martes, 31 de enero de 2017

José Bono - Un jeta con garita a la entrada de su chalé

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La Guardia Civil ha pedido a José Bono que renuncie a su vigilancia personal. Lleva seis años fuera de la política y la Benemérita custodia un chalé suyo en Toledo que está vacío. Pero el expresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha apenas visita la vivienda, que está vacía de moradores la mayoría de los días, aunque sigue contando con un circuito cerrado de televisión, además de una garita de vigilancia.

Generalmente,la escolta y la seguridad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a altos cargos públicos se mantiene unos seis meses después de que estos dejan su puesto. En algunos casos, esas prerrogativas se prolongan hasta un año y medio. Sin embargo, con Bono es diferente, aunque no excepcional. «Es uno de los que ha superado ampliamente este margen de tiempo», aseguran desde la asociación.

José Bono lleva alejado casi seis años de la política, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil deben emplear todavía varios agentes en proteger al exministro de Defensa y la vivienda de la que es propietario en un pueblo toledano. Su seguridad corre por cuenta del Ministerio del Interior y, por tanto, con cargo al erario público.

Por un lado, el expresidente del Congreso de los Diputados continúa disfrutando de una escolta de la Policía Nacional, a la que están adscritos tres agentes de la plantilla de Toledo, a pesar de que ya no es un político en activo. Además de encargarse de la «protección dinámica», esos policías también deben realizar las veces de conductores del coche en el que Bono viaje; por tanto, dos funciones en una sola persona: conductor y escolta.

Además, según se estipula en la norma que garantiza un retiro confortable a los expresidentes, podría disponer de esos servicios hasta el año 2024. Por poner un ejemplo del coste de esta prerrogativa, en el año 2012 la oficina con dos secretarias y un chófer supuso para los bolsillos de los castellano-manchegos 160.890,61 euros.

Por otro lado, la Guardia Civil se encarga de la vigilancia del chalé que Bono tiene en una urbanización de Olías del Rey, un municipio de 8.000 habitantes situado a diez kilómetros del casco viejo de la capital toledana. El Instituto Armado debe proteger la casa porque el inmueble se encuentra dentro de la demarcación de la Guardia Civil.

Las condiciones inhumanas de una garita 


Capítulo aparte son las condiciones de esa garita, integrada en la fachada. Los guardias que prestan servicio, generalmente por la noche, no disponen de aire acondicionado, desmontado el pasado año por orden de Bono, con lo que en verano tienen que soportar temperaturas muy altas en su interior.

El aparato de aire desmontado cambió de lugar: fue a parar a la vivienda, dentro del recinto del chalé, donde reside el servicio doméstico. Cuando salta el diferencial y la garita se queda sin luz, también se apaga el circuito interno de televisión porque está dentro de la garita. Los agentes afirman que han llegado a prestar servicio por encima de los 35 grados dentro de la garita, cuando la Ley de Riesgos Laborales establece máximas de 27 grados. Tampoco disponen de un frigorífico donde poder enfriar agua para sobrellevar los rigores del calor.  

Durante su larga etapa política, era frecuente que agentes en vehículos de la Guardia Civil, patrullas o camuflados, se movieran por los alrededores del chalé. Asimismo, era imposible detenerse delante de la puerta de la casa sin que un agente saliera inmediatamente para indicar al conductor que no se podía estacionar en esa zona. A lo largo de la fachada y del perímetro de la vivienda, hay pintada en el suelo una línea amarilla continua que prohíbe estacionar. Frente a la puerta de entrada, existe otra marca blanca continua sobre el pavimento y dos señales de prohibido aparcar y parar.

En octubre de 2015, hubo un intento por acabar con esos beneficios. Sin embargo, el PSOE no apoyó en las Cortes regionales las dos proposiciones de ley, del PP y de Podemos, en las que pedían un cambio en esa normativa para quitar privilegios a los expresidentes de la Junta. En estos momentos, solo Bono puede disfrutar de esas prerrogativas, ya que tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal renunciaron a ellas.

Gibraltar - "Brexit es Brexit"

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Fabián Picardo se las prometía muy felices en su preparadísima visita a Bruselas para defender la permanencia de la Roca en la UE. Pero no contaba con la lección del eurodiputado del PP. El primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, ha visitado este lunes el Parlamento Europeo para defender la continuidad de la colonia que gobierna en la Unión Europea, pese al resultado del referéndum en el que los británicos decidieron abandonar Bruselas.

El 96% de los gibraltareños que votaron el pasado 23 de junio en el referéndum sobre el 'brexit' lo hicieron a favor de seguir siendo parte de la Unión Europea (UE). Su primer ministro, Fabian Picardo, ha presentado este lunes, ante la comisión de asuntos constitucionales de la Eurocámara, su visión sobre la situación de la colonia británica y no ha desaprovechado la ocasión de acusar a España de utilizar la salida del Reino Unido de la UE "como argumento para avanzar en su reclamación de soberanía". España es, según Picardo, un "vecino hostil".

Invitado por la comisión que será responsable de elaborar el informe de opinión de la Eurocámara sobre el 'brexit', el jefe del Gobierno gibraltareño ha destacado los beneficios que formar parte del club, así como los fuertes vínculos que mantienen con su entorno. "Un informe de la cámara de comercio gibraltareña cifra en casi 500 millones de euros los bienes y servicios importados de España en el 2013 [...]. El efecto en la región es claramente positivo en un ratio desproporcionado si se tiene en cuenta nuestro territorio. Gibraltar es el segundo empleador de toda Andalucía; solo nos supera la Junta de Andalucía”, ha asegurado.

Picardo ha defendido que "Gibraltar está preparado para considerar cualquier solución razonable" para preservar "la relación especial con la zona Schengen" o establecer "una zona de viaje común" sujeta a controles aduaneros "como los ha habido", al tiempo que ha reclamado que Gibraltar mantenga "acceso o participación en el mercado interior" tras admitir que su economía caería un 10% si pierde el mercado europeo.
"Ha hablado de cifras positivas, pero hay otras que no lo son tanto. Gibraltar está considerado como un paraíso fiscal porque no hay intercambio de datos", le ha respondido la eurodiputada de UPyD adscrita al grupo liberal Maite Pagazaurtundua, recordando que hay más empresas que habitantes. A partir de entonces el tono del debate se ha endurecido. Picardo ha respondido que ellos sí comparten información y ha afeado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no respondiera a su última carta. "Ahora hemos recibido una petición y responderemos, pero el único que no pidió información fue España", ha asegurado.

Etiqueta de "paraiso fiscal"

Y es que Picardo -que pretendía garantizar la pertenencia del Peñón a la UE pese a la salida de Reino Unido-, ha recibido un severo varapalo del eurodiputado popular, quien le ha exigido "que no engañe" a los gibraltareños. "Brexit es Brexit", ha advertido González Pons, quien ha añadido que "si el Reino Unido se va de la UE, todos los que componen el Reino Unido también se van de la UE".

"Y Gibraltar pasa a ser una colonia administrada por un país tercero", ha enfatizado ante un cariacontecido Picardo. González Pons ha explicado que en este "divorcio" en marcha, Reino Unido "abandona el hogar" y "España se queda con todos los amigos", en referencia al club de los 28.

