Pifia de la Generalitat con las donaciones de Amancio Ortega contra el cáncer

El Gobierno catalán sigue sin instalar tres años después máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico que pagó el dueño de Inditex: en uno de los hospitales públicos no caben

Chapuza de la Generalitat de Cataluña con las donaciones de Amancio Ortega contra el cáncer. El Gobierno catalán aún no ha instalado todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico que paga la Fundación del dueño de Grupo Inditex. Casi tres años después de que la entidad social anunciara la ayuda a la sanidad pública, en Cataluña la operativa funciona a medio gas.

Así lo han denunciado fuentes sindicales a este medio, lamentando que "el Departamento catalán de Salud ha sido incapaz de instalar los aceleradores lineales que donó Amancio Ortega a los hospitales públicos de la región". ¿Qué ejemplos ponen? "En el Hospital Josep Trueta de Girona tocaban dos máquinas de tratamiento. Pues bien, tres años después, ninguna de las dos ha sido instalada, y los pacientes siguen usando las antiguas. 

En el Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) tocaban otros dos, y aún no está en marcha ninguna. En Vall d'Hebron --el mayor centro sanitario de Cataluña-- han puesto en funcionamiento dos de tres", enumeran. Los sindicatos precisan que de todas las donaciones de la Fundación Amancio Ortega, los mamógrafos digitales, de última generación, sí están operativos en los hospitales públicos de la autonomía. No así los aparatos de radioterapia. "¿Los ha perdido la Generalitat por el camino?", se inquieren de forma jocosa.

Generalitat: "Es un proceso complejo"

A preguntas de Crónica Global, el Gobierno catalán ha recalcado que la instalación de los "aceleradores lineales es mucho más compleja que la de los mamógrafos digitales". Por medio del Instituto Catalán de Oncología (ICO), adscrito al Servicio Catalán de Sanidad (CatSalut), el Ejecutivo autonómico ha admitido que de los seis aparatos de radioterapia donados por la Fundación Amancio Ortega a este centro, solo uno está funcionando. Es el del ICO Badalona, que está tratando a pacientes desde agosto de 2019. En esta instalación se está instalando un segundo equipo, proceso que se encuentra en la "fase final" tras unas obras de blindaje de las máquinas "que no fueron especialmente complejas". 

En los dos otros centros del Instituto en Cataluña, en el Hospital de Bellvitge y Girona, ninguna máquina está aún operativa. En L'Hospitalet de Llobregat, el primer acelerador "empezará a tratar pacientes en febrero de 2020". Por lo que respecta al segundo, "se retrasará un par de meses por la construcción de la nueva sala de tratamiento". Prevé el ICO ponerlo en marcha "antes del verano" para sumar seis máquinas contra las cinco anteriores "ante el elevado volumen de pacientes".

Peor aún es la situación en Girona, donde no opera ningún nuevo aparato, pues la empresa pública ha tenido que realizar obras integrales de refuerzo de las salas en las que operarán las máquinas radiológicas. "La remodelación de la primera sala, ya finalizada, fue muy compleja", defiende el Instituto. Espera el ente público que la máquina se instale el 11 de enero y reciba pacientes oncológicos a partir de junio. ¿Y el segundo? "En ese momento se podrá parar el otro acelerador, que es necesario cambiar, para iniciar el proceso de instalación y puesta en marcha, que está previsto para finales de 2020".

"¿Por qué unos sí y otros no?

Según el ICO, para cambiar un acelerador lineal es preciso solicitar una modificación de la instalación radioactiva. Tras ello, el Servicio de Coordinación de Actividades Radioactivas (SCAR) revisa la infraestructura actual para cerciorarse de que se cumplen los requisitos de seguridad radiológica. Finalmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe aprobar la solicitud. La instalación tampoco es fácil, defiende la empresa ligada al CatSalut, pues desde la "modificación" de la sala hasta que se empiezan a recibir pacientes transcurren "unos seis meses". Alega el Instituto que reponer aceleradores "es una situación excepcional que requiere un calendario planificado en el tiempo". Asimismo, en el caso de los centros con dos aparatos, se debe mantener uno operativo en todo momento para garantizar los tratamientos.

Ello no es argumento suficiente para los sindicatos, que recuerdan que dichos procesos sí se han completado en otros hospitales. "En el Arnau de Vilanova de Lleida o el Hospital de Sant Pau i la Santa Creu sí que se están instalando sin demora. ¿No será porque el Govern prioriza unos hospitales por encima de otros?¿Por qué se olvidan siempre del Trueta de Girona?", inquieren voces sindicales.

Fundación: "El 75%, instalados"

Por su parte, un portavoz de la Fundación Amancio Ortega ha recalcado que la entidad benéfica "hace un seguimiento de las donaciones, como no podría ser de otra manera". La misma fuente ha señalado que "a mediados de 2019 la ejecución del programa era del 50%, por un 75% a final de año". Prevé la misma asociación filantrópica que el programa completo de ayuda a la detección y tratamiento del cáncer en España "se complete a lo largo de 2020". 

Globalmente, esa acción de la Fundación del dueño de Inditex estaba presupuestada en 320 millones de euros, de los cuales 47 estaban reservados para comprar mamógrafos de última generación y aceleradores lineales para Cataluña. ¿Cómo funciona el proceso? "Es la comunidad autónoma la que hace la detección de necesidades, adquiere el aparato y, tras ello, remite la factura a la Fundación, que lo costea", ha explicado la misma fuente. Por ello, si hubiera alguna demora en la iniciativa de donaciones, ésta sería atribuible a las regiones.

Cabe recordar que las donaciones de Amancio Ortega al Sistema Nacional de Salud (SNS) se iniciaron con el pago de 17 milllones en equipos al Servicio Gallego de Salud (Sergas) en 2015. A partir de aquel momento, las contribuciones del fundador del gigante textil al sistema sanitario nacional se extendieron paulatinamente. La siguiente autonomía beneficiada fue Andalucía, que logró 40 millones en 2016 para aparataje que compró el Servicio Andaluz de Salud (SAS). A esas acciones siguieron convenios similares con el resto de regiones hasta un total de 320 millones. En el caso de Cataluña, los 47 millones de euros cedidos por acuerdo en 2017 estaban destinados al reparto de 43 mamógrafos digitales --máquinas que afinan la detección del cáncer de mama-- para hospitales y ambulatorios. El grueso del presupuesto lo ha consumido la renovación de 18 aceleradores lineales, la mitad de los que operan en centros sanitarios del territorio. Es en este campo donde la Generalitat de Cataluña tiene problemas para desplegar los equipos.

https://youtu.be/HGCJXqCPbtc

Torra amenaza con llegar "hasta las últimas consecuencias" en su desobediencia

El presidente de la Generalitat augura tiempos difíciles y pide a la ciudadanía afrontarlos con "radicalidad democrática" y "desobediencia civil cuando haga falta"

Torra se niega a acatar la orden del TSJC de quitar el lazo y la pancarta del Palau

Enrocado en su plan maximalista. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho una llamada este sábado a "poner la libertad ante todo y asumir hasta las últimas consecuencias ante los tiempos que vendrán", en alusión a su citación judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por no descolgar la pancarta a favor de los dirigentes en prisión preventiva. 

