viernes, 31 de mayo de 2013

Las discrecionales subvenciones de la Generalitat de Cataluña al grupo Godó

 
La connivencia entre la Generalidad y los medios de comunicación afines al nacionalismo catalán es una realidad que se ha mantenido constante desde la recuperación de la democracia, y la precaria situación de las cuentas autonómicas no parece ser un argumento de peso como para dejar de seguir destinando a su financiación ingentes cantidades de dinero público. Para ellos no hay recortes.
 
Una de las fórmulas habituales para hacer llegar subvenciones encubiertas a estos medios es a través de la publicidad institucional, que alcanza cifras nada despreciables. Como muestra, basta con comprobar la última adjudicación realizada por el Departamento de Presidencia de la Generalitat, consistente en una dotación de 2.397.500 euros (2.900.975 euros, si se incluye el IVA) para la ‘inserción de cápsulas y microespacios divulgativos de contenido informativo de interés general para la ciudadanía en 8TV, RAC y RAC105′, todas ellas emisoras de radio y televisión pertenecientes al grupo Godó.
 
La adjudicación, que de cerró el pasado 24 de mayo, se ha realizado ‘a dedo’, y solo ha habido concurso para elegir a la agencia intermediaria, que en esta ocasión ha sido Focus Media.
Ayudas multimillonarias al grupo Godó
El grupo Godó, editor de La Vanguardia, es uno de los más beneficiados por las subvenciones y por la publicidad institucional de la Generalidad. El pasado mes de septiembre, un día antes de que Artur Mas anunciara el adelanto de las elecciones autonómicas, el portavoz de la Generalidad y entonces secretario general de la Presidencia autonómica, Francesc Homs, firmó la adjudicación de un contrato a Media Planning para la inserción de publicidad institucional en cuatro diarios de Cataluña hasta final de año por un valor de 1,5 millones de euros, de los que medio millón correspondía a La Vanguardia.
En 2012, el Departamento de la Presidencia entregó una subvención de  445.898,73 euros a La Vanguardia para su ‘publicación’ y 135.844 euros a RAC y RAC105 sin ninguna justificación concreta. La Vanguardia y El Mundo Deportivo se repartieron otros 278.000 euros para sus ediciones en catalán. Mientras que 8TV recibió 284.939 euros, y RAC1 267.000 euros más, también por motivos lingüísticos.
En septiembre de 2011, el Departamento de la Presidencia otorgó dos millones de euros en publicidad institucional para las mismas emisoras y por el mismo concepto que se utiliza para justificar la adjudicación de la semana pasada. Poco después, el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, defendió públicamente dicho contrato con el único argumento de que es “absolutamente legal”.
Ese mismo año, el Departamento de la Presidencia también otorgó ‘fuera de concurrencia pública’ una subvención de 5,5 millones de euros a la empresa Cre-a Impresiones de Catalunya, SL. para ampliar su planta de impresión para la edición de La Vanguardia en lengua catalana. A eso hay que sumar otras entregas discrecionales: 715.700 euros a La Vanguardia, 272.575 euros a 8TV y 309.315 euros a RAC.
La Generalidad defiende las subvenciones
El pasado mes de junio, preguntado por los motivos de estas multimillonarias ayudas a fondo perdido al grupo Godó, Francesc Homs consideró que es “siempre razonable apostar por cualquier medio privado que tenga la lengua catalana como lengua vehicular”.
Más sorprendentes, si cabe, fueron las declaraciones realizadas en octubre de 2011 por el entonces presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Ramon Font, quien durante una comisión en el Parlamento autonómico reconoció un trato de favor hacia el grupo Godó. “De momento, tiene dificultades y nosotros les hemos ido acompañando y ayudando, en la medida de nuestras posibilidades, para que estas dificultades fueran superadas”, explicó.
A pesar de todos los esfuerzos, los datos de difusión que llegan a repartir gratuitamente las ediciones en catalán en toda la red de los trenes de cercanías no parecen cumplir las expectativas creadas. Según la OJD, La Vanguardia es el diario regional cuyas ventas han sufrido un mayor descenso durante el último año. En concreto, la cabecera de referencia del grupo Godó vendió 62.421 ejemplares diarios de media en abril de 2012, mientras que en abril de 2013 estas cifras se redujeron hasta los 47.840 ejemplares, un 23,4% menos.
LVB
 

jueves, 30 de mayo de 2013

Diputados imputados



 

Con la inhibición y la mas que probable imputación de el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quienes el juez instructor del caso Nóos, José Castro, puso en el disparadero por un presunto delito de malversación de caudales públicos.  
El juez quiere que el Tribunal Superior valenciano dilucide las posibles responsabilidades penales del ex president y la alcaldesa, que adjudicaron a Urdangarin y su ex socio, Diego Torres, contratos millonarios sin mediar concurso público. La Generalitat y el Ayuntamiento regaron el Instituto Nóos con casi cuatro millones de euros de fondos públicos por la organización de las tres ediciones del Valencia Summit -un foro sobre turismo y deporte- y de unos Juegos Europeos nunca celebrados.
 
El resto son Vicente Rambla, ex vicepresidente de la Generalitat; la ex presidenta de las Cortes,Milagrosa Martínez; el ex portavoz parlamentario Rafael Blasco; Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante; su antecesor en ese cargo, Luis Díaz Alperi; el ex secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa, y los diputados David Serra, Yolanda García y Angélica Such. Serían ya 11 los dirigentes regionales del PP imputados, que podrían formar un grupo propio en el parlamento valenciano.
 
Rajoy ya da por amortizado a Camps, pese a que el ex presidente de la Generalitat pidió recientemente al líder del PP, pidió su vuelta a la política tras su absolución en el caso de los trajes. Pero no ocurre lo mismo con Barberá, que, además de ser una de las figuras con mayor tirón popular y más respetada por los votantes del partido, ya se ha apresurado a anunciar que quiere repetir como candidata en las elecciones municipales de 2015.

Mariano Rajoy que en algún momento había impulsado la dimisión de aquellos cargos políticos con imputaciones de la justicia tiene un grave problema en la Comunidad Valenciana. La región representa uno de los mayores graneros de votos del PP, pero es también un permanente dolor de cabeza para el líder del partido por la imparable eclosión de altos cargos imputados en sus filas. Podrían empezar a caerse uno detrás de otro los principales dirigentes valencianos.
 
El tema es que la oposición, ni PSOE con peleas internas ni Compromís están pasando por sus mejores momentos para poder lanzarse a conseguir despojar el poder del PP en la Comunidad Valenciana

Ajustes de cuentas



Hasta ahora la familia socialista andaba unida al menos ante la opinión pública los odios y vendettas quedaban para puertas adentro. Ahora se están tirando los trastos. La presentación del libro a de memorias de Alfonso Guerra ha traído a colación sus viejas rencillas con el ex juez Garzón y ha explicado que Baltasar Garzón pidió cobrar parte de su sueldo en dinero 'B' cuando fue fichado por Felipe González como delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, con rango de Secretario de Estado y que a pesar de negársele por parte del partido lo consiguió a través de otros medios. Así lo asegura Alfonso Guerra en su libro, ex vicepresidente del Gobierno en la época de Felipe y el diputado más veterano del Congreso, en su libro de memorias, el tercero que escribe, y que va desde 1991 hasta la actualidad. 

El coqueteo de Garzón con el dinero opaco no es algo nuevo. Desde que se conoció aquel "querido Emilio" muchos nos habíamos caído del guindo y empezamos a sospechar que, además de un personaje con los pecados del egocentrismo superlativo y el revanchismo, el ex juez era también un amante del dinero a espaldas del fisco. Sospechas que crecieron cuando se le acusó hace escasamente tres meses de haber cobrado en negro 250.000 pesetas de una conferencia sobre ETA en Pamplona, pagadas por UPN hace 17 años. Y ahora, Alfonso Guerra ha elevado la acusación al asegurar en sus memorias que Garzón, al dejar la judicatura para entrar en las filas socialistas, le pidió un sueldo en B, en dinero negro, que él le negó pero que, según dice, otras instituciones sí le dieron.

