lunes, 30 de abril de 2018

Vivir de caridad en un piso de 5.000 euros al mes



La caradura de Anna Gabriel pide dinero para mantenerse mientras vive a todo lujo en un piso de 5.000 euros mensuales. El pueblo en el que nació, Sallent de Llobregat, organizó el pasado mes de febrero un concierto a beneficio de Anna Gabriel. Se da la circunstancia que el Tribunal supremo no ha dictado orden de busca y captura t solo tendrísa pendiende un juicio por desobediencia cantigado con una simple sanción.

Lo ha desvelado Ignasi Guardans, abogado y ex diputado autonómico del Parlamento catalán por CiU. Según el letrado, Anna Gabriel no está en una situación tan crítica como quiere hacer ver: "Un apartamento en Ginebra de 80 metros cuadrados son unos 5.000 euros al mes, en la zona donde vive Anna Gabriel pueden llegar a los 10.000", ha afirmado en el programa Espejo Público, según recoge informalia.

Hace ya un mes que la ex diputada de la CUP, que huyó a Suiza tras ser convocada por el Tribunal Supremo, lanzó una petición de ayuda a través de un vídeo en el que afirmaba que no encontraba trabajo como profesora (aunque no se plantea buscar un empleo por debajo de su cualificación) y que su situación económica empezaba a ser preocupante: "Es duro y doloroso, lo digo para la gente que cree que estoy pasando unas vacaciones".

Al parecer, el pueblo en el que nació, Sallent de Llobregat, organizó el pasado mes de febrero un concierto a beneficio de Anna Gabriel, para el que recaudaron 6.000 euros, pero estos ya se han agotado y la ex diputada está al límite: "Si no tiene trabajo en Suiza y no puede demostrar que se puede mantener, no se puede quedar", ha desvelado este lunes Daniel Ordás, un abogado afincado en Ginebra. "Si quiere seguir huyendo puede irse a América Latina, no es por darle ideas pero si quiere podría seguir esa ruta", ha apuntado Ignasi Guardans.

El último mazazo para Anna Gabriel ha sido el rechazo por parte del gobierno suizo a concederle el asilo político. El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, considera que el país "no puede entrar en materia" ante una eventual petición de asilo por parte de dos políticas independentistas huidas a Ginebra (también se refiere a Marta Rovira) y que están requeridas por la Justicia española, porque "no se dan las condiciones".

Los jueces no se fían de los Mossos

Comisaría de los Mossos d'Esquadra.

La justicia catalana no se fían de los Mossos: sólo les encargan asuntos de corrupción. Les han dejado fuera en investigaciones sobre yihadismo y sobre independentismo radical

Se está generando entre los mandos de los Mossos d’Esquadra un ambiente de alarma, preocupación e incluso desánimo, por al descenso del número de investigaciones que se les está asignando por parte de la Justicia. Algunos mandos temen incluso por el futuro del cuerpo.

“Sólo nos llaman de Fiscalía Anticorrupción”. Es la queja que formula un alto cargo de los Mossos a El Confidencial Digital. Según sus propias estadísticas, las investigaciones asignadas al cuerpo no dejan de bajar, especialmente desde hace unos meses.

Ya no les requieren para casos relacionados con terrorismo, y en concreto, terrorismo yihadista, concreta el citado mando autonómico.

Investigación de los CDR

Es llamativo, a su juicio, el hecho de que no les encarguen investigaciones sobre el independentismo radical, cada vez más creciente e incluso violento en Cataluña desde el surgimiento de los Comités de Defensa de la República.

“Y es nuestra especialidad”, apostilla, destacando que la formación de los agentes incide sobremanera en asuntos de seguridad ciudadana, y los CDR protagonizan actos callejeros la mayoría de las veces.

En este sentido, el citado mando matiza que a la policía autonómica sí se le encargan asuntos de seguridad urbana, como son vigilancia y seguridad de instituciones, organización de dispositivos especiales con motivo de manifestaciones y protestas… Lo que critican es que hayan contado con la Comisaría General de Información para que se hiciera cargo del seguimiento y vigilancia de los cabecillas de los CDR.

En un principio, la Fiscalía del Supremo solicitó que fueran los Mossos quienes asumieran la investigación, pero el Ministerio Público de Cataluña cambió de criterio y la asignó a la Guardia Civil.

Los atentados de Barcelona y Cambrils

Los Mossos calculan que esta situación se viene produciendo desde hace tiempo, sin que las fuentes consultadas por ECD puedan precisar exactamente cuándo jueces y fiscales dejaron de asignarles casos de investigación.

Sin embargo, sí pueden concretar que se ha agudizado coincidiendo con los atentados de Barcelona y Cambrils, de agosto del año pasado. Añaden que no pueden afirmar con seguridad que su gestión de los hechos entonces haya sido la causa de que los jueces y fiscales hayan dejado de llamarles. Sin embargo, analizando los datos de que disponen, sí pueden establecer una coincidencia temporal.

Lo achacan a una probable y creciente desconfianza de la Justicia hacia la policía catalana por no haber establecido a tiempo las conexiones entre la explosión de Alcanar y la célula terrorista que atentó días después en la ciudad condal.

El papel de los Mossos el 1-O

Según miembros de la Fiscalía Anticorrupción consultados por ECD, los motivos que han llevado a sus compañeros del Ministerio Público, tanto en Cataluña como en la Audiencia Nacional, a desentenderse de los Mossos es sobre todo su comportamiento en el referéndum del 1-O.

Pese a que la consulta estaba prohibida por el TC, y buena parte de los colegios electorales fueron cerrados por los agentes catalanes, es cierto que otros mossos protagonizaron actuaciones dudosas. A algunos, incluso se les vio ayudando a trasladar urnas y papeletas, o encarándose con los antidisturbios de la Guardia Civil que trataban de desalojar los centros de votación.

Además, en la memoria de jueces y fiscales todavía está grabada la imagen del ex mayor de los Mossos, José Luis Trapero, acudiendo a declarar en la Audiencia Nacional, imputado por sedición. Al igual que la de los coches de la Guardia Civil destrozados por la multitud de 40.000 personas que acosaron a los agentes durante el registro de la consejería de Economía, sin que los Mossos hicieran nada por evitarlo.

Desconfianza de los jueces

Todo ello ha contribuido a sembrar la desconfianza hacia los mossos en jueces del TSJC, de los juzgados ordinarios de Cataluña, y de la Audiencia Nacional.