El 'president', que ya se enfrenta a un juicio por desobediencia al no haber retirado los símbolos durante la campaña del 28-A, ha asegurado que no cumplirá la orden del tribunal

Quim Torra tiene 48 horas para quitar el lazo amarillo y la pancarta de apoyo a los "presos políticos" de la fachada del Palau de la Generalitat. Así se lo ha ordenado este viernes el Tribunal Superior 33 de Justicia de Cataluña, que estima las medidas cautelares solicitadas por Impulso Ciudadano, una asociación contraria al independentismo que argumenta que estos símbolos incumplen los deberes a los que está sometida la administración pública de representar al conjunto de la ciudadanía. El 'president' ya ha anunciado que no va a cumplir el mandato y denuncia una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión".

La decisión del TSJC llega después de que Impulso Ciudadano presentara un recurso contencioso contra "la colocación en la fachada del Palau de la Generalitat [...] el pasado 27 de mayo de 2019 de una pancarta que reclama la 'libertad de los presos políticos y exiliados', en catalán y en inglés, con un lazo amarillo que acompaña la citada leyenda". Frente a la solicitud de retirarlos, desde la Generalitat negaron que la organización tuviera "la legitimación activa para interponer el presente recurso contencioso", argumento que el TSJC ha echado por tierra: como ciudadanos que no se alinean "con la opción ideológica representada por dicha pancarta y el símbolo anexo", el TSJC considera que se ven afectados por la colocación de los mismos y, por tanto, legitimados para pedir su retirada.

El TSJC atiende así la medida cautelar solicitada y requiere "de forma personal" a Torra que proceda a retirar los símbolos en 48 horas, decisión que apoya en que estos pueden provocar una una "afectación objetiva" sobre los ciudadanos que no apoyan el independentismo. La sala, integrada por cuatro magistrados de lo contencioso, apunta además a que es aplicable una sentencia que dictó el propio TSJC en 2016, fallo en el que estableció que exhibir la estelada en un edificio público debe ser considerado partidista y que ese tipo de lugares deben regirse por el principio de "neutralidad institucional que, si bien reforzado en los periodos electorales, debe mantenerse en todo momento".

El tribunal da cinco días para interponer recurso de reposición y Torra ya ha anunciado que así lo hará "tan pronto como el TSJC le haya notificado oficialmente la instrucción emitida", decisión que no retrasa el plazo de 48 horas que se ha fijado en el auto. Pese a ello, el líder independentista se niega a atender la orden y defiende los símbolos como un clamor "mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren la represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales".

Esa decisión ha llegado pocas horas después de que el TSJC anunciara que aplazaba hasta el 18 de noviembre el juicio que se debía celebrar la próxima semana (25 y 26 de septiembre) contra Torra por desobedecer a la Junta Electoral y no retirar, cuando se le requirió, los lazos amarillos de la fachada del Palau durante la campaña de las elecciones municipales. La razón esgrimida es que el alto tribunal no dispone de tiempo suficiente para resolver las recusaciones de magistrados planteadas por la defensa del presidente. 

La Generalitat sufragó en 2018 los viajes por el extranjero de Carles Puigdemont

La Consejería de Presidencia asume sus desplazamientos y el coste de alojamiento

La Oficina del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont reportó a la Consejería de Presidencia 13.711,85 euros por los gastos que tanto él como su equipo justificaron durante el segundo semestre de 2018. Así consta en la «Memoria de actividades 2018» a la que ha tenido acceso ABC, junto a las memorias de los expresidentes autonómicos que son fiscalizados por la Generalitat, administración que sufraga los gastos de las Oficinas de Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Puigdemont, pero no la de Jordi Pujol, quien renunció a ella tras su confesión de 2014 en relación a un dinero que había mantenido durante años en Andorra sin justificar legalmente en España.

Tal y como consta en el documento oficial, la Generalitat sufragó desplazamientos, alojamiento, manutención, transporte, comidas protocolarias y otros gastos de Puigdemont durante el segundo semestre de 2018, a partir de la activación de su Oficina en julio del año pasado. En esos primeros seis meses de actividad, Puigdemont realizó 24 «viajes institucionales» (así figura en la memoria) desde Edimburgo (Reino Unido) a Ginebra (Suiza), pasando por Munich (Alemania) y Ciudad de México (México) y pronunció cuatro conferencias (en Holanda, Dinamarca, Suiza y Reino Unido) cuyos gastos asume la Generalitat.

En la memoria de la Oficina de Puigdemont también se detalla la publicación de artículos, los comunicados de prensa y las entrevistas realizadas en distintos medios de comunicación. Y las «recepciones institucionales» llevadas a cabo en Waterloo (Bélgica), como entre otras: Juan José Ibarretxe (octubre), Arnaldo Otegui (noviembre) y Gerardo Pisarello (noviembre), además de Quim Torra (julio, agosto y octubre), Artur Mas (septiembre) y Roger Torrent (diciembre).

Personal adscrito

La Oficina de Puigdemont se activó hace un año, previa petición del ya entonces político fugado de la Justicia, que dejó de ser presidente autonómico a finales de octubre de 2017, una vez puestas en marcha las medidas derivadas del artículo 155 de la Constitución y aprobadas por el Senado a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces se han adscrito a ella tres personas, tal y como fija el decreto que regula el régimen de los expresidentes de la Generalitat: Josep Lluís Alay Rodríguez (nombrado el 11 de julio de 2018), Jordi Finestres Martínez (6 de noviembre de 2018) y Glòria Sala Ribas (3 de mayo de 2019).

La Oficina de Puigdemont está físicamente en el Palacio Centelles (Barcelona), aunque es obvio que Puigdemont no la ha pisado nunca pero disfruta de los gastos derivados de esta, como, por ejemplo, el coste de desplazamientos (8.473,17 euros) y alojamiento (2.730,22 euros).