Ha saltado inmediatamente Garzón desde Argentina el cual está maniobrando volver a la política activa, ahora junto a Izquierda Unida, diciendo que Alfonso Guerra había sido investigado durante bastante tiempo por la Audiencia Nacional cuando era vicepresidente del Gobierno. 

Pues bien, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, salió este martes a la palestra en El gato al agua, para completar la frase e intentar así darle la puntilla al ex juez. Contó que, efectivamente, le consta que Garzón pidió dinero negro al PSOE para compensarle por dejar su sueldo de magistrado y que al final lo obtuvo de los fondos reservados de Defensa. "Le pagaron un sueldo y un dinero extra para su oficina electoral", añadió Vera. Pero el ex secretario de Estado, que fue condenado por el caso GAL junto a Barrionuevo debido sobre todo al afán investigador de Garzón, no se detuvo ahí a la hora de pasarle la factura a su viejo enemigo. Antes de dejar temporalmente la judicatura para meterse en política, atraído por los cantos de sirena de Felipe González, "Garzón cobraba dos millones de pesetas al mes de fondos reservados de Interior para sus gastos", dijo Rafael Vera.

Ya que PSOE y IU están tan interesados por conocer los sobresueldos de algunos dirigentes del PP a través de Bárcenas, algún juez debería ver que es lo que pasó con estos fondos reservados que se destinaron a ser un simple sobresueldo del ex juez. A partir de ahora el silencio se ha vuelto a posar dentro de PSOE o IU ya que nadie de estos partidos quiere saber del asunto.

miércoles, 29 de mayo de 2013

Consejos comarcales

 
La Generalitat de Cataluña gasta 560 millones anuales en mantener los 41 consejos comarcales de Cataluña, una subdivisión territorial que impulsó CiU en los últimos tiempos de Jordi Pujol que ahora sólo un partido está planteando eliminarlos al considerarlos un gasto superfluo: Ciutadans.

Albert Rivera, ha asegurado que “la ciudadanía no entiende que se gaste 560 millones en un nivel administrativo redundante como los consejos comarcales, cuando esta cifra supera los más de 500 millones que se ha recortado en Sanidad la Generalitat este año”. “Hay que simplificar las administraciones. Este sobredimensionamiento de cargos y puestos no se puede justificar ante los ciudadanos y menos en un momento de recortes y ajustes en los servicios públicos esenciales”, ha manifestado Albert Rivera.

En tres ocasiones Ciutadans ha propuesto en el Parlament de Cataluña suprimir los consejos comarcales: en el de Política General, en el de Presupuestos y en el que se discutieron los últimos recortes. Y las tres veces el grueso de los partidos catalanes ha votado en contra. La razón: los alcaldes y regidores cobran cuantiosas dietas por acudir a los plenos de los consejos comarcales por los que la mayoría de los partidos dotan a sus cuadros de un sobresueldo a través de estos organismos.

Cataluña no es la única autonomía con consejos comarcales. Aragón y Asturias también los tienen. Y el Bierzo se ha convertido en comarca de Castilla-León.

Pero es en Cataluña donde este aparato administrativo subprovincial se encuentra más desarrollado. Hay un total de 41 comarcas y más de mil consejeros comarcales. Un ejemplo: el Consell del Alt Penedés cuesta más de 180.000 euros en órganos de gobierno de los que 101.000 son para cargos de confianza y 5.300 euros de dietas a cargos electos.

En Cataluña hay casi 1.100 consejeros comarcales, en su mayoría alcaldes y regidores que cobran dietas por asistir a los consejos de estas entidades.
Para Rivera, “muchos de estos organismos carecen de sentido. Nacieron como un contrapoder convergente a las diputaciones que controlaba el PSC pero ahora han perdido incluso la motivación con la que nacieron”.


Barcelona y sus alrededores como el Baix Llobregat tienen la paradoja de que la duplicidad es mucho más evidente, ya que existe el Área Metropolitana de Barcelona, que da servicios a más de 4 millones de habitantes, lo que deja con un sentido más que dudoso a organismos como el Consell Comarcal del Barcelonés, uno de los que cubre a más habitantes y por tanto que más consejeros tiene y más cargos de confianza coloca.

Ahora viene Oriol Junqueras diciendo que ya tienen un mejor destino para los consejos comarcales: “Sería preciso que la Generalitat recupere las competencias de gestión tributaria y montar una Agencia Tributaria en cada comarca y así podrían aprovechar los locales que quedarían vacíos”. El cuento de la lechera…

Ahorro, ahorro y ahorro,,,, pero ¿cómo ahorramos?...
 
Podría empezarse por ahí y seguir por las empresas públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, o comunidades autónomas donde desde cada una de las administraciones andan pisándose competencias unos a otros con el simple fin de colocar a sus colegas y poder seguir despilfarrando a manos llenas.

La carta de la cafetería del Congreso


Ahora hemos conocido el concurso para la concesión del servicio de restauración y bar en las instalaciones de Congreso de los Diputados. Según el pliego de condiciones para la concesión de la cafetería aprobado por la Mesa la semana pasada, la firma que gane el concurso, correspondiente al periodo 2014-2017, ingresará 4.278.500 euros más IVA procedentes por la prestación de este servicio. Hasta ahora era Arturo quien ha estado prestando este servicio hasta que un juez ha descubierto que no abonaba correctamente la seguridad social de sus empleados.
 
A cambio, el nuevo concesionario deberá ofrecer todos los productos a un precio muy inferior al que puede encontrarse en los establecimientos hosteleros de la capital, incluidas las bebidas espirituosas. De esta podremos mantener a los pobres diputados y podrán comer y beber a precios algo por encima del coste a los  desesperados que acuden a Cáritas. 

La política se inventó para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, pero en la práctica es totalmente al revés, somos los ciudadanos los que les damos, con nuestros impuestos, soluciones a minino problema de los políticos. Un "gin tonic" a 3,14€ o el café con porras del desayuno a 1,15€ marcan la diferencia. Por cierto... ¿no está prohibido el alcohol en los centros de trabajo?

Hay mucho interés en las castas dominantes en mantener el equívoco de que le dinero público no es de nadie, o mejor dicho, es de ellos y les llega caído del cielo, para que una vez satisfechas desde sus mínimas necesidades hasta sus “necesarios y justificados” caprichos, repartan el excedente para cubrir las imprescindibles necesidades de sus “ súbditos “. 

Lo cierto es que ellos dictan las leyes y tienen la capacidad, mediante una simple moción a que siempre obtienen la unanimidad, para resolver sus pequeños problemas domésticos y así evitar que el dinero pueda escaparse de sus bolsillos como a cualquier vulgar ciudadano agobiado por los impuestos que ellos no paran de aprobar para los demás.

martes, 28 de mayo de 2013

¿No hay margen para bajar los impuestos?

Así, hemos podido escuchar a Luis de Guindos declarar que bajarán los impuestos cuando la economía dé señales claras de recuperación. Es decir, que la medicina mejor suministrarla cuando el paciente se haya curado. Y también varias veces insistió Cristóbal Montoro la semana pasada en que no hay margen para bajar los impuestos.  
 