Por ejemplo, tanto el magistrado como el fiscal del juzgado de instrución 13 de Barcelona, que investiga el uso ilegal de datos personales de los ciudadanos por parte de la Generalitat, han decidido prescindir de los servicios de los Mossos y han puesto el peso de la investigación en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran a este confidencial que entienden la inquietud de la policía catalana: "Están cada vez más relegados. Sólo nosotros continuamos pidiéndoles diligencias". Esperan que esta situación sea transitoria, y que se deba a las anómalas circunstancias políticas y judiciales que atraviesa Cataluña.

domingo, 29 de abril de 2018

Los 9 maestros catalanes de la infamia




Denunciados por menoscabo moral


Quiénes son y cómo se comportaron los profesores de un colegio catalán que se dirigieron en tono despectivo y humillante a los hijos de guardias civiles que tenían como alumnos tras el 1-O

Los alumnos aludidos sufrieron de ansiedad y fuerte miedo a represiones. En algún caso, llamaron llorando a sus padres para que fueran a sacarlos del colegio

"Que levanten la mano los hijos de los Guardias Civiles", "parecen (vuestros padres) perros rabiosos"

La mañana del pasado 2 de octubre el profesor de Matemáticas del instituto público El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) no dio clases de álgebra a sus estudiantes de cuarto de Secundaria. La maestra de inglés no enseñó la lengua de Shakespeare a sus alumnos de primero de la ESO. La de Ciencias Naturales tampoco les explicó la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y más tarde, el Superman indepe del centro, apodado así por los alumnos porque apareció en sus redes sociales con una estelada como capa, no se empleó a fondo en la enseñanza del catalán... Ellos y otros cinco profesores más olvidaron sus labores docentespara, según ha denunciado la Fiscalía Provincial de Barcelona, «humillar y señalar» a los hijos de varios agentes de la Guardia Civil, algunos de los cuales estuvieron destinados en el País Vasco en los años de plomo de ETA. En avisperos como Azkoitia o Intxaurrondo. En la Guipúzcoa de los tiros en la nuca. Allí donde les señalaban o les miraban con cara de odio por llevar el tricornio. Ahora, ya con la banda derrotada, estos mismos agentes sienten que vuelven a estar en la diana. Y no sólo ellos. También su flanco más débil, sus hijos. Y en el interior de un aula por la presunta culpa de unos maestros que, según el escrito de la Fiscalía, han querido discriminarles ante sus compañeros por el mero hecho de ser hijos de la Benemérita.

El clima de hostilidad hacia los hijos de guardias civiles nunca había reinado en El Palau hasta el pasado 1-O. Un centro educativo dependiente de la Generalitat con 1.200 alumnos, dotado de pizarras digitales en cada aula y con los ciclos formativos más punteros de Cataluña. Más allá de alguna riña entre alumnos por chicas, por chivarse de algún copión o por disputar un balón en su pista de fútbol, el instituto no había registrado ningún incidente de calado. La comunión entre el claustro y el alumnado era total. Se respiraba paz en este edificio de color beige situado a 150 metros del cuartel más grande de la Guardia Civil en Cataluña, con 1.500 agentes, y que nutre al instituto de alumnos. En total, 40 estudiantes que estaban totalmente integrados. Ajenos a cualquier lucha política. En un lugar donde nadie les señalaba por ser hijos de agentes. Hasta ese maldito 1-O. La fecha que llevó definitivamente la fractura social a Cataluña. No sólo a sus calles, a sus hogares o a sus empresas. También a unas aulas donde algunos docentes se olvidaron de los principios rectores del sistema educativo catalán como son «el respeto de los derechos y deberes que se derivan de la Constitución y del Estatuto, la inclusión escolar y la cohesión social así como la exclusión de cualquier tipo de adoctrinamiento». Marcando a los descendientes de guardias civiles. Hasta hacerlos llorar. O bajar las persianas de sus habitaciones. Por miedo.

Ahora el fiscal para delitos de odio de Barcelona, a petición de los padres afectados, les ha acusado de un delito de lesiones de la dignidad de las personas por motivos de discriminación por nacionalidad (hasta dos años de prisión) y a cinco de ellos, además, les imputa un delito de injurias graves contra los Cuerpos de Seguridad (con una pena de multa de 12 a 18 meses). Mientras tanto, el director del centro, de origen maño, guarda silencio. Como los profesores acusados. El alcalde socialista de este municipio del cinturón rojo de Barcelona, Enric Llorca, sí ha querido defender a un centro con una trayectoria intachable. También pidió hace siete meses un informe sobre lo ocurrido al departamento de Enseñanza del Bajo Llobregat. Aún lo está esperando.

Gemma Dabán. Maestra de Inglés y organizadora de eventos de salsa


Once y media de la mañana. La profesora Gemma Dabán anuncia a su alumnado de primero de Secundaria que habrá una manifestación en el patio para condenar la violencia policial. Lleva una foto donde aparecen, según la denuncia, 50 guardias civiles. «Parecen perros rabiosos», expresa. Entre sus estudiantes, estaba María Jesús, de 12 años, hija de José, agente de la Guardia Civil. La niña decidió intervenir entre lágrimas para explicar que su padre y sus compañeros sólo cumplieron con su deber. «Si no se hubiesen resistido a ser desalojados del instituto no había pasado nada», aclaró. Gemma, que estudió su carrera en la Complutense y es también madre, la mandó al lavabo a secarse «las lágrimas». María Jesús llegó rota de dolor a su casa y le dijo a sus padres que no quería volver al instituto. 

Estuvo cuatro días sin aparecer. Metida en una habitación. Hundida por haber sido presuntamente señalada por la persona que en teoría debe proteger a los alumnos de este tipo de comportamientos. Fue su padre quien le pidió que regresase a clase. La maestra salió de aquel aula y otra clase siguió, según el escrito de la Fiscalía, con su señalamiento. Ante 25 alumnos, preguntó: ¿Quiénes sois hijos de Guardias Civiles?. Sólo uno levantó la mano. Era Javier, hijo de un guardia civil. 

La maestra está abatida y ha declarado a su entorno que todo ha sido una invención. «Nos han utilizado políticamente. Yo no odio a la Guardia Civil ni me importa que esté en Cataluña. He dado clase a muchos hijos de guardia civiles y hablo a mis alumnos en castellano. También tengo una escuela de baile [se llama Cubanéame especializada en salsa y bachata] a la que vienen guardias civiles. Son declaraciones inventadas porque con una de las niñas que se ha quejado tengo una buena relación. Le habrán dicho que diga eso o a saber», ha dicho insistiendo en que esa mañana solo dio clases de speaking. «Les pedí a los alumnos que describiesen en inglés su casa ideal. Algunos se pusieron a discutir por el 1-O, me limité a separarlos y la niña empezó a llorar», ha llegado a confesar.

Jordi Amorós. Maestro de Matemáticas


Nueve de la mañana del 2-O en El Palau. La acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado para frustrar, ante la pasividad de los Mossos, la consulta ilegal ha levantado ampollas. La máquina propagandista indepe ha convertido a la Policía y a la Guardia Civil, a ojos de la opinión pública, en cuerpos represores con 800 víctimas a sus espaldas [sólo serían cuatro reales]. En ese clima, Jordi Amorós entró en el aula de 4º de la ESO con el rostro cansado. El 1-O había estado encerrado en el centro para posibilitar el referéndum y fue desalojado. «No me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos», explicó Amorós a sus alumnos. No les contó que se resistió a la autoridad. Entre sus estudiantes estaba Carmen, de 15 años e hija de un agente. «Mi padre es guardia civil y no ha pegado ningún palo a nadie», le dijo antes de romper a llorar. Sus lágrimas no compungieron a Amorós porque, más tarde, volvería a causar el llanto de la hija de otro agente llamada Victoria. Amorós pidió un traslado y en diciembre abandonó el centro.

