Fernando Grande-Marlaska se enfrenta a un ‘negro futuro’

Marlaska cruza sus propias "líneas rojas" y bate un récord que levanta ampollas

El ministro del Interior ha indignado a las víctimas de ETA un récord en el trato de favor a los presos terroristas. Anuncia dos nuevos acercamientos, tras la polémica por el trato de favor a uno de los secuestradores de Ortega Lara. La AVT ha hecho cuentas y denuncia un negro balance.

Tal vez solo sea una sucesión de casualidades, pero es un hecho. Siempre que el lendakari Íñigo Urkullu reclama el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, el Ministerio del Interior anuncia beneficios penitenciarios para varios reclusos terroristas.

Y ha vuelto a suceder este lunes, para indignación de los colectivos de víctimas, que ya la pasada semana alertaron del acercamiento de cuatro reos asesinos -entre ellos uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara- que, además, no han cumplido los requisitos: arrepentirse y pedir perdón a sus víctimas. Y por ello señalaron al responsable de este trato de favor: Fernando Grande-Marlaska.

Interior ha ordenado este lunes el traslado de otros dos presos etarras condenados por terrorismo, Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Joseba Lupiáñez Mintegui, lo que eleva a 41 (el 20% del total que cumplen condena) los etarras que se han beneficiado de un acercamiento al País Vasco y Navarra desde que en junio de 2018 llegó al ministerio Marlaska.

Según ha informado la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Garikoitz Arruarte será trasladado desde la cárcel de Almería a la de Soria. Ingresó en prisión el 29 de diciembre de 2003 y tiene una condena de 20 años por homicidios frustrados, entre ellos la colocación de 28 kilos de dinamita en el Intercity Madrid-Irún en la Nochebuena de 2003.

El segundo preso trasladado de cárcel es Gorka Joseba Lupiáñez, en este caso pasando de Salamanca a Logroño. El interno, que ingresó en prisión el 11 de diciembre de 2007, se encontraba en la prisión salmantina en calidad de preso preventivo tras ser condenado por la Audiencia Nacional a 50 años al secuestrar a una pareja y su hijo para robarles la autocaravana, que usaron para atentar contra una torre de red eléctrica de Castellón en 2007.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo no oculta su indignación con Marlaska al entender que ha traspasado las "líneas rojas" que él mismo se marcó al llegar a Interior, como no acercar al País Vasco a presos con delitos de sangre y exigir previamente un rechazo de la violencia y la colaboración con la Justicia. De acuerdo a los datos de la AVT, en los dos años que lleva Grande-Marlaska se han autorizado 41 acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco.

También se han autorizado la progresión al tercer grado o régimen de semilibertad de cinco etarras: Gorka Fraile, Javier Aguirre, Jagoba Codo, Fernando Alonso y José Ramón Fourira. En la actualidad hay unos 200 presos de la banda terrorista que siguen cumpliendo condena en las cárceles españolas, a los que se suman otros 30 que hacen lo propio en Francia.

"Consideramos que por parte del entorno de ETA y sus presos se está utilizando esta nueva política penitenciaria como 'método de lucha' no sólo para ser trasladados a prisiones próximas al País Vasco, sino para conseguir la libertad, verdadero objetivo del colectivo de presos", denuncia la AVT, que subraya que por este motivo no acudirán al homenaje del 27 de junio en el Congreso a las víctimas del terrorismo, convocando su propio acto al margen del institucional.

El ministro del Interior se enfrenta a la primera censura parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez

El ‘negro futuro’ de Marlaska: solo un pacto del PSOE ‘in extremis’ evitará su calamitoso fina. Necesitarán los votos de independentistas y nacionalistas para su salvación.

Fernando Grande-MarlaskaPD

El PSOE necesita una serie de pactos ‘in extremis’ para salvar al ministro del Interior de la reprobación planteada por el PP, VOX y Ciudadanos.

Tres agrupaciones que suman el 43 por ciento del pleno del Congreso de los Diputados y que obligan al PSOE a tener que entenderse con independentistas, nacionalistas y otros partidos pequeños.

Con la ‘cabeza’ de Grande-Marlaska en juego, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a su primera censura parlamentaria. Una prueba de fuego para medir la solidez de aquellos pactos alcanzados para hacerse con la presidencia.

La reprobación contra el ministro del Interior no es casual.

