Entre trileros anda el juego

La portavoz socialista Adriana Lastra y el diputado del PNV Aitor Esteban, este martes en el Congreso de los Diputados. BERNARDO DÍAZ

Pedro Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su Presupuesto

Desesperado por conseguir una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que aprobar la nueva senda de déficit y salvar los Presupuestos con más gasto público, como le exige Podemos para dar su visto bueno, el Gobierno echó este martes mano de una argucia que despierta dudas legales para saltarse la decisión de la Mesa del Congreso. Donde la mayoría que forman el PP y Ciudadanos rechaza cualquier acelerón en los tiempos parlamentarios y que condena a la reforma instada por Pedro Sánchez a una tramitación lenta en el Congreso y, posteriormente, en el Senado.

Ante esta situación de «bloqueo» -denuncia el PSOE-, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a última hora de la tarde una enmienda en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos ni el déficit. Se trata de una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género que se está tramitando en la actualidad. Utilizando este canal abierto en el Registro del Congreso, el PSOE coló una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que alude a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit. Para arrebatarle esta potestad y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso en el caso de que el Senado votase en contra. Lo que ya sabe que va a suceder porque el PP tiene mayoría absoluta.

Intenta tocar el techo de gasto aprovechando la enmienda a una norma sin relación alguna

La sorpresa fue mayúscula y el estupor corrió entre los grupos de la oposición y algunos juristas consultados por este periódico, pues se trata de una práctica en desuso desde hace muchísimo tiempo. Es más, fuentes parlamentarias advierten de que pedirán un informe a los letrados del Congreso para saber si esta práctica entra dentro de la legalidad al tratarse de una reforma de una ley orgánica, es decir, una norma de alta importancia porque desarrolla los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. En este caso, en el artículo 135.

Fuentes socialistas justifican la triquiñuela como «algo habitual y constitucional» y que, incluso, apuntan, han hecho anteriormente otros gobiernos. Porque, aseguran estas fuentes, cuando se tramita una ley orgánica «se puede modificar otra». Una treta que argumentan ante el «bloqueo» ocasionado por el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso y su rechazo a tramitar la reforma mediante lectura única sin escuchar la opinión a favor de la Junta de Portavoces.

Frente a la opinión del PSOE, los letrados consultados por este periódico recuerdan la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional dictada precisamente para evitar esta práctica que era muy habitual en el Senado. En virtud de la misma no es admisible en la Cámara Alta introducir enmiendas que no tengan nada que ver con el objeto del texto legal en el que se pretenden insertar.

Los expertos avisan de una sentencia del Constitucional contra una práctica similar

Los expertos aseguran la posibilidad de que los letrados del Congreso puedan argumentar que, por analogía con el Senado, también en la Cámara Baja es de aplicación lo establecido por el Tribunal Constitucional y, por tanto, no se permita enmendar una ley a través de otra que en nada tenga que ver.

En este caso, el asunto es especialmente sensible a la hora de las formas, como subrayan también otras fuentes, puesto que se trata de quitar una competencia a otra Cámara. Algo siempre delicado.

Ante lo que pueda ocurrir, el PSOE mantendrá abierta la reforma ordinaria de la ley, tras su admisión este martes por el Congreso. Y las fuentes socialistas apuntan que si la Mesa admite la lectura única desistirá de esta vía.

Sánchez juega con la Constitución como cortina de humo o para algo peor

El Gobierno intenta tapar los problemas del presidente con la tesis lanzando una idea que antes había rechazado y que estimula, al tocar la Constitución, al independentismo y al populismo.

En otro alarde de frivolidad que sustituye la propuesta tranquila por la ocurrencia publicitaria, Pedro Sánchez ha anunciado una medida que, en realidad, ni es suya ni la apoyó cuando otros la presentaron. Desde 2013 el ahora presidente del Gobierno ha venido rechazando la desaparición del aforamiento para los políticos, ora propuesta por UPyD, ora por Ciudadanos. E incluido, por cierto, en el programa del PP.

Si a Sánchez le hubiera parecido interesante esa propuesta, o no la hubiera despreciado en el pasado reciente o, ahora, se hubiera sentado a promoverla con el partido de Rivera, que de hecho ya la ha llevado al Congreso, y con el de Casado, que la incluye en su hoja de ruta.

Los independentistas verán una oportunidad de incluir en este debate su conflicto; y Podemos lo endulzará para defender el derecho a decidir.

Prescindir de ese respaldo y presentar la reforma para conmemorar sus primeros cien días en el Gobierno -otra operación de marketing innecesaria- desvela su intención: desviar la atención de la polémica sobre su tesis doctoral, que dista mucho de haber terminado, por mucho que el afectado y sus altavoces hagan lo imposible por enterrarla.

Un presidente débil y frívolo

Es tan burdo el intento como sin embargo eficaz, viendo cómo la práctica totalidad de medios de comunicación han variado su agenda para centrarse en la enésima ocurrencia sanchista, especialmente peligrosa por una poderosa razón: agitar la bandera de la reforma de la Constitución desde un Ejecutivo que depende de los dos bloques ideológicos que más quieren enterrarla es una lamentable manera de alimentar esas intenciones.

Estaba claro que el presidente del Gobierno no iba a tardar mucho en sacarse algún conejo de la chistera para desviar la atención de su tesis doctoral, y de cuestiones aún más graves, como su contemporización cómplice con los golpistas de Cataluña o su propuesta de subir todavía más los impuestos. Con todo, sorprendió en un primer momento que su cortina de humo fuese una propuesta de regeneración de Ciudadanos que, además, ya estaba asumiendo el PP: la supresión de los aforamientos.