Pero no es cierto que no haya margen para reducir la carga tributaria de los españoles. Cuando continuamos con un Estado de un tamaño aún superior al que tenía en los años de vino y rosas de la burbuja, es evidente que existe recorrido todavía para reducir el inmenso gasto político. Lo que no hay es voluntad. Demostrando su lealtad al sillón que ocupan ellos y sus allegados, se niegan a retornar, como mínimo, a la situación previa a las treinta subidas de impuestos perpetradas por este Gobierno, depredador del esfuerzo y del ahorro de los españoles.
Porque ¿puede decirse que no hay margen cuando los políticos van a extraer cerca de 1.900 millones de euros del fruto de nuestro trabajo para meterlos en las televisiones públicas este año 2013? ¿Puede algún político decirme qué servicio público esencial presta una cadena autonómica más allá de ofrecerle al político regional de turno la oportunidad de salir en la tele entre concurso y concurso de cantos y bailes regionales? ¿Ha hecho algo este Gobierno al respecto? No, luego sigue existiendo margen.
¿Puede decirse que no hay margen cuando desde enero de este año y hasta la fecha el Boletín Oficial del Estado ha recogido ya casi 5.000 millones de euros en subvenciones, según el minucioso peinado del BOE. ¿Puede algún miembro del Gobierno justificar que es absolutamente imprescindible dedicar 200.000 euros a fomentar la cultura de defensa (sic)? ¿O algo más de 4 millones de euros a  diversos proyectos del programa La Juventud en Acción entre los que encontramos actividades tan esenciales para todos como el street dance (16.900 euros a una asociación determinada) o “la gestión de inéditos viables”, sea esto lo que sea (16.000 euros a una asociación en concreto). 
¿Puede decirse que no hay margen cuando seguimos teniendo la Administración trufada de hermanos, primos, cuñados y amigos en puestos eventuales, comúnmente conocidos como 'de confianza'?¿A ustedes les consta que el Gobierno haya hecho algo al respecto para reducir drásticamente el número de eventuales en todos los niveles y caiga quien caiga? A mí, no. ¿Puede Montoro, actual ministro de Administraciones Públicas además de Hacienda, presumir de que no hay margen para bajar más?
¿Puede decirse que no hay margen cuando seguimos teniendo el mismo nivel de duplicidades entre los diferentes niveles de la Administración que había en los años de esplendor inmobiliario? Hasta donde yo sé, seguimos esperando la anunciada reforma. Por tanto, ¿no hay margen o lo que no hay es voluntad de eliminar, por ejemplo, las Diputaciones por el impacto que tendría en el reparto de cargos públicos en Andalucía, donde el Partido Popular disfruta de una posición que no tiene en la Junta?
¿Y las 'embajadas autonómicas'? ¿Y la publicidad institucional? ¿Y las empresas públicas? ¿Y …?
Mientras... El Estado registró un déficit de 25.007 millones de euros en abril, un 2,38% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a los 24.763 millones del mismo periodo del año anterior, un 2,36%, ejercicio en el que objetivo de déficit era superior. La cifra supone un aumento del 46,3% en comparación con el mes de marzo, cuando se situó en 17.092 millones de euros.
Es decir, la política fiscal impuesta por Mariano Rajoy a los españoles no es la única alternativa posible y no es cierto que no tengan margen. Este Gobierno está actuando como un mal doctor que pone a dieta a una persona enferma de anorexia, y le promete aliviarle el severo régimen cuando compruebe que está empezando a engordar. Y todo no por un diagnóstico erróneo, sino para seguir comiéndose él la comida que le corresponde a su paciente.

Foto de familia





Ayer se reunieron los dirigentes regionales del PP con Mariano Rajoy  para intentar limar las asperezas o intento de motín de sus barones regionales con el intento de marcar los límites del déficit para este año. No otra cosa es ese "déficit a la carta" pretendido por el Ministerio de Hacienda para ampliar el margen de despilfarro de las regiones que han demostrado una mayor indisciplina presupuestaria, con Cataluña en lugar destacado. 

Esta reunión se produce en una semana en la que Bruselas oficializará el objetivo del déficit para España, cuyo límite pasará del 4,5 al 6,3%. Por ello, el objetivo de las autonomías pasará del 0,7% previsto inicialmente al 1,2%. Pero, no todas quieren tener ese techo y piden un déficit 'a la carta'.
 
El plan de Rajoy de salvar a Cataluña sin llegar a la intervención a pesar de las continuas bravatas de Artur Mas, Déficit al que se quieren sumar toda costa las comunidades de Valencia y Murcia, que choca  con el esfuerzo realizado desde las otras comunidades que si han cumplido con su tarea. Es algo que choca con el sentido común. Lógicamente la reunión solo ha servido para hacerse una foto para dar la sensación de unidad, pero no ha cerrado ningún acuerdo porque entre otras cosas aún no se tiene la certeza de si Europa va a dar un nuevo margen para gastar los 19.000 millones adicionales.
Es una injusticia clamorosa que aquellas comunidades autónomas que han cumplido con sus compromisos de reducción del déficit se vean perjudicadas en beneficio de aquellas con dirigentes más incapaces. El desprecio con que Rajoy pretende tratar a las comunidades que han sido capaces de reducir su brecha presupuestaria en el ejercicio pasado se agrava si tenemos en cuenta que, en tan sólo un año y medio, el grueso de los dirigentes autonómicos involucrados en los enjuagues de Montoro va a tener que presentarse ante los ciudadanos para reclamar nuevamente su confianza.
No es justo que unos lo hagan con un más amplio margen financiero, a costa de los que hicieron honor a su palabra y han de comparecer ante el cuerpo electoral con el baldón de unos recortes inevitables para cumplir con los compromisos financieros asumidos. Y todo para contentar a una clase nacionalista en abierta rebelión a la que el Gobierno no es capaz de plantar cara haciendo uso de las atribuciones de que dispone en virtud de nuestra Constitución.

lunes, 27 de mayo de 2013

El poder del adoctrinamiento

Estamos contemplando los resultados en nuestra juventud de las leyes educativas en los últimos años, que nos han llevado a los últimos lugares del mundo civilizado. Leyes todas ellas socialistas. Todo ello agravado por  la desidia del Estado que ha estado mirando hacia otra parte mientras desde la periferia se estaba adoctrinando a los jóvenes para los intereses soberanistas de la clase política de Cataluña, Euskadi, Baleares, Comunidad Valeciana o Galicia donde lo menos importante es el idioma en que se imparten las clases, sino los mensajes soberanistas interesados que se siguen transmitiendo desde las mismas.
 
El ministro Wert ha afirmado que "la razón por la cual esta reforma es inaplazable" es la tasa de abandono y de fracaso escolar que hay en España porque, según ha dicho, "es lo que más compromete no sólo el futuro de los jóvenes, sino de la economía y la sociedad". "Si se estabiliza una tasa como la que tenemos o teníamos en años anteriores, el 32% en 2008, no sólo hablamos ya de la dificultad de los jóvenes hoy para conseguir un empleo, sino de que cuando no sean tan jóvenes puedan insertarse en la sociedad".
Es necesario andar hacia el mérito el esfuerzo y la unificación de la educación de todo el país con pruebas a nivel general que impidan esta deriva, defendiendo la autoridad del profesor en el aula. Wert creo yo, ha cometido dos errores, uno querer imponer de nuevo la religión de como materia para obtener la nota media para pasar de curso y su dejación para que se puedan crear líneas de educación pública en el idioma español, para que los padres puedan elegir el idioma que se educa a sus hijos.
Ahora se montado un guirigay en contra de los cambios que intenta introducir el ministro Wert que aparte de su unanimidad en cuanto al vituperio al ministro, cada uno los estamentos educativos intenta defender sus privilegios y ocultando su propio fracaso. Le recriminan que no ha existido consenso para esta ley, pero es que en realidad lo que desean es que nada cambie. Así que tenemos la generación de jóvenes que dicen es la mas más preparada de todos los tiempos. ¿Preparada para qué? ¿Para qué con título bajo el brazo los jóvenes no tengan más remedio que emigrar?
Durante el felipato se hicieron la LODE y la LOGSE, cuyos resultados calamitosos conocemos bien. Aznar las mantuvo, alegando que no se podía cambiar de sistema educativo al compás de los cambios de Gobierno; pero en su segunda legislatura, pese a su mayoría absoluta, el PP hizo lo imposible por llegar a acuerdos que sustituyesen al desastre en vigor, sin éxito, y finalmente hizo un proyecto propio, que no llegó nunca a ejecutarse porque Zapatero lo derogó, como segunda decisión al llegar a La Moncloa. Y no contento con esto, impuso obligatoriamente la asignatura corruptora de menores, llamada Educación para la Ciudadanía.
La legislación educativa no ha sido nunca en nuestra democracia una cuestión de Estado que los políticos hayan acordado poner por encima de las querellas partidistas. No lo ha sido porque ese acuerdo es imposible. Y es imposible porque socialistas y nacionalistas no están dispuestos de ninguna manera a prescindir de esta arma adoctrinadora para “apoderarse del alma de los niños”, en palabras de Rodolfo Llopis. La señora Rigau está pensando lo mismo, cuando ella dice que no los moverán.
Socialistas y nacionalistas no soportan la libertad. No lo pueden remediar.

