
Montero, Celaá y Calvino, en una imagen en Moncloa. | EFE
El Gobierno tira la toalla con los PGE al asumir las “altas probabilidades” de prórroga. Pese a los múltiples gestos, los independentistas aseguran que no se sentarán a la mesa, y el Gobierno planea una batería de reales decretos.
"La esperanza es lo último que se pierde", decía este lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en Ferraz consciente de que ése momento ha llegado. Queda un mes para que el Gobierno presente en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado y los independentistas de ERC y PDeCAT se niegan a sentarse a la mesa avanzando un "no clarísimo" a las cuentas públicas. Un panorama tan negro que hasta el principal socio del presidente Pedro Sánchez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que el fracaso de los PGE supondrá un adelanto electoral.
Octubre de 2019 era y sigue siendo la principal quiniela del Ejecutivo habida cuenta de que el debate de totalidad que se podría celebrar a principios de año será con casi total probabilidad un panel de votaciones marcado en rojo. Un rechazo que anticipa el escenario de la prórroga de los anteriores presupuestos, los de Mariano Rajoy, que ya reconoce abiertamente la ministra de Economía, Nadia Calviño: "Seguimos trabajando para armar esos consensos y ese apoyo. Pero si no se hiciese, el sistema prevé la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios".
Un reconocimiento que, al parecer, le ha trasladado la titular de Economía al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovicci, tras su reunión previa al Eurogrupo en Bruselas ante las "altas probabilidades" de que fracasen los presupuestos y se prorroguen los del 2018. Escenario al que restan importancia también en Ferraz. En una extensa rueda de prensa, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y una de las voces más autorizadas del Ejecutivo, quitó hierro a esa prórroga porque "se hace automáticamente, no hace falta hacer ningún acto para ello".
Bajo la nueva consigna gubernamental del "con presupuestos o sin presupuestos" -abriendo la puerta al más que posible rechazo-, Ábalos reconoció que el Gobierno ya trabaja en el ‘plan B’ que consiste en que, una vez constatado el rechazo, el Consejo de Ministros pretende aprobar una batería de reales decretos ley para aprobar las medidas de su agenda social que incluyen las cuentas públicas. "Vamos a intentar que el salario mínimo aumente que las pensiones se revaloricen... etc,etc. Es decir, la agenda social la intentaremos hacer con Presupuesto o sin Presupuesto".
El baño de realidad
El reconocimiento de esta nueva situación, pese a que el PSOE se aferra a "esperar nuevos acontecimientos", implica el ‘acuse de recibo’ de los independentistas de ERC y PDeCAT que incluso se niegan a sentarse a la mesa de la negociación y anticipa un "no clarísimo" a los PGE. Pese a los constantes gestos al bloque catalán, el Gobierno reconoce ya haber maniobrado desde la Abogacía del Estado para descartar el delito de rebelión en los escritos de calificación del pasado viernes.
El argumento gubernamental empleado hasta el momento fue el del pasado viernes en Moncloa por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en relación a que la Abogacía actuaba con criterios "exclusivamente técnicos y jurídicos". Este lunes el ministro de Fomento convirtió en papel mojado ése argumento reconociendo el más que evidente papel del Ejecutivo.
"El Gobierno siempre usa a la Abogacía del Estado. ¿Qué vamos a hacer si no? Si la tenemos para eso", justificó el número tres del PSOE diciendo que "forma parte de la Administración del Estado como los gabinetes de comunicación". Pero añadió que "no hay injerencia ni hay cómo decirle a la Abogado del Estado que te firme un informe que no sea ajustado a derecho", tal y como este lunes publicó el diario EL MUNDO.
Un giro en el discurso del Gobierno que también se produjo en torno a las palabras del presidente, Pedro Sánchez, en torno al delito de rebelión. El argumento que provocaba la risa el pasado viernes en Moncloa tras asegurar Carmen Calvo que cuando Sánchez hizo estas declaraciones en el mes de mayo "no era presidente del Gobierno" también fue desestimado por el ministro de Fomento cuando, a su manera, rectificó a la vicepresidenta: "el presidente del Gobierno y el secretario general son la misma persona", dijo con una sonrisa.
Desembarco del Gobierno en Cataluña
Una estrategia a la que también se va a sumar el Gobierno. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los planes de Moncloa, Pedro Sánchez ha dado orden a sus ministros de que desembarquen en Cataluña para explicar qué pierden los catalanes si no hay Presupuestos.
Insistirán en que las cuentas de 2019, en caso de ser apoyadas por PDeCAT y ERC, suponen unos ingresos añadidos de unos 2.000 millones de euros para Cataluña, a través de las dos décimas adicionales de déficit que el Gobierno propone para las comunidades autónomas, las entregas a cuenta y la devolución del IVA correspondiente.
Destacarán también que la aprobación de los Presupuestos beneficiará a 300.000 personas en Cataluña que verán aumentar sus pensiones mínimas, a 1,3 millones de pensionistas por la reversión del copago sanitario, a más de 20.000 personas de entre 52 y 55 años mediante las ayudas al subsidio de desempleo y a 36.000 catalanes que disfrutarán de los nuevos permisos de paternidad.