Ruth García. Profesora de Catalán


A las 11 y media de la mañana los alumnos de cuarto de Secundaria que recibieron la no clase de Matemáticas del profesor Amorós tienen, según su horario escolar, una lección de Catalán con la maestra Ruth García. La docente sólo enseña a sus alumnos que «los guardias civiles son unos animales que sólo saben dar palos», según recoge la denuncia. Allí en el aula seguía Carmen, la hija del guardia civil que ya había tenido que soportar las palabras gruesas de Amorós contra la Benemérita. Había aguantado el primer envite del profesor de Matemáticas, pero ya no pudo con el segundo de la experta en catalán. Rompió a llorar desconsolada y llamó a su padre para que la recogiese. «Papá, no aguanto más», le dijo. «A consecuencia de los comentarios y del debate provocado por ambos docentes la menor se sintió señalada y humillada por ser hija de un guardia civil y también angustiada», recoge la denuncia del fiscal que ya ha sido admitida a trámite en el Juzgado número tres de Martorell. La menor lloró durante «todo» el día y preguntó a sus padres si esa hostilidad se iba a prorrogar en el tiempo.

Helena Soler. Maestra de Catalán


Treinta estudiantes de primero de Bachillerato esperan en el aula la llegada de Helena Soler i Puig, reputada escritora, con varias obras en su haber, y profesora de Catalán. Son las 11 y media de la mañana y la maestra, que tiene su Facebook inundado de fotos a favor de la liberación de «los presos políticos» y de esteladas, irrumpe en la sala para anular la sesión de enseñanza. «Hoy no hay clases por estar indignada con la Guardia Civil porque han sido unos salvajes», espetó, según el escrito de la Fiscalía, para acto seguido convocar a sus estudiantes a la manifestación de repulsa que se iba a celebrar a las doce de la mañana en el patio del instituto. Les explicó que los alumnos de Bachillerato irían a la calle y los alumnos de Secundaria al patio del centro por ser menores de edad. 

Entre ellos, estaba Denisse, de 18 años e hija de un agente de la Benemérita. La chica no se arredró y le dijo a Helena que no iba a salir de clase. «Yo vengo al instituto para estudiar, no para hablar de política», le comentó. Y la profesora le replicó: «Pues eso es lo que hay... si no te gusta ahí tienes la puerta». Y Denisse siguió sus órdenes y se fue «afligida» a su domicilio.

David Tomé. Profesor de Catalán


18 días después de que varios alumnos fuesen señalados por algunos profesores por ser hijos de guardia civiles y de que los padres se movilizasen en señal de protesta, hay un profesor que cae en un comportamiento similar, según la Fiscalía. Se trata de David Tomé, al que algunos apodaron el Superman pues apareció en su Facebook con una estelada como capa. La imagen circuló por el Whatsapp de los estudiantes y él decidió borrar la imagen de su red social. Tomé, en una clase de tercero de Secundaria y «conocedor del gran rechazo social generado por el comportamiento humillante de sus compañeros», dijo a sus alumnos: «Que levanten la mano los hijos de los Guardias Civiles». Varios alzaron la mano y fue cuando Tomé les aclaró que entendía que no quisieran hacer la huelga que había convocada en contra de la aplicación del artículo 155 porque eran hijos de guardias civiles y sus padres no eran independentistas. Les explicó que tenían que ir a clase «poniendo en evidencia ante todos los alumnos a aquellos que eran hijos de la Guardia Civil, señalándolos para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula», reza el escrito de la Fiscalía.

Ana Belén Cadenas. Maestra de Naturales


Eran las 11 y media de la mañana cuando la profesora de Ciencias Naturales apareció en una clase de tercero de Secundaria del instituto El Palau. Ante 30 alumnos, y según denuncia la Fiscalía, Ana Belén Cadenas animó a sus alumnos a sumarse a la manifestación que se había organizada en el centro contra la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1-O: «El que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que se baje al patio», les dijo a sus estudiantes. Entre ellos se encontraba Daniel, de 14 años, quien como otros hijos de guardias civiles presentes en el aula y otros estudiantes ajenos al cuerpo declinaron la posibilidad de sumarse a la repulsa. Sin embargo, por allí apareció el jefe de estudios para explicarle a todos los que se habían negado a bajar al patio que debían sumarse a la protesta «viéndose obligados a hacerlo dada su autoridad educativa», según recoge el escrito del fiscal Miguel Ángel Aguilar. Daniel y su hermana Victoria, que había padecido una situación similar, tuvieron que ser recogidos por su madre, víctimas de una crisis de ansiedad.

Lucía Cortinas. Profesora de Naturales

11,45 de la mañana. Pol, de 12 años y estudiante de primero de Secundaria, llega tarde a clase porque había acompañado a otro compañero hasta el botiquín a cubrirse una herida que se había hecho en el patio. Toca en la puerta y pide permiso para entrar. La profesora Lucía Cortinas de Ciencias Naturales le recibe con mala cara. Le deja entrar pero nada más sentarse en el pupitre le dispara una tendenciosa pregunta: «¿Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?». Pol no tardó en verse inundado en un mar de lágrimas. «Se puso a llorar porque no entendía el comentario de la profesora, quedando también señalado como hijo de la Guardia Civil, al que se le atribuía gratuitamente ser autor de un supuesto maltrato policial», se expone en la denuncia. La docente no frenó ahí y dijo a sus alumnos: «Cuando oigáis una música por megafonía debéis bajar al patio durante 15 minutos a protestar por la actuación de la Guardia Civil». Les puntualizó que los agentes habían entrado en el centro rompiendo las puertas. Y Pol, después de aquello, estuvo «apagado» varios días.

Gemma. Maestra de primero de Secundaria

La profesora Gemma de primero de Secundaria decidió minutos antes de que el reloj marcase las 12 de la mañana interrumpir su clase para exigir a sus 25 alumnos que bajasen al patio «para defender la independencia». Entre ellos, estaba Javier, hijo de un guardia civil destinado en la comandancia de Sant Andreu, quien por «miedo a posibles represalias y dado que era algo generalizado para todos los alumnos» decidió seguir las instrucciones de la docente. 

