sábado, 30 de junio de 2018

Italia prohíbe el acceso a sus puertos al 'Astral', de la ONG Proactiva Open Arms

El velero Astral de Proactiva Open Arms zarpando de Barcelona



La ONG española Proactiva salva a 60 inmigrantes y busca puerto para desembarcar

El Gobierno de Italia ha prohibido este viernes el acceso a uno de sus puertos al barco 'Astral' de la ONG española Proactiva Open Arms citando "motivos de orden público", según una nota del Ministerio de Infraestructura y Transportes del país transalpino cuyo titular de la cartera es Danilo Toninelli.

"Italia y Malta niegan el acceso al buque español Open Arms, solo con tripulantes españoles, violando también todas las normas del derecho internacional y comunitario", escribió también el fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, en su perfil de la red social. Aunque los puertos más cercanos son Malta e Italia, estos países no permiten el acceso a estas organizaciones. 

La ONG española Proactiva rescató hoy a 60 inmigrantes entre ellas varios niños y mujeres.en el Mediterráneo central y busca ahora un puerto en el que desembarcar a estas personas, dada la negativa de Italia y Malta de permitir el acceso a las embarcaciones de estas organizaciones. 

El capitán de la ONG, Riccardo Gati, informó a Efe de que los rescatados este sábado son 8 palestinos, 8 de Sudán del Sur, 3 de Mali, 5 de Siria, 1 de Burkina Faso, 1 de Costa de Marfil, 4 de Eritrea, 8 de Egipto, 3 de República Centroafricana, 2 de Camerún, 2 de Etiopía, 6 de Libia, 8 de Bangladesh y 1 de Guinea.

En este sentido consideró que deberá ser el Estado de bandera, es decir España, el que "busque un puerto de desembarco y se ponga en contacto con las autoridades maltesas, italianas y demás" para identificar uno. Ante la prohibición han solicitado que puedan ser desembarcados en el puerto de Barcelona y llegarán después de cuatro dias de navegación.

A bordo de las naves de Proactiva viajan los eurodiputados españoles Miguel Urbán, de Podemos; Javier López, del PSOE; Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego, y la italiana Eleonora Forenza, de Refundación Comunista.

Esta mañana el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, acusó a la ONG española de rescatar a los inmigrantes antes de la intervención de los guardacostas libios y avisó de que no permitirá que llegue a Italia. "La nave Open Arms, de una ONG española con bandera española, se ha precipitado hace poco a por una patera y, antes de que interviniera un barco libio en la zona, se apresuró a embarcar a unos 50 inmigrantes", dijo el ministro ultraderechista en Facebook.

Salvini señaló que "esa nave se encuentra en aguas SAR (Búsqueda y Rescate, en inglés) de Libia", el puerto más cercano es Malta y que se trata de una asociación y un buque con bandera de España. "Que se olviden de llegar a un puerto italiano. Stop a la mafia del tráfico de seres humanos: cuantas menos personas zarpen, menos personas mueren", defendió. El ministro y también vicepresidente del Gobierno italiano acusa a las ONG que salvan inmigrantes en el Mediterráneo de fomentar el tráfico de seres humanos, del que se enriquecen las mafias que operan en las descontroladas playas del fallido Estado libio.

Por eso, en colaboración con el Ministerio de Infraestructuras, ha decidido prohibir el atraque de los barcos de estas organizaciones en territorio italiano, ni siquiera para aprovisionarse, según ha avisado el ministro ultraderechista.

Una política similar ha impulsado Malta, que impedirá que las ONG usen sus servicios portuarios hasta que se aclare el caso de la nave de la organización alemana Lifeline, a la que permitió el acceso el pasado miércoles con 233 inmigrantes tras seis días a la deriva.


Rescate en aguas del Mediterráneo por parte de miembros de la ONG Proactiva. PAU BARRENAAFP-PHOTO

O pagan o los embargan

Resultado de imagen de govern catalunya


El juez instructor de la causa sobre el procés, Pablo Llarena, ha dado un plazo de dos días a 14 miembros del Govern cesado procesados por malversación, entre ellos Carles Puigdemont, para que paguen la fianza solidaria de 2,1 millones en concepto de responsabilidad civil que les impuso cuando les procesó.de forma solidaria y antes del lunes conjuren la fianza de responsabilidad civil que él mismo determinó. 


Son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret.


En una providencia, el juez del Tribunal Supremo reclama 2.135.948 euros a los procesados bajo apercibimiento de que, en caso de que no cumplan en el plazo concedido, "se procederá al embargo de los bienes de dichos procesados para cubrir las cantidades reclamadas".

La cantidad se ha calculado sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-O según las investigaciones practicadas, el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley.

viernes, 29 de junio de 2018

El periodista Andrés Gil será el nuevo presidente de RTVE

El periodista Andrés Gil.


La obsesión de Pablo Iglesias por obtener el control sobre la televisión pública se ha visto premiada gracias al apoyo dado a Pedro Sánchez en la moción de censura ha dado lugar a que Andrés Gil sea el candidato de Podemos y un antiguo colaborador en Fort Apache para sea el presidente RTVE. 