Los principales partidos de la oposición le señalan por las fulminantes purgas realizadas en la cúpula de la Guardia Civil. En concreto, por el cese del al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza al no informar sobre la investigación judicial del 8M.

Una decisión que, encendiendo las alarmas por la intromisión del poder Ejecutivo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, generó un ‘efecto dominó’. En este sentido, aquel cese aceleró la dimisión posterior del director adjunto de la Guardia Civil (DAO), Lauretino Ceña, y la salida del ‘número tres’ del Instituto Armado, Fernando Santafé.

Con el PSOE y Podemos en una ‘guerra abierta’ contra la Benemérita, salió a la luz una nota de la directora de la Guardia Civil reconociendo que la destitución de Pérez de los Cobos respondía a su negativa a informar del polémico informe sobre el 8-M.

Una situación que mantiene la máxima tensión entre el Gobierno del PSOE-Podemos y la Guardia Civil, a pesar de que se intentó ‘comprar’ a los agentes con un aumento salarial del 20 por ciento.

Con todo este escenario con Grande-Marlaska como protagonista, el PP, VOX y Ciudadanos reclamaron la dimisión de Marlaska, al que acusan de «injerencia» en el Poder Judicial. Una decisión que rechazó el ministro socialista. La situación llevó a que las tres agrupaciones registraran sendas proposiciones no de ley (PNL) que incluían la reprobación del ministro, textos que aún no tienen fecha de debate.

Ahora, el Pleno de la Cámara Baja debatirá y votará esta semana una moción del PP que es consecuencia de la interpelación que su portavoz de Interior, Ana Vázquez, dirigió al ministro en la última sesión de control.

Contra las cuerdas

La unión de los tres partidos de oposición obliga al PSOE y Podemos a ampliar su círculo de apoyos. Con el 43 por ciento del Pleno del Congreso a favor de sacar a Marlaska, los socialistas y comunistas posan la mirada en formaciones minoritarias como el PNV, ERC, Bildu, Junts o Más País.El objetivo es lograr que voten en contra de la censura del ministro del Interior o, al menos, que se abstengan.

Una situación que buscarán aprovechar las organizaciones para demandar algo a cambio de un Gobierno que ya se ha mostrado complaciente con los independentistas y con los que juraron nunca pactar: Bildu.

Es importante recordar que el PSOE cuenta con un ‘as’ bajo la manga, ya que Pérez de los Cobos era un objetivo a ‘destruir’ por los independentistas, ya que fue quien dirigió el dispositivo de seguridad desplegado en Cataluña para tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

¿Una policía patriótica del PP?

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sigue aferrado al sillón. No piensa dimitir después de haber provocado el mayor incendio en el seno de la Guardia Civil desde que se conociera que el exdirector Luis Roldán había aprovechado sus años al mando del cuerpo para saquear las arcas de la institución y enriquecerse personalmente con ese dinero. Su intención es seguir en el Ministerio mientras Pedro Sánchez siga confiando en él. Y seguirá todo el tiempo que pueda resistir ya que en el momento que caiga, detrás irá todo el Gobierno a la vez que dificulta las actuaciones de la juez al estar aforado.

El presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención en el Hemiciclo para estrenar discurso oficial sobre Fernando Grande-Marlaska acusando a la oposición de "atacar" al ministro del Interior porque "está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y está colaborando con la Justicia. Con este Gobierno no ha habido ni habrá una intrusión política en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha señalado el presidente. De esta forma, comprando la teoría del vicepresidente Pablo Iglesias sobre "las cloacas del Estado", Sánchez ha respondido a las peticiones de dimisión por parte de Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

El cierre de filas del Gobierno con Fernando Grande-Marlaska se ha visualizado en el debate para la aprobación de la última prórroga del estado de alarma, que ha quedado también eclipsado por el polémico cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Hoy ha sido el propio Pedro Sánchez quien se ha ocupado de salir en auxilio del titular de Interior. ¿Cómo? Y no precisamente defendiendo la “exquisita” gestión de Marlaska, sino echándole en cara al PP las sombras de la suya. El jefe del Ejecutivo se ha abonado al argumento que sostiene insistentemente el Gabinete y ha asegurado que “con este Gobierno no ha habido ni habrá una intrusión política en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Afortunadamente, no somos iguales”, le espetó a la bancada del PP.

