viernes, 29 de noviembre de 2019

El trastero de la Colau



La Colau lo ha vuelto a hacer y se supera año a año  Esta Navidad ha montado un Belén frente al Ayuntamiento que no es mas que un trastero que cuesta 97.000 euros. Las figuras del Belén aparecen desordenadas, descontextualizadas y mezcladas con otros objetos, pero según algunas de las personas que han visitado el montaje, que la Virgen o el Niño no sean elementos abstractos ya supone todo un avance.

Ada Colau lo tiene claro y desde que asumió las riendas de la ciudad (cinco años lleva ya de alcaldesa) no ha dejado pasar la oportunidad de montar belenes alternativos en la plaza de San Jaime. Muy lejos quedan ya los tiempos en que el ayuntamiento organizaba pesebres para el público infantil. 

La consigna del ayuntamiento de Barcelona a los artistas que pretendan verse agraciados con el montaje del Belén de Navidad es clara y meridiana. La instalación no se puede parecer en absoluto a un pesebre tradicional y cuanto más extraña o incluso ofensiva resulte para los católicos, pues mejor. No hay que decir que la artista ha ahorrado en costes de material.

Cualquier despistado que circule por allí, sin saber de que se trata este amontonamiento de cajas, estanterias, figuras o cuadros.  puede con facilidad llegar a estas conclusiónes:

¿Se trata de...?
  • La mudanza del vecino?
  • Un mercadillo benéfico?
  • Un punto limpio?
  • Exposición de Ikea?
  • Celebración del día mundial del síndrome de Diógenes?
  • El Belén de Ada Colau?
....Bingo.

"Un conflicto político"



La primera reunión ayer entre el PSOE y ERC se resolvió en un aplazamiento de la pantomima montada para dramatizar el camino hacia el acuerdo e ir anestesiando a la opinión pública para que, en unos días, digiera la intolerable alianza con cierta normalidad. Intentar presentar las conversaciones entre ambos partidos como una quimera de incierto resultado toda vez que ya alcanzaron un pacto, el de la moción de censura, que ahora repetirán, pero a un precio más alto.

De entrada, los socialistas ya han aceptado de algún modo la célebre mesa de partidos y las reuniones de tú a tú con la Generalitat, legitimando peticiones que desprecian la naturaleza democrática de España: ya existen sobrados espacios donde debatir, negociar y acordar. Pero el hecho de que al separatismo no le sirvan ni el Congreso ni el Parlament denotan que lo único que les conforta es la imposición unilateral de su criterio.

Darle pábulo, como hace Sánchez sin dar ninguna explicación a los españoles desde hace dos semanas, es un escándalo de proporciones siderales acrecentado por la evidencia de que tenía -y tiene- otras alternativas que simplemente a desechado con infinito desprecio. Ahora nos enteramos que los graves disturbios en Barcelona que han durado semanas, se debían a un conflicto político cuyos causantes se reunieron ayer.

El líder socialista intenta vender la idea de que, para sofocar el mayor conflicto territorial de España en décadas, la mejor fórmula es pasar a depender de quienes lo han generado. Y pretende además que parezca culpa del PP o de Ciudadanos, repitiendo la misma estrategia falaz que perpetró contra Rivera para repetir Elecciones.

Que Sánchez se sienta más cómodo con Junqueras que con Casado y le parezca mejor entender con ERC o Bildu que con el PP define al personaje y anticipa el mayúsculo problema al que se enfrenta España. Porque es imposible, sin más, que nada salga bien con un Gobierno intervenido doblemente por el populismo neocomunista de Podemos y el separatismo más agresivo de Europa.

Ni toda la cobertura mediática que tiene Pedro Sánchez puede maquillar la evidencia sangrante de que está a punto de poner fecha para su investidura gracias a un partido cuyo líder, Oriol Junqueras, está en la cárcel por alzarse ilegalmente contra la Constitución y, por tanto, contra España.

Estas fotos nos anuncian profundos debates sobre el ser de España como nación, plurinación, federalismo imperfecto, nacionalidades. La intelectualidad de la izquierda que viene, Estamos en buenas manos, en suma. Por cierto, al de la derecha de las fotos que publican las distintas portadas, un tal Jové, (si, el imputado por el golpe), no parecía muy dispuesto a posar, no sea vaya a ser reconocido a partir de ahora por la calle


Reunión de los equipos negociadores del PSOE y ERC.

jueves, 28 de noviembre de 2019

La encerrona al coronel Tapioca

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Lo de Javier Ortega Smith-Molina  se podía esperar lo que lo ocurrió el dia de la mujer maltratada y cayó en la trampa cual pardillo. Ni siquiera la miró a la cara a Nadia cuando ella le recordaba que a su hermana la mató su pareja y que por ello va en silla de ruedas. Smith-Molina ante tal escenificación se mostró impasible ante el dolor de aquella mujer a sabiendas de lo suyo no fue violencia domestica, sino una lucha de poder entre familias de narcos, del que la susodicha ha estado sacando jugosos réditos. 

El dice que lo ocurrido fue una encerrona para acallar su voz y tiene razón. Fue una burda venganza orquestada por el comunismo aliada con los de la Sexta, rabiosos ante el ascenso de Vox en el Congreso, utilizando a su favor los sentimientos de las maltratadas. Pero ante el fenómeno feminista no se puede seguir pregonando en público que le importa un bledo

Ahora por donde vaya, nadie lo escucha, ya es un apestado y encima sus palabras ya son las de su partido, que es lo que se pretendía. Ahora la izquierda odiadora ya va por conseguir la ilegalización de Vox.

Laura Borrás, investigada por malversación al Supremo

Carles Puigdemont y Laura Borràs. (EFE)

Una jueza pide imputar a Laura Borràs por conceder 18 contratos a dedo a un amigo
La magistrada y la Fiscalía ven indicios de corrupción mientras permaneció al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso. La elegida por Carles Puigdemont para la sucesión de Quim Torra. Laura Borràs. Su hasta ahora prometedor futuro político se tambalea por decisión de una jueza. La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejías, ha solicitado la imputación de la nueva esperanza neoconvergente por cuatro delitos. En concreto, acusa a Borràs de favorecer la adjudicación de 18 contratos irregulares a un amigo, el informático Isaías Herrero, durante un periodo de cuatro años, los transcurridos mientras permaneció al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017. El ILC es un organismo público dependiente de la Generalitat.

El pretendido delfinato deseado por el 'expresident' huido puede verse truncado por una investigación judicial que arrancó en Manresa y que aún tiene pendiente la imputación formal por obra y gracia del aforamiento. 

Borràs es actualmente diputada nacional. Más aún. Es miembro de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Por tanto, será el Tribunal Supremo el que acabe decidiendo si existen indicios para investigarla por corrupción tras la remisión de una exposición razonada por parte del juzgado de Barcelona. Cuatro son los delitos que le imputa la Fiscalía de Barcelona, en pleno desarrollo de su 'iniciación' política, y en los que se apoya la magistrada instructora: prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Si la causa prospera, supondría el final de su carrera política.

En esta ocasión, con un único beneficiario. Herrero, diseñador web, programador informático y profesor de Creación Digital módulo del máster en Era Digital de la Universitat de Barcelona. Tanto el Ministerio Público como la magistrada consideran que Borràs adjudicó a dedo contratos a su amigo bajo el parapeto de empresas falsas y por servicios ficticios jamás prestados.

Tanto la magistrada como la Fiscalía consideran que los servicios de programación informática aludidos en las facturas investigadas son "inventados". Se idearon con el único fin de ocultar que el prestador del contrato nunca realizó prestación alguna. Y para ocultarlos, los pretendidos servicios se trocearon en contratos menores de 18.000 euros, de modo que su atribución sorteara los controles. El destino final fue —según defienden— el bolsillo de Isaías Herrero.

