Nuevo brindis al sol de Sánchez

No comparecía desde el pasado mes de agosto pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido que sea éste el momento de su segunda rueda de prensa en territorio español desde que es presidente tras la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, que finalmente no recaerá sobre la banca. Una enmienda a la totalidad de la decisión del Supremo de quien dijo que "ningún poder del Estado puede estar exento de crítica" y a quien reprochó su fallo porque lo ocurrido "no es positivo ni para las entidades, ni para los jueces ni para los ciudadanos".

Después de diecinueve dias de zozobra y dudas aparece la sorprendente decisión de Tribunal Supremo sobre quien debe hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en las hipotecas que solo puede ser el sujeto pasivo que es el comprador , viene Pedro Sánchez y en una rueda de prensa sorpresa carga en contra esta decisión y declara que el gobierno va a dictar un decreto para que sean los bancos quienes se hagan cargo de este impuesto.

Y es que, en el fondo, da igual que jueces o políticos dictaminen ahora que el banco es el sujeto pasivo porque, en la práctica, siempre será el hipotecado el que terminará pagando, ya sea de forma directa -a la hora de formalizar la hipoteca-, ya sea durante la vida del préstamo -vía comisiones o intereses-. No cambiaría absolutamente nada.

Puro brindis al Sol de Sánchez a las órdenes de Pablo Iglesias: la banca recaudará el impuesto pero lo seguirá pagando el hipotecado a través de condiciones más gravosas. Si de verdad quiere que los hipotecados no lo paguen, que elimine el AJD. Pero eso no lo hará, ya que las pirañas comunitarias al quitarles un ingreso que en Europa ya ni siquiera existe le han amenazado y porque los hipotecados no le importan nada. Ni jueces ni bancos, los únicos culpables del impuesto de las hipotecas son los políticos

Porcentaje que cobran las distintas CCAA por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados

La gente está harta del expolio fiscal de la clase dirigente. A quien hay que culpar de este despropósito no es a los bancos ni a los jueces, sino a los políticos, y, como consecuencia, es a ellos a quienes hay que exigir sin dilación la anulación de este inaceptable atraco.

Una sentencia que hace crecer la inseguridad tributaria

La sentencia conocida el pasado jueves dictamina que es la entidad, y no el cliente, quien tiene que abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, desatando con ello una avalancha de reclamaciones cuyo impacto, todavía impreciso, asciende a varios miles de millones de euros. De hecho, el coste estimado para la banca bien podría superar al de la anulación de las cláusulas suelo. El nuevo golpe judicial que ha asestado el Tribunal Supremo a los bancos ha causado un grave terremoto en el sector financiero. No es para menos.

La Sala, bajo la ponencia del magistrado Jesús Cudero, resolvió un recurso de un particular -Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid- y estableció que debe ser el banco el que tiene pagar el impuesto porque es el único interesado en la elevación a escritura pública porque sólo con este documento la entidad bancaria puede ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca.

Esta sentencia hizo saltar todas las alarmas en el sector financiero y provocó unas bajadas en la bolsa de las entidades bancarias porque su aplicación general puede suponer unas pérdidas de miles de millones de euros a los bancos. De esta circunstancia se derivó que horas después, el viernes por la mañana, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, haya reaccionado de manera “insólita” como expresan algunos magistrados del alto tribunal, a la sentencia de sus compañeros de tribunal.

Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el radical cambio de criterio que aplica el juez, puesto que hace apenas seis meses el Supremo se pronunció en sentido contrario, tras ratificar que el hipotecado es el sujeto pasivo de dicho tributo, tal y como fijaba la normativa vigente hasta ahora. La incertidumbre es total, y no solo para la banca, sino también para los hipotecados, puesto que se abre un nuevo frente jurídico para dilucidar quiénes y cómo deberán efectuar las devoluciones pertinentes. Por el momento, algunas entidades financieras ya han ordenado que se paralice la concesión de nuevas hipotecas hasta que se aclare la situación.

La reacción de los mercados no se hizo esperar. Las acciones de las principales entidades del país se hundieron el pasado jueves, aunque recuperaron terreno en la jornada posterior, tras conocerse que la sentencia en cuestión será revisada por el pleno del Tribunal Supremo para ver si, finalmente, es o no ratificada. Sea cual sea la decisión definitiva de los jueces, la gran incertidumbre jurídica que ha experimentado el sector en los últimos años pasará una elevada factura al conjunto del mercado hipotecario, de una u otra forma, con todo lo que ello supone para los españoles que quieran comprar una casa en el futuro.