Por eso, González Pons ha reiterado la "oferta generosa" del Gobierno para la "cosoberanía". Y ha recordado a Picardo que esta fórmula permitiría a Gibraltar mantener su pasaporte, su régimen fiscal -si es compatible con el derecho comunitario- y, además, "les daría una vía de acceso a la Unión". Pons ha sido claro en su réplica al primer ministro gibraltareño: "No existe ni va a existir una solución europea para Gibraltar. Como todo el mundo sabe, cualquier solución que se proponga no corresponderá a la UE, sino a una negociación bilateral entre los gobiernos de España y de Reino Unido".

"Si Gibraltar quiere que el derecho comunitario se siga aplicando en su territorio necesitan el consentimiento de España, que es quien va a seguir siendo Estado miembro de la UE cuando el Brexit se concrete", ha subrayado.

Más allá de cifras --el Peñón ha recibido 60 millones de libras en 16 años a cuenta de los fondos estructurales--, las dos razones por las que los gibraltareños quieren seguir manteniendo un vínculo fuerte con la UE son eminentemente políticas y tienen como motivo principal a su vecino, según Picardo. Para empezar, porque "España podría utilizar el 'brexit' como una oportunidad para avanzar en sus reclamaciones soberanistas" y, en segundo, porque se ve a las instituciones europeas como el contrapeso "capaz de proporcionar un grado de protección frente a los excesos de un vecino hostil". Y para ilustrar este argumento se ha referido a las colas de más de dos horas orquestadas en la frontera y a las declaraciones "de un ministro de Asuntos Exteriores español" afirmando que se creen con el objetivo "de demostrar el poder de España para presionar a Gibraltar”.

El líder del PP, Esteban González Pons, le ha afeado que sacara a colación las relaciones entre el Peñón y España y ha cerrado la puerta a la posibilidad de pueda seguir manteniendo vínculos con la UE. "'Brexit' es 'brexit'. Si el Reino Unido se va todos se van. No hay posibilidad de mantener el mercado único y la libre circulación si no es para todo el Reino Unido. No se puede ser miembro de un trocito. Si empezamos a aceptar soluciones a la carta es el principio del desmontaje", ha advertido, recordando a Picardo que cualquier acuerdo posterior requerirá del consentimiento de España y que la cosoberanía les permitiría mantener el pasaporte británico y su régimen fiscal siempre que fuera compatible con la UE.


El eurodiputado del PP, Esteban González Pons, en una intervención en el Parlamento Europeo.

lunes, 30 de enero de 2017

Los planes secretos de la Generalitat para la independencia

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras (Archivo)


Los puntos clave de la “desconexión” más allá de las afirmaciones del exjuez Santi Vidal

Santi Vidal dimitió este viernes como senador de ERC por afirmar, entre otras cosas, que el Govern contaba con datos fiscales de todos los catalanes obtenidos de forma ilegal. En una serie de conferencias, Vidal daba su versión de los planes independentistas del ejecutivo catalán, según declaró él mismo, para insuflar ánimos. Sin embargo, ha sido el propio gobierno de Carles Puigdemont el que ha desautorizado al ex juez.

Pero si Vidal no tenía razón y todo era producto de su creatividad, ¿cuál es el plan real? Lo cierto es que, cartera por cartera, el Executiu sigue a lo suyo, impulsando estructuras de estado, aprobando leyes de desconexión, preparando una legalidad paralela que ampare el referéndum y una eventual independencia. Estos son los planes secretos del Govern:
Viver Pi-Sunyer, el arquitecto

El epicentro de estos planes se encuentra en tres organismos. Primero, la Oficina d’Estudis per l’Autogovern, creada en febrero de 2016 y heredera de l’Institut d’Estudis Autonòmic. La oficina está bajo el mando del constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer, quien fue Comisionado del Govern para la Transició Nacional, cargo suspendido por el Tribunal Constitucional.

El triunvirato de la inteligencia del proceso lo completan el politólogo Josep Maria Reniu, director de l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern -que pende de Vicepresidència- y Víctor Cullell, secretario para el Desenvolupament de l’Autogovern.

El constitucionalista Carles Viver Pi-Sunyer pilota la transición hacia la independencia (LVE/Xavier Gómez/Archivo)

Este último organismo, tiene un presupuesto de 1.037.000 euros, resultado de 240.000 euros anuales a los que hay que añadir 797.000 del capítulo de personal. La oficina, que articula y prepara las estructuras de un virtual estado catalán, tiene 15 personas adscritas, de las cuales 6 tienen el nivel 29 y 30, el máximo de la administración.

Por su parte, la oficina de Viver Pi-Sunyer coordina los trabajos preparatorios para garantizar que el día de la independencia, Catalunya actúe como un Estado con cierta normalidad. La estrategia de la oficina es vietnamita, es decir, cada departamento del Govern tiene una célula que redacta un plan concreto que atañe estrictamente a su ámbito. Ninguna de estas células departamentales comparte información con otra. De este modo, quién prepara la desconexión de Cultura no sabe qué preparan en Empresa i Ocupació, y sólo rinden cuentas a la oficina de Viver Pi-Sunyer, que coordina todos los trabajos y planes.

El Pacte Nacional pel Referéndum

Después de la cuestión de confianza, el Govern y la mayoría del Parlament fijaron un nuevo rumbo con la esperanza de embarcar como tripulación a las confluencias encuadras en el colauismo o los comuns. El lema Referéndum o referéndum reactivó un viejo conocido de la política catalana contemporánea: el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Puigdemont convocó la reunión del pacto el 23 de diciembre, con alguna baja provocada por la justicia como la de los colegios profesionales de colegiación obligatoria. La reunión, copresidida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sirvió para rebautizar el pacto como el Pacte Nacional pel Referèndum.

Asimismo, nombró una comisión de “vigilantes del referéndum” procedentes de distintos espacios políticos catalanes poco identificados con el independentismo pero sí muy partidarios del derecho a decidir. Así el exsocialista Joan Ignasi Elena, que actúa de coordinador; Francesc Pané y Jaume Bosch, de ICV; Carme Porta, vinculada a ERC; Itziar González, impulsora de movimientos sociales anticorrupción; Francesc de Dalmases, experto en cooperación y la exconsellera Carme Laura Gil.

Esta comisión ejecutiva presentó el pasado lunes 23 de enero, el manifiesto en favor del referéndum, que esquiva la posibilidad de un referéndum unilateral. Este manifiesto buscará adhesiones a lo largo y ancho del territorio catalán. Esta misma semana tuvo un apoyo de fuerte sentido simbólico, el del sindicato CC.OO.
Ley de Transitoriedad

La ley de Règim Jurídic Català, conocida en el argot político como la ley de Transitorietat, es el texto que definirá el marco de un posible referéndum independentista antes de acabar el mes de setiembre de 2017, establecerá el nuevo marco jurídico catalán y regulará el proceso constituyente. Además, es el pilar del triunvirato legal de la desconexión junto a la leyes de seguridad social catalana y de la agencia tributaria.

La articulación del texto se lleva con más secreto que discreción. De hecho, se llegó a cambiar el sistema de debate y elaboración para este fin. En un principio fue una ponencia legislativa en el Parlament, pero la presión de la oposición y del Tribunal Constitucional, ‘aconsejaron’ a JxSí y la CUP tramitarla como proposición de ley. El texto ya está redactado y tiene el visto bueno de la oficina de Carles Viver Pi-Sunyer.

