Dimite Carmen Montón

Carmen Montón. (Foto: EFE)

Carmen Montón ha dimitido como ministra de Sanidad por las irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Apenas tres horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que estaba haciendo un gran trabajo “y lo va a seguir haciendo”. Su situación se ha agravado esta tarde al conocerse que en el trabajo fin de curso de 57 paáginas existían al menos 19 de ellas plagiadas.

El apoyo explícito del presidente se ha producido tras una jornada en la que las peticiones de dimisión de la ministra, incluso en el PSOE, hayan ido en aumento, después de que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) informase de que había detectado cambios en la notas de Montón y que revisaría “asignatura por asignatura” para averiguar cómo se han producido y depurar responsabilidades.

A primera hora de la mañana, en declaraciones a la Ser, Montón consideró “injusto” dimitir porque, sostuvo, no es responsabilidad suya si se alteraron las calificaciones después de finalizar el curso. Aseguró que estaba hablando “en todo momento” con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y con el presidente, quien “quiere que esté fuerte y que dé explicaciones claras”. “Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas”, subrayó.

Pero a medida que pasaban las horas la opinión dentro del PSOE sobre que Montón debería renunciar a su cargo fue en aumento: “El sentimiento en el partido de que debe dimitir es amplio”, aseguraron fuentes socialistas. Al mismo tiempo otras fuerzas políticas -Unidos Podemos, PdCAT, PNV, Ciudadanos- pedían su comparecencia en el Congreso de los Diputados para que aclare las informaciones publicadas por eldiario.es sobre las irregularidades del máster. Y desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, advertía de que si sus explicaciones no satisfacen al Congreso, “sólo le queda el camino de la dimisión”.

Una petición a la que no se ha sumado el PP alegando que debe primar la presunción de inocencia e insistiendo en desligar el caso del máster de la ministra del de Pablo Casado, porque, consideran los populares, hay “diferencias brutales” entre ambos.

Las peticiones de comparecencia de la ministra han hecho que el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, expresase el “apoyo” de la dirección del partido y del Ejecutivo a la ministra quien, había anunciado antes de su dimisión, que comparecerá a petición propia en la Cámara Baja.

Carmen Montón en su etapa de 'consellera' de Sanidad. (EFE)

Carmen Montón ha mamado política desde la cuna. El escándalo de su máster sellado por la Universidad Rey Juan Carlos no ha salpicado a una persona ajena a la jungla de la exposición pública. Pese a su juventud, su aspecto frágil y su discurso educado, Montón es una encajadora curtida en mil batallas desde que comenzó a despuntar en las Juventudes Socialistas, a las que se afilió con apenas 16 años. Su padre, hoy presidente de las casas regionales de Castilla-La Mancha en la Comunidad Valenciana, fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burjassot, uno de los municipios del llamado 'cinturón rojo' del área metropolitana de Valencia, donde familias de clase obrera se instalaron durante los estertores de la dictadura y el principios de la Transición para labrarse un futuro en entorno urbanos en crecimiento y expansión.

En este universo popular de compromiso político-social nació y se crió la ministra de Sanidad saliente. De su padre heredó el virus de la política. De su madre, gobernanta durante años en uno de los hospitales públicos de Valencia, ese gusanillo por el mundo sanitario que la inclinó a estudiar medicina, al igual que sus dos hermanas. Este apunte biográfico es importante para entender por qué su curriculum como gestora pública incluye los cargos de titular de la Conselleria de Sanidad o la cartera ministerial del mismo ramo.

Su compromiso con las políticas socialistas ha ido acompañado de una debilidad en su concepción de la meritocracia que la ha perseguido siempre

Sanidad y política. Con ese cóctel libró sus primeras batallas en el Ayuntamiento de Burjassot, donde, como antes su padre, fue elegida concejal en 1999 con apenas 23 años. Su habilidad para navegar por las aguas de la siempre agitada federación socialista valenciana, su discurso socialdemócrata de libro y sus vínculos con el llamado sector lermista (el expresidente autonómico y senador Joan Lerma fue uno de sus primeros valedores) la elevó a la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Valencia en 2004, el año que José Luis Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno. En la Cámara Baja, Montón pronto consolidó su posición en otras dos banderas de su partido: el feminismo y la igualdad y la defensa de los derechos LGTB. Desde su escaño fue ponente de la ley de matrimonio de personas del mismo sexo y de la ley del aborto, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestión.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá (dcha), acompañada de Carmen Montón. (EFE)