Andrés Gil, actual jefe de Política de eldiario.es, puede ser el nuevo presidente de RTVE gracias al pacto alcanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, El periodista fue propuesto por Iglesias y, tras una intensa negociación, y después que el grupo de Iglesias vetara a Arsenio Escolar y que los socialistas no aprobaran a Ana Pardo de Vera, directora de Público. ha sido aceptada por Sánchez, quien mantuvo las conversaciones desde Bruselas, donde se celebró la madrugada de este viernes el Consejo Europeo. El PP rechaza ese decreto y ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Ahora deberán ser el Congreso y el Senado los que voten desde el lunes el conjunto del consejo de administración del que saldrá luego la elección del presidente. PSOE y Podemos necesitan también el voto de los demás partidos que apoyaron la moción de censura. La principal dificultad es que el PSOE debe lograr una mayoría absoluta para convalidar ese decreto. Uno de los escollos de última hora ha sido la posición de ERC, que no aceptaba entrar en el acuerdo, pero las gestiones del líder de Podemos han tenido finalmente éxito, tras un día intenso de conversaciones cruzadas.

El presidente de RTVE dirige una las mayores corporaciones públicas europeas. Con una plantilla de 6.400 trabajadores, la compañía cuenta con siete cadenas de televisión, incluido un canal internacional, cinco emisoras de radio y una página web con miles de horas de contenidos de su archivo histórico. Con un presupuesto que ronda los 1.000 millones de euros, RTVE atraviesa por una posición complicada. Durante la etapa de gestión del PP ha perdido credibilidad en el terreno informativo y se ha arrojado en manos de las productoras privadas, a las que ha concedido la realización de sus principales programas de actualidad y ficción.

Ahora veremos como un periodista de segunda fila sin conocimientos financieros ni experiencia en otros campos y que ni siquiera pertenece a la plantilla de TVE, al frente del ente público.


El candidato borró miles de twits cuando se enteró de su nombramiento.

Para evitar una hipotética situación complicada parecida al caso de Maxim Huerta, Andrés Gil ha decidido llevar a cabo un barrido de su cuenta de Twitter, cuanto menos, importante: el pasado viernes 22 de junio, borró de su cuenta 13.885 tuits. O, lo que es lo mismo, pasó de tener un histórico de 14.073 a tener solo 188, según confirma la aplicación 'Socialblade'. Ahora, una semana después, ha sumado 40 tuits, para contar con un total de 228: todos ellos, asépticos para evitar problemas.


Gil no se ha quedado corto a la hora de expresar lo que opina sobre el rey Felipe VI. Iglesias también dedicó un especial sobre el reinado de Felipe VI en su tertulia política. El periodista fue muy claro en su postura sobre la Monarquía, asegurando que "este señor de 50 años borbonea como su padre". Igualmente, censuró el discurso del monarca del 3 de octubre en el que abogaba por la unidad de España y la defensa de la Constitución frente al golpe separatista.
Gil se quejó de que Felipe VI se alineara "con la parte dura" y le reprochó que un "Jefe de Estado debe ser de todos los españoles", recriminándole así que abriera "la puerta al artículo 155 cuando el PSOE y PP no lo tenían ni definido en su programa político". "El Rey está desconectado de la realidad" y "sigue viviendo en otro planeta", concluía el periodista.

Más
📺 "RTVE tiene que dejar de ser un aparato de propaganda del partido que gobierne y debe ser un servicio público independiente".


0:33
33 mil reproducciones
ensaje directo

jueves, 28 de junio de 2018

El saqueo de Andalucia 166 - Juicio EREs - La declaración de la interventora

Una de las testigos en el juicio de la pieza política del caso ERE -

Victoria López Gutiérrez, interventora delegada de la Consejería de Empleo entre 2004 y 2008, ha criticado este martes en el juicio de la pieza política del caso ERE que este órgano, que daba las ayudas irregulares para prejubilados y empresas en crisis, no hiciera caso a la Intervención de Control Financiero Permanente ante los continuos «avisos» que le trasladó de que «se estaban haciendo mal las cosas» en sucesivos informes. La interventora asegura que la Consejería de Empleo fue advertida de la financiación inadecuada de las ayudas y «no le importó» y al final estalla en el juicio: «¿Cuántas veces hay que avisar de que están haciendo las cosas mal?»

En su declaración como testigo en el proceso contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, López Gutiérrez ha asegurado que de forma reiterada se puso de manifiesto que se estaban utilizando inadecuadamente las transferencias de financiación como mecanismo para allegar fondos desde Empleo al ente instrumental IFA/IDEA para pagar las ayudas que la Consejería concedía. «Me pregunto cuántas veces se tiene que avisar de que se están haciendo las cosas mal: veinte, treinta veces», ha afirmado.

La funcionaria, que ahora es interventora adjunta a la Intervención General para fiscalizar entes públicos, ha respondido de este modo a una pregunta del letrado del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, que sucedió a Francisco Javier Guerrero al frente del departamento que daba las subvenciones. El abogado Manuel Pérez Cuajares le cuestionó sobre cómo era posible que nadie en la Intervención de Empleo «tomara cartas en el asunto por no fiscalizar bien esas transferencias».