“Mientras gobierne el PSOE con Unidas Podemos no se va a producir la mal llamada “policía patriótica”. Por más que busquen no la van a encontrar", destacó Sánchez, asegurando que este cuerpo autónomo, al que se dotó de sus propios medios, se dedicó a “encubrir la corrupción y las vergüenzas del PP, perseguir a sus rivales políticos y manipular el buen nombre de la Guardia Civil”. En este sentido, el presidente consideró que “los ataques” que está recibiendo Marlaska obedecen a que “está destapando esta policía patriótica y colaborando con la Justicia" para desvelar las irregularidades que se hubieran producido en etapas precedentes.

Mirando a esas etapas y a anteriores ministros del Interior del Partido Popular, Sánchez ha emplazado a Pablo Casado, “si tan mal le parece que se formen nuevos equipos”, a que pregunte a estos cargos populares, porque durante sus mandatos también se produjeron relevos similares en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Y si tanto le preocupa el poder judicial, desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial”, le ha rogado Sánchez al líder del principal partido de la oposición. 

Los partidos de la oposición, además de las principales asociaciones judiciales, pidieron la marcha de Grande-Marlaska después de que este martes se hiciese público un documento donde se demuestra que su Departamento cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por no filtrarle las investigaciones que seguían sus subordinados a las órdenes de un Juzgado en torno a la convocatoria de la manifestación feminista del 8-M en Madrid.

Mi opinión del personaje que tenemos por presidente se define cuando en un momento de su discurso cuando se le acusaba de incompetencia por no parar la manifestación feminista gritó ¡Viva el 8M!, con 48.000 españoles que ya no están entre nosotros. Ponedle el calificativo que queráis, el mío me lo reservo.

https://youtu.be/z_vYgcQy0xk

Marlaska - Quien te ha visto y quien te ve

Sin estar previsto anteriormente el Ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska ha comparecido en la rueda de prensa habitual después del Consejo de Ministros junto a la portavoz Maria Jesus Montero solo para anunciar el desbloqueo el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial que había bloqueado desde enero a los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional. 

Marlaska comete el error de creerse que los ciudadanos somos tontos. Como si su intervención en el requerimiento de informes policiales del 8-M no fuese ya información compartida por millones de españoles. Ahora, además, pretende acallar el malestar en la Benemérita con una subida salarial que mezquinamente ha estado retrasando y que ya fue aprobada por el Gobierno del PP.

El Gobierno impidió el pasado 3 de marzo la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la asociación Jusapol y respaldada con más de medio millón de firmas con el argumento de que es «insostenible» igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios por cuanto cada administración tiene sus competencias en esta materia. También habia aducido que la aprobación de la iniciativa en los términos planteados conllevaría un desembolso «mínimo» de más de 1.878 millones de euros. 

Lluvia de billetes para acallar las críticas

Y hoy justo en medio del malestar en el cuerpo de la Guardia Civil Sale a de imprevisto a anunciar que se ha desbloqueado el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial y que se abonará los 247 millones «en los próximos meses».

El Gobierno con este anuncio intenta sofocar el incendio que ha provocado en la Guardia Civil su decisión de destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y la posterior renuncia del teniente general Laurentino Ceña como Director Adjunto Operativo (DAO) 

El titular de Interior ha tratado de desvincular el desbloqueo del pago de la equiparación salarial con la crisis abierta en la Guardia Civil, asegurando que este punto ya se elevó a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves para su análisis antes de su aprobación. «Esto no se lleva al Consejo de Ministros en un día, necesita prepararse con Política Territorial, Hacienda… para materializarlo», ha justificado.

El desgaste del Gobierno por la mala gestión ante la crisis del coronavirus es evidente.Mañana Marlaska deberá explicar todo esto ante al Congreso, especialmente a los partidos de la la oposición PP, Vox y Cs, que ya se han adelantado a pedir su dimisión. Mientras esta tarde los troleros de la Moncloa y los palmeros de LaSecta, se están devanando los sesos para darle argumentos al ministro para esta comparecencia.

La destitución de Diego Pérez de los Cobos - ¿Pérdida de confianza o un ajuste de cuentas?

El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska ha destituido al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. 

