lunes, 22 de mayo de 2017

El borrador del golpe de Estado de Puigdemont


Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, pronuncian en Madrid una conferencia sobre "Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático". Se realiza en un local del Ayuntamiento de Madrid por expresa invitación de su alcaldesa.

El País publica hoy el borrador del proceso. Piensa dar un plazo de tres días para que el Gobierno de Mariano Rajoy acepte a negociar directamente, a pesar de haberle ofrecido el Congreso de los Diputados para exponer sus planes de separación. Puigdemont tiene la intención de presentar su ley de secesión catalana que prevé la independencia inmediata si no hay referéndum.

La Ley de Transitoriedad Jurídica, la llamada "ley de ruptura" catalana, prevé declarar la independencia inmediata de Cataluña si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum separatista previsto para después del verano y, entre otras medidas, fija la pregunta de esa consulta.

Según consta en el borrador de la ley, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la "república parlamentaria" de Cataluña.

El Parlament ya se encargó de modificar el reglamento para permitir una aprobación exprés de esta ley de ruptura con una simple lectura única lo que supone que se podría activar en sólo 48 horas. 

Su contenido establece toda la organización de una futura República Catalana, aunque con lagunas legales. Se dice quiénes sería sus ciudadanos, cómo se obtendría la nacionalidad, qué leyes seguirían en vigor, qué pasaría con los contratos firmados, con los edificios públicos del Estado...

En su disposición final, el borrador de la "ley de ruptura" establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán "constate este impedimento".

La pregunta del Referéndum

Desvela asimismo, la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum:"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?", y señala que el resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesión, todo ello supervisado por observadores internacionales "cualificados", para el reconocimiento pleno del nuevo Estado catalán.

El borrador aclara que estos supervisores serán acreditados por la Sindicatura Electoral de Cataluña y se les facilitará "la acogida y el desarrollo libre de sus actividades". Podrán asistir a los procesos de formación de las mesas, de votación, de escrutinio y de proclamación de los resultados al final de la jornada.

El borrador de la ley, según recoge El País, da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán.

Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al Fiscal General de Cataluña -ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado- y al presidente del Tribunal supremo catalán.

Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, "podrán concursar en las plazas que se convoquen" en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

Amnistía para las causas secesionistas

La amnistía para todos los imputados y condenados por causas secesionistas (medida que afectaría al expresidente catalán Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta independentista de 2014 y al exdiputado Francesc Homs); la obligación a policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, o la de que los funcionarios públicos aprendan catalán para poder trabajar, son otras disposiciones recogidas en el texto de la ley.

Asimismo, establece que se otorgará la nacionalidad catalana a todo aquel ciudadano español que acredite, al menos, un año de empadronamiento en algún municipio catalán o acredite un mínimo de dos años continuados de residencia en Cataluña en el pasado. En todo caso, dice, ello "no exige" renunciar al pasaporte español.

En cuanto a los bienes públicos, la Generalitat pasaría a ser titular de "cualquier clase de derecho real" sobre todos aquellos que estén en territorio catalán y se "subrogaría" los contratos de obras y servicios formalizados por el estado y que afectan a Cataluña.

La Generalitat publicó hace unas semanas un inventario previo para conocer cuál es el volumen de propiedades estatales, en el que aparecieron 1.080 edificios y terrenos con un valor conjunto de 685 millones de euros que serían susceptibles de cambiar de manos.

Chantaje al Estado

Mariano Rajoy ha comparecido esta mañana y ha declarado que la actitud de Puigdemont de no aceptar presentar su proyecto secesionista ante el Congreso de los Diputados es uno de mas graves problemas ocurridos en estos últimos años que denota la intención de prescindir del  Estado Español sin  atenerse a la legislación vigente. Apunta que el Fiscal General del Estado va a estar pendiente de lo que pueda decirse o hacerse en esta Conferencia para tomar las medidas oportunas.

Estamos ante un intento real de un Golpe de Estado. En el caso que Puigdemont de por cierto este borrador en su conferencia de Madrid, el Gobierno de España se verá obligado a aplicar todas de forma inmediata las medidas legales establecidas por la ley, en el caso de rebelión o intento de secesión.

La victoria de Pedro Sánchez, el enterrador del PSOE


Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE y será el futuro líder del partido. Con casi el 100% de los votos escrutados, Sánchez ha obtenido más del 50% de los sufragios, frente al poco menos del 40% de Susana Díaz y casi el 10% de Patxi López, según los resultados confirmados por el portavoz de la comisión gestora, Mario Jiménez.

Su victoria supondrá un giro en el partido que puede tener además consecuencias en el conjunto de la política española. En su primer discurso como ganador, el nuevo secretario general ha prometido “unir” el PSOE y también luchar “contra la corrupción” del PP. Muchos seguidores del candidato se han agolpado frente a la sede de la calle Ferraz de Madrid para arropar al ganador con gritos de “sí es sí” y “Pedro, Pedro”.

Ninguno de los tres candidatos en estas primarias ha demostrado ser el líder que necesita un PSOE que está en uno de los momentos más difíciles de sus historia, asomándose de verdad al precipicio de la desaparición. Ya conocemos sobradamente la inconsistencia ideológica y estratégica de Pedro Sánchez y sus dificultades para organizar y liderar el partido, amén de su escasísima pegada como candidato electoral. Pero por si quedaba duda alguna, el virtual secretario general socialista ha vuelto a dejar claro que sólo tiene un discurso extremadamente pobre: el odio a la derecha.

La victoria de Sánchez ya se ha cobrado una primera víctima: el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha presentado la dimisión de su cargo al presidente de la gestora, Javier Fernández.

Susana Díaz no ha sabido o no se ha atrevido a hacer una apuesta más profunda ideológicamente, no ha querido decirnos qué PSOE cree que es posible y deseable. Es probable que, simplemente, la todavía presidenta de Andalucía no sea capaz de articular esa oferta a su partido, pero no hay que descartar que no haya querido hacerlo consciente de que la militancia del PSOE no iba a ser capaz de entender otra cosa que el odio a la derecha, como finalmente ha ocurrido. Sánchez gana en casi todos los territorios liderados por los barones con más peso interno, a excepción de Andalucía, donde Díaz logró más de la mitad de los votos. 

¿Nuevas elecciones?


