Fernando Grande-Marlaska se enfrenta a un ‘negro futuro’

Marlaska cruza sus propias "líneas rojas" y bate un récord que levanta ampollas

El ministro del Interior ha indignado a las víctimas de ETA un récord en el trato de favor a los presos terroristas. Anuncia dos nuevos acercamientos, tras la polémica por el trato de favor a uno de los secuestradores de Ortega Lara. La AVT ha hecho cuentas y denuncia un negro balance.

Tal vez solo sea una sucesión de casualidades, pero es un hecho. Siempre que el lendakari Íñigo Urkullu reclama el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, el Ministerio del Interior anuncia beneficios penitenciarios para varios reclusos terroristas.

Y ha vuelto a suceder este lunes, para indignación de los colectivos de víctimas, que ya la pasada semana alertaron del acercamiento de cuatro reos asesinos -entre ellos uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara- que, además, no han cumplido los requisitos: arrepentirse y pedir perdón a sus víctimas. Y por ello señalaron al responsable de este trato de favor: Fernando Grande-Marlaska.

Interior ha ordenado este lunes el traslado de otros dos presos etarras condenados por terrorismo, Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Joseba Lupiáñez Mintegui, lo que eleva a 41 (el 20% del total que cumplen condena) los etarras que se han beneficiado de un acercamiento al País Vasco y Navarra desde que en junio de 2018 llegó al ministerio Marlaska.

Según ha informado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Garikoitz Arruarte será trasladado desde la cárcel de Almería a la de Soria. Ingresó en prisión el 29 de diciembre de 2003 y tiene una condena de 20 años por homicidios frustrados, entre ellos la colocación de 28 kilos de dinamita en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003.

El segundo preso trasladado de cárcel es Gorka Joseba Lupiáñez, en este caso pasando de Salamanca a Logroño. El interno, que ingresó en prisión el 11 de diciembre de 2007, se encontraba en la prisión salmantina en calidad de preso preventivo tras ser condenado por la Audiencia Nacional a 50 años al secuestrar a una pareja y su hijo para robarles la autocaravana, que usaron para atentar contra una torre de red eléctrica de Castellón en 2007.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo no oculta su indignación con Marlaska al entender que ha traspasado las "líneas rojas" que él mismo se marcó al llegar a Interior, como no acercar al País Vasco a presos con delitos de sangre y exigir previamente un rechazo de la violencia y la colaboración con la Justicia. De acuerdo a los datos de la AVT, en los dos años que lleva Grande-Marlaska se han autorizado 41 acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.

También se han autorizado la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad de cinco etarras: Gorka Fraile, Javier Aguirre, Jagoba Codo, Fernando Alonso y José Ramón Fourira. En la actualidad hay unos 200 presos de la banda terrorista que siguen cumpliendo condena en las cárceles españolas, a los que se suman otros 30 que hacen lo propio en Francia.

"Consideramos que por parte del entorno de ETA y sus presos se está utilizando esta nueva política penitenciaria como 'método de lucha' no sólo para ser trasladados a prisiones próximas al País Vasco, sino para conseguir la libertad, verdadero objetivo del colectivo de presos", denuncia la AVT, que subraya que por este motivo no acudirán al homenaje del 27 de junio en el Congreso a las víctimas del terrorismo, convocando su propio acto al margen del institucional.

El ministro del Interior se enfrenta a la primera censura parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez

El ‘negro futuro’ de Marlaska: solo un pacto del PSOE ‘in extremis’ evitará su calamitoso fina. Necesitarán los votos de independentistas y nacionalistas para su salvación.

Fernando Grande-MarlaskaPD

El PSOE necesita una serie de pactos ‘in extremis’ para salvar al ministro del Interior de la reprobación planteada por el PP, VOX y Ciudadanos.

Tres agrupaciones que suman el 43 por ciento del pleno del Congreso de los Diputados y que obligan al PSOE a tener que entenderse con independentistas, nacionalistas y otros partidos pequeños.

Con la ‘cabeza’ de Grande-Marlaska en juego, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a su primera censura parlamentaria. Una prueba de fuego para medir la solidez de aquellos pactos alcanzados para hacerse con la presidencia.

La reprobación contra el ministro del Interior no es casual.

Los principales partidos de la oposición le señalan por las fulminantes purgas realizadas en la cúpula de la Guardia Civil. En concreto, por el cese del al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar sobre la investigación judicial del 8M.