Basta, sin embargo, un vistazo al esperpéntico proyecto de Sánchez para constatar que en realidad es un fraude como su tesis doctoral. No otra cosa cabe decir de una propuesta de supresión de los aforamientos que, aun requiriendo una reforma constitucional, ni siquiera afectaría a un 1% de las 250.000 personas que, en distintos grados, gozan de ese privilegiado tratamiento judicial. Para colmo, los diputados nacionales, los senadores y los ministros, los únicos a los que atañería esta farsa, mantendrían su privilegiada protección si las acusaciones contra ellos guardasen relación con el ejercicio de sus funciones.

Los independentistas verán una oportunidad de incluir en este debate su eterno conflicto, mientras que Podemos lo endulzará para defender, en la práctica, el inexistente derecho a decidir. Incluso el modelo de Estado, con una monarquía parlamentaria, puede ser ahora objeto de discusión. En el peor momento posible, con el presidente más débil de la democracia y, en consecuencia, con los socios de La Moncloa más exigentes y decisivos. Por muy de acuerdo que Cs y PP puedan estar con esa propuesta de Sánchez, plagio de otras, deben evitar caer en su juego.

Si además Sánchez está pensando en que un eventual desaforamiento de los cargos públicos -que ahora no son impunes; simplemente tienen al Supremo por referencia, sin posibilidad de recurso por cierto- puede perjudicar a Casado; se confirmará su tendencia a jugar con los asuntos estructurales del Estado en función de sus intereses individuales y cortoplacistas.

Ligerezas

Por muy de acuerdo que Cs y PP puedan estar con esa propuesta de Sánchez, plagio de otras por él abortadas, deben evitar caer en su juego. Porque incluso en el caso de que poner en solfa la cuestión territorial no sea la intención del presidente, ésa puede ser la consecuencia de sus ligerezas.

Obviar al Senado, el objetivo del Gobierno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. MariscalEFE

El Gobierno aplaza la aprobación de la senda de déficit hasta concretar la reforma pactada con Podemos

El Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aprobación de la senda de déficit y de deuda para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, que fue rechazada por el Congreso en julio, hasta concretar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pactada con Podemos que acabará con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit.

Una decisión que va encaminada a evitar que el Partido Popular pueda vetar en el senado estos objetivos de déficit, pero que supone incumplir la Ley Orgánica de Estabilidad que obligaba al Gobierno a remitir la senda al Congreso antes del próximo lunes, día 27 de agosto.

En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, para volver a aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos a las Cortes Generales, donde debían ser refrenados tanto por el Congreso como el Senado.

El Gobierno debía aprobar de nuevo esta senda tras el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos el Ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, únicamente PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria, votos suficientes frente al rechazo de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. 

Precisamente, acabar con el poder de veto del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha sido una de las exigencias de Unidos Podemos para apoyar, esta vez sí, la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Una exigencia aceptada y acordada este miércoles, y que contaría con el apoyo de ERC, PDeCAT y PNV.

Podemos no ha mentido en esta ocasión. Pondrá caro al PSOE el precio a pagar para aprobar sus propios Presupuestos, si es que lo hace y no provoca, como es previsible, un cisma en la izquierda según se acerquen las elecciones. Además se ha delatado sin complejos. No se trata de negociar con el PSOE unas cuentas públicas expansivas, arriesgadas con el déficit y confiscatorias para la clase media. Se trata, como sostuvo ayer Pablo Echenique, de «eliminar la última palanca de poder del PP» y de romper las normas no escritas de nuestra convivencia democrática.

Podemos ha presentado el acuerdo como un avance arrancado al PSOE en pro de la «gobernabilidad progresista». Quiere decir que acaba con cualquier posibilidad de influencia por parte del PP y convierte a este, por tanto, en un rehén en sus manos. Resulta lógico que Podemos rentabilice una de sus pocas iniciativas en los últimos meses. Aun así, la fanfarronada tiene bastante de cierto. Cada vez se percibe mejor cómo, para seguir en La Moncloa, Pedro Sánchez hace suyas propuestas que le deberían ser ajenas, como esta de pasar por encima del Senado.

Para Pedro Sánchez la democracia es una molestia, el poder ejecutivo no tiene por qué respetar las competencias del legislativo, toda esa España representada por los adversarios, es decir por la mayoría del Partido Popular en el Senado, es una rémora. ¿Para qué contar con ella? Este va a ser un grave error de Sánchez al quedar al albur de Podemos, porque el objetivo de Iglesias nunca se limitará a ser el porta-maletines del PSOE y tarde o temprano la izquierda se fracturará ante las urnas.

ERC pactó una “compensación mensual” con Santi Vidal

El ex juez Santiago Vidal pactó con ERC un pago mensual de 3.000 euros al dimitir "sin oposición" como portavoz de esta formación en el Senado en enero pasado, según informa Europa Press. Su compromiso consistió en realizar informes para la Fundació Irla, vinculada al partido, hasta febrero de 2018, en que prevé reincorporarse a la carrera judicial.

Así consta en un correo electrónico que envió el ex juez a Lluís Pérez, director académico de la Fundació Irla y a otra persona llamada Jordi, en el que les reprochaba que no le hubieran pagado la segunda factura que había girado a la citada entidad.

El ex juez Santiago Vidal anunció su dimisión como senador de ERC el pasado 27 de enero, tras conocerse que había afirmado, durante unas conferencias sobre la futura República catalana por varios lugares de Cataluña, que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes, dando a entender que los había obtenido de manera ilegal.

La garganta profunda de ERC

Tras hacer efectiva su dimisión, el juez no podía volver a la carrera judicial ya que fue suspendido de empleo y sueldo por el Consejo del Poder Judicial por un periodo de tres años, que se cumplen en febrero del próximo año.

El e-mail, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está incorporado al procedimiento que investiga el Juzgado número 13 de Barcelona, es del pasado 11 de julio.

En este texto, Santiago Vidal afirmaba que, cuando a finales de enero habló con "Marta" y con "Jordi" le hicieron pedir la dimisión como portavoz de ERC en el Senado y la aceptó sin oposición aunque "no tenía la obligación legal de hacerlo".

