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miércoles, 19 de septiembre de 2018

Entre trileros anda el juego


La portavoz socialista Adriana Lastra y el diputado del PNV Aitor Esteban, este martes en el Congreso de los Diputados. BERNARDO DÍAZ

Pedro Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su Presupuesto


Desesperado por conseguir una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que aprobar la nueva senda de déficit y salvar los Presupuestos con más gasto público, como le exige Podemos para dar su visto bueno, el Gobierno echó este martes mano de una argucia que despierta dudas legales para saltarse la decisión de la Mesa del Congreso. Donde la mayoría que forman el PP y Ciudadanos rechaza cualquier acelerón en los tiempos parlamentarios y que condena a la reforma instada por Pedro Sánchez a una tramitación lenta en el Congreso y, posteriormente, en el Senado.



Ante esta situación de «bloqueo» -denuncia el PSOE-, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a última hora de la tarde una enmienda en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos ni el déficit. Se trata de una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género que se está tramitando en la actualidad. Utilizando este canal abierto en el Registro del Congreso, el PSOE coló una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que alude a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit. Para arrebatarle esta potestad y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso en el caso de que el Senado votase en contra. Lo que ya sabe que va a suceder porque el PP tiene mayoría absoluta.



Intenta tocar el techo de gasto aprovechando la enmienda a una norma sin relación alguna


La sorpresa fue mayúscula y el estupor corrió entre los grupos de la oposición y algunos juristas consultados por este periódico, pues se trata de una práctica en desuso desde hace muchísimo tiempo. Es más, fuentes parlamentarias advierten de que pedirán un informe a los letrados del Congreso para saber si esta práctica entra dentro de la legalidad al tratarse de una reforma de una ley orgánica, es decir, una norma de alta importancia porque desarrolla los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. En este caso, en el artículo 135.

Fuentes socialistas justifican la triquiñuela como «algo habitual y constitucional» y que, incluso, apuntan, han hecho anteriormente otros gobiernos. Porque, aseguran estas fuentes, cuando se tramita una ley orgánica «se puede modificar otra». Una treta que argumentan ante el «bloqueo» ocasionado por el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso y su rechazo a tramitar la reforma mediante lectura única sin escuchar la opinión a favor de la Junta de Portavoces.

Frente a la opinión del PSOE, los letrados consultados por este periódico recuerdan la existencia de una sentencia del Tribunal Constitucional dictada precisamente para evitar esta práctica que era muy habitual en el Senado. En virtud de la misma no es admisible en la Cámara Alta introducir enmiendas que no tengan nada que ver con el objeto del texto legal en el que se pretenden insertar.

Los expertos avisan de una sentencia del Constitucional contra una práctica similar

Los expertos aseguran la posibilidad de que los letrados del Congreso puedan argumentar que, por analogía con el Senado, también en la Cámara Baja es de aplicación lo establecido por el Tribunal Constitucional y, por tanto, no se permita enmendar una ley a través de otra que en nada tenga que ver.

En este caso, el asunto es especialmente sensible a la hora de las formas, como subrayan también otras fuentes, puesto que se trata de quitar una competencia a otra Cámara. Algo siempre delicado.

Ante lo que pueda ocurrir, el PSOE mantendrá abierta la reforma ordinaria de la ley, tras su admisión este martes por el Congreso. Y las fuentes socialistas apuntan que si la Mesa admite la lectura única desistirá de esta vía.


Sánchez juega con la Constitución como cortina de humo o para algo peor

El Gobierno intenta tapar los problemas del presidente con la tesis lanzando una idea que antes había rechazado y que estimula, al tocar la Constitución, al independentismo y al populismo.



En otro alarde de frivolidad que sustituye la propuesta tranquila por la ocurrencia publicitaria, Pedro Sánchez ha anunciado una medida que, en realidad, ni es suya ni la apoyó cuando otros la presentaron. Desde 2013 el ahora presidente del Gobierno ha venido rechazando la desaparición del aforamiento para los políticos, ora propuesta por UPyD, ora por Ciudadanos. E incluido, por cierto, en el programa del PP.



Si a Sánchez le hubiera parecido interesante esa propuesta, o no la hubiera despreciado en el pasado reciente o, ahora, se hubiera sentado a promoverla con el partido de Rivera, que de hecho ya la ha llevado al Congreso, y con el de Casado, que la incluye en su hoja de ruta.

Los independentistas verán una oportunidad de incluir en este debate su conflicto; y Podemos lo endulzará para defender el derecho a decidir.