El ministro considera que ha existido una falta de lealtad del jefe de la Comandancia de Madrid al no informar de la investigación sobre la expansión del coronavirus en Madrid, que trata de dirimir el papel de Simón y la Delegación del Gobierno

El ministro considera que ha existido una falta de lealtad por parte de Pérez de los Cobos al no haber informado este ni a sus mandos ni a la directora general ni a él mismo de la investigación que estaba abierta en relación con la expansión del Covid-19 en Madrid, en la que se trata de dilucidar, entre otras cosas, la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón y la posible responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid al autorizar reuniones y manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo.

La investigación a Fernando Simón

Interior se limita a confirmar que la destitución es por pérdida de confianza, pero lo cierto es que causó enorme malestar cuando trascendió la semana pasada parte del contenido del informe que está elaborando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, al frente de cuya Comandancia estaba hasta hoy el coronel Pérez De los Cobos. Ese informe, que no ha concluido, fue ordenado por la instructora, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

Las fuentes consultadas aseguran que Pérez de los Cobos no tenía por qué haber informado a sus superiores del contenido de la investigación, pero sí consideran que lo lógico es que se hubiese puesto en su conocimiento que se estaba trabajando en ese asunto. 

Otras fuentes consultadas precisan que fue la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, la que pidió al coronel que no informase absolutamente a nadie de esas pesquisas al afectar a un asunto extremadamente delicado y en el que podrían surgir presiones. Fuentes próximas al coronel, por el contrario, señalan que sí informó a la Dirección General.

La juez ordenó a la Guardia Civil un atestado que respondiera a varios cuestiones tras recibir una denuncia por la gestión de la crisis del Covid-19. Rodríguez Medel pide que se indague qué pasó con el informe del Centro europeo para el control y prevención de enfermedades en lo que a España se refiere y qué órgano oficial lo recibió en nuestro país, si es que lo hizo, además de qué difusión se hizo entre las autoridades. En concreto quiere saber si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid y los detalles del mismo.

En segundo lugar la jueza pregunta «si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna».

¿El despliegue el chalé de Pablo Iglesias?

https://youtu.be/0R3Z6Ro62gI

Otros medios consideran que se trataría de una acumulación de hechos lo que ha acabado con la destitución de Pérez de los Cobos, entre ellas la difusión de una orden de servicio del mando de operaciones en la que se pedía quitar las pancartas de los aledaños de la casa de Pablo Iglesias en su vivienda de Galapagar.

Por otro lado, además, durante la última semana, el despliegue de efectivos en la localidad madrileña de Galapagar ha sido muy importante. Incluso, se han destinado efectivos de los GRS. La presencia de media docena de vehículos del Instituto Armado alrededor de la vivienda de Iglesias y Montero ha generado, además, un importante malestar en el seno del Instituto Armado. Porque, como recuerdan, los miembros del Consejo de Ministros ya disponían de seguridad estática alrededor de la vivienda y, además, la seguridad habitual de su escolta.

¿Una concesión de Sánchez a los independentistas catalanes?

Pérez de los Cobos coordinó el dispositivo policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. De ahí que se hayan disparado los rumores respecto a un posible guiño a ERC. El coronel era uno de los hombres de confianza de los ex ministros del PP Jorge Fernández y Juan Ignacio Zoido.

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y esto es lo que podría haber  conseguido el separatismo catalán que habría pedido reiteradamente su destitución por su declaración ante el Supremo por lo ocurrido el 1-O, ahora aprovechando las discrepancias entre el Ministro de Interior y el Diego Pérez de los Cobos y su destitución. 

Pérez de los Cobos fue el encargado de coordinar el dispositivo policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, ya que en ese momento era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Fue en 2006 cuando, por petición expresa de sus jefes, aceptó trabajar en el Ministerio del Interior como asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde ese momento ha sido una de las personas más influyentes del Departamento, fuera quien fuese el equipo que lo dirigiera.

Antes de llegar a Interior, Pérez de los Cobos estuvo destinado en la lucha contra ETA, donde participó en importantes operaciones. Ya como capitán, mandó la Jefatura de la Policía Judicial de la entonces 112 Comandancia de la Guardia Civil, con base en Tres Cantos, al mando de José Manuel García Varela, quien fue luego DAO y primer teniente general de la Benemérita, figura clave en su carrera. A continuación hizo el curso de Estado Mayor. De fina inteligencia, y amable en las formas, Pérez de los Cobos es definido como «una de las cabezas mejor amuebladas de Interior».