Consideran que Borràs adjudicó a dedo contratos a su amigo bajo el parapeto de empresas falsas y por servicios ficticios jamás prestados

Herrero, el beneficiario último, fue detenido en diciembre de 2017 por tráfico de drogas y otros delitos, como falsificación de moneda o defraudación en la factura de la luz. Según publicó el 'Periódico de Cataluña', en aquel momento los contratos bajo sospecha se limitaban a tres. En junio de 2015, el colaborador recibió 17.650 euros, en concepto de 'Migració dels continguts de l'antic portal 'Què llegeixes?', disseny, programació i desenvolupament'. En octubre de 2016, se detectó otra adjudicación por valor de 11.850 euros, en concepto de 'Desenvolupament àrees Festival Nacional de Poesia al portal de la ILC'. En febrero de 2017, por 16.050 euros, en concepto de 'Creació i manteniment web Any Bertrana'.

La investigación apunta, sin embargo, que los vínculos se prolongaron mientras Borràs se mantuvo al frente del ILC, hasta mayo de 2018, momento en que pasó a ser designada 'consellera' de Cultura. Los primeros indicios dieron lugar a una comparecencia en el Parlament hace unos meses. Entonces, Borràs —que acudió a la Cámara a petición propia— negó que fueran concesiones a dedo a un colaborador y aseguró que las acusaciones respondían a un "linchamiento mediático".

"Entre los años 2013 a 2017 hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática asignados por la Institución de las Letras Catalanas a favor del investigado Isaías Herrero Florensa", indica la exposición, que menciona que el aludido empleaba tres sociedades pantalla. Fiscalía apunta a un segundo investigado, Andreu Pujol Martin, al que califica de "comparsa" y que facturó servicios "reflejando en las facturas importes totalmente inventados".

"Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". Isaías Herrero Florensa se refería así a su relación con la actual portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, mientras ella estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre enero de 2013 y el mismo mes de 2018. La conversación grabada en noviembre de 2017 entre Herrero y su socio Marc Gómez figura en la exposición razonada que la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, ha remitido al Tribunal Supremo para que se investigue a la aforada. El alto tribunal ya ha pedido informe al fiscal.

"Escucha y si la Borràs, porque claro, esta tiene números de ser Gobierno (...) Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre", añadía Herrero, al explicar a su socio cómo Borràs "abusó" de su cargo de presidenta de la Institució de les LLetres Catalanes (ILC) para adjudicarle de forma "arbitraria" 18 contratos de programación informática de la web de la institución. El importe total ascendió a 259.863 euros, cantidad que se fragmentó por importes inferiores a 18.000 euros, para eludir la obligación de adjudicarlos por concurso público. Borràs le explicó cómo hacerlo en un correo de 2013.


Inhibición al Supremo

Las diligencias se han conducido en secreto durante los últimos dos años. Arrancaron en un juzgado de Manresa y acabaron en el 9 de Barcelona tras una inhibición. Durante el periodo en que se ha mantenido la reserva —levantada hace unos meses—, se practicaron escuchas telefónicas que, en opinión de los investigadores, acreditan la ilicitud de las adjudicaciones. Los pinchazos, entre ellos los practicados al propio Lafuente, acreditarían que cantidades aún por cuantificar acabaron en cuentas vinculadas al beneficiario último.

El escrito remitido al Supremo incluye conversaciones telefónicas y correos electrónicos de los que se desprende que Borràs participó "material y directamente" en la adjudicación de contratos a Herrero, imputado en la causa, para beneficiarle. Entre ellos figura uno en el que le indica la importancia de fragmentar las cantidades y una llamada de diciembre de 2017 en el que le reprocha que el portal de ILC no tiene las prestaciones acordadas, porque al "marcharse ella, se juega mucho si no cumple con esas obligaciones".

El Ministerio Público, que apoya la imputación, valora que no hay duda de la intervención directa de Borràs en la adjudicación. Fue ella quien propuso la concesión de los contratos, quien acordó su ejecución y quien resolvió aprobar el gasto. Las transferencias de pago, defienden los fiscales, trataron de difuminarse tanto en origen como en su recepción. Se ha detectado una pluralidad de transferencias con orígenes distintos y diferentes destinatarios.

No hay duda de su intervención. Fue ella quien propuso la concesión de los contratos, quien acordó su ejecución y quien resolvió aprobar el gasto


miércoles, 27 de noviembre de 2019

Pedro Sánchez se apoya en PP y Ciudadanos y abre una grieta con sus socios de investidura


Jordi Puigneró 

El Real Decreto Ley sobre seguridad digital ha sido aprobado de manera sorprendente por PSOE, PP y Cs y en contra del criterio de los aliados de Sánchez que permitirá actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma.

La república catalana en el camino a la independencia ha estado avanzando por el camino de lo digital. Este era uno de los objetivos del Consejo de la República que el Gobierno de Quim Torra había activado con la pompa y circunstancia pertinente. 

El propio Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, llevaba meses promoviendo la idea. La primera vez que anunció que el Gobierno independentista aspiraba a construir un Estado digital en forma de república fue en la presentación el pasado enero de la candidatura de Barcelona para convertirse en una de las primeras ciudades europeas que testee la tecnología 5G.

La reivindicación independentista no fue muy bien recibida entre el resto de las instituciones implicadas en el proyecto. Consideraron que se debían dejar de lado exigencias políticas porque podían lastrar el objetivo real de un proyecto que supera ideologías y pasaría inevitablemente por la colaboración público-privada. La Generalitat ha seguido avanzando hacia lo que ya se conoce como la República Digital.

El nuevo Congreso que se constituirá el 3 de diciembre, con 16 fuerzas parlamentarias, se anticipa ya como el escenario perfecto para el caos político e ideológico y lo mismo sucede, si es que al final se conforma, en el futuro Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. 

La convalidación en la Diputación Permanente del real decreto por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, lo ha puesto de manifiesto. Nada es lo que parece en la Cámara, las posiciones son cambiantes, los aliados y los adversarios, también. 

Finalmente, el PSOE sólo encontró apoyo, aunque también trufado de críticas y reproches, en el PP y en Ciudadanos. La portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, explicó la decisión de su grupo de votar a favor de la convalidación del decreto en la necesidad de garantizar la seguridad del Estado y de los españoles ante amenazas como las que puede representar el independentismo instalado en las instituciones catalanas actuando sin control en la red. 

El real decreto, pensado realmente para cortocircuitar la llamada república digital catalana y poner freno a la proliferación en la red de movimientos de tinte subversivo contra el Estado, ha visto finalmente la luz gracias al voto aprobatorio de PSOE, PP y Ciudadanos, suficiente para tumbar el rechazo contundente de los potenciales aliados de Pedro Sánchez -independentistas y nacionalistas- y de Vox, y la abstención de su futuro socio de Gobierno, Unidas Podemos. 

Finalmente el decreto ha sido convalidado con los apoyos de PSOE, PP, Ciudadanos y un voto del Grupo Mixto. En total 50 síes, frente a 10 noes de Vox, ERCJxCatBildu y PNV y ocho abstenciones de Unidas Podemos. 

Las grietas en el bloque de respaldo a Sánchez empiezan a ser evidentes. Los representantes de la formación morada, en principio contrarios al decreto, tuvieron que maniobrar presentando propuestas de modificación del texto a los socialistas a fin de encontrar un argumento que les permitiera justificar un cambio en su postura y pasar del voto en contra a la abstención.

Adriana Lastra charla con las diputadas socialistas Luz Martínez Seijo (izqda.) y Susana Sumelzo, en la Diputación Permanente

Sólo cinco años de cárcel para el "héroe" de Colau



Rodrigo Lanza es condenado por homicidio pero en junio ya estará en la calle

En junio de 2020, dentro de siete meses y quizá para alborozo de todos esos progres que lo han masajeado en los medios de comunicación, el homicida Rodrigo Lanza estará en la calle, tomando copas y presumiendo de su fechoría: matar a golpes, a traición y con ensañamiento, a un ciudadano español porque llevaba unos tirantes con la bandera de España.