El texto proseguía: "Pactamos una compensación mensual de 3.000 euros con el compromiso de colaborar con la Fundació Irla, asumiendo yo los gastos inevitables, hasta que el próximo febrero de 2018 me pueda reincorporar a la carrera judicial".

Vidal relata cuáles son los gastos con los que tiene que correr: 210 euros de retención de IRPF; la cuota de autónomos de la Seguridad Social (75 euros); la cuota del Colegio de abogado en ejercicio (120 euros) y los honorarios del gestor que hace el pago del IVA trimestral (154 euros). Todo ello supone que los ingresos netos sean de 2.441 euros, señala.


El acto de renuncia como senador de Santiago Vidal

Ahora reclama el pago de lo contratado

"Desde entonces han pasado cinco meses y sólo he recibido un pago, que corresponde a los dos primeros informes, la verdad es que he pasado de cobrar 4.300 euros netos al mes como senador de ERC a poco más de 900 euros mensuales", se lamenta Vidal, quien precisa que es consciente de que "esto de la política es una ocupación inestable".

En la queja por el impago de la factura del tercer informe que había hecho para la Fundació Irla continuó recordando que era "la primera vez" en más de 30 años de vida laboral que tenía que "pedir el cumplimiento de un acuerdo personal". 

"Y también será la última -añadió-, por una cuestión de dignidad no pienso volver a hablar más de este tema. La vida me ha enseñado a intentar resolver mis problemas, sobre todo si yo he ayudado a crearlos". 

El vídeo completo con el plan de la Generalitat para dar su golpe de Estado, explicado por el juez y senador de ERC.

https://youtu.be/ud-MCpHjTtw

El "harakiri" de Puigdemont

Puigdemont abre la puerta a la DUI y el Estado pone en marcha el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la comparecencia que ha realizado esta tarde en el Palau de la Generalitat, en Barcelona (Toni Albir / EFE)

Un dia kafkiano en que el President Puigdemont ha conseguido la indignación de sus partidarios, sus socios en el gobierno y lógicamente a sus adversarios. Ha pasado de afirmar que iba a sacar adelante la DUI y contradecirse afirmando que convocaría elecciones anticipadas, para volver otra vez a afirmarse en su voluntad de declarar la independencia, porque el Gobierno de Madrid no le dejaba otra opción.  Después de toda una mañana de anuncios contradictorios, conferencias de prensa fallidas ha dado plantón a los periodistas varias veces desde las 10 de la mañana aplazada a a una y media aplazada en una hora y suspendida definitivamente.Hasta las cinco de la tarde ha hecho una declaración que solo ha añadido mas confusión, salvo que no deseaba viajar al Senado.

Puigdemont ha argumentado que “he estado dispuesto a convocar este selecciones siempre que se dieran unas garantías que permitieran su celebración con absoluta normalidad”, pero ha considerado que “no hay ninguna de estas garantías”. “No existe la intención de detener la represión y de procurar unas condiciones de ausencia de violencia en la que unas posibles elecciones se hubieran podido celebrar”, ha remachado, al mismo tiempo que ha denunciado que el PP “ha aprovechado para añadir tensión en un momento en que hay máxima distensión y diálogo”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidido no convocar elecciones anticipadas y deja en manos del Parlament la decisión de declarar la independencia. Así lo ha anunciado en una declaración institucional en la galería gótica del Palau de la Generalitat este jueves a las 17.00 horas, donde ha alegado que su deber era “agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada y acordada en un conflicto político”.

El presidente ha pasado al Parlament la responsabilidad de decidir la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, una medida que es “abusiva”, “injusta” y se sitúa “fuera de la ley”. Puigdemont ha afirmado que “nadie tiene derecho a reprochar a la parte catalana voluntad de diálogo y de hacer política”, al tiempo que ha aseverado que “corresponde al Parlament proceder, con lo que la mayoría parlamentaria determine, en relación a las consecuencias de la aplicación del artículo 155 contra Catalunya”.

Respecto el 155, ha afirmado que “busca erradicar no sólo el soberanismo, sino toda tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí”. “No acepto estas medidas por injustas y porque esconden, casi sin disimulo, la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el 1-O”, ha concluido. 

“No hay ninguna garantía (para el) que justifique hoy convocar las elecciones”. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rechazado este jueves convocar comicios autonómicos, de manera que aún deja la puerta abierta a cualquier escenario en el que puede caber una declaración de independencia . El principal motivo que ha alegado el presidente catalán es que no ha recibido por parte del Gobierno las suficientes garantías de que éstas se podrían celebrar con normalidad.

Aunque el margen para el acuerdo es ciertamente estrecho, no es menos obvio que el Gobierno y la Generalidad siguen intentando llegar a un pacto que permita una salida en falso a esta deplorable situación en la que han colocado no sólo a Cataluña sino a toda España la inacción de unos y, sobre todo, el empeño totalitario y liberticida de otros.  La triste realidad es que se trata de un intento desesperado, de una componenda que permita a todos salvar la cara ante los suyos para que pudieran seguir con la juerga. 

Y mañana más: mientras el Senado va a votar el dictamen del 155, y al mismo tiempo el parlament votará varias resoluciones. Probablemente se haga una DUI a mediodía del viernes. O no, porque quizás haya tránsfugas y las cuentas ya no lleguen. Con el sol en lo alto, el nacionalismo enterrará Cataluña en la sima de la discordia y la ruina. Cerrada a cal y canto la caja del dinero, el espíritu del 155 lentamente invadirá las dependencias y chiringuitos autonómicos, TV3 y los institutos y universidades. La fuga de empresas y talentos se convertirá en estampida,... 

Dirección España....

Puigdemont....de un golpe de estado a.... un golpe de efecto

Carles Puigdemont puede comparecer en el Senado para exponer sus alegaciones a las medidas en aplicación del artículo 155 acordadas por el Gobierno entre el próximo martes y, en principio, el jueves 26 de octubre, según el calendario que aprobó el sábado la Mesa del Senado.

