miércoles, 31 de julio de 2013

"Prohibido distraer al conductor"



El aviso de “prohibido distraer al conductor” puesto en todos los autobuses de servicio público debería tenerse en cuenta para los conductores de cualquier vehiculo que transportara personal. En el caso del accidente Santiago se vé la lógica de esta prohibición incluida del uso del teléfono móvil o cualquier dispositivo por parte de un conductor de un vehículo en marcha.

El análisis de las cajas negras del Alvia accidentado ha dado un giro a la investigación de la mayor tragedia ferroviaria de España en los últimos 40 años. Los datos tomados por estos dispositivos han revelado que, cuando se produjo el descarrilamiento del tren en la curva de A Grandeira, el maquinista estaba hablando por su teléfono móvil corporativo con un trabajador del servicio de control del tráfico ferroviario. Según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), fue el controlador el que se puso contacto con el conductor del tren, Francisco José Garzón Amo, para indicarle la ruta que debía seguir hasta llegar a Ferrol, última parada de ese servicio.

La existencia de esta llamada podría aclarar por qué el maquinista se despistó -como admitió en sede judicial- y no redujo la marcha del tren antes de llegar al punto del siniestro, una cuestión determinante para el esclarecimiento de los hechos que aún no ha podido ser resuelta. De los registros de las cajas se desprende que, cuando comenzó a frenar, ya estaba a sólo 250 metros de la curva y rodaba a una velocidad de 184 km/h, 104 km/h por encima del máximo fijado para el tramo en el que se produjo el accidente. El impacto contra el barrio de Angrois se produjo a 153 km/h.  

Ahora se están empleando horas y horas en discusiones sobre los sistema de control cuando parece que la causa primordial del accidente fue la inoportuna llamada desde el puesto de control al conductor, que puede haber sido el deszencadenante de la desgracia.. Parece ser que bastaron los pocos segundos de retraso empleados por el maquinista para contestar la llamada y consultar un mapa, justo en el momento que debía activar el freno con decisión, para que se encontrara encima de la fatídica curva y no tuviera ninguna capacidad de reacción.

martes, 30 de julio de 2013

Evolución de la deuda catalana


La Generalitat de Catalunya ha pedido prestados a los diferentes fondos, habilitados por el Estado con el fin de facilitar liquidez a las comunidades, un total de 20.156 millones de euros en los dos últimos años, con lo que es la comunidad que más asistencia financiera ha solicitado. sin conocer el límite de déficit para este año y sin tener los presupuestos presentados al y aprobados por el Parlamento autonómico. Pese a todo, a la Administración autonómica le sale más rentable acudir al FLA que a los mercados financieros. El dinero prestado en 2012 (5.370 millones) se devolverá en diez años, a un interés del 5,65% anual. A final de año la deuda total de la Generalitat catalana se situará en los 52.425 millones.

Según datos del ministerio de Hacienda, la administración catalana pidió prestados en 2012 un total de 8.758,1 millones de euros y este año lleva solicitados unos 11.398 millones. De los fondos concedidos el año pasado, la parte más importante corresponde al Fondo de Liquidez Autonómico, al que la Generalitat pidió 5.433,9 millones de euros, a los que hay que sumar los 2.020,2 millones demandados para pagar a proveedores y los 1.304 millones que pidió a la línea ICO Vencimientos. En cuanto a este año, la Generalitat ha recibido autorización para obtener a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico un total de 9.398 millones de euros, 8.009 millones para atender vencimientos de deuda y el resto para cubrir el déficit inicialmente fijado, que era del 0,7 % para este año.

Sin embargo, el gobierno catalán ya ha avisado de que una vez que conozca cuál es la cifra definitiva de déficit para este año, que espera sea lo más cercana posible al 2 % del PIB catalán, solicitará que se amplíe la parte del FLA ligada al déficit. Además de estos 9.398 millones, la Generalitat ha formalizado recientemente la solicitud de otros 2.000 millones más para atender pagos a proveedores pendientes, en el marco de la tercera fase de este plan para saldar las facturas pendientes. Ayer mismo pidieron prestados otros 325 millones adicionales al FLA.


En 2011, el sistema de financiación autonómica trató peor a Madrid que a Cataluña. Da igual la métrica que se utilice. Tanto si se miden los recursos recibidos en total, como si se ponderan en función de los habitantes, el PIB o la recaudación. Pero ni siquiera tienen un presupuesto aprobado para 2013 y siguen gastando de manera discriminada en embajadas, propaganda en medios, eventos encaminados para su causa soberanista y continúan recortando en sanidad cerrando plantas de hospital o centro asistenciales.

No es un caso aislado. El actual modelo nació en 2009 de un pacto bilateral entre el Gobierno, presidido por aquel entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, y ERC. Por eso, desde la Comunidad de Madrid se quejaron desde el momento en que entró en vigor. No es tanto una cuestión de "solidaridad sí o solidaridad no". El problema para el equipo de Ignacio González y antes de Esperanza Aguirre es que el sistema en su conjunto está mal diseña.do. Este año, sólo por una cuestión estadística que ellos consideran errónea, perderán más de 1.000 millones de euros.

El dinero que Cataluña ha solicitado prestado a estos fondos estatales tiene un plazo de devolución de diez años, aunque los dos primeros son de carencia, por lo que la partida de intereses de la deuda, que cada vez se come más parte del presupuesto, puede condicionar los presupuestos de los próximos años salvo que Cataluña, cuya deuda total supera los 50.000 millones de euros, vuelva a crecer a niveles razonables.

lunes, 29 de julio de 2013

La nueva fuga de Josu Ternera


Un chivatazo podría haber frustrado la detención del terrorista de ETA buscado durante mas 20 años por las Fuerzas de Seguridad española. Las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas estában siguiendo siguen de cerca el rastro de uno de los dirigentes etarras más buscados, José Antonio Urruticoechea Bengoechea, "Josu Ternera" y estuvieron a punto de detenerle en las primeras horas de la mañana de ayer cerca de la frontera con España. El pistolero, uno de los que más años ha permanecido en la clandestinidad desde que entró en la banda, poco después de su fundación, debió percibir la vigilancia policial que se cernía sobre él y, como ha ocurrido en otras ocasiones, evitó su captura. Se sabe que ETA le entregaba periódicamente el dinero necesario para los gastos familiares, entre ellos el alquiler de la casa.
 