Carina Navarro. Profesora de Catalán

Nueve de la mañana en el instituto El Palau. Primera hora de clase. Los alumnos de tercero de Secundaria esperan una brillante lección de Catalán. Pero se encuentran con que la profesora Carina Navarro decide anular la sesión de docencia con estas palabras: «Estoy muy afectada por los hechos y la actuación desproporcionada de la Guardia Civil ocurridos en el día de ayer». A su estudiante Daniela, nacida un 4 de julio de 2004 e hija de guardia civil, le invadió un sentimiento de culpa. «Se sintió muy afectada porque creía que la clase se había suspendido por culpa de su padre y de sus compañeros, expresando ante sus padres todos los días que se tienen que ir del cuartel y de Cataluña», se recoge en el escrito del fiscal. La niña de 13 años tiene las persianas de su habitación bajadas a cal y canto. Tiene miedo «a que le pueda pasar algo».

Estas supuestas humillaciones contra hijos de la Benemérita están siendo seguidas con preocupación en el Ministerio de Educación pues la Consejería de Enseñanza de Cataluña está presidida, en virtud de la aplicación del artículo 155, por el ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo. Sin embargo, no se abrirá ningún expediente contra los profesores. «De momento el asunto está siendo investigado por la vía judicial. Y la vía judicial anula por el momento la vía administrativa», puntualizan desde el Ministerio de Educación.

Javer Negre - El Mundo

sábado, 28 de abril de 2018

JxCat renuncia a investir ahora a Puigdemont y prepara el plan D

Elsa Artadi y Carles Puigdemont, en la reunión celebrada por JxCat el pasado día 18 en Berlín (Felipe Trueba / EFE)



La formación descarta forzar al Parlament a desobedecer para reelegir al expresident


Esta semana el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno sobre la investidura de Carles Puigdemont, que de ese modo queda suspendida de forma automática durante seis meses hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. La coordinadora general del partido, Marta Pascal, había abogado esta semana por investir a Puigdemont mediante la reforma de la ley de presidencia -que cuenta con un informe no preceptivo adverso del Consell de Garanties Estatutàries-. No obstante, ya vaticinaba que era factible que no se pudiera y pedía que la alternativa fuera preferiblemente “un alcalde”, en referencia al alcalde de Mollerusa, Marc Solsona, la apuesta del PDeCAT. También tendría opciones la propia alcaldesa de Girona. Otros nombres que suenan desde hace tiempo son el de Elsa Artadi o Quim Torra.


Con la candidatura de Puigdemont más complicada y la dificultad de aplicar la reforma de la ley de presidencia -Ciutadans pidió este viernes que se retirara del orden del día del próximo pleno de la cámara catalana-, la tensión se ha hecho visible.


Después del doble revés del Tribunal Constitucional y el Consell de Garanties Estatutàries al nuevo intento de investidura a distancia de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat) renuncia a reelegir ahora al último presidente de la Generalitat y se prepara para el escenario del plan D. Y es que, aunque oficialmente la formación se aferra al principio de que su líder “es y será siempre nuestro candidato”, el hecho de que descarte forzar a la Mesa del Parlament a que desobedezca y facilite la designación es la evidencia de que la situación está entrando en la vía del desbloqueo.



El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, dio ayer pistas, aunque sin concreciones, de cuáles serán los movimientos de los próximos días al dejar claro que la formación “no forzará ninguna situación de desobediencia, porque sería alimentar aún más el conflicto en la mala dirección”, y al excluir la entrada “en un escenario de desobediencia, porque no hay voluntad de generar nuevos problemas”. Una posición que no significa, de todos modos, que abandone su discurso beligerante con la actuación de las instituciones del Estado, de las que el representante de JxCat censuró las “amenazas que no llevan a ninguna parte”.


Lo que quiere JxCat es aprovechar hasta el último resquicio para dejar en evidencia que el Estado está impidiendo desde el primer momento que se apliquen los resultados del 21-D. ¿Y después? Carles Puigdemont, que el jueves se reunió en Berlín con Elsa Artadi y Josep Costa, ha pedido a los suyos unos días para analizar y decidir con calma el camino a seguir a partir de ahora. Un camino que dentro de JxCat cada vez está más claro que pasa inexorablemente por el plan D o, lo que es lo mismo, la propuesta de un cuarto candidato a la presidencia de la Generalitat que sea el definitivo y que permita evitar la repetición de las elecciones. Y en el que también gana enteros la necesidad de no agotar el calendario y no apurar el límite del 22 de mayo, a fin de alejar “imponderables” que acabaran frustrando la solución que finalmente se diseñe.

PDeCAT contra JxCat 

La tensión entre el PDeCAT y JxCat va en aumento después de las declaraciones de María Senserrich, que ha afirmado que deberán ser los 34 diputados de JxCat quienes deberán avalar el nombre del cuarto candidato a la investidura. Que el PDeCAT reclame que el candidato sea consensuado y se abandone la vía Puigdemont ha generado malestar en los integrantes de la lista de JxCat.

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha reaccionado a través de twitter asegurando que el candidato debe ser Puigdemont o quien Puigdemont diga y ha recordado la posibilidad de unas nuevas elecciones. "Si tiene que haber un candidato, debe ser Carles Puidemont o el que él diga. Y naturalmente tendrá todo el apoyo de todo el grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Salvo, claro, que se quiera ir a elecciones" ha tuiteado Madrenas.

Por ello, la hipótesis de trabajo que en estos momentos está encima de la mesa es que sea a finales de la próxima semana, una vez el Parlament haya aprobado la reforma de la ley, cuando el líder de JxCat anuncie el nombre del nuevo aspirante –en un acto en el que esté arropado por el máximo número de diputados posible–, con el objetivo de hacer viable una investidura efectiva aproximadamente a mediados de mayo, más o menos entre el 14 y el 18.

Descenso imparable de independentismo en Cataluña, según el CIS


Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament en una imagen de archivo / EFE

Según el CIS el independentismo sigue su descenso imparable, en unos meses ha pasado del 44% al 36'4%


El 54,1% de los catalanes no se siente nacionalista, mientras que un 41,5% sí se define así, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Asimismo, el 38,2 se siente tan español como catalán, frente a un 24,4% que se siente más catalán que español y un 21,5% que solo se siente catalán. Se trata de un estudio postelectoral realizado en Cataluña después de las elecciones autonómicas del 21D, en las que ganó Ciudadanos pero sin posibilidad de formar gobierno, dado que los independentistas tienen mayoría parlamentarua. El informe se basa en 2.500 entrevistas.


Sobre la organización territorial, el 36,4% apuesta por un Estado en el que las comunidades autónomas tengan la posibilidad de convertirse en estados independientes, mientras que un 25,9% pide mayor autonomía para cada comunidad y un 23,8% quiere que se mantenga la situación actual.

Junqueras es el político mejor valorado, por encima de Puigdemont, según una encuesta, donde la mayoría de entrevistados no se siente nacionalista, pero pide más autogobierno

El líder de ERC Oriol Junqueras, actualmente en prisión preventiva, es el líder mejor valorado (un 5,2 en un ránking del 0 al 10), por encima de Carles Puigdemont (4,45), Xavier Domènech (4,3), Carles Riera (4)Miquel Iceta (3,68), Inés Arrimadas (3,59) y Xavier García Albiol (1,55). Asimismo, los encuestados consideran que los republicanos son los más capacitados para hacer frente a cuestiones como el paro y, sobre todo el autogobierno de Cataluña y la financiación autonómica.


