Juana Rivas, durante el juicio. EFEEl caso de Juana Rivas ha generado un hondo impacto social y político por las circunstancias dramáticas que lo rodean. La sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, hecha pública ayer, supone un duro varapalo para la madre al condenar a Rivas a cinco años de prisión, a la privación de la patria potestad durante seis años y al pago de una indemnización de 30.000 euros a Arcuri. Juana Rivas no ha sido condenada por proteger a sus hijos, como aseguran de forma demagógica quienes justifican su conducta, sino por no atender las resoluciones judiciales.
Ningún delito justifica otro delito. Y éste es precisamente uno de los pilares del Estado de derecho. Juana Rivas está pagando ahora las consecuencias de un pésimo asesoramiento legal, que le llevó el verano pasado a permanecer un mes en paradero desconocido con sus hijos, de 4 y 12 años, desatendiendo los requerimientos judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado en 2009 por un delito de malos tratos.
El magistrado Manuel Piñar Díaz se expresa en términos muy severos en la sentencia. Considera como hechos probados que, tras el episodio de malos tratos de 2009, "no se ha acreditado ningún otro posterior", por lo que desacredita la denuncia que presentó Rivas en julio de 2016. El magistrado descalifica los informes periciales aportados por ella y no ahorra adjetivos para describir la actitud de Rivas, a la que califica de "cínica". Considera que arengó de forma torticera "a una multitud irreflexiva y visceral", que "vilipendió [a su ex marido] de forma despectiva (...) como una especie de monstruo" y que "explotó el argumento del maltrato". Asimismo, censura la "desmesurada campaña mediática", apoyada por los organismos públicos.
Resulta sospechoso que sólo denunciara por maltrato cuando ya se había llevado a los hijos y comenzaba la lucha por su custodia, una lucha en la que sólo podía salir victoriosa con una denuncia de esta naturaleza, porque ya había decidido sustraerlos.
Resulta sospechoso que sólo denunciara por maltrato cuando ya se había llevado a los hijos y comenzaba la lucha por su custodia, una lucha en la que sólo podía salir victoriosa con una denuncia de esta naturaleza, porque ya había decidido sustraerlos.
Con esta sentencia, el juez ha determinado que quien vuelva a agitar a la turba del feminismo rancio para ejercer una suerte de justicia popular al margen de la Justicia tendrá que atenerse a las consecuencias. No nos engañemos: la única culpable de que sus hijos se hayan quedado sin madre es de Juana Rivas, por intentar que se quedaran sin padre. Pero hay otros responsables.
Desde los más directos, como la asesora Francisca Granados, hasta la inmensa mayoría de los políticos, con Mariano Rajoy a la cabeza, que la alentaron y defendieron lo indefendible, pasando por todos los descerebrados/as que aplaudieron las campañas del "Todos somos Juana" y "Juana está en mi casa". Espero que todos apoquinen su parte proporcional de la indemnización. Pero hay pocas esperanzas.
Una cosa es sentirse a gusto con uno mismo por estar con los buenos, y otra muy distinta poner dinero de verdad en respaldarlo. Además, cuentan con un indulto del Gobierno para cuando la sentencia sea firme. Y si para entonces aún está Carmen Calvo, una de las que quiso usar políticamente este caso el año pasado, no les faltará razón.
Ningún comportamiento justifica el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Cabe exigir responsabilidad y mesura. Hay que dejar a la Justicia hacer su trabajo. Sin interferencias ni coacciones de tintes populistas.
Pedro Sánchez @sanchezcastejon
Ser socialista es estar siempre con las víctimas de la violencia de género y con sus hijos. ¡Gracias Andalucía por defender a Juana Rivas!
Susana Díaz Pacheco @susanadiaz
Desde la Junta vamos a proporcionar asistencia jurídica a Juana Rivas para pedir la suspensión del régimen de visitas de sus hijos.
