La Generalitat espia los ordenadores de jueces

 Genera

Torra, su vicepresidentes, Pere Aragonés, y su consejera de Justicia, Ester Capella.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido investigar si la Generalitat de Cataluña ha accedido de forma indebida a tratamientos jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de esa comunidad para hacer actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la ley.

Según informa el CGPJ, la Comisión Permanente de este órgano ha tomado esta decisión después de que varios jueces comunicaran que en sus ordenadores había aparecido un mensaje de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat en el que les informaba de la posibilidad de acceso a sus equipos para llevar a cabo labores de "control y seguimiento".

De acuerdo con la información aportada por esos jueces y confirmada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que los jueces pudieran superar esa pantalla y acceder a sus equipos debían pinchar una pestaña de "confirmación de lectura" tras un mensaje que incluía una "manifestación expresa" del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción en virtud de la cual se planteara ese acceso, la 3/2018 de ese departamento de la Generalitat.

La Comisión ha recordado que buena parte de los datos contenidos en esos equipos están amparados por leyes de protección de datos y que los únicos que pueden permitir el acceso a los mismos son los órganos jurisdiccionales.

El silencio de Dolores Delgado

Ante el palmario silencio de la ministra de Justicia en funciones, los miembros de la Carrera Fiscal exigen a la Fiscal General que tome medidas ante el espionaje a jueces por la Generalitat.

El silencio del Gobierno en funciones -en los días decisivos para la investidura de Pedro Sánchez- y el mutismo de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, sobre el escándalo del supuesto espionaje de la Generalitat a jueces y fiscales, ha provocado la indignación de varias asociaciones profesionales de ambas carreras.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha reclamado en las últimas horas a la Fiscalía General del Estado que averigüe si la Generalitat ha accedido indebidamente a los ordenadores de jueces y fiscales, "vulnerando así su derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales".

La petición se produce tan solo unos días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciara una investigación después de conocer que, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad apareciera un mensaje sobre la "vigencia y aplicabilidad" de una determinada instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a determinadas aplicaciones informáticas (TIC).

Según advierte la Asociación de Fiscales en una nota de prensa, estos ordenadores "contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección".

Por ello, la asociación insta a la fiscal general, María José Segarra, a que realice las "oportunas gestiones para averiguar estos hechos" y, al mismo tiempo, exija al gobierno catalán "que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces, "afectando estos comportamientos al derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales".

Asimismo, la Asociación de Fiscales considera que la Fiscalía General del Estado, junto al Consejo General del Poder Judicial, debe exigir al Ministerio de Justicia "la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales, que esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección".

De hecho, esta es una de las reivindicaciones que la Asociación de Fiscales viene planteando reiteradamente en los últimos años "sin que, por el momento, el Ministerio de Justicia haya considerado oportuno sentarse a discutir esta medida", lamenta esta organización.

Dolores Delgado dando lecciones de moralidad

Delgado marcó distancia entre los partidos independentistas catalanes que auspiciaron la llegada al poder del PSOE y la irrupción de Vox en los comicios andaluces del domingo.

En su intervención en un desayuno organizado por Nueva Economia Forum señaló que tanto el PDeCAT como Bildu y Erc son partidos políticos que "han aceptado la Constitución como forma de ser, al igual que todos los demás que tienen representación en el arco parlamentario. Algo totalmente falso Para ella no pesa el reciente intento de golpe de Estado durante el cual se ha intentado desplazar la Constitución por una República que los golpistas ahora juzgados por el TS ni siquiera supieron llevar a cabo.

Ante tales declaraciones, la miembro de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Carina Mejías, ha rescatado en un tuit el fragmento de esta charla para denunciar que con sus palabras la ministra lo único que hizo fue "blanquear a sus socios y "traicionar a los españoles" obviando la existencia del 6 y 7 de septiembre, cuando los independentistas catalanes "dieron un golpe de estado".