La norma fue apuntada, pero no presentada, a través de una nota de prensa en la que se destacaba que “Catalunya se constituye en una República de derecho, democrática y social”. Contiene los siguientes epígrafes: preámbulo; disposiciones generales, nacionalidad y territorio; la sucesión de ordenamientos y de administraciones; los derechos y deberes; el sistema institucional; el poder judicial y la administración de justicia; las finanzas; el referéndum de independencia; el proceso constituyente y las disposiciones finales y de descuelgue.

El único punto a esclarecer es el referéndum, a la espera de los trabajos que realicen los miembros del Pacte Nacional pel Referéndum. No obstante, la ley ya dota y habilita a las instituciones públicas catalanas de las “herramientas para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana”.
Agència Tributària

El departament que dirige Oriol Junqueras lo tiene relativamente fácil. El desarrollo de la Agència Tributària catalana tiene margen estatutario. De hecho, Economia está reformando sus capacidades para llegar al desarrollo competencial que tiene la Comunidad Canaria, una tarea que ya medio empezó el Govern de Artur Mas con el apoyo de las oficinas de gestión tributaria de las cuatro diputaciones catalanas. El plan de Junqueras es asumir la recaudación ejecutiva y la gestión directa de todos los tributos cedidos.

Este 2017, después de un cambio de domicilio de la central de la Agència Tributària de Catalunya -de la calle Fontanella a la Zona Franca-, empieza la cuenta atrás para articular la Hacienda catalana. Según el plan expuesto en el proyecto de presupuestos de 2017, la agencia tendrá un presupuesto de 93,3 millones de euros, es decir, más del doble que el último presupuesto.

La primera medida efectiva del departamento ha sido la denuncia del convenio que la Generalitat tenía con los Registradores de la Propiedad para la gestión de cobro de sus oficinas liquidadoras, una decisión que ha ahorrado un montón de dinero a la Generalitat. Por otro lado, el Govern ya tiene los fondos para contratar 459 personas para la ATC, que duplicará plantilla hasta llegar a las 800 plazas. Asimismo, el proyecto incluye abrir 19 oficinas territoriales además de las 11 que compartirá con administraciones locales.

Además de la recaudación de los tributos que hasta ahora liquidaban los registradores de la propiedad, el Govern asumirá este año la recaudación ejecutiva y la gestión directa de los tributos cedidos. Los procesos ejecutivos estaban “subcontratados” a la agencia tributaria española desde los gobiernos de Jordi Pujol, que nunca creyeron prudente, por imagen, ser los que embargan las cuentas por multas de tráfico.

Oriol Junqueras, en una reunión con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (LVE/Dani Duch/Archivo)

Este mes de enero, Economia ya ha anunciado la licitación por 45.000 euros del estudio del tax gap. El informe tiene por objetivo averiguar la relación entre los ingresos fiscales que se podrían obtener en un territorio concreto aplicando tanto la presión fiscal derivada de la legislación (recaudación potencial) como los recursos que realmente se obtienen (recaudación efectiva). Más concretamente, se trata de estudio exhaustivo que calcula los ingresos fiscales que genera un territorio poniendo en relación variables tales como: la economía sumergida relacionada con las actividades legales, las actividades declaradas incorrectamente o la deuda fiscal reconocido pero no ingresado. En definitiva, una herramienta imprescindible para estimar los niveles de fraude tributario existentes en un territorio. De esta manera, antes de diciembre de 2017, Junqueras tendrá sobre la mesa un mapa de lo que podría recaudar en Catalunya con una hacienda de plenas competencias.

Por otro lado, el Parlament ya ha encara la recta final de la base legal del futuro sistema tributario catalán. El pleno del pasado 20 de diciembre aprobó el debate a la totalidad de la proposición de ley del Codi Tributari de Catalunya y de la aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat de Catalunya.

Este texto es la otra ley de desconexión que también cambió el camino parlamentario, de ponencia a proposición, para esquivar la suspensión del TC. Este código dará cuerpo a la administración tributaria de Catalunya y pondrá negro sobre blanco a la filosofía fiscal de una virtual Catalunya independiente.

Lluís Salvadó, hombre clave en la creación de la Agencia Tributaria (LVE/Xavier Gómez/Archivo)

La preparación de la agencia tributaria tiene un comandante en jefe en la Generalitat: el secretario general de Hisenda, Lluís Salvadó. Miembro de la máxima confianza de Junqueras, Salvadó siempre ha advertido que el cambio de Estado “será cuando se comunique a los ciudadanos y a las empresas que en vez de pagar los impuestos a través de una página web se haga por otra y cuando tengamos que comunicar a los bancos que los impuestos ingresados no se transfieran al Tesoro del Estado sino al de Catalunya”.

Cómo se hará y cuál será la fuerza ejecutiva para hacerlo cumplir ya es harina de otro costal. En este caso, fuentes del Govern admiten que se conformarían con que el 50% de los contribuyentes pagaran a las arcas de la Generalitat. De todos modos, los informes que maneja el Govern apuntan que hasta dos o tres ejercicios fiscales no llegarán a los niveles de tributación como los actuales.

Dos son los quebraderos de cabeza sobre la información que tiene la agencia: los datos fiscales de los ciudadanos y el catastro, de titularidad estatal y que sirve para definir uno de los principales ingresos de la administración local, el Impuesto sobre Bienes inmuebles. En este sentido, un trabajo de “chinos y carísimo” es la coordinación de estos datos para obtener un registro preciso.
Seguridad

El departamento de Interior es el más sensible, el más sometido a control y el más prudente. Los Mossos d’Esquadra es el cuerpo de policía integral en Catalunya, cuyo departamento ha elaborado una agenda para su integración en el círculo internacional de los cuerpos policiales.

En este sentido, el departamento que dirige Jordi Jané ha intentado de manera firme -pero por ahora sin éxito- acceder a bases de datos imprescindibles para poder trabajar con información de manera inmediata, y no a través de la gestión del Ministerio del Interior. En este grupo se incluyen el archivo del DNI, NIE-ADEXTTRA, Armas, Embarcaciones, Registro de Vehículos, IFADO (documentos falsos y auténticos on line), INTERPOL, como el Child Sexual Explotacion Database) y la entrada en EUROPOL. Dichas peticiones han sido también respaldadas por resoluciones del Parlament.

Por otro lado, los Mossos están articulando un sistema de información compartido con las policias locales o, lo que es lo mismo, un “sistema unificado de información policial” que los Mossos compartirán con 209 cuerpos de policías locales de las 214 existentes en Catalunya. Se trata de un primer paso para un sistema de información de ámbito catalán, una auténtica obsesión del futuro Mayor de los Mossos, actual comisario en jefe Josep Lluís Trapero. El departamento también tramita la fusión fría entre Mossos y policías locales bajo el nombre de Policia Catalana, a través de una nueva ley de Policía de Catalunya.
Un agente de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo (EFE)

Asimismo, existe la recomendación por parte de lo que antes era el comisionado para la Transición Nacional de la elaboración de un informe que estudie la creación de cuerpos especializados. En principio se preveían 6 unidades: control de fronteras -control efectivo del territorio y frontera externa con la UE sea marítima, terrestre o aérea-; unidad de control de información antiterrorista que se coordinaria con las agencias internacionales de seguridad; una unidad de registro de identidad que gestionaría datos de identidad personal, pasaportes, automóviles y conductores, que gestionaría la transferencia de datos del gobierno español; unidad de control de la inmigración; unidad de control de armas y unidad de ciberdelincuencia con criterios de European Cybercrime Center. Ésta última ha sido motivo de controversia gubernamental puesto que Palau ha puesto en marcha una agencia de ciberseguridad al margen de los Mossos.