El 'antifascista' Rodrigo Lanza, ha sido condenado a cinco años de prisión y a una indemnización de 200.000 euros por matar a un hombre en un bar de Zaragoza que llevaba unos tirantes con la bandera española. La Fiscalía pedía para Lanza 25 años de cárcel con el agravante ideológico por matar a Víctor Laínez, un hombre de 55 años en diciembre 2017.

El jurado no ha visto ensañamiento en este caso. Es más: la paliza que le propinó Lanza a una Laínez derribado y vulnerable, ha sido considerada ‘un arrebato’, por lo que le ha servido como atenuante de la condena.

Tampoco ha considerado la agravante de la reincidencia por el hecho de que Lanza ya hubiera dejado tetrapléjico a un policía en 2006 y hubiera sido condenado por ello en 2008. No ha sido tomado en cuenta el homicido del policía Juan José Salas, porque no fue solicitada por las acusaciones en sus informes.

El jurado lo declaró hace unos días culpable de un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio imprudente, pero no de asesinato, como pedían la Fiscalía y las acusaciones particular y privada. Lanza ya llevaba casi dos años en la cárcel de Zuera por el crimen por lo que con la condena de cinco años podría salir a la calle en junio del próximo año, según ha adelantado El Heraldo.

Se da el caso que pasó cinco años en prisión por el caso del guardia urbano de Barcelona que quedó tetrapléjico en el desalojo de una casa ocupada en la calle Sant Pere Més Baix 2006. Los hechos los recogió el documental "Ciutat morta", donde Lanza negaba ser el autor de la lesión al guardia urbano. Ada Colau aseguró entonces que Lanza era víctima de "la corrupción policial" y lo trató de "héroe anónimo".

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martes, 26 de noviembre de 2019

¿Nuevas elecciones para marzo?


Sánchez votando en la consulta socialista. | Twitter Pedro Sánchez


El Gobierno empieza a contemplar la posibilidad de unas terceras elecciones el 29 de marzo

Fuentes parlamentarias adelantan que se han reservado algunas fechas de investidura como los días entre el 9 y el 11 de diciembre.

El pesimismo avanza a pasos agigantados en Moncloa y Ferraz. La decepción aumenta por segundos y el baño de realidad hace que muchos de los gurús que pregonaban las bondades del pacto de gobierno progresista se hayan sumido, ahora, en el más escrupuloso silencio, en parte motivado por la voluntad de no frustrar un posible acuerdo con ERC, en parte por la desorientación de un PSOE que no sabe en estos momentos qué está por venir.

Como telón de fondo, la constatación de que ERC "no es de fiar", como decía el propio Pedro Sánchez hace un año cuando en el mes de febrero anunció la convocatoria de elecciones justo antes de romper el pacto presupuestario con ERC. Éste es el contexto en el cual el Gobierno ha empezado a contemplar un escenario descartado tajantemente hasta la fecha: las terceras elecciones.

El descarte era tal que ni siquiera previeron que la fecha elegida para la investidura de Pedro Sánchez, el 16 y 18 de diciembre, supondría convocar elecciones generales el 12 de abril, Domingo de Resurreción, en plena Semana Santa, con la mayoría de los españoles de vacaciones primaverales. Un hecho del que se han percatado en el Gobierno una vez que han empezado a echar cuentas sobre la posibilidad de acudir a unas terceras elecciones y que ha motivado que se busquen fechas alternativas.

"Se ha reservado la semana anterior, la del 9/11 de diciembre", lo cual supondría que la repetición electoral podría ser el 29 de marzo, tras los dos meses desde el fracaso de la investidura hasta la disolución de las Cortes y los 48 días que fija la LOREG hasta la convocatoria electoral, siete días menos de campaña electoral gracias a la modificación legislativa de la Ley Electoral de 2016.

Última esperanza: el PP

Éste no es, sin embargo, el único escenario que se contempla en Moncloa y Ferraz. El otro sería la abstención del PP que ven difícil en el PSOE pero no imposible porque "si vamos a elecciones, Casado será el responsables de votar en contra". Una responsabilidad que hacen extensible a Ciudadanos y a Esquerra Republicana porque "nosotros podremos sacar pecho de haber llegado a un acuerdo de gobierno con Podemos". Sin embargo, el temor a que la tendencia bajista del PSOE se acentúe por encima de los 750.000 votos y tres escaños que se dejó Pedro Sánchez el 10 de noviembre, no se verbaliza pero se toca con los dedos.

LD

El consejero de Exteriores catalán viaja a EEUU para hablar ante 14 personas



Alfred Bosch asegura que en Estados Unidos hay una "gran sensibilidad" hacia lo que ocurre en Cataluña tras no ser recibido por nadie.

Nuevo "éxito" internacional del proceso separatista. El consejero de Exteriores de la Generalidad, el republicano Alfred Bosch, viajó esta semana a los Estados Unidos para mantener una intensa agenda que no incluyó ninguna entrevista ni actividad de relieve, hasta el punto de que el desplazamiento pasó casi desapercibido hasta para los propios medios catalanes afectos a la causa independentista.

Eso no fue óbice para que el consejero haya presumido de su viaje y haya hecho declaraciones sobre la supuesta "gran sensibilidad" estadounidense sobre lo que pasa en Cataluña y se haya retratado frente al Capitolio, donde depuso que los Estados Unidos son un referente en materia de lucha por los derechos civiles.

Tras las fotos y declaraciones más tópicas, Bosch presumió en su propia cuenta de Twitter de una conferencia que pronunció en el centro de estudios internacionales de la Universidad de Georgetwon, donde le escucharon con suma atención un total de catorce personas, incluida parte de su comitiva. Según Bosch, fue un honor regresar a las aulas universitarias para poder explicar lo que pasa en Cataluña.

La consejería de Exteriores no ha informado del coste del desplazamiento de Bosch a los Estados Unidos ni se ha posicionado sobre el nulo interés suscitado por la visita.

lunes, 25 de noviembre de 2019

Negociación... "De gobierno a gobierno"

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Ya esta todo preparado para la nueva farsa donde los dirigentes del PSOE lleguen a poner en acuerdo en igualdad en una nueva farsa con el separatismo catalán.   Mientras los cien mil votaban, los dirigentes de Esquerra especificaban el precio: diálogo entre gobiernos. De igual a igual. Sin condiciones ni vetos. Presididos por Torra. Con calendario específico, garantías 

ERC gracias a estos cien mil militantes a sueldo público que han votado "el si a todo a Sánchez" y los que van a votar dentro de Esquerra en contra de lo prometido en un paripé solo apto para imbéciles o muy aborregados en la que uno quieren seguir mandando como hasta ahora se ha hecho en Cataluña, intentando proseguir la comedia iniciada por  Puigdemont.   

Nada tan ilógico que Pedro Sánchez  de ser el adalid del "no es no" haya pasado a convertirse en el apóstol de "lo que haga falta". y acepte como interlocutor válido de la negociación al que fuera número dos de Junqueras, José María Jové. Su blanqueamiento es ya, de por sí, un gran paso hacia la investidura. Nadie podrá decir que los socialistas van engañados a la tenida preparatoria que capitanearán el próximo jueves José Luis Ábalos, número dos del partido y hombre fuerte del Gobierno, y Josep María Jové, mano derecha de Junqueras e ingeniero jefe del referéndum del 1-O.

Cuando consiga la investidura, al principio, Sánchez se creerá su propia fantasía de que va a gestionar un gobierno socialdemócrata, capaz de aplicar recetas keynesianas para reavivar la economía, sin romper la disciplina fiscal. Luego no le saldrán las cuentas. Ni las de Bruselas, ni las de la opinión pública. De hecho ya hay más españoles que, antes de que se configure ese ejecutivo, prefieren unas terceras elecciones.

Lo que se avecina es la polarización y el frentismo. La crispación en el Parlamento y la violencia en la calle. El empobrecimiento y la ira. El bloqueo de nuestra fábrica social, en suma. Podemos tensará la cuerda y Vox se frotará las manos.