López Gutiérrez reaccionó indignada asegurando que la responsabilidad es del órgano gestor, que «no le interesa, no le importa y sigue haciendo lo mismo» a pesar de que «se le está diciendo que lo está haciendo mal y lo sigue haciendo mal». «¿En qué norma dice que hay que decirlo más de una vez?», se cuestionó. Agregó que la Intervención siempre actúa y emite sus informes «conforme a las normas» y basándose en unos procedimientos reglados.

Visiblemente molesta, la testigo contestó a Pérez Cuajares que «yo sé lo que hice y sé lo que no hicieron los que debieron hacerlo», en relación a la Consejería de Empleo que continuó utilizando el mismo sistema a pesar de las reiteradas advertencias de que no era lo legal. El tribunal que juzga, entre otros, a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, trata de determinar si se empleó un sistema delictivo para dar y pagar subvenciones que comprometieron 855 millones de euros entre 2000 y 2011.

El letrado le reiteró la pregunta y la funcionaria reiteró que con los ojos de hoy las cosas se observan de otra manera. «Ahora todos somos altos, rubios y tenemos los ojos azules, pero yo no puedo hacer elucubraciones» sobre lo que habría pasado por el hecho de que la Consejería de Empleo ignorase sus avisos.

López Gutiérrez ha indicado que las transferencias de financiación sólo pueden emplearse para financiar la actividad genérica del ente instrumental, en este caso IFA/IDEA, pero no para dar subvenciones porque esto presupone un fin concreto.

El interrogatorio ha estado cargado de tensión. Hasta el punto de que el tribunal llamó la atención a la testigo para que se limitara a contestar las preguntas «sin pedir explicaciones sobre las preguntas que les hacen», durante el interrogatorio del fiscal, que le había interpelado sobre las reuniones de coordinación entre los distintos interventores de Empleo, IFA/IDEA y el interventor general de la Junta.

A preguntas del abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la interventora ha señalado que desconocían que las transferencias se estuvieran empleando para abonar subvenciones para prejubilaciones. «No es cierto en absoluto» que lo supiera, «por no decir una cosa más fuerte», ha contestado. El letrado Alfonso Martínez del Hoy insistió en esta línea y fue cuando la testigo estalló: «No voy a venir a esta sala a hacer elucubraciones y a imaginar».

Quim Torra viajó a Washingtón, no le gustó lo que oyó y abandonó la sala. Luego ya no pudo volver a entrar

Quim Torra y Morenés (Beatriz Navarro)

Las tensiones acumuladas con motivo de la participación de Catalunya en un importante festival folklórico de Washington estallaron anoche con virulencia durante la recepción previa al acontecimiento, un acto que quedó ensombrecido por el espectacular choque entre el president de la Generalitat, Quim Torra, y el embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, que se acusaron mutuamente de manipular los hechos y difundir propaganda sobre la realidad política del país.

La dura réplica de Morenés a las reivindicaciones políticas que Torra incluyó en sus discurso de inauguración del festival llevó a la delegación catalana a levantarse de la mesa y abandonar el acto a modo de protesta mientras parte del público abucheaba al diplomático español, una situación inesperada e incómoda para muchos de los invitados y los organizadores del Folklife Festival, la Smithsonian Institution. El choque acabó con el president, sus acompañantes y decenas de simpatizantes atrapados fuera del edificio mientras vitoreaban el gesto de la delegación catalana y admiraban una colla improvisada a la luz de la luna. Torra reclamó la dimisión de Morenés y pidió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se desmarque de sus palabras “insultantes”.

El acto había comenzado sin incidentes a las siete de la tarde en un suntuoso marco cargado de simbolismo, el Museo de Historia Afroamericana de EE.UU. Mientras los invitados —entre ellos, La Vanguardia— pasaban al interior, las delegaciones de Catalunya y Armenia, las dos culturas invitadas este año al festival, visitaron la colección. Hubo música y refrigerios. La tormenta llegó a la hora de los discursos. Habló en primer lugar el presidente de Armenia, un país con el que Torra se declaró emocionado por compartir el festival. “Es un ejemplo en la lucha por la libertad y la democracia”, dijo. Porque “también los catalanes hemos sufrido una implacable persecución política, lingüística y cultural durante los últimos siglos”, defendió el president en una intervención muy breve, de apenas cuatro minutos y muy centrada en asuntos políticos.

“Ahora luchamos contra un estado de emergencia y las injusticias sufridas por gente como el presidente Puigdemont, forzado al exilio, y todos los otros presos políticos. Estos lazos amarillos que llevamos son por ellos”, afirmó Torra, interrumpido por los aplausos del público (casi la mitad, llegado desde Catalunya para participar en el festival). Desde la mesa de la embajada española, Morenés observaba con rostro severo. “El derecho a la autodeterminación es esencial para el pueblo de Catalunya”, insistió Torra. “Nunca debemos dejar de defender la libertad, porque la libertad de una nación es la libertad de todas las demás nacionales”, concluyó el president, que fue despedido por el público catalán al son de Els Segadors y gritos de ‘¡visca Catalunya!’.