Rajoy teme que ahora desde Ferraz se alimenten posiciones que apuesten por «desandar el camino de la recuperación» e incluso que se muestren «comprensivas» con el desafío independentista y «se aparten de la centralidad».


En el Gobierno han seguido atentamente la refriega y han intentado rodearse de cortafuegos por lo que pudiera suceder. Así, se planeó cuidadosamente el calendario de tramitación de los Presupuestos y se ha abierto la mano en las negociaciones para conseguir apoyos suficientes para aprobarlos dejando de lado la baza del PSOE. Sacar las cuentas del Estado es ahora un objetivo vital, un parapeto frente al no es no que en Moncloa esperan ver renacer de nuevo. El acercamiento a otros partidos que ha podido comprobarse con los Presupuestos, y en menor medida con el decreto de la estiba, permite al PP acariciar la esperanza de que, aun con enormes dificultades, sea posible avanzar en la legislatura dando por hecho que con Ferraz no se podrá contar.

«La relación será imposible» es la sospecha que les invade. Tras una etapa en la que Rajoy confiaba en que Díaz mantendría viva la actitud «sensata» de la Gestora, para abordar los asuntos más espinosos -como el conflicto catalán-, se abre ahora un nuevo momento de incertidumbre y recelo ante el camino que pueda emprenderse. Hay quienes opinan que se dividirá, quienes creen que entrará en una espiral de competencia radical con Podemos y quienes, por el contrario, apuestan por que Sánchez buscará alianzas con Iglesias.
Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE y será el futuro líder del partido. Con casi el 100% de los votos escrutados, Sánchez ha obtenido más del 50% de los sufragios, frente al poco menos del 40% de Susana Díaz y casi el 10% de Patxi López, según los resultados confirmados por el portavoz de la comisión gestora, Mario Jiménez.

Su victoria supondrá un giro en el partido que puede tener además consecuencias en el conjunto de la política española. En su primer discurso como ganador, el nuevo secretario general ha prometido “unir” el PSOE y también luchar “contra la corrupción” del PP. Muchos seguidores del candidato se han agolpado frente a la sede de la calle Ferraz de Madrid para arropar al ganador con gritos de “sí es sí” y “Pedro, Pedro”.

Ninguno de los tres candidatos en estas primarias ha demostrado ser el líder que necesita un PSOE que está en uno de los momentos más difíciles de sus historia, asomándose de verdad al precipicio de la desaparición. Ya conocemos sobradamente la inconsistencia ideológica y estratégica de Pedro Sánchez y sus dificultades para organizar y liderar el partido, amén de su escasísima pegada como candidato electoral. Pero por si quedaba duda alguna, el virtual secretario general socialista ha vuelto a dejar claro que sólo tiene un discurso extremadamente pobre: el odio a la derecha.

La victoria de Sánchez ya se ha cobrado una primera víctima: el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, ha presentado la dimisión de su cargo al presidente de la gestora, Javier Fernández.

Susana Díaz no ha sabido o no se ha atrevido a hacer una apuesta más profunda ideológicamente, no ha querido decirnos qué PSOE cree que es posible y deseable. Es probable que, simplemente, la todavía presidenta de Andalucía no sea capaz de articular esa oferta a su partido, pero no hay que descartar que no haya querido hacerlo consciente de que la militancia del PSOE no iba a ser capaz de entender otra cosa que el odio a la derecha, como finalmente ha ocurrido. Sánchez gana en casi todos los territorios liderados por los barones con más peso interno, a excepción de Andalucía, donde Díaz logró más de la mitad de los votos. 

Foto: Pedro Sánchez celebra la victoria en las primarias con su equipo en Ferraz, este 21 de mayo. (Reuters)

domingo, 21 de mayo de 2017

"Ejercicio de la democracia" a gastos pagados

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El séquito de la Generalitat y otros dirigentes secesionistas despiden a Homs a las puertas del Supremo -

Puigdemont y sus consejeros pagaron con fondos públicos sus viajes para apoyar a Homs. 
La portavoz del ejecutivo regional intenta justificar los desplazamientos y estancias en Madrid, cuya factura ascendió 13.470 euros.

La portavoz Munté es la que aporta esta información en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del PP. En el texto, Munté trata de justificar el uso de dinero público para fines partidistas y alega que no se trataba de acompañar a Homs sino de "defender de forma patente, evidente y fehaciente las instituciones catalanas, así como el ejercicio de la democracia y de la participación de los ciudadanos de Cataluña ante la ofensiva judicializadora del Gobierno del Estado".

Francesc Homs era el portavoz del PDeCAT, el nuevo nombre de Convergencia, en el Congreso cuando el Tribunal Supremo abordó el expediente de su participación en el referéndum del 9 de noviembre de 2014. Se sumaba así al trío formado por Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, en cuyo caso era competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Homs fue llamado a declarar dos veces, los pasados 19 de septiembre y 22 de noviembre de 2016, y el 27 de febrero de este año arrancaría el juicio que concluyó con una sentencia de dos años de inhabilitación y multa de treinta mil euros por los delitos de desobediencia y prevaricación. En las tres fechas, miembros del gobierno autonómico así como altos cargos nacionalistas se desplazaron ex profeso desde Barcelona para dar consuelo, afecto y calor a Homs en sus trances judiciales.

A pesar de que entre las funciones de los consejeros de la Generalidad no figura la de arropar a un correligionario en la capital de España, los desplazados cargaron los gastos del viaje, billetes, comidas y hoteles a los fondos públicos. La primera vez, el 19 de septiembre, acompañaron a Homs ante el Supremo la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, la de Agricultura, Meritxell Serret, y el de Cultura, Santi Vila, cuyos gastos ascendieron a 4.173,66 euros. El 22 de noviembre se pasó a palabras mayores y fueron el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, quienes dieron ánimos a Homs. El coste, 3.792,20 euros. 

En la cita del juicio, el 27 de febrero, repitieron viaje y gastos Munté y Borràs y se sumaron a la excursión el "minister" de Relaciones Exteriores Raül Romeva y el titular de Infraestructuras, Josep Rull. La factura ascendió a 5.504,90 euros. Así pues, la solidaridad del gobierno catalán casi en pleno con Homs ha costado 13.470 euros pagados con fondos públicos.