Una de las decisiones más polémicas de los últimos meses ha sido la compra de armamento de asalto para los Mossos con motivo del Nivel 4 de alerta antiterrorista. Concretamente, 272 fusiles de asalto, fusiles y subfusiles que utilizarán el Grupo Especial de Intervención (La unidad especial del cuerpo) que también utilizan las fuerzas especiales norteamericanas, la Brigada Mòbil (antidisturbios) y las ARRO, las áreas de recursos operativos. Un rearme que equipara la policía catalana con los cuerpos policiales del entorno europeo con plenas competencias.
Exteriores

Una de las prioridades del Govern es la política exterior para explicar el proceso soberanista al exterior y defender los intereses comerciales de Catalunya.

Bajo el mando del exeurodiputado Raül Romeva, se ha ampliado el número de “delegaciones” -embajadas de la Generalitat- pensadas como hubs de áreas de influencia así como consolidar un representante permanente ante la Unión Europea, con Amadeu Altafaj al frente, el funcionario catalán con más alto rango en la burocracia europea.

La red de delegaciones se concreta en las siguientes ciudades: Bruselas, Washington, París, Londres, Viena, Roma, Berlín y Lisboa. Un listado que ahora se ampliará a Copenhague, Varsovia, Zagreb, Ginebra y el Vaticano.

La paradiplomacia catalana no acaba aquí. Así, la fundación Diplocat, la Diplomàcia Pública Catalana, mantiene una intensa actividad política y cultural para explicar el proceso de autodeterminación en Europa.

Reunión del Diplocat en Palau (LVE/Xavier Cervera/Archivo)

Pero el trabajo en exteriores no se ciñe sólo en el ámbito internacional. El Palau de la Generalitat es un lugar habitual de citas -a menudo publicitadas otras casi clandestinas- con el cuerpo consular en Barcelona y el cuerpo diplomático situado en Madrid, que quiere saber de primera mano los detalles de la política catalana.

Una de las actuaciones más efectivas del departamento de Romeva ha sido reactivar las comunidades catalanas en el exterior, con una nueva ley que ampara sus derechos y las organiza con cierta pátina de diplomacia oficiosa. La ley superó el debate a la totalidad el pasado 9 de noviembre y ahora se encuentra en trámite parlamentario.

En el mismo departamento, hay un grupo de funcionarios que identifican y clasifican los más de 3.370 tratados o convenios internacionales de los que Catalunya forma parte a través del Estado español. El trabajo de criba es notorio puesto que un futuro Estado catalán debe decidir a cuales se subroga.

Del mismo modo, el Govern lleva a cabo un proceloso trabajo de identificación de contactos en agencias y organismos internacionales para saber a qué puerta llamar en caso de declarar Catalunya como un Estado independiente.

Voto electrónico

El voto exterior en las elecciones catalanas siempre ha sido un misterio envuelto en un enigma. Las sospechas de negligencia por parte del Estado en la custodia y facilitación del voto obligaron al Govern a ponerse manos a la obra. Y más, cuando, el voto exterior puede decantar la balanza en el resultado de un referéndum.

Así, la conselleria de Governació, dirigida por una veterana convergente, Meritxell Borràs, elaboró un proyecto de ley de Procedimient de Votació Electrònica per als Catalans i Catalanes Residents a l’Extranger, una norma novedosa que cuenta con el aval -aunque con algún reparo en cuanto al redactado- de la poderosa Agència Catalana de Protecció de Dades. La ley superó el trámite a la totalidad del Parlament el pasado 30 de noviembre.

Aduanas

Además del control efectivo del territorio en fronteras, puertos y aeropuertos que deberían ejercer los Mossos o la policía portuaria, hay un elemento que ha obligado al Govern a preparar una estructura absolutamente imprescindible: los inspectores de exportaciones, funcionarios que deciden si los productos agroalimentarios pueden pasar o no la frontera.

Con la divisa de que el tráfico comercial no puede paralizarse ni un minuto, el Govern prepara una nómina de sustitutos del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones (SOIVRE), que ahora depende del ministerio con competencias en Comercio.

Este cuerpo es absolutamente indispensable para uno de los sectores económicos fundamentales de Catalunya, el agroalimentario, que llega casi al 4% del PIB catalán, y que no podría permitirse el lujo de tener sus productos frenados en la aduana.

Justícia

Material sensible. Con un proceso catalán profundamente judicializado, la conselleria de dirige Carles Mundó procura no levantar ampollas en la demarcación y planta catalana. El departamento de Justícia se muestra sereno ante un escenario de transición puesto que las “carpetas de los juzgados” son propiedad de la conselleria.

La preocupación básica se halla en los funcionarios y los archivos de penales así como la protocolarización de actas notariales. En cuanto a los funcionarios, jueces, letrados, fiscales y forenses, el objetivo es conseguir una ratio europea de jueces por ciudadano, con una media del 14,8% por cada 100.000 habitantes, esto es unos 1.000 jueces.

Carles Mundó, en la fotografía junto al conseller Raül Romeva, debe preparar la administración de justicia catalana (LVE/Xavier Gómez/Archivo)

Una cifra todavía alejada de los 810 jueces (80) y magistrados (730) en activo en Catalunya, a pesar de que la dirección de la conselleria calcula que con 700 jueces se pararía el golpe de los primeros meses de la transición sin colapsar el sistema judicial.

Más allá de la administración judicial, la conselleria tenía otro objetivo en esta legislatura: completar el Código Civil catalán. Un objetivo a punto de caramelo, puesto que el proyecto de ley ya ha superado casi todo el trámite parlamentario con el aval del Consell de Garanties Estatutàries, el TC catalán. Con el proyecto de ley del libro sexto del Código Civil catalán, Catalunya ya es independiente en derecho civil.
Puertos y aeropuertos

Un trabajo discreto de la conselleria de Territori i Sostenibilitat bajo el mando de un independentista confeso como el conseller Josep Rull. Su iniciativa de ley de Ports i de Transport en Aigües Marítimes i Continentals ha levantado polvareda.

La ley encara la recta final de su aprobación en el Parlament. Un proyecto que regula con todo detalle los puertos catalanes, una infraestructura clave de la economía catalana. “Es una ley de estructura de Estado”, apuntan desde el departamento. Como ejemplo, destacan que el texto reserva incluso espacios para la “defensa nacional” y define como única autoridad policial en los puertos catalanes a los Mossos.

La Generalitat prepara una estrategia para controlar los puertos (Port de Barcelona)

En el paquete que dirige Rull también se encuentra la licitación de la redacción del nuevo plan estratégico de la aviación de Catalunya, que establecerá las prioridades y la gestión de los aeropuertos, aeródromos y helipuertos hasta el 2030.

El proyecto debe redactarse en 16 meses y tiene un coste de 320.000 euros. Este documento debe servir para calibrar y gestionar la demanda de la actividad comercial, industrial y de mercancías de los aeropuertos de Barcelona El Prat, Girona, Reus, Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu.

Seguridad Social

Una de las estructuras de estado reinas de la legislatura es la ley de Creació de la Agència Catalana de Protecció Social, un texto que articula el diseño de la futura seguridad social catalana. La ley encara su recta final parlamentaria con las 74 enmiendas presentadas conjuntamente por el PSC y CSQP.

Esta ley otorga plena competencias de recaudación, cotización y control de las prestaciones de la seguridad social, e imagina un sistema similar de pensiones al español, bajo la tutela de uno de los expertos del Govern en la materia, el secretario de Ocupació, Josep Ginesta.