¿Que ha sido del "Consell de la República"?

Puigdemont viendo cómo se desmorona su 'sede' en Waterloo

El Consejo para la República, otro ‘chiringuito’ de Puigdemont que se desmorona

El pinchazo de inscritos y la falta de dinero lastran este “gobierno catalán en el exilio”, otro fracaso ‘indepe’ que se une a la “constitución catalana”

Poco o nada se sabe de las actividades del Consejo para la República, el órgano creado a mayor gloria de Carles Puigdemont en octubre de 2018. Nueve meses después de su presentación con honores de Estado en el Palau de la Generalitat, la opacidad sobre este organismo es notable.

Se trata de uno de los chiringuitos creados durante el mandato de Quim Torra con la finalidad de visualizar una hoja de ruta hacia la independencia sin visos de prosperar. Nunca más se supo, asimismo, de aquella “asamblea de electos”, un trasunto de parlamento catalán paralelo, anunciada por el propio Puigdemont. Algo más se conoce del Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social para el Debate Constituyente, presidido por el cantante Lluís Llach y encargado de promover el debate sobre una nueva “constitución catalana”. Aunque las peleas internas, el malestar por las injerencias del Govern, así como la falta de una estrategia comunicativa y de recursos económicos, mantienen bloqueados sus trabajos.

Debate en el Parlament

Es precisamente la financiación, o la falta de ella, la principal prueba del fracaso de ese Consejo para la República que hoy se someterá a examen en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament a instancias de la diputada del PSC Alícia Romero, que también indagará sobre esa “asamblea de electos”.

El presidente Quim Torra y el cantante Lluís Llach, que preside el Consejo Asesor del Fórum Cívico/ CG

Ambos órganos forman parte de la “astucia” de Puigdemont y sus ideólogos para evitar que un nuevo artículo 155 pudiera intervenirlos. El Consejo tiene sede en Waterloo, donde Puigdemont permanece fugado, aunque esta ciudad belga pierde enteros como campo base de la propaganda internacional del procés. Tras su fracasado intento de ser eurodiputado y de ganar complicidades de las instituciones europeas, el expresidente ha intensificado su actividad en Suiza, país que apoyó la independencia de Kosovo y donde tienen su sede diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU.

“Queremos saber cómo se financia ese Consejo para la República, si ya está operativo y si pretende usurpar las funciones de instituciones reconocidas estatutariamente”, explica a este medio la diputada socialista Romero.

Las normas europeas son muy estrictas

El número de inscritos en el Consejo para la República está a años luz del millón de personas que Puigdemont puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por activista registrado, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. A última hora de la tarde de ayer, la página web del Consejo contabilizaba solo 68.154 inscritos. Este órgano intenta soslayar las leyes españolas. “A todos los efectos las relaciones entre el Consejo para la República Catalana y los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web, están sometidos a la legislación europea”, advierten. Pero las normas europeas son muy estrictas en materia de protección de datos.

Quienes se inscriben en esta web, como no podía ser de otra manera, apoyan el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el artículo 9 del reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, indica que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical”. La excepción a esa prohibición pasa por que el interesado “dé su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales”.

Rechazo a CATGlobal

Otra de las vías de financiación consiste en la captación de fondos de la asociación belga CATglobal, con sede en el mismo chalet de Waterloo donde reside Puigdemont --su alquiler, presuntamente pagado por el empresario Josep Maria Matamala, está valorado en 4.400 euros al mes--. El pasado abril, la Comisión Europea rechazó definitivamente el registro de CATGlobal como grupo de presión (lobby) ante las instituciones de la Unión Europea (UE). Todo un revés para las pretensiones de Puigdemont.

El Govern aplaude la intervención de Carles Puigdemont en la presentación del Consejo por la República / EFE

Hace un año, el PSC ya intentó neutralizar estos chiringuitos con una propuesta de resolución en la que se instaba al Govern a respetar las instituciones de autogobierno catalanas y evitar que se crearan estructuras paralelas. La CAI votó en contra gracias a los votos de Junts per Catalunya, ERC y CUP.

La creación de estas pseudoinstituciones ha dado lugar a situaciones surrealistas, como el hecho de que, en respuesta a una pregunta parlamentaria del PSC, la Generalitat asegurara que no le constaba ningún Consejo para la República para, a continuación, invitar al acto de presentación a la portavoz Eva Granados.

Y si pocos avances se conocen de ese “ariete de la ruptura democrática”, menos se sabe de la asamblea de electos de Cataluña. La comisión parlamentaria analizará, asimismo, la situación de ese órgano. Coste estimado, ámbito de actuación, composición, atribuciones… Son muchos los interrogantes que genera ese “parlamento paralelo”.

De portero de discoteca a político radical

Un catalán llamado Miguel Buch Moya no ha podido tener mejor suerte en la vida. Resulta que, en pocos años, ha pasado de portero de discoteca a consejero del gobierno de la región catalana. Al parecer, al menos así lo dice su curriculum, “cursó estudios de formación profesional” lo cual es más que suficiente en Cataluña (con eñe de desengaño) para ostentar un cargo de categoría en la administración autonómica. Claro que antes de “meter sus fauces” en la política (separatista, por supuesto) tuvo ese trabajo -a que antes me he referido- de portero de discoteca (supongo que valorarían en la empresa discotequera sus dotes de matón) que le vino muy bien para ser alcalde de su pueblo.

Así las cosas, en esa región española, y chapurreando una estropajosa lengua poco parecida al catalán culto, ya tenemos al “chuleta de turno” para servir de “mandadero amarillo” a quien corresponda con tal que sea un renegado de España. Este tipejo, con ocasión de la difícil y meritoria actuación de la Unión Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas españolas, UME, para controlar un incendio en Tarragona, se ha permitido aprovechar esta oportunidad ¡vaya acierto! para ahondar en su fobia contra España. Ha dicho este tipejo, sinvergonzón, despreciable y gilipuertas, que la UME ha ayudado porque el incendio estaba en un “país vecino”.

Queda bien claro que este individuo (cuyo rostro se asemeja al de un porcino) es un desagradecido y un mentiroso como son todos los separatistas. Y un redomado cobarde como Torra y los suyos. Tienen un espejo donde mirarse: el del gallináceo Puigdemont que quiso hacerse el chulo e ir a recoger su acta europea y no tuvo dídimos para traspasar la línea fronteriza al ver tras ellas a las fuerzas europeas del orden.