Si existía un problema de divergencia de criterios, Luis María Díez-Picazo debería de haberlo elevado al pleno antes de que se produjera la decisión que ha hecho felices a millones de españoles durante menos de 24 horas. En cuestión de horas, el presidente de la Sala de lo Contencioso ha avocado a Pleno la sentencia que fija que deben ser los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas y paraliza el estudio de otros recursos similares. Hasta que no se produzca una resolución y ante la indefinición existente, se ha dejado de firmar préstamos hipotecarios en todel pais.

Coacción a los parlamentarios

Los llamados "afectados por las hipotecas" que llevaban hasta ahora este tema positivamente contando con la simpatía del personal, se han equivocado y se han cargado de un plumazo el trabajo paciente hecho hasta ahora. Parece mentira que Ada Colau que me caía bien. Ella había planteado el problema del acoso de la banca a los hipotecados con acierto, Parece mentira que haya caído en manos de los mismos radicales violentos habituales de la izquierda que cada día lucen camisetas de distinto color según toque fastidiar a un sector u otro.

Porque una cosa es el derecho de opinión y de manifestación y otra el acoso. Máxime cuando el acosado es un familiar cuyo delito es haber contraído matrimonio, ser padre o ser hijo. El derecho de manifestación tiene que ser compatible con el derecho a la privacidad y a la intimidad personal y familiar. Y a esto se le llama acoso o coacción y está penado por la ley.

El acoso que se han visto sometidos algunos parlamentarios que ni siquiera intervienen en la confección de la ley que ellos quieren cambiar, todos ellos pertenecientes al partido popular como a González Pons simplemente por su situación de parlamentarios, con el intento de coaccionarlos para que reformen la ley por el procedimiento de rodear sus domicilios familiares con toda la parafernalia de carteles bocinas, pitos y bocinas rompiendo timbres y alertando a los vecinos con gritos de “asesino” por el barrio. Ello además de no ser verdad, es injusto y con toda seguridad si siguen por este camino van a encontrar en la propia calle de la que se creen dueños, con un rechazo que no tenían.

Toda esta canallesca está haciendo un flaco favor a los perjudicados por las hipotecas. Porque resulta que entre los afectados hay de izquierdas, derechas y medio pensionistas y da la casualidad que quienes pueden resolver el problema son en este momento los del Partido Popular que, visto lo visto, ahora tendrán que dedicar mucho más de su tiempo a auto defenderse que para trabajar para solucionar unos problemas que no son ni mucho menos de todos los ciudadanos. Porque quienes no tenemos piso en propiedad, y por consiguiente no estamos hipotecados, nos afecta bastante poco el problema.

     

Los radicales habituales de la izquierda como no se pueden comer un colín desde la muerte política de Zapatero y sus huríes, ahora aparecen proclamándose como defensores de una vivienda digna que no tiene por qué estar hipotecada, señalando como culpables a los políticos de los suicidios ocurridos a causa de unos actos voluntarios efectuados por gente que firmando unos documentos abusivos no supo medir sus posibilidades.

La burbuja inmobiliaria tiene muchos culpables: las administraciones autonómicas que tenían ingresos extraordinarios, el ministro de Economía que lograba superávits, el gobernador del Banco de España que no sólo no frenó sino que alimentó el bicho. Y por supuesto, la ambición de las entidades y la irresponsabilidad de algunos clientes. La mayoría los culpables de este disparate no son siquiera del Partido Popular. 

Cuando vea a estos personajes rodear los domicilios de Fernandez Ordoñez, Brufau, Rato, Salgado, Solbes, Botín y por supuesto el chalet de Zapateroo, empezaría a pensar que no andan desencaminados. Porqué todos ellos deben de asumir sus responsabilidades si queremos que esto se solucione de verdad. Mientras seguiré pensando que es otro paripé de la izquierda con el intento de desestabilizar la nación

Dicen que la izquierda ha copiado el método de protesta argentino llamado “escrache”. Se trata de una manifestación en el domicilio particular del político. La izquierda española copia los actos de repudio del castrismo. ¿Y si a alguien se le ocurriera publicar la dirección de Ada Colau en Barcelona para ir a su casa a darle la matraca? 