Sin embargo, pese a este calendario, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha ofrecido a Puigdemont que comparezca en el Pleno de la Cámara del viernes para exponer su posición sobre la aplicación del artículo 155 si no puede hacerlo ante la comisión el jueves, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Senado ha mostrado públicamente su disposición a que el presidente catalán se explique en la Cámara, por lo que García-Escudero le ha comunicado al portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleríes, la oferta de que pueda ser el viernes.

La elaboración del orden del día de las sesiones plenarias es potestad del presidente del Senado, que podría de esta manera incluir en el Pleno del viernes un turno de intervención para Puigdemont. Se desconoce de momento si a este Pleno acudirá el Gobierno, aunque entre los grupos parlamentarios se da por seguro que lo hará el propio Mariano Rajoy.

La sesión está prevista inicialmente a las diez de la mañana. Será la Mesa de este martes, previa reunión de la Junta de Portavoces, la que convoque oficialmente el Pleno y dé ya los detalles de cómo se va a ordenar el debate. De entrada, se sabe que puede haber dos turnos de intervención a favor, otros dos en contra y un turno de portavoces, además de que el Gobierno intervenga, si acude, cuando lo considere oportuno y lo haga también, si finalmente acepta, el presidente de la Generalitat.

Será un intento desesperado de obstaculizar o paralizar la aplicación del Articulo 155 que lo mandará directamente al paro. Ahora Carles Puigdemont al parecer ha decidido ir al Senado para hacerse "un Ibarreche" y dejar su curriculum por si lo contratan como traductor del Senado.

Empieza la tramitación del 155

Mariano Rajoy da cuenta de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña / EFE

El Gobierno de España ha tomado el control de la autonomía catalana sin medias tintas, practicasmente no deja cabos sueltos que serán atados en los próximos dias. La situación en Cataluña es tan grave que se impone una larga suspensión de la autonomía para permitir una verdadera regeneración en profundidad. Rajoy impone un 155 duro que supone destituir a todo el Govern, controlar el Parlament y gestionar la autonomía hasta unas elecciones dentro de seis meses.

El presidente del Gobierno ha decidido poner en marcha los mecanismos constitucionales para devolver la legalidad a Cataluña y poner fin al proceso de sedición. Así pues, este sábado comenzó la compleja tramitación del procedimiento que abre el artículo 155 de nuestra constitución, que tendrá en el Senado el principal escenario para que las medidas acordadas por el Consejo de Ministros vayan adquiriendo carta de naturaleza.

Se trata de una decisión largamente esperada por más de la mitad de los catalanes y la inmensa mayoría del resto de los españoles, después de semanas de rebeldía institucional y vulneración flagrante de las leyes por parte de las autoridades de la Generalidad. La devastación de la economía, el descrédito internacional y la profunda división de la sociedad catalana son solo algunas consecuencias de las decisiones de Puigdemont y sus socios, que han puesto a Cataluña fuera de la democracia y del Estado de Derecho en pos de su delirio independentista.

Medidas unilaterales

Según Rajoy, la celebración de un referéndum de independencia y todas las medidas unilaterales adoptadas después, entre ellas la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad los pasados días 6 y 7 de septiembre, ha dado lugar a la activación del 155 y el requerimiento al presidente Carles Puigdemont, de que aclarara si proclamó la independencia en el Pleno del Parlament del 10 de octubre

Rajoy tiene la sospecha de que el Govern buscaba la aplicación del 155, porque “peor no se puede hacer". Ha recordado que se invitó al President a acudir al Congreso a explicar su propuesta. “Lo único que hizo fue liquidar la ley e inventarse otra legalidad paralela”, ha dicho, tras criticar una propuesta de diálogo que “no es tal, sino imposición”.

“No se suspende la autonomía, se cesa a las personas que han puesto el autogobierno fuera de la Constitución y el Estatuto”. Así lo ha asegurado Mariano Rajoy. Unas declaraciones que suenan a juego de palabras, pues el presidente español ha exprimido todas las potencialidades del artículo 155 de la Constitución para hacerse con el control de todo el autogobierno catalán –Generalitat y Parlament— con la idea de que se puedan celebrar elecciones autonómicas en seis meses, cuando esté restituida la normalidad institucional catalana.

En lugar de optar por medidas quirúrgicas, Rajoy ha impuesto un 155 muy duro, tal como pedían algunos sectores de su partido y tras reunirse con líderes europeos, que cerraron filas entorno a la unidad de España frente al reto secesionista. Asimismo, las dos intervenciones del Rey, posiblemente pactadas con Moncloa, pueden haber forzado esa línea dura que incluso sorprende a los expertos constitucionalistas, pues el artículo 155 no se ha desarrollado nunca. Destituir al presidente catalán y a todo su gobierno, así como la toma del control del Parlament, es la interpretación más radical que podía hacer Rajoy. Las medidas anunciadas cuentan con el apoyo de Ciudadanos y PSOE.

La situación en Cataluña, qué duda cabe, exige acabar con el imperio de los separatistas y retomar el control de sus instituciones, entregadas en su totalidad a un proyecto independentista a costa incluso de la destrucción de una de las regiones más prósperas de Europa. Sin embargo, para ello hay que ir mucho más allá de lo que sugirió Rajoy en su comparecencia para explicar la manera en que el Gobierno piensa actuar.

"Desobediencia rebelde y sistemática"

“No se suspende la autonomía –ha precisado–, se cesa a las personas que han puesto el autogobierno fuera de la Constitución y el Estatuto”. Mariano Rajoy ha informado sobre los acuerdos del Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy para acordar las medidas que se pedirán al Senado de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, que se justifican, según el argumentario elaborado por el Gobierno, en la “desobediencia rebelde y sistemática” del presidente Carles Puigdemont.