Defensa de los gastos

Según Neus Munté, los viajes forman parte del ejercicio de las funciones del Gobierno de la Generalidad y deben ser cargados al presupuesto público puesto que se trató de desplazamientos efectuados con el fin de defender "el autogobierno y el ejercicio de la democracia".

Se da la circunstancia de que Homs ha pagado la multa gracias a un colecta organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que pretende abonar también las multas impuestas a Mas, Rigau y Ortega. Homs, que ha recuperado protagonismo en la política catalana tras su inhabilitación, declaró el pasado jueves que "hemos declarado la guerra democrática a España, esto no tiene marcha atrás, pero la relación coste/beneficio (del proceso) nos es extraordinariamente favorable".

La justificación de Munté es que fueron viajes para «defender de forma patente, evidente y fehaciente las instituciones catalanas» La portavoz Munté es la que aporta esta información en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del PP. En el texto, Munté trata de justificar el uso de dinero público para fines partidistas y alega que no se trataba de acompañar a Homs sino de "defender de forma patente, evidente y fehaciente las instituciones catalanas, así como el ejercicio de la democracia y de la participación de los ciudadanos de Cataluña ante la ofensiva judicializadora del Gobierno del Estado".

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sábado, 20 de mayo de 2017

Puigdemont no quiere hacer "Un Ibarretxe"

Junqueras y Puigdemont durante su comparecencia | EFE



El Gobierno por boca de Soraya Sáez de Santamaría, se ha adelantado a la propuesta que tiene previsto lanzar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la conferencia del próximo lunes en Madrid para la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya a finales de septiembre, y le ha invitado a debatir esa “exigencia de negociar un referéndum” en el “lugar donde corresponde”, en las Cortes Generales. 

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha mostrado por primera vez su disposición a debatir sobre un hipotético referéndum de Cataluña. Y ofrece a Puigdemont la tribuna del Congreso de los Diputados.La iniciativa del Gobierno, recalcó la vicepresidenta, es "señalarle el cauce" por el que la Generalitat debe regirse en un tema tan importante como es la ruptura de la soberanía nacional española.

Al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, acompañado por su socio de ERC Oriol Junqueras, le parece un paso insuficiente.  Frente al saldo, el presidente autonómico ha respondido que sólo irá a la cámara a debatir sobre la fecha de la consulta después de existir un pacto previo entre ambos gobiernos, algo que no es posible.

El cambio de registro del Ejecutivo de Rajoy es notorio. Se desactivó el mitin que Puigdemont pretendía dar en una sala del Senado y se había contraprogramado el acto del presidente regional de Cataluña previsto para el próximo lunes en Madrid en dependencias de régimen municipal. Un "evento" constitucional frente al agasajo de Podemos a Puigdemont y el respaldo a la estrategia de confrontación nacionalista. Puigdemont no ha pasado por alto el detalle y ha elogiado los nuevos "tono" y "terminología" del Gobierno, pero el referéndum es innegociable.


Cesiones y 'operación Diálogo'

La invitación de Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros para que Puigdemont defienda el referéndum en el Congreso de los Diputados supone un giro del guión gubernamental, una alteración en la retórica empleada hasta ahora. La denominada 'operación Diálogo' incluía de partida la cesión definitiva de las competencias educativas, lingüísticas y culturales, la reposición de los elementos inconstitucionales del Estatut y un tratamiento fiscal similar al concierto vasco. Sin embargo, tan suculentas ofertas llegaban tarde. 

Según Mas, Junqueras, Puigdemont y el resto de los impulsores del proceso, el "autonomismo" es una pantalla superada. Ahora se ofrece hablar del referéndum, pero tampoco es suficiente.

La disposición al diálogo de los partidos separatistas se refiere exclusivamente a la fecha del referéndum. Según Francesc Homs, el exportavoz de Mas y de Convergencia en Madrid, "ya no hay marcha atrás": "Hemos declarado la guerra democrática al Estado", añadió en una reciente conferencia en la que también aseguró que "la relación coste/beneficio del proceso nos es extraordinariamente favorable".

Respuesta inequívoca

El rechazo de Puigdemont a la invitación de la vicepresidenta confirma el rumbo de colisión de la Generalidad. Su respuesta ha sido inequívoca. No quiere hacer lo que ha denominado "un Ibarretxe" en el Congreso en alusión a la presentación en el Congreso del plan homónimo, que se saldó con un fracaso que reorientó la estrategia del nacionalismo vasco. Puigdemont sólo irá a la cámara, ha precisado cuatro horas después de la oferta y a las puertas de un acto del "Pacte Nacional pel Referèndum", si el Gobierno acepta de antemano la celebración de una consulta de autodeterminación.

El desplante de Puigdemont se produce tras unas maniobras de acercamiento entre populares y convergentes que se han saldado con la oportuna abstención del PDeCAT en la reforma de la estiba y la inhibición del Gobierno en el caso del saqueo del Palau de la Música y la financiación corrupta de los nacionalistas.



El acuerdo de la estiba y el Palau

El éxito de ese acuerdo, por el que los representantes del Ministerio de Cultura en el Consorcio del Palau facilitaron que la Generalidad no acuse a Convergencia en el juicio y los diputados convergentes facilitaron los planes del Ejecutivo en sector portuario, es uno de los factores que avalaron la invitación al presidente autonómico, un movimiento que ha caído en saco roto.

Convergencia quiere celebrar el referéndum a toda costa o, en su defecto, que el Ejecutivo adopte medidas que impidan de manera efectiva la votación. En ningún caso va a aceptar una negociación que obvie o aplace el "derecho a decidir" porque sus dirigentes consideran que bajarse del burro supondría su desaparición como partido.


El papel de Junqueras

ERC se mantiene en su papel de actor secundario. Junqueras apoya en todo a Puigdemont. Igual que apoyaba a Mas. No obstante, sostiene una rendija abierta a la celebración de unas elecciones autonómicas en vez del referéndum. Las encuestas coinciden en otorgar la victoria en los próximos comicios a los republicanos, un escenario que se complicaría si finalmente se convoca un referéndum cuya organización coordina en teoría Junqueras y le podría acarrear la inhabilitación.

El vicepresidente ha comparecido este viernes junto a Puigdemont para dar portazo a la oferta del Gobierno, pero ha logrado introducir el matiz de que si la fiscalía renuncia a investigar los pronunciamientos golpistas del Parlament o el concurso para comprar las urnas, podría darse un entorno de entendimiento.