Josu Ternera vivía en el pequeño pueblo de Durban sur Aziere (150 habitantes), muy cerca de la frontera española por el Valle de Arán camuflado como profesor de historia. Los agentes que trabajaban en la operación conjunta llegaron a la conclusión de que se trataba de Urruticoechea y decidieron intervenir ayer por la mañana. Sin embargo, al entrar en la vivienda que estaban vigilando se encontraron con que sólo estaba su esposa Agnes Cerlo con el niño. Ternera ya había huido. Ella fue retenida durante algunas horas, pero puesta en libertad ya que, pese a haber estado detenida en varias ocasiones, ya que en estos momentos no pesa sobre ella requisitoria judicial.
Es muy posible que Urruticoechea hubiera detectado el dispositivo policial que se había montado en torno a la vivienda donde estaba su mujer y su hijo, y haya decidido esconderse en alguna casa segura. Durban sur Aziere, donde, al parecer, se ocultaba el matrimonio con su hijo, es un pequeño pueblo de unos 150 habitantes, situado muy cerca de Baigneres de Bigorre y Baigneres de Luchon, dos localidades tristemente famosas ya que ETA las ha utilizado en numerosas ocasiones para despedir y dar las últimas instrucciones a los «comandos» que entraban a España, para causar muerte y destrucción; o para entregar los coches bomba que después eran situados contra objetivos en territorio nacional. Por lo tanto, se trata de una zona que los miembros de la banda, y en especial un pistolero con tantos años de militancia como «Ternera», conocen a la perfección y donde, pese al tiempo pasado y el supuesto «cese armado definitivo», anunciado en octubre de 2011, disponen de infraestructuras seguras.
Los vecinos del pueblo comentaron, al conocer la identidad del que creían un pacífico docente, que, al igual que su mujer, no daban problemas y procuraban pasar desapercibidos. Paseaban con su niño de pocos meses por la zona, un paraje
realmente idílico al pie de los Pirineos y nada hacía pensar que se era uno de los terroristas más buscados por las Fuerzas de Seguridad.

Sabemos por la prensa, tanto nacional como extranjera, que Ternera desde entonces no se ha escondido en lugares especialmente recónditos del planeta, sino que ha vivido plácidamente en una localidad francesa tan cercana a la frontera española como es el pueblo de Durban sur Aziere. Sabemos que desde allí se ha desplazado tranquilamente a otros lugares de Francia o incluso a Noruega,  país que lo expulsaba hace unos meses
junto con otros terroristas, también supuestamente buscados por las autoridades españolas, como David Pla o Iratxe Sorzabal, tras participar con ellos en Oslo en la llamada "Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego en el País Vasco" que lidera Ram Manikkalingam.

En este momento prosiguen las labores de identificación por la zona ya que se supone que no ha poder salir de las inmediaciones donde podría obtener algunos apoyos de residentes, muchos de ellos refugiados abertzales.

domingo, 28 de julio de 2013

Una tragedia que podía haberse evitado


Pese a que aún hay que esperar a conocer los resultados de la investigación de las comisiones judicial y de accidentes de Renfe e independientemente de la actuación del conductor que a cada hora que pasa se observa que es quien tendría la responsabilidad del accidente, han existido una mezcla de errores técnicos y humanos fue la causa del mayor accidente ferroviario en los últimos 40 años. Han existido otras causas que podrían no se pueden imputar a conductor ni a la calidad del material o el trazado en si mismo sino a una chapuza en materia de señalización o los sistemas de prevención Porque en la hoja de ruta de este tren no  ha existe un aviso de cambio de sistema y reducción de velocidad lo suficientemente determinante que para ser útil debería haberse empezado a hacer minuto y medio antes y cuatro kilómetros antes. La hoja de ruta de Renfe ante este punto negro es yo creo muy escueta.
Según reflejan las "Mallas" de Adif para el tramo Madrid-Santiago de Compostela (las especificaciones técnicas de la ruta configuradas para el día del siniestro), el trazado comprendido entre Orense y Santiago está dotado de estas balizas (indicadas con un 1, por el nivel 1 del ERTMS). En el resto de la vía se indican balizas ASFA (con una A). Es más, donde figuran las balizas ERTMS, el tren puede alcanzar la velocidad máxima de 220 Kilómetros por hora. Se trata del tramo de vía del que salía el tren accidentado cuando cogió la curva con exceso de velocidad.
Partiendo de la base que hubiera habido una distracción o mareo del conductor en los cuatro kilómetros previos de la curva fatídica que le impidiera reducir la velocidad de un tren que venía lanzado a 220 kms. hora, pudiera reducir su velocidad le impidiera hiciera caso a una señal a 80 por hora que existía a la entrada de la fatídica curva donde descarriló. El hecho de evitar cualquiera de estas causas hubiera impedido que se produjera este desgraciado accidente

  • La distracción o mal manejo del conductor del tren. 
  • La obligación por el trazado del paso casi sin transición de una velocidad máxima de220 kms a 80 con una curva cerrada posterior. 
  • El cambio sin previo aviso dando total discrecionalidad al conductor del sistema ERTMS al ASFA.  
  • La ausencia de señales de cambio de sistema y velocidad máxima tanto en el tren como en el trazado a cuatro kms. de la curva. Es evidente que el conductor no pudo frenar el tren cuando ya tenía la curva encima.  
  • Viendo en el video la manera que se produjo el impacto puede observarse que peso del vagón generador que iba justo detrás de la máquina lo hace saltar por encima .
  • La estafa que representa la prisa de los políticos por vender tanto a los ciudadanos como al extranjero de una línea de Alta velocidad incompleta.

sábado, 27 de julio de 2013

La carta de Artur Mas a Mariano Rajoy



Ayer se conoció el texto de la anunciada carta “de President a Presidente” que Artur Mas ha dirigido a Mariano Rajoy, a sabiendas de que la respuesta va a ser negativa o ni siquiera va a tener respuesta.
Tras asegurar que en estos comicios se dio la mayoría a las fuerzas que defienden el 'derecho a decidir', Mas ha recalcado que avalan la consulta tanto el informe que este jueves presentó el Consejo Asesor para la Transición Nacional y también partidos, entidades cívicas y socioeconómicas que forman parte del Pacto Nacional por el 'Derecho a Decidir'.
Artur Mas, inasequible al desaliento o al desastre económico, social y político en que está inmersa Cataluña y que él ha contribuido a exacerbar con flagrantes errores, insiste en su tema. Mas reitera que la petición que hace a Rajoy ya se la hizo en el último encuentro que mantuvieron en primavera, y ha hecho hincapié en que el Govern que preside tiene "espíritu de diálogo y negociación".
Creo que Mas ha equivocado el texto de la carta y la ha mandado expresamente al destinatario equivocado, ya que no debe ser Mariano Rajoy quien responda sobre el particular, sino El Congreso de los Diputados en pleno, quienes pueden tomar una decisión sobre un ambiguo referéndum que no está contemplado en nuestra Constitución. Esta decisión no la puede tomar ni Mariano Rajoy ni un Consejo de Ministros y él lo sabe.
Sabe perfectamente que debería de haber trasladado la votación al Presidente del Congreso de Diputados para que pueda ser tramitada la autorización de dicho referendo mediante una solicitud de una votación al pleno del Congreso de los Diputados donde su gobierno está perfectamente representado como el poder de la decisión de todos los españoles. O sea utilizando el voto torticero que el Parlament le otorgó.  Pero en Madrid no tiene nada que hacer. Como sabe que en el caso de celebrarse esta votación seria negativa para sus intereses, ha buscado un  nuevo subterfugio para poder seguir haciéndose la víctima ante sus seguidores.
Estas son sus armas, sentirse oprimidos, cargarse de razón moral mediante la reivindicación de instrumentos políticos como la libertad y la democracia de la que viven. Han pasado 38 años desde que murió Franco, pero siguen empeñados en mantenerlo vivo para sentirse mártires de la historia y culpabilizar al resto de españoles de su incapacidad para gobernarse a sí mismos y responsabilizarse de sus actos.

http://file01.lavanguardia.com/2013/07/26/54378899583-url.pdf

La conclusiones del Consell Asesor para la Transición Nacional


Se trata del primer documento que ha elaborado el grupo de expertos designados en marzo pasado por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, para orientarle en su proyecto rupturista, entre los que destacan los nombres de Pilar Rahola, Germà Bel, Ferran Requejo y Salvador Cardús, y que son dirigidos por el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. Todos ellos reconocidos independentistas.
 