Una decisión que, encendiendo las alarmas por la intromisión del poder Ejecutivo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, generó un ‘efecto dominó’. En este sentido, aquel cese aceleró la dimisión posterior del director adjunto de la Guardia Civil (DAO), Lauretino Ceña, y la salida del ‘número tres’ del Instituto Armado, Fernando Santafé.

Con el PSOE y Podemos en una ‘guerra abierta’ contra la Benemérita, salió a la luz una nota de la directora de la Guardia Civil reconociendo que la destitución de Pérez de los Cobos respondía a su negativa a informar del polémico informe sobre el 8-M.

Una situación que mantiene la máxima tensión entre el Gobierno del PSOE-Podemos y la Guardia Civil, a pesar de que se intentó ‘comprar’ a los agentes con un aumento salarial del 20 por ciento.

Con todo este escenario con Grande-Marlaska como protagonista, el PP, VOX y Ciudadanos reclamaron la dimisión de Marlaska, al que acusan de «injerencia» en el Poder Judicial. Una decisión que rechazó el ministro socialista. La situación llevó a que las tres agrupaciones registraran sendas proposiciones no de ley (PNL) que incluían la reprobación del ministro, textos que aún no tienen fecha de debate.

Ahora, el Pleno de la Cámara Baja debatirá y votará esta semana una moción del PP que es consecuencia de la interpelación que su portavoz de Interior, Ana Vázquez, dirigió al ministro en la última sesión de control.

Contra las cuerdas

La unión de los tres partidos de oposición obliga al PSOE y Podemos a ampliar su círculo de apoyos. Con el 43 por ciento del Pleno del Congreso a favor de sacar a Marlaska, los socialistas y comunistas posan la mirada en formaciones minoritarias como el PNV, ERC, Bildu, Junts o Más País.El objetivo es lograr que voten en contra de la censura del ministro del Interior o, al menos, que se abstengan.

Una situación que buscarán aprovechar las organizaciones para demandar algo a cambio de un Gobierno que ya se ha mostrado complaciente con los independentistas y con los que juraron nunca pactar: Bildu.

Es importante recordar que el PSOE cuenta con un ‘as’ bajo la manga, ya que Pérez de los Cobos era un objetivo a ‘destruir’ por los independentistas, ya que fue quien dirigió el dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Empieza el juicio al "frente de cárceles" de ETA

La abogada Arantza Zulueta, una de las acusadas en el macrojuicio contra el Frente de Cárceles. EFE

El juicio contra 47 abogados de ETA va a empezar hoy lunes presidido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y entre los acusados están los conocidos abogados de etarras Arantza Zulueta, Amaia Izko, Jaione Karrera, Alfonso Zenóny, Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga.

Ellos están acostumbrados a lidiar en los tribunales. Sin embargo, dentro de pocos días no lo harán como abogados defensores, sino como acusados de distintos delitos que podrían llevarles a prisión. “Está en juego nuestra libertad”, afirma Izko –quien además ejerce como concejala de EH Bildu en Pamplona– a las puertas de que comience el macrojuicio 11/13, en el que junto a estos tres letrados serán juzgadas otras 41 personas, señaladas como integrantes del “Frente de Cárceles” de ETA.

Hay abogados –entre ellos Arantza Zulueta, que permaneció encarcelada en régimen de aislamiento en la cárcel de Puerto III (Cádiz)–, pero también periodistas –es el caso de Beñat Zarrabeitia, trabajador de Gara–, psicólogos o integrantes de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA. Todos ellos fueron detenidos en el marco de distintas actuaciones policiales –conocidas como “Jaque”, “Mate” y “Pastor“– realizadas tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA. 

"Dependencia orgánica"

La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce como acusación particular, reclaman penas de entre 8 y 20 años de prisión para cada uno de los encausados por “participación activa en organización terrorista”, delitos continuados de “enaltecimiento del terrorismo” y “financiación del terrorismo”. En total, las peticiones alcanzan los 601 años de cárcel.

La Fiscalía y la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden penas para los acusados que oscilan entre los 8 y los 20 años y 5 meses de prisión por delitos que van de participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo a enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.

Las acusaciones sitúan a Zulueta y Enparantza en calidad de "dirigentes" y piden para ellos 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista, si bien no son los acusados que se enfrentan a una mayor pena, ya que Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira podría ser condenado a 20 años y 5 meses por la acumulación de varios delitos: participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de cautelares.

En el auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco se basó en informes de la Guardia Civil para señalar que el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) en el que participaban los acusados era utilizado por ETA para “dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad” a la ya desaparecida organización terrorista. De hecho, el magistrado considera que los imputados son “plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines“ de la extinguida organización.