Retrocedió como el gallina que es y hay quien dice que hubo que ponerle pañales absorbentes, aunque ello no alivió el típico hedor que inundaba la furgoneta en la que huyó a Waterloo con sus bien pagados lacayos, dejando plantados a unos cuantos descamisados que habían hecho el viaje desde Cataluña para arrodillarse ante él.

Y, como es costumbre, me temo, con los gastos pagados por todos los españoles.

El Diestro

Pujol Corporation 73 - Pujol padre ocultó en un banco de Andorra 1,8 millones en efectivo de 'origen desconocido'

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley. (EFE)

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley ocultó en una cuenta de Andorra 1,84 millones de euros. El dinero fue ingresado en efectivo en la antigua Banca Reig, actual Andbank, y nunca se comunicó su existencia a la Agencia Tributaria. La entrada de los fondos se produjo el 21 de septiembre de 2000, cuando Pujol estaba en pleno ejercicio del cargo. Así lo confirma ahora un nuevo informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude(ONIF) de Hacienda que acaba de ser remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se investiga desde 2012 la presunta trama de corrupción del clan Pujol.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, precisa que los fondos fueron movidos hasta el Principado por el primogénito del fundador de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Jordi Pujol Ferrusola. Sin embargo, el dinero quedó depositado en una cuenta, la número AND 63810, cuyo titular real era el padre de familia, como este mismo admitió en un folio manuscrito que fue desvelado por la entidad en una de las comisiones rogatorias cursadas a Andorra por el instructor del caso, el juez José de la Mata. Su hijo únicamente habría ejercido en ese depósito un papel “fiduciario” o de testaferro.

La ONIF ha analizado durante los últimos meses ese documento y también los comprobantes del ingreso, que revelan que la aportación se efectuó en efectivo y ascendió a 307 millones de pesetas (1,84 millones al cambio), lo que necesariamente implicó el traslado hasta Andorra de un aparatoso cargamento de dinero. La cuenta AND 63810 habría registrado nuevos movimientos en los años siguientes. En concreto, se detectaron “periódicas imposiciones a plazo fijo” que, a su vencimiento, eran renovadas por otras, “con una única excepción, una inversión en un fondo de inversión llamado Dynamic Fund Eur en mayo de 2007”.

Los inspectores han dictaminado que Jordi Pujol padre nunca declaró esa fortuna y que el origen de los fondos es “desconocido”, ratificando de ese modo las conclusiones formuladas previamente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que fue la primera en analizar los depósitos de la familia en el Principado y determinó que, entre 1990 y 2014, el clan llegó a amasar 70,4 millones de euros. Ese patrimonio tendría su origen en el presunto amaño de adjudicaciones públicas y recalificaciones urbanísticas de administraciones controladas por el padre de familia y su partido.

La ONIF considera probado ahora que, del total del dinero atribuido al clan, al menos 1,84 millones de euros corresponden al expresidente de la Generalitat y, por ello, resuelve que debe incrementarse en esa cantidad su base imponible general correspondiente al ejercicio 2000. Los autores del informe reconocen que ese año ya estaría prescrito pero sostienen que, a todos los efectos, esos fondos deben considerarse como “ganancias patrimoniales no justificadas”, una conclusión que refuerza el resto de indicios que ya pesan sobre los Pujol. Todos los componentes de la familia están imputados en estos momentos.

En julio de 2014, al verse acorralado por la Justicia, el clan emitió un comunicado en el que admitió que varios de sus miembros habían ocultado en cuentas de Andorra un total de 3,4 millones de euros que supuestamente tenían su origen en la herencia del padre del político catalán, Florenci Pujol. Sin embargo, la UDEF ha rechazado reiteradamente esa versión asegurando que no existe ni un solo indicio que avale la tesis del legado y ha aportado pruebas objetivas de que los fondos procederían, en realidad, del presunto cobro de comisiones ilegales por múltiples negocios vinculados con decisiones administrativas. Ese sería el principal motivo por el que el grueso del dinero entró en los depósitos del Principado mediante aportaciones en efectivo repartidas a lo largo de más de 20 años.

El nuevo informe de la ONIF apuntala aún más esa interpretación subrayando que no hay ninguna trazabilidad de los 307 millones de pesetas de Pujol padre. Esa afirmación contrasta con el comunicado de la familia en 2014, que no atribuía ni un euro al expresidente del Govern. Solo aparecían como titulares de fondos cuatro de sus hijos (Oleguer, Pere, Marta y Mireia) y su mujer, Marta Ferrusola. Los 1,84 millones de euros que metió su hijo en su cuenta en el año 2000 supondrían más de la mitad del único dinero aflorado voluntariamente por el clan.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, haciendo el ridículo por Europa

Imagen de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el sábado en el antiguo campo de concentración nazi de Gusen (Austria) / EFE 

Dolores Delgado abandona un acto del Govern de homenaje en Mathausen por citar a los "presos políticos". La ministra de Justicia ha optado por dejar el evento ante la instrumentalización política por parte del nacionalismo de las víctimas del nazismo: "Esto es por todos los españoles", ha dicho

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a mezclar este domingo su partidismo político con el homenaje a las víctimas del nazismo. Pero esta vez no se ha encontrado con la aquiescenia ni el silencio de los presentes. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido abandonar el acto de homenaje a los deportados republicanos a Mathuasen tras esta muestra de instrumentalización política perpretrada por las instituciones catalanas. 

La directora general de Memoria Democrática del Govern, Gemma Domènech, ha calificado de "presos políticos" los dirigentes en prisión preventiva por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y es cuando la titular de Justicia, que participaba en los actos de recuerdo a la más de 8.000 víctimas españolas del nazismo, ha optado por levantarse y abandonar el acto.

"Esto va por todos los españoles"

Domènech recordó que la placa de homenaje fue colocada hace dos años por el entonces consejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva. Pocos minutos después Delgado ha regresado para dejar un ramo de flores ante otra placa de recuerdo a los españoles que fallecieron en Mauthausen. "Esto es por todos los españoles", ha dicho Delgado.

La titular de Justicia ha recordado que el proceso judicial que se celebra contra exresponsables de la Generalitat cuenta con todas las garantías y se realiza con total transparencia. "Se está celebrando un juicio con todas las garantías porque tenemos un sistema democrático y un sistema judicial transparente, garantista, que representa los más altos estándares de justicia en el mundo".