domingo, 26 de mayo de 2013

El saqueo de Andalucia (48) - Objetivo: Quitarle cuanto antes el caso de los ERES a la juez Alaya

La jueza Mercedes Alaya no sólo se está enfrentando a un caso de enorme complejidad con los simples recursos de su modesto juzgado, sino también al acoso sistemático del PSOE, hegemónico desde hace más de tres décadas en Andalucía, y cuya capacidad de maniobra para obstruir la acción de la justicia ha quedado suficientemente de manifiesto a lo largo de todo el proceso. Ahora desde el poder establecido se vuelve a poner otro obstáculo en su camino hacia la verdad.
 
Alaya, como se recordará, estuvo seis meses de baja médica y, por tanto, incapacitada para impulsar la instrucción del caso, dilación de la que no puede hacérsele responsable por razones obvias.
Gonzalo Moliner en un claro abuso de sus funciones, el máximo responsable de nuestro sistema judicial se atrevió a amenazar con un expediente disciplinario a la jueza que investiga la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, según él poco diligente en la tramitación del que, probablemente, sea el asunto más complejo que se dirime en los tribunales españoles en estos momentos.
La cuestión es quitarle como sea el caso antes de que sea demasiado tarde. Se trataría de que por el hecho de imputar a un solo  político aforado el caso que sería Jose Antonio Viera, y por este motivo tuviera que pasar a manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde existirían los suficientes recursos para poder dinamitar el caso y dejarlo con condenas a nivel de funcionarios, dejando fuera del caso a los demás políticos responsables durante todos estos años o sea, Griñán, Chaves o Zarrias.
Hay que recordar que el ínclito Moliner, nombrado presidente del Supremo por Ruiz Gallardón es un destacado socialista al que se refirió el ministro de Justicia en conversación con Rubalcaba espetándole un incalificable "no te quejarás, que he puesto a uno de los tuyos". La Justicia ha sido  corrompida en su vértice por los gobiernos del PSOE y ahora con el del PP el temor es que la descomposición se extienda hacia su base de manera imparable. De los socialistas cabía esperarlo de sobra. En el Partido Popular, en cambio, se trataría de una traición en toda regla a sus votantes, desgraciadamente ya acostumbrados a servir de moneda de cambio en los enjuagues que los populares perpetran con el PSOE cada vez que llegan al poder.

España 0 - Gibraltar 1


 
De nuevo los llanitos han vuelto a meternos un gol en la vieja disputa por el peñón. Esta vez ha sido la decisión de la UEFA  que la diplomacia española no cuenta demasiado. La selección  llanita se paseará por Europa con todos los derechos de los países cuando en realidad es una colonia. Dentro esta deriva circense española que han dado lugar al crecimiento de todos los enanos soberanistas, donde no hay ni tan siquiera  espacio para las declaraciones de principios ni la presumible indignación.
Una vez más ilumina la polémíca esa vieja descarada e íntima relación entre fútbol y política, tan perversa que ni tan siquiera pretende ocultarse en nuestros inconscientes y excita y agita pasiones y banderas. Una situación de difícil digestión para el estado español aunque nuestros dignatarios callen. Un nuevo argumento para Artur Mas.

sábado, 25 de mayo de 2013

Zapatero en estado puro, contando nubes

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE, en una entrevista para Radio Nacional de España, este viernes soltó las siguientes afirmaciones sobre su relación con Cataluña mientras el estuvo en el poder:
“[...] Mi impresión es que esa llamada deriva soberanista [en Cataluña] no va a ir a ningún sitio, no va a ir a ningún sitio. Creo que si hay insistencia por parte de CiU… yo conozco a sus líderes, creo, sinceramente, que no son independentistas. Lo he dicho en alguna ocasión y he hablado mucho con ellos en mi etapa de gobierno.
[...] Artur Mas es un político con estatura, con formación, europeo… sabe muy bien que la evolución de la inserción de Europa en la economía global va en una dirección que no tiene nada que ver con la aparición para constituirse en un territorio, relativamente pequeño aunque importante, como Cataluña. Es una distorsión histórica.
[...] Estamos viendo una estrategia política… no lo sé [si busca la independencia], pero sí se van poniendo los pasos para que parezca que se busca eso [la secesión].
[...] No comparto la posición del PSC [que apoya un referendo de secesión], porque todos sabemos que el llamado derecho a decidir no es un derecho que forma parte ni de nuestra estructura [legislativa], ni de nuestro sentido constitucional, ni de nuestro pacto constitucional, que fue un pacto constitucional de unidad.
[...] El PSC ha jugado durante todo el proceso democrático, y está llamado a jugar, un papel de equilibrio y de integración. No podemos desconocer que, en estos momentos, en Cataluña hay un sentimiento que se ha agudizado en lo que es la distancia hacia la gestión global de lo que podemos llamar el Gobierno del Estado o el Estado. Creo que la crisis [económica] tiene mucho que ver [en ello].
[...] Quizás las dos posiciones [del ministro José Ignacio Wert y de Mas, en el tema de la reforma educativa] son un poco excesivas. Apuesto por el diálogo.
[...] Debo decir que, para mí [el asunto lingüístico], fue una preocupación muy constante porque tenía las dos visiones muy contrapuestas, desde los partidos y las instituciones catalanas siempre se me decía: no hay ningún problema, la inmersión lingüística ha funcionado muy bien, y quien quiere tiene derecho al castellano; y sin embargo, yo era consciente de que había algunas quejas con probable fundamento de que eso no era así. Esta es una cuestión… parece que hay un deseo de que esto esté permanentemente abierto y, sinceramente, deseo que se pongan a dialogar, y pueda haber un acuerdo en el que las palabras gruesas que a veces escuchamos, sobre temas tan sensibles, como es la lengua, las dejemos atrás”.

Zapatero finalmente se ha caído del guindo.

El juego de la silla


Todos hemos jugado alguna vez al juego de la silla. Pero para quien no lo conoce consiste en juntar sillas  una detrás de la otra, según el número de participantes menos uno, así uno de los jugadores se quedará sin sillas. Llevamos tiempo jugando a eso con eso de la crisis… empresas, empleados, todos… ¿Y los políticos?... Ellos a pesar que por todas partes se oyen vientos de tempestad siguen pegados a su silla sin levantarse ni para ir al lavabo. En el caso de perder alguno la silla allí estaban hasta ahora los compañeros para ofrecerle un sillón sustitutorio… Así están petados de gente en Senado y tantas y tantas instituciones innecesarias. Que están que revientan de inútiles que no hacen otra cosa que seguir chupando de la teta del estado. Así que hasta ahora, no se mueve nadie.
 
Ahora se está tramitando una ley para redimensionar los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, habrá que leerla con tranquilidad para saber si en realidad es solo una maniobra para los que están más arriba quitarles de silla a los de más abajo, … Creo que finalmente la cosa va por ahí.

