título válido para el mercado laboral.
Claro, luego esto tiene consecuencias. Sólo el 65% de los españoles de entre 25 y 34 años tiene al menos una titulación secundaria, ya sea bachillerato o FP. El resto, un 35%, no tiene nada o apenas el título de la ESO. Por comparar, en la OCDE el porcentaje es del 82% y en la UE-21 del 84%.
Evidentemente, la gran mayoría de esos que abandonan la escuela o sólo consiguen el título mínimo pertenecen a las clases bajas. Y luego, estos resultados tienen su reflejo no sólo mientras están estudiando sino a lo largo de toda la vida laboral. La tasa de paro entre las personas con una titulación menor a la secundaria es del26%, la mayor de ningún país de la OCDE. El fracaso escolar provoca que el sistema educativo no sólo no sirva como nivel de igualación social o como centro para asegurar una oportunidad para todos, sino que en muchos casos provoca que se acentúen las diferencias.
El reflejo más duro de esta situación se encuentra en el número de ni-nis (personas que ni estudian ni trabajan). Entre los 20 y los 24 años, el 29% de los españoles sufre esta situación. Y entre los 25 y los 29 años, este porcentaje alcanza el 30%. Mientras la media de la OCDE es del 18% y el 20% en los dos grupos de edad.
Llegados hasta aquí, resulta totalmente incongruente esta unanimidad irresponsable en contra los cambios que es casi absoluta por parte de partidos políticos, sindicatos, rectores, agrupaciones de profesores y estudiantes... digo yo, que no sea por motivos distintos que alterar su statu quo acomodaticio, o que no desean cambios en un tema que ya se ha demostrado que no funciona o simplemente porque no les gusta el careto de Wert. Hoy cuando toda la patulea política de izquierda y nacionalistas ha vuelto a ponerle la cara de colorada insultando al  ministro  mientras sus compañeros de partido solo le apoyaban de manera bastante tenue, hace temer una próxima bajada de pantalones en esta cuestión.

Los "cuentos" de Montoro

Cuando uno empieza con una mentira a veces pequeña a veces piadosa, se está obligando a seguir mintiendo cada vez con mentiras más gordas. Ayer martes había emplazado a la prensa para explicar lo ocurrido con las 13 propiedades que aparecieron dentro del caso Noos registradas a nombre de la Infanta Cristina remitidas al juez Castro de Palma. Porque además en la toda información aportada sobre ella, ni siquiera figura la venta de su anterior apartamento en Pedralbes (esta si es real) por 2,2 millones y la posterior compra del palacete por 12 millones y la posterior remodelación por valor de 3 millones de euros mas y no hicieron un paralela como a cualquiera de los mortales. Hacienda se ha "equivocado" por lo menos en 15 operaciones.
A la Agencia Tributaria a quienes que no se les escapa siquiera la mas mínima operación monetaria de cualquiera de los españolitos se le hayan pasado por alto todas estas operaciones. Como solo puede tener una explicación pausible, me temo que estemos en algo muy gordo que explicarlo, podría llevarse por delante a una de las mayores instituciones de nuestro país  
Según las conclusiones, los errores se produjeron en el momento en que las notarías "volaron los datos de las escrituras en el programa informático a través del cual se transmiten a Hacienda, donde se habría tecleado erróneamente el DNI de la infanta".
Finalmente y ante lo ridículo de la explicación el ministro no se atrevió a comparecer y a última hora desde Hacienda sacaron una nota que ha vuelto nos ha sumido, si cabe, en mayor confusión
La intención de Montoro de comparecer ayer se vió trastocada cuando la información incomprensible de Hacienda conducía de nuevo a los cuatro notarios de tres comunidades autónomas distintas habrían cometido el mismo error a anotar las 13 operaciones ficticias que aparecen en el registro de Hacienda y nadie se había dado cuenta habrían sido consecuencia de aplicar el número el 14 que andaba por allí y casualmente pertenecía al DNI de la infanta. O sea que Montoro sigue sin tener ni idea. Eso si, la Agencia Tributaria sigue irrumpiendo como Al Capone precintando restaurantes como ayer el de Sergi Arola en Madrid por una simple disparidad en las cuentas. Veremos que trola  va a soltar esta mañana el ministro en cuanto le pregunten en el Congreso.

martes, 25 de junio de 2013

El sentido de las becas universitarias

Buena la han montado los socialistas con Pérez Rubalcaba a la cabeza apoyados por toda la casta educativa, que no quiere renunciar a su parcela de poder interesado, desde catedráticos a padres y alumnos. El tema es la nota exigible del 6,5 para la obtención de una beca universitaria para que sea el quien Estado financie el 100% de su coste real. En el caso de que el alumno no llegue a la nota sus padres deberán aportar el 20% que es el promedio actual de las tasas universitarias. La polémica sobre la vinculación de los resultados académicos a la obtención o mantenimiento de las becas es uno de los mejores ejemplos de la hipocresía y el despropósito conceptual en el que la izquierda española se encuentra.
 