La mayoría de los encuestados considera, de largo, que la independencia de Cataluña fue el tema más debatido durante la campaña electoral, seguido muy de lejos por el autogobierno, la aplicación del 155 y el procés en general.

Según el CIS, el 85% considera que la situación económica actual en Cataluña es regular, mala o muy mala, una opinión que en el caso del contexto español, es aún peor. Asimismo, el 64,5% cree que la situación política catalana es mala o muy mala, porcentaje que, en el caso español, asciende a un 75%.

viernes, 27 de abril de 2018

Problemas económicos de Anna Gabriel en Suiza


Anna Gabriel, sobre la que no pesa ninguna orden de detención, se fugó a Suiza antes de comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le imputa un cargo, el de desobediencia, que no está penado con prisión. A pesar de ello, la exdiputada de la CUP se sintió tan reprimida y en peligro que decidió tomar rumbo a Ginebra a fin y efecto, según dijo, de librarse de la injusticia española e internacionalizar la causa de la república catalana.

Nada más aterrizar en Suiza, Gabriel se sometió a un cambio de "look", contrató los servicios de un joven pero experto abogado internacional de etarras y proclamó a los medios suizos en un perfecto francés que su intención era la de establecerse en Ginebra como profesora universitaria. Sin embargo, pasa el tiempo (se fugó el 20 de febrero) y las ofertas de trabajo no llegan, la vida es sumamente cara, los abogados tienen honorarios y los seis mil euros recaudados en un concierto en Sallent (Barcelona), la localidad natal de la dirigente antisistema, ya se han agotado, según ha desvelado El Confidencial.

El pasado 24 de febrero, la CUP ya organizó un concierto en Sallent, la localidad natal de la exdiputada, para recaudar fondos. Según algunas fuentes, la recaudación fue de algo más de 6.000 euros. Al parecer, ese dinero ya se ha esfumado, porque la estancia en Suiza es cara, por lo que se ha vuelto a reactivar la caja de resistencia de la CUP con el fin de recaudar dinero y enviárselo.

La situación económica de Anna Gabriel es tan desesperada que ella misma lo confirma en un llamamiento a asistir a otro concierto a 18 euros la entrada más barata y a 30 la "solidaria" por dos días de actuaciones, con zona de acampada especifica el cartel. En un mensaje en Twitter en el que da las gracias a las personas que forman parte del comité de solidaridad "Sallent Respon", anuncia el concierto y pide para resistir. "Los próximos 4 y 5 de mayo, la gente de 'Sallent Respon' organiza un conjunto de actos que se llenan de solidaridad y que pretenden hacer efectiva y concreta la generosidad", dice Gabriel en el mensaje. La exdiputada también vende un libro con sus discursos y conferencias y "cuyos beneficios se destinan íntegramente a la campaña 'Free Anna Gabriel'", reza la solapa.

En la CUP han reactivado la caja de solidaridad, pero no es suficiente para mantener a la dirigente y su pareja en Suiza sin ingresos, trabajo ni perspectivas. En la formación se cuestiona además el estatus de Gabriel, que a diferencia de Marta Rovira, no está buscada por rebelión. Ni siquiera está buscada, lo que reduce su atractivo mediático y la capacidad para internacionalizar la causa separatista.

“Está desesperada, porque contaba con poder trabajar pero no ha podido hacerlo. No le han ofrecido ningún trabajo en la universidad, tal y como lo había planeado. Por eso, se encuentra en una situación económica verdaderamente delicada”, explican desde el entorno de la formación antisistema.

Anna Gabriel y su abogado, defensor de etarras, Olivier Peter | EFE

Un libro solidario

Para obtener dinero, sus amigos han recopilado escritos en un libro, que será puesto a la venta en el próximo acto de Sallent. Se titula ‘I parlarem de la vida! Discursos i conferències d’Anna Gabriel’ (‘¡Y hablaremos de la vida! Discursos y conferencias de Anna Gabriel’), con prólogos de los exdiputados Isabel Vallet, Mireia Vehí, Benet Salellas, David Fernández y del dirigente de la CUP Ermengol Gassiot. Los beneficios de la obra, según la editorial Tigre de paper, (cooperativa que la edita) irán para la exdiputada.

Después de cinco años de proceso, la CUP, imprescindible para sustentar el golpe pero se ha abstenido de asumir responsabilidades institucionales, es el partido menos perjudicado por la acción judicial, un lastre para sus expectativas electorales dado que su prédica sobre la desobediencia y el choque frontal con el Estado no les ha acarreado mayores contratiempos que el exilio voluntario y poco mediático de Anna Gabriel en una de las ciudades más caras de Europa.

El pasado día 19, una delegación cupera se desplazó a Suiza para apoyarla. De esa delegación formaban parte miembros de Alerta Solidaria, Arran, Endavant (el núcleo duro de la CUP, del que forma parte la propia Anna Gabriel), y del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. De esa comitiva formaba parte Eulàlia Reguant, actual concejala en el Ayuntamiento de Barcelona y muy probablemente cabeza de lista de la CUP en la capital catalana en las municipales del año que viene.

“El encuentro se celebró para coordinar las estrategias de la lucha independentista en los Països Catalans y en el exterior y poder, así, denunciar internacionalmente la grave vulneración de derechos y libertades que el Estado español continúa ejerciendo impidiendo el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y reprimiendo a los que luchamos por conseguirlo”, explica un comunicado de la propia Endavant. Ese día, Gabriel participaba en una jornada de la Universidad de Lausana bajo el lema ‘Derechos civiles y políticos en España’.

No piden justicia, piden venganza

Resultado de imagen de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

El caso de la Manada, asunto de una complejidad evidente sobre el que ya se ha dicho demasiado y casi siempre sin ningún fundamento, está resultando desde el principio harto revelador de cómo entiende la Justicia una parte de la izquierda, lamentablemente machihembrada con unos medios de comunicación que, una vez más, han demostrado que son uno de los problemas más graves de este país. 

La izquierda busca cualquier motivo para sacar a la calle a los desocupado/as, feminoides y resentido/as de este país a su servicio. El motivo les da igual, hay que hacer ruido sea explotando las bajas pasiones o legítimos deseos de independencia Llevaban varios días con las manadas locales de cada ciudad que lo mismo protestan por los bajos salarios, o por el cambio climático o defendiendo a otras manadas dedicadas a expulsar a quien no les gusta de su pueblo  que montan el enésimo espectáculo televisivo en las calles para hacerse notar.