El Gobierno pedirá al Senado que se le autorice a proceder a la destitución del presidente, el vicepresidente y los consejeros de la Generalitat. La idea es que los ministerios asuman la responsabilidad mientras dure esta situación de excepcionalidad. Asimismo, el Ejecutivo pide tutelar cualquier iniciativa aprobada por el Parlamento de Cataluña, que no podrá proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni hacer debate ni votación de investidura ni, tampoco, adoptar acuerdo alguno fuera del marco de la Constitución y el Estatuto. El Gobierno pretende que se convoquen elecciones cuando se restituya la normalidad institucional en un plazo máximo de seis meses.

Llamamiento a la serenidad

Ha hecho un llamamiento a la serenidad. “Todos juntos lo vamos a superar, como hemos hecho en otros momentos de nuestra historia. Esto se va a arreglar y sin más daño para nadie”, ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien ha reivindicado “el proyecto común que es España”.

Ha asegurado que “el Gobierno no deseaba aplicar esas medidas”, pero cree necesario lograr cuatro objetivos: volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia deteriorada, continuar con la recuperación económica que “hoy está en peligro” por “el capricho secesionista” y celebrar elecciones autonómicas en situación de normalidad.

De las palabras del presidente se desprende que solo hay un objetivo: convocar nuevas elecciones autonómicas a la mayor brevedad. Hasta que eso suceda, el Gobierno catalán quedará destituido y sus instituciones, junto con el parlamento, controladas por el Ejecutivo central. Pero la situación en Cataluña es tan grave tras casi 40 años de nacionalismo hegemónico, que se impone una larga suspensión de la autonomía para permitir una verdadera regeneración en profundidad.

Los lloriqueos de Puigdemont

Ayer por la noche el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de una manifestación, la menos numerosa desde 2010, en la que ya se nota el cansancio y la ausencia de los jefes de la animación, ha anunciado en un discurso victimista y contradictorio que seguirá adelante con la DUI después de que el Gobierno español haya puesto en marcha el 155. Puigdemont -en un discurso en catalán, castellano e inglés- afirmó que es "el peor ataque a las instituciones desde, en su opinión, la dictadura militar de Franco ".

El destituidp presidente ha manifestado que representa "la liquidación de nuestro autogobierno" y "la voluntad democrática de los catalanes". "Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno español lo anula los despachos", ha añadido.

Puigdemont se ha quejado de que sea "con el concurso del Rey" y el apoyo del PSOE y ha insistido en que "no podemos aceptar este ataque" por "la humillación que pretende el Gobierno español". Acusó a Rajoy de situarse "fuera del Estado de Derecho" y ha hecho un llamamiento a "conjurarnos para volver a defender" el autogobierno de manera "pacífica y civilizada".

Lo que pueda decir a partir de ahora Puigdemont ya no le importa nadie, es un irrelevante, tiene los días contados en el poder; o mejor dicho, ya está fuera del poder. El dinamitó la Autonomía de Catalunya, Puigdemont ya no es nadie.

Existen dudas y un áspero debate entre Junts pel Sí y la CUP sobre la respuesta al Estado. Está en la recámara la activación de la "Asamblea de electos", un parlamento alternativo con diputados, alcaldes y concejales separatistas. Para la semana próxima ha anunciado una nueva reunión en Parlamento para llevar a cabo nuevas acciones. Ante la acusación de golpista a Rajoy por la Forcadell (mira quien habla) y el anuncio de la CUP de exiliarse a Perpiñán, (Macrón ya los está esperando) nadie tiene ganas de ser el primer mártir de la nueva patria que vaya a hacer compañia a "los Jordis" en Soto del Real. 

El Parlament paga cuatro veces más a los partidos que el Congreso

Convivencia Cívica Catalana denuncia que se trata de una "financiación encubierta" que multiplica las ayudas del resto de cámaras autonómicas. Los subvencionó el año pasado con 15,8 millones, 117.318 euros por diputado, frente a los 26.609 euros de la Cámara Baja .

Las subvenciones que reciben los partidos políticos, así como el sueldo que cobran los distintos cargos públicos en España, suelen ser objeto de polémica y de debate. El foco se ha agudizado en los últimos años debido al desapego de la sociedad hacia la política, la crisis económica y el nacimiento de nuevas formaciones. Pues bien, según el análisis de las cifras correspondientes al último ejercicio completo, el de 2016, la Cámara que más gasta en subvenciones a los grupos políticos es la de Cataluña. Y lo es por mucha diferencia.

El Parlamento catalán dedicó el año pasado 15,8 millones de euros a subvenciones a los grupos de la Cámara. Es una cantidad muy superior no sólo a la que reservan otros parlamentos autonómicos en sus presupuestos, sino a la que aparece en las Cortes.

Atendiendo al tamaño de cada Cámara, el Parlamento catalán gasta más de 117.000 euros por cada diputado. Una cifra más de cuatro veces superior a la del Congreso (26.600 euros por diputado) y a la del Senado (25.600 euros por cada parlamentario). O dicho de otra manera: el Parlament paga a los partidos lo mismo que el Congreso y el Senado juntos, pese a que el primero tiene 135 escaños y los otros dos suman 616.

Las cantidades que cada cámara reparte entre los partidos que la integran están sujetas a la discrecionalidad de cada parlamento. Y si la diferencia es grande en la comparación de Cataluña con el ámbito nacional, algo parecido ocurre e nivel autonómico. No todos los parlamentos regionales son igual de generosos. Por detrás del catalán se sitúa la Cámara andaluza con una cantidad alta (10,7 millones), pero la tercera ya es la madrileña con sólo 4,3 millones. El resto destina al pago a sus grupos parlamentarios menos de cuatro millones de euros anuales, una cuarta parte que el Parlamento catalán.