Ha empezado el juego de la silla. De momento se trata quitarles los alcaldes sus juguetes preferidos..., el hogar de los ancianos, la casa de cultura, el auditorio…con los que tenia entretenidos a los del pueblo y dárselo a las Diputaciones para que lo gestionen… vale… Allí también encontraremos a sobrinos, queridas o amigos disfrazados de asesores  etc.… No habrá más remedio que seguir jugando.

En estos momentos quien se atreva a moverse se queda sin silla, por lo que veremos quién se queda al final sentado en la silla…, si Rajoy, Rubalcaba, Artur Mas, Cayo Lara o… el cuñado de alguno de ellos.  

viernes, 24 de mayo de 2013

Justicia para la desimputada, ahora de nuevo imputada

 
El juez Castro ha desafiado y ha puesto en evidencia de una tacada a Fiscal, Fiscal General, Audiencia de Palma, Gobierno, y la Casa Real, y casi todas las instancias del estado empeñados en que no siguiera delante la imputación de un delito fiscal a la Infanta Cristina por Aizóon al tener en su poder la certificación de Hacienda donde consta que ella es la presidenta de esta sociedad dedicada a blanquear el enorme capital que se estaba recaudando a través de las aportaciones de instituciones públicas y privadas hacia el Instituto Nóos. 

El padre, el rey, en un momento de lucidez y alegría navideña se le ocurrió decir que “La justicia es igual para todos”, cosa que hemos podido comprobar que no es cierta, ya que se han estado intentando utilizar todos los resortes con el fin de que la infanta no llegara a sentarse en el banquillo.

Si ella era inocente y no tenía nada que ver con las acusaciones y dimes y diretes que ya duran años, lo hubiese tenido muy fácil, le bastaba con pedir una comparecencia y declarar voluntariamente ante el juez explicando su versión del asunto y quitarse de una vez tales infundios. Ahora le va a tocar bajar la rampa ante un montón de cámaras ávidas de morbo.


Aunque finalmente salga declarada inocente, hace tiempo que la sociedad ya la ha condenado, y con ella, a su marido, fiscales, la Audiencia de Palma, los políticos en general que ayer aplaudían con las orejas su desimputación y con la Casa Real en su totalidad incluido el jardinero. Solo estoy pensando en sus hijos, supongo que ellos tendrán prohibido ver por la tele las noticias de lo que ocurriendo en su país.

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

 
Hoy se va a aprobar por el Consejo de Ministros la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que va a revolucionar el funcionamiento de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que supondrá un antes y un después en la organización administrativa española. Más allá de que se esté o no de acuerdo con su contenido, ésta si es una reforma radical respecto a la situación anterior. Y tendrá consecuencias muy importantes para la gran mayoría de los ayuntamientos españoles. Hasta el 75% de las corporaciones locales podría quedarse sin competencias de gestión el próximo día 1 de enero.

 Parece difícil de imaginar, pero la intención del Gobierno es llevar el texto a las Cortes antes del final de este período de sesiones, para que en otoño esté plenamente operativa. Este martes, Cristobal Montoro lo ha presentado a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local. Eso sí, quedan muchas dudas por delante y siete meses para que alcaldes y concejales tomen sus propias decisiones.

Coste estándar y competencias

La clave de la revolución que preparan Montoro y Antonio Beteta, su Secretario de Estado de Administraciones Públicas, pivota en torno a un nuevo concepto, el del "coste estándar" de las competencias de los ayuntamientos. Éste es "un valor de referencia que sirve para comparar los gastos" de los diferentes municipios.

Es decir, el Gobierno va a medir cuánto le cuesta prestar los servicios obligatorios a todos los ayuntamientos de España. Con estos datos, Hacienda ajustará en función del número de habitantes y de la dispersión de la población. Con todo esto en la mano sacará una cifra: cuál es el coste estándar de un determinado servicio público para cada ayuntamiento. Por ejemplo: el ayuntamiento A tendrá 80 euros por habitante para el servicio de recogida de residuos.

A partir de este momento, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comprobará si está gastando más o menos. En el primer caso (si supera esos 80 euros), esta competencia pasará a la administración superior, comunidad autónoma o diputación, durante los siguientes cinco años.

De acuerdo a las cuentas del Gobierno, el coste medio de la prestación de los servicios municipales obligatorios es de 1.219,98 euros por habitante para los municipios de menos de 5.000 habitantes y de 445,44 euros para los de más de 100.000 habitantes. Es decir, los ayuntamientos pequeños gastan casi el triple (en términos per cápita) que los más grandes.

¿Y esto que supone en términos de coste estándar? Pues que el 92% de los 6.797 municipios de menos de 5.000 habitantes y el 40% de los que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes están por encima de las cifras de Beteta. Esto supone que unos 6.200 ayuntamientos, de los 8.116 que hay en España (un 75% aproximadamente) podrían perder competencias a partir del próximo 1 de enero. Porque además, el Gobierno asegura que la aplicación será inmediata, puesto que las corporaciones locales ya saben desde hace meses por dónde van los tiros y deberían estar ya haciendo los deberes si no quieren quedarse sin la gestión de sus servicios.

Las dudas

Un cambio de esta magnitud estaba destinado a generar muchísimas preguntas. Ni siquiera a pesar de las explicaciones del Gobierno están todas claras por el momento. Es más, puede que hasta que no empiece a andar la nueva normativa y tenga unos cuantos años de rodaje no sea posible ver todas las implicaciones, una vez que los diferentes actores se ajusten a la Ley.

- ¿Cuánto se ahorrará?: el impacto económico previsto de toda la Ley es de 7.129 millones de euros, de los que unos 1.400 corresponden a los cambios en la racionalización de las competencias de los ayuntamientos.

- Las diputaciones: aparecen como las grandes beneficiadas. Durante la última campaña electoral se discutió mucho si tenía sentido su supervivencia. Ahora, se ven reforzadas. Lo normal es que asuman la gestión de muchas competencias, especialmente en lo que hace referencia a los ayuntamientos pequeños.

- ¿De qué competencias hablamos?: la cuestión del coste estándar afecta a las competencias obligatorias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, puesto que a los más grandes se les aplica directamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según el artículo 26.1 Ley de Bases de Régimen Local: "Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

En los Municipios con población superior a 5.000 y menos de 20.000 habitantes, además: Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos".

- ¿Desaparecerán los ayuntamientos?: No. Esto está claro. No desaparece ningún municipio, aunque el Gobierno deja la puerta abierta a que regiones y ayuntamientos inicien un proceso de fusión si lo estiman conveniente. Y da la sensación de que algo así sería del gusto de Hacienda, que no ha querido presionar por no enfrentarse aún más a sus barones regionales y a sus alcaldes.

Pero aunque no desaparezcan oficialmente, sí que parece que nos encontraremos con cientos de ayuntamientos fantasma, en los que la corporación municipal no tiene ninguna competencia de gestión, porque no son eficientes en términos de coste. Es decir, todos los servicios públicos que prestaban ahora los tiene la diputación. ¿Qué les queda? Lo que el Gobierno denomina "competencia política". Es decir, la posibilidad de hablar en la diputación en nombre de sus vecinos y el control de cómo se realizan esos servicios en su pueblo.

- ¿Cinco años sin nada que hacer?: en esto tampoco hay dudas. Si un ayuntamiento pierde una competencia por tener un coste superior al estándar, tardará al menos cinco años para recuperarla (un plazo buscado a propósito para que no coincida con los ciclos electorales). Durante ese tiempo, la corporación municipal podrá elaborar un plan económico financiero con el que convencer a Hacienda de que puede recuperar la competencia que perdió. Y si ha perdido todas las competencias, pues lo mismo para el conjunto de los servicios. Eso sí, por mucho que quiera, no podrá adelantar el plazo.