El president @QuimTorraiPla abandona la recepció d’obertura de l’@SmithsonianFolk enmig d’un discurs “absolutament intolerable i ofensiu cap al país i la institució” de l’ambaixador espanyol Pedro Morenés. pic.twitter.com/apJDEzmms7


.@QuimTorraiPla demana la dimissió de Morenés i pregunta a @sanchezcastejon “si comparteix un discurs que ens titlla de mentiders i que falseja el que passa a Catalunya”. pic.twitter.com/bYe7HN8fc9


A continuación, subió al escenario con paso decidido el embajador Morenés. Los preparativos del festival habían sido tensos y el exministro de Defensa –nombrado por el gobierno de Rajoy y en la lista de Sánchez de ceses pendientes- iba preparado para reaccionar a cualquier intento de politizar el acontecimiento. Tras exaltar “la grandeza de la cultura catalana”, Morenés pasó a hablar de su “privilegiada situación política”, el estatus de co-oficialidad de la lengua catalana en España, su obligatoriedad en la enseñanza en Catalunya y su alto nivel de autogobierno. “Así que permítanme rectificar con hechos y cifras la propaganda que ha sido diseminada hoy aquí por el president de la Generalitat”, afirmó Morenés, ya entre abucheos. “No hay presos políticos en España y no lo digo sólo yo sino informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Lo que hay son políticos que a pesar de todas las advertencias y sus propios servicios legales decidieron contravenir el Estatut y la Constitución española y violar la ley”. Por eso, afirmó, “hay políticos en prisión, porque han roto la ley” defendió el embajador alzando la voz para hacer oír sus profusas explicaciones sobre la aplicación del artículo 155. Las caras de repulsa en la mesa de la delegación catalana iban a más. Algunos se volvieron de espaldas.

“Honorable presidente, recordará que la mayoría de los catalanes no votaron partidos secesionistas. Respete la regla de la mayoría y gobierne por todos, hay catalanes que no quieren la independencia”, reclamó a Torra Morenés, que dijo llevar “un lazo en el corazón por los cientos de miles de catalanes que viven con miedo, aprisionados en su propia comunidad y que se identifican como catalanes y españoles”. Fue en ese momento cuando Torra, la consellera de Cultura Laura Borràs y el resto de la delegación catalana se levantaron de la mesa y abandonaron la sala. “¡Presos politics, llibertat!” corearon con fuerza parte de los invitados catalanes mientras Morenés terminaba su largo parlamento, de más de diez minutos, ante un público dividido entre sentimientos de incredulidad,incomodidad y exaltación. Alrededor de medio millar de personas, entre participantes del festival y representantes del entorno diplomático y cultural de Washington, asistieron a la recepción.


Greu conflicte diplomàtic al @SmithsonianFolk El president @QuimTorraiPla abandona la sala a mig parlament de l’ambaixador espanyol i en demana la dimissió , a més d’explicacions públiques a @sanchezcastejon


La seguridad del local, no le dejó regresar a la reunión

No acabó aquí el incidente. Decenas de simpatizantes acompañaron a la delegación del Govern al exterior del museo y aplaudieron el plantón a Morenés mientras un grupo de jóvenes de Valls levantaba un pilar de cuatro a la luz de la luna con el emblemático obelisco de Washington de fondo. “Me pregunto si el PSOE y el presidente español y el ministro de Exteriores comparten este discurso de seis folios que venía ya preparado y escrito para acusarnos de mentiras y seguir falseando la historia de lo que está pasando en Catalunya”, declaró Torra. “Pido por tanto la dimisión inmediata del embajador por el grave insulto y que no podemos aceptar ”, añadió, animando a que el gobierno español se desmarque de sus palabras, “ofensivas” para muchos catalanes en un día en el que Supremo había confirmado el procesamiento de los líderes políticos del proceso.

El president explicó a los organizadores del festival los motivos de su protesta pero cuando intentaron volver a entrar para seguir con la fiesta, llegó la sorpresa: la seguridad del museo no les permitía volver a entrar. “Una vez que has creado disturbios no puedes volver a entrar”, les explicó un agente. “¡Pero no hemos sido nosotros los que hemos creado problemas!”, le replicaron. Por un momento, la llegada de cinco coches de policía con las sirenas encendidas a las inmediaciones del museo hizo temer que la noche acabara mal. Fue una falsa alarma.

Lo que no tuvo arreglo fue la decisión de la seguridad del museo. A pesar de la insistencia de la delegación catalana y las gestiones del director del Folklife Festival, Michael Mason, su decisión fue irrevocable: era imposible volver a entrar. Los artistas volvieron en autobús a sus hoteles y Torra volvió andando al suyo, a pocos pasos de la Casa Blanca. En teoría, hoy a las diez de la mañana (cuatro de la tarde en España) Torra y Morenésdeberían coincidir (y dar sendos discursos) en la inauguración al público del festival, en la explanada del National Mall de Washington. A la vista de cómo acabó el primer acto no debe descartarse algún cambio de formato de última hora.