El informe dedica la mayor parte de sus 220 páginas a justificar la celebración de un referendo secesionista en Cataluña, y argumenta que, en el probable caso de que el Gobierno lo impidiese mediante los mecanismos legales a su alcance, o no aceptase unos resultados favorables a la independencia en caso de que se realizase una consulta, el Parlamento autonómico estaría plenamente legitimado para proclamar unilateralmente la secesión de Cataluña.
Las encuestas y las manifestaciones como argumento
En primer lugar, el informe recurre a los resultados de las últimas elecciones autonómicas, a algunas encuestas recientes (de El Periódico, de La Vanguardia, de Ara y del Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad) y a las manifestaciones independentistas para defender la convocatoria de un referendo independentista.
También apela a la ‘legitimidad histórica’:
‘Cataluña acumula una de las más prolongadas personalidades colectivas de carácter nacional de Europa, que legitima, a través del ejercicio del derecho de autodeterminación, la consulta sobre la constitución de un Estado independiente que sitúe y proyecte al país en el concierto de los estados del mundo si así lo deciden sus ciudadanos. [...] Cataluña constituye una nación permanentemente minoritaria y aminorada en el seno del Estado español desde hace siglos. [...] La consulta es congruente con la tradición histórica y la cultura política catalana [...], que ha sido muy predominantemente de carácter dialogante y pactista’.
Según los miembros del CATN, una consulta secesionista ‘es propia de una concepción avanzada y cosmopolita de la democracia’ y permitiría ‘salir del callejón sin salida político actual’, al que se habría llegado porque ‘el Estatuto de Autonomía de Cataluña fue interpretado desde una perspectiva centralizadora y de nacionalismo homogeneizador por parte del Tribunal Constitucional’.
Objetivo: vender al mundo una imagen negativa del Estado español
En este sentido, se apoya en un reciente informe del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat, también dirigido por el propio Viver Pi-Sunyer, para proponer cinco vías que permitirían convocar un referendo secesionista legal.
Estas pasarían por una convocatoria avalada por el Gobierno y las Cortes Generales (en base al artículo 92 de la Constitución); la transferencia de esa competencia a la Generalidad (según el artículo 150 de la Constitución); la aplicación de la autonómica Ley de Consultas Populares por vía de Referendo (recurrida ante el Tribunal Constitucional); la aplicación de la Ley de Consultas no Refrendarias (que está tramitando el Parlamento autonómico); o reformar la Constitución.
El documento del CATN reconoce que la ‘estrategia jurídica’ para por forzar la convocatoria del referendo y, ‘subsidiariamente, si esto no fuese posible, que quedase patente, de la forma más clara posible, que el Estado es quien se niega a permitirla y que lo hace por motivos políticos, no jurídicos’. ‘Este doble objetivo es importante tanto de cara a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña como de cara a la comunidad internacional’, subraya.
El informe también está plagado de todo tipo de consejos para conseguir burlar la ley, como por ejemplo cuando insta a evitar que se celebre un referendo sobre la secesión de Cataluña a nivel nacional porque ‘puede dar a entender que el sujeto político legitimado para adoptar esta decisión es el conjunto del pueblo español’.
El derecho internacional no avala la consulta
El estudio reconoce que ‘ni el derecho de la Unión Europea, ni el derecho internacional contienen ninguna disposición que contemple un procedimiento al cual se pueda acoger la Generalidad para convocar una consulta como la que se reclama mayoritariamente en Cataluña’. Pero considera que existen ‘principios’ para ‘reforzar la legitimidad de convocar una consulta legal o de aplicar vías alternativas’, como serían el principio democrático, el del derecho a la autodeterminación de los pueblos y el de protección de las minorías.
Sin embargo, también advierte que no se trata de ‘derechos justiciables’ que permitan invocarlos ante los tribunales internacionales, por lo que ‘la Generalidad encontraría problemas de legitimación para plantear demandas judiciales’. Eso sí, permitirían ‘visualizar a nivel internacional la voluntad de las instituciones catalanas y de los ciudadanos de Cataluña de poder decidir libremente su futuro político colectivo’, y ayudarían a ‘legitimar políticamente’ la utilización de ‘vías alternativas a las consultas legales, incluida la declaración unilateral de independencia’.
El referendo, la primera mitad de septiembre de 2014
En caso de que se pudiese celebrar un referendo secesionista, los expertos de Mas apuestan por una pregunta de respuesta simple: sí o no, a favor de la independencia. Y rechazan que en la misma se incluya una cláusula de salvaguarda legal (es decir, que se incorpore una frase del tipo ‘de acuerdo a los procedimientos legales’) porque podría generar confusión y ‘se podría dar el caso de que personas favorables a que Cataluña se convierta en un Estado independiente votasen en contra de esta opción por estimar que estas fórmulas reconocen al Estado una facultad de bloqueo a la hora de implementar el resultado de la consulta’.
En cuanto a la fecha óptima, proponen la primera mitad de septiembre de 2014 (evitando hacerlo coincidir con la Diada porque podría quedar deslegitimado internacionalmente), y recuerdan que la ley no permite convocar referendos tres meses antes ni después de otro referendo o de otras elecciones, con lo que el margen de actuación se ajusta por las europeas de 2014 y las municipales de 2015.
También alertan de que es probable que los catalanes residentes en el extranjero sufran ‘la nula cooperación de las delegaciones diplomáticas españolas en el mundo’ y ‘el posible boicot que podría realizarse mediante la negativa de Correos a prestar sus servicios’ (que califican de ‘potencial actitud hostil de Correos’), así como ‘una previsible falta de colaboración por parte de algunos ayuntamientos catalanes’.
Desaconsejan que la pregunta hable de ‘un Estado propio’ para Cataluña, porque si gana esta opción se corre el riesgo de que el Gobierno lo resuelva con ‘un simple cambio nominal’ (de ‘Comunidad Autónoma’ a ‘Estado’, o de la denominación formal de la estructura territorial constitucional a Estado federal), lo que califican de ‘fraude’.
Instan a la Generalidad a crear una Junta Electoral de Comunidad Autonómica, o Sindicatura Electoral de Cataluña para garantizar la transparencia del proceso electoral. Rechazan la presencia de observadores internacionales. Y plantean la necesidad de que la legislación autonómica dé ‘un protagonismo relevante’ a las ‘entidades y plataformas cívicas’ en la ‘campaña informativa’ sobre el hipotético referendo.
Temor a una baja participación que deslegitime la consulta
Uno de los puntos más destacados es el que analiza si debería establecerse un quórum para dar validez al hipotético referendo. En este caso se muestran rotudamente contrarios a ello porque ‘podría darse la paradoja de que triunfase la opción por el cambio, pero no con una mayoría suficiente preestablecida para considerar que jurídicamente ha resultado vencedora, y por tanto se acabaría imponiendo la opción conservadora a pesar de haber obtenido menos votos’.