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domingo, 24 de noviembre de 2019

El 'patriotismo fiscal' de un restaurante le obliga a echar el cierre

Restaurante Siurana, cerrado por pagar el IVA a la Agencia Tributaria de Cataluña en lugar de a Hacienda / GOOGLE

Los iniciadores de la insumisión fiscal cierran su negocio: acaban sin NIF, con cuentas bloqueadas y abandonados de la Generalitat


En noviembre de 2011 el matrimonio propietario del restaurante Els Cingles de Siurana,, Andreu Bartolomé y María Casademont, tras más de un año de sobredosis diaria de TV3 y RAC1 decidieron que la sentencia del Tribunal Constitucional anulando algunos preceptos del Estatuto 2006 era inaceptable, al igual que "el expolio fiscal que sufre Cataluña". "Que Espanya ens roba". Así que se declararon insumisos fiscales y dejaron de pagar impuestos a la malvada España.

Òmnium Cutural y el Círculo Catalán de Negocios a través de la web hoy inactiva diemprou.cat, habían convencido a estos pobres y fanatizados cocineros y pusieron a disposición varios impresos afirmando que contaban ya con 4.000 apoyos, pero hoy la web está inactiva y se dedica a quejarse de los carteristas del metro.

A principios de 2012 los Bartolomé explicaron su heroicidad ante 200 personas en el Colegio de Periodistas de Barcelona: dejarían de pagar el IVA en abril de 2012 e ingresarían el importe en la Agencia Tributaria Catalana; ya habián informado a Artur Mas por carta. Sus 10 Trabajadores debian estar emocionados. Como contaban los diarios del Régimen, "Su aspiración era que las 600.000 empresas catalanas se unieran a la iniciativa".

Pasa el tiempo y reciben un requerimiento de al AEAT por no haber abonado sus impuestos. La pareja contestó al requerimiento argumentando que "la empresa estaba al corriente de pago y había cumplido con todas sus obligaciones" fiscales, excepto con el abono del IVA y del impuesto de sociedades. Ambos tributos decidió ingresarlos en la hacienda catalana, "con la intención de obligar a Nuestros representantes en obedecia el mandatos del pueblo expresada en el Estatuto de 2006".

Los propietarios del restaurante han explicado públicamente,que la AEAT ha procedido a bloquear las cuentas bancarias Asociadas a este negocio y en la retirada del número de Identificación Fiscal (NIF). Unas medidas que el fisco solo aplica cuando un negocio tiene impagos. 

Ante esta situación, también recurrió al fisco catalán quienes habian recibido puntualmente los pagos del restaurador, pero esta vía, no les sirvió para que sus cuentas fueran desbloqueadas. "Tampoco ha prosperado los requerimientos a la ATC para que nos facilitarán un NIF catalán, en este caso, con la excusa 'de estar intervenidos", aclaraba los dueños del Siurana.

El patriotismo fiscal de María y Andreu, dueños del local, ha acabado por finiquitar su negocio y ha puesto un cartel explicando un Ataque Democratico. Resultado? Nadie las ha seguido, los chiringuitos lacis los han abandonado, y ellos cierran ahora su negocio. Vea el patético mensaje que han difundido Andrés y María.

Hay que ser pardillos

restaurante cierra impuestos

sábado, 23 de noviembre de 2019

ERC cuela al cerebro del 1-O, en la negociación con el PSOE


Josep Maria Jové está imputado por la agenda Moleskine

El diputado de ERC Josep Maria Jové, que está imputado por la agenda Moleskine en la que se trazó la hoja ruta del 'procés' y el referéndum del 1-O, serà uno de los tres dirigentes republicanos que formarà parte de la mesa de noegociación con el PSOE para explorar si es posible una abstención de los 13 diputados republicanos en el Congreso que facilite la investidura de Pedro Sánchez.

Su inclusión en la terna de negociadores de ERC, con Gabriel Rufián y Marta Vilalta, es un gesto meridiano de Oriol Junqueras en relación a su propia situación y a las causas pendientes del golpe de Estado. Adriana Lastra, el socialista catalán Salvador Illa y Ábalos tendrán que vérselas con un imputado por el 1-O que además de mano derecha de Junqueras es uno de los más cualificados representantes del ala maximalista de ERC, partidario del choque frontal con el Estado.

Jové simboliza las dos principales reivindicaciones de los republicanos, la amnistía y la autodeterminación, así como el sobreseimiento de todas las causas pendientes por el proceso separatista. Jové es, además, lo más parecido a negociar con Junqueras, toda vez que a Pere Aragonès, el vicepresidente regional, se le atribuye un papel más institucional y el papel de Rufián tiene mucho que ver con la exposición mediática del partido y nada con la dirección y las decisiones estratégicas.

Josep María Jove con Junqueras | EFE

Jové es uno de los nombres clave del proceso separatista, una pieza fundamenta en el engranaje que condujo a la celebración de la consulta del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Detenido el 20 de septiembre de 2017 por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, la Guardia Civil halló en el registro de su domicilio dos documentos imprescindibles para ilustrar el llamado "Procés", una agenda "moleskine" con apuntes sobre las reuniones del "comité estratético" que dirigió el golpe de Estado y unos papeles con el título de "Enfocats" en los que se definían los pasos a seguir para lograr la independencia.

Un grafómano impenitente

En aquel momento, Jové era el secretario general de la consejería de Economía y Vicepresidencia y mano derecha de Junqueras en un cargo sin ninguna proyección pública. Se le atribuía el papel de primer estratega de ERC, el hombre que movía los hilos entre bambalinas para hacer realidad los deseos y encargos de su jefe, un tipo discreto y eficaz y un grafómano impenitente que lo anotaba todo en la referida agenda, desde las fechas de las citas a los comentarios claves de los personajes principales del proceso, de Puigdemont a Mas pasando por Carles Viver Pi i Sunyer (el cerebro jurídico, exvicepresidente del Tribunal Constitucional) y otros miembros del denominado "Estado mayor" del proceso.

La documentación incautada a Jové resulta fundamental para comprender el "Procés". En "Enfocats" se decían cosas como que "si queremos hacer tortillas hay que romper huevos y los huevos se deben romper cuando el aceite esté caliente" y se teorizaba sobre el control efectivo de las instituciones, la necesidad de obtener reconocimiento internacional o la de redimensionar estructuras como los Mossos, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información o los servicios autonómicos de Hacienda una vez proclamada la república.

La cronología del golpe

En cuanto a la agenda, es imprescindible para establecer la cronología del golpe y el peso de sus participantes. "Enfocats" suscita dudas sobre su autoría, pero en el caso de la agenda no cabe ninguna, si bien Jové se ha negado a realizar pruebas caligráficas, niega que sea suya, igual que el antedicho "Enfocats" y tiene impugnado el registro de su domicilio.

Jové, ex 'número dos' de Junqueras como secretario general de la Vicepresidencia, está considerado como el 'arquitecto' del procés y del referéndum ilegal del 1-O. Jové fue detenido el 20 de septiembre de 2017 en la operación policial contra los preparativos del 1-O y está imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Jové sólo estuvo unas horas detenido, las suficientes en cualquier caso para que el partido decidiera blindar al llamado "arquitecto del 1-O", de modo que fue incluido en las listas para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, las convocadas al hilo de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. El acta de diputado derivó su caso del juzgado número 13 al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Asociación de Escoltas sospecha que Podemos contrató de manera irregular a su guardaespaldas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria de su grupo, Irene Montero. EFE

La ASES quiere que la dirección nacional de Policía investigue una posible “falta grave” que afectaría a la trabajadora y a los líderes de la formación morada.

La Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) presentará ante la dirección nacional de Policía una petición para aclarar si la trabajadora a sueldo de Podemos encargada de la seguridad de Pablo Iglesias e Irene Montero ejercía su cargo de manera regular. La exescolta de los líderes de Podemos demandó al partido por supuesto despido improcedente, alegando que sus contratantes le hacían peticiones que excedían sus funciones. La ASES, no obstante, cree que hay indicios de “falta grave” en la contratación de la exescolta, cuya responsabilidad podría caer en Iglesias y Montero.