<iframe width="631" height="355" src="https://www.youtube.com/embed/xA-SWfCz9Sk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Puigdemont, Junqueras y otros golpistas, al borde la inhabilitación


Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament en una imagen de archivo / EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros investigados. Ello implica que los líderes del procés quedarán suspendidos para el ejercicio de cargo público. 

Esta decisión comportaría a una situación de minoría del independentismo en el Parlament, en el caso mantenerlos como diputados a los inhabilitados y no correr las listas.


La Sala de Apelaciones del alto tribunal considera "suficientemente razonable" sostiene que existió un "levantamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Catalunya "al margen de la ley". La Sala cree que los indicios disponibles en este momento procesal permiten considerar que la calificación de un delito de rebelión es "suficientemente razonable" para no descartarla absolutamente.

La sala penal del tribunal ha confirmado el procesamiento por rebelión de 15 de los 22 investigados en la causa, entre los que también se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras, tras rechazar los recursos de apelación presentados por los procesados, que impugnaron la resolución.

Los procesados


Pablo Llarena, tiene vía libre para llevar a cabo la suspensión de los cargos públicos que ostenten los acusados a través del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En concreto, los procesados por rebelión son: Puigdemont, Junqueras, Jordi Turull, los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En su auto, la Sala reitera la constatación de actos de violencia encaminados a la celebración del referéndum, al menos durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre y el 1 de octubre.


Rebelión sin armas


Con esto, el Supremo deja claro que existe una "rebelión sin armas" pues, aunque este tipo penal evoque a la existencia de pronunciamientos militares a través del uso de armas, no es necesario el empleo de éstas para conseguirlo, sino simplemente que haya violencia.


Para los jueces, los actos de violencia fueron alentados, "directa o indirectamente" por algunos de los procesados, que planearon la movilización popular y el enfrentamiento con los agentes como la forma de obligar al Estado a que aceptase la declaración unilateral de independencia (DUI).

Sobre la malversación que también imputa a muchos de los investigados el instructor de la causa Pablo Llarena, el tribunal de apelación dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal del 1-O.

De esta forma, prosiguen los jueces, niegan la autoridad del Estado "constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido por otras y muy diferentes modalidades".

Banalizaron lo ocurrido

Por otro lado, el Supremo asegura que no se persigue a quienes defienden un proyecto político, sino a quienes "para conseguir sus objetivos han acudido a actos de violencia que, aunque realizados por terceros, habían sido incitados directa o indirectamente y asumidos por ellos".

Y añade que al señalar que actuaron en defensa de un proyecto político, los recurrentes insisten en "una cierta banalización de lo ocurrido" cuando los hechos son de "inusitada gravedad, por lo que no resulta extraño ni desproporcionado que las consecuencias (...) también alcancen un grado superior de importancia".


Además, frente al argumento de que únicamente pretendían ejercer el derecho a voto, la Sala señala que éste no se puede ejercer en cualquier momento, de cualquier manera o sobre cualquier aspecto.

En relación a la desobediencia en la que incurrieron 12 procesados, recuerda que "al menos desde noviembre de 2015, las resoluciones del Tribunal Constitucional (...). fueron sistemáticamente ignoradas y por ello incumplidas" y que no se trató de una "ocasión aislada".

La reacción de Torra: Volver al 1-O 


Quim Torra en la oficina comercial de la Generalidad de Cataluña en Washington.

Ofertón de Torra a Sánchez: otro 1-O, pero acordado con el Estado. El presidente de la Generalidad avanza las reivindicaciones de su "cumbre" de dia 9 de julio con el presidente del Gobierno: república o república.

El nacionalismo catalán no está dispuesto a dar ni un solo paso atrás. El referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado es la línea roja en la carpeta de la Generalidad. O el nuevo Gobierno acepta los resultados de esa "consulta" o no habrá negociación posible con el Estado. El presidente de la Generalidad, Quim Torra, se ha largado a los Estados Unidos para inaugurar una "semana catalana" en Washington y sentar las bases de su "cumbre" con Sánchez.

El separatismo parte de la base del 1-O, referéndum ilegal cuyos resultados considera válidos y concluyentes. La república catalana existe y de lo que se trata es de hacerla efectiva. En el cuadro de los nuevos dirigentes separatistas, el tema de los presos y fugados es secundario. Va de suyo en la reivindicación principal, la independencia sin atajos.

Torra considera que el debate con Sánchez es la independencia, no más competencias, transferencias y recursos.Ni siquiera una reforma de la Constitución le satisface.  El separatismo ve con buenos ojos las maniobras de su aliado Pablo Iglesias, pero no le vale una reformulación republicana y más federal del Estado. Como hiciera Puigdemont tras tomar el "legado" de Mas, Torra está dispuesto a dar un paso más. Considera que su oferta es un cañón: "Si vamos a ese referéndum vinculante y efectivo, pues puede pasar de todo, podríamos ganar los independentistas o los que consideran que es mejor seguir en España", ha declarado.