Vale.


La "moción de censura" de Pablo Iglesias

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El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con un retraso de 23 dias al dia que fuera anunciada, han presentado la moción de censura anunciada contra el Gobierno de Mariano Rajoy, justo dos días antes de las primarias del PSOE que se celebran el próximo domingo, y con Pablo Iglesias como candidato alternativo a la Presidencia, sin contar con el apoyo de las demás fuerzas parlamentarias.


La han anunciado conjuntamente la portavoz del grupo, Irene Montero y los portavoces de En Comú Podem, Xavier Doménech, y de En Marea, Antón Gómez-Reino; y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Curiosamente Pablo Iglesias no ha asistido en la presentación hecha ante los periodistas en el Congreso de los Diputados. A partir del momento del registro, arrancan los plazos que marca el Reglamento del Congreso para su tramitación.

Pablo Iglesias es el candidato de esta moción. Según ha explicado Irene Montero "siempre hemos estado abiertos a que nos propusiera otro candidato y haberlo estudiado. Pero les digo que siempre que lo hemos hablado hemos tenido claro que Pablo Iglesias es, a día de hoy, la persona que mejor puede encabezar este proyecto colectivo y que no le tiene miedo al Partido Popular".

La moción se presenta contra un Gobierno del PP que lleva "más de veinte años financiándose ilegalmente", "actúa contra las reglas mínimas de la democracia" y "trabaja al margen de la ley", El escrito que Unidos Podemos ha presentado este viernes en el registro del Congreso de los Diputados alude a la moción de censura de Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980 y asegura que en aquel año las circunstancias de España eran "mucho menos graves" que en la actualidad. (?)


Los redactores del texto, entre los que no es descartable que figuren profesores de Ciencias Políticas como el mismo candidato de la moción, Pablo Iglesias, parecen obviar la brutal amenaza terrorista, con un muerto cada tres días en ese año; el ‘ruido de sables’ de un Ejército aún no integrado en la OTAN y que sólo un año después propiciaría la intentona golpista del 23-F; las consecuencias para la ciudadanía de la crisis del petróleo o la tensión por los primeros pasos del Estado Autonómico, que provocó una importante crisis del Gobierno de la UCD.

Asi lo han manifestado los comparecientes, tomando ejemplo de la moción por parte de Felipe González contra el gobierno de Adolfo Suárez, que perdió dicha moción para despues de unos meses arrebatarle el poder, ante el desmembramiento de UCD. 

En realidad Pablo Iglesias ya cuenta con perderla, ya que ninguno de los partidos nacionales, incluso ERC se opone, en el Congreso lo van a apoyar pero va a utilizar esta moción para interferir y debilitar a Susana Diaz aupando a Sánchez y si puede, destruir al PSOE, cuyos candidatos se han opuesto por unanimidad, en el momento que está votando a su secretario general. En realidad pretende en realidad trasladar a la calle esta protesta contra la corrupción, con una concentración con el lema "Hay que echarlos" sin estar nada claro a quien quieren echar, para mañana por la tarde.

viernes, 19 de mayo de 2017

Barcelona trufada de banderas de España





Pegatina de la bandera de España en un panel informativo - INÉS BAUCELLS

Centenares de pegatinas que reproducen la bandera de España han aparecido la mañana del jueves en elementos del mobiliario urbano y en edificios de Barcelona y poblaciones de su área metropolitana, como Sant Cugat del Vallés, L'Hospitalet de Llobregat o Cornellá. Nadie, hasta el momento, ha reivindicado esta acción.

Los Mossos d'Esquadra han identificado a siete jóvenes y han denunciado a cuatro de ellos por enganchar estas pegatinas, de tamaño algo superior al de un folio, al suponer una infracción de las ordenanzas municipales, que impide pegar carteles y adhesivos en el mobiliario urbano y la vía pública.

Pegatina con la bandera española en la estación de Muntaner (FGC)- I. B.

Según han informado a Efe fuentes policiales, de los siete identificados tres son menores de edad, mientras que los cuatro que tienen más de 18 años han sido denunciados por infringir la ordenanza municipal.
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El ayuntamiento las retira inmediatamente

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han indicado a Efe que, como se hace siempre cuando aparecen pintadas o pegatinas en el mobiliario urbano, los servicios municipales están procediendo a su retirada.

Según las mismas fuentes, las pegatinas con la imagen de la bandera española han aparecido principalmente en la zona del paseo de Gracia, la avenida Diagonal y en el distrito de Sarriá San Gervasio. Algunas instituciones, como la sede del Síndic de Greuges de Cataluña, también han amanecido con pegatinas con la bandera española.

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento  de Barcelona han tenido que multiplicarse esta mañana para hacer desaparecer las banderas del centro de la ciudad antes de que empieze el dia. ya que el pegamento es muy resistente.  


«Libertad de expresión»

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha afirmado hoy, durante una entrevista en la emisora Rac1, que no tiene constancia de si esta acción corresponde a algún partido o entidad, y que ha conocido la noticia esta mañana.

Millo ha dicho, en este sentido, que «debe estar en la libertad de cada uno expresarse públicamente, igual que otros se expresan en sentido contrario». «Debe haber personas que han considerado expresarse así. Supongo que hay personas que tienen voluntad de expresarse y lo hacen de la mejor manera que pueden», añadió.


jueves, 18 de mayo de 2017

Así se adoctrina a los niños en los libros de texto de Cataluña

Educación pide a la alta inspección un informe sobre los libros de texto de Cataluña


Educación pide a la alta inspección un informe sobre los libros de texto de Cataluña

La denuncia del sindicato AMES y la visita de hoy, de Isabel Bonig ante el ministro de Educación con los problemas existente tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana sobre el boicot a la educación concertada, el chantaje con la imposición en la educación en catalán suplantando al valenciano, se respete el derecho de libre elección de centro educativo de las familias, y la tergiversación de los libros de texto en Educación primaria y superior en Cataluña, promovida al pie de la letra por Vicent Marzá en la Comunidad Valenciana parece haber tenido una rápida y contundente respuesta por parte del ministro Íñigo Méndez de Vigo, 

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha pedido a la alta inspección un «informe detallado» para comprobar si algunos libros de texto catalanes «vulneran la normativa vigente», tras la denuncia del sindicato de profesores AMES sobre «falta de rigor» en algunos contenidos de historia.