Pero las críticas no acaban ahí. El propio diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ya la contradijo en diciembre de 2018 poniéndole las verdades sobre la mesa y recordándole que a su partido "no le gusta ni avala la Constitución" y que están "en contra" de la misma. 

Mientras que la ministra da su opinión sobre Vox, y dice que rechaza parte de la carta magna "eso es lo que tenemos que analizar", olvidando que hasta el momento esta formación aparte de lo que puedan pensar algunos de sus componentes, defiende por encima de todo la ley de leyes.

El odio en Internet

La achicharrada ministra de Justicia es el vivo ejemplo de la hipocresía. El 20 de junio de 2019 la ministra de Justicia Dolores Delgado acudía a la entrega de premios #SOMOSMÁS, una iniciativa que pretende sensibilizar y acabar con el odio en internet. Allí intentó ponerse la ‘medallita’ dando lecciones de moralidad:

Expresamos determinadas frases, decimos algunas cosas sin darle mayor importancia (…) Al final son microcápsulas cotidianas de faltas de respeto que van cayendo y a veces caen sobre la misma persona, chaval o chavala (…) Y esto al final acaba destruyendo una vida.

Delgado habla de faltas de respeto mientras hace unos meses salía a la luz la conversación que evidenciaba su relación con Villarejo y las cloacas del Estado donde le dedicaba unas ‘bonitas’ palabras a su compañero Fernando Grande-Marlaska llamándole «maricón».

Dolores Delgado en cuanto tiene ocasión, muestra su sectarismo contra quien no piense como ella lo que muestra lo peligroso que es para nuestro país que una persona asi, permanezca al frente de una cartera tan delicada como Justicia.

Dolores Delgado ante la "mafia"

Las explicaciones de Dolores Delgado acerca de las circunstancias de la comida en 2009 con Villarejo y otros cargos policiales, a la que fue llevada, al parecer, por su amigo Baltasar Garzón, no tuvieron consistencia porque confundieron un ataque a su persona con un hiperbólico “chantaje al Estado”. Se victimizó, como cabía esperar, y atribuyó a las “cloacas del Estado y a la derecha, la extrema derecha y a la extrema-extrema derecha” (así, con replique) el origen de sus adversidades pese a formar parte del “Gobierno decente de Pedro Sánchez”. Una cosa es verdad: son una ilegítima intromisión en su intimidad (y así lo dice la ley) esos audios que captaron subrepticiamente su conversación.

Dolores Delgado se presenta como una víctima. Una más de José Manuel Villarejo, al que se refiere ahora como un presunto delincuente, investigado por 14 delitos, que trata de chantajear al Estado para salir de la cárcel. La difundida por Moncloa.com es "una grabación que no tiene otro objetivo que condicionar la acción del Ejecutivo del que formo parte. Es algo que los autores no han conseguido ni van a conseguir. Es un chantaje al Estado a través de mi persona como ministra del Gobierno de España".

"No he mentido, no he tenido ninguna relación con Villarejo y tampoco soy su amiga. Solo acudí a una comida con la cúpula policial en matera antiterrorista con comisarios policiales con los que trabajaba cotidianamente, no con Villarejo, invitada por un compañero de la Audiencia Nacional (Garzón) No voy a entrar en el contenido de esas grabaciones, que son ilícitas, como no entraría a valorar ninguna grabación ilícita que afectase a otra persona porque esa persona sería victima también. Todos tenemos dignidad".

Insiste Dolores Delgado: "No he mentido, no he tenido ninguna relación con Villarejo (?) y tampoco soy su amiga. Solo acudí a una comida con la cúpula policial en matera antiterrorista con comisarios policiales con los que trabajaba cotidianamente, no con Villarejo, invitada por un compañero de la Audiencia Nacional -en referencia al juez inhabilitado Baltasar Garzón-. No voy a entrar en el contenido de esas grabaciones, que son ilícitas, como no entraría a valorar ninguna grabación ilícita que afectase a otra persona porque esa persona sería victima también. Todos tenemos dignidad".