La cuestión es legal y laboral, ha explicado este viernes Andrés López Esteban en una entrevista a la emisora ClickradioTV. La ASES sostiene que, al ver la demanda de la exescolta de Podemos, tiene la sospecha de que se trate de “una posible vulneración de un intrusismo profesional, que sería considerado una falta muy grave por el reglamento de seguridad privada”.

López Esteban ha explicado que para trabajar como escolta hace falta “estar homologado mediante una acreditación administrativa que proporciona el ministerio del Interior después de una prueba”. Y a la vez resultar empleado en una “empresa de seguridad homologada e inscrita en el registro”.

En su demanda, la exescolta de Podemos argumentaba que durante el servicio no pudo disfrutar de las 12 horas de descanso entre jornadas laborales, y tener que realizar trabajos que excedían sus funciones. Concretamente, hacer recados “de manera recurrente” para los líderes del partido o ayudar en el mantenimiento de la vivienda y los vehículos de Iglesias y Montero.

"Es un tema que nos preocupa"

Al visionar la demanda, la ASES manifiesta su “preocupación” al ver que “esta señora demandaba al partido como empresa”, mientras que “debería en cualquier caso remitirse o recurrir a demandar su propia empresa, nunca al cliente”, ha comentado el portavoz de la ASES.

“Es un tema que nos preocupa profundamente ante un supuesto caso de intrusismo profesional y ante esta situación vamos a plantear una consulta a la dirección general de la Policía, concretamente a la unidad central de seguridad privada, para que ahonde en el tema y nos dé respuesta”, ha añadido López Esteban.

La “falta grave” afectaría tanto a la trabajadora como al partido Podemos por haber, supuestamente, contratado una escolta sin ella estar registrada en el gremio oficial. “La responsabilidad sería de la trabajadora al no estar encuadrada en una empresa de seguridad y, por otro lado, sería una responsabilidad de la persona que ha contratado a la trabajadora. En ambos casos sería considerada falta grave”, ha concluido el portavoz de la ASES.

viernes, 22 de noviembre de 2019

"Psicólogos por la Independencia", para no desfallecer en el intento

Cursos ANC sobre psicología

La ANC ofrece cursos psicológicos contra el «desgaste emocional provocado por la represión del Estado»

‘Psicólogos por la Independencia’, una de las ramas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), ha lanzado unos nuevos cursos de gestión de emociones y resiliencia para intentar combatir "el desgaste emocional en un contexto marcado por la represión del Estado español".

La asociación independentista catalana ANC cuenta dentro de sus filas con personas dedicadas a la psicología. Los autodenominados ‘Psicólogos por la independencia’ han creado estos talleres estructurados en tres sesiones de dos horas y media cada una donde se atenderá a los ciudadanos que quieran ‘superar’ momentos tales como el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"No resulta inverosímil pensar, hoy, que la gran cantidad de hechos y acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, llenos de momentos de fuertes emociones, nos ha dejado, al menos, huella. Incluso, que nos ha pasado factura”, aseguran en su página web.

Los psicólogos pertenecientes a esta plataforma creen que existe "una mezcla de sentimientos y estados de ánimo" porque el independentismo ha vivido “una montaña rusa emocional que ha tenido que gestionar tan bien como ha podido”.

Según su página web, los separatistas están viviendo un "proceso psicoafectivo que afecta como individuos". Por ello, han creado estos cursos, para ver cómo les ha “afectado” y “prepararse para los eventos que están por venir”.

Los objetivos

Los cursos se marcan cuatro objetivos. El primero, dar herramientas “para combatir el desgaste emocional en un contexto marcado por la represión del estado español”. El segundo, “dar información para que cada participante las aplique según su vivencia y realidad”. El tercero, “reconstruir conjuntamente” su “relato para resituarse y tomar perspectiva”. Y el cuarto, hablar de la gestión “emocional del cambio y reflexionar” sobre cómo les han afectado “todos los eventos”.

Además, tienen clara su finalidad: “Aprender a cuidarse para continuar la lucha” porque el objetivo final es “como siempre, la independencia”.

Teléfonos de asistencia

La ANC también ha puesto a disposición de sus afiliados unos números de teléfono para “asistencia psicológica”.

De esa manera, los separatistas pueden hacer sus consultas o participar en una suerte de terapia de ayuda psicológica por vía telefónica.

Además, también disponen de un teléfono para ‘emergencias jurídicas’, en el que prestan asesoramiento sobre los problemas legales que hayan podido tener los independentistas.

La ANC ofrece cursos psicológicos contra el

Puigdemont deja caer a Torra y elige a Borràs para derrotar a ERC


Laura Borràs sería la primera presidenta de la Generalitat, pero no tiene experiencia en gestión

Como ya adelantó Salvador Sostres en ABC hace algunas semanas, Carles Puigdemont tiene tomada la decisión de prescindir de Quim Torra y de proponer a Laura Borràs como próxima presidenta de la Generalitat. Consciente de ello, Torra quiso ante el tribunal que le juzgó por desobediencia el lunes, forzar su inhabilitación autoinculpándose, para procurarse el final épico que desde que accedió a la presidencia comentó con sus colaboradores más íntimos que andaba buscando.

«No quiero pasar a la Historia como uno que no hizo nada, como un pelele o un cobarde». Se ha buscado, por su parte, un final épico. A diferencia de Junqueras y de Puigdemont, que están pagando un alto precio por la clase de «épica» que eligieron, a Torra el castigo de la inhabilitación le llegará –igualmente no iban a volverle a presentar– y se irá con el «honor» de ser el primer presidente de la Generalitat inhabilitado mientras todavía está en el cargo.

Por su horizonte judicial y por la desconfianza de Puigdemont, su debilidad y su soledad son ahora absolutas. «Si de mí depende no habrá adelanto electoral», le dijo ayer a Jordi Basté en RAC1. La única prerrogativa indiscutible del presidente de la Generalitat es precisamente convocar elecciones, y si Torra no sabe si la convocatoria dependerá de él, es que ha asumido que está fuera de combate.

jueves, 21 de noviembre de 2019

El saqueo de Andalucía 192 - Las mentiras de Susanita.



Susana Diaz acudió esta mañana al Rojo Vivo de la Sexta, para intentar jusificarse por los continuos obstáculos de la Junta bajo su presidencia hacia la investigación judicial de los ERE. Ella se ha centrado en eludir cualquier responsabilidad política propia o del PSOE, tras la condena de dos ex presidentes socialistas de la Junta, además de ex presidentes del PSOE. Ha resumido su posición en una petición de perdón -"lo pediré las veces que haga falta"-.

Ha tratado en todo momento de desvincular a su partido de la red clientelar, donde con dinero público se compró paz social y se premió a familiares del miembros del PSOE. "Ni una vez aparece el PSOE en la sentencia. Eso significa que no hay financiación ilegal, el partido no se ha lucrado. Ocurrió algo bochornoso y lamentable, por eso pedí perdón. De quien no admito lecciones es del PP". Ha llegado a vincular a Juan Manuel Moreno con miembros de la >trama Gürtel, que habrían ido a hablar con él.


Lejos de refrendar la posición de la Justicia, ha insinuado que ha habido intereses políticos en la persecución de esta trama de corrupción con los gobiernos socialistas. De hecho, eludió afirmar si estaba de acuerdo con la sentencia. Y ha repetido: "No se ha valorado que Pepe y Manolo no se han llevado ni un duro". "Desde el respeto absoluto [a la Justicia]", ha dicho después, para atacar inmediatamente: "Ha habido coincidencia entre hitos políticos y decisiones judiciales".

Y ha llegado a negar que la Junta de Andalucia se retiró de la causa de los ERE bajo su mandato. Asi la única perjudicada puede reclamar judicialmente a los defraudadores. Gracias a ella, ni un euro se podrá recuperar de estafa , tan monumental...

Casi 40 años gobernando , se han tirado los socialistas en Andalucía, gracias a diversas prebendas , consiguieron gracias a éso , cientos de miles de potenciales clientes, que siempre votaban a los socialistas...