«Hay un currículo que respetar, que no entra en concreciones pero sí es genérico, y si en algún libro de texto se vulnera o no cumple ese currículo o de alguna manera se desenfoca, nosotros tenemos que actuar a través de la alta inspección», ha dicho Marcial Marín.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que «todos los libros de texto deben cumplir los requisitos de rigor y respeto de valores constitucionales y que la competencia de supervisar los libros es de las comunidades autónomas en su ámbito territorial, mientras que la función de Educación es subsidaria», en el caso de que no se haya velado por ese respeto.

Tras asistir a un acto de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que cumple 40 años, el secretario de Estado ha explicado que él mismo pidió hace unos días a inspección ese informe de manera urgente tras conocer la denuncia del sindicato de profesores.

Marín ha insistido en que si cuando reciba ese informe de inspección se comprueba que «se incumple la legislación básica, entonces se hará el oportuno requerimiento e iremos a través de los juzgados».


Así se adoctrina a los niños en los libros de texto de Cataluña


Libro de 5º de Primaria de Sociales de Cruïlla, que sólo hace referencia a las instituciones catalanas. AMES


En los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de siete editoriales hay "adoctrinamiento ideológico", según el sindicato AMES


España es prácticamente invisible en el relato histórico y geográfico que ofrecen varios libros de texto editados y publicados en Cataluña. El sindicato catalán de profesores AMES ha realizado un estudio comparativo de los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las siete principales editoriales que se distribuyen en esta comunidad autónoma. La conclusión es que en los textos que manejan los alumnos de entre 10 y 12 años hay "planteamientos ideológicos partidistas" y "tendenciosos".

Este colectivo de profesores catalanes de Secundaria denuncia en un informe de 50 páginas que en estos libros se reducen a la mínima expresión los contenidos de geografía e historia española; se pone como ley principal al Estatuto de Autonomía; se da a entender que Cataluña es otro país de la UE o se convierte el Reino de Aragón en la inexistente "corona catalanoaragonesa".

Están plagados, en su opinión, de "planteamientos que sólo son defendidos por determinados partidos políticos, que lo hacen aunque no sean acordes con nuestra Constitución, por lo cual, en un Estado de Derecho, no se deberían enseñar en los centros educativos".

El informe incluye un ránking de "adoctrinamiento ideológico" en función de 37 parámetros analizados relacionados con los contenidos que se ofrecen sobre la Historia, la estructura política y la identidad de Estado. Por ejemplo, han cuantificado el número de veces que se habla de Cataluña y a España como si fueran dos naciones diferentes, o en que se dice que la lengua propia de Cataluña sólo es el catalán y no también el castellano, o en que se presenta a la derecha como mala y a la izquierda como buena.

Las editoriales Barcanova y Cruïlla son las que tienen "mayor grado de adoctrinamiento ideológico", según este ránking, seguidas de La Galera, Vicens Vives, Santillana, Edebé y Baula. El informe destaca que una misma editorial puede hacer, para la misma asignatura, "un libro ideológicamente neutral en una autonomía y, a la vez, otro con mucha carga ideológica partidista en otra".

Esta opinión es compartida por el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele), José Moyano, que hace unos días denunció en el Congreso "presiones políticas" por parte de comunidades autónomas "de todo tipo" a la hora de ajustar los contenidos de los manuales a la parte autonómica de los currículos.

Lo mismo piensa Ciudadanos, que este jueves ha preguntado al Gobierno en el Congreso qué piensa hacer para "garantizar el rigor académico de los libros de texto y evitar la distorsión de la Historia" como, a su juicio, está ocurriendo en Cataluña. El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, le ha respondido que sólo puede actuar si hay denuncia previa.


La ausencia de España

La Lomce establece un currículo común con contenidos que deben impartirse en todos los territorios. Pero el libro de Medi natural, social y cultural de 5º de Primaria de Barcanova "se centra únicamente en la Historia de Cataluña" y "a España como tal no se le dedica ni una página". Igualmente pasa con los manuales de Santillana editados en 2014 para 5º y 6º de Primaria, que dedican "34 páginas a la geografía de Cataluña y cuatro a la de España" y no hacen referencia a los símbolos españoles, mientras que sí hablan de la bandera, del himno, del Escudo y de la fiesta nacional de Cataluña. Lo mismo ocurre en el de 5º de Primaria de la editorial Cruïlla.

"No se puede querer lo que no se conoce", resume el informe. "Se dificulta que el niño pueda enterarse de que España realmente existe y, sobre todo, que se despierte en él un sentido de identidad española".

Cataluña como nación


En la página 114 del libro de Ciències Socials de 6º de Primaria de Vicens Vives se muestra un cartel que hace referencia a Cataluña dentro de la UE. "Este cartel es tendencioso, ya que Cataluña está dentro de la UE porque es parte de España. De hecho y de derecho, la UE solamente está formada por estados. Ignorarlo, dando a entender otra cosa, es una práctica falsificadora de la realidad".

En la página 172 del libro Coneixement del medi, editado en 2014 por La Galera para 6º de Primaria, se afirma que "Cataluña y el País Vasco se sienten naciones", algo que, según el informe, supone presentar "el sentir de una parte de los ciudadanos como el de toda su población".

En el libro de 5º de Cruïlla, al referirse a las instituciones de gobierno, sólo se hace referencia al Parlament, al presidente del Govern y al Govern, sin ninguna referencia al Congreso de los Diputados, ni al Rey ni al Gobierno de España. En este mismo texto, en la página 137, se compara a Cataluña con otros países europeos como Italia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Se dice que Cataluña es una región europea y se define región europea como un territorio que "puede tener un gobierno propio". "Se dice que la lengua propia de Cataluña sólo es el catalán y que su cultura, símbolo y fiestas sólo son las que no son comunes con el resto de las regiones de España".

En el libro de 5º de Primaria de Edebé, se pregunta cuál es la lengua oficial de Cataluña, "cuando lo correcto social y legalmente sería preguntar cuáles son las dos lenguas oficiales de Cataluña". También se pregunta cuáles son "los símbolos nacionales" de Cataluña y no dice nada sobre los símbolos del resto de España.

En el libro de 6º de Primaria de Santillana, se presenta a Cataluña y a España como si fueran dos naciones diferentes.

