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jueves, 14 de noviembre de 2019

Otegui pide “impunidad” para 30 etarras ante la investidura

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El  coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, opina hoy miércoles en San Sebastián sobre el preacuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos   y exije que hay que buscar una solución para lo que llama “deportados” y “exilados”, que no son otra cosa que terroristas huidos de la Justicia.

Lo que se pide para estos individuos es que puedan volver a sus casas sin tener que rendir cuentas ante los tribunales; y que sean sus representantes los que administren las posibles responsabilidades que puedan tener por los crímenes cometidos.

Será casualidad o no, pero el tema se pone sobre la mesa en estos momentos, cuando, según todos los indicios, el nuevo Ejecutivo dará un giro a la izquierda y puede ser especialmente receptivo a este tipo de asuntos.

No son deportados, son huidos de la justicia

Si están “deportados” en esos países es por su propia voluntad, ya que si tanto desean volver a España basta con que se entreguen en la Audiencia Nacional y, si no hubiera nada contra ellos, saldrían en libertad; en caso contrario, claro, ingresarían en prisión. Y esa duda es por la que no quieren pasar, para mayor escarnio de las víctimas.

Etxerat es la organización que agrupa a los familiares de los presos y “deportados” y que actúa bajo el control de Sortu y de su líder, Arnaldo Otegui. El gran “triunfador” de los comicios al lograr grupo parlamentario para EhBildu en el Congreso y poder hacer valer esos votos en una investidura.

Aunque la reunión que celebraron con una entidad que se autoproclama “Foro Social” fue el pasado sábado, no es casualidad que el asunto se plantee ahora, cuando los antiguos proetarras pretenden que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les tenga en cuenta para la investidura, como ya hizo en su momento al aceptar los votos de EhBildu.

Admiten que ya han logrado el regreso al País Vasco de algunos “deportados” y reclaman para ellos pensiones como si hubieran cotizado toda la vida.Al regresar se encuentran con carencias importantes en su vida laboral y personal. Lo trabajado allá donde vivían, ha sido en condiciones irregulares y, por lo tanto, tienen una jubilación precaria”, dice Etxerat.

Entre las propuestas acordadas con el referido “Foro”, figura la de exigir a “las instituciones pertinentes la vuelta de aquellas personas huidas contra quienes no existan procedimientos judiciales abiertos o que, si los hubo, hayan prescrito”.

No se quedan ahí y para poder meter a todos en el mismo saco, añaden piden “la vuelta de personas sobre las que únicamente existan acusaciones basadas en testimonios obtenidos bajo tortura”. No explican cómo lo acreditarían, pero da igual. Lo importante es acusar a las Fuerzas de Seguridad.

Agregan que “en el marco de una justicia transicional (que exculparía a los terroristas), articular una solución jurídica para todas aquellas personas que sufren la pena de deportación”.

Para convencer a los disidentes, que los hay, les recomiendan que “sean participantes activas en el desarrollo del proceso de paz y normalización”. Y si queda alguno, señalan que “en los casos restantes, determinar medidas de justicia transicional para quienes decidan volver, en el marco de un proceso de paz y reconciliación”.

Otegui y los suyos saben que si llega a cuajar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, tienen bastantes posibilidades de poner el asunto de los “deportados” y de los presos encima de la mesa. Es uno de los flancos débiles del dirigente de la izquierda abertzale al que los disidentes de ATA le acusan que, tras muchas promesas en el “proceso de paz”, ha dejado materialmente “tirados” a los reclusos. ATA es la ”competidora” de Etxerat en el mundo de los presos.

De entre los que se hallan en la situación de “deportados”, el entorno proetarra ha “seleccionado” a doce que, en la actualidad, están en Cuba (tres); Venezuela (cuatro), Cabo Verde (cuatro) y Santo Tomé (uno), aunque reconoce que la cifra de los que pretenden volver a España es de una treintena.