Es poco después de esto, entre finales de 2010 y junio de 2011, cuando Montón decide reforzar su curriculum con el máster en Estudios Interdisciplinarios de Género del polémico Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Las irregularidades en su expediente coinciden con la decisión del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que dirigía Leire Pajín de comenzar a colaborar con la URJC en la financiación de ese máster. Una colaboración que se hizo efectiva en el curso 2011-2012, tal como reveló El Confidencial. Montón se había matriculado el curso anterior en el posgrado con Nuria Valera, entonces directora de comunición de Bibiana Aído en Igualdad, según publicó 'eldiario.es'. De nuevo, sombras sobre posibles contrapartidas en el instituto que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Montón trabajó, paseó y conspiró en las moquetas del Congreso de los Diputados durante tres legislaturas, desde 2004 hasta 2015. Tiempo suficiente para trabar nuevas amistades y buscar nuevos aliados en el PSOE. Fue aquí donde conoció a Pedro Sánchez y también a Alfredo Pérez Rubalcaba, otro de los 'capos' del PSOE que vio potencial político en la exministra. Sus lazos con la dirección federal en Madrid y con las familias del PSPV en Valencia se completan con el matrimonio con Alberto Hernández Campa, hijo de una de las secretarias de confianza del expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Este último vínculo cierra el círculo de la fidelidad del clan manchego de asesores y cargos de confianza que la acompañado en sus responsabilidades de gestión, primero en la 'conselleria' y después en el ministerio.

Con solo 16 años se afilió a las Juventudes Socialistas. Ha mamado la política desde la cuna. Sucedió a su padre como concejal en Burjassot

Ximo Puig decidió apostar por ella cuando los ciudadanos votaron cambio político en la Comunidad Valenciana. Montón asumió su responsabilidad como abanderada del rescate de los hospitales públicos de gestión privada impulsado por el Partido Popular y la recuperación de derechos sanitarios y políticas de bienestar y salud. Resucitó la sanidad gratuita universal aún a costa de enfrentarse con el Gobierno de Mariano Rajoy, que llevó el cambio legal al Tribunal Constitucional, eliminó los copagos farmacéuticos e inició una relación muy tensa con empresas privadas colaboradoras de Sanidad, como Ribera Salud, con la que libró una guerra sin cuartel alentada por ambas partes, o el Institiuto Valenciano de Oncología(IVO). En discurso y coherencia política nadie puede reprochar a Montón haber dado bandazos en sus objetivos. Su apariencia frágil esconde una determinación a prueba de bombas en la consecución de sus objetivos.

Pedro Sánchez (i), César Luena (c), y la entonces secretaria de Igualdad, Carmen Montón. (EFE)

Pero la batalla librada entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por el liderazgo del PSOE estuvo a punto de quebrar su escalada. Pese a ser consejera de Puig se mantuvo fiel a su amistad con el actual presidente del Gobierno cuando tocó tomar partido y elegir lealtades. Pese a la insistencia del 'president' valenciano se negó a estampar la firma en el documento del renuncia como miembro del comité federal con el que los barones trataron de dar un golpe interno y forzar la dimisión de Sánchez en octubre de 2016. La resistencia de su consejera obligó a Puig a tener que retratarse en el documento para poder presentar las firmas necesarias, lo que le supuso un importante desgaste a nivel interno y externo. Nunca se lo perdonó.

Tras ganar Sánchez las primarias, lanzó un candidato contra Ximo Puig (el alcalde de Burjassot Rafa García) en la batalla por la secretaria general del PSPV-PSOE. Montón demostró habilidad en esta segunda guerra, en la que nada tenía que ganar y mucho que perder, y se puso del lado de su presidente. Cuando Puig refrendó su liderazgo territorial tuvo que mantenerla en el Consell: "No la tiraré, pero si se la llevasen me harían un favor", dicen que dijo a los suyos. Para entonces, Montón comenzaba a acusar el desgaste de su gestión en la consejería.

Montón apoyó a Ximo Puig en las últimas primarias a la secretaría general del PSPV-PSOE. (EFE)

Su compromiso con las políticas socialistas, sin embargo, ha estado siempre contaminado por una debilidad que ahora ha estallado en toda su magnitud con el escándalo del máster: su más que dudoso compromiso con la meritocracia. Para Montón los procedimientos de selección de personal, equipos y recursos humanos son un estorbo si impiden situar a quien ella cree que debe ocupar un puesto, casi siempre personas de confianza o de probada lealtad. 