El Estatuto de Autonomía

Los libros de Barcanova, La Galera, Santillana o Cruïlla dicen que el Estatut es "la ley más importante de Cataluña". AMES recuerda que, por encima de esta norma, está la Constitución Española y sostiene que "este engaño generará en el alumno dificultades para opinar correctamente en casos de confrontación entre ambas leyes". En la página 139 del de 5º de Cruïlla se dice que la Generalitat es la institución que organiza el autogobierno de Cataluña, "sin ninguna referencia a su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes de España".

La corona catalanoaragonesa


En varios manuales se habla de la "Corona catalanoaragonesa", en vez de la Corona de Aragón. En la página 210 del libro de 6º de Barcanova se menciona a reyes de "Castella i Catalunya-Aragó".

En la página 203 del libro de 6º de La Galera se dice que "tres representantes de cada reino de la corona catalanoaragonesa -Cataluña, Valencia y Aragón- se reunieron en la ciudad de Caspe". El sindicato afirma que "esto es incorrecto, ya que Cataluña nunca fue un reino, sino parte del Reino de Aragón. Es evidente lo tendencioso de esta denominación, que pretende hacer creer que anteriormente Cataluña había sido independiente [...] Se introduce el concepto de que Cataluña fue en el pasado un reino único y más grande, con una única corona, en igualdad jerárquica con Castilla".

Macià y Companys

Barcanova, en su manual para alumnos de 11 y 12 años, muestra una foto de Macià en el balcón del Palau de la Generalitat dirigiéndose a los ciudadanos, "y se omite que lo que está haciendo es proclamar la República Catalana, incumpliendo así las leyes vigentes, dado que, hasta el 9 de diciembre de 1931, no se produciría la aprobación de la Constitución Española de 1931, en la que se estableció a España como República".

También afirma que Lluís Companys fue designado presidente de la Generalitat, "sin decir que, incumpliendo las leyes vigentes, proclamó unilaterlamente el 'Estado catalán', lo cual llevó a la supresión de la autonomía catalana en 1934 por parte del Gobierno de España, con un enfrentamiento policial que comportó más de 40 muertos".

Buenos y malos

El informe señala que en muchos de los libros se ensalzan "en exceso" las diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España, mientras que se reduce o se ignora lo que los une. "La Historia se presenta como un constante enfrentamiento entre España y Cataluña, en el que España siempre actúa coartando las libertades, las costumbres, las tradiciones y la lengua propia de Cataluña".

El manual de 6º de La Galera, en la página 221, muestra a los gobernantes catalanes como víctimas inocentes de los reyes españoles. Este mismo libro, al hablar de la Guerra Civil, "la presenta como un mero conflicto de intereses entre buenos y malos" y elude mencionar la quema de conventos de 1931, un hecho histórico que tampoco aparece en el libro de Vicens Vives.

En otras autonomías

El informe de AMES también analiza varios libros de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, para ver las diferencias por regiones que ofrecen las distintas editoriales.

Por ejemplo, el libro de Ciencias Sociales de 5º de Primaria de Santillana editado en 2014 en la Comunidad de Madrid en 2014 tiene un apartado especial para esta autonomía, "lo cual refuerza la existencia de un Estado llamado España y así puede despertarse en el alumno el sentido de identidad de ser ciudadano español".

En este mismo manual, pero en la edición de 2015, se dice que "si bien el Estatuto de Autonomía es la ley más importante de cada comunidad autónoma, lo es después de la Constitución", algo que, según el sindicato, "no aparece con esta claridad en la mayoría de los libros de texto de Cataluña".

Según el informe, "el Ministerio de Educación no dispone de los mecanismos necesarios para controlar que en los centros educativos sólo se enseñe lo que está establecido por la Constitución".

El mundo

El "sándwich" a la escuela concertada y el decreto del "chantaje lingüístico" en Valencia

Alumnos valencianos con la bandera catalana | PV

El PP de la Comunidad Valenciana, se reúne este jueves con el ministro Méndez de Vigo para pedir amparo, denuncia la vulneración de derechos de los padres en Valencia.

Miles de padres, alumnos y docentes unieron sus fuerzas el pasado 6 de mayo en las calles de Valencia en contra del decreto que la consejería que dirige Vicent Marzà llevará a cabo para el próximo curso escolar. Dos son las cuestiones espinosas que tienen soliviantada a la comunidad educativa valenciana: la supresión de los conciertos y la cuestión de la lengua.

No es la primera marcha. Hubo otra justo hace un año más multitudinaria incluso que ésta. El motivo, pretendían eliminar en Primaria 46 unidades (aulas) y "sólo la presión de los padres, en mayo de 2016 y las elecciones generales de junio de 2016, donde Compromís y Podemos perdieron 190.000 votos en menos de un año", consiguieron que sólo se redujeran 11 unidades en toda la Comunidad Valenciana, explicó la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.

Pero el siguiente paso será el curso que viene, donde han empezado ya los recortes en los conciertos en Bachillerato. "Las unidades que han sido suprimidas en primero de Bachillerato han sido 30 en toda la Comunidad Valenciana". Esto afecta a más de 1.200 alumnos, un 14%. "Actualmente hay 437 unidades en toda la comunidad de conciertos en primero y en segundo y el año que viene habrá 407. "¿Esto obedece a un criterio técnico y objetivo? No: no se han dado nuevos conciertos a colegios que reunían todos los requisitos y, además, esta supresión no ha tenido en cuenta la demanda social. Es más, en muchos colegios donde había fuerte demanda social se han suprimido aulas de primero de concierto por lo que estás taponando que toda esa gente que no entra en el sistema pueda pasar a segundo de Bachillerato", explicó la dirigente popular en un encuentro informal con periodistas en la sede de la calle Génova.

"Si yo quito unidades de Primaria, empiezo este año con 30 unidades suprimidas de primero de Bachillerato, y después ya no pasan, hago una especie de sándwich a la concertada, la tapono por arriba y por abajo", ejemplificó Bonig.