La reforma de la Ley Hipotecaria

El drama de los desahucios alarma ahora a la sociedad española por la multiplicación de casos derivados de la grave crisis económica. En 2007 se registraron 25.943 ejecuciones hipotecarias, pero a fecha 31 de diciembre del pasado año había 198.116 en trámite. No todas se corresponden con el perfil de familias en peligro de ser desalojadas de su única vivienda quedándose con una deuda a veces mayor de la que contrajeron. Sin embargo, muchas —si no la mayoría— establecen cláusulas que, como indica ahora el tribunal europeo, son abusivas y contrarias a esa directiva, que entró en vigor en 1995.

La dejación española en este asunto es especialmente grave en los últimos meses, a medida que el Tribunal Europeo señalaba en resoluciones recientes la incompatibilidad de las normas hipotecarias con la legislación europea. La sentencia aclara definitivamente la cuestión a instancias de un juez español.

La sentencia en cuestión se refiere a una demanda interpuesta en julio de 2011 por un ciudadano marroquí, el Mohamed Aziz, que trabajaba en España y que suscribió un préstamo por 138.000 euros para comprar una casa con Catalunyacaixa. Tras dejar de pagar sus cuotas un año después, el banco decidió proceder a la ejecución hipotecaria y el demandante fue desalojado de su vivienda en enero de 2011. Antes, había solicitado a los tribunales que se anulara una cláusula del contrato de la hipoteca por su carácter abusivo. 

Dos años después, el Tribunal Europeo de Luxemburgo dictamina que el juez encargado de declarar sobre el contrato del préstamo bancario ha de tener potestad para adoptar medidas cautelares como la suspensión del procedimiento y en consecuencia, detener el desahucio. El objetivo, es según el tribunal, que el consumidor pueda obtener una protección que vaya más allá de la meramente indemnizatoria y que no evita «la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda».

La actual ley española es incompatible con una directiva europea de 1993 sobre protección de consumidores en lo que se refiere a cláusulas abusivas. Esta es la conclusión a la que llegó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al establecer mediante una sentencia, vinculante desde el mismo momento de su publicación, que España vulnera la ley al no permitir que los jueces dejen en suspenso un desahucio en el caso de considerar que un contrato hipotecario relega al consumidor a una situación de indefensión frente a las entidades financieras.

En base al procedimiento a seguir, Europa recomienda un examen de la situación jurídica del consumidor «para que cese el uso de las cláusulas abusivas». En concreto, en el caso de la demanda del ciudadano marroquí, considera que el órgano jurisdiccional español pertinente tendrá que comprobar si los intereses de demora, de un 18,75%, se correspondían con el tipo de interés legal en el año de la firma, un 5% en 2007.

Los desequilibrios también podrían afectar a la cláusula de vencimiento anticipado, que permite al banco exigir la totalidad de la cuantía del préstamo por un solo incumplimiento de pago. Por último, el juez tendrá que determinar si existió algún tipo de abuso en detrimento del consumidor en la cláusula relativa a la liquidación unilateral de la deuda impagada, que establece el banco pueda presentar por su cuenta la liquidación del préstamo para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Las medidas que ampliarán la ley sobre hipotecas aprobada en noviembre, y que se tramitan actualmente en el Congreso, contemplaban con anterioridad a la emisión del veredicto europeo la inclusión de un techo a los intereses de demora. El máximo que podrá aplicar una entidad por retraso en el pago de las cuotas se limitará al 12%, es decir, tres veces el tipo de interés legal, que se sitúa actualmente en el 4%. Algunos bancos llegan ahora incluso a anotar recargos por hasta el 30%.

También se reforzará la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito y se agilizarán los procedimientos para evitar la carga de intereses por los retrasos judiciales. Además, se limitará a 30 años el plazo máximo de las hipotecas que den cobertura a emisiones de cédulas hipotecarias y se facultará que los jueces reduzcan las deudas que les quedan pendientes a las familias desahuciadas en el caso de que el banco obtenga plusvalías con la venta.

El Gobierno, que estaba esperando a la publicación de la sentencia para introducir las enmiendas al proyecto de ley sobre hipotecas, aseguró ayer que se adaptará a la normativa europea. En este sentido, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que el Ejecutivo asumirá «el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea». La decisión europea afectará a todos los países de la UE y en concreto, a España, donde no se permitía la paralización de ejecuciones hipotecarias por parte de los magistrados en base a las cláusulas abusivas.