Banca Pública

La creación de la Banca Pública catalana es uno de los compromisos de JxSí y la CUP para esta legislatura de la “preindependencia”. A pesar de su urgencia, los trabajos no empezaron hasta el pasado 24 de enero, con una reunión del grupo de trabajo para proponer calendario. El día 10 de febrero se volverán a reunir para concretar los expertos que deben formar parte de las comparecencias para redactar la ley.
Ciberseguridad

La creación de una agencia de ciberseguridad es una verdadera obsesión del Govern. Para comandar su creación y desarrollo, se ha nombrado a Jordi Puigneró, responsable de la secretaría de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, un experto político en la materia, y que siempre lamenta la falta de fondos para su consecución.

Puigneró ha sido el promotor de la ley de Creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que ya ha superado su trámite parlamentario. El proyecto ha topado con los Mossos que reclamaban su parte en cuanto a la creación de una unidad de ciberdelincuencia. Por el momento, esta agencia no tendrá dependencia de Interior y actuará de manera independiente pero si colaborativa con los Mossos.
Deporte

La delegación del Govern en los Juegos Olímpicos de Río ya tuvo acreditación propia del Comité Olímpico Internacional. El programa del Govern, que dirige Gerard Figueras, incluye una intensa acción internacional para que exista un reconocimiento federativo al deporte catalán así como el COI admita un comité catalán en los próximos Juegos de Tokio.
Nucleares

Las instalaciones nucleares en Catalunya son prioridad absoluta para el Govern. En seguridad nuclear, la Generalitat no tiene competencias, situación que preocupa relativamente al departament de Empresa y Ocupació que dirige Jordi Baiget.

A pesar de no tener competencias en seguridad nuclear, la Generalitat sí que tiene un registro de las actividades radiológicas que hay en Catalunya a través de un organismo creado en 1987 bautizado como Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) y que hasta hace pocos meses suministraba datos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

A pesar que el CSN tiene su base de datos propia, el SCAR continúa plenamente operativo y, por tanto, hay un control específico catalán de la actividad radioactiva. Asimismo, la Generalitat, además del control ambiental del entorno de las centrales nucleares, controla la maquinaria de segundo y tercer nivel, como son 270 instalaciones o 5.000 aparatos de rayos X.

“El conocimiento lo tenemos, y la mayoría de los técnicos del CSN en Catalunya son catalanes”, apuntan fuentes del departamento. Asimismo, desde Empresa recuerdan que los técnicos de la Generalitat tienen reconocimiento internacional, como se demostró en el último encuentro del prestigiosa convención de física nuclear de Brasil, que participaron con misión propia. “En caso de independencia, podemos garantizar sin ninguna duda la seguridad y la continuidad de las instalaciones nucleares catalanas”, sentencian.

La Vanguardia

domingo, 29 de enero de 2017

¿Que tiene que ocurrir en Cataluña para que el gobierno de Rajoy no actúe?

El juez Santiago Vidal, interviene junto a Francesc Homs, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas, en noviembre pasado, en el Congreso. EFE/Kiko Huesca

Las inquietantes declaraciones del ex juez y ex senador Santiago  Vidal no han hecho mas que confirmar el avanzado estado de la desconexión de las instituciones catalanas del Estado Español. Vidal ha realizado pública y repetidamente diversas afirmaciones de extraordinaria gravedad, entre las que destaca su referencia a la posesión por parte de la Generalidad de los datos fiscales de todos los residentes en la comunidad autónoma catalana. La existencia de ese censo en manos de los nacionalistas es un atentado directo contra el derecho a la privacidad de la información tributaria a que tiene derecho todo ciudadano, pero también un nuevo aviso a todas las instituciones del Estado de que la operación separatista va absolutamente en serio. 

Santiago Vidal no es un figurante estrambótico sin más al que su pasión nacionalista le ha jugado una mala pasada. Él es, como hemos señalado y resulta conocido, el redactor del proyecto de la constitución independentista catalana y es evidente que tal encargo no se le hace a alguien que no goce de la plena confianza de las fuerzas nacionalistas. Pero es que las palabras de Vidal simplemente corroboran toda una sucesión de hechos preocupantes, que tienen que ver con el proyecto separatista de contar con una futura Hacienda propia como paso imprescindible para vertebrar sus finanzas ¿y que me dicen sobre el el anuncio del entrenamiento en materia de contraespionaje de los mossos independentista por parte de un pais extranjero? ¿Es que el CNI no conocia esos hechos?

Pero lo cierto es que a los separatistas no se les puede acusar de actuar de manera secreta y taimada, sino al contrario, anuncian a bombo y platillo a través de sus medios de comunicación, todos y cada uno de los delitos que piensan cometer. Se trataría de una especie de revolución, o de golpe de Estado contra la legalidad española que obliga a una investigación a todo el Govern, a pesar de que haya dejado sólo a Vidal.

Lo malo es que lo cumplen y que la respuesta del Gobierno Central es nula, a pesar de que ha habido tiempo suficiente para reaccionar y existen  más que suficientes motivos para intervenir la comunidad catalana, tal y como establece la Constitución en casos flagrantes de rebeldía institucional como los protagonizados por la casta separatista catalana. 

Lo que mas preocupa es que pasados mas de dos dias no existe ninguna reacción en la Generalitat contra las graves acusaciones del ex juez, que a estas alturas ya tendría que ser desmentido y denunciado lo que confirma simplemete es cierto cuanto dice. Los indicios pueden ser suficientes...  ¿O es que acaso no existe ya una Agencia Tributaria Catalana, con 19 edificios públicos, todo tipo de medios materiales y un número creciente de funcionarios? ¿A qué se debe si no el trasvase constante de personal de los registros de la propiedad a este organismo de recentísima creación? ¿Para qué iba a intentar el Gobierno catalán hacerse con los funcionarios de mayor nivel del ministerio de Hacienda en Cataluña?

La decisión de la CUP de apoyar los presupuestos de la Generalitat dentro de los cuales hay partidas ocultas de mas de 400 millones de euros detraidas de la sanidad y educación que piensan dedicarlas al referéndum y la posterior desconexión, 

El Gobierno de España tenía ya más que suficientes motivos para intervenir la comunidad catalana, tal y como establece la Constitución en casos flagrantes de rebeldía institucional como los protagonizados por la casta separatista catalana. El escándalo desatado por las revelaciones de Santiago Vidal es de tal magnitud que ya no admite ninguna otra opción. Los hechos llevan tiempo avisando sobre las consecuencias de la una republiqueta que va a dejar pequeña a la Alemania Oriental del pasado siglo, que va a estar aislada de Europa que no hace mas que confirmar sua veracidad. El silencio del Gobierno de Rajoy sobre esta cuestión, no hace mas que presagiar los mas negros augurios.

viernes, 27 de enero de 2017

Santiago Vidal un bocazas dentro del "proces"

La Generalidad roba los datos fiscales de todos los contribuyentes de Cataluña

Resultado de imagen de santiago vidal

El juez y senador de ERC, Santiago Vidal, suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Catalana independiente, ha asegurado en una conferencia que el Govern de la Generalitat tiene "todos" los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. En un artículo de El País, que incluye varios vídeos de conferencias que el juez y senador de ERC, Santiago Vidal,ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre:

"La Generalidad tiene todos vuestros datos fiscales. Eso es ilegal porque están protegidos por la ley de protección de datos del Gobierno español, pero como no somos tontos porque ya sabemos que no nos los facilitarían de manera voluntaria, las hemos conseguido de manera absolutamente ilegal. Tenemos todos vuestros datos tributarios.Todos estáis fichados, todos. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio, os damos nuestra palabra de honor de que sabréis a dónde va cada euro".