Reconocen que las exigencias de mayorías reforzadas son habituales para ‘adoptar determinados actos de especial relevancia constitucional’, pero consideran que ‘la exigencia de requisitos especiales de mayoría en una consulta popular presenta problemas desde el punto de vista democrático, porque puede dar lugar a que se imponga la opción minoritaria sobre la mayoritaria‘. Y añaden que ‘en el plano parlamentario puede resultar justificado’ este criterio, pero para los asesores esto ‘resulta de más difícil justificación’ en el caso de un referendo secesionista.
En este sentido, rechazan la fórmula utilizada para el referendo sobre la independencia de Montenegro, en el que la Unión Europea (UE) exigió un 50% de participación y un 55% de votos favorables para reconocer su independencia, porque temen que el establecimiento de un porcentaje de participación mínima ‘podría estimular, de forma indirecta, el abstencionismo, ya que para un votante contrario a la propuesta puede llegar a ser más útil abstenerse que votar en contra. ‘.
Forzar el proceso para llegar a la declaración unilateral de independencia
El informe asegura que, aunque el supuesto referendo tuviese un carácter consultivo, un resultado favorable a la independencia ‘generaría deberes o consecuencias jurídicas en relación a los poderes públicos y les obligaría a actuar en correspondencia’, unas consecuencias que estarían ‘al margen’ de la normativa constitucional -en caso de que no se acepte modificar la Constitución- porque se estaría ‘de hecho ante un momento constituyente nuevo‘.
A este proceso lo califican de ‘alegal’, aunque reconocen ‘el inconveniente de situarse al margen de la legalidad, que puede incidir en el grado de aceptación y de legitimidad con que se perciba el proceso, tanto en el interior como en la escena internacional’. Aunque insisten en que ‘un procedimiento extra legem no implica necesariamente que sea contra legem‘.
‘En todo caso, la Generalidad debería iniciar el proceso y plantear la demanda de negociaciones al Estado para llegar a la independencia, que en caso de fracaso podría abrir vías unilaterales como la declaración unilateral de independencia’, añaden.
Para todo ello, anima a la Generalidad a que lleve a cabo ‘actuaciones’ en el ámbito internacional para conseguir el ‘reconocimiento’ del resultado de la consulta. El informe considera que ‘con toda probabilidad’ el Estado ‘presentará problemas’. Las actuaciones, que insta a que se realicen antes de la consulta, deberían dirigirse principalmente a la UE.
Incluso en el caso que la pregunta incluyese una cláusula de salvaguarda de la legalidad, el informe considera que si ganan los partidarios de la independencia esa cuestión sería un ‘aspecto procedimental’ de segundo orden que estría por debajo de ‘la voluntad popular’, que ‘no se podría ventilar con una simple negativa del Estado’ a aceptar la secesión. Y, de nuevo, el informe acaba llegando a la opción de la declaración unilateral de independencia.
Si perdiese la opción independentista, habría más referendos
Otro de los aspectos más sorprendentes es el que apunta que, en caso de que en un referendo ganase la opción contraria a la secesión, ‘no se puede interpretar como una opción a favor del mantenimiento del status quo’, sino que ve legítimo plantear ‘reformas del modelo actual’. Además, insisten en que, ‘incluso la opción rechazada no puede quedar proscrita a perpetuidad, sino excluida solo durante un tiempo razonable’.
No se puede impedir que en el futuro se pueda volver a plantear la misma cuestión, pero no sería razonable hacerlo hasta que haya pasado un cierto tiempo’, indica. Y toma como referencia los quince años que transcurrieron entre los dos referendos secesionistas en Quebec.
En todo caso, advierten de que ‘sería aconsejable que las fuerzas políticas partidarias de la independencia dispusiesen de propuestas alternativas para el caso que fracasase la propuesta principal sometida a consulta, para evitar en la medida de lo posible el desconcierto que se podría producir después de la consulta con este resultado’, aunque les recomienda que no las hagan públicas antes del referendo.
Elecciones plebiscitarias como opción más probable
El informe propone que, si no puede hacerse ‘la consulta legal’, podrían hacerse votaciones por ‘vías alternativas’, tales como las ‘consultas no oficiales’ o unas ‘elecciones plebiscitarias, que podrían ser implementadas mediante declaraciones unilaterales [de independencia] del Parlamento [autonómico]‘ posteriormente.
La primera opción consistiría en que la Generalidad convocase consultas independentistas con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos catalanes aplicando ‘la legalidad catalana a pesar de su suspensión’ por parte del Tribunal Constitucional. Incluso podrían realizarse consultas organizadas por ‘entidades de la sociedad civil’ con apoyo ‘indirecto’ de la Generalidad y los ayuntamientos. Pero advierte del riesgo de la ‘previsible escasa o insuficiente participación’ por su ‘inutilidad’, así como los problemas logísticos de organización.
Por ello, el documento se decanta por unas ‘elecciones plebiscitarias’ en las que los partidos presentasen en sus programas un solo punto: la secesión de Cataluña. Y advierte de que, oficialmente, no se debe indicar que son plebiscitarias, para evitar problemas legales. Posteriormente, plantea que el Parlamento autonómico formule una declaración unilateral de independencia.
Incluso especifica que la realización de una declaración unilateral de independencia mediante una resolución del Parlamento autonómico tiene la ‘ventaja’ de que se puede tramitar muy rápido: ‘En una sola sesión plenaria en la cual, en poco más de una hora, podrían intervenir el Gobierno [autonómico] y todos los grupos parlamentarios para fijar su posición’. El ‘inconveniente’ es que ‘no tiene en puridad efectos jurídicos’. En ese sentido, propone que se tramite como iniciativa legislativa o como proposición de ley, una vía más lenta pero con más ‘relevancia formal y normativa’.
La vía Kosovo como referente
El informe reconoce que ‘no hacen falta demasiados esfuerzos para poner de relieve el hecho de que una declaración unilateral de independencia no se ajusta a las disposiciones del ordenamiento constitucional español’, ni del derecho internacional.
Sin embargo, apela a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2010 sobre la independencia de Kosovo, y concluye que, aunque ‘el contexto político e institucional’ de Kosovo ‘no son comparables a los de la Cataluña actual’, se puede considerar que ‘las declaraciones unilaterales de independencia no están prohibidas por el derecho internacional si son el resultado de un pronunciamiento democrático llevado a cabo en un contexto pacífico, es decir, sin intervención de la fuerza o la violencia’.
También propone una declaración unilateral de independencia ‘como solución alternativa’ en caso de que las elecciones plebiscitarias no se pudiesen celebrar porque ‘el Estado hiciese uso de los instrumentos jurídicos’ a su alcance.
El CATN da por hecho que el Gobierno u otras instituciones del Estado presentarán recursos, aplicarán sanciones o apelarán al artículo 155 de la Constitución (que podría conllevar ‘la sustitución de los órganos políticos de la Comunidad Autónoma por órganos estatales’, ‘la suspensión de la autonomía’, o la ‘disolución del Parlamento autonómico’). Sin embargo, descarta que el Ejecutivo se atreva a utilizar la declaración de ‘los estados de excepción y sitio’.
Declaración de la independencia unilateral
Todos los caminos llevan a la declaración unilateral de independencia. Esta es la conclusión que se extrae del análisis del informe titulado “La consulta sobre el futuro político de Cataluña” que ha presentado este jueves el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).