Y es que, por mucho que la campaña contra el ministro Wert que intente convencernos de lo contrario, del mismo modo que no existe el derecho a cobrar sin trabajar, no debería existir el de recibir una beca si no se hace aquello para lo que se concede: estudiar. Solo faltaba su reflexión cuando dijo que en el caso de no alcanzar la nota mínima un alumno debería plantearse si lleva el camino educativo correcto o debería elegir otro camino.
Tampoco es cierta otra parte de la demagógica campaña en marcha: con o sin becas, no se abandona a los estudiantes con menos recursos, de hecho todas las plazas universitarias ya siguen subvencionadas en un porcentaje no inferior al 80%.
Ese esfuerzo, que es muy importante, y que como casi todo el resto del gasto público soportan las sufridas espaldas de la clase media, ya que garantiza que todo aquel que lo desee tenga la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Las becas, por tanto, deben reservarse para la búsqueda de la excelencia, para allanar aún más el camino de aquellos que, por su capacidad o por su esfuerzo excepcional, merezcan ese apoyo y seguramente mejor recompensa.
Pero no se trata que todos listos o torpes puedan acceder sin esfuerzo a la universidad. Y que esta sirva como una coartada al paro. De lo que se trata es de tener los mejores abogados, médicos o ingenieros. Tampoco necesitamos tantos licenciados como los que pueblan actualmente las listas del paro o reponiendo estanterías en supermercados. Existen multitud de profesiones que no es necesario tanto esfuerzo del Estado, padres o alumnos y con más rápida recompensa dentro de unas empresas que siguen buscando técnicos medios especializados y bien retribuidos.
Sólo un programa de becas universitarias más reducido en el número de beneficiarios pero bien dotado económicamente puede garantizar que no se pierdan los mejores talentos de la sociedad y que ese esfuerzo revierta de nuevo en el país de la mejor forma posible: con profesionales de primera fila capaces de competir con sus iguales de todo el mundo. Todo lo que pretende Rubalcaba es seguir bajando el nivel intelectual de los licenciados que deberán completar sus conocimientos con un máster, para acabar engrosando en muchos casos, las listas de parados. Wert se equivocaría si echa atrás en esta cuestión.

Mas sobre la “Reforma” de las Administraciones Públicas



La vicepresidenta Saez de Santamaría en su exposición de las recomendaciones para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) incluye la famosas 217 medidas, con la supresión de entes, observatorios o empresas públicas y 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones. Aquí hasta el momento nadie ha considerado la necesidad de la eliminación radical de varios de los peldaños administrativos o instituciones que seguirán solapándose unos a otros llámense, Tribunal Constitucional, CGPJ, Senado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos Insulares, Consejos comarcales o Areas Metropolitanas, que de momento sirven de refugio a millares de ex políticos, familiares y militantes en la reserva de los distintos partidos políticos. Los políticos con esta cuestión seguirán haciéndose los distraídos e intentarán aguantar hasta el el final cuando las arcas estén totalmente esquilmadas.    