- ¿Y las competencias no obligatorias?: si un municipio pierde aquello a lo que está obligado por ley, porque no ha sabido gestionarlo bien, no podrá seguir haciendo nada más. Es decir, tendrá que dejar los servicios extra. Con esta disposición, se evita que los alcaldes suelten a propósito a las diputaciones los servicios obligatorios, que pueden ser muy molestos, y mantengan gastos superfluos.

- ¿Quién paga y quién cobra?: como siempre, en cualquier Ley sobre competencias al final todo se reduce a quién pone el dinero y quién lo gestiona. El que paga es el contribuyente, claro, y lo hará a través de los tributos municipales. Es decir, el ayuntamiento no pierde la capacidad de imponer tasas o impuestos. Eso sí, si pierde competencias, perderá también los ingresos correspondientes a éstas. Por ejemplo, si tiene una tasa de basuras y este servicio para a prestarlo la diputación, será ésta la que se lleve el dinero correspondiente.

Aquí es donde empiezan a surgir las principales dudas de cómo se aplicará la ley. No todos los servicios tienen asociada una tasa, por lo que no siempre será tan claro cómo y cuánto tiene que pagar el ayuntamiento a la diputación por la competencia transferida.

Por otro lado, podría existir la tentación de reducir al mínimo los impuestos, incluso aunque no cubran los costes. Al fin y al cabo, para qué recaudar más, si el servicio lo hace la diputación, pueden pensar algunos alcaldes. En el Ministerio aseguran que hay herramientas para evitarlo. Según el Gobierno, cada municipio (sus ciudadanos) pagarán por los servicios que reciben. Y si la transferencia de impuestos del ayuntamiento a la diputación no es suficiente, éste organismo podrá cobrar nuevas tasas o incrementar las existentes para cubrir el desfase.

- Una ley "municipalista": a pesar de lo que pueda parecer, en el Ministerio aseguran que esta ley es "municipalista", es decir, que servirá para ayudar a los ayuntamientos, no para perjudicarles. Por un lado, recuerdan que "el mayor problema que tiene el conjunto de los ayuntamientos son los 15.000 millones de euros de competencias impropias que están gestionando, aunque corresponden a las autonomías". Desde la aprobación de esta ley, las regiones están "sujetas a un convenio común" y tendrán que pagar "el 100% del coste del servicio" a los municipios. Y lo harán sí o sí, porque el Estado se reserva la posibilidad de abonar la cantidad adeudada de la parte de los presupuestos destinadas a las comunidades. Es decir, que si un gobierno autonómico no paga, lo hará el Central en su nombre y luego descontará esa cantidad a la hora del reparto del sistema de financiación.

Pero además, en el Gobierno están convencidos de que las cifras de ayuntamientos que pierdan competencias serán mucho menores de las que ahora se manejan. Por un lado, aseguran que han mantenido "cientos de reuniones" con corporaciones locales, que están haciendo fuertes ajustes, para adaptarse a los nuevos límites. Y por otro, apuntan a que en muchas ocasiones el traspaso será voluntario, porque muchos alcaldes verán que es más sensato y eficiente que determinados servicios se hagan a través de la diputación correspondiente.

jueves, 23 de mayo de 2013

Maduro y el papel higiénico

 
¿Por qué faltan en Venezuela el papel higiénico, el pollo, la leche, la harina para arepas, el jabón y así hasta el 21% de los productos habitualmente consumidos por los venezolanos? Según Nicolás Maduro (no se sabe si de su propia cosecha o por confesión de algún pajarito delator), se debe a los acaparadores y a los canallas productores que quieren perjudicar su labor para generar la insubordinación popular. 

Nicolás Maduro afronta la crisis del papel higiénico. Los venezolanos están indignados. Hay escasez en el país. Han debido importar urgentemente 50 millones de rollos por temor a desórdenes populares. Nadie sabe por dónde puede comenzar una rebelión popular. (Seria la primera vez que se va a convocar a las barricadas a una muchedumbre de gentes sentadas en el inodoro).

Al parecer la solución al papel higiénico si esto se prolonga, pasaría por el intercambio con la importación masiva de ejemplares de Granma desde Cuba. Yoani Sánchez, la bloguera cubana que es muy práctica, les ha sugerido que le pidan a Cuba una edición diaria del periódico Granma. Los cubanos hace medio siglo que utilizan el Granma para ese asunto oscuro, solitario y delicado. Nadie toma en serio su contenido, pero todos coinciden en que el continente soluciona un problema generalmente cotidiano. Es verdad que cuando la tinta tiene demasiado plomo, o cuando la textura es muy áspera, la zona se resiente y pica, pero el régimen lo justifica explicando que es la consecuencia del duro bloqueo de los pérfidos gringos.

Otra solución sería que los venezolanos cada vez coman menos, así iban a solucionar las otras carencias. Así matarían dos pájaros de un tiro. (Perdón por la alusión al pájarito) No haría falta tanto pollo, harina o leche y lo presumible es que necesiten cantidades decrecientes de estos productos de lujo superfluos consumidos fundamentalmente por la decadente burguesía.

Según los cálculos del Ministerio de Planificación, un sesudo equipo de investigadores dirigido por el señor Jorge Giordani, dada la ingestión, digestión y deyección de fibra prevista para el próximo quinquenio –el socialismo del siglo XXI todo lo prevé y calcula–, es posible que en el 2018 bastará un confeti para que cada venezolano mantenga gloriosamente resplandeciente el orificio de salida.


Menos mal que el señor Maduro dice conocer quiénes son los 900.000 chavistas que no votaron por él, por lo que ya tiene prevista la redención de estos traidores rebeldes, por lo que pronto veremos su próxima victoria en su lucha contra el imperialismo.

Milton Friedman solía decir que si se pusiera al frente del desierto del Sahara a un gobierno planificador, al cabo de pocos años tendría que importar arena. Además del papel higiénico, claro.

No me resigno...

 
Esta frase de Esperanza Aguirre sigue más vigente que nunca para quienes votaron al PP y se puede aplicar a los momentos que estamos viviendo. Después de la declaración de principios de José María Aznar en su entrevista con Gloria Lomana, las reacciones aterrorizadas de toda la oposición ante la posibilidad de su regreso o de simple desprecio de Rajoy, han surgido con toda virulencia de la boca de toda la clase política. Claro…. Es que con sus parcas palabras retrató el problema a la clase política en general y los ha puesto a todos ellos ante los ciudadano con su imagen real, frente al espejo donde los políticos se contemplan cada día.

Pocos diagnósticos más lúcidos y severos se podían hacer de la crítica situación que padece España, y de la decisiva responsabilidad que en ella tiene el Gobierno de Rajoy, que el que hizo el martes en Antena 3 el expresidente del Gobierno José María Aznar. La reacción de desprecio y silencio de Rajoy y añoranzas melancólicas de Montoro intentando minimizar la deriva del PP ante el programa incumplido por el que han ganado las elecciones. Pero lo más sintomático son la críticas unánimes a las palabras de Aznar y la defensa cerrada hacia el presidente por parte de todo arco parlamentario desde Valenciano a Duran y Lleida pasando por Cayo Lara nos dan la visión que las palabras de Aznar han dado en la línea de flotación de la casta política.

 Y es que no hay más pertinente oposición al actual Ejecutivo que contraponer a su acción de gobierno el programa, los principios y el ideario con los que el PP ganó las elecciones, hacia los que pero con los que Rajoy está mostrando una radical deslealtad desde el mismo momento de su llegada a la presidencia. Aznar, en este sentido, se ha limitado a reivindicar el traicionado ideario del PP y ponerse en la piel de sus defraudados votantes.

Frente a un Rajoy caracterizado por su renuencia a la hora de hacer cumplir la ley, Aznar ha denunciado el "incumplimiento de la legalidad" como "uno de los problemas más graves que padece España". Frente a la "lánguida resignación", en definitiva, de un Gobierno que se excusa en la "mala herencia recibida" para no llevar a cabo su propio programa electoral, Aznar ha recordado que "entre esa herencia también está una amplia mayoría" que permitiría a Rajoy" actuar con decisión" en favor de un "histórico proyecto".