Comparación con Anna Frank

No es la primera vez que dirigentes nacionalistas aluden a comparaciones con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La número dos de JxCAt en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, comparó la lucha secesionista con la muerte a manos del Tercer Reich de Anna Frank. En la misma línea, el partido que lidera Puigdemont comparó en un tuit --que posteriormente borró-- la fuga del exmandatario catalán con el exilio de miles de republicanos durante la Guerra Civil.

A este respecto, la dirigente socialista ha querido explicar ante los periodistas que "cualquier actuación o expresión de exclusión choca frontalmente con los valores que surgieron de este campo de exterminio,con los miles de españoles que perecieron aquí en unas condiciones brutales simplemente por ser luchadores y defensores de la democracia y la libertad".

¿Fue por su cuenta o en representación del Gobierno?

Aunque la reacción de la ministra algunos la valoran como un acto de patriotismo y responsabilidad algo que le suele faltar habituamente a Delgado yo entiendo que hizo el ridículo comprando a toda prisa dos ramos en los puestos y colocarlos al lado de las placas que habían montado los independentistas profesionales llegados allí con violoncelo incluido que estaban alli para montar sus aquelarres habituales.

No hay ninguna aclaración es si Dolores Delgado acudió a este acto por su cuenta o en representación del Gobierno de España. Si resulta que aprovechando el puente estaba allí por casualidad (no lo creo) y se marchó viendo el cariz que tomaba la cosa,  hizo mal en regresar con un ramo y soltar unas palabras que no escuchó nadie y no van a tener ninguna repercusión que solo van a servir para al cachondeo independentista.  

El asunto es mucho mas grave, si acudió allí en representación del gobierno de Pedro Sánchez. Si representantes del Gobierno acuden a cualquier acto en el extranjero deben acudir con todas las garantías e información para no dejar en ridículo al pais que representan, que para esto cobran. Hay que preguntar a  Pedro Sánchez si este gesto es parte del peaje necesario para que los independentistas voten a favor de su investidura.

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La Fiscalía recurre el tercer grado de Oriol Pujol porque ha recibido “trato privilegiado”

Orio Pujol hijo. Foto: Europa Press

La Fiscalía ha presentado un recurso ante los tribunales contra la concesión del tercer grado concedido a Oriol Pujol, el dirigente de CiU condenado a dos años y medio de prisión por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, sólo dos meses más tarde de su entrada en prisión.

La Fiscalía ha presentado un recurso ante los tribunales contra la concesión del tercer grado concedido a Oriol Pujol, el dirigente de CiU condenado a dos años y medio de prisión por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, sólo dos meses más tarde de su entrada en prisión.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal se opone a la concesión del tercer grado a Pujol, que supone que desde el viernes 29 de marzo pueda salir de la cárcel durante el día entre semana y estar en su casa los fines de semana, pide que se le clasifique como segundo grado, y lamenta que se transmita “un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir“.

"El fin de prevención especial tampoco se ha cumplido, pues el trato privilegiado que esperaba recibir y ha recibido el interno, mediante su clasificación inicial en tercer grado de tratamiento, no hace sino reforzar en el ánimo del mismo su falta de arrepentimiento real por la comisión delictiva, y solo su duelo por haber sido descubierto y condenado", señala el escrito fiscal.

Además cree que con su salida de la cárcel, salvo las horas nocturnas, "se transmite a la sociedad un peligrosísimo mensaje que es rentable delinquir por el escaso cumplimiento de la penam y que la ley no es igual para todos, pues no se castiga con la misma severidad los hechos cometidos por aquellos delincuentes de elevado estatus social que los cometidos por los desfavorecidos".

La Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, aprobó el 21 de marzo la clasificación inicial de tercer grado de Oriol Pujol, una propuesta que había sido elevada por decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la cárcel de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

El tercer grado es un régimen carcelario de semilibertad que permite al recluso desarrollar su vida fuera de la prisión y sólo le obliga a volver a ella para dormir. El horario de una jornada normal para Oriol Pujol, al habérsele concedido tal privilegio penitenciario, comprende una salida de prisión entre las 7 y 8 de la mañana y el regreso a la celda entre las 8 y 9 de la noche.

El único hijo del ex presidente catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política, llegando a ser secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), fue condenado a dos años y medio de prisión e ingresó en la cárcel por orden de la magistrada de la Audiencia de Barcelona, María del Carmen Zabalegui.

La juez adoptaba esa decisión tras calificar los delitos de Oriol Pujol de muy graves, principalmente por el cargo público que ocupaba desde el que, según ella, “no actuó en interés del pueblo al que representaba, sino al suyo propio”. El quinto hijo del ex molt honorable presidente de la Generalitat se aprovechó económicamente “desde su privilegiada posición política”, como señala el auto judicial.

El vástago de Jordi Pujol no sólo era diputado de CDC sino que además utilizaba el paraguas protector de su padre, quien llegó a ser presidente de la Generalitat durante 23 años.

Ultimátum penal a Torra

La Junta Electoral le da 24 horas para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos 

Pancarta en el Palau de la Generalitat sobre los dirigentes juzgados, con un lazo amarillo

La Junta Electoral Central ha dado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, un nuevo plazo de 24 horas para retirar los lazos amarillos y las estelades de los edificios públicos de la Generalitat. El organismo le advierte que podría incurrir en responsabilidades “penales” si desobedece la decisión de la JEC.

“En el plazo de 24 horas ordene la retirada de las banderas estelades y de los lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat de Catalunya, y le apercibiéndole de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia a estos acuerdos”, avisa la Junta Electoral Central.

En el escrito, que desestima las alegaciones de la Generalitat, el organismo señala que las estelades “simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella”. “Se trata de un símbolo legítimo que pueden utilizar las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero que, al menos en períodos electorales, no lo pueden hacer los poderes públicos, ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política”, afirma.

Respecto a los lazos amarillos, indica que “la utilización de este símbolo pretende recordar que dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones se encuentran en situación de prisión preventiva”. También recuerda que en periodo electoral las instituciones públicas tienen un “deber estricto de imparcialidad y de actuar al margen de cualquier posición ideológica que tengan”.

'Lloc Net, Joc Net'

Símbolos independentistas en Barcelona. (EFE)

Las asociaciones catalanas Aixeca't-Levántante, Impulso Ciudadano, S'ha Acabat! y Cataluña por España se unen con la propuesta 'Lloc Net, Joc Net' (Espacio limpio, juego limpio) con la que animan a los ciudadanos a enviarles un WhastApp o un email denunciando estos símbolos en sus localidades.