Voy a comentar algunas de aquellas instituciones que el Gobierno al parecer si tiene intención de suprimir o bien “recomendar” su desaparición con algunos datos que hasta ahora me han llamado más la atención,
Los Defensores del Pueblo autonómicos
Hasta diez comunidades autónomas cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional.
y hasta diez cuentan con la figura del defensor del pueblo autonómico, dos de las instituciones que el Gobierno recomienda suprimir en su informe sobre la reforma de las administraciones públicas como media de ahorro, teniendo en cuenta que ya existen estos organismos a nivel nacional.
El viernes 21 junio 2013, coincidiendo con la aprobación del informe en el Consejo de Ministros, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias acordó suprimir su defensor del pueblo, conocido allí como Procuradoría, lo que supondrá, según el PP, un ahorro de 2,5 millones de euros.
Sus funciones serán asumidas por la Comisión de Peticiones del Parlamento regional. La conveniencia de eliminar este tipo de organismos para ahorrar, evitar duplicidades y "ganar en eficiencia" ya fue planteada por el Ejecutivo el pasado año cuando las comunidades autónomas fueron llamadas a llevar a cabo sus planes de ajuste para cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
A raíz del aviso del Gobierno, algunas regiones ya optaron entonces por acogerse a la recomendación. Fue el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, las cuales decidieron prescindir de sus respectivos defensores del pueblo el pasado año junto a otras instituciones autonómicas y ahorrar así en sus presupuestos casi cuatro millones de euros anuales.
Además de Asturias y de estas dos regiones, Cantabria, Baleares, la Comunidad de Madrid y Extremadura tampoco cuentan con esta institución. Por su parte, la oficina del defensor del pueblo de La Rioja se encuentra ahora mismo vacante después de la dimisión de su última titular y hay un debate en la región sobre la continuidad o no del órgano.
Ahora, los partidos están negociando alguna fórmula que permita a la institución seguir trabajando, pero con un presupuesto mucho menor y la posibilidad de que su titular compatibilice el cargo con otro puesto o lo ocupe alguna personalidad relevante de la comunidad.
En total, las comunidades que sí cuentan con sus propios defensores de los ciudadanos ante las instituciones gastan en ellos más de 25 millones de euros anuales. En concreto, el que está dotado con un mayor presupuesto es el Síndic de Greuges catalán, que asciende a casi siete millones de euros.
Por detrás se sitúan el defensor del pueblo andaluz, con algo más de cinco millones en 2013; el Ararteko vasco, con 4,7 millones de euros (cifra del presupuesto del 2012); el Síndic valenciano, con una dotación de 3,3 millones; o el Justicia de Aragón, con 2 millones de euros.
Todas las comunidades han rebajado la partida destinada a este fin en los presupuestos de los últimos años. Es el caso por ejemplo de Galicia, donde el proyecto de la Xunta para 2013 contempla un descenso del 11,70 por ciento, o el de Navarra, que ha cuantificado la rebaja en el 5 por ciento.
Sin embargo, el descenso más llamativo en esta partida es el que contemplan los presupuestos de Canarias para este ejercicio, en los que la dotación para su defensor del pueblo --conocido como Diputado del Común-- es un 81,74 por ciento inferior a la del pasado año y se queda en 535.038 euros.
Los Consejos consultivos
Todas las comunidades autónomas menos Cantabria mantienen en la actualidad consejos consultivos propios. Normalmente, sus consejeros se reparten entre nombrados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento. Además, en algunos casos forman parte de ellos los expresidentes de la comunidad. Por ejemplo, este es el caso del Consello Consultivo de Galicia, del que forma parte como conselleiro nato Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.