Que las redes sociales y determinados espacios de internet sean un ámbito propicio para el desvarío no debería sorprender demasiado; lo que sí podría resultar más chocante es constatar que los mismos que ante cualquier crimen con asesino convicto y confeso se desgañitan proclamando que "no hay que legislar en caliente" braman ahora con igual intensidad por un cambio legislativo que permita condenas más duras en casos en los que, como en este, no hay confesión y son de una complejidad evidente. Quienes no  pedian penas mayores para los autores del crimen de Diana Quer o Marta del Castillo, ahora salen escandalizados a la calle, pidiendo justicia,

Ayer gritaban "Esta sentencia debería ser de violación", "no es abuso, es violación", "se solidariza con el agresor"… así es como valoran desde Podemos y el PSOE la sentencia de nueve años impuesta este jueves a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual. Que los acusados  que ya llevan dos años de prisión preventiva y le quedan otros siete años, hayan sido absueltos del delito de agresión, así como de un delito contra la intimidad, ha indignado a los partidos de izquierdas.

Ahora ellos no quieren justicia o, al menos, no lo que en cualquier país democrático se entiende por justicia; sólo buscan venganza.

jueves, 26 de abril de 2018

Alfie Evans



El caso de Alfie Evans está despertando la conciencia moral del mundo entero. La negativa de las autoridades judiciales y médicas a que el niño pueda ser llevado a otro hospital donde al menos tengan la intención de no matarlo, como pretendía el juez al desconectarle del respirador hace más de 48 horas, ha generado una ola de indignación mundial.

Pocas veces he visto tanta crueldad y falta de humanidad como la practicada contra el niño Alfie y sus desesperados padres practicada por los médicos y el servicio sanitario britanico.

 He visto a doctores errar, pero también reconocerlo. He sido testigo de infinito compromiso de tantos doctores y profesionales de la salud. He visto compasión y acciones médicas heroicas. Nunca vi tanta crueldad ni tortura como con #AlfieEvans y sus padres.

Si fuera un perro, es probable que los jueces no habrían sido tan crueles con #AlfieEvans. Ni los grandes medios guardarían tan sospechoso silencio. Pero es un niño...y el Estado inglés quiere que muera y no permite q sus padres (y Roma) traten de salvarlo

El nivel de intervención del Estado moderno llega al punto de arrebatarnos a nuestros hijos no para salvarlos sino para sacrificarlos. 

El desbordamiento del Ebro pone de nuevo sobre la mesa la urgencia del PNH


La riada del Ebro vuelve a plantear la necesidad de interconectar las cuencas

El Ebro ha vuelto a desbordarse, el Sureste sigue sin agua y España, sin Plan Hidrológico Nacional.  La última riada del Ebro que ha anegado 20.000 hectáreas en Aragón y ha dejado pérdidas de más de 25 millones de euros en esta tierra se ha saldado, también, con un enorme caudal que ha acabado en el mar sin posibilidad alguna de ser guardado en embalses.

Cuando se produce el deshielo y tienen lugar las precipitaciones típicas de la primavera, el río Ebro suele desbordarse y provocar daños de consideración en las localidades ribereñas. Este año si el calor primaveral  produce el dehielo habitual de la gran cantidad de nieve acumulada se producirán por lo menos dos inundaciones en los lugares ya castigados por las lluvias del mes de abril.  En tremendo contraste, el Levante, que tiene la agricultura más intensiva, moderna y rentable de Europa, carece de los recursos hídricos necesarios para poder sacar adelante su producción y mantener centenares de miles de puestos de trabajo.

Mientras el Ebro acumula un caudal superior a los 2.500 hm3 por segundo en momentos de máxima crecida, los agricultores del Sureste ven sus explotaciones agonizar por falta de esa agua que se pierde en el Mediterráneo sin que nadie saque el menor provecho de ello. La situación es tan surrealista que el Ebro verterá al mar en poco más de una semana el agua que necesita el Sureste para satisfacer por un año las necesidades de la cuenca del Segura, el único río de España con déficit estructural.

El Plan Hidrológico Nacional

Los problemas formidables que lastran el desarrollo de la mejor agricultura del continente habrían desaparecido de haberse ejecutado el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el último Gobierno de José María Aznar, en el que no sólo se contemplaba la llegada de agua dulce del Ebro a las tierras del Sureste, sino que se planteaba un vasto programa de infraestructuras para mejorar los aprovechamientos en la propia ribera del Ebro, pues todavía hay poblaciones cercanas al gran río que sufren en el periodo estival restricciones en el abastecimiento.


El PHN de Aznar no era un proyecto disruptivo ni surgido de la nada. Ya en 1933 el socialista Indalecio Prieto, al frente del Ministerio de Obras Públicas, elaboró un ambicioso plan hidrológico para acabar con las situaciones de sequía en las tierras levantinas. Sesenta años después, otro ministro socialista, Josep Borrell, abordó un nuevo PHN aún más ambicioso que el que finalmente aprobaría el Gobierno del PP, pues preveía el trasvase de 1.800 Hm3 del Ebro al Segura, frente a los 1.050 que finalmente quedaron fijados en el proyecto de Aznar.

Josep Borrell, ex ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente de 1991 a 1996 durante el último Gobierno de Felipe González, fue el que más cerca estuvo de lograr un Plan Hidrológico Nacional eficaz, ya que contemplaba la interconexión de cuencas, lo que, en teoría, iba a resolver este grave problema que azota de forma periódica a la España seca. Sin embargo, las presiones y los enfrentamientos entre autonomías, echaron por tierra este ambicioso proyecto, que perseguía una justa redistribución de los recursos hídricos.

Sin embargo, otro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, dio al traste con el proyecto trascendental al derogar el PHN por decreto ley nada más llegar a la Moncloa: pagaba así el peaje exigido por los separatistas catalanes. especialmente ERC, y el PSC a cambio del respaldo a su investidura. Así se dio la puntilla a una obra pública, para colmo financiada en su práctica totalidad con fondos europeos, que solucionaba la escasez de agua en una parte de España que podría experimentar un desarrollo agrícola extraordinario.

Desde entonces nada nuevo se ha hecho para que España pueda contar con un PHN que haga algo tan sencillo y de sentido común como llevar el agua que sobra y provoca inundaciones en el norte hacia el sur, donde es necesaria para la supervivencia de centenares de miles de familias.

Desalinizadoras

Paralelamente se apostó por la construcción de desalinazadoras en Levante. La ministra socialista Cristina Narbona creyó que era la mejor manera de acabar con la sequía en esta zona del territorio, pero siempre ha habido voces en contra, ya que al alto precio económico de construcción, gasto eléctrico y el vertido de salmuera hay que unir que sólo sirve para regar cierto tipo de arbolado, y su precio es más caro para el agricultor. El PP se apoyó en estas objeciones para rechazar su construcción, aunque el Gobierno de Rajoy parece haber cambiado ahora de opinión.