Se estrenó como consejera con una polémica en el nombramiento de la exsenadora del PSC, Mónica Almiñana, como gerente del Hospital Universitario La Fe de Valencia, aunque los juzgados no consideraron ilegal el nombramiento. También fue muy reprochada la designación como director de Gestión Sanitaria del periodista leonés Germán Temprano, sin experiencia sanitaria y con un perfil claro de asesor político y de comunicación. La oposición en la Comunidad Valenciana le atribuye una habilidad casi mítica para "enchufar" en puestos con salario público a personas cercanas a las filas socialistas. El caso más sonado fue su rifirrafe con la vicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra, cuando ésta le reprochó el nombramiento de su marido en Egevesa, una empresa de la Diputación de Valencia presidida por el PSPV-PSOE. Aunque este nombramiento no dependía directamente de Montón, Hernández Campa decidió abandor el puesto para atajar la polémica.

La moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa dio a Montón la oportunidad de abandonar Valencia, regresar a Madrid y dar el salto al Gobierno. Hay quien dice que Montón fue segundo plazo tras recibir el nuevo presidente algún portazo para si cartera sanitaria, pero en cualquier caso lo cierto es que confió en ella para el puesto y le encomendó la tarea de importar al Ejecutivo medidas ya desplegadas en la Generalitat, como la extensión de los derechos sanitarios, el que tendría que ser uno de los ejes estrella del discurso del PSOE. 

Una investigación periodística se ha cruzado en el camino de la ministra, quien sabe para liquidar su prometedora carrera para siempre. El 'mastergate' es un tsunami con antecedentes. Arrasó a Cristina Cifuentes y ahora también a Carmen Montón. Quien sabe si quizás el próximo sea Pablo Casado. Parece que la España que madruga no tolera favores ni mentiras cuando se trata de escalar en el ascensor social.

Másteres de "todo a cien"

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, este lunes en la sede del Ministerio.

Este lunes ha comparecido públicamente la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para dar explicaciones sobre la forma presuntamente irregular en la que obtuvo su máster en Estudios de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011. Presuntamente igual que Cristina Cifuentes o Pablo Casado y probablemente otros muchos políticos en ejercicio que hayan pasado por los apéndices de la esta universidad

También la ministra ha podido beneficiarse de unas facilidades reprochables si se demuestra que obtuvo la titulación a la sombra de su cargo -era diputada y portavoz de Igualdad por el PSOE -, aunque no parece que esto sea suficiente para pedir su dimisión. Especialmente, si analizamos el funcionamiento -cuanto menos laxo- que ha tenido la Universidad española en general, y la Rey Juan Carlos en particular, hasta la implementación definitiva del Plan Bolonia.

En la exposición razonada que la jueza Rodríguez-Medel elevó al Supremo, afirmaba que Enrique Álvarez Conde utilizó el Mastero Oficial en Derecho Autonómico de la URJC "como regalo o prebenda a determinados alumnos que conseguían la titulación sin mérito académico alguno". "Sólo a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con el Sr. A.C (Álvarez Conde) se veían beneficiados de esta prebenda". Una tesis que encaja también con el trato que recibió Montón.

El máster de Montón deja a Sánchez sin estrategia contra Casado salvo que la cese "Si no la cesa, sufrirá el discurso regenerador y no podrá decir ni media palabra contra Pablo Casado. Si la cesa, pondrá de manifiesto que rectificar tanto ya no es de sabios sino de erráticos". Pedro Sánchez está en la encrucijada. Quien así habla, un conocido referente del PSOE, pone voz a lo que muchos en el partido expresan de múltiples formas tras la publicación en eldiario.es de varios artículos que ponen a Carmen Montón.

Nadie de entidad en su partido ni en el Gobierno la apoyó este lunes en público. Su ayuda vino de Casado, que aseguró confiar en sus explicaciones. Crecen las voces en el PSOE que creen que la ministra de Sanidad debe caer por las supuestas irregularidades de su máster para preservar el discurso regenerador y poner a Casado entre la espada y la pared.En el Palacio de la Moncloa se transmitió un mensaje positivo valorando unas "explicaciones claras, amplias y transparentes" sin descartar en ningún momento que Montón siga el camino de Maxim Huerta, ministro de Cultura durante menos de una semana, y sea obligada a dimitir para pagar por su credibilidad dañada para tratar de preservar la del Ejecutivo y la de Pedro Sánchez.