El separatismo no da más de sí. El objetivo es la república y la oferta de diálogo de Sánchez, una estación en la que testar si el Estado se aviene a facilitar la desconexión con un referéndum al modo escocés o quebequés. La aceptación del Gobierno a esa fórmula "sería una solución muy aceptable", ha manifestado Torra. El derecho de autodeterminación es la nueva pantalla del separatismo. Si no es reconocido por el Gobierno de Sánchez, "seguiremos adelante", promete Torra. La implantación paulatina de la república no es incompatible con negociar ese referéndum pactado, añade el president.

Ceuta y Melilla ¿La Guatánamo de Europa?

Pedro Sánchez, tras la reunión en Bruselas sobre inmigración.

La propuesta de convertir Ceuta y Melilla en grandes CIEs europeos asustó a Pedro Sánchez en Bruselas

El presidente planteó que España potenciaría los centros de internamiento a cambio de que la UE los pague, y países del Este respondieron apostando por transformar las ciudades autónomas en lugares de acogida masiva

Pedro Sánchez viajó el domingo a Bruselas con el objetivo de reivindicar el papel de su Gobierno en la acogida de refugiados. No obstante, en apenas 48 horas se ha visto obligado a cambiar su discurso y apostar, al igual que Merkel y Macron, por la creación de campos de refugiados por toda Europa. Un viraje motivado por una propuesta bomba procedente de los países del Este.
Según fuentes comunitarias, el presidente del Gobierno “vino a Bruselas con un discurso y pronto descubrió que aquí las cosas nunca salen como uno piensa”. Pedro Sánchez se vio obligado a recular en su postura inicial sobre la inmigración en Europa ante el riesgo de que “se le volviera en contra”.

Dinero europeo para los CIEs

El plan del jefe del Ejecutivo pasaba por poner en valor la decisión de España de abrir el puerto de Valencia para los refugiados del Aquarius y, a la vez, anunciar que su Gobierno estaba dispuesto a recibir a más huidos de la guerra. Entre otras cosas, porque el país cuenta con una amplia red de Centros de Internamiento de Extranjeros.

En este sentido, el objetivo de Sánchez era comprometerse a potenciar esos CIEs, incluso con la construcción de nuevos centros en España, a cambio de que la Unión Europea se implicara en la financiación.

La tesis del presidente era que otros países, ante la posibilidad de recibir fondos europeos, seguirían el “ejemplo de España”, logrando así su primer éxito internacional. No obstante, la postura de algunos países del Este dio al traste con ese objetivo.

La filtración del gobierno búlgaro

Al poco de llegar a Bruselas, Sánchez y su equipo ya sabían que los países orientales de la UE no estaban dispuestos a apoyar la iniciativa de España. No obstante, la idea era intentar llegar a un acuerdo con Francia y Alemania en la dirección apuntada. No obstante, todo cambió con la publicación de un artículo filtrado por el gobierno búlgaro.

Según las fuentes consultadas, uno de los periódicos más importantes de Bulgaria, que es “referencia” dentro de la Comisión Europea, se hacía eco de una propuesta consistente en convertir a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en sedes de acogida masiva de los refugiados rescatados en el Mediterráneo.

Desde Bruselas, “se encendió la luz de alarma” en el equipo de Pedro Sánchez, pero también en la comitiva de Emmanuel Macron, que tampoco quiere tener “al sur de su país” a todos los refugiados de Europa.

Pacto Sánchez-Macron-Merkel

Ante ese nuevo escenario que planteaban los países del Este, liderados por Bulgaria, el presidente francés decidió “llevar la voz cantante” y reivindicar la creación de campos de refugiados por toda Europa. Una postura que se apresuró a apoyar Pedro Sánchez.

Macron, por su parte, también alcanzó un pacto con Angela Merkel en la misma dirección, que se sumó a las tesis de Francia y España sobre una “responsabilidad solidaria”, de todos los países de la Unión, con respecto al problema de la inmigración.

De esta forma, y “gracias en gran medida a Macron”, Sánchez logró “salvar los muebles” en su primera gran cumbre en Bruselas en la que, eso sí, tuvo que renunciar a su plan inicial ante la amenaza de los países del Este de convertir a Ceuta y Melilla en “los CIEs de toda Europa”.

El pacto de Sánchez con Macron, no obstante, ha sido muy bien visto en Alemania y, gracias a ello, el presidente del Gobierno arrancó ayer a Angela Merkel, tras su reunión en Berlín, el compromiso de apoyar a España ante la UE si aumenta la presión migratoria en el Mediterráneo: “Si la situación se agrava en España yo abogaría por que España tenga más apoyo” aseguró la canciller en rueda de prensa.

miércoles, 27 de junio de 2018

La detención de Jorge Rodríguez, un duro golpe al PSCV y Compromís


Jorge Rodriguez Gramaje

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramaje, en una operación anticorrupción. También están detenidos su jefe de Gabinete y los dos gerentes de Divalterra por irregularidades en la contratación de directivos

En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

La detención del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramaje, ha despertado la oleada de petición de dimisión entre los partidos de oposición, PP y Ciudadanos, pero también entre uno de los socios del PSPV en el Gobierno tanto del ente provincial como del Consell. Podemos ha sido el primer grupo en solicitar al presidente Ximo Puig que haga dimitir al también alcalde de Ontinyent y portavoz del PSPV. "Es una noticia grave que tiene que ver con Imelsa. Se le cambio el nombre pero no las prácticas. Lo que tiene que hacer Ximo Puig es hacer dimitir al presidente si se confirman las informaciones. Hay datos suficientes para pedir la dimisión", comentó el secretario general, Antonio Estañ.