Prescindir de ese respaldo y presentar la reforma para conmemorar sus primeros cien días en el Gobierno -otra operación de marketing innecesaria- desvela su intención: desviar la atención de la polémica sobre su tesis doctoral, que dista mucho de haber terminado, por mucho que el afectado y sus altavoces hagan lo imposible por enterrarla.



Un presidente débil y frívolo


Es tan burdo el intento como sin embargo eficaz, viendo cómo la práctica totalidad de medios de comunicación han variado su agenda para centrarse en la enésima ocurrencia sanchista, especialmente peligrosa por una poderosa razón: agitar la bandera de la reforma de la Constitución desde un Ejecutivo que depende de los dos bloques ideológicos que más quieren enterrarla es una lamentable manera de alimentar esas intenciones.

Estaba claro que el presidente del Gobierno no iba a tardar mucho en sacarse algún conejo de la chistera para desviar la atención de su tesis doctoral, y de cuestiones aún más graves, como su contemporización cómplice con los golpistas de Cataluña o su propuesta de subir todavía más los impuestos. Con todo, sorprendió en un primer momento que su cortina de humo fuese una propuesta de regeneración de Ciudadanos que, además, ya estaba asumiendo el PP: la supresión de los aforamientos.
Basta, sin embargo, un vistazo al esperpéntico proyecto de Sánchez para constatar que en realidad es un fraude como su tesis doctoral. No otra cosa cabe decir de una propuesta de supresión de los aforamientos que, aun requiriendo una reforma constitucional, ni siquiera afectaría a un 1% de las 250.000 personas que, en distintos grados, gozan de ese privilegiado tratamiento judicial. Para colmo, los diputados nacionales, los senadores y los ministros, los únicos a los que atañería esta farsa, mantendrían su privilegiada protección si las acusaciones contra ellos guardasen relación con el ejercicio de sus funciones.

Los independentistas verán una oportunidad de incluir en este debate su eterno conflicto, mientras que Podemos lo endulzará para defender, en la práctica, el inexistente derecho a decidir. Incluso el modelo de Estado, con una monarquía parlamentaria, puede ser ahora objeto de discusión. En el peor momento posible, con el presidente más débil de la democracia y, en consecuencia, con los socios de La Moncloa más exigentes y decisivos. Por muy de acuerdo que Cs y PP puedan estar con esa propuesta de Sánchez, plagio de otras, deben evitar caer en su juego.

Si además Sánchez está pensando en que un eventual desaforamiento de los cargos públicos -que ahora no son impunes; simplemente tienen al Supremo por referencia, sin posibilidad de recurso por cierto- puede perjudicar a Casado; se confirmará su tendencia a jugar con los asuntos estructurales del Estado en función de sus intereses individuales y cortoplacistas.

Ligerezas


Por muy de acuerdo que Cs y PP puedan estar con esa propuesta de Sánchez, plagio de otras por él abortadas, deben evitar caer en su juego. Porque incluso en el caso de que poner en solfa la cuestión territorial no sea la intención del presidente, ésa puede ser la consecuencia de sus ligerezas.

viernes, 24 de agosto de 2018

Obviar al Senado, el objetivo del Gobierno


La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. MariscalEFE


El Gobierno aplaza la aprobación de la senda de déficit hasta concretar la reforma pactada con Podemos

El Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aprobación de la senda de déficit y de deuda para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, que fue rechazada por el Congreso en julio, hasta concretar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria pactada con Podemos que acabará con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit.

Una decisión que va encaminada a evitar que el Partido Popular pueda vetar en el senado estos objetivos de déficit, pero que supone incumplir la Ley Orgánica de Estabilidad que obligaba al Gobierno a remitir la senda al Congreso antes del próximo lunes, día 27 de agosto.


En virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, para volver a aprobar unos nuevos objetivos y remitirlos a las Cortes Generales, donde debían ser refrenados tanto por el Congreso como el Senado.

El Gobierno debía aprobar de nuevo esta senda tras el rechazo del Congreso a los objetivos propuestos el Ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, únicamente PSOE y PNV apoyaron la senda de estabilidad presupuestaria, votos suficientes frente al rechazo de PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. 

Precisamente, acabar con el poder de veto del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha sido una de las exigencias de Unidos Podemos para apoyar, esta vez sí, la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Una exigencia aceptada y acordada este miércoles, y que contaría con el apoyo de ERC, PDeCAT y PNV.