Vidal añade a continuación: ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español"."Tontos no somos, ya sabemos que no nos lo facilitarán de manera voluntaria. Y eso sirve para el censo electoral y sirve para tantas y tantas cosas".

"Si esto fuera una negociación democrática, tranquila, respetuosa con los derechos de las dos partes, entre dos naciones, pues haríamos como hicieron en su día Inglaterra y Escocia, es decir, pactaríamos cuándo se nos entrega todo este material", explica el también senador.

"Pero, como nos tememos, ojalá me equivoque, que esto no pasará, pues ya estamos haciendo todos los trámites necesarios para tenerlo. Y la mala noticia es eso, que estáis todos fichados", prosigue Vidal.

"Los hemos conseguido de manera ilegal"

El exjuez Santi Vidal se jacta de las actuaciones ilegales del Ejecutivo autonómico en materia tributaria y desvela que se "investiga" a los jueces.

Santiago Vidal, exjuez suspendido por promover un manifiesto judicial a favor de la independencia, y actual senador de ERC, es uno de los impulsores del proceso separatista más respetado y requerido por su bagaje judicial y optimismo. Habitual de las conferencias que monta ERC para extender la nueva del separatismo por círculos, casinos y clubs sociales de toda Cataluña, sus actos se cuentan por llenos. Vidal es un experto en calentar a los auditorios y predecir que en breve los ciudadanos catalanes dispondrán de un DNI y un pasaporte propios.

Sin embargo, Vidal no sólo enardece a los oyentes sino que propende a deslizar informaciones que pueden ser constitutivas de graves delitos que habrían sido cometidos por él y por la administración autonómica catalana. La edición catalana de El País recoge algunas de las últimas intervenciones del senador en la que admite que la Generalidad ha llevado a cabo actividades ilegales para hacerse con los datos fiscales de los contribuyentes de Cataluña, que se investiga a los jueces para detectar a los contrarios a la independencia y que hay partidas camufladas en los presupuestos para la proclamación de la república catalana.

Vidal insiste en materia fiscal: "Son datos reservados y, en teoría, quienes llevamos este proceso no tendríamos que tenerlos, pero a veces pasan cosas, no os diré cómo porque no es exactamente legal y no estaría bien que un juez os lo explicara".

Jueces en el punto de mira

La orientación ideológica de los jueces que trabajan en Cataluña es otra de las obsesiones de Santi Vidal, quien no tiene reparo en hacer declaraciones sobre purgas entre la judicatura, tal como recoge El País. En una de sus variadas conferencias, Vidal afirmó: "De los 801 jueces españoles en Cataluña sabemos perfectamente quiénes comparten nuestros ideales, sabemos quiénes se quedarán y quiénes se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la república. Hemos hecho un trabajo de campo, sabemos exactamente con nombres y apellidos quienes de los 801 jueces se quedarán y quienes se marcharán".

Aún así, Vidal prevé una depuración integral en el cuerpo judicial: "A los jueces españoles que se quieran quedar en Cataluña, que son unos 300 y pico, se les dará un plazo de tres meses para que tomen una decisión. En el caso de que se quieran quedar, deberán acreditar como mínimo un nivel C de catalán oral y escrito". También deberán disponer de "un informe favorable de una comisión de evaluación mixta entre los máximos representantes del poder judicial catalán y un equivalente del consejo consultivo".

En sus giras catalanas, Vidal también ha desvelado que los Mossos d'Esquadra están siendo entrenados en materia de espionaje por un país "no europeo", que la Generalidad dispone de cuatrocientos millones de euros camuflados en los presupuestos para construir estructuras de Estado y que en el caso de que el Gobierno corte la financiación autonómica, la Generalidad ha contactado con dos fondos de inversiones que aportarían 200.000 millones de euros para que la república catalana pudiera pagar las pensiones y a los funcionarios.

También prevé la permanencia en la UE y en la OTAN a cambio de que Cataluña tenga una fábrica de helicópteros para tareas de ayuda humanitaria. Además y según el exjuez, once estados de la Unión Europea ya apoyan en secreto la independencia de Cataluña y reconocerían el nuevo Estado al día siguiente de su proclamación.

Reuniones con socialistas y populares

En cuanto a sus andanzas por Madrid, relata un encuentro con Javier Arenas, Joan Lerma y José Montilla en los siguientes términos: "Oye Vidal, ¿tú hablas mucho con el Puigdemont y el Junqueras, verdad? Quisiéramos que de parte del PP y del PSOE les transmitieras lo siguiente: Estamos viendo que esto de Cataluña no hay quien lo pare. Al final nos vamos a hacer daño. Y como se trata de evitarlo, y lo que te transmitimos no es un opinión personal, porque ya la hemos comentado con los máximos responsables de nuestros respectivos partidos, si al final conseguimos llegar a una solución más o menos consensuada para que se celebre el referéndum en Cataluña, para que los catalanes podáis expresar vuestra opinión, eso sí, sin cambiar la ley actual, sin efectos jurídicos inmediatamente, si al final conseguimos esto, y al final ganáis el referéndum, ¿cómo véis que cuando nos sentemos a negociar la desconexión, uno de los puntos es que España y Cataluña formaran una especie de Commonwealth?. Como lo que hizo Inglaterra cuando marcharon Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Eso sí, hay una cosa que no han tocado, la reina Isabel II. Eso ayudaría a limar asperezas".

También asegura que exlíder socialista Pedro Sánchez, en otra reunión con Antonio Hernando y Meritxell Batet, se comprometió a no aplicar el artículo 155 de la Constitución y a anular las causas relativas al 9-N si era investido presidente del Gobierno.

Reacciones

Las reacciones a la gravedad de estas declaraciones no se han hecho esperar:

Esta mañana Santiago Vidal ha anunciado su dimisión del cargo de senador por ERC, de tal manera que renunciara al aforamiento que tendría derecho por su cargo. En este caso esto será un privilegio ya que cualquier acusación por estos hechos deberá dirigirse a los tribunales ordinarios catalanes por lo que según el presume, cuenta con mas de 300 que podrían prevaricar a su favor. 

El portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado en su comparecencia habitual “Se empieza por no acatar las sentencias del Tribunal Constitucional y se acaba por violar los derechos y libertades individuales de las personas”. Para el Gobierno, el asunto es necesario “investigarlo” y “estar preocupado” por él.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que abra una investigación sobre el magistrado suspendido y senador de ERC, Santiago Vidal, por sus declaraciones en varias conferencias sobre el proceso soberanista el pasado otoño.

Maza pretende que se abran diligencias para que se investiguen los hechos a partir de las aseveraciones del republicano, y se aclare si hay realmente ilegalidad. En concreto, la nota remitida por la Fiscalía señala que estas declaraciones “supondrían unan grave vulneración de los derechos de los ciudadanos” y por ello ordena abrir una investigación “en defensa de la legalidad, del respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Jose Manuel Maza fiscal general del Estado durante la ponencia en Esade. (David Airob)

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, ERC anunciaba la dimisión del exjuez. Según ha anunciado la formación independentista en un comunicado, se trata de una renuncia "voluntaria" "para no ser ningún obstáculo para el proceso" soberanista."He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad no se ajustan a la realidad", afirma Vidal.