Aznar no ha hecho, en conclusión, otra cosa que defender las ideas que demostraron su éxito durante su etapa de gobierno y a esa mayoría de votantes que ahora se rebelan contra la continuidad del zapaterismo bajo las siglas del PP. No creo que Aznar quiera volver a dirigir el país, pero sus palabras recordando a Rajoy sus compromisos electorales han puesto en pie de guerra a los ciudadanos que votaron al PP y que no se resignan a que los conduzca a la sima de la indigencia. La cuestión es la defensa unánime de un sistema que se cae a pedazos por parte de la casta política (poder y oposición) de este país que quiere seguir aferrada al sillón y sus privilegios, cada vez más alejados de la realidad. 

Ante esta situación….Yo no me resigno.

miércoles, 22 de mayo de 2013

El regreso de Aznar

 
La entrevista de Gloria Lomana a José María Aznar cumplió con la expectación generada. Sus respuestas nos devolvieron al momento en de las últimas elecciones generales donde una mayoría de los españoles votamos a Mariano Rajoy pensando que iba a cumplir su programa electoral el cual no se ha visto plasmado hasta el momento cuando pensamos equivocadamente que se repetiría lo realizado en el año 1996 donde se abordó de manera decidida una racionalización en el gasto público y bajo por dos ocasiones los impuestos previo al relanzamiento de la economía algo que ocurrió con éxito a partir de los años posteriores. 

Ello nos dio a pensar que en las elecciones de 2011 volvería a ocurrir lo mismo, ya que estaban allí dos de los principales testigos de aquello y ahora principales actores de la política actual que no eran ni mas ni menos que Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. Después de ver la entrevista y sus planteamientos, los mismos que entonces, nos hemos dado cuenta que después de casi año medio del PP de Rajoy estamos a años luz de aquello y que los dirigentes actuales llevan el camino contrario al realizado entonces.

En diez minutos Aznar devolvió a la realidad a los españoles ahora decepcionados y desanimados por la política pasiva y desesperante de Rajoy, nos recordó que cuando votamos a Rajoy en 2011 posiblemente estábamos pensando en aquel José Maria Aznar y su política en su primera legislatura y la clave la resumió en una frase cuando aludió a la la realidad con la práctica desaparición de una clase media emprendedora para dar protagonismo a una pseudo-clase media política-funcionarial improductiva y depredadora que no se puede mantener. 


Recordó algo obvio que los españoles la dimos mayoría absoluta al PP para que realizara las reformas necesarias sin tener las manos atadas por la oposición. El PP actual ha desperdiciado año y medio con una política cobarde en contra de sus principios eludiendo su responsabilidad ante nacionalistas y la izquierda que solo desean la destrucción de España.

Aznar abrió ayer la puerta a su regreso en caso de llegar a una situación crítica cuando dijo: "Cumpliré con mi responsabilidad con mi partido y con mi país" Ante tantos políticos corruptos flojos y desorientados, que no tienen otro objetivo que mantener su status, la entrevista a José María Aznar echa por tierra las justificaciones de Montoro cuando dice que no tiene otra opción que seguir subiendo impuestos y fue una ráfaga de aire fresco para la derecha española dentro la deriva económica y social de nuestro país.

martes, 21 de mayo de 2013

La “Eficiencia sanitaria” de Gobierno de Artur Mas


¿Se puede dar más por menos? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se logra sin rebajar la calidad? Es el gran quid de la cuestión en todos los ámbitos y especialmente en materia de salud, cuya Consejería se lleva el 40 por ciento del presupuesto de la Generalitat de Cataluña.

“En solo tres años se habrá recortado casi un cuarto del presupuesto de Salud”, manifestó Marina Geli, exconsejera durante el gobierno tripartito (2003-2010) y portavoz actual del PSC. “Este nuevo recorte situará a Cataluña en cifras de gasto por habitante por debajo de todas las comunidades autónomas”, dijo Geli. Para ERC, con los recortes sanitarios se está “tocando hueso”. “El dinero del Estado no llega y no se puede recortar más”, declaró Alba Vergés, portavoz de Salud de los republicanos.
Si el recorte del 10% que se maneja se acabase aplicando a todo el sector sanitario, el gasto por asegurado en Cataluña se situaría alrededor de los 1.050 euros por persona. “Estaremos por debajo de Ceuta y a la cola de toda España”, criticó Duch. La Generalitat ya redujo en 2012 un 11,3% el gasto por titular de tarjeta sanitaria, según datos facilitados por el consejero.
La reordenación del sistema sanitario catalán desde que Artur Mas asumió las riendas del Ejecutivo autonómico se ha basado en la «eficiencia», principio que ha llevado, por ejemplo, a que los ambulatorios o centros de atención primaria asuman funciones hospitalarias, a la par que se han cerrado las urgencias nocturnas en los centros de este tipo de toda la autonomía en que la ratio de visitantes no era la adecuada para el Gobierno autonómico.
La suspensión de los pagos a la sanidad concertada se está acentuando, así como el atraso del pago a las farmacias por medicinas ya despachadas a usuarios, según informan varias fuentes del sector. Indican que todo está parado por la Conselleria de Economía por falta de liquidez. No imaginan ninguna solución estructural.

Todo se va efectuando al margen del Parlamento, que se encontrará con un hecho consumado, y en el marco del ajetreo creado por la confusa y osada prórroga del presupuesto. Un gran tema en el cual la Generalitat esconde el hecho capital: que no cuenta con una mayoría sólida para aprobarlo. 
 
Farmacias y hospitales sin cobrar 

En efecto, el pasado día 5 las farmacias tendrían que haber cobrado los medicamentos que avanzaron en el mes de marzo. Vienen a ser unos cien millones de euros. No tienen ninguna fecha de cobro. Antes lo recibían a treinta días, plazo que pasó a dos meses. Algunas farmacias han dejado de comprar muchos medicamentos, en particular los más caros, puesto que ellos tienen que avanzar el coste a los laboratorios. Además de los pagos de este año que se les debe, las farmacias tampoco han cobrado los medicamentos que ellos entregaron en noviembre y diciembre del 2012. Cada mes la Generalitat tiene que efectuar un pago del orden de cien millones de euros. 
En cuanto a los pagos por los servicios prestados por la sanidad concertada – es decir la privada de uso público, la institucional y la local – tienen que ser anunciados por la Generalitat entre el día 5 y el 10 de cada mes. Este mes, como pasó en otros, todavía no se les ha dicho nada. Son unos tres cientos millones de euros por mes, sin los cuales los hospitales concertados no podrían pagar las nóminas.

Recorte lineal a la concertada 
Para acabar de dibujar el inmenso drama, resulta que la Generalitat (en concreto el Servicio Catalán de la Salud, catSalut) acaba de anunciar que, para la concertada, ha decidido un recorte lineal de la contratación de servicios del 4,6 por ciento lineal, por lo que queda del año. Este 4,6 por ciento puede ser, se llama oficialmente, que sea sólo "para empezar", o sea que puede ser más, durante el año 2013.
Hay que recordar que hubo un recorte sanitario general del cinco por ciento en 2010, otro del diez en 2011, y ahora este del 4,6. O sea que el recorte total acumulado de la sanidad concertada (que representa el 70 por ciento de la concertada y el 20 por ciento de la primaria) será de entre un 25 y un treinta por ciento respecto al 2009. 
Todo indica que el recorte en sanidad puede ser superior al de otros muchos capítulos, incomparablemente más importantes, pero decir vitales, justamente. Este será un dato que se tendrá que poner bien en relevancia. Resultaría que la salud sería peor tratada que la grotesca "diplomacia" de la Generalitat o que su máquina de mentir, los medios de comunicación públicos, en especial TV3, la de los 2.800 empleados y con nóminas a 64.000 euros al año de promedio.