Las escuelas infantiles y el distrito único

Además, el Gobierno del socialista Ximo Puig está creando aulas para niños de Infantil y de Primaria en los colegios públicos que no reúnen los requisitos que se les exigen a las escuelas infantiles privadas y donde el profesorado no está especializado. Esto está perjudicando claramente, a juicio del PP, a las 615 escuelas infantiles privadas que había en la Comunidad Valenciana, que dan trabajo a 5.000 personas. Y es que los padres que escolaricen a sus hijos en estas nuevas aulas de los centros públicos, cuando tengan que inscribirlos en la siguiente etapa será un proceso automático: no tienen que pasar la baremación, presentar la documentación… "Sin embargo, en las concertadas no les dejan crear ese aula y además si quieren llevar a su hijo de 3 años a la concertada tienen que pasar la baremación y tienen que presentar la documentación con lo cual es un handicap más para las familias", señaló Bonig.

El primer año crearon 69 y hoy desde la consejería se ha anunciado 96 aulas más con un total de 1.728 plazas. "Con lo cual las escuelas infantiles, y para las que existía el bono infantil, están abocadas a cerrar", a pesar de enorme inversión realizada por muchas de ellas.

También se ve afectado el distrito único que introdujo el PP y que permitía que los padres pudieran elegir el centro al que querían llevar a sus hijos. Con los gobiernos populares, "casi el 94% de las familias llevaban a sus hijos a la primera opción elegida. La medida ha hecho que desaparezca el distrito único y que vuelva la zonificación, por lo tanto, los padres sólo pueden llevar a sus hijos a los colegios donde estén. El año pasado fueron 10.000 familias las que no pudieron llevar a sus hijos al centro que eligieron como primera opción. Este año se prevé otra cantidad igual o mayor".

Los datos

En la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 250.000 familias afectadas, que llevan a sus hijos a la escuela concertada. 228.000 alumnos en centros concertados y privados. El 70%, más o menos, está en la educación pública y el 30% entre educación privada y concertada. "Somos la décima comunidad en número de alumnos en la concertada. Esa es una realidad". De los 2.700 colegios e institutos que existen en la Comunidad Valenciana, 1.692 son públicos, 427 privados y 576 concertados. La concertada está dando trabajo a 19.300 personas. Anualmente sólo el 2% de las plazas en la concertada se quedan vacantes frente a un 25% en la pública. Sólo en la ciudad de Valencia 600 familias se quedan sin poder llevar a sus hijos a un colegio concertado porque no hay oferta o porque está todo saturado.

El "chantaje lingüístico"

Pero si hay algo que está "incendiando" a los valencianos es el decreto del plurilingüismo. Ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por la Diputación de Alicante, por el PP, por la Plataforma de los Derechos del Castellano y por muchas otras asociaciones y padres. Y es que el consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromìs) "hace algo maquiavélico": como es consciente de que no puede implantar la inmersión lingüística porque sabe que "se la van a tumbar" ofrece un "caramelo a los padres para imponer el valenciano".

El sistema quedaría estructurado más o menos de la siguiente manera: habría seis niveles de inglés. Los padres que quieran que su hijo vaya al colegio en donde se oferte el nivel más alto de este idioma, y que cuando finalice los estudios el centro lo certifique, tendrán que escoger la línea del valenciano. En cambio, si se decantan por la del castellano su hijo tendrá menos horas de inglés, de peor calidad y el centro no estará habilitado para certificar su capacidad lingüística.

Serán los colegios los que decidan en qué nivel quieren situarse. Obviamente, cabe prever que la mayoría optará por el más alto. Será el consenso de dos tercios del consejo escolar el que lo decida. Si no hay cuórum, la decisión recaerá en la propia consejería de Marzà. "Eso es el chantaje lingüístico. Cualquier padre -en una Comunidad Valenciana donde el 14% del PIB depende del turismo, una comunidad donde todas las empresas exportadoras exigen como mínimo el inglés- quiere escoger la línea más alta de inglés, cogiendo las lineas en valenciano, que es más de lo que existe ahora. Llegamos prácticamente a la inmersión de valenciano", denuncian desde el PP. Pero es que además las evaluaciones diagnósticas, "solo evalúan el valenciano, no el inglés".

"De un plumazo, han reconvertido más del 50% de los centros en la Comunidad Valenciana en centros de línea exclusivamente valenciana". Isabel Bonig lo tiene claro: "es seguir la hoja de ruta que en se empezó en Cataluña hace 20 años".

De momento, desde el Ministerio de Educación se han limitado a enviar una carta a la consejería valenciana advirtiendo de que el decreto podía vulnerar derechos constitucionales así como la ley orgánica de educación. No obstante, la propia Bonig se entrevista este jueves con Íñigo Méndez de Vigo para solicitar amparo ante estas políticas educativas.

"Control de la escuela pública" y "adoctrinamiento"

"Un partido como Compromís es un partido nacionalista que tiene una hoja diseñada perfectamente de control de la escuela pública y de eliminación de cualquier alternativa de la escuela pública. Por eso fue un caballo de batalla, en las negociaciones del Pacto del Botánico, el que Compromís asumiese la consejería de Educación, algo a lo que se plegó el PSOE. Al presidente Puig le ofrecimos ya en febrero de 2016 un pacto, un apoyo para que se sintiese libre de las ataduras de Compromís y presentamos un acuerdo en materia educativa", pero sin éxito, recuerda la presidenta del PP valenciano. "Yo vuelvo a reiterar ese pacto sin pedir nada a cambio".

"No estamos hablando de ricos y pobres o de escuela pública vs escuela concertada o privada, sino de un derecho que reconoce la Constitución y que el Gobierno de los señores (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra están atacando. Hay un adoctrinamiento claro en las aulas. El último informe del Defensor del Pueblo valenciano establecía que, en el 2016, el 37% de las quejas presentadas hacían referencia a educación exclusivamente, más de 5.000 quejas en materia educativa". El PP ya ha presentado también una iniciativa en las Cortes Valencianas para que se revisen los contenidos de los libros de texto para que estos respeten algo tan básico como el Estatuto de autonomía: "la lengua oficial es el valenciano, no el catalán y no se puede hablar de Països Catalans". Así lo denuncia también la Plataforma Valencianista.

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Libertad Digital

miércoles, 17 de mayo de 2017

Homs: "Hemos declarado la ·guerra democrática a España"

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En el simbólico Born Centre Cultural i Memòria, El exconseller de Presidencia Francesc Homs, ha participado hoy en un diálogo con el economista Guillem López Casasnovas en un almuerzo informativo organizado por la agrupación Moment Zero y el periódico El Punt-Avui, ha dicho que los catalanes han declarado la "Guerra democrática" a España y la ganará "convenciendo, más que venciendo".