Junto al también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, y los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón. Tanto Rodríguez como Brines y Simón están retenidos en sus despachos oficiales.

Contundente fue también la portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, que además de pedir la destitución de Rodríguez ha recordado que en los últimos tres años su formación ha denunciando "el abuso" de contratos de alta dirección (al menos siete altos cargos que ni siquiera acudían al puesto de trabajo y cobraban mas de 50.000 euros anuales) y otras situaciones en Divalterra que "no eran las correctas".

En este sentido, ha apuntado que una de sus denuncias ante la Fiscalía fue por malversación de fondos a raíz de un informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión y cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, 'gin-tonics', como dietas. Este asunto acabó con la dimisión del cogerente socialista Víctor Sahuquillo.

"Siempre dijimos que eso era la anécdota y que el problema estaba en la malversación y los contratos irregulares. Hoy se ve que es esas irregularidades que no hemos parado de denunciar desde el minuto 1 son una realidad", ha subrayado Contelles, que ha insistido en pedir a Ximo Puig que "por coherencia" cese a Rodríguez "cuanto antes".

Ciudadanos también acudió a la Fiscalía, tal y como han recordado Jorge Ochando, representante de la formación naranja en el Consejo de Divalterra, y Mamen Peris, portavoz en la Corporación provincial. Ambos han explicado que en la Fiscalía Anticorrupción les informaron de que ya estaban investigando la sociedad cuando ellos interpusieron una denuncia por irregularidades en el nombramiento de altos cargos.

"Parece que hubo una serie de contrataciones irregulares, sin ningún tipo de concurso de mérito ni capacidad y al parecer puede ser que fueran miembros incluso de algún partido de los que gobiernan la diputación", ha comentado Ochando en declaraciones a Onda Cero.

"La Fiscalía nos respondió que aceptaba (la denuncia) y que se acumulaba a unas actuaciones previas que ya estaban realizando en Anticorrupción. Lo que no sabemos es si estaban relacionadas con esto mismo que nosotros denunciamos o eran otro tipo de actuaciones las que pudieran estar investigando", ha apuntado el diputado, que anuncia que pedirán su dimisión para seguir "su código ético".

El PSOE suspende de todos sus cargos y de militancia al presidente de la Diputación de Valencia

La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.



Tras dudarrlo durante todo el dia, el secretario general del PSPV-PSOE y ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocado al Secretariado para proponer la suspensión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, de todos sus cargos, tras su detención en la operación Alquería, y ha propuesto al actual vicepresidente, Toni Gaspar, como candidato a sustituirle.


Según ha informado el PSPV, Puig ha convocado al Secretariado de los socialistas valencianos a las 22.30 horas de este miércoles para abordar la decisión, a raíz del arresto de Rodríguez en el marco de la operación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa.

“La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP”, ha reivindicado el jefe del Consell, que ha tomado esta dedición “tras un día difícil” y en el que ha compartido “reflexiones con muchos compañeros y compañeras”.

Tarjeta sanitaria única, un proyecto imprescindible bloqueado por el PSOE y sus satélites

El pleno del Congreso rechaza la tarjeta sanitaria única para todo el territorio español



Ciudadanos no ha logrado sacar adelante en el Congreso su propuesta de tarjeta sanitaria única, ya que los distintos grupos parlamentarios consideran que conlleva una crítica injustificada a la descentralización del sistema sanitario público.

La formación naranja ha llevado al pleno una proposición no de ley para ampliar a todo el territorio nacional la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital, para que así “cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España”.


El objetivo de los de Albert Rivera es terminar con los "perjuicios" que, a su juicio, ha supuesto la "compartimentalización del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 17 sistemas sanitarios diferentes".

“Es necesario que a los españoles se les deje de llamar desplazados cuando están dentro de su país. Por eso queremos avanzar hacia la libre circulación sanitaria y para ello tendremos que asegurarnos que las prestaciones también son iguales”, ha explicado en la tribuna el diputado de Ciudadanos Francisco Igea.

"Las diferencias de equidad en el acceso a servicios y prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma en la que los pacientes residen es uno de los problemas crónicos del SNS", señala el partido en el texto, en el que señala que el Gobierno de Mariano Rajoy ha "agravado" esta situación al "vaciar" el Fondo de cohesión sanitaria.