Las listas de las que disponen fuentes antiterroristas, no coinciden con las cifras que facilita Etxerat, por lo que cabe pensar que se han trasladado de un país a otro, han vuelto a España al no tener causas pendientes o no están en la línea “oficialista”. Los que figuran en Cabo Verde, son sólo dos: Félix Manzanos Martinez y José Antonio Olaizola Achúcarro.

En Cuba, Jesús Abrisqueta Corta, Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Agustín Azcárate Inchaurrondo, José Ignacio Rodríguez Muñoa y Elena Bárcena. Tres de ellos serían los elegidos por Etxerat.

En Venezuela, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Oier Eguidazu Bernas, Asier Gurudi Zaloña, José Ignacio de Juana Chaos, Luis Maria Olalde Quintela, Martin San Sebastián Aguirre, José Ángel Uriz Zabaleta. De estos, son cuatro los seleccionados.

Y en Santo Tome estaba desde hace tiempo, Alfonso Echegaray Achirica. Su situación actual se desconoce.

lunes, 16 de septiembre de 2019

Empieza el juicio al "frente de cárceles" de ETA

La abogada vasca Arantza Zulueta fue encarcelada en Puerto III (Cádiz) en enero de 2014. Archivo EFE
La abogada Arantza Zulueta, una de las acusadas en el macrojuicio contra el Frente de Cárceles. EFE

El juicio contra 47 abogados de ETA va a empezar hoy lunes presidido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y entre los acusados están los conocidos abogados de etarras Arantza Zulueta, Amaia Izko, Jaione Karrera, Alfonso Zenóny, Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga.

Ellos están acostumbrados a lidiar en los tribunales. Sin embargo, dentro de pocos días no lo harán como abogados defensores, sino como acusados de distintos delitos que podrían llevarles a prisión. “Está en juego nuestra libertad”, afirma Izko –quien además ejerce como concejala de EH Bildu en Pamplona– a las puertas de que comience el macrojuicio 11/13, en el que junto a estos tres letrados serán juzgadas otras 41 personas, señaladas como integrantes del “Frente de Cárceles” de ETA.

Hay abogados –entre ellos Arantza Zulueta, que permaneció encarcelada en régimen de aislamiento en la cárcel de Puerto III (Cádiz)–, pero también periodistas –es el caso de Beñat Zarrabeitia, trabajador de Gara–, psicólogos o integrantes de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA. Todos ellos fueron detenidos en el marco de distintas actuaciones policiales –conocidas como “Jaque”, “Mate” y “Pastor“– realizadas tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA. 

"Dependencia orgánica"

La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce como acusación particular, reclaman penas de entre 8 y 20 años de prisión para cada uno de los encausados por “participación activa en organización terrorista”, delitos continuados de “enaltecimiento del terrorismo” y “financiación del terrorismo”. En total, las peticiones alcanzan los 601 años de cárcel.

La Fiscalía y la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden penas para los acusados que oscilan entre los 8 y los 20 años y 5 meses de prisión por delitos que van de participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo a enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.

Las acusaciones sitúan a Zulueta y Enparantza en calidad de "dirigentes" y piden para ellos 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista, si bien no son los acusados que se enfrentan a una mayor pena, ya que Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira podría ser condenado a 20 años y 5 meses por la acumulación de varios delitos: participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de cautelares.

En el auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco se basó en informes de la Guardia Civil para señalar que el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) en el que participaban los acusados era utilizado por ETA para “dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad” a la ya desaparecida organización terrorista. De hecho, el magistrado considera que los imputados son “plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines“ de la extinguida organización.

Representantes de ERC, Junts per Catalunya y Bildu acuden este lunes  como no podía ser menos, en apoyo a los 47 abogados que habrían formado parte del denominado 'frente de cárceles' de ETA y que se sentarán en el banquillo en la Audiencia Nacional acusados de colaborar con la banda terrorista.