Y gracias a ellos, se conseguían mayorías en el Congreso, de ahí el gran número de años , se tiraron gobernando, ...Tanto en el plano regional , como en el nacional...

Y ahora viene con la milonga , de que los condenados, ni un euro a sus casas se han llevado , le parece poco el estipendio , con que regaron a empresas afines , amiguetes y distintos personajes de distinto pelaje .....

!!! Las prebendas , consiguieron gracias a éso , cientos de miles de potenciales clientes, que siempre votaban a los socialistas.....Y gracias a ellos, se conseguían mayorías en el Congreso, de ahí el gran número de años , se tiraron gobernando, ... Tanto en el plano regional , como en el nacional........Y ahora viene con la milonga , de que los condenados, ni un euro a sus casas se han llevado , le parece poco el estipendio , con que regaron a empresas afines , amiguetes y distintos personajes de distinto pelaje Lo dicho por ésta vividora, de no ser la triste realidad , sería para mear , y no echar ni gota !!!

Revolcón de Valtònyc en Europa




El Tribunal de Estrasburgo no admite su recurso

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado inadmisible el recurso presentado por Josep Miquel Arenas "Valtònyc" contra su condena a tres años y medio de prisión. El rapero mallorquín fue condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas por el contenido de las letras de algunas de sus canciones. El cantante permanece huido de la justicia española.

El abogado de Valtonyc, Gonzalo Boye, ha mostrado su sorpresa, si bien había sido ya comunicada al abogado del artista el pasado mes de julio, porque es «una resolución muy escueta» que tienen que analizar, aunque admite que ante ésta «no cabe recurso». Ahora, la defensa del rapero mallorquín tendrá que estudiar qué opciones se han podido dejar en España, aunque tal vez por plazos nos se puedan llevar a cabo.

Ya en el mes de junio de 2018 el tribunal de derechos europeo rechazó la medida solicitada por el cantante para que, de forma cautelar, se declarara nula la orden de ingreso en prisión que dictó contra él la Audiencia Nacional una vez que su condena fue confirmada tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional.

Valtònyc comparte defensa con el expresident de la Generalitat de Cataluña huido en Bélgica Carles Puigdemont, y el resto de exconsejeros que le acompañan. Es habitual verle en actos organizados por el entorno independentista en dicho país.

miércoles, 20 de noviembre de 2019

Una escolta denuncia que Irene Montero le obligaba a hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia


Según la denuncia, la política de Podemos también le pedía que adelantase el comienzo de su jornada laboral para «calentar el habitáculo del coche»

Una exescolta contratada por Podemos presentó una demanda en un juzgado de lo social de Madrid contra Irene Montero a la que acusa de obligarla a realizar trabajos domésticos que nada tenían que ver con el objeto de su contrato. Según publica OK diario, la trabajadora denuncia que la líder de la formación morada la obligó «de manera recurrente», y fuera de su horario, a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer a amigos y familiares hasta su casa de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja. 

Otras tareas que supuestamente le encomendaba, según recoge la denuncia, era hacer de «chófer de familiares invitados al domicilio o de transporte de envíos de familiares». También hizo la compra en un supermercado y otras, también de carácter personal, en una parafarmacia. Según la denuncia, Montero le pedía que adelantase el comienzo de su jornada laboral para «calentar el habitáculo del coche» que la portavoz parlamentaria de Podemos utilizaba, a diario, en sus desplazamientos. 

Funciones excesivas

Los hechos se remontan al 25 de febrero de 2016, fecha en la que Podemos contrató a la demandante como “escolta personal en exclusiva” de Pablo Iglesias “tanto de la agenda oficial como de la personal”. Tras un año y medio de “viajes, pernoctas” y todo “tipo de desplazamientos” con el líder de la formación morada, la empleada pasó al servicio de Irene Montero, el 26 de septiembre de 2017.

Es entonces cuando “las órdenes, directrices y trato dispensado por ésta a la trabajadora” comenzaron a “exceder con mucho de las normales” recibidas hasta la fecha.

Los encargos de Montero, lejos de respetar “los derechos básicos y condiciones” mínimas que “deben regir una relación laboral”, se producían “no sólo” por encima “de la jornada legal, horario y turno asignados” a la misma en su contrato sino a horas intempestivas.

La exempleada, que presentó una demanda por despido nulo exige su readmisión porque considera que prescindieron de ella tras quejarse por el trato «discriminatorio».

Salvar a Sánchez como sea

La imagen puede contener: 5 personas, personas sonriendo, personas de pie y de traje

Había que ver los equilibrios que tuvieron que hacer ayer Farreras y sus colaboradores de la secta. para explicar a sus fieles la sentencia sobre el mayor caso de corrupción cometido por un partido en nuestro país que eso era cosa de cuatro golfos que se iban de putas y ya están fuera de la política.Que la estafa de los ERES era corrupción de la buena.  La mala era la de Gürtel.

Acabaron asegurando que ha sido algo que ocurrió en un país lejano y que la cúpula del PSOE no ha tenido nada que ver con dos antecesores de Sánchez en la presidencia del partido han sido condenados. 

Para Pedro Sánchez y en Moncloa afirman: "No nos afecta", ellos creen que el asunto "está amortizado" porque la responsabilidad política y penal recae solo sobre todos los exdirigentes del partido, no sea que peligre su pacto con Iglesias, a pesar que éste el culpable fue el bipartidismo. Las "farruquitas" (Marisú y la vice) desaparecieron de escena, no sea que les salpique. Pero ellas estaban alli.

Pero viendo el cariz que toman las cosas, en el PSOE ya han empezado a buscar responsables políticos más allá de los acusados por la trama de los ERE y el peso pesado tiene nombre propio: Susana Díaz. La niña de Griñán. Sólo en esa clave puede entenderse el largo silencio que se instaló en el PSOE tras conocerse la sentencia.

"Tiene que caer", deslizan fuentes socialistas que recuerdan que "Susana fue la mano derecha de Griñán, fue la niña de Griñán y estaba ahí", y por lo tanto, "no puede aspirar a repetir como candidata" ni mantener su mandato al frente del PSOE andaluz. "Esto le afecta directamente al PSOE de Andalucía que tiene que pasar página". Susana Díaz como cabeza de turco, es la estrategia socialista y por ello hay mutismo absoluto en Moncloa y en Ferraz. 

Ley del silencio a la espera de que quien se pronuncie sea la secretaria general de los socialistas andaluces. "Que se coma el marrón", sostienen ya desde Madrid quienes han encontrado en esta sentencia de los ERE la excusa perfecta para acabar con Díaz al frente de la federación más numerosa de España .

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martes, 19 de noviembre de 2019

El saqueo de Andalucía 191 - La sentencia de los ERE



La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación al expresidente andaluz socialista, José Antonio Griñán, por delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política de los ERE. El también expresidente andaluz del PSOE, Manuel Chaves, ha sido inhabilitado por un periodo de 9 años por prevaricación.

El tribunal ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas y ha absuelto a cuatro acusados por el delito de malversación. El fallo impone al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, una condena de 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, se le imponen 7 años y 1 día de prisión por un delito de malversación e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

La exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión, mientras que el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, ha sido condenado a seis años y dos días de prisión.

La exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación, al igual que el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Economía, José Salgueiro Carmona, y el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano.

El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, mientras que su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras ha sido condenado a 7 años y un día de prisión. El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión.

El ex secretario general técnico de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que el ex secretario general técnico, Javier Aguado Hinojal, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y absuelto de malversación. Lourdes Medina Varo, también ex secretaria general técnica de Empleo ha sido condenada a 8 años, seis meses y un día de inhabilitación y absuelta por el delito de malversación, por el que se le habían pedido seis años de prisión.

El ex director general de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguila, ha sido condenado a seis años, seis meses y un día de prisión, mientras que el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete, ha sido condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación, quedando absuelto del delito de malversación, por el que se enfrentaba a seis años de cárcel.