El Govern de la Generalitat ha manifestado por boca de Neus Munté que no son ciertas las afirmaciones del senador de Junts pel Si, En este contexto, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha escrito dos mensajes en Twitter en los que afirma: “Nuestro trabajo es siempre escrupulosamente legal, extremadamente eficaz y absolutamente transparente, que nadie lo dude”.

“Lo que hace el Govern se expresa a través de sus consellers y la portavoz (Neus Munté). En ningún caso la opinión de personas externas al Govern es vinculante”, ha afirmado Sabrià, en una desautorización implícita al senador Santi Vidal.

Tanto Ciudadanos como el PP han pedido la urgente comparecencia del President de la Generalitat, Carles Puigdemont en el Parlament de Cataluña para explicar estas graves acusaciones.

Un rinoceronte en un "todo a cien"




Un día después de firmar una orden ejecutiva para comenzar en meses la construcción de un muro en la frontera con México, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado este jueves con cancelar la reunión con su homólogo mexicano. ”Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.

Peña Nieto no ha podido hacer otra cosa que cancelar la reunión (dice) por iniciativa propia. Lo cierto es que el no hacerlo hubiera convertido automáticamente a Mexico en un pais esclavo de Trump. "Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró Peña Nieto.

Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca en nombre de los valores ancestrales de ese EEUU. Para negarlos. Entre ellos, la inmigración y el liberalismo. Contra la primera ha decidido levantar un muro; contra el segundo, rompe el espíritu del tratado de libre comercio, reniega de la globalización e impone aranceles disuasorios. Proteccionismo y nacionalismo en estado puro.


Donald Trump nos quiere hacer creer que levantando un muro puede acabar con el crimen en EEUU. No sé que es más simple, si empeñarse en poner puertas al viento, cercar con rejas la Estatua de la Libertad o reducir la inmigración a simples criminales. ("Ladrones, violadores y asesinos" ha dicho de los mejicanos). Hay en él algo instintivamente atractivo para el ciudadano corriente: la tentación de la simplicidad, la fórmula definitiva para los males sociales. Un grave error. A pesar de ello, De algo sí estoy seguro, esto último es un desprecio nauseabundo por la inmigración que solo conduce al odio étnico.

Sus maneras tajantes crean la ficción de que la mejor regla democrática es la mano dura. Lo acabamos de ver con la justificación que ha hecho de la tortura. ¿Quién no quiere evitar los degollamientos yihadistas? Es evidente que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta; pero si bien la tortura pudiera ser útil en un momento dado para evitar un mal insoportable, su legitimación haría imposible un Estado de Derecho. 

Reducir la complejidad de una sociedad a un exabrupto de matón es ponerse en evidencia ante una verdad irrefutable: ninguna medida política ni utopía social a lo largo de la historia han logrado acabar definitivamente con los males de la humanidad. Comprobada la evidencia, pretender empecinarse es de necios. 

Un tipo que desprecia cuanto ignora o no siente como propio, que retira la lengua española de la página de la Casa Blanca despreciando a 55 millones de compatriotas, que incita a la ruptura de la Unión Europea o cuestiona su defensa común, que rompe con el espíritu del libre comercio y desconoce o renuncia al planeta azul donde nació; un broncas que cuestiona la pedagogía democrática y las maneras tolerantes que han sido fundamento de los actuales Estados democráticos hasta hoy no puede traer nada bueno para la humanidad. 








jueves, 26 de enero de 2017

El 6 de febrero.. .los funcionarios a la Audiencia

El Govern de Cataluña sugiere a los funcionarios que cojan fiesta por el juicio del 9-N
Carles Puigdemont y Meritxell Borràs.

Carles Puigdemont y la consellera Meritxell Borràs


La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha sugerido en el pleno del Parlament que los funcionarios tomen fiesta el 6 de febrero coincidiendo con el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por haber impulsado la consulta del 9-N..

Borràs ha hecho estas manifestaciones durante el debate de una interpelación al Govern sobre la protección de los trabajadores públicos después de que Ciudadanos le preguntara si "no le da vergüenza decir que nosotros utilizamos los funcionarios como herramienta política tras decir públicamente que 'encontraría normal y necesario que los funcionarios cogieran fiesta para acompañar Mas".

"Esto es utilizar los funcionarios como claque de una opción política", ha denunciado el diputado de C's, José María Espejo-Saavedra, que ha reclamado al Govern que "dejen de utilizar a los funcionarios públicos como una herramienta política".

Borràs ha manifestado que "no me dan vergüenza mis declaraciones" y ha insistido en que ve "bien que los trabajadores públicos se tomen un día de asuntos propios e incluso necesario" porque "se ha judicializado un hecho político".

Finalmente, la consellera ha acusado Ciudadanos de "utilizar los funcionarios como una herramienta política" y ha leído una información sobre que "el señor Rivera ha emplazado al Gobierno español a desplegar una campaña de envío de cartas como medida preventiva para evitar el referéndum".

"Usted puede ir diciendo lo que quiera. Lo que tiene que hacer es aceptar la democracia, aceptar que está en minoría, que este Parlament ha hecho un mandato al Govern y que este país debe poder votar en libertad y sin sus amenazas".


Los socialistas se preguntan igualmente si el ejecutivo que preside Carles Puigdemont tiene intención de llevar un registro de qué funcionarios asisten con normalidad a su puesto de trabajo el día 6 y cuáles no, presuponiendo así la asistencia a los actos convocados por Omnium Cultural, la ANC, AMI y AMC. Una asistencia que la consellera destacó como “muy necesaria”. 

A lo mejor resulta, que al funcionario que no vaya a hacer bulto a la puerta de la Audiencia Provincial, van a abrirle expediente y suspendido de empleo y sueldo... Delirante muestra del estado de profunda desesperación, en el que se ha entrado en los ámbitos soberanistas de Cataluña.

El 6 de febrero.. .los funcionarios a la Audiencia

El Govern de Cataluña sugiere a los funcionarios que cojan fiesta por el juicio del 9-N


La consellera Meritxell Borràs


La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha sugerido en el pleno del Parlament que los funcionarios tomen fiesta el 6 de febrero coincidiendo con el juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por haber impulsado la consulta del 9-N.


Borràs ha hecho estas manifestaciones durante el debate de una interpelación al Govern sobre la protección de los trabajadores públicos después de que Ciudadanos le preguntara si "no le da vergüenza decir que nosotros utilizamos los funcionarios como herramienta política tras decir públicamente que 'encontraría normal y necesario que los funcionarios cogieran fiesta para acompañar Mas".



"Esto es utilizar los funcionarios como claque de una opción política", ha denunciado el diputado de C's, José María Espejo-Saavedra, que ha reclamado al Govern que "dejen de utilizar a los funcionarios públicos como una herramienta política".


Borràs ha manifestado que "no me dan vergüenza mis declaraciones" y ha insistido en que ve "bien que los trabajadores públicos se tomen un día de asuntos propios e incluso necesario" porque "se ha judicializado un hecho político".

Finalmente, la consellera ha acusado Ciudadanos de "utilizar los funcionarios como una herramienta política" y ha leído una información sobre que "el señor Rivera ha emplazado al Gobierno español a desplegar una campaña de envío de cartas como medida preventiva para evitar el referéndum".