Entre otras afirmaciones inocuas, dice lo siguiente: “Es imprescindible incorporar la perspectiva de género a nuestra Justicia para acabar con sus deficiencias”. Se esté de acuerdo o no con tal valoración, lo cierto es que suscita una interrogante que desasosiega: 

¿Quién es la auténtica Dolores Delgado? ¿La que sostiene que debe incorporarse la perspectiva de género a la Justicia o la que en un restaurante con Villarejo y Garzón se jacta de que ella prefiere a tribunales de “tíos” porque “se les ve venir” a diferencia de las “tías”? ¿Es más cierta la ministra que contesta formalmente la entrevista en la revista de los mutualistas de la abogacía o lo es la que llama “maricón” a su compañero de Interior o “nenaza” a otro magistrado de la Audiencia Nacional?

¿Cuál de las dos Dolores Delgado merece crédito, la que habla por extenso en esa publicación sobre la Administración de Justicia o la que sin inmutarse atribuye comportamientos menoreros a compañeros del Supremo y de la Fiscalía en Cartagena de Indias o no se siente concernida ante el relato de las técnicas de “información vaginal” de Villarejo a las que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional asegura “éxito seguro”?

Si por Dolores Delgado fuera, según fuentes de absoluta solvencia, ya se habría ido del Gobierno y solicitado un destino discretísimo en el ministerio fiscal. Pero Sánchez no puede permitirse el lujo de deshilachar más su equipo y que vayan dimitiéndole los ministros, (están Borrell, Celaá y el astronauta en el sillón de GH pidiendo el relevo) y les exige su permanencia el de camarote de los Hermanos Marx, para no irse a la calle junto a ellos. 

“Necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada y que no viva de la rectificación permanente ni haya sido tan indulgente con las cloacas del Estado”

La diputada popular María Jesús Moro consideró que “es público y notorio que ha mentido reiteradamente, y cuando se miente es porque se oculta algo”. En su opinión, “no es posible que siga ni un minuto más”, una tesis que secundó el portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Prendes.

Delgado, que fue reprobada antes por el senado y cuya destitución fue exigida este martes por el Plendo del Congreso, se ha enfrentado a dos preguntas del PP cuyos autores, los diputados Javier Maroto y José Antonio Bermúdez de Castro, han acabado pidiendo su dimisión Los diputados del PP han coreado «dimisión, dimisión» a la ministra de Justicia. 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, estuvo en el Senado antes de la posterior votación en el Congreso.

https://www.abc.es/28dd54db-d734-4279-8bbf-15dd6be31104

El saqueo de Andalucia 165 - A por la juez Alaya

El Poder Judicial estudia sancionar a la juez Alaya por cuestionar la independencia de los fiscales. La autoridad disciplinaria del CGPJ abre diligencias por unas declaraciones de la magistrada de Sevilla

La juez Mercedes Alaya, 

Las manifestaciones de la Juez Mercedes Alaya en su conferencia del pasado 4 de junio y la entrevista exclusiva que concedió a ABC, donde declara haber sufrido en su propia experiencia las injerencias del poder político en el poder judicial han causado alarma en las altas instancias andaluzas. La autoridad disciplinaria del Poder Judicial ha abierto diligencias sobre estas declaraciones de Alaya después de que la Fiscalía General del Estado le remitiera un escrito en el que consideraba que son “merecedoras de la apertura de expediente disciplinario”.

En esta conferencia la juez Alaya declaró que tuvo que dejar la instrucción de los casos que llevaba porque había un acuerdo político en el tema de los cursos de Formación que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. 

En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Cambien sostuvo que entregar la instrucción de las causas judiciales a la fiscalía pondría en cuestión la independencia judicial y en casos de corrupción sería como “tener al lobo metido dentro del gallinero”, refiriendose a los encontronazos habidos durante las instrucciones de los ERES y los cursos de formación con la probable fiscal general del Estado, Maria José Segarra que la habria recusado en tres ocasiones .