Cinco dotaciones de la Guardia Civil frente el chale de Pablo Iglesias durante las caceroladas de estos últimos dias

Procesado Trapero por delitos de sedición y organización criminal

El exjefe políltico de los Mossos, Pere Soler, junto a Josep Lluis Trapero. EFE

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre. La magistrada también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La instructora procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto la magistrada detalla los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

En el marco de una estrategia que la instructora considera premeditada y perfectamente coordinada, Lamela describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión.

El delito de sedición se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

El artículo 570 del Código Penal tipifica la organización criminal para "quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal". Serán castigados con la pena de seis meses a dos años de prisión.

‘Utilización ilegal’ de los Mossos

El procesamiento se centra en la ‘utilización ilegal’ de los Mossos, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía de Barcelona y el 1 de octubre durante la celebración del referéndum. Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.

Respecto a la jornada del 1 de octubre la jueza detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Josep Lluis Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

Lamela concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal que obedecía a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. La jueza sostiene que los procesados actuaban “ bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña”, Carles Puigdemont, con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal. Ello fue lo que “permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre”.

Sedición

La jueza considera que la actuación de los miembros del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra los días 20 y 21 de septiembre así como su actuación el 1 de octubre encaja en el delito de sedición al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio de la Consejería y, “ con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.

“Lejos de actuar, se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”, afirma la resolución.

En el caso de la jornada del referéndum, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

La magistrada recuerda la jurisprudencia sobre este delito que requiere un alzamiento, levantamiento o insurrección contra el normal funcionamiento de las instituciones y que no exige el empleo de la fuerza, pues es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas. Se trata de un delito de mera actividad, que se consuma por la simple acción de alzarse, aunque no se consigan los fines propuestos. En los hechos investigados concurre, según Lamela, la intención última por parte de los procesados de “romper la organización territorial del Estado”, en tanto que sus actos iban encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional, por lo que en este caso, concluye Lamela, “deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno”.

Indicios

Como indicios contra los procesados por el asedio a la comisión judicial que registraba la Consejeria de Economía, la instructora menciona las diligencias extendidas por la letrada de la Administración de Justicia tras los sucesos, así como el tráfico de llamadas los días 20 y 21 de septiembre, un total de 17 conversaciones entre Trapero y Jordi Sánchez y 29 de Trapero con Joaquín Forn.

Por los que se refiere a los hechos del 1 de octubre, la magistrada recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio de José María Jové, entre la que destaca el documento Enfocats, intervenido a Josep Maria Jové, número dos del ex consejero de Economía, que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.

Recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones que se llevaron a cabo a través de las conferencias de las diferentes regiones policiales en las que se constata que la víspera del día 1 ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente, donde puntos de votación designados por organizadores del referéndum de autodeterminación con el Gobierno catalán al frente, se encontrarían abiertos y ocupados por ciudadanos que no tenían intención de desalojarlos o cerrarlos de manera voluntaria. Igualmente se registran comunicados generales de las salas regionales de mando a todos los indicativos de servicio, recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de fuerzas de la Guardia Civil o de Policía nacional que observen, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban.

“También ha podido comprobarse la existencia de cierta connivencia entre algunos responsables de puntos de votación con los agentes de los Mossos que cubrían esos puntos, como por ejemplo, la que tuvo lugar en la region de Gerona, donde indicativos policiales llegaron a comunicar que los responsables de los punto de votación habían hablado con los agentes y les explicaban que la ‘estrategia que van a seguir si en ese centro se presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado’, manifestándoles que les harían un pasillo para dejarles entrar y poder llegar hasta las urnas y que estas las habían atornillado a la mesa”, según dicho informe policial recogido en el auto.

‘Ojeadores’ civiles

Además, hay otros comunicados en los que los agentes indican a su central que han situado “ojeadores” (personas civiles) en un punto elevado que avisarían de la llegada de las Fuerzas de Seguridad. Igualmente se recogen otros comunicados en el sentido de que, ante actuaciones policiales de los Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes debían separarse de la zona para que no se les viera.

El auto también incorpora audios en los que se refleja toda la actividad desplegada desde la direccion de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de relieve “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”. Igualmente consta cómo la entrada efectiva de servicio se realizó fuera de la hora prevista, a las 6 de la mañana, que en algún caso llegó a producirse pasada las 9 horas.