Fuentes de Ciudadanos insisten en que "no puede ser que el Gobierno quiera dar tarjetas sanitarias a turistas o inmigrantes sin permiso de residencia y los nacionales no tengan ese derecho garantizado entre Comunidades Autónomas".

La iniciativa, que es una “autoenmienda” a otra proposición no de ley presentada por Ciudadanos en el 2016, solo ha contado con el apoyo del Partido Popular y ha sido rechazada por la mayoría de los grupos de la Cámara, que han recordado a Ciudadanos que la interoperabilidad en las recetas electrónicas ya opera en quince comunidades autónomas.





Toni Cantó
✔@Tonicanto1


PSOE, Podemos y los nacionalistas votan en contra de nuestra propuesta de una Cartera Única de Servicios Sanitarios para que todos los españoles tengan las mismas prestaciones independientemente de dónde nazcan o residan" #Pleno
19:58 - 26 jun. 2018
847
965 personas están hablando de esto
Información y privacidad de Twitter Ads


Responsabilidad del Estado

Ciudadanos reconoce que ha habido ejecutivos anteriores que han intentado poner fin a estas desigualdades. Así, recuerda la implementación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) y la compatibilidad de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS).

Dos medidas, apunta, con las que cualquier ciudadano no tendría problemas a la hora de ser atendido por los profesionales sanitarios en cualquier parte del país, si bien lamenta que éstas no han llegado a ponerse en marcha, ni en su totalidad ni de forma homogénea, debido a que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

Aún así, recuerda que "la responsabilidad de velar por la equidad y la igualdad del conjunto de la ciudadanía corresponde al Estado", y por eso insiste en reclamar al Gobierno una tarjeta sanitaria única, además de facilitar la extensión de la receta electrónica y la historia clínica digital.

A la par el PSOE recupera la "sanidad universal"

Mientras el Congreso rechaza eliminar las trabas territoriales para el acceso a la sanidad que sufren muchos españoles ”desplazados” a otras comunidades, el Gobierno y las CCAA siguen trabajando para recuperar la sanidad universal.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha asegurado este lunes que el diálogo con las comunidades autónomas para recuperar la asistencia universal “está dando sus frutos”, por lo que se podrá “llegar a buen puerto” en el Consejo Interterritorial.

Representantes del ministerio y los consejeros de Sanidad de las comunidades se reunirán este jueves en el Consejo Interterritorial que presidirá Montón y cuyo único punto del orden de día será devolver atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a los que en 2012 se les retiró la tarjeta sanitaria.

“Creo que es algo importante que en solo 18 días nos hemos puesto a atender lo urgente que es devolver la sanidad universal pero también normalizar las relaciones con la sociedad civil y con las comunidades autónomas”, ha destacado Montón en declaraciones a los medios antes de inaugurar la Asamblea de representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.Cs lleva al Congreso la tarjeta sanitaria única para toda España. 

martes, 26 de junio de 2018

El Govern coloca a la huida Meritxell Serret al frente de la 'embajada' de Bruselas


La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret, huida en Bélgica desde noviembre. (EFE)

Meritxell Serret, imputada por el juez Pablo Llarena y prófuga de la justicia, será nombrada delegada de la Generalitat en la oficina de Bruselas, con un sueldo de 80.000 euros, y sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya actuado aún contra su nombramiento.

Los independentistas aprovechan la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, postrado a los pies de los separatistas vascos y catalanes, para abrir toda su red de embajaditas que cuestan cerca de seis millones de euros con el único fin de difundir su mensaje ideológico en vez de servir a todos los catalanes.

Sánchez permite así que los independentistas puedan volver a ocupar espacio público para sus fines, permitiendo ahora que una imputada sea la nueva delegada en Bruselas, toda vez se han levantado los controles de Hacienda a las arcas catalanas. Todo ello con el beneplácito del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha levantado el 155 de la Constitución Española y no ha puesto medidas para controlar el destino del dinero de todos los catalanes.

De esta forma, Serret trabajará junto a la sede de la Comisión Europea, el escenario que había escogido Roger Torrent para entrevistarse con Carles Puigdemont, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo impidió.

Con este nuevo privilegio, los separatistas continuarán copando espacio público, a costa de los contribuyentes españoles, para volver a fabricar su mensaje de que son una región colonizada y de que España les odia. Sánchez, en vez de cortar de raíz el problema, prefiere que éste se prorrogue en el tiempo.

Serret fue elegida diputada de ERC en las elecciones del 21D aunque posteriormente renunció a su escaño al no poder delegar su voto, ya que reside en Bruselas desde que a finales de octubre se desplazó conjuntamente con otros miembros del anterior Govern para evitar la prisión.

Se abrirán en las próximas semanas las seis delegaciones de la Generalitat que fueron cerradas con la aplicación del 155: Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Francia, Suiza y EEUU. La delegación de la Generalitat en Bruselas fue la única en el exterior que siguió funcionando con la aplicación del artículo 155, puesto que el resto de delegaciones fueron cerradas, aunque el delegado que había en Bruselas, Amadeu Altafaj, fue cesado y el cargo quedó vacante hasta hoy.