María José Segarra, la fiscala que negó tres veces a la jueza Alaya

Los encontronazos con la fiscal Maria Jose Segarra

La denuncia de los populares en abril de 2009 obligó a la Fiscalía a cerrar la investigación preliminar que había abierto apenas un par de meses antes después de que la Junta de Andalucía pusiera en su conocimiento la grabación de conversación entre exdirectivos de la lonja sevillana Fernando Mellet y Daniel Ponce con un responsable del grupo hostelero La Raza que destapó el escándalo. "La Fiscalía tuvo que cesar en las investigaciones por imperativo legal, sin tiempo a adoptar otras diligencias", dijo Segarra en un comunicado enviado entonces a los medios de comunicación.

También se recuerda en Sevilla, a finales de 2010, un primer encontronazo judicial directo entre Segarra y Alaya cuando la fiscal jefe apoyó recusar a la por entonces "juez de Mercasevilla" por el trabajo de su marido como auditor en la sociedad pese a que, en un primer momento, la Fiscalía dijo que no veía motivo para la recusación. La recusación, la primera negación de Segarra a Alaya, no llegó a prosperar.

Zoido, antiguo compañero de Alaya en los juzgados de Sevilla, 'nacionalizó' en 2011 la causa contra Mercasevilla, antes de que se convirtiera en el caso de los ERE fraudulentos, para denunciar la "inacción" de la Fiscalía. Pero la investigación de la Fiscalía ya apuntaba una posible venta irregular de los suelos de Mercasevilla, aunque el caso se saldó recientemente con la absolución final de una decena de acusados.

Alaya, en octubre de 2013, archivó una parte de aquella causa en la que estaban imputados los hermanos de la exministra Báñez, acusando de paso a los los fiscales de retrasar el proceso y de haber cometido errores durante el mismo. La misma Alaya a quien el presidente de la Audiencia, cuyos despachos solo distan unos metros, ha acusado este mismo martes de querer hacer "carrera política" con sus manifestaciones sobre posibles "presiones" políticas en los asuntos que instruyó.

Segarra salió contundentemente al paso negando por aquel entonces las acusaciones de Alaya, lamentando las "expresiones gratuitas" de la jueza contra el Ministerio Público, "absolutamente ajenas al debate procesal". "No es oportuno perderse en consideraciones o incluso reproches que no conducen a nada, pues lo importante es que la investigación llegue a un buen fin", dijo Segarra. Eso es lo que a buen seguro espera Segarra, que la profesionalidad que han comprobado, y defenderán estos días, todos los agentes judiciales de Sevilla, pueda dar sentido a la difícil labor de estar al frente de la Fiscalía General del Estado.

La tercera y más reciente negación de Segarra a Alaya fue cuando la fiscal jefa contradijo el criterio de Anticorrupción en el caso de los ERE y la validez del informe pericial clave del caso,. encargado por Alaya los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Segarra, en un recurso de la causa contra la agencia IDEA, consideró que una prueba pericial de ese tipo "debe rechazarse" si alude a "aspectos exclusivamente jurídicos".

La nueva ministra de Justicia, la fiscal Dolores Delgado.

El nombramiento como ministra de Justicia por el PSOE anterior fiscal en Andalucía y el probable nombramiento de Maria Jose Segarra como nueva la fiscal general, pueden conducir a una venganza de los poderes fácticos andaluces conta Mercedes Alaya ahora que están a punto de conquistar los dos mas altos puestos dentro del poder judicial.

Todo esto y ante la evidencia que su sustituta en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha parado la investigación recientemente a seis empresas de los ERE alegando la posible prescripción de los delitos que se les atribuyen, hace suponer que existe un gran interés en acallar como sea, a la juez Alaya.