Sólo dos absueltos

Los dos únicos absueltos de todos los cargos han sido el ex interventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río Muñoz. El interventor denunció por quince veces a la Junta de Andalucia el sistema empleado por la Consejeria de Trabajo. Sus reclamaciones no fueron atendidas.

La Primera de las 187 piezas de la macrocausa de las empresas que recibieron subvenciones

Los expresidentes de la Junta y los otros ex altos cargos imputados han conocido este mediodía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que ha sido dictada por el juez Juan Antonio Calle Peña, que ha redactado la voluminosa sentencia, y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días. Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y finalizó el 17 de diciembre de 2018. Desde ese momento, los tres magistrados han estado 11 meses deliberando y redactando la sentencia que se ha conocido este martes.

Los acusados podrán recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en casación ante el Tribunal Supremo.

Más de 855 millones de euros defraudados

La Fiscalía acusaba en el juicio a 21 ex altos cargos del PSOE de defraudar más de 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no han estado presentes en la notificación de la sentencia, que ha sido entregada este martes a las partes por una funcionaria en un pendrive. El fallo ha sido entregado en papel.

El macrojuicio de los ERE quedaba visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras más de un año y 152 sesiones. La causa estaba compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y 7 tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

La sentencia de la pieza política de la causa se produce casi nueve años después de que la juez Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis.

Las Condenas

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El saqueo de Andalucía 190 - El caso ERE, la mayor causa de corrupción en España

Su participación estaba asegurada por cuanto tanto Chaves como Griñán y otros eran aforados por ser diputados y/o senadores.

Desde 2010, año en el que comenzó su andadura el caso de los ERE, han pasado tantos años que apenas se recuerdan todos los elementos esenciales. Por que hay que hacer un resumen de los distintos avatares del proceso por la mayor causa de corrupción habida nunca en nuestro país.

El 19 enero de 2011 


La juez de Sevilla Mercedes Alaya abre las diligencias previas número 174/2011, que dieron lugar al caso ERE. Se trata de la mayor causa de corrupción abierta nunca en el país, que puso al descubierto la presunta trama diseñada por la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE para sustentar su propio poder a través de un arbitrario reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores. Inicialmente, se iba a investigar un presunto fraude en ayudas públicas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. 

15 noviembre 2011

La juez Mercedes Alaya apunta por primera vez en un auto al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como "cúspide" de una "estructura piramidal" que propició el presunto fraude durante una década.

9 marzo 2012

Declara en el juzgado el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que al día siguiente ingresa en prisión. Es el primer ex alto cargo que va a la cárcel por los ERE fraudulentos y el principal acusado en esta causa. Guerrero fue alto cargo durante nueve años, desde 1999 hasta 2008, con tres consejeros de Empleo diferentes: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, siempre en la etapa de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.

16 marzo 2012

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del ex director general de Empleo Javier Guerrero, declara ante la juez Mercedes Alaya que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas de la Junta que recibieron irregularmente sus empresas. De acuerdo con el testimonio del ex chófer, Guerrero también habría recibido entre 60.000 y 80.000 euros en metálico, cuadros, un piano, antigüedades, ropa por valor de 2.000 euros y mil euros más en consumo de telefonía móvil. Muchos de estos regalos se los habría llevado a su casa de El Pedroso el propio ex conductor.

24 abril 2012

Tras cuatro días declarando en el juzgado, la juez Mercedes Alaya envía a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Sale en agosto de 2012 tras pagar 450.000 euros de fianza. En su auto de prisión, la juez acusó a Fernández de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones, generando "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía debido al "despilfarro continuado" de los fondos públicos. De la declaración del ex consejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta "indiscriminadamente" y no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.

20 marzo 2013

La Guardia Civil despliega la operación Heracles con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes de abogados que presuntamente se lucraron con sobrecomisiones para tramitar los ERE ante la Junta. En febrero de 2018, un informe remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por los peritos de la Dirección General de Seguros revela que las comisiones cobradas por mediadores en ERE financiados por la Junta superan hasta un 550% la media que las aseguradoras pagaban a esos mismos intermediarios en otros casos.

Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía realizaron en 2014 -a petición de la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya- un informe en el que detectaron que en los ERE financiados de forma irregular por la Junta se pagaron más de 66 millones de euros en comisiones por encima de la media del mercado, un promedio que fijaron en el 2 % entre el 2000 y el 2011.

20 julio 2013

El entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, anuncia su dimisión, formalizada el 27 de agosto de 2013, para "preservar" a la Junta de la "erosión" del caso ERE. Al marcharse asegura: "No hay ninguna figura delictiva de la que se me pueda imputar". El 7 de septiembre le sustituye Susana Díaz, entonces consejera de Presidencia.

31 julio 2014

La juez Mercedes Alaya remite al Tribunal Supremo la exposición razonada con los indicios de delito que ve en los ex presidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de los ex consejeros andaluces Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno, todos diputados o senadores en aquella fecha.

16 junio 2015

Mercedes Alaya deja el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras conseguir una plaza en la Audiencia y la sucede María Núñez Bolaños. Se consuma así la maniobra para apartar a Alaya de la instrucción del caso ERE y de otras causas de corrupción, como el caso Avales, el caso IDEA o el fraude de los cursos de formación.

Alaya pretendía retrasar su incorporación a la Audiencia y continuar con la instrucción de estas macrocausas, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobaron un plan de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que enterró esa posibilidad.

Alaya quedó apartada tras cuestionar la falta de preparación de la juez Núñez para instruir macrocausas, porque llevaba alejada de la jurisdicción penal desde 2001. También consideró comprometida su imparcialidad por la amistad de su marido -Julio Guija Villa, médico forense y ex director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla- y el entonces consejero de Justicia, el fiscal en excedencia Emilio de Llera. En una entrevista con Abc en mayo de 2018, la juez Alaya dijo que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ "apartarla" de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos "sumamente graves".

20 junio 2015

El Supremo imputa a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a los ex consejeros y entonces diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Tras siete meses de investigación, el juez Alberto Jorge Barreiro dictó dos resoluciones en las que concluye que Chaves y su sucesor, Griñán, pudieron prevaricar al permitir que durante una década se dieran ayudas a empresas mediante un sistema "claramente ilegal". Los mismos indicios observó contra Zarrías y Viera. A este último le imputó, además, un delito de malversación. De los cinco ex altos cargos andaluces a los que investigó el Supremo, Barreiro solo exculpó a la entonces senadora socialista Mar Moreno.

26 junio 2015

El escándalo de los ERE provoca que los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el ex consejero andaluz Gaspar Zarrías dejen sus escaños en las Cortes, con efecto para el 2 de julio de 2015. El ex consejero de Empleo andaluz José Antonio Viera no abandona su escaño y se pasa al Grupo Mixto, tras darse de baja en el PSOE. Finalmente, Viera dimite el 24 de septiembre de 2015.


31 julio 2015

La nueva juez instructora María Núñez Bolaños divide la macrocausa de los ERE en piezas separadas que se reparte con el juez de refuerzo Álvaro Martín. Su antecesora, la juez Mercedes Alaya, siempre se había opuesto a la división de la causa. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción sí fue partidaria de que el caso se desgajara en tantas piezas como ayudas irregulares se concedieron con cargo a la partida presupuestaria 31L, también conocida como el 'fondo de reptiles'.



1 junio 2016

Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo se dan de baja en el PSOE un día después de que el juez Álvaro Martín les notificara el auto de transformación en procedimiento abreviado del 'caso ERE', el paso previo para sentarlos en el banquillo. El PSOE andaluz explicó entonces que ninguno de los investigados tenía que presentar su renuncia a la militancia hasta la apertura efectiva de juicio oral. Por ello, la dirección socialista calificó de "generosa" la decisión de los ex presidentes, ya que así evitaban la utilización política de su militancia durante la campaña electoral para las elecciones generales que se celebraron pocos días después, el 26 de junio de 2016.