Todos los intentos de resolver a nivel estatal el problema del agua han terminado en fracaso, más o menos ostensibles, como consecuencia de lo que muchos han calificado de insolidaridad interterritorial, aunque el relato de todos no deja de estar sustentado en razones parciales consistentes, si bien, ninguno de los contendientes suele gozar de un respaldo argumental absoluto. Aquí, como en la lotería, las razones se reparten.

Todos tienen sus argumentos excluyentes en este complejo sudoku. Los aragoneses, los catalanes, los murcianos, los almerienses, los alicantinos; incluso los manchegos, que son, a la postre, los que han pagado el pato de la profunda divergencia que existe en torno al agua y en torno a quienes se consideran propietarios del líquido elemento. Ahí está la cuenca del Tajo, seca como la mojama, para sustentar tal afirmación.

La clase política autonómica utiliza este problema para enfrentar a los territorios, y las secciones locales de los partidos nacionales en las cuencas cedentes utilizan sin pudor esta absurda guerra del agua como gran baza electoral. En este punto, no habría que perder jamás de vista que la gestión de los recursos hídricos de la Nación es competencia exclusiva del Gobierno, que tiene la obligación de elaborar un PHN, tal y como establece la Ley de Aguas, aprobada por Felipe González (otro socialista) en 1985.

Con todos estos antecedentes, cabría preguntarse qué razones son las que impulsan a un partido como Ciudadanos a recibir una derrota en toda regla, cuando su intento de sacar un PHN sea derrotado y, además, ello suponga recoger el rechazo de las sociedades implicadas y sus respectivos votantes, todos ellos convencidos de que el agua es suya.

miércoles, 25 de abril de 2018

Un video guardado siete años acaba con la carrera política de Cristina Cifuentes


La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, fue sorprendida in franganti robando supuestamente en un supermercado cuando era vicepresidenta de la Asamblea regional en 2011, tal y como se oberva en un vídeo difundido por 'Ok Diario'. Cifuentes, en rueda de prensa horas más tarde, ha anunciado que "renuncio a la presidencia de la Comunidad de Madrid", pero ha negado el robo y ha dicho que se llevó los productos "por error involuntario" y que al darse cuenta de los pagó.

Las imágenes de Cristina Cifuentes en una sala de seguridad del centro comercial que había en 2011 frente a la sede de la Asamblea de Madrid, en Vallecas han estado circulando por los mentideros madrileños. La Asamblea Popular 15 M ya estaba detrás de Cristina Cifuentes intentando chantajearla con este vídeo cuando era ya Delegada del Gobierno cuando dijo tener en su poder este video que hoy ha provocado su dimisión.





@ccifuentes ¿Es cierto lo que se comenta sobre su cleptomania o sobre que la retuvieran en 1Eroski por hurto de maquillaje?

En 2016 volvió a hablarse de este asunto pero en un contexto diferente. El diario El Español publicó que "rivales del PP encargaron espiar a Cifuentes y difundir el rumor de que era cleptómana" en 2015, a fin de frustrar su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Según esta información, contrataron una detective, indagaron en su historial y "plantearon grabaciones en un supermercado".

Estas imágenes son especialmente familiares para el ex presidente de la Comunidad Ignacio González. De hecho, no tenía empacho en enseñar “pantallazos” del sonrojante vídeo en su cruzada personal contra la que le sustituyó al frente del gobierno autonómico. Las copias de este video que deberían haber sido destruidas a los quince dias, ya estaban circulando por Madrid.

Pocos dudan de que González está tras la filtración del vídeo, aunque también hay quien asegura que “ordenó destruirlo”, quedándose en todo caso, con una “muestra” del mismo. Era el clavo que faltaba en el ataúd político de la líder de los populares madrileños tras su polémica del máster. Si ello ha sido un rival político o una  venganza de un exnovio es algo que quiza no se llegue a conocer. Siete años guardados en un cajón esperando el momento propicio para ver la luz


martes, 24 de abril de 2018

El Parlamento Europeo pide explicaciones a la Generalidad por la inmersión lingüística


Varios ciudadanos acudieron a la Eurocámara a denunciar la discriminación en las aulas. Bruselas preguntará sobre los incumplimientos de sentencias.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalidad de Cataluña para pedir información sobre la política de inmersión lingüística, después de que varios ciudadanos catalanes hayan participado en un debate en el que han denunciado la "discriminación" y la "vulneración" de derechos que sufren los padres que quieren educar a sus hijos en español.

Así lo ha anunciado la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la liberal sueca Cecilia Wikström después de las intervenciones de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y Carlos Silva, en nombre de la organización Impulso Ciudadano.

"Enviaremos una carta a las autoridades nacionales para pedir información refiriéndonos a las sentencias del tribunal. Creo que una buena forma de avanzar", ha propuesto Wikström, en referencia a las sentencias del Supremo sobre el español que se incumplen sistemáticamente en Cataluña.

"El Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes", ha insistido.

"Hay familias que tienen que mudarse a Cataluña por un corto periodo de tiempo y cuando vuelven a otra parte de España los niños no deben haber perdido su lengua completamente. Restringir la libertad de movimientos de las familias está simplemente en contra de los valores de la UE", ha defendido la sueca.

La presidenta ha desestimado "por ahora" la posibilidad de enviar a un equipo a examinar la situación en los colegios catalanes, porque entiende que "preguntar a las autoridades es el paso previo" a tomar esta medida.

Por su parte, los representantes de la Comisión Europea que han participado en los dos debates han explicado que la competencia en ambos casos pertenece a los Estados miembros y que, por tanto, no tiene poderes para intervenir.

"Vulneración constante" de los derechos lingüísticos

Antes, tanto Silva como Losada han expuesto sus quejas ante los eurodiputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aunque todos los que han intervenido en el debate han sido españoles como la propia Becerra, Maite Pagazaurtundúa (UpyD), Rosa Estaràs (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) o Josep-Maria Terricabras (ERC).

En una rueda de prensa anterior a los debates, Silva ha denunciado que "la anomalía democrática que existe en estos momentos en Cataluña es la situación que ha vivido durante décadas la comunidad castellanohablante"

"Se siente discriminada, sus derechos fundamentales son vulnerados y es ignorada por parte del régimen nacionalista, que ha hecho del tema lingüístico la punta de lanza de toda su política identitaria", ha criticado .

En su opinión, los derechos lingüísticos de los catalanes "se miden por un doble rasero según la lengua del consumidor" que se articula a través de una ley que dispone "un régimen sancionador para aquellos comerciantes y empresarios que no rotulen absolutamente todo en catalán".

Además, ha denunciado que el Gobierno catalán "ha implantado un sistema policial" mediante el cual "ha sometido al pequeño comercio y a miles de empresarios a una serie de severos controles" que han llevado a "cientos de sanciones y cientos de miles de euros en multas".

"Los inspectores de consumo en Cataluña se han convertido en protectores de unos pocos", ha asegurado Silva, para después afirmar que el derecho de los consumidores y usuarios a "ser informados en una lengua comprensible no está garantizado" en Cataluña "por decisión de los sucesivos gobiernos catalanes".