Hipotecas, tasas y desahucios

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Ana Colau como su portavoz con 1.402.854 firmas ha conseguido que el PP vote a favor de la tramitación de la ILP sobre desahucios en el Congreso de los Diputados. Un tema sacado de contexto que ha provocado que la izquierda haya utilizado este tema como banderín de enganche ya que los lanzamientos no han sido más de 15.000 en los últimos cinco años cuando en este tiempo se han renegociado más de medio millón de hipotecas siendo una gran parte segundas viviendas o locales y que son fundamentalmente por causa de la situación de paro actual.

Será bonito mientras dure la unanimidad de las fuerzas políticas en la decisión de tramitar las propuestas del movimiento ciudadano que ha despertado a la sociedad frente al drama de los desahucios. Las propuestas centrales incluyen la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios en deudores de buena fe y la habilitación de las viviendas vacías en régimen de alquiler social. Este cambio de criterio del PP se ha dado a conocer poco después que producirse el suicidio de una pareja que iba a ser desahuciada en Baleares y tras otro presunto caso en Vizcaya.

El tema es muy delicado y si se aprueban algunas de las propuestas se va a encarecer el coste de las hipotecas al introducir un aumento del riesgo lo que producirá una restricción y encarecimiento de las nuevas hipotecas. Sea el que sea el resultado de la nueva legislación será pieza de un gran debate social ya que no todos los casos pueden homologarse ya que también va a ser necesario diferenciar el uso habitual de la vivienda de otras propiedades, para que el banco no pueda ejecutar automáticamente los desahucios.

Hay margen para modular las propuestas de la iniciativa popular admitida ayer a trámite sin alterar el respeto a la propiedad privada y las bases del mercado hipotecario. Lo que no puede hacer el legislador es seguir mirando hacia otro lado mientras la legalidad vigente sigue apadrinando el rescate de los bancos y no el de las familias.

En la semana de marcha atrás de PP presionado por las movilizaciones de los ciudadanos y por el escándalo de los sobres, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón ha anunciado este martes que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor. En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

Una situación que empezaba a ser peligrosa por los graves conflictos sociales en aumento que estaban a punto de convertirse en desobediencia civil dada la postura inflexible del partido en el poder y se ha dado entrada a subsanar una situación irracional de crisis cuyos culpables no han sido los ciudadanos sino principalmente algunos bancos y las decisiones políticas.

¿Quienes son los vulnerables?

El foco puesto interesadamente por determinados grupos políticos de la izquierda de este país en los medios de comunicación, nos ha dado a conocer una serie de historias de desahucios  de pobres ciudadanos que vienen  siendo arrollados por una ley hipotecaria que favorece a los malvados banqueros.

El PP ha decidido tomar medidas ante la falta de colaboración del PSOE que sorprendentemente al final negó a sumarse al acuerdo tomado después de montar un vergonzoso teatrillo de negociación que ha durado varios días. Pero el remedio podría ser mas nocivo que la enfermedad.

Casos como los que ocurren actualmente alarman a la opinón pública han venido produciéndose desde hace años sin que los gobiernos anteriores de la izquierda que ahora están clamando hicieran nada para su solución. Son situaciones que por trágicas a nivel individual de las familias afectadas, no son exactamente el principal problema social que nos ha traído esta crisis. Estamos hablando de 600 desahucios al año de primeras viviendas familiares reconocidos por la banca, los demás casos o son renegociados o aplazados o se llega a alguna solución extrajudicial con la entidad.

El problema el problema no afecta a centenares de miles de españoles, ya que según los datos judiciales los desahucios de primeras viviendas son un porcentaje mínimo de los procedimientos judiciales efectuados en los últimos años. Solo el 3% de las hipotecas entra en morosidad frente a otras modalidades de préstamos hipotecarios. Además el 60% de estos se refiere a segundas viviendas en zonas de playa, locales o plazas de garaje.

El resultado es una ley que puede que, en un primer momento, acabe con las terribles escenas propias de un desahucio, y que aplace el sufrimiento de las familias que se enfrentan a uno. La moratoria de dos años exclusivamente en muy limitadas condiciones puede ser una buena medida hasta que se entre en el fondo del problema.