El procedimiento es muy sencillo: cada mensaje debe ir acompañado por una fotografía en la que se observen símbolos independentistas como 'esteladas', lazos amarillos o pancartas de apoyo a los presos del 'procés' tanto en edificios públicos como en lugares que dependan de la administración (colegios, parques, museos, etc). Además, se debe especificar la dirección exacta de dónde se encuentra, así como la fecha en la que se ha tomado la fotografía. Con una fotografía, una dirección y una fecha, las asociaciones procederán a denunciar los símbolos independentistas a la Junta Electoral de la zona

"Tras recibir la información, procederemos a presentar una denuncia a la Junta Electoral responsable de esa zona con ese material como prueba. Además, no necesitan identificarse, por lo que la denuncia puede ser anónima", explica Alexandra López-Liz, presidenta de Aixeca't-Levántante y una de las responsables de esta campaña, que se ha puesto en marcha desde la disolución de las Cortes.

Como este año coinciden tres elecciones en menos de un mes, López-Liz advierte del alto número de mensajes que van a recibir y que presentaran hasta tres meses después de la celebración de las mismas. Pretenden así, abogar por la neutralidad de cara a unos comicios complejos en los que las administraciones muestran abiertamente su apoyo a unos determinados candidatos.

Ya realizaron esta iniciativa de cara a las elecciones de diciembre de 2017 tras el referéndum del 1-O y la activación del artículo 155. En esa ocasión, recibieron entre 300 y 400 denuncias de ciudadanos que presentaron posteriormente al órgano correspondiente. "Conseguimos una eficacia del 80 o 90%", estima López-Liz.

Ante el escrito enviado por Torra a la JEC en el que expresaba la "dificultad del cumplimiento" del requerimiento, la presidenta de Aixeca't-Levántante cree que es mentira. "Del mismo modo que se han colocado, se pueden retirar, no tiene mayor complicación. De hecho, es más difícil colocar, que ahora simplemente cortar la brida que lo sujeta", sentencia.

Desde las asociaciones señalan además que el 'president' inclumple, con su negativa, el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, aprobado por la Comisión Europea en octubre de 2002. En él se incluye el derecho a un sufragio libre y en condiciones de igualdad, que se vulneran, según estas asociaciones, por el apoyo público y explícito de las administraciones a favor de los partidos políticos y coaliciones electorales próximas a su ideología.

No obstante, este derecho, puede llegar a entrar en conflicto con un derecho fundamental que prevalecería sobre el resto: la libertad de expresión. De hecho, Torra expresó en la carta que "nunca" renunciarían a este derecho, "ni al de protesta, ni al de manifestación". Pero López-Liz considera que la libertad de expresión "no puede ir en contra de la neutralidad en el espacio público".

La Junta Electoral ordena retirar los lazos amarillos de edificios públicos

Empleados públicos de Palau aplauden a Torra y le entregan un lazo amarillo

Da a Torra 48 horas para quitar simbología "de cualquier dependencia de la Generalitat"

La Junta Electoral Central ha requerido al presidente del Govern, Quim Torra, que "ordene en un plazo máximo de 48 horas la inmediata retirada de las banderas esteladas o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat de Catalunya".

El organismo considera que "el lazo amarillo y la bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". La Junta Electoral Central cree que ambos símbolos "pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero no por los poderes públicos, ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política".

El órgano rector ha tomado esta decisión tras una reclamación de Ciudadanos, que protestaba por la exhibición de "símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos".

Cabify regresa mañana a Barcelona

Aplicación móvil de Cabify (Mané Espinosa)

La plataforma actuará como empresa de transporte lo que, a su juicio, le permite eludir la precontratación de 15 minutos para todos los viajes decretada por la Generalitat

La empresa Cabify acaba de anunciar que mañana volverá a prestar sus servicios en Barcelona y su área metropolitana. La multinacional española, al igual que la estadounidense Uber, abandonó la capital de Catalunya hace muy pocas semanas, el 28 de enero, nada más entrar en vigor el nuevo decreto ley de la Generalitat que restringe el funcionamiento de las empresas de alquiler de coches con conductor, también conocidas como VTC.

Tanto Uber como Cabify aseguraron entonces que obligarles a trabajar con una precontratación de sus servicios de al menos 15 minutos, la principal novedad de la nueva norma catalana, era del todo inviable. Ahora Cabify, que mantiene su oposición a esta nueva normativa, explica que adaptará su modelo de negocio a ella.

La compañía actuará como empresa de transporte en vez de como agencia de viajes

El regreso de Cabify comporta un cambio en su modelo de explotación, que sólo afecta a Barcelona y su entorno. En vez de operar como agencia de viajes –intermediario entre el prestador del servicio y el cliente– lo hará como empresa de transporte. Esto, según la compañía, no impone al usuario restricción alguna al tiempo de precontratación.

El usuario que haya viajado con anterioridad con esta plataforma podrá seguir haciéndolo tras aceptar las nuevas condiciones del servicio. Inicialmente prestará servicio con una flota de cerca de 300 vehículos, un número inferior al que tenía hace un mes y medio, lo que podría comportar demoras superiores a las deseables.

Al actualizar las condiciones del servicio de Cabify, la app muestra un mensaje en el que se indica que “aunque tu primer trayecto tendrás que solicitarlo con 15 minutos de antelación, después volverás a disfrutar del servicio con la inmediatez de siempre”.

Así, a partir de mañana, Cabify, en su nueva condición de empresa de transporte, considera que el usuario deberá contratar con antelación el servicio sólo la primera vez que lo vaya a a utilizar. En las siguientes, a su entender, no será necesario repetir la operación puesto que se trata de su uso. Cuando actuaba como agencia de viajes, en cambio, cada trayecto obligaba a una precontratación.

“Una vez que el usuario acepte las condiciones de contratación y transcurra el periodo de antelación estipulado por la normativa, el usuario de Cabify habrá contratado un servicio de transporte del que puede hacer uso sin necesidad de ir contratando cada viaje”, han explicado fuentes de la compañía.

Cabify no dice nada respecto al reglamento del Àrea Metropolitana de Barcelona, que alarga el tiempo de precontratación del servicio a una hora. Esta norma ha sido aprobada inicialmente y todavía no es de aplicación a los VTC. Pero, según su interpretación, este tiempo igualmente sólo se aplicaría en el primer viaje.

La compañía, que está presente en doce países, sostiene que su regreso a Barcelona tiene como objetivo responder “a su compromiso con la ciudad, sus usuarios, sus empleados, sus colaboradores conductores y toda su red de empresas asociadas”.