El ejército de Oriol Junqueras


A lo largo de los últimos meses la sociedad catalana ha vivido en una burbuja de agitación nacionalista que, apartando el foco de los graves problemas económicos y sociales que la atenazan, ha transformado la percepción que ésta tiene de si misma, deformándola hasta convertirla en una caricatura irreconocible supuestamente determinada a emprender, de manera irrevocable, camino hacia Ítaca.

El nacionalismo catalán ya tiene diseñado el escenario del día después de la consulta soberanista propuesta por Artur Mas -que no dudan que dará la independencia a Cataluña- y ya se ha fijado como prioridad la construcción de unas Fuerzas Armadas propias que tendrían como misión la defensa de la soberanía nacional ante amenazas externas.

Esquerra Republicana en su indepentismo de salón, ha elaborado un documento en el que plantea tres propuestas diferentes para Cataluña, en caso de independizarse, tenga fuerzas armadas propias, Este documento se incluye en el borrador de ponencia política-página 45 - que elabora ERC de cara a la Conferencia Nacional para la República Catalana que se celebrará en L'Hospitalet de Llobregat el 6 y 7 de julio y contempla la posibilidad de ceder en Francia la defensa de Cataluña.

En el apartado Modelo de Defensa de la ponencia se afirma que "el nuevo Estado debe disponer de un sistema de seguridad y defensa". En este sentido, ERC apunta tres escenarios, entre los que habrá que escoger "en función del modelo de soberanía, de país y, también, en función de los costes y el tiempo necesario".

El texto de los republicanos señala que disponer de un "ejército convencional" sería una opción "políticamente discutible porque tendría unos costes iniciales altísimos y necesita tiempo para llevarse a cabo. Podríamos tardar no menos de 5 años, con un esfuerzo económico importante para, en fin, depender tecnológicamente y, por tanto, políticamente, de otros países. A estos costes iniciales, hay que añadir los de mantenimiento, que en nuestro entorno se suelen situar en torno al 2% del PIB, unos 4.000 millones de euros anuales".


La segunda propuesta sería "no tener ejército pero acordar un encaje con los sistemas de defensa europea, mediante acuerdos multilaterales en el ámbito de un futuro euro-ejército". ERC considera que "si bien sería necesario el consenso de los países miembros para entrar en estas superestructuras militares, hay motivos geoestratégicos y económicos para pensar que la mayoría de sus países miembros serían favorables y, incluso, habría presiones para Cataluña entrara".

"Esta opción-añade-implicaría unos costes mucho menores, pero también habría que disponer de cuerpos con capacidad de interlocución con los otros países miembros. Esto no implicaría necesariamente tener ejército propio, pero sí algún cuerpo armado de élite con un mínimo de capacidad como en el caso de Islandia".

Finalmente, ERC apunta a una tercera vía, que pasaría por "no disponer de fuerzas armadas ni pertenecer a ninguna superestructura de defensa compartida a nivel europeo e internacional. En este caso, se necesitarían acuerdos de defensa con terceros países. Hay expertos que afirman que Francia podría estar interesada. Podría parecer una opción más económica a corto plazo, si bien no sería nada neutra desde la perspectiva de las relaciones con los estados español y francés”.

lunes, 20 de mayo de 2013

Independencia para la financiación o financiación para la independencia


Según publica este lunes el diario El Mundo, la Consejería de Economía de la Generalidad de Cataluña ha salido, discretamente, de road show por EEUU. Concretamente, una delegación, capitaneada por el consejero Andreu Mas-Colell, se reunió a finales de abril con inversores norteamericanos en Nueva York. El resultado fue negativo.


Las mejores condiciones del mercado, la relajación de la prima de riesgo española y la vuelta a la actividad de inversores en productos de riesgo empujaron a la administración catalana a buscar financiación para no tener que depender únicamente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Fuentes conocedoras de la visita catalana a la Gran Manzana, destacaron que los cupones –interés exigido a cambio de financiación– que ofrecieron dichos inversores a cambio de bonos catalanes no fueron los esperados por la Generalidad ya que pidieron entre el 7% y el 7,5%, lo que ofrecía un diferencial de más de 200 puntos básicos con el cupón al que se financia el Tesoro Público y las normas impiden emitir bonos autonómicos con una diferencia superior a los 100 puntos básicos.

Además, con un rating dos escalones por debajo del bono basura, según Standard & Poor´s, la Generalidad es consciente de que va a tardar tiempo en poder financiarse de nuevo. No obstante, fuentes cercanas a la generalidad han confirmado a El Mundo, que el road show neoyorquino de Mas Colell respondía no sólo al deseo de adquirir independencia financiera del FLA, sino a los planes de financiar los 1.500 millones de euros adicionales que permitirá la relajación del objetivo de déficit por parte del Gobierno, con una emisión de bonos.

Las mismas fuentes advierten de que el consejero de Economía, no obstante, podría empezar a acudir a los mercados a partir del segundo semestre de este año.

La escalada de la deuda pública


Los datos del INE son irrefutables y las previsiones para nuestro pais no pueden ser mas negativas. Asi el Bundebank teme que el anuncio de Draghi de su disposición a comprar bonos soberanos a cambio de reformas como las sucesivas reducciones de los tipos de interés."Temo que el buen comportamiento de los mercados financieros, y en especial los bajos tipos de interés de la deuda pública lleven a combatir las causas de la crisis con menos presión", argumenta el presidente del Bundesbank. 

El Estado Español sigue endeudándose como en la época gloriosa de Zapatero.que les permite retrasar aquellas reformas imprescindibles especialmente la reforma de las administraciones públicas a las que parece que Mariano Rajoy está retrasando su inexcusable reducción. 

Para el conjunto de 2013, el Gobierno ha estimado que la deuda pública se situará en el 91,4% del PIB, previsión que puede ser ampliamente superada si el endeudamiento de las administraciones públicas avanza al ritmo que lo está haciendo en los dos primeros meses del año.


Sólo en el mes de marzo, el endeudamiento de las administraciones públicas se incrementó en 10.091 millones en comparación con el mes de febrero y en 148.385 millones respecto al mismo mes del año anterior, un 19,1% más. A pesar de la elevada cifra, el incremento registrado en marzo es menor al experimentado en el segundo mes del año, cuando la deuda pública se elevó en 17.598 millones de euros.

Del total de la deuda en manos de las administraciones públicas hasta marzo, 83.260 millones de euros correspondían a valores a corto plazo, casi 2.000 millones de euros menos que en febrero, mientras que el grueso de la deuda sigue colocada en valores a medio y largo plazo, hasta un total de 622.975 millones de euros, 12.300 millones más que el mes anterior.

Por su parte, los créditos no comerciales en manos de las administraciones públicas sumaban en el primer trimestre 217.076 millones de euros, prácticamente la misma cifra que la registrada en febrero.

En España hay más de 2,6 millones de empleados públicos entre estatuarios, funcionarios de carrera y laborales fijos, a los que hay que sumar más de 450 mil políticos de los cuales más de 300 mil son cargos de confianza nombrados a dedo y más de medio millón de funcionarios camuflados en miles de empresas públicas tienen por objeto que los políticos puedan cobrar emolumentos astronómicos como directores, ejecutivo y miembros del consejo de administración, muchas de estas empresas no realizan ninguna actividad y en otros los puestos son en propiedad y hereditarios. A toda esta jungla hay que añadir los miles y miles de trabajos subcontratados a la empresa privada, como: escoltas, vigilantes, limpieza, etc. Como conclusión en España hay más de 3,6 millones de personas que cobran del erario público.

Es evidente 13 millones de productores no pueden mantener a 3,6 millones de pseudo-funcionarios, más de 9 millones de pensionistas [con derecho a pensión contributiva], más de medio millón de pensiones no contributivas y a más de 6 millones de parados. Es evidente que el sistema está quebrado y vive de fiado.