“No nos hemos propuesto ir a la luna, sino poner urnas. ¿De verdad los españoles creen que podrán impedir que pongamos urnas? Me parece de una ingenuidad extraordinaria”, ha subrayado Homs. Ha señalado que el Estado reacciona al proceso separatista con “trampa y juego sucio”, pues “aborda la cuestión catalana como una guerra convencional”

Sin embargo, “les hemos declarado democráticamente la guerra al Estado y es por donde les desbordaremos”, ha añadido el exdiputado del PDeCAT, que ha augurado que tienen “posibilidades históricas” de ganarla. “Ya hemos declarado la guerra y no tiene marcha atrás, las decisiones ya se han tomado, las ha tomado el pueblo; en términos bélicos ya se ha dado la instrucción de ‘a la carga'”, ha alertado.

Homs ha agradecido el apoyo que ha recibido tras ser inhabilitado "simplemente por ayudar a poner urnas" en la consulta del 9 de noviembre de 2014, y ha recordado que ha pagado la multa de 30.000 euros con dinero recaudado por las entidades soberanistas. Pese a su condena por el Tribunal Supremo y otras sentencias a soberanistas que ha habido o se pueden producir en el futuro, Homs ha aseverado que no dejarán de hacer “las cosas que tengamos previstas”, pues “ante cada agresión, una respuesta, ante cada adversidad, una solución”.

Guillem López Casasnovas, Xevi Xirgu y Francesc Homs.

Caza de brujas




El juez desautoriza a la UCO y descarta imputar a CifuentesLa presidenta regional, Cristina Cifuentes - Efe

El bombazo saltó ayer por la tarde ...La noticia ya filtrada de modo interesado y descartada por el juez Eloy Velasco en octubre pasado, volvió a aparecer en las cabeceras de los periódicos nacionales y se difundió como incendio incontrolado.  Tal como saltó la noticia, Podemos ha querido aprovecharlo para su moción de censura que presentará en breves dias con el fin de sumar adhesiones y daban por cierta la noticia con el fin de causar el mayor daño a de los pocos referentes que quedaban en el PP en la lucha contra la corrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, entre otros, con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica. En concreto, la Guardia Civil implica a Cifuentes en la adjudicación presuntamente amañada del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, en 2009 y 2011. El ex dirigente de patronal madrileña habría realizado pagos de 160.000 euros a Fundescam, fundación ligada al PP regional, al tiempo que recibió la adjudicación, firmada por Cifuentes como vicepresidneta de la Asamblea. Luego Fundescam usaba esos fondos para sufragar gastos electorales del PP. 

Fuego amigo

Un ala del PP de Madrid también aprovechó para ajustar cuentas. "No ha dudado en culpar a Aguirre de todo pero ella siempre estuvo allí", soltó un cargo municipal. En el partido, a nivel nacional y regional, no se habló de otra cosa. "Es tremendo como un día eres la teórica sucesora de Rajoy y al siguiente todos los periódicos te vinculan con la corrupción", comentó un miembro de la dirección del Grupo Popular, en charla con los periodistas en el patio del Congreso. Cargos próximos a Mariano Rajoy deslizaron que Cifuentes "ha bebido de su propia medicina". "El listón se lo puso ella", en palabras de un miembro de la cúpula. "Es ella con su propia exigencia. Nosotros no tenemos nada que ver", De nuevo, hubo rumores de fuego amigo.

Los agentes de la UCO destacan que Cifuentes era presidenta de la mesa de contratación y, a la vez, miembro del comité de expertos de la Asamblea de Madrid que valoraba las licitaciones, lo que la UCO califica de «ilegal». Además, la Policía Judicial destaca que Cifuentes, que firmó la adjudicación de su puño y letra, también pertencía al Patronato de Fundescam y era una de las responsables de las campañas elctorales del PP de Madrid, por lo que estaba presente en todos los puntos en los que se cometieron los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. La UCO recoge el organigrama de la campaña del PP de 2007, dirigida por Ignacio González y con Cristina Cifuentes como responsable.

El juez Eloy Velasco, ya había decidido descartar la imputación de Cifuentes por causa de que eran decisiones tomadas por unanimidad por los miembros de todos los partidos de la mesa, PP, PSOE e IU. Ante el revuelo producido el propio juez instructor tuvo que salir al paso con una aclaración descartando con una nota explicativa la implicación de Cristina Cifuentes en este asunto.

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Cristina Cifuentes cree que todo quedará en nada pero acusó el golpe de ver su nombre vinculado a la corrupción y comprobó cómo se las gasta en ocasiones la dirección nacional de su partido. "Si finalmente es imputada, se irá", aseguró su entorno, tal y como avanzó este diario. Si bien, en la Puerta del Sol se avituallaron de explicaciones técnicas, ayudados por los servicios jurídicos, para zanjar que las sospechas de la Guardia Civil son infundadas y, una vez el propio juez se pronunció, respiraron más tranquilos. Solo horas antes, Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de su Gobierno, tuvo que dimitir por su imputación por el caso Púnica, asumiendo el código ético de la líder regional.


Está visto que a muchos no les importa tanto la verdad como el escándalo, y la presión mediática y política contra Cifuentes ha sido de tal envergadura que hasta fuentes de su propio partido se han visto en la necesidad de declarar de sería "terriblemente injusto" que la imputasen, pero si ocurriera se iría.

Una cosa es separar las responsabilidades políticas y penales, por las que no siempre hay que esperar a que una persona sea condenada para pedir su dimisión, y otra muy distinta establecer un automatismo por el que toda persona investigada o encausada por un supuesto hecho delictivo tenga siempre que cesar inmediatamente en su cargo. No todas las fases judiciales contienen el mismo número de indicios contra una persona encausada. Pero en el caso de Cifuentes es que ni siquiera está sometida a proceso judicial alguno.

La lucha contra la corrupción no puede dar amparo a estos juicios paralelos, como no puede dárselos a las penas de telediario o a la filtración de nada que esté bajo secreto de sumario. De hecho, estas prácticas no dejan de ser una muestra de envilecimiento de la sociedad, con independencia de que estén o no tipificadas como delito.


Rajoy y Cifuentes, en una imagen de archivo. | Moncloa.