Representantes de ERC, Junts per Catalunya y Bildu acuden este lunes  como no podía ser menos, en apoyo a los 47 abogados que habrían formado parte del denominado 'frente de cárceles' de ETA y que se sentarán en el banquillo en la Audiencia Nacional acusados de colaborar con la banda terrorista.

¿También en la AVT?

Que las subvenciones son un sistema para desviar el dinero público que debería ser al servicio de todos, para beneficio de unos cuantos ha sido una costumbre con el fin de ganar adeptos a la causa es algo sabido y hasta ahora soportado por los ciudadanos. Pero la noticia que ha saltado a la luz sobre la existencia de graves irregularidades en el seno de la Asociación de Víctimas del Terrorismo presidido por Ángeles Pedraza puede acabar con la credibilidad y respeto que han tenido hasta la fecha.

Trabajadores y víctimas han revelado graves irregularidades en el marco de la asociación Ellos ponen en duda la actuación de la actual presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y de su principal consejero, Miguel Folguera, un voluntario que ha hecho carrera junto a ella pese a que ni siquiera es víctima.

¿Pero qué es lo que ponen en duda estas fuentes? Para empezar, las asambleas en las que Pedraza fue elegida presidenta habrían sido «alteradas». Siguiendo las consignas de Pedraza, sus víctimas más cercanas se encargaban de hacerse con la representación de muchos asociados y acudieron con documentos de delegación de voto. Hasta ese punto, lógico.

Pero, además, en la sede se preparaban ex profeso delegaciones de voto de miembros que nunca acuden a asambleas; de ancianos de los que hace tiempo que no se sabe nada, y de asociados de los que se conoce que no tienen ya ningún vínculo con la AVT. Es decir: de personas que es muy improbable o casi imposible que lleguen a enterarse que su identidad ha sido utilizada a sus espaldas para votar a favor de Pedraza.

Son más de 4.000 los socios de la AVT con derecho a voto y poco más de 700 lo ejercen (al parecer, muchos sin saberlo). La presencia física apenas llega a un centenar. De esta forma, según las fuentes consultadas, de En concreto, pretendía una franja determinada de la tercera edad para asegurarse de que no acudirían a las asambleas. El plan era claro: sólo mayores de 80 años. Así, y dado que la actualización de la base de datos, no se hace con demasiada periodicidad, se incluyeron víctimas que ya habían fallecido. La cifra exacta de miembros de la AVT que se volcaron inicialmente fue de 127.  Desde la sede central de la AVT ya salían teledirigidos un importante número de votos.

Gracias a ese listado de asociados que no es real, Folguera ha conseguido en los últimos tres meses casi 45.000 euros en ayudas públicas. En concreto, 14.525 euros del Gobierno vasco el pasado noviembre y, recientemente, otros 30.000 de la Comunidad de Madrid.

Folguera comenzó como voluntario en la asociación "y ha cogido peso a base de acercarse a Pedraza", según las denuncias de los trabajadores, que han aportado "documentación y grabaciones". Dichos documentos probarían “cómo estas dos personas llevan las riendas” del colectivo “por unas vías bastante raras”, como el uso de bases de datos y las listas de vetados. Han crado, cuenta el periodista, “su chiringuito, su cortijo”.

Pedraza intercedió por Folguera ante Interior a pesar de que no hubiera "ni un solo dato" que acreditara su presencia en el atentado de 1987 en la calle Guzmán el Bueno. También ha subrayado que es el primer voluntario de la AVT que cobra una asignación. Es notorio el "afán" de Pedraza en defenderle ya que el escándalo no es de la AVT, sino de la gestión de Pedraza y Folguera. En su opinión, desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, de la que Pedraza es vicepresidenta, "deberían decir algo y pedir algún tipo de cuenta".

Otro de los puntos oscuros son los emolumentos que mensualmente recibe Miguel Folguera de la asociación, por orden directa de la presidenta, pese a tratarse de un voluntario, no de un trabajador. Percibe en concepto de «gratificaciones» algo más de 800 euros al mes. Pero, además, la AVT le costea absolutamente todos los gastos, aseguran estas fuentes.

Añaden que en una ocasión, no hace muchos meses, cuando se trataba de poner en marcha una auditoría interna, el auditor ya advirtió de que esos gastos no podían figurar así. Dio igual, Folguera siguió cobrando. Y apuntan otro hecho aún más grave: la posible existencia de una caja no oficial de dinero que se utiliza de forma discrecional y de la que proceden estas gratificaciones, que también percibían (eso sí, de bastante menos cuantía y sin periodicidad alguna) otros trabajadores de la AVT.