"Usted puede ir diciendo lo que quiera. Lo que tiene que hacer es aceptar la democracia, aceptar que está en minoría, que este Parlament ha hecho un mandato al Govern y que este país debe poder votar en libertad y sin sus amenazas".

Los socialistas se preguntan igualmente si el ejecutivo que preside Carles Puigdemont tiene intención de llevar un registro de qué funcionarios asisten con normalidad a su puesto de trabajo el día 6 y cuáles no, presuponiendo así la asistencia a los actos convocados por Omnium Cultural, la ANC, AMI y AMC. Una asistencia que la consellera destacó como “muy necesaria”.


A lo mejor resulta, que al funcionario que no vaya a hacer bulto a la puerta de la Audiencia Provincial, van a abrirle expediente y suspendido de empleo y sueldo... Delirante muestra del estado de profunda desesperación, en el que se ha entrado en los ámbitos soberanistas de Cataluña.

miércoles, 25 de enero de 2017

Banco de Alimentos de Valencia - Sigue siendo imprescindible

Imagen del reparto del Banco de Alimentos realizado este martes


El Banco de Alimentos de Valencia mantiene su tarea pese a perder la subvención a la espera la ley de inclusión con el nuevo modelo de ayudas personalizadas anunciado por el alcalde Joan Ribó hace ya  mas de seis meses. Pero el hambre no tiene espera.

Valencia, 24 de enero de 2017. Son las ocho de la tarde y cientos de personas guardan una cola de dos horas de forma ordenada en la calle Quart, a escasos metros del lugar en el que los líderes del PSPV, Compromís y Podemos firmaron la renovación del Acuerdo del Botánico dos semanas antes. Un pacto que incluye la aprobación de una ley de Renta Valenciana de Inclusión que, un año y medio después de la formación del Gobierno de la Generalitat, no ha pasado de la fase de borrador.

Sin embargo, las setecientas personas que no pueden esperar  acudieron este martes al reparto mensual de víveres que realiza el Banco de Alimentos de Valencia, desde el 30 de junio de 2016 que se tuvo que cerrar las instalaciones por decisión del Alcalde Joan Ribó a través del Proyecto Solidarios de la Noche, 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el veinte por ciento de las familias de la Comunidad Valenciana sufren «muchas dificultades» económicas para llegar a fin de mes.

Imagen del reparto del Banco de Alimentos realizado este martes

Este martes era día 24 y las que acudieron al reparto de víveres ya no tenían nada. Los responsables del Banco de Alimentos explican que, además, el perfil de los demandantes ha cambiado en los últimos años. Los inmigrantes han dado paso a españoles. Familias enteras, ancianos, jóvenes sin empleo. Todos ellos guardaban cola para recoger una bolsa con productos básicos, como yogurts o pan de molde a la espera que los políticos lleguen a ponerse de acuerdo.

La entidad repartió 8.000 kilos de comida trasladada en dos camiones estacionados en plena calle entre familias en riesgo o exclusión social, personas sin techo y transeúntes. Dos horas en total de reparto a la espera del próximo mes.

Imagen del reparto del Banco de Alimentos realizado este martes- ROBER SOLSONA

El Banco de Alimentos de Valencia ha seguido adelante con su tarea a pesar de que el Ayuntamiento gobernado por Joan Ribó decidió no renovar la subvención que percibía la entidad. El dirigente de Compromís apeló a un modelo personalizado gestionado por los servicios sociales del Consistorio para evitar la imagen de las colas en plena calle para recoger comida.

Sin embargo, 2017 ha comenzado igual que terminó 2016: con más de setecientas familias valencianas en riesgo de exclusión en la calle Quart en busca de unos víveres que les permitan comer hasta que acabe el mes.

Imagen del reparto del Banco de Alimentos realizado este martes


Según la última encuesta sobre condiciones de vida del INE, el porcentaje de valencianos en situación de riesgo de pobreza se ha situado en un 25,3 por ciento, lo que supone 3,2 puntos por encima de la media nacional que se sitúa en el 22,1 por ciento, mientras que el ingreso medio anual neto por persona se cifra en la Comunitat Valenciana en 9.098 euros, frente a la media nacional de 10.419 euros.

Puigdemont - Vamos de conferencias a Bruselas


Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva durante la conferencia que han ofrecido hoy en las instalaciones del Parlamento Europeo / CG



Carles Puigdemont ya ha dado su conferencia en la UE y dijo lo mismo ante el mismo público entregado e interesado que en Cataluña. Llenó el local a fuerza de invitar a todo quisque. Estaban un centenar de personas que fueron con él desde Barcelona llegados de todos los puntos de Cataluña, el personal de la embajada ante la UE, la flor y nata de los diplomáticos autonómicos, los altos cargos de la Generalidad dedicados en cuerpo y alma a la internacionalización del caso catalán, grandes amigos y todos acólitos. Habia también una excursión de escolares catalanes que se dedicaron a hacer selfies para llevárselos de recuerdo. En suma, un acto que se podría haber llevado a cabo en Sabadell, Manresa o Mataró.

La excursión en avión se salda con un fracaso absoluto, sin paliativos. Si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, albergaba alguna esperanza de "colocar" su propuesta de referéndum soberanista en las instituciones europeas, este martes ha podido comprobar de propia mano el vacío que Bruselas hace a su hoja de ruta.


Una televisión catalana entregada y que retransmitió para consumo interno en directo la conferencia, destacó que la sala --con capacidad para 350 personas-- estaba llena. Obvió, no obstante, que no se trataba de un acto institucional y que ningún mandatario europeo ha asistido a un evento que coincidió a la misma hora con un acto diplomático. Una recepción que el mundo secesionista ha tildado de boicot, pero que ya estaba programada desde diciembre, pues se hace cada año. Aunque se trataba de un evento eminentemente independentista, sobre la mesa de los ponentes solo lucía la bandera catalana, la senyera, no la estelada.

Romeva fue el primero en intervenir en un discurso en inglés y francés, destacó el carácter pacífico del proceso secesionista. “Una reclamación justa y democrática y basada en el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Cataluña siempre ha sido europea y siempre lo será. Europa no puede ignorar esto. Es impensable que no opte por la democracia. Si no, actuará contra sí mismo”.

Junqueras pasó del inglés a castellano para arremeter contra la supuesta discriminación a la que el Estado español somete a Cataluña en materia de inversiones, recaudación fiscal o techo de déficit. Nada de hablar de la deuda de 72.000 millones de Euros a la hacienda española. La verdad es que podían haberse ahorrado el esfuerzo de hablar en otras lenguas que no fuera el catalán.La mayoría de asistentes los hubiera entendido.


Puigdemont avisa a la UE que habrá referéndum aunque España no quiera. El presidente catalán ha advertido en su conferencia de Bruselas que el proceso secesionista es un "problema europeo” y que las instituciones de la UE no pueden dar la espalda “Si el referéndum es pactado, mejor. Si no, lo organizaremos igualmente, no se puede imponer la intransigencia del Estado”. Este es el mensaje que el presidente de la Generalitat.

El conflicto catalán lleva tiempo ausente de la lista de preocupaciones de la Unión Europea, absorbida por el doble shock del Brexit y la llegada de Trump a la Casa Blanca. Los máximos dirigentes del Govern trataron de romper esa indiferencia con una conferencia en el Parlamento Europeo en la que presentaron sus planes para celebrar una referéndum de independencia en septiembre. Fue como si fueran a hablar con la pared ya que  todos los dirigentes europeos huyen de él como del agua hirviendo.