Losada, por su parte, ha dicho ser "la voz de muchos padres catalanes" que ven que sus derechos lingüísticos son "vulnerados constantemente" desde hace 30 años por la Generalidad. "Aunque la legislación y la Constitución protege nuestros derechos, el día a día no se ejecuta como tal y tenemos una escuela que arrincona a una lengua que además es la mayoritaria de los catalanes", ha expresado.

"Les ha fallado el Estado"

En la comparecencia de prensa, Losada ha manifestado que "romper el miedo" de los padres a solicitar estos derechos es "muy difícil" porque "el bloque nacionalista ha trasmitido el mensaje de que aquellos que quieren más castellano en la escuela se oponen o queremos marginar al catalán". "Nada más lejos de nuestras intenciones", ha subrayado.

"Queremos que nuestros hijos aprendan a convivir desde la escuela con las dos lenguas, con esas dos culturas escritas en diferentes lenguas, que es un enriquecimiento y que se está convirtiendo en un motivo de marginación para el 50% de los alumnos catalanes", ha explicado.

Junto a ellos, la eurodiputada Beatriz Becerra ha criticado que "a los catalanes y al resto de ciudadanos que sufren la discriminación lingüística les ha fallado el Estado", porque "los poderes públicos españoles no han hecho lo suficiente" y por eso estas personas "acuden a Bruselas con la esperanza de que la UE pueda ayudarlos".

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Parlamento Europeo | EFE

Profesores del odio

Alumnos del IES El Palau piden “respeto” para sus compañeros hijos de guardias civilesLa concentración de los estudiantes del IES Palau

La denuncia de la Fiscalía a 9 profesores catalanes por discriminar a hijos de guardias civiles que se esta instruyendo en el Juzgado Nº 2 de Martorell no ha pasado desapercibido y merece un profunda reflexión vista la reincidencia al adoctrinamiento separatista cargado de odio a España y todo lo que representan sus instituciones, por parte de cierta clase profesores de enseñanza catalana.

Se basa en el rechazo de más de 200 alumnos del IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, cuando pidieron respeto a sus compañeros que son hijos de guardias civiles, después de que el pasado lunes otros menores y algunos profesores manifestaran supuestamente una actitud discriminatoria hacia ellos –que el centro niega, pero del que sí hablan sus padres y los alumnos-; y para hacer una llamada a la convivencia.

A renglón seguido, especifica el comportamiento de los profesores, que el 2 de octubre de 2017 calumniaron contra la Guardia Civil en las clases a las que asistían hijos de agentes. Observaciones del tipo "no me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido en el día de ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos", "los Guardias Civiles son unos animales, sólo saben dar palos" o "me encuentro muy triste, no puedo dar clase por la violencia desproporcionada que ejerció el día anterior la Policía y la Guardia Civil".

Relata la Fiscalía como los hijos de los agentes respondieron que "no todo el mundo era así, que su padre era guardia civil y que no había pegado ningún palo a nadie el día anterior". Incluso uno de los menores "expresó sentimientos de ansiedad y preocupación por las consecuencias y represalias que pudieran sufrir por el profesorado, así como por parte de otros alumnos que se han manifestado en el patio a favor de la independencia".

Clases paralizadas

Los profesores "exigieron a todos los alumnos que debían bajar al patio para hacer un acto de protesta y condenar los hechos violentos atribuidos a la Policía y la Guardia Civil el día anterior con motivo del referéndum ilegal" y "para defender la independencia". Según la Fiscalía, "los alumnos hijos de agentes siguieron las instrucciones por miedo a represalias". Otro maestro expresó: "el que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que se baje al patio". Todos fueron obligados finalmente a seguir la protesta.

El Ministerio Público narra otro episodio en el que las profesoras denunciadas señalaron a algunos alumnos: "¿estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?". Cuenta cómo el menor en cuestión rompió a llorar.

Los maestros eran conscientes del "clima de rechazo social contra la Guardia Civil y de la gran polarización que afectaba a la sociedad catalana y al resto de España, producida por las graves tensiones derivadas del proceso separatista que sigue sufriendo dicha sociedad, caracterizado por una gran agitación y enfrentamiento de carácter social". El Ministerio Público entiende que los docentes investigados sabían "del menoscabo moral y de la humillación que pudieran comportar entre sus alumnos, muchos de ellos agentes de la Guardia Civil que desarrollan su actividad profesional como guardias y residen en el colindante cuartel de Sant Andreu".

Entonces 200 alumnos del IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, pidieron a través de una concentración silenciosa que se respete a sus compañeros que son hijos de guardias civiles, después de que el  lunes despues del referendum otros menores y algunos profesores manifestaran una actitud discriminatoria hacia ellos para hacer una llamada a la convivencia.

Desde que el separatismo catalán comenzó los preparativos para su golpe de Estado, se han multiplicado las agresiones a los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Catalanes que ven menoscabados sus derechos a manos de elementos separatistas, tanto más despreciables cuanto más poder tienen o se les deja tener.

Tras el fracasado referéndum liberticida del 1 de octubre, la presión de los nacionalistas se ha intensificado sobremanera en los medios de comunicación dependientes de la Generalidad, odiosas maquinarias de agitprop antiespañol, y en el ámbito de la enseñanza, donde los peores enemigos de Cataluña hacen y deshacen a su antojo.

Indeseables repulsivos comidos por el fanatismo siguen descargando su resentimiento infame sobre hijos de guardias civiles y policías que tienen la desgracia de padecerlos como profesores. Sirva como ejemplo de la gravedad de la situación la denuncia que pesa sobre nueve docentes acusados de vejar a unos niños culpables de tener unos padres comprometidos con la defensa de las libertades, no con quienes quieren dinamitarlas. Los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Público son indignantes y dan escalofriante cuenta del calvario que la canalla separatista está infligiendo a tantos menores de edad.

La sección encargada de la lucha contra el odio y la discriminación entiende que los profesores han incurrido en delitos de lesiones de la dignidad e injurias graves contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Fiscalía enmarca la persecución "en el contexto de la profunda hostilidad" que reina en Cataluña desde incluso antes de la votación, cuando se produjeron "concentraciones de personas ante las casas cuartel de la Guardia Civil desplegada en la provincia de Barcelona" y "en todas ellas se han dirigido insultos hacia dicho cuerpo policial con exigencias de salir de Cataluña".

Más allá de la calificación jurídica que este caso en particular merezca, resulta imprescindible someter a depuración la escuela catalana, en manos de fanáticos de la peor calaña indignos de la misión que jamás se les debió asignar: la formación de los niños del Principado. Urge aplicar con contundencia el artículo 155 de la Constitución por el tiempo que haga falta, para que nunca más un hijo de un guardia civil se vea aterrorizado por profesores que no lo son porque han decidido ser perros de presa de una ideología mas que discutible.