Algunos de los consejos consultivos autonómicos tienen sus sedes en edificios históricos localizados en la comunidad. Es el caso del de Castilla y León, ubicado en un edificio emblemático situado a escasos metros de la Catedral de Zamora o el de Asturias, situado en la denominada Casa Nava, un edificio levantado durante el último tercio del siglo XVII en el barrio histórico gijonés de Cimadevilla.
El debate sobre la continuidad de este tipo de organismos autonómicos, abierto desde hace meses, ha vuelto a cobrar relevancia en el seno de las comunidades autónomas a raíz de la presentación por parte del Gobierno del informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que incluye 217 medidas, 120 de ellas relativas a duplicidades entre administraciones.
No obstante, son muchas las voces --procedentes de todas las formaciones políticas-- que defienden su necesidad para garantizar la limpieza de las actuaciones de las administraciones y la protección de los ciudadanos frente a las decisiones de las instituciones, o por su tradición histórica, como el Justicia de Aragón.
También Canarias ha rebajado más de un 80 por ciento la partida destinada al consejo consultivo autonómico, un órgano que poseen todas las comunidades autónomas menos Cantabria y que reproduce en las regiones las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.
Sumadas las partidas que incluyen los presupuestos, las comunidades destinan más de 26 millones de euros anuales a sus consejos consultivos autonómicos. El de la Comunidad de Madrid recibe en los presupuestos de este año 4,3 millones de euros; 3,3 el de Andalucía; o algo más de tres millones el catalán.
Mientras, los de otras regiones funcionan con una dotación mucho menor, como es el caso de los consejos de Aragón (300.000 euros), La Rioja (359.000) o Navarra (470.000). Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de los actos y disposiciones administraciones, para lo que actuarán a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales. Todos ellos gozan de independencia en el ejercicio de su función y plena independencia respecto a cualquier otro órgano de la administración.
El propio Gobierno es consciente de que para algunas CC.AA., instituciones como el defensor del pueblo tienen un "valor político mayor", como es el caso de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo.
Por ello, subrayan que serán las comunidades las que deberán decidir si quieren aplicar o no las sugerencias y recomendaciones que recoge el informe. Lo que sí han hecho todas las autonomías es rebajarles la dotación que reciben a través de sus presupuestos autonómicos.
España mantiene a más de 400.000 empleados públicos 'fantasma'
La mayoría trabaja en entes públicos, donde existen 400.000 empleados públicos “fantasma y donde sólo el 1,5% es personal funcionario. El Ministerio de Hacienda tiene un Boletín Estadístico Oficial que recoge el personal al servicio de las Administraciones. Dicho informe cuenta 2,63 millones de asalariados. Sin embargo, si nos fijamos en la Encuesta de Población Activa, el número sube hasta los 3,04 millones. ¿Qué hacen esas 400.000 personas? La mayoría trabaja entes públicos, donde la contratación es enormemente discrecional. De hecho, apenas el 1,5% de la plantilla de estos organismos es funcionario.
Los datos del INE también ayudan a aproximarnos al fenómeno de los empleados públicos fantasma. Así, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2013, se puede hablar de un mínimo de 160.000 personas dedicadas a esta cuestión, un número superior a las 142.000 de 2012.
Volviendo a la Encuesta de Población Activa, también comprobamos que los datos de Hacienda subestiman el alcance de la plantilla de empleados públicos. Más concretamente, los 1,33 millones detectados por el Ministerio contrastan con los 1,72 millones que figuran en los datos de la EPA. A nivel municipal, los datos también encuentran 30.000 empleados "fantasma".