3 noviembre 2016

El juez Álvaro Martín abre juicio oral y remite a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de 26 acusados (cuatro son luego desimputados) por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. La Fiscalía y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias piden entre 2 y 10 años de cárcel y la Junta de Andalucía el archivo. La Fiscalía Anticorrupción eleva a 741 millones de euros el botín del PSOE por los ERE.

13 diciembre 2017

Comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio por la pieza principal del 'caso ERE', con los ex presidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis ex consejeros -Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo- y 13 ex altos cargos de sus gobiernos en el banquillo. El juicio se prolongó durante un año a lo largo de 152 sesiones en las que declararon 120 testigos. Finalizó el 17 de diciembre de 2018 y quedó visto

19 de noviembre 2019

La sentencia principal del caso de los ERE supera los 1.700 folios. El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha contado con una liberación especial para redactarla. El fallo debe determinar si la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE diseñó una trama para sustentar su propio poder a través de un arbitrario reparto de fondos millonarios a cambio de lealtades y favores.

Chaves y Griñán se enfrentan a una condena de inhabilitación por prevaricación, pero sobre el segundo pende también la petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel por malversación continuada.

El PSOE en el centro de la corrupción

Al igual que no se recuerda la falta de colaboración de la Junta con la juez Alaya –documentos comprometedores para Gaspar Zarrías no llegaron nunca al Tribunal–, ni los ataques y deslealtades que la magistrada recibió incluso de miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por poner un solo ejemplo escandaloso, el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el "progresista" Gonzalo Moliner, que ya había afeado el retraso de la instrucción de Mercedes Alaya en público cuando apenas llevaba dos años instruyendo, comió con el entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, el jueves, día 23 de mayo de 2013, en el Palacio de San Telmo.

A la comida fueron invitados el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, el consejero de Justicia, Emilio de Llera y un vocal del CGPJ nombrado a propuesta del PSOE. Esa comida a espaldas de la juez Alaya permitió a Griñán concluir que su imputación en el caso de los ERE era inevitable, por lo que puso en marcha un proceso de elecciones primarias que había negado hasta entonces, con Susana Díaz como sustituta.

Tampoco se recuerda la intervención del Tribunal Supremo en el caso. Su participación estaba asegurada por cuanto tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán y otros –José Antonio Viera y Gaspar Zarrías– eran aforados por ser diputados y /o senadores y era obligado que el alto tribunal se pronunciase sobre la concesión o no de los suplicatorios correspondientes.

El caso correspondió al magistrado Alberto Jorge Barreiro, que emitió dos exposiciones razonadas. Una, destinada a la formalización de suplicatorio al Congreso de los Diputados con respecto a los siguientes imputados que presentan en la causa la condición de aforados: José Antonio Viera Chacón, Gaspar Zarrias Arévalo y Manuel Chaves González; el otro, respecto a su competencia respecto al caso de José Antonio Griñán.

La intervención del Tribunal Supremo era obligada porque la juez instructora Mercedes Alaya había elevado una exposición razonada con documentación exhaustiva –DVDs con casi 300 tomos– para solicitar la imputación formal de los implicados. Pero el magistrado Barreiro tuvo que hacer una valoración, naturalmente en torno a los indicios presentes en la instrucción, sobre lo ocurrido en los ERE para decidir si procedían o no las imputaciones requeridas por la juez Alaya.

En su exposición de 127 folios se hizo un análisis del caso y se concluyó, textualmente, lo que sigue en cuanto a los casos de Chaves, Zarrías y Viera. Según el magistrado se había perpetrado un quebranto patrimonial del erario público derivado de diferentes modalidades de actuación: entrega de dinero a empresas que no procedía, ya sea porque no se hallaban en crisis o ya porque se preveía diáfanamente que el dinero no iba a ser destinado a reflotar la empresa; abonos de ayudas sociolaborales ilegales, ya fuera porque los trabajadores ni siquiera pertenecían a la empresa, ya porque las cantidades concedidas superaban ampliamente las que procedían por ley; entregas de sobrecomisiones a las entidades mediadoras de seguros que rebasaban de forma ostensible los porcentajes vigentes en el mercado; pago a bufetes jurídicos por intervención profesional en algunos de los ERE, a pesar de que los honorarios no correspondía abonarlos a la Junta de Andalucía; y entregas de dinero a los sindicatos mayoritarios sin un fundamento legitimador que, en principio, las apoye.

En todos esos casos se estaba disponiendo de los caudales públicos en perjuicio de la Junta de Andalucía y en beneficio lucrativo ilícito de terceros. Sin embargo, lo cierto es que no constan indicios de que los imputados Gaspar Zarrias y Manuel Chaves intervinieran en esas entregas de fondos públicos. Ni tampoco constan datos indiciarios de que supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos presupuestados para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas. Sí sabían que el procedimiento de concesión de las subvenciones era claramente ilegal, pero, para este Instructor, no constan indicios de que conocieran que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer el beneficio ilícito de terceras personas.

En cambio, no puede afirmarse lo mismo con respecto al imputado José Antonio Viera. En este caso sí aparecen datos indicativos de que el exconsejero de Empleo intervenía en la concesión de dinero a empresas a las que beneficiaba ilícitamente por no concurrir los requisitos para proporcionarles ayuda alguna. Así lo constata indiciariamente la declaración judicial prestada por el Director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, tal como se refirió en su momento.

Ya hemos anticipado que la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Susana Díaz nunca entregó a la instrucción del caso el documento que implicaba directamente a Gaspar Zarrías en la entrega de fondos públicos a una empresa "amiga".

Según ABC, el documento que nunca llegó al tribunal y que el Supremo no pudo analizar fue un convenio firmado por Zarrías el 2 de diciembre de 1999 para anticipar a la empresa Campocarne Andalucía S.A., filial regional de Campofrío, una subvención de 2,83 millones de euros –471 millones de pesetas– para crear empleo y reflotar Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), la fábrica de chorizos de Jaén donde tuvo su origen el caso ERE.

El caso de José Antonio Griñán fue tratado aparte por el Tribunal Supremo porque había renunciado a su aforamiento en calidad de senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este caso, el Supremo, por medio de su instructor, el magistrado Barreiros, escribió en un auto en el que definió su competencia sobre el caso Griñán, que había sido consejero de Economía desde 2004 y presidente de la Junta desde 2008.

Pues bien, en todo este sistema ilegal de concesión de ayudas/subvenciones tuvo un papel muy relevante la Consejería de Economía y Hacienda, dado que era quien controlaba la elaboración de los presupuestos y las modificaciones presupuestarias. De modo que, como se especifica en la Exposición Razonada, eran las Consejerías de Empleo, Innovación (IDEA) y de Economía y Hacienda las más implicadas en todo el sistema.

En consecuencia, y a tenor de los datos indiciarios referidos con respecto al Consejero José Antonio Griñán, es claro que su conducta no puede ser enjuiciada separadamente de la de los otros Consejeros aforados que se hallan implicados en los hechos. Pues todos ellos ocupan el mismo escalón de la estructura piramidal de la Junta de Andalucía y era su Consejería la que controlaba todo el tema presupuestario, autorizando presuntamente el imputado la operatividad del nuevo sistema, mediante el que se utilizaban fraudulentamente las transferencias de financiación para conceder ayudas/subvenciones y se alteraba maliciosamente el presupuesto del IFAIDEA.

Por lo cual, el presunto delito continuado de prevaricación que se le imputa (arts. 404 y 74 CP) ha de ser investigado y enjuiciado, en su caso, en este Tribunal, al resultar inescindible de los hechos que se le atribuyen a los restantes aforados. Sin embargo, debe dejarse constancia de que, cuando menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de malversación.

Pero estas consideraciones del Tribunal Supremo no podían tener en cuenta las pruebas y testimonios que han jalonado el juicio que terminó hace casi un año y que condujo a la Fiscalía y a la acusación particular, mantener la existencia del delito de prevaricación en todos los procesados y apuntalar el delito de malversación de caudales públicos en José Antonio Griñán y a 17 ex altos cargos más, con penas de cárcel –seis años para Griñán– e inhabilitación.