LVB.

viernes, 26 de julio de 2013

El saqueo de Andalucia 61 –La hora de las responsabilidades políticas

No hubo novedades en la prevista declaración del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez que ha ratificado en su declaración como imputado, la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".
 
El exinterventor ha ratificado todas sus anteriores declaraciones: la que hizo al Parlamento en la comisión de investigación hace un año y la carta que envió al presidente de la cámara en la que hacía las declaraciones más explosivas y en la que acusó a Griñán y a Carmen Martínez Aguayo de "cebar sin descanso la partida presupuestaria de los ERE". Además en esa carta el exinterventor de la Junta también aseguraba que el nido de corrupción "se podía haber desmontado con una orden verbal en solo veinticuatro horas".
Por mucho que Martínez Aguayo esté dispuesta a ofrecerse como cabeza de turco para evitar que sea Griñán el próximo imputado, nadie la cree tan incompetente como para no apreciar la gravedad de las advertencias que hacia el informe en el que el interventor pedía expresamente, además, que su contenido se pusiera en conocimiento del titular de la Consejeria.
¿Se cree alguien que no informó a Griñán de unas irregularidades que sólo en 2005 provocaron un desfase presupuestario de 93 millones de euros? ¿Se cree alguien que un Griñán y un Chaves que desconociesen dichas irregularidades no habrían pedido una explicación respecto de a qué se debía tan monumental trastoque presupuestario? Por otra parte, si fuera cierto que Martínez Aguayo ocultó todo a su superior, ¿cómo es que ni ha dimitido ni ha sido cesada en el cargo?
Así de contundente ha sido la esperada comparecencia que unida a las 15 notificaciones que remitió los responsables entre 2000 y 2010 de las Consejerias de Trabajo y Hacienda hace recaer toda la responsabilidad hacia TODOS los miembros del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía que no da otro camino que tenga que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no tenga más remedio que llamar e imputar a los cargos políticos que pasaron en estos años por estas consejerías.
Todas las maniobras dilatorias y entorpecedoras de la Junta para evitar esta declaración de este testigo puede decirse que han fracasado y ahora dependerá de la instrucción del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo en el probable caso que Griñán decida guarecerse como senador para crear un nuevo obstáculo a la justicia para evitar que el proceso seguir avanzando.
Pero que nadie crea que la nueva Junta  al cargo de Susana Diaz vaya a quedar al margen de las investigaciones. Susana Díaz, una todoterreno del PSOE de Sevilla desde la década pasada, está asimismo contaminada por la realidad fraudulenta de los ERE que tuvo en Sevilla y su provincia su centro de gravedad fundamental.
El PP de Andalucía ya señala a la flamante secretaria general del PSOE andaluz como una persona relevante en el PSOE que es imposible no conociera el manejo de los fondos que se deriva del caso de los ERE. Tanto ella misma, primero secretaria de Organización desde 2002 y luego la secretaria general del PSOE de Sevilla desde 2010, su antecesor en ese cargo, el hoy diputado nacional, José Antonio Viera, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía  y el presidente del PSOE de Sevilla y de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, debían estar al tanto porque era el partido de su responsabilidad el que más y con mayor diferencia se estaba beneficiando ilegalmente de la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 311L.
Susana Díaz bien pudiera sufrir el mismo destino que Griñán en caso de descubrirse alguna relación más determinante con los fondos de los ERE por parte de quien será en agosto la presidenta de la Junta de Andalucía.

jueves, 25 de julio de 2013

“Sa Princesa” a la cárcel



Este martes la en otro tiempo todopoderosa Maria Antonia Munar conoció la sentencia por la que la Sección Segunda la ha condenado a tres años de cárcel por un delito de fraude a la Administración y a otros tres por revelación de secretos a raíz de la venta presuntamente irregular de los solares de Can Domenge a Sacresa, por treinta millones de euros, cantidad inferior a su precio real. La pena se suma a la de cinco años y medio que le fue impuesta por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba mediante testaferros, junto al ex vicepresidente insular Miquel Nadal, mientras ambos ostentaban cargos en la Institución supramunicipal.
 
En su resolución, la Sala, presidida por el magistrado Jesús Gómez-Reino, recalca que además de las dos condenas que pesan sobre Munar y que suman un total de 11 años y medio de cárcel, la exalto cargo está sumida en cerca de una decena de procesos judiciales, de las que se derivaría que se habría beneficiado ilícitamente, desviado fondos públicos y cobrado comisiones, dinero que "probablemente estaría oculto en el extranjero y podría utilizarlo para intentar fugarse".
Munar, además, aún está acusada en la causa matriz del caso Maquillaje; y de otra trama vinculada además a la que tiene que ver con la contratación de la empresa Studio Media Comunicación a través de la emisora de radio que tenía el Consell, Ona Mallorca. El fiscal explicó ayer que en este caso está imputada por malversación, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación. El hecho es que María Antonia Munar, otrora casi todopoderosa en Mallorca, acaba de ingresar en la prisión de Palma de Mallorca. Hoy, la Audiencia Provincial de Palma, ha decretado para ella prisión incondicional sin fianza a petición de los fiscales anticorrupción por riesgo de fuga.
No es lo mismo ser un político imputado según sea el partido que pueda estar detrás. En su caso un pequeño partido Unió Mallorquina. Con un día de diferencia han aparecido sentencias de los dos políticos más todopoderosos de las Islas Baleares en la última década con resultados completamente dispares.  En el caso de Jaume Matas el Supremo le ha rebajado la pena de seis años a nueve meses por uno de sus casos que tiene pendientes por lo que de momento no entraría en prisión a la espera del resto de causas. No me cabe ninguna duda de los delitos cometidos por  Munar, la princesa de Mallorca,  y de lo justa que es su condena, pero tampoco dudo que si hubiera pertenecido a PP o a PSOE y hubiera intervenido el Tribunal Supremo otro gallo le cantaría: ¿mejor o peor?, buena pregunta.

miércoles, 24 de julio de 2013

El saqueo de Andalucía 60 – ¡¡¡Adiós Griñán!!!