También se desprende del contenido de las comunicaciones la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que “se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura”. Asimismo, continúa el auto, se ha descubierto la utilización de un código propio -“Clave 21”- que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.

De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada”.

Las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mosssos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.

Las fotografías y los videos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, “la actitud de pasividad” de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, “llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil”.

Labores de espionaje

La juez desgrana de forma pormenorizada las acciones y omisiones destinadas al incumplimiento del auto judicial que prohibió la apertura de los colegios electorales: orden de no intervenir, claves en las comunicaciones e incluso el espionaje a las patrullas de la Guardia Civil o Policía Nacional el 1-O. «No se trataba simplemente de informar de la actuación de los agentes de los citados cuerpos, sino que se trataba de un auténtica vigilancia (por parte de los Mossos) siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dasr prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada».

La jueza también recoge la declaración de Diego Pérez de los Cobos en la que señaló que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con el auto del Tribunal Superior de Cataluña ya que las pautas partían de que si se daban determinada condiciones –si había mucha gente, si había menores o personas mayores, o si eran pacíficos- no se haría uso de la fuerza, por lo que se estaba se estaba configurando el escenario de que, de producirse, imposibilitaría la actuación de los Mossos y su justificación, escenario que se cumplió la mañana del día 1, por lo que “tenían la excusa perfecta para no actuar”.

Testigo protegido

Lamela también incorpora el testimonio de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes de la Benemérita a los colegios electorales de “total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración”. También se refiere a las indicaciones que se dieron en los briefings en las que se les prohibió un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la defensa, por lo que muchos agentes optaron por no llevarla.

Igualmente tiene en cuenta la magistrada el análisis de la documentación intervenida el 26 de octubre en el interior de tres vehículos camuflados de los Mossos con 36 cajas con abundante documentación para su destrucción y que ponen de manifiesto que desde la dirección de los Mosssos “se tenía perfecto conocimiento de los riesgos y movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, por tanto de las medidas que eran necesarias adoptar, a todas luces diferentes de las que finalmente fueron adoptadas”.

Jueza Armas al Mayor Trapero: "Vuélvase al trabajo y cumpla las órdenes"

El Coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y el Mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero / CG

La tensión entre el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra es una evidencia tras las imágenes que hemos visto a lo largo de estos últimos días sobre los acontecimientos del domingo. La confianza que existía entre los cuerpos policiales se ha dilapidado, pero también la que mantenían con la judicatura.

El pasado domingo por la mañana, la jueza Mercedes Armas estaba en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) supervisando el operativo desplegado con motivo de la convocatoria del referéndum ilegal. Recibió una llamada del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, que demandaba verse con ella. La jueza aceptó, y lo citó.

TAMBIÉN EL CORONEL

Acto seguido, la magistrada descolgó el teléfono y convocó a la misma hora en su despacho al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los todos los cuerpos policiales.

Ambos oficiales se encontraron en la antesala del despacho de la jueza. "¿Qué haces aquí?", preguntó el coronel al mayor. "Estoy esperando a que me reciba la magistrada", le contestó Trapero. Llegada la hora, la jueza les hizo pasar, a los dos, ante la sorpresa del jefe de los Mossos, que aguantó el desplante porque pensaba que él iba a ser recibido a solas. No fue así.

LA VIRULENCIA DE LAS CARGAS

Mercedes Armas inquiere a Trapero el motivo de la petición de su reunión. El mayor tomó la palabra y se quejó de la virulencia de las cargas que estaban realizando aquella mañana la Policía Nacional y la Guardia Civil. La jueza le contestó seria, y le recriminó que hablara de otros cuerpos, y no del suyo. "¿Qué han hecho hasta ahora ustedes?", preguntó.

Trapero contestó raudo. "Lo que nos pidió", dijo. "Yo no les he pedido nada", precisó la magistrada. "Les he dado una orden. Ahora vuelva a su trabajo, cúmplala, y ya hablaremos".

EN POSICIÓN DE FIRMES

Finalizó la reunión. La tensión se mascaba en el ambiente y el buen rollo entre el mayor y la jueza del TSJC, si es que alguna vez había existido, desapareció. Lo había puesto firme.

La confianza tampoco parecía ser el hilo conductor de la reunión. Tras esta secuencia, habrá que estar atento a la reacción de Mercedes Armas sobre la actuación de la policía autonómica, aunque da la impresión de que ya tiene una idea hecha.

CG