Pero el seguir adelante con estas medidas genera diversos peligros para los mercados hipotecario e inmobiliario, como por otra parte suele ocurrir con el intervencionismo estatal: cuando el Estado aparentemente arregla algo por aquí... algo peor se descompone por allá. El primero de estos peligros es que la normativa resulta todo un estímulo para que cambie algo que hasta el momento era una ley no escrita: lo último que los españoles dejan de pagar es la hipoteca. De ahora en adelante ya no estará ahí la más poderosa razón que había para ese comportamiento y podría aumentar significativamente la tasa de morosidad de este tipo de préstamos.

Son medidas en la buena dirección pero dejan a un lado a otros colectivos tanto o mas perjudicados por la crisis como los inquilinos deshuciados etc... Aunque para los propietarios que cumplar estos parámetros muy limitados dos años de paz, en plena guerra, no es poca cosa. Esperemos que se siga avanzando en esta dirección. En el tema que nos trae menos mal que el Gobierno no ha accedido a suspender los procedimientos judiciales de desalojo, lo que habría sido mucho más grave, al significar de facto la suspensión de las garantías jurídicas en un sector como la banca, que no está para bromas.

Lo de "legislar en caliente" no valía cuando se trataba de delitos que han estremecido a la sociedad, ni para las nuevas formas de delincuencia o para problemas como la reincidencia en el delito. Para los desahucios, en cambio, sí. En esta cuestión se ha legislado no en caliente, sino al rojo vivo. La posibilidad de prolongarse esta norma de manera indefinida convirtiéndose en permanente es el riesgo que entraña, que además establece para su aplicación límites arbitrarios y, por tanto, injustos.

Suicidios hipotecarios

En menos de tres semanas hemos asistido a tres casos de suicidio ante la inminencia del desahucio de sus viviendas por impago de sus hipotecas y constantes manifestaciones de cientos de personas ante las personas que puedan ser expulsadas del domicilio particular, ha hecho reflexionar a los poderes públicos sobre la urgencia de parar esta espiral de muerte que amenaza con crecer.

Hubo un tiempo en el que los periódicos no informaban de manera explícita de los suicidios. Los psiquiatras nos explicaban que su conocimiento público sugería a personas extremadamente angustiadas, o con fuertes desequilibrios mentales, una salida a su sufrimiento. En otras palabras: que el suicidio es contagioso porque, como alguien ha escrito, si no hay ofuscación en el suicida, quitarse la vida se configura intelectualmente como un acto de radical libertad ante una existencia que ya no merece la pena.

Ese extremado y dramático sentimiento de frustración pudo sentir la mujer de 53 años que se suicidó ayer en Baracaldo (Vizcaya) poco antes de que se fuera a ejecutar el desahucio de su vivienda. Y las otras dos personas que antes que ella, en similares circunstancia, se quitaron la vida. El hecho de que sea muy difícil entender el suicidio sin una cierta patología mental, no obsta a que los medios, por una parte, y la opinión pública, por otra, den cuenta de estas tragedias con pelos y señales y las atribuyan al hecho inmediatamente precedente  de la ejecución del desahucio.

Lo cierto y verdad es que lo que está ocurriendo consiste en un brote psicótico que se nos ha venido anunciando se produciría desde hace al menos dos o tres años. Pues bien, en este ambiente de zozobra, de angustia, de precariedad y de miedo, los suicidios que se producen en determinas y dramáticas circunstancias son como los síntomas extremos de un gravísimo e inasumible impacto de la crisis en determinados colectivos, familias y personas.

No es racional que la existencia de centenares de viviendas en los activos inmovilizados de entidades bancarias sea su principal obstáculo para poder remontar su crisis financiera particular y que estas mismas viviendas podrían ser la solución para miles de personas que actualmente se han quedado en la calle gracias a su imprudencia y la especulación de las entidades bancarias.

Pensando que poder salvar una sola vida humana puede ser más importante que la salvación de cualquier entidad bancaria, Mariano Rajoy junto al PSOE después de tiempo de  inactividad sobre este tema, parece estan de acuerdo en modificar la legislación y tienen ahora la ocasión de hacer algo para los ciudadanos y cambiar una legislación que lleva vigente mas de un siglo y hay que poner al día 400.000 desahucios tienen la culpa. Es urgente ofrecer válvulas de escape que liberen de la enorme presión al colectivo de hipotecados que se está condensando y amenaza con estallar.