 
La instrucción de los EREs está a punto de cerrarse y la juez Alaya está llegando al final de su recorrido. El momento más crucial va a ser la declaración para mañana del ex interventor de la Junta Manuel Gómez que si se ratifica en lo que ha manifestado de manera reiterada a la Guardi Civil señalando al presidente de la junta José Antonio Griñán como principal responsable de la desviación reiterada de fondos con destino a jubilaciones fraudulentas a altos cargos del PSOE y sindicatos UGT y CCOO.
El que probablemente va a ser el penúltimo paso de la juez ha sido  la imputación de Magdalena Álvarez junto a 20 altos funcionarios de la junta que abre la puerta a la imputación  de los altos cargos aforados de la Junta de Andalucía. Previsiblemente seguirán a continuación las imputaciones a políticos aforados, esta vez por Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los personajes mas importantes de los últimos 26 años del socialismo andaluz es decir:  Manuel Chaves, Gaspar Zarrias y José Antonio Griñán entre otros.
La Junta de Andalucía ha intentando retrasar de todos los modos posibles la declaración del ex interventor, hasta el punto de que, en el auto que rechazaba la petición del Gobierno regional de suspender esta declaración, Mercedes Alaya que ayer abroncó al Gobierno Regional por tener una posición "más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta".
En contra de lo que dijo hace solo una semana José Antonio Griñán ha dicho ahora que no va a terminar la legislatura, va a dejar el cargo en septiembre en manos de la quien ha nombrado como su sucesora Susana Diaz la cual va convertirse en presidenta de la Junta sin haber ganado unas elecciones ni siquiera haber llegado a competir en unas primarias de su partido.  A partir de este momento la continuidad el nuevo gobierno andaluz va a estar en manos de Izquierda Unida que se ha convertido en cómplice de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos años.

martes, 23 de julio de 2013

Mariano Rajoy y su desastroso manejo de los tiempos

 
Ayer tuvo que ser un periodista rumano durante la rueda de prensa posterior a la visita del presidente de este país, quien arrancara a Mariano Rajoy el compromiso de comparecer ante el Congreso o la opinión pública para explicarnos el lio de Bárcenas a fin de mes o a primeros de agosto Con ello se habría abortado la moción de censura que estaba anunciando Rubalcaba. Al final, el presidente del Gobierno va a ir al Parlamento no por convicción sino porque se había metido él solito –con la inestimable ayuda de su círculo de asesores– en un callejón sin salida. Pero aún tendrán que pasar varios días para que Rajoy se atreva a explicar que ha estado ocurriendo con los dineros de su partido.
La estrategia tan propia de Rajoy de ponerse de perfil ante los problemas y confiar en que el paso del tiempo acabe resolviéndolos, era evidente que en este caso no iba a servir. Si a eso se añade el diagnóstico que hasta hace muy poco hacía el propio presidente, asegurando a sus interlocutores que lo peor del caso Bárcenas ya había pasado, se entenderá mejor aún su falta de reflejos en estos últimos días.
Me consta la indignación de muchos dirigentes regionales, especialmente del País Vasco o Navarra que ni siquiera disponen de ordenador o una fotocopiadora en la sede y que con gratificaciones de 200 o 300 euros del partido tienen que estar resistiendo las embestidas del nacionalismo, viendo que los asesinos están por las calles mientras siguen las pintadas de amenaza a la puerta de su casa mientras se va descubriendo que determinados dirigentes nacionales de su partido habrían estado recibiendo jugosos sobresueldos o jugosas comisiones de las empresas de obras públicas.
Estas dos semanas desde que aparecieron los mensajes de Rajoy a Bárcenas, más los días que faltan para que Rajoy acabe por dar una explicación plausible de lo que está ocurriendo, van a servir para que el tema llegue a tal deterioro que ya en este momento se está dando por supuesto que Rajoy con este Gobierno no podrá resistir y tendrá que plantear un recambio con otros dirigentes no contaminados por este sistema.
Ahora Rajoy amenaza que en su comparecencia quiere hablar de “toda” la corrupción y van a salir en el Congreso Los ERES o el caso Palau… Pero ¿Cuál es la razón por la había estado callado también todo este tiempo? Nos tendrá que explicar porque hasta ahora no ha llevado al Congreso estos escándalos mucho más graves que los de su partido. Los españoles deseamos que queden al descubierto todos estos comportamientos, se mande a su casa o a la cárcel a los responsables y se empiece a hablar de regeneración o cambiar el sistema y extirpar del mismo aquellas instituciones que han generado tantas células cancerosas que son la causa de nuestro actual estado catatónico.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dTBq_VXxpJk#t=11s

lunes, 22 de julio de 2013

El saqueo de Andalucia 59 - La declaración del Interventor y el relevo de Griñán



¿Recuerdan al ex interventor Manuel Gómez Martínez, que había avisado por más de quince ocasiones a la Junta sobre la improcedencia de la constitución de los fondos de reptiles?  Esta citado por la juez Alaya. Su declaración en los próximos días será clave para la situación procesal de muchos de los imputados y especialmente decisiva en el caso de algunos ex consejeros y del propio José Antonio Griñán el cual no le hizo ningún caso en sus recomendaciones y siguió adelante inyectando dinero en el llamado “fondo de reptiles” creado desde la consejería que entonces dirigía la insigne Magdalena Álvarez.
De momento, la Junta ha pedido el aplazamiento de su declaración prevista para el próximo día 25 de julio, haciendo retrasar la instrucción del caso, retraso que ha criticado en numerosas ocasiones y que dio origen a la amonestación pública y sin precedentes de la juez por el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, tras reunirse con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera.
En un auto dictado este mismo lunes, la juez Alaya asevera que el hecho de que la Junta haya recurrido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial y no ante la propia juez, lo que "posibilitaría una explicación razonada por esta proveyente", es una posición "más propia de una defensa que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta".
Y no sólo mantiene la juez la declaración del ex interventor, sino que decide efectuar nuevos señalamientos y cita a declarar como imputados al actual viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano Peña, y al también ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, que comparecerán ante la juez los días 17 y 19 de septiembre, respectivamente, así como al ex parlamentario socialista Ramón Díaz, que lo hará el día 9 de octubre.
Tocado por el caso ERE, y ante la inminencia de la declaración  de Manuel Gómez Martínez, Griñán anunció que no se volvería a presentar como candidato a la Junta, designando a Susana Díaz como sucesora. Este y no otro es el motivo del sorprendente anuncio de renuncia de Griñán al frente de la Junta y se apresuraron a convocar unas primarias con una única candidata a mano que sea válida para sus intereses. Tocado por el caso ERE, José Antonio Griñán anunció que no se volvería a presentar como candidato a la Junta, designando a Susana Díaz como sucesora. Ahora todo depende de lo que tarde la juez en llegar a la conclusión de que el tema de los ERES solo podría haber sido posible bajo la batuta de José Antonio Griñán.
Preparada y lista. Falta el ya, pero no está en su mano... Susana Díaz se encuentra disponible para suceder a José Antonio Griñán al frente de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Todo lo más tardar este otoño. En cualquier momento, mucho más temprano que tarde, Griñán hará crisis de Gobierno en el Palacio de San Telmo, dejará el cargo y Díaz asumirá todo el poder institucional.
El primer paso no tardará tiempo en cumplirse. Será esta misma semana cuando la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía se confirme como candidata a las próximas elecciones autonómicas por el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, tras el visto bueno de ayer de la Comisión de Garantías Electorales y del Comité Regional de este lunes. Mientras tanto, la consejera de Presidencia e Igualdad, y ya candidata nominada del PSOE andaluz a unas presuntas elecciones anticipadas, Susana Díaz, ha pedido que "finalice la instrucción" para que, "cuanto antes", los que "se han aprovechado de lo público lo paguen". Y añadió, en declaraciones a la Ser, añadió: "Ya vamos tarde".
 