Buceando en dicha encuesta oficial, encontramos incluso el caso de las 1.300 personas que declaran a la EPA que trabajan para una Administración Pública… pero no saben identificar con exactitud qué organismo paga su sueldo.
El despilfarro continúa
Pero el caso de los empleados públicos "fantasma" es solamente una muestra más de que el despilfarro, la opacidad y el descontrol siguen a la orden del día en España. Lo vemos en noticias como las que siguen:
- RTVE destina el 41% de su presupuesto a pagar sueldos. La radiotelevisión estatal tiene una plantilla tres veces más cara que la de los grupos Mediaset y Atresmedia, donde los sueldos de personal son el 12% y el 17% del presupuesto. También es importante señalar que RTVE tiene dos veces más empleados que ambos grupos juntos (6.400 frente a los 1.360 empleados de Mediaset y los 1.700 trabajadores de Atresmedia).
- El ICO negoció un préstamo de 20.000 millones con el Banco Central Europeo para luego dedicar buena parte del mismo a financiar a las Administraciones Públicas. Según las cuentas anuales, la cartera de inversión a vencimiento en títulos de otras instituciones pasó de 3.563 a 17.730 millones en el año 2012.
- Las Comunidades Autónomas siguen gastando mas de 1000 millones de euros al año en sus televisiones públicas. Esta cifra no incluye las deudas multimillonarias de la catalana TV3 (1.046 millones) o la valenciana Canal 9 (1.200 millones).
- El Congreso abona cada mes al Gobierno una indemnización de hasta 1.800 euros en concepto de "gastos originados por la actividad de la Cámara". La dieta en cuestión está exenta de tributación. Por otra parte, el Congreso también destina millones de euros a financiar el aparcamiento en aeropuertos, los viajes en tren o coche, etc.
- El PP gastó 70.000 euros en jamones mientras anunció los recortes de diciembre de 2012. El partido de gobierno, que debe el 90% de su financiación a las subvenciones oficiales, gastó en 2011 más de 1,6 millones en "comidas de trabajo", así como 2,2 millones en "regalos y atenciones sociales", 2,1 millones en “facturas de teléfono”, 4,2 millones en “viajes” y 152.000 euros en “aviones privados”.
- La deuda de las CCAAs se multiplica por tres durante la crisis. En términos relativos, la región más endeudada sigue siendo la Comunidad Valenciana, con el 29,1% del PIB de la región, seguida de Castilla-La Mancha (28,1%) y Cataluña (25,7%).
- La deuda pública carga una factura extra de mas de 53.000 euros a cada familia. Desde el comienzo de la crisis, ha pasado de menos del 40% del PIB a una ratio cercana al 90%. Ignorando las normas de contabilidad de Bruselas e incluyendo todas las obligaciones, la deuda pública ya rebasa el 100% del PIB.
- El Gobierno anuncia un "Plan de Empleo para Jóvenes" que supondrá un gasto de 3.500 millones de euros en esta legislatura. Como muestra de la efectividad de este tipo de medidas, conviene recordar que solamente entre 2008 y 2011, el gobierno español aprobó 32 planes contra la crisis sin éxito alguno.
- Desde que comenzó la crisis, España ha gastado mas de 63.000 millones en "políticas activas de empleo". A la vista está que estas medidas no han evitado que el paro siga creciendo de forma galopante. El monto comprometido para esta partida de gasto triplica la recaudación anual del Impuesto de Sociedades, pero por lo visto no solamente nadie plantea eliminar esta partida de gasto, sino que está previsto ampliarla con un "plan de empleo para jóvenes" financiado por la Comisión Europea y valorado en mas de 6.000 millones.
- Desde el año 2000, el sector público español ha crecido un 45% frente al aumento medio del 20% registrado en la Unión Europea. Los países donde menor ha sido el aumento son la República Checa, Letonia, Croacia, Finlandia y Rumanía. Este aumento descontrolado del sector público va de la mano con el hecho de que España es el país de la OCDE que ma ha aumentado la presión fiscal desde 1965.
- La especulación urbanística de Chacón, Corredor, y Zapatero dejó en la ruina la Entidad Pública Empresarial del Suelo. En 2009, esta empresa dependiente del Gobierno invirtió 300 millones en grandes urbanizaciones. El coste del proyecto multiplicaba por diez los ingresos de la entidad. Por otro lado, conviene recordar la Operación Campamento, otro ejemplo de especulación urbanística desarrollado por el gobierno Zapatero con pésimos resultados económicos.
- El 23% de los pensionistas tiene unos ingresos superiores al tramo salarial medio de los trabajadores en activo. Esto significa que cerca de dos millones de pensionistas ganan más de 16.800 euros al año, superando así el sueldo más frecuente en España, según el INE.
- Solamente en facturas sin pagar por la compra de fármacos y equipos médicos, las Administraciones Públicas suman impagos de 7.5000 millones de euros.
- Margallo mantiene la "Casa Mediterráneo", un proyecto relacionado con la Alianza de Civilizaciones que cuesta cada año 700,000 euros a los contribuyentes.
Eso sí: el despilfarro no solamente se queda en España, sino que también se exporta cuando nuestros políticos se "colocan" fuera. Pensemos, por ejemplo, en la Organización Panamericana de Salud, un ente internacional que mantiene en nómina a Leire Pajín con un sueldo de 137.326 euros. Este salario, al igual que ocurre en todos los organismos vinculados a la ONU, va libre de impuestos. Cabe recordar, por otra parte, que el gobierno socialista en el que Pajín fue ministra entregó subsidios a esta organización por valor de 60 millones de euros.
Austeridad en Castilla-La Mancha
Aunque el primer año de gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha estuvo caracterizado por recortes de gasto relativamente tibios, el año 2012 marcó un interesante cambio de actitud en el Ejecutivo regional. Así, el déficit bajó del 7,7% al 1,48% en apenas un año. Esto equivale a ahorrar 10 millones de euros al día para cumplir con el objetivo fijado por Hacienda.
Como explico en su día Libre Mercado, el objetivo del Plan Cospedal era recortar un 20% el gasto público corriente del Ejecutivo manchego. Las medidas contempladas incluyen la eliminación de subvenciones, la reducción de liberados sindicales, la supresión de entes y empresas autonómicas, etc. De los 1.800 millones que planteaba el ajuste, 1.718 venían de menos gasto y 97 de más ingresos.
Aplicar el Plan Cospedal en toda España serviría para reducir el déficit prácticamente a cero, ya que ajustando el gasto público en un 20% el ahorro sería de alrededor de 100.000 millones de euros. En cualquier caso, la mejor forma de cuadrar las cuentas con verdadera austeridad sigue siendo aprobar un presupuesto base cero y así asegurar el equilibrio fiscal sin más retrasos.
Más impuestos
Por su parte, la Generalidad catalana aprobó el pasado martes un anteproyecto de ley por el que se aumentará del 8 al 10% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles, el principal impuesto que grava la compra de una vivienda de segunda mano. El impacto recaudatorio de esta medida ha sido cifrado por el gobierno de Artur Mas por encima de los 150 millones de euros al año.
Continuará...