El servicio se reinicia con una flota cercana a los 300 coches

Numerosas empresas de alquiler de coches con conductor que prestaban sus servicios a través de las aplicaciones de Uber y Cabify anunciaron despidos masivos mediante expedientes de regulación de empleo como consecuencia de la nueva normativa. Estas empresas anunciaron que reclamarían a la Generalitat indemnizaciones valoradas en más de mil millones de euros. Ahora Cabify dice que “ha venido a rescatar el sector”.

Este regreso no supone que la empresa vaya a desistir en su batalla legal contra las medidas de la Generalitat, una batalla que a buen seguro será larga y farragosa. Cabify asegura que la situación actual es “transitoria” porque está convencida de que los tribunales le darán la razón. De lo contrario, advierte de que volvería a verse forzada a replantearse su continuidad en Catalunya.

Vivir (muy bien) a costa del "procés"

Quim Torra, durante una reunión del Gobierno catalán / EFE

Torra quiere subirse el sueldo a 153.000 euros anuales

El presidente de la Generalitat, alto cargo autonómico mejor pagado de España, y sus consejeros verán mejorados sus emolumentos si se aprueban las cuentas en el Parlament. Esta es la propuesta de retribuciones para los altos cargos de la Generalitat de Cataluña para 2019 si son aprobados los presupuestos.   

Quim Torra pasará a cobrar 152.861,54 euros brutos en 2019, repartidos en 14 pagas, si se aprueban los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña. El salario anual del presidente del gobierno catalán fue de 149.497,46 euros en 2018, de los cuales percibió la parte proporcional al haber asumido su cargo el 17 de mayo. Lo cual significa que sus emolumentos aumentarían en 3.364 euros.

Torra ya era en la actualidad el presidente autonómico mejor pagado de España, por dedicar la mayor parte de su tiempo a soltar soflamas contra España por los pueblos del interior sobre un procés que nunca verá la luz, a hacerle la cobra al Rey en sus visitas a Cataluña, a viajar a Bruselas a ver a Puigdemont o visitar a unos presos que ahora ya confiesan que la independencia fue un simulacro político o una broma de mal gusto. No por ello el está dispuesto a repetirlo, la cosa es muy rentable. 

En poco mas de un año sus emolumentos de 2018 ya son muy superiores a los 139.500 que se asignó su antecesor, Carles Puigdemont, en 2017. 

A mucha distancia de ellos se situaron en 2018 el presidente de la Comunidad de Madrid, con 103.090 euros; el lehendakari vasco, con 99.479 euros; el presidente de la Generalitat valenciana, con 78.536 euros; el presidente de la Xunta de Galicia, con 79.518 euros; o la presidenta de la Junta de Andalucía, con unos emolumentos de 65.091 euros, según la web Sueldos Públicos. El sueldo del presidente del Gobierno español fue de 80.953 euros en 2018: casi la mitad que el de Torra. 

115.000 euros para los 'consellers'

Las cuentas de la Generalitat para 2019 también prevén un sueldo anual de 115.234,92 euros para sus consejeros; y de 114.868,24 para los secretarios generales de la presidencia, del Govern, para los directores de gabinete jurídico, para los del Instituto de Estudios del Autogobierno, y para el presidente de la comisión jurídica asesora. Los secretarios generales percibirán 89.234,44 euros, y los directores generales, 85.531,66 euros.

El pasado año, el sueldo de un conseller fue de 110.759 euros anuales, el de los secretarios generales, de 85.769, y los de los directores generales, de 82.209 euros. Todos ellos también percibieron, por tanto, cantidades superiores a las del presidente del Gobierno español. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España está fijado en 900 euros mensuales.

Con la milonga del procés hay unos cuantos que viven muy bien. Y llevan ya ocho años.

El sector del taxi cava su propia fosa

La huelga indefinida de los taxistas de Madrid y Barcelona está trastornando las dos principales ciudades de España y dejando imágenes penosas, que van a acabar de hundir la muy tocada imagen de un sector que en los últimos años parece como abonado a mostrar su cara más hosca y desagradable. No puede ser que un sector hiperregulado, maniate y ponga en peligro a toda la población para mantener sus privilegios. Con vándalos liberticidas que buscan imponerse por el miedo y aniquilar a la competencia no hay nada que negociar 

Hace medio año ya se vivieron escenas parecidas entonces dirigidas al irresponsable Ministro de Fomento Jose Luis Abalos y este en vez de tomar medidas para desrregular un sector que entre unos y otros han llevado al estado de guerra actual, soltó el muerto a autonomías y ayuntamientos. 

Gracias a la especulación de unos y el afán de control de otros con el valor de las licencias. Es doloroso con las nuevas fórmulas de servicios la pérdida de valor de las licencias de taxi que solo deberían ser un permiso para llevar a cabo su negocio. Hemos vivido la crisis de la vivienda ante la crisis y el precio de los traspasos está sujeto solamente a valor de un mercado ahora a la baja que a buen seguro no va a remontar. 

La evolución de la sociedad ha impuesto en el comercio y servicios nuevas fórmulas mucho mas modernas y flexibles en su negocio basados en la moderna tecnología apartando de su seno toda prohibición de tipo gremial o imposición administrativa Todo lo que no sea liberalizar y regular solo lo necesario el sector del taxi, tiene todas  las pintas de fracaso.

Independientemente de todo ello, ningún responsable político ha de sentarse a negociar nada hasta que no cesen por completo las agresiones e intimidaciones y se garantice el tránsito en las calles. El matonismo, el chantaje y el acoso están absolutamente fuera de lugar en nuestra sociedad, y los poderes públicos deben velar por la seguridad de la ciudadanía y de quienes se ganan legalmente el sustento. 

El Estado en toda su extensión debe ser quien retome el problema y legisle sobre este sector y quien tome las medidas policiales contra aquellos elementos de un colectivo que a pesar de tener sus razones, no puede estar abusando impunemente contra el derecho del resto de los ciudadanos

El piso del incendio de Badalona estaba okupado

Edificio de Badalona donde se declaró el incendio

Víspera de Reyes trágica en Badalona (Barcelona). Tres personas resultaron muertas y una treintena heridas de diversa consideración, entre ellas un bebé en estado crítico, en un incendio declarado ayer a primera hora de la mañana en un edificio de diez plantas situado en el número 244 de la avenida Marquès de Mont-roig del popular barrio de Sant Roc de esta localidad.