Subvenciones parlamentos autonómicos

Estos datos aparecen recogidos en un informe de Convivencia Cívica Catalana, una coordinadora de entidades cívicas y ciudadanos que busca promover el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, fomentar las virtudes cívicas y fortalecer los valores democráticos. Su estudio ha empleado como fuente de información los presupuestos de ingresos y gastos de las propias asambleas autonómicas y de las Cortes.Junts pe

Los números generales también sitúan al Parlament en lo más alto del podio, con un presupuesto de 51,9 millones de euros en 2016, muy por encima de cualquier otra cámara autonómica. En el ratio de dinero gastado por diputado, los parlamentos del País Vasco, Cataluña y Andalucía superan, por este orden, al conjunto de las Cortes. Todos los demás están por debajo.

Sobre los elevados pagos a los grupos en Cataluña a través de subvenciones, «podría considerarse que tras estas cifras tan generosas de transferencias de la Cámara catalana, muy superiores a las del resto de parlamentos autonómicos e incluso de las cámaras parlamentarias nacionales, existe una financiación encubierta de los partidos políticos catalanes y, en particular, de los nacionalistas, aquellos que gracias a una Ley Electoral beneficiosa para sus intereses son mayoritarios desde el inicio de la democracia en la Cámara autonómica», según denuncia Jesús Sanz en su informe para Convivencia Cívica Catalana.

En el marco de ese reparto de subvenciones, Junts pel Sí recabó en 2016 una cantidad de más de 7 millones de euros. Le siguen a continuación Ciudadanos (2,9 millones), el PSC (1,9 millones), Catalunya Sí Que es Pot (1,3 millones), el Partido Popular (1,3 millones) y, por último, la CUP, con 1,2 millones. La asignación a Junts pel Sí es, por ejemplo, más elevada que la que reciben todos los grupos de la Asamblea de Madrid conjuntamente.

Más aún, los 62 diputados de Junts pel Sí reciben para sus actividades en una Cámara autonómica una cantidad más elevada que los 285 diputados de PP, PSOE y Podemos juntos para sus actividades en el Congreso: 7 millones frente a 6,5. El informe desliza en sus conclusiones que estas «cantidades tan desmesuradas que reparte la Cámara autonómica catalana parecen indicar que no se destinan sólo a actividades parlamentarias, sino directamente a financiar a los partidos políticos para otro tipo de actividades». Las subvenciones de dinero público son el principal pulmón financiero de todos los partidos.

Una senadora con mucha cara

La senadora de Podemos por Vitoria, Elvira García Diaz, ha dejado el partido al parecer tras la polémica de sus impagos del alquiler de la vivienda de protección oficial en la que residía en Vitoria, la senadora tampoco abonaba las cuotas que todos los cargos públicos de Podemos han de aportar al partido. 

Pesaba sobre ella una orden de desahucio por el impago de 15 meses de alquiler de una vivienda social por 200 euros mensuales y acumular una deuda de 3.000 euros que ascendia a 5.000 € por los retrasos, que al parecer finalmente evitó, al pagar el nominal a la sociedad del Gobierno Vasco que gestiona las viviendas de alquiler protegido, Alokabide..Lo pagó   justo cuando Elvira García tenía ya una orden de desahucio de su piso de Vitoria.

El colectivo Podemos criticó este miércoles que la acusada, que alegó disputas personales con su expareja para no hacer frente a las últimas quince mensualidades de la vivienda, no comunicara su nueva situación económica al Alokabide, el servicio público que gestiona este tipo de arrendamientos. Estas viviendas  van destinadas a familias que  tienen una situación de precariedad que les impide llegar a fin de mes con sus salarios. Nunca con un salario de 5.700 euros al mes . La plataforma Stop Desahucios asociada a Podemos considera «incomprensible» que no abandonara el piso un alquiler social por el que pagaba 200 euros mensuales.

Además, cuando Podemos concurrió a las elecciones se comprometieron a no cobrar mas del triple del salario mínimo. Los códigos internos de Podemos establecen que los senadores, al igual que otros cargos públicos de la formación, pueden cobrar un máximo de tres veces el salario mínimo. El excedente de esa suma deben aportarlo al partido, que destina la mitad de ese dinero a gastos de funcionamiento y la otra mitad, a fines sociales. la senadora no abono en ningún momento el sobrante de las cuotas ,de acuerdo con el compromiso adquirido por ser candidata de este partido. 

«No es comprensible -destacó la plataforma- que García haya acumulado tantos meses de impago y aceptado que su caso llegara a los tribunales teniendo medios suficientes para cancelar la deuda». A su vez, consideró que las «circunstancias personales» con las que justificó su actuación «no explican un comportamiento que perjudica» a un movimiento que lucha para que la administración vasca no desahucie a los «deudores de buena fe, que son la inmensa mayoría».

Lo curioso es que a pesar del tiempo transcurrido quince meses Podemos solo le ha reclamado esta contribución justo en el momento que la senadora ha decidido abandonar la formación. ¿Cuantos cargos públicos de Podemos incumplen esta obligación?

A partir de su decisión de pasarse al grupo mixto ha aumentado de golpe su salario en un 25% ha pasado de cobrar 5.600 euros mensuales a 7.000 euros por los gastos de funcionamiento por el hecho de pertenecer al Grupo mixtos del Senado. (Por esta misma cuestión los de Podemos se lanzaron contra Rita Barberá cuando no tuvo mas remedio que abandonar el PP). ¿No sería interesante nombrar a esta señora, ministra de Hacienda? Con este sistema de ahorro a costa de los demás, podría encumbrar a España como la primera potencia económica mundial.

Ficha de la Elvira García (Podemos) en el Senado / CG

El Indio de cricket, reconvertido en senador independentista por ERC

La renuncia de ex juez Santiago Vidal de su cargo como senador, ha dado paso al siguiente en la lista de ERC para el senado. Pues bien, a la Cámara ha llegado este martes su sustituto, con un perfil, como poco, curioso. Se trata de Robert Masih Nahar, nacido en La India, residente en Cataluña desde apenas 2005, pero ya con fuertes convicciones independentistas.

