El pasado 15 de mayo la juez Carmen Rodríguez-Medel abría una pieza separada sobre el máster -en realidad un Diploma de Estudios Avanzados cuya única función era acceder al doctorado- que Pablo Casado había cursado en el Instituto de Derecho Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que cursó unos años más tarde Cristina Cifuentes.
La exposición razonada detalla que, en el curso académico 2008-2009, "ha quedado indiciariamente acreditado que la manera de otorgar el título de máster al grupo escogido de alumnos se basaba en calificarles sin trabajo ni actividad académica alguna de las cuatro asignaturas (20 créditos) que les restaba tras serle reconocidos los otros 40 gracias a un sistema de reconocimiento de créditos amparado en una interpretación generalizada de la normativa aplicable".
En la causa hay siete imputados: el exrector Fernando Suárez; el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJ), Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico y Alicia López de los Mozos, así como las estudiantes María José Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito.
El principal es Álvarez Conde, señalado como la persona que indicó a los alumnos la vía para conseguir el título mediante convalidaciones y trabajos. En abril, tras saltar el caso Cifuentes, fue suspendido de sus funciones y posteriormente imputado.desvela que, en la práctica, Álvarez Conde era quien "tenía el dominio" del reconocimiento de créditos y eso le permitió orquestar "un plan preconcebido" para "otorgar el título de máster de manera arbitraria" a un grupo de alumnos usando "siempre una misma técnica: el reconocimiento indiciariamente ilícito de 40 créditos pero con la calificación sin actividad académica alguna de los otros 20 que completaban el máster". Este mismo modus operandi se realizó otros cursos, incluido el de Cristina Cifuentes.
"Hay una única ideación delictiva: regalar el máster a un grupo de alumnos elegidos, que lo aceptan, facilitando los medios para su comisión (pagando la matrícula, solicitando convalidaciones) y se benefician de ello académicamente (recogiendo el título en algunos casos, usándolo en sus cv en otros) a pesar de no haber realizado actividad alguna para ser calificados en los créditos no reconocidos. Estos alumnos actúan con una simultaneidad en sus solicitudes de convalidación, mediante formatos idénticos en algunos casos, y obtienen unos mismos resultados. Todo ello refleja un concierto".
Rodríguez Medel considera que el entonces director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, "venía utilizando" el posgrado cursado por Casado "como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación del máster sin mérito académico alguno", mientras otros estudiantes al mismo tiempo "cursaban el máster oficial con normalidad".
Rodríguez Medel considera que el entonces director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, "venía utilizando" el posgrado cursado por Casado "como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación del máster sin mérito académico alguno", mientras otros estudiantes al mismo tiempo "cursaban el máster oficial con normalidad".
Un caso instruido por la izquierda mediática
Del máster se había empezado a hablar en la prensa unas semanas antes, con la publicación en El País de que el popular había cursado el mismo curso que Cristina Cifuentes y también se habría visto beneficiado por un trato de favor. La investigación se abrió en sólo unas horas, sin recabar más testimonios y sin tiempo para evaluar las presuntas pruebas que supuestamente había aportado el periodista.
Asi a continuación, la sexta, la cuatro y otros medios podemitas se sumaron a la campaña y pusieron en marcha su maquina de picar carne pretendiendo reeditar el éxito obtenido con Cifuentes. La izquierda mediática vió un filón en su propósito de destruir al Partido Popular y de paso. cerrar el paso a la política del candidato emergente que si puede ganarle a Pedro Sánchez en las urnas.
La reacción del hoy presidente del PP fue muy diferente a la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: tras la aparición de las primeras informaciones, convocó una rueda de prensa y presentó toda la documentación que obraba en su poder, incluyendo los cuatro trabajos que presentó para aprobar las asignaturas que cursó y la convalidación de las asignaturas.
En este primer desmentido de muchos Pablo Casado ya marcaba lo que ha sido su argumentario posterior, que no ha variado ni un milímetro: siempre ha mantenido que cursó la parte del máster que se le exigía, que realizó los trabajos, que en ningún caso recibió trato de favor y que no se trata de un "máster finalista" sino de un curso para poder realizar un doctorado que, además, luego no realizó. Son argumentos que ha repetido este mismo lunes, prácticamente cuatro meses después.
Una instrucción sorprendente
Mientras algunos medios parecen empeñados en que el caso no deje de ocupar las portadas, la instrucción se ha desarrollado con detalles un tanto sorprendentes. La decisión de la juez se producía sólo unas horas después de que la magistrada tomase declaración a Ignacio Escolar, el director de eldiario.es, el medio que había destapado el caso del máster de Cifuentes. La juez ve prevaricación administrativa y cohecho impropio en el "regalo" del máster de Casado. El propio Escolar presumía en su blog de que la apertura de diligencias se producía "como consecuencia de la información desvelada por eldiario.es y le mi declaración como testigo".
Por ejemplo, que hace ya mes y medio que la juez pidió al Congreso que certificara la condición de diputado de Casado, pese a lo cual ha seguido instruyendo la causa varias semanas, por lo que algunos están ya sugiriendo que ha prolongado la instrucción de forma indebida, lo que podría suponer un problema grave desde el punto de vista legal. Sin embargo varios dirigentes del PSOE que se habrían beneficiado del sistema, como la actual ministra de sanidad, Carmen Montón quedaban descartadas por la juez.
Además, también ciertos episodios chuscos han jalonado esta instrucción, como la desaparición del Instituto de Derecho Público de la documentación sobre el máster que, llamativamente, poco después aparecía como por arte de magia.
Casado ha regresado varias veces a una idea que apunta una persecución sobre su persona, aunque ha negado esa palabra. "¿Es normal que el Tribunal Supremo reciba un caso de hace 10 años por unas supuestas irregularidades que estarían prescritas y que además no se han producido? Aquí se ha informado en términos capciosos, se ha puesto un foco excesivo. Pero no me importa porque yo siempre doy la cara".
"La gente cree que es un máster de los de ahora, que vale 8.000 euros y que es un título importantísimo. Y no es así. No le costó más de 600 euros y no sirve para nada si no haces el doctorado", insiste.
El caso llega al Tribunal Supremo justo a principios de agosto, con lo que lo más probable es que los magistrados no tomen una decisión hasta septiembre, prolongando durante otro mes más la vigencia mediática del caso. Y todo mientras, según los expertos, va a ser archivada dicha causa, ya que la versión de Casado podría ser la más ajustada a la verdad.
Pablo Casado que ayer apareció de nuevo enrueda de prensa con los mismos argumentos descarta "dimitir": "Lo que me han hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país".