Mismos delitos

Cuando Pedro Sánchez ha dado por buenas las explicaciones de Montón, ha quedado en evidencia la desmesura con la que los socialistas pidieron las cabezas de Cristina Cifuentes -primero- y de Pablo Casado -después-. En el caso de Cifuentes, ella misma terminó de ahorcarse con una versión llena de flagrantes mentiras. Pero eso no es óbice para que algunas campañas mediáticas resulten tan exageradas como los argumentos casi surrealistas con los que una juez obnubilada elevó el caso del líder del PP al Tribunal Supremo.

Si aplicáramos el mismo rasero de la magistrada, en la conducta de la ministra Montón concurrirían los mismos supuestos delitos de "cooperación para la prevaricación" y "cohecho impropio". Pero esto es un disparate que sin duda el Supremo dejará en evidencia. El problema del PSOE es más bien político, porque si la tratara como a Casado tendría ya que haber dejado de ser ministra.

Disparate

Promover la muerte política de los beneficiados por el chiringuito del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos es, cuanto menos, un dislate. Incluso resultan exageradas las peticiones de que Carmen Montón comparezca en el Congreso, impulsadas por Cs y Podemos.

Es bueno que se aireen este tipo de conductas pero, igualmente, conviene valorar la magnitud de la irregularidad. Beneficiarse de un centro universitario que poco menos que regalaba sus títulos es una conducta censurable, pero no estamos ante un escándalo de la gravedad de los GAL, los ERES de Andalucía, el 3% de Artur Mas o la financiación ilegal del PP. 

La ministra se ha hecho un flaco favor a sí misma al intentar diferenciar su caso del de Casado clamando que "no todos somos iguales". Los matices serán distintos, pero la sustancia es la misma. La de un asunto muy poco edificante pero, también, la de un escándalo con mucho más ruido que nueces.

El "master" de pacotilla por el que se pretende destruir a Pablo Casado

El pasado 15 de mayo la juez Carmen Rodríguez-Medel abría una pieza separada sobre el máster -en realidad un Diploma de Estudios Avanzados cuya única función era acceder al doctorado- que Pablo Casado había cursado en el Instituto de Derecho Universidad Rey Juan Carlos, el mismo que cursó unos años más tarde Cristina Cifuentes. 

La exposición razonada detalla que, en el curso académico 2008-2009, "ha quedado indiciariamente acreditado que la manera de otorgar el título de máster al grupo escogido de alumnos se basaba en calificarles sin trabajo ni actividad académica alguna de las cuatro asignaturas (20 créditos) que les restaba tras serle reconocidos los otros 40 gracias a un sistema de reconocimiento de créditos amparado en una interpretación generalizada de la normativa aplicable".

En la causa hay siete imputados: el exrector Fernando Suárez; el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJ), Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico y Alicia López de los Mozos, así como las estudiantes María José Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito. 

El principal es Álvarez Conde, señalado como la persona que indicó a los alumnos la vía para conseguir el título mediante convalidaciones y trabajos. En abril, tras saltar el caso Cifuentes, fue suspendido de sus funciones y posteriormente imputado.desvela que, en la práctica, Álvarez Conde era quien "tenía el dominio" del reconocimiento de créditos y eso le permitió orquestar "un plan preconcebido" para "otorgar el título de máster de manera arbitraria" a un grupo de alumnos usando "siempre una misma técnica: el reconocimiento indiciariamente ilícito de 40 créditos pero con la calificación sin actividad académica alguna de los otros 20 que completaban el máster". Este mismo modus operandi se realizó otros cursos, incluido el de Cristina Cifuentes.

"Hay una única ideación delictiva: regalar el máster a un grupo de alumnos elegidos, que lo aceptan, facilitando los medios para su comisión (pagando la matrícula, solicitando convalidaciones) y se benefician de ello académicamente (recogiendo el título en algunos casos, usándolo en sus cv en otros) a pesar de no haber realizado actividad alguna para ser calificados en los créditos no reconocidos. Estos alumnos actúan con una simultaneidad en sus solicitudes de convalidación, mediante formatos idénticos en algunos casos, y obtienen unos mismos resultados. Todo ello refleja un concierto".