Como es habitual en este tipo de acto solemne, el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, ha preguntado al nuevo senador si acataba la Constitución. Y con un muy precario castellano casi ininteligible, el senador Masih Narah ha protagonizado este surrealista diálogo.

- Pío García-Escudero: "Senador Robert Masih Narah, ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?".

- Senador Masih Narah: "... hasta la proclamación de la República catalana, por imperativo legal".

- Pío García-Escudero: "¿Pero acata o no acata?".

- Senador Masih Narah: "Hasta la proclamación de la República catalana".

- Pío García-Escudero: (suspiro) "Suerte y bienvenido".

Y algunos abucheos se han podido escuchar cuando el nuevo representante de los independentistas, con evidentes problemas para desenvolverse en nuestro idioma, ha regresado a su escaño.

Robert Masih Nahar nacido en La India, residente en Cataluña desde apenas 2005, pero ya con fuertes convicciones independentistas, no podría haber empezado con peor pie. El indio empresario del críquet reconvertido en devoto independentista ha mentido a la Cámara Alta a las primeras de cambio. Concretamente ha ocultado a la Cámara Alta sus negocios al frente de la empresa Europe Sports Traders SL. en la declaración de bienes y rentas que todos los senadores han de presentar al adquirir su condición de tales. Asi lo informa EsDiario.

Robert Masih Nahar, el primero por la derecha.

Según figura en el Registro Mercantil, consultado por ESdiario, Masih Nahar es desde abril de 2015 el administrador único de una sociedad limitada llamada Europe Sports Traders SL, con domicilio social en Barcelona y que tiene por objeto "el desarrollo y compra y venta de material de todos los deportes, organizar eventos deportivos, organizar torneos, gestionar clubs e instalaciones deportivas, importación y exportación de material deportivo".

Además de vicepresidente, es miembro fundador de la Federación Catalana de Críquet. Además de jugar al críquet, promueve ese deporte y también es representante del críquet catalán en el comité internacional. Trabaja en temas relacionados con la inmigración y la integración y, de hecho, forma parte de la sectorial de Ciudadanía y Migraciones del partido.


Sin embargo, en la declaración que el nuevo senador de Esquerra ha presentado en la Cámara Alta (puede consultarla aquí) no hay ni rastro de esa empresa, que debería haber declarado. Es más, Masih Nahar no reseña más retribuciones que 2.500 euros por la "prestación de servicios" que no especifica. El apartado de Sociedades aparece vacío.

En cuanto a sus bienes dice tener un BMW X5 adquirido en el año 2010. Ni vivienda ni ningún otro patrimonio inmobiliario, ni tampoco planes de pensiones ni más ahorros que 2.700 euros en una cuenta corriente. 

Y Rita, se da la vuelta

Hoy 13 y martes negro para el Partido Popular, el dia que Luis de Guindos está declarando en el Congreso por el "caso Soria, Jaume Matas pacta con fiscalía declarar a cambio de no volver a prisión y que Bárcenas ha decidido retirar la querella por la destrucción de su ordenador, Rita Barberá ha sido formalmente encausada y solo una fecha le separa de la categoría de imputada. Será el momento en que la actual senadora del Partido Popular tenga que acudir al Tribunal Supremo ante el magistrado designado por turno: quien fuera Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, de ideología izquierdista que ha prestado servicios al gobierno de Rodríguez Zapatero.

El instructor sostiene una hipótesis que se basó primero en escuchas telefónicas. Al parecer, los investigados recibían en sobres dos billetes de 500 euros para posteriormente lavarlos a través de una transferencia de 1.000 euros en concepto de donativo a una cuenta del Partido Popular. Una conversación de las intervenidas señala a la exsecretaria del PP en Valencia y mano derecha de Barberá, Mª Carmen García Fuster, como la encargada de repartir el dinero entre el personal dispuesto a colaborar.

La senadora del PP, Rita Barberá, que había subido al tren en Valencia camino a Madrid donde la senadora tenía previsto acudir a la constitución de las dos comisiones de las que forma parte esta legislatura. Al conocer la noticia y tras una conversación con la cúpula del PP, se decidió que no apareciera por Madrid. Barberá se bajo del AVE y se dio la vuelta en Cuenca hacia Valencia Ella se ha excusado ante la dirección del grupo popular en la Cámara Alta y esta tarde no acudirá a las sesiones constitutivas de las dos comisiones de las que forma parte, según han explicado fuentes de este grupo parlamentario.

La noticia de la apertura de una investigación sobre Rita Barberá en el Tribunal Supremo ha dejado mudo al PP. Aunque se esperaba desde hace tiempo la decisión judicial, la consecución de los hechos obliga a los populares a mover ficha, ante la amenaza -que acaba de reiterar Albert Rivera- de que perderán su apoyo para una investidura si no la obligan a abandonar el escaño en el Senado.

El desacato no debe ser un plus

La resolución del Tribunal Constitucional y el inmediato llamamiento a la revuelta de los separatistas catalanes ha confirmado que no basta con medidas judiciales contra el proceso ilegal para la separación de Cataluña. El Alto Tribunal optaron por no abrir en estos momentos ninguna vía penal contra la Forcadell y dejarlo todo a expensas de analizar el informe que se le ha solicitado. En concreto, se le ha requerido, al igual que al resto de los integrantes de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la Cámara, Pere Sol i Ordís, para que ,en un plazo de 20 días hábiles informen sobre si las actuaciones que dieron lugar a la resolución ahora suspendida «han contravenido» la sentencia del 2 de diciembre del pasado año, en la que se anuló la resolución soberanista y el auto del pasado 19 de julio, en el que se advertía de que podría haber «consecuencias» si continuaban con el «Procés».