Podemos no ha mentido en esta ocasión. Pondrá caro al PSOE el precio a pagar para aprobar sus propios Presupuestos, si es que lo hace y no provoca, como es previsible, un cisma en la izquierda según se acerquen las elecciones. Además se ha delatado sin complejos. No se trata de negociar con el PSOE unas cuentas públicas expansivas, arriesgadas con el déficit y confiscatorias para la clase media. Se trata, como sostuvo ayer Pablo Echenique, de «eliminar la última palanca de poder del PP» y de romper las normas no escritas de nuestra convivencia democrática.

Podemos ha presentado el acuerdo como un avance arrancado al PSOE en pro de la «gobernabilidad progresista». Quiere decir que acaba con cualquier posibilidad de influencia por parte del PP y convierte a este, por tanto, en un rehén en sus manos. Resulta lógico que Podemos rentabilice una de sus pocas iniciativas en los últimos meses. Aun así, la fanfarronada tiene bastante de cierto. Cada vez se percibe mejor cómo, para seguir en La Moncloa, Pedro Sánchez hace suyas propuestas que le deberían ser ajenas, como esta de pasar por encima del Senado.

Para Pedro Sánchez la democracia es una molestia, el poder ejecutivo no tiene por qué respetar las competencias del legislativo, toda esa España representada por los adversarios, es decir por la mayoría del Partido Popular en el Senado, es una rémora. ¿Para qué contar con ella? Este va a ser un grave error de Sánchez al quedar al albur de Podemos, porque el objetivo de Iglesias nunca se limitará a ser el porta-maletines del PSOE y tarde o temprano la izquierda se fracturará ante las urnas.








jueves, 26 de octubre de 2017

El control de gastos en la Generalidad muestra un despilfarro mensual de 660 millones


El vicepresidente de la Generalidad y consejero de Economía, Oriol Junqueras | EFE

¿Qué porcentaje del gasto va a financiar partidas esenciales y qué parte va a cuestiones accesorias y prescindibles?

A lo largo de los últimos años, los gobiernos autonómicos han sido incapaces de aprovechar la recuperación económica para acabar, por fin, con los números rojos de los presupuestos. Por el flanco de la izquierda, PSOE y Podemos han insistido en que la "austeridad" ha sido excesiva. Por el lado de la derecha, PP y Ciudadanos han mostrado un discurso más moderado, pero igualmente han defendido un giro hacia políticas de gasto más expansivas.

"No hay margen para más recortes". Es la contestación que dan políticos de uno y otro signo cada vez que alguien recuerda el agujero presupuestario que aún siguen teniendo las Administraciones Públicas españolas. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Es cierto que ya no hay partidas susceptibles de ser recortadas?

Cataluña

Tomemos el caso de Cataluña. La decisión de controlar directamente las cuentas de la Generalidad, anunciada por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de septiembre nos permite evaluar qué porcentaje del gasto va a financiar partidas esenciales y qué cuota de los presupuestos autonómicos va consignada a otro tipo de cuestiones.

En virtud de estas medidas de control fiscal, el Ejecutivo se compromete a seguir financiando todo aquello considerado como "servicios esenciales". En este epígrafe entrarían la sanidad, la educación, el sueldo de los trabajadores, la seguridad, la asistencia social y los pagos a proveedores privados que contribuyen a financiar estos servicios.

Todos los demás gastos quedan congelados, en virtud de un acuerdo de no disponibilidad sobre aquellos epígrafes presupuestarios vinculados a otro tipo de prestaciones o programas de gasto. De hecho, para evitar cualquier posible fraude, todos los desembolsos deben venir respaldados por un informe de la Intervención de la Generalidad.

Cabe recordar que, en términos de recaudación, los ingresos fiscales que se transfieren a la Generalidad de Cataluña ascienden a 1.400 millones de euros cada mes. Dichos ingresos se deben a tres grandes figuras fiscales: IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Hacienda se encarga de recoger la recaudación que generan estos estos gravámenes y de repartir las rentas obtenidas entre las distintas autonomías.

Pues bien, tras el primer mes de supervisión de los gastos, el Gobierno central ha detectado que solo necesita 940 millones de euros para cumplir con los compromisos de gasto que se consideran esenciales. De manera que, sobre un total de 1.400 millones transferidos cada mes, solo 940 millones van a parar al tipo de conceptos descritos con anterioridad.