El fuego se originó, por causas que aún se desconocen, en los bajos del inmueble cuando pasaban pocos minutos de las 09.00 horas. En poco tiempo, las llamas se propagaron con virulencia en sentido vertical por el hueco de la escalera, afectando a todas las plantas del edificio, que quedó envuelto de una densa humareda, causando el pánico entre los vecinos. Las tres víctimas mortales fueron sorprendidos por la lengua de fuego y humo en la octava y novena planta del bloque, dos de las más afectadas por el siniestro. Entre ellas, por ahora solo se ha identificado a una anciana de 92 años. 

Al cierre de esta edición se desconocían las otras identidades.Los vecinos del edificio de Badalona incendiado han asegurado que el fuego se declaró en un inmueble okupado, según informa este domingo El Periódico. Este dato, añade el diario, no ha sido desmentida ni por el Ayuntamiento de Badalona, los Mossos ni el Departamento de Interior. Los hechos tuvieron lugar este sábado en un bloque de dies plantas situado en el barrio de Sant Roc.

Los testigos cuentan que los inquilinos de la planta baja, donde se originó el fuego, habrían huido de las llamas dejando la puerta del inmueble abierta. Este hecho, junto con que otros vecinos abrieron sus respectivas puertas ante las voces de alarma, creó una vía de oxígeno que facilitar la propagación de las llamas. El incendio dejó tres muertos, entre ellos un bebé, y una treintena de heridos de diversa consideración.

Efectivos de los Mossos d’Esquadra realizarán este lunes una nueva inspección ocular en el bloque de viviendas para determinar la causa del incendio. Aunque todo apunta a que fue el exceso de potencia eléctrica en el sistema la que causó el fuego.

El alcalde de Badalona, Àlex Pastor, ha informado de que ninguno de los vecinos de la veintena de viviendas afectadas podrán volver a casa en los próximos días. El Ayuntamiento y la Generalitat han creado un protocolo y una unidad específica de servicios sociales para atender a las familias afectadas. A preguntas de los periodistas, informa Efe, el alcalde evitó confirmar si, como denuncian algunos vecinos, en la planta baja del edificio, donde se inició el incendio, se habían instalado unos okupas.

La "rendición de Pedralbes"

La ‘rendición de Pedralbes’ se fraguó en un texto conjunto que suprimió la mención inicial a la Constitución para contentar a la Generalidad. 

Quim Torra y Pedro Sánchez se reunieron en el palacio de Pedralbes de Barcelona, Sánchez abre una negociación política con Torra borrando la Constitución del marco de su negociación. Ambos necesitan uno al otro para mantener una ficción que puede alargar unos meses la permanencia de Sánchez y para Torra obtener la foto de esta ficción cara los independentistas, para justificar el fracaso del procés. 

"Coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. A pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución, comparten, por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana", comienza diciendo el comunicado que ha leído Artadi. 

"Y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica. La vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible”.

Artadi ha anunciado además que "ambos gobiernos" se han emplazado a una nueva reunión en enero a la que acudirían los números dos: la vicepresidenta de Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

La foto de la "cumbre" | EFE

Tras una semana de cesiones de forma, se consumó la cesión superlativa y de alto contenido político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra, pactaron este jueves por escrito iniciar una negociación en la búsqueda de un "diálogo efectivo" para alcanzar una "propuesta política de amplio apoyo de la sociedad catalana".

Así lo acordaron tras apenas una hora de reunión en el Palacio de Pedralbes en la que sí hubo foto conjunta de los dos gobiernos como exigía la Generalitat y tras la cual pactaron un comunicado conjunto con el que el Gobierno consumó su rendición ante Torra al eliminar la referencia expresa de la Constitución Española. a cambio de una referencia al "marco de la seguridad jurídica". ¿y esto que es?

No es un golpe de estado, es un "conflicto"

El Gobierno de España resta importancia en privado a este hecho porque "la Ley es cambiante y la Constitución se puede cambiar pero lo importante es que se atengan al ordenamiento jurídico vigente, sea el que sea". ¿Pero se ha cambiado la Constitución? Y manifestan su optimismo por la cesión que también hace la Generalidad de Cataluña: eliminar las referencias a la unilateralidad y al referéndum que no aparecen en ninguna parte del documento. De hecho, según fuentes gubernamentales, "hay un compromiso inequívoco de renuncia a la unilateralidad aunque nos gustaría que fuera más explícito".

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Sin embargo, la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, negó que los independentistas renuncien a un referéndum de autodeterminación pero sí confirmó que no se habló en la reunión de este jueves en el Palacio de Pedralbes. En el comunicado conjunto, ambas partes reconocen que "mantienen diferencias notables sobre el origen, naturaleza y vías de solución del conflicto político catalán" pero que comparten, por encima de todo, su apuesta por el diálogo".

Una interlocución que se han comprometido a continuar con referencias concretas. En el mes de enero, "a la vuelta de las vacaciones navideñas", se celebrará un segundo encuentro esta vez entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el vicepresidente Pere Aragonés, la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y un cuarto ministro del Gobierno central aún sin concretar a propuesta de Pedro Sánchez. Además habrá una segunda vía de negociación en el parlamento catalán con una ronda con todos los grupos políticos. Torra pidió a Sánchez un "pacto de Estado" para "desfranquizar España" y "aislar a la extrema derecha"

Lo de menos de la política de Pedro Sánchez en relación a Cataluña es que ya le haya costado al PSOE una dolorosa y humillante derrota en Andalucía; lo realmente grave son las consecuencias que puede tener en términos de país. Si tiempo atrás la propuesta de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona podía ser explicada desde el contexto de una aconsejable distensión, hoy no hay forma de desvincularla de la estrategia de extorsión a la que los partidos nacionalistas están sometiendo al Ejecutivo de Sánchez para aprobar los presupuestos, alargar así su endeble permanencia en el poder y retrasar hasta fecha más propicia para los intereses del secesionismo la inevitable y urgente cita con las urnas.

Dinamitada por Puigdemont y sus correveidiles la oportunidad de rectificar y aceptar un diálogo sincero para reformular el encaje de Cataluña en España dentro del marco legal, a lo que asistimos en Barcelona, desgraciadamente, no es más que a una nueva concesión para mayor gloria del relato independentista por parte de un Gobierno necesitado que, cada día que pasa, conecta en menor medida con el sentir de la sociedad y que ha convertido su atrincheramiento en el poder en una prioridad muy alejada de aquellas que preocupan a una mayoría de ciudadanos.