Una vez recibidos estos informes, el Tribunal Constitucional decidirá si aplica, que sería por vez primera, las facultades que le otorga la nueva ley orgánica para hacer cumplir sus resoluciones: multa de hasta 30.000 euros, suspensión en sus funciones de las autoridades incumplidoras, requerir la colaboración del Gobierno para hacer cumplir sus sentencias o «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder», o, por el contrario, entiende que en estos momentos no es procedente la adopción de ninguna de esas medidas.

Es decir, los advierte taxativamente de que el Parlament no podrá tramitar ninguna iniciativa que tenga como objetivo crear estructuras o encaminadas a la «desconexión» o independencia unilateral, pues lo contrario supondría que se les podría imputar un delito de desobediencia. Por tanto, ni por acción ni omisión podrán permitir que «se cuele» una propuesta o iniciativa dirigida a lograr esa independencia unilateral.

Desde hace tiempo que desde los medios secesionistas se está avisando que a cada medida contra el procés aparecen nuevos independentistas, como medio de intentar paralizar cualquier réplica del estado, es cierto. El desentenderse por parte del gobierno y tomar medidas judiciales laxas sin sanciones de verdad contra las continuas provocaciones de sus líderes, si enardece a las bases. Solo les falta el mártir para esta causa.

Huelga la propuesta de iniciar un proceso penal a la presidenta. Es políticamente incontestable que incumplió su deber, Crear mártires es inútil cuando el problema desborda lo legal para erigirse en político, y merece ese trato. La señora Forcadell ni es ni debe ser Juana de Arco. Pero está por ver, si el estado aplicara un buen escarmiento a todos y cada uno de sus promotores, iba a provocar este mismo resultado. Hasta que no llegue el nuevo gobierno y aplique de una vez el 155, habrá que mantener la calma.

Convergencia al Grupo Mixto

Un buen paso ha sido la negativa de los partidos constitucionalistas que la antigua Convergencia pudiera tener grupos en el Senado, y en el Congreso. Ahora pretenden presentar recurso al Constitucional, el tribunal que constantemente desobedecen y descalifican. 

Hay una diferencia abismal entre estar en el grupo mixto o contar con un grupo propio en el Congreso y el Senado. Económica, sobretodo. Pero también en cuanto a representación parlamentaria y presencia en los medios de comunicación. Estos son los beneficios que no tendráConvergència tras quedarse sin grupo en las Cortes.

Con su propio equipo se garantiza la participación en todas las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y tener voz propia en la Junta de Portavoces. También hubiera ganado en las intervenciones en todos los debates, ya que los miembros del Grupo Mixto tienen que repartirse tanto los tiempos en el atril como los asientos de las comisiones.En las sesiones de control, por ejemplo, contar con un grupo propio permite tener espacio para preguntar e interpelar al Gobierno. Además, hay ventajas para incluir sus proposiciones no de ley en los plenos.

Durante la corta XI Legislatura, los partidos que consiguieron grupo recibieron en el Congreso una subvención fija de 28.597,08 euros mensuales y otra variable, en función del número de diputados que componían el grupo, que ascendía a unos 1.645,49 euros mensuales por escaño. CDC, con sus ochos diputados, hubiese recibido alrededor de 2 millones de euros en los próximos cuatro años. En el Senado, Convergència recibió 22.424 euros cada mes en la anterior legislatura.

Además, sólo contando con un grupo parlamentario propio se pueden cobrar subvenciones por envío gratuito de propaganda electoral durante la campaña (Convergència gastó alrededor de 1,5 millones en este concepto en los últimos comicios). Y las ventajas se prolongan para las siguientes elecciones, porque los que ahora han conseguido representación propia tendrán opción a presencia en los futuros debates electorales y planes de cobertura informativa de los medios públicos.

Convergència no cumplía con los requisitos que establece el artículo 23 del Reglamento del Congreso. Para tener grupo propio, la ley establece que hay que conseguir 15 escaños en las elecciones o lograr al menos cinco y, además, sumar el 5% de los votos a nivel nacional o bien un 15% en aquellas circunscripciones en las que se presenta el partido. El 26J, CDC mantuvo los ocho diputados pero no consiguió el 15% de los votos en las cuatro provincias catalanas. Ni tan siquiera lograron ese porcentaje en el conjunto de Catalunya.

De esta manera aunque nadie quiera reconocerlo, salvo Ciudadanos que se ha felicitado de ello, con esta decisión se les limita la voz en un foro que ellos no desean ya permanecer salvo para intentar crear nuevas confrontaciones y de paso el Estado Español se ahorra, a cargo a nuestros impuestos, mas de seis millones de euros a los españoles, que serían destinados, sin ninguna duda, a agitación y propaganda subversiva contra España.

Al enemigo ni agua.

Los pinganillos del Senado

De verdad que no entiendo como un tema que en estos tiempos de crisis el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso y el Senado no haya sido  capaz de resolver este atentado al sentido común que representa la supervivencia de unos pinganillos inútiles a disposición de unos nacionalistas caprichosos a cargo de los impuestos de todos los españoles.

El PP, sin embargo, votó en contra, hace pocos días -y por segunda vez-, a la propuesta presentada en el Congreso por UPyD para eliminar el uso de la traducción simultánea, que conlleva un coste reflejado en los Presupuestos Generales de 350.000 euros. De haber votado a favor, y dado que tienen mayoría absoluta, el uso del pinganillo hubiera desaparecido de la Cámara Alta.

Ahora  en el Pleno del Senado han vuelto a votar por su eliminación, sin embargo, en el Congreso los parlamentarios del PP votaron en contra de que su eliminación.

Si en un tema tan elemental como éste ni siquiera logran ponerse de acuerdo los políticos del mismo partido, que podemos esperar de ellos para que tomen las decisiones acertadas para nuestro futuro y sigan viviendo a nuestra costa. Para mi el Senado en sus mas de treinta años de existencia ha dado sobradas muestras de su nula utilidad. Deberían cerrarlo urgentemente y estos inútiles marcharse a sus casas.