El cuento de la lechera 2.0



La nefasta gestión económica del gobierno de Artur Mas ha dado lugar a este disparate. A finales de diciembre pasado de la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona en contra de las bases del concurso que daba a a Agbar como ganadora del mismo, para los próximos 50 años a cambio de unos 1.000 millones de euros en contra la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que anuló la adjudicación realizada a finales de diciembre pasado de la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona para los próximos 50 años a cambio de unos 1.000 millones de euros.
El pasado 2 de enero, el OARCC dictaminó, a instancias de Agbar -la otra empresa en disputa por hacerse con la concesión-, que Acciona debió ser excluida del concurso de la Generalidad por incumplir los requisitos técnicos establecidos.
El importe de esta fianza había servido para que la Generalitat no tuviera que hacer una nueva petición de dinero al Gobierno de España y asi atender los últimos pagos de 2012 y especialmente la paga extra de los funcionarios.
En marzo ya  el TSJC avaló la decisión del OARCC, dando por buenos todos su argumentos y dejando sin efecto la adjudicación por la que Acciona ya había adelantado 298,65 millones de euros al Gobierno autonómico. Y ahora, el tribunal autonómico ha vuelto a confirmar esa decisión. Ahora la Generalitat debe devolver esta fianza y ahora no hay dinero ni presupuesto alguno al que echar mano.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha  desestimado los recursos de la Generalidad y de Acciona apelando a la normativa comunitaria, que ‘vela por evitar que se mantenga por la vía de los hechos consumados una decisión durante el tiempo que se tramita un litigio en perjuicio de los contratistas injustamente desplazados’. El Gobierno autonómico tedrá que tomar una decisión, o recurrir la decisión al Supremo o no hacer nada y devolver la fianza a sus dueños legítimos algo totalmente imposible. Se verá el próximo martes, en su reunión ordinaria semanal.

domingo, 21 de julio de 2013

El desencanto

Somos millones los ciudadanos españoles que le dimos la mayoría absoluta a Mariano Rajoy para que nos sacara del desastre e incompetencia de Rodríguez Zapatero, que estos días nos sentimos abochornados en su condición de tales. El malestar es tan profundo, la furia de la protesta tan alta, la falta de horizonte tan evidente, que vuelve a oírse por las esquinas la vieja imprecación patria rayana en el desvalimiento del ¡Este país no tiene remedio!. La sensación es que quienes pasaron a dirigir el país no entendieron nada ni tomaron nota del encargo de regenerar el país que les dieron los ciudadanos al otorgarles la mayoría absoluta.
 
Tras años sentado sobre un barril de pólvora apellidado Bárcenas sin que hiciera nada por desactivar la espoleta, la bomba ha terminado por estallarle bajo las posaderas provocando una crisis política de dimensión desconocida, quizá solo comparable a la que acompañó a Felipe González con el “caso GAL”.
Lo que ha disparado la indignación de los ciudadanos sin color político, es esta resistencia de Mariano y compañía a explicar los sobresueldos que presuntamente estarían estado cobrando la cúpula  del PP y sobre todo lo que está pasando con las cuentas de su partido con los manejos declarados por quien ha estado veinte años y que hasta marzo pasado ha estado en nómina como tesorero y mantiene más de cincuenta millones en Suiza que no se sabe donde han venido pero que todos lo sospechamos. El hecho de que el juez Pablo Ruz haya pedido a la fiscalía que le informe si deber citar al presidente, a la número dos del PP, Cospedal, y al exministro Rodrigo Rato es una prueba más de esa soga en torno al cuello que cada vez aprieta más al líder de los populares. En esa tesitura, esta es la situación aproximada en la que se encuentra el centroderecha.  
Encima a Rajoy no se ocurre otra cosa esta semana que retratarse en Moncloa con algunos de los empresarios del IBEX 35 que han estado financiando ilegalmente a los partidos (y también a la oposición) creando un estado de indignación de quienes pueden pensar con toda clase argumentos, que quien calla otorga.  

viernes, 19 de julio de 2013

Justicia… (?) para VIPs


A cada sentencia los altos tribunales de este país están poniendo más difícil para que algún juez con voluntad justiciera pueda llegar a condenar a un político o banquero que haya sido participe del mayor latrocinio cometido en el último siglo. Mal final le veo a la juez Alaya que sigue empeñada en descubrir lo de los EREs con los palos en la ruedas, que la Junta no para de ponerle, o a al juez Ruz con su caso Gürtel y los millones de Bárcenas y los manejos del PP, o al juez Castro investigando a  Urdangarín, la Infanta, la Corona y Hacienda a la par, moviendo sus hilos para decidir quién va o no va a su juicio y dispuestos a cambiar cualquier norma que pueda perjudicar a cualquier político banquero o VIP de la casta. Estamos ante “el hoy por ti, mañana por mi”… ¿Verdad?
 Ahora ha sido José Blanco (Pepiño para los amigos) quien ha conseguido salirse con la suya y después de que ya el instructor del Supremo recortara aquellos cargos que podían llevarle a la cárcel. Atrás se quedaron las acusaciones de la UDEF, las acusaciones del Sr. Dorribo por la entrega de 200.000 en la gasolinera, lo del negocio de la medicinas caducadas en Andorra, la construcción del chalé y el regalo de la mitad por su amigo el de las naves…
Ahora el Tribunal Supremo ha archivado por la única imputación que quedaba en la causa, esta por tráfico de influencias, eso sí, en contra del criterio del juez instructor y el fiscal encargado del caso, la UDEF y los contribuyentes que estamos asistiendo alucinados a esta poda generalizada. Parece que los poderes ocultos han tenido que emplearse a fondo para salvar al personaje, que ahora ya está predicando sobre la presunción… ¿de qué? Así Rubalcaba ya puede poner las manos en el fuego por Pepiño, aunque creo que nadie mas del partido a estas alturas quiera ponerlas por él.
Aunque Blanco y sus compañeros de partido intenten convertir el auto de archivo del Supremo en el aval de su inocencia, en realidad la decisión de Supremo que decreta el archivo de la causa que no cuestiona siquiera los hechos por los cuales fue imputado no es más que otro apaño para salvar a otro de los privilegiados que por el hecho de ocupar un escaño tiene un derecho de pernada, llamado inmunidad parlamentaria, gracias a las leyes que en su momento auto-aprobaron, para impedir que la justicia de verdad, la del resto de españoles, les llegue siquiera a rozar.

Además tenemos el Tribunal Constitucional que ni es un tribunal ni es constitucional, pues sus decisiones poco tienen que ver con el análisis jurídico de nuestra Carga Magna. y al actuar en ocasiones como tribunal de casación por encima del TS hace que varios de sus disparates jurídicos sean actualmente la base de nuestra inseguridad jurídica.

Ahora
los españoles sienten atinadamente que uno de los principales problemas del país aparte de la economía y el paro son sus propios gobernantes que hace tiempo "han sustituido inmunidad por la de impunidad". Mientras puedan colocar a sus lacayos en las altas esferas de la justicia esto parece imposible. A ver quién es capaz de ponerle remedio a esta situación.