Rodríguez Medel considera que el entonces director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, "venía utilizando" el posgrado cursado por Casado "como regalo o prebenda a determinados alumnos, que conseguían la titulación del máster sin mérito académico alguno", mientras otros estudiantes al mismo tiempo "cursaban el máster oficial con normalidad".

Un caso instruido por la izquierda mediática

Del máster se había empezado a hablar en la prensa unas semanas antes, con la publicación en El País de que el popular había cursado el mismo curso que Cristina Cifuentes y también se habría visto beneficiado por un trato de favor. La investigación se abrió en sólo unas horas, sin recabar más testimonios y sin tiempo para evaluar las presuntas pruebas que supuestamente había aportado el periodista. 

Asi a continuación,  la sexta, la cuatro y otros medios podemitas se sumaron a la campaña y pusieron en marcha su maquina de picar carne pretendiendo reeditar el éxito obtenido con Cifuentes. La izquierda mediática vió un filón en su propósito de destruir al Partido Popular y de paso. cerrar el paso a la política del candidato emergente que si puede ganarle a Pedro Sánchez en las urnas.

La reacción del hoy presidente del PP fue muy diferente a la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: tras la aparición de las primeras informaciones, convocó una rueda de prensa y presentó toda la documentación que obraba en su poder, incluyendo los cuatro trabajos que presentó para aprobar las asignaturas que cursó y la convalidación de las asignaturas.

En este primer desmentido de muchos Pablo Casado ya marcaba lo que ha sido su argumentario posterior, que no ha variado ni un milímetro: siempre ha mantenido que cursó la parte del máster que se le exigía, que realizó los trabajos, que en ningún caso recibió trato de favor y que no se trata de un "máster finalista" sino de un curso para poder realizar un doctorado que, además, luego no realizó. Son argumentos que ha repetido este mismo lunes, prácticamente cuatro meses después.

Una instrucción sorprendente

Mientras algunos medios parecen empeñados en que el caso no deje de ocupar las portadas, la instrucción se ha desarrollado con detalles un tanto sorprendentes. La decisión de la juez se producía sólo unas horas después de que la magistrada tomase declaración a Ignacio Escolar, el director de eldiario.es, el medio que había destapado el caso del máster de Cifuentes. La juez ve prevaricación administrativa y cohecho impropio en el "regalo" del máster de Casado. El propio Escolar presumía en su blog de que la apertura de diligencias se producía "como consecuencia de la información desvelada por eldiario.es y le mi declaración como testigo". 

Por ejemplo, que hace ya mes y medio que la juez pidió al Congreso que certificara la condición de diputado de Casado, pese a lo cual ha seguido instruyendo la causa varias semanas, por lo que algunos están ya sugiriendo que ha prolongado la instrucción de forma indebida, lo que podría suponer un problema grave desde el punto de vista legal. Sin embargo varios dirigentes del PSOE que se habrían beneficiado del sistema, como la actual ministra de sanidad, Carmen Montón quedaban descartadas por la juez.

Además, también ciertos episodios chuscos han jalonado esta instrucción, como la desaparición del Instituto de Derecho Público de la documentación sobre el máster que, llamativamente, poco después aparecía como por arte de magia.

Casado ha regresado varias veces a una idea que apunta una persecución sobre su persona, aunque ha negado esa palabra. "¿Es normal que el Tribunal Supremo reciba un caso de hace 10 años por unas supuestas irregularidades que estarían prescritas y que además no se han producido? Aquí se ha informado en términos capciosos, se ha puesto un foco excesivo. Pero no me importa porque yo siempre doy la cara".

"La gente cree que es un máster de los de ahora, que vale 8.000 euros y que es un título importantísimo. Y no es así. No le costó más de 600 euros y no sirve para nada si no haces el doctorado", insiste. 

El caso llega al Tribunal Supremo justo a principios de agosto, con lo que lo más probable es que los magistrados no tomen una decisión hasta septiembre, prolongando durante otro mes más la vigencia mediática del caso. Y todo mientras, según los expertos, va a ser archivada dicha causa, ya que la versión de Casado podría ser la más ajustada a la verdad.

Pablo Casado que ayer apareció de nuevo enrueda de prensa con los mismos argumentos descarta "dimitir": "Lo que me han hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país".