Los 460 millones restantes -el 33% del total- se van a transferir a una cuenta que el Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto en el Banco de España. Pero la cosa no acaba aquí. Cada mes, la Generalidad gestiona tributos como el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, los Tributos sobre el Juego, las tasas por servicios públicos… En total, se estima que esto supone un ingreso mensual de 200 millones de euros. Por tanto, el desfase alcanzaría los 660 millones de euros.


Despilfarro en los servicios "esenciales"


Este despilfarro no incluye el desfase en que también pueden incurrir las Administraciones Públicas a la hora de prestar servicios básicos. Sería un error pensar que cada céntimo invertido en sanidad o educación está bien gestionado. Comunidades como Madrid han demostrado que se puede lograr mejores resultados con menos desembolsos. La clave es la eficiencia, no el aumento continuado del gasto. Pero, incluso dando por bueno que cada euro invertido en gastos sociales está bien empleado, el control de gastos de la Generalidad revela que el despilfarro es más que notable.

Huelga decir que la misma situación se reproduce en muchas otras comunidades autónomas. No estaría de más, por tanto, que el gobierno de España aplicase la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las demás regiones, ya que intervenir las cuentas para congelar los gastos no esenciales permitiría acabar de una vez con los problemas que se derivan del gasto descontrolado del Estado.

Libre mercado

jueves, 1 de agosto de 2013

El reparto de una tarta envenenada

 
Se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se ha reunido  con los responsables de las finanzas de las Comunidades Autónomas para fijar el ´límite de déficit para el año 2013. Este objetivo será definitivamente asimétrico -no será igual para todas. Cinco comunidades autónomas podrán registrar una cifra superior al 1,3 fijado para este año: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, según se ha aprobado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). No será hasta el año 2014 cuando todas las autonomías tengan la misma obligación y la cifra sea uniforme. Por esta causa nada más conocerse ha provocado airadas reacciones en contra, como la de la Comunidad de Madrid.
La decisión de Cristóbal Montoro de tratar desigualmente a los distintos gobiernos autonómicos supone un agravio para los ejecutivos que cumplen y un premio inmerecido para los que despilfarran. Mal puede apelar el ministro a la vigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria como instrumento regulador de las finanzas públicas, cuando en lugar de hacer uso de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de los compromisos financieros prefiere otorgar un trato ventajoso a los gobiernos que incurren en esa infracción.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvelado al evolución del déficit en los seis primeros meses del año: la administración central cerró junio con un déficit del 3,8% del Producto Interior Bruto (PIB), que es el objetivo para todo el año, pero el incombustible Montoro presume que es un 8% inferior al año pasado. ¡Sólo faltaba!, después de los mayores recortes de la Democracia y de la mayor subida de impuestos de los últimos 40 años.
 
Es Montoro con el mal ejemplo de los datos de la Administración Central, quien quiere imponer límites a las autonomías, lo que hace prever una nueva racha de incumplimientos de las autonomías, basado en su falta de decisión para recortar los enormes gastos de la administración central, tarea que apenas se ha realizado después de año y medio de sucesivos anuncios, apenas se ha tomado verdaderas iniciativas para recortar los gastos y adelgazar la estructura del Estado Central, lo cual le daría credibilidad para hacerla cumplir a las demás administraciones.   
La Unión Europea ha dado ya dos prorrogas al Gobierno de Rajoy para que el déficit se sitúe por debajo del 3% que ahora se deja para el 2015. Bruselas permite a España que cierre este año sus cuentas con un del 6,5% en vez del 4,5, pero puso condiciones a cambio como endurecer otra vez la reforma laboral, endurecer las pensiones y reestructurar los impuestos, porque a Bruselas no le ha gustado la brutal subida de IRPF. De ese 6,5 el Gobierno determinó que un 3,8 sería para la administración central, un 1,3 para las Comunidades Autónomas y un 1,4 para la Seguridad Social. A estas alturas del año la administración central se ha ‘comido’ ya su 3,8, con lo que es obvio que no cumplirá lo prometido a Bruselas a no ser que nos metan otro recortado de cuidado.
Tenemos un problema. ya que con estos criterios del ministro de Hacienda, podríamos estar varias décadas en crisis con subidas constantes de impuestros, cada vez con mas agravios comparativos entre regiones cumplidoras e incumplidoras, a  menos que todo el sector publico no reduzca de verdad el gasto público, Esto ocurrirá irremediablemente al menos hasta que se consiga estabilizar las cuentas y conseguir el déficit 0 que nos permitiría relanzar nuestra economía y empezar a devolver realmente la enorme deuda pública que está ya cercana al 90% de PIB.