El saqueo de Andalucia 58 - La heredera del cortijo

 
Andalucía va a quedarse sin Griñán. Dice que se va (aunque sin irse, como en el corrido mexicano; que se irá… ¡en el 2016!) porque, dice, hay que entregar el gobierno de la nave a nuevos pilotos. Abandona, pues, Porque es probable que en Europa, tomen la noticia con tibieza; pero en el Sur ya se sienten huérfanos, aunque queden más de mil días para su marcha. Estas renuncias desprendidas y filantrópicas, acompañadas de propósitos de regeneración democrática, como el de la limitación de mandatos, o como el de "las bases elegirán al candidato", etc.,  palabras… palabras… Todas ellas para disimular la realidad. La juez Alaya esta apretando. Es lo que se llama hacer de la necesidad virtud.
Al pobre alcalde de Jun  que tanto se lo había currado, le escamotearon sus avales, como a algún otro más  con ideas, porque no había ninguna garantía de respetara la ley del silencio, ya se han quedado por el camino, compuestos y a su casa, sin poder medir sus fuerzas con la heredera en las primarias prometidas.
Las fuerzas vivas andaluzas, que tienen pánico al vacío, ya están pensando en el sucesor. Como las ranas de la fábula están pidiendo a gritos un rey para la charca, porque esto, Andalucía, es una charca pútrida. El tarugo (trozo de madera grueso y corto), con perdón, que les mandará Zeus será, según fuentes socialistas, Susana Díaz Pacheco, Susanita en los ambientes sureños.
Susanita es licenciada en Derecho y diplomada en Alta Dirección de Instituciones Sociales, Fundación San Telmo. Ha sido concejala del Ayuntamiento de Sevilla (1999-2003); teniente de alcalde de Recursos Humanos y del distrito Triana de los Remedios (2003-2004); secretaria regional de Movimientos Sociales del PSOE de Andalucía; secretaria regional de Organización de las Juventudes Socialistas de Andalucía; secretaria general de la Agrupación Socialista de Triana-Los Remedios; secretaria de Organización del PSOE de Sevilla; miembro del Comité Federal del PSOE; secretaria de Organización del PSOE de Andalucía desde marzo 2010. En la actualidad es consejera de Presidencia e Igualdad (igual da, se pronuncia ahí), y, de facto, vicepresidenta primera del Gobierno andaluz, por delante del vicepresidente de iure Diego Valderas. O sea una joya.
Esta mujer no deja indiferente a nadie. Nació para mandar y lo hace desde que entró en las Juventudes Socialistas de Andalucía, donde fue secretaria de Organización. Las Juventudes Socialistas de Andalucía no son comparables a otras. Es una organización compacta, grande, con implantación territorial y con mando en una comunidad donde sus mayores llevan gobernando 31 años.
Como puede verse, es el típico fruto del vientre partitocrático. Es decir, fuera del partido ni siquiera ha trabajado un solo dia de su vida y no conoce ni un solo día de cotización a la Seguridad Social. Como el provinciano del poema de Machado, no es una fruta madura ni podrida –por ahora–, sino una fruta vana. Vana y vanidosa, pues le faltó tiempo para exhibir su foto, entre las de las glorias andaluzas, en el Museo de la Autonomía Andaluza, dependiente de su consejería. Y, como suele ocurrir con los vanidosos que no tienen motivo para serlo, un poco zote. Vean, si no, cómo maneja la estúpida jerga sociofeminista; en el programa Herrera en la Onda dijo que los socialistas habían elegido "a los mejores y a las mejoras candidatos y candidatas" para las elecciones. Y, siendo vanidosa y zote, no es extraño que quienes la conocen afirmen que es ambiciosa, correosa y que ejerce su autoridad despóticamente; pues tales atributos suelen ir parejos.

jueves, 18 de julio de 2013

Las conclusiones del "caso Palau"



El juez Josep Maria Pijuán que instruye el "caso Palau" ha llegado a la conclusión que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se lucró con casi cinco millones de euros del expolio al Palau de la Música con comisiones de la constructora Ferrovial, a cambio de "adjudicaciones de obra pública" por parte de "la Generalidad" en un en un auto en el que ratifica la acusación contra los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull que servían como testaferros para la financiación del partido.
 
Los pagos de la constructora a CDC se hacían de tres formas distintas que suman casi 5,2 millones de euros: entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación falsa por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante la apariencia de convenios de colaboración por la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música con la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), vinculada al partido.
Ferrovial presuntamente abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante a Millet y Montull por su intermediación --se lo repartían con el 80 y 20% respectivamente--; también Camps recibió remuneración al menos en una ocasión, en marzo de 2003.
Los pagos que presuntamente recibió CDC de Ferrovial al menos desde 1999 se camuflaban como donaciones de esta empresa para patrocinar la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, pero en realidad eran pagos de comisiones por obra pública adjudicada por la Generalidad y otras entidades públicas. En estas operaciones intervinieron presuntamente por parte del partido presidido por Artur Mas su tesorero hasta 2005, Carles Torrent -ya fallecido-, su sucesor Daniel Osácar, y el destacado militante y diputado Jaume Camps, también imputado. Ahora mismo el CDC tiene su sede embargada por esta causa.
Ante esta situación irrefutable ha salido a la palestra el portavoz del CDC, Francesc Homs con su limitada inteligencia, ha asegurado que "en la resolución del juez no hay ningún hecho probado y el perjudicado, que es el Palau, no dice lo mismo". En un comunicado, CDC ha seguido descalificando los indicios y ha asegurado que "no tienen una base sólida" y que es "una reiteración de las conclusiones del fiscal".  Asegura dentro que esta resolución no aporta nada que indique que el CDC es culpable de financiar de manera ilegal, hechos que a estas alturas está ya más que demostrado que está siendo  el procedimiento para poder contratar con la administración catalana. A cambio de estas comisiones, Ferrovial obtuvo las obras de la línea 9 de metro que con mal diseño y construcción hundió todo en barrio del Carmel, desastre que después de tantos años la zona no se ha recuperado.
Al mismo tiempo un informe del Tribunal de Cuentas indica que  Convergencia Democrática de Cataluña –CDC-, el partido dirigido por Artur Mas, recibió en 2008 1,18 millones de euros de sus dos fundaciones por trabajos que nunca se llegaron a realizar. La operativa consistió en que las empresas donaban dinero a las fundacionesuna de ellas la Fundación Trias Fargas y éstas lo transferían al partido. Lo mismo sucedió con el otro socio de la coalición nacionalista,   importe de 754.152 euros, y a la Fundación Fòrum Barcelona, por 426.924 euros, que el Tribunal ve también ligada a esta fuerza política.
El circuito de dinero entre fundaciones y partidos se da también, según el informe, en Unió, el otro socio de CIU. La Fundación INEHCA –Institut d’Estudis Humanistics Miquel Coll y Alentorn- y la Fundación Intercat pagaron, sólo en 2008, 382.500 euros y 339.000 euros, respectivamente, al partido que preside Josep Antoni Durán i Lleida" por servicios de diversa naturaleza", siendo la "documentación insuficiente para acreditar los servicios realmente prestados".
Artur Mas que también tiene su "caso Bárcenas" particular dentro del  partido que preside, según le recordó  ayer en el Parlament, Sánchez Camacho, resulta que es aún más grande en cuanto a cantidades defraudadas, durante tiempo y solo con una empresa investigada,  porque el juez aún no aclara donde han ido a a parar los 11 millones que aún faltan por descubrir y encima este personaje aún se permite darle consejos al PP. Ya tenemos otra vez al maestro Ciruela impartiendo clases de ética.