El saqueo de Andalucía 184 - Las reiteradas bajas laborales de la Juez Bolaños

La juez Núñez Bolaños | Cordon Press

La juez Bolaños se vuelve a dar de baja y complica la instrucción de macrocasos socialistas.

Debido a su ausencia, su juez de refuerzo tuvo que tomar declaración a 11 personas en dos piezas separadas de los ERE y en la de Santana Motor.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez María Núñez Bolaños, está de baja de nuevo. Ya lo estuvo en junio de 2018. Ahora, ha vuelto a presentar su baja nada más terminar el período inhábil de los juzgados que es el mes de agosto. De este modo, casi concatena su baja del servicio entre el 18 de junio y el 17 de julio de este año, las vacaciones y desde este martes, una nueva baja, desconociéndose otra vez sus motivos.

Se ha conocido la circunstancia porque, expone Europa Press, la magistrada debería haber estado presente este martes en una sesión de instrucción con las partes personadas en una pieza separada de la macrocausa de los ERE referente a las ayudas concedidas a la empresa Linares Motor, pero al haber presentado su baja, sin que hayan transcendido las causas exactas de la misma, su responsabilidad lo ha desempeñado el magistrado José Ignacio Vilaplana.

El Mundo añade que, debido a la ausencia de la juez, su juez de refuerzo tuvo que tomar declaración inesperadamente a 11 personas en dos piezas separadas de los ERE y en la de Santana Motor en una jornada maratoniana en el juzgado.

Como el pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que, en principio, ante una baja como esta no se nombrará sustituto y la titularidad del juzgado lo asume el juez de refuerzo.

Inevitablemente hay que recordar que un día después de darse de baja el pasado mes de junio de este año, loe seis fiscales anticorrupción de Sevilla alzaron una queja sobre el comportamiento de la juez al Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que, a su vez, elevó la denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE así como en el caso Avales y en el caso IDEA.

El Ministerio Público ha considerado que la juez podría haber incurrido en una falta grave o muy grave ya que "la situación procesal de estas causas se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

"La Fiscalía Anticorrupción considera que por este motivo está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos", expone en un comunicado.

De otro lado, cabe apuntar que varios magistrados de la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla expresaron el pasado 5 de julio su "apoyo y afecto", a la juez Núñez, tras esta denuncia presentada por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ.

La magistrada, que sustituyó en el Juzgado número 6 a Mercedes Alaya en 2015, está a cargo de la investigación sobre los ERE presuntamente irregulares, que ha estructurado en más de una docena de piezas separadas, pero asume asimismo otras causas de corrupción como las mencionadas Avales e IDEA.

Tampoco puede olvidarse que se está a la espera de la sentencia de la sala de la Audiencia de Sevilla que enjuició desde diciembre de 2017 a diciembre de 2018 a los 21 procesados por la pieza política de los ERE, centrada en el procedimiento utilizado para conceder irregularmente, según las acusaciones, ayudas sociolaborales. Entre ellos, fueron enjuiciados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto al núcleo rector de la Junta durante más de 10 años.

Pujol Corporation 77 - Nuevos fondos escondidos en Suiza

Jordi Pujol Ferrusola, en una imagen de archivo

Las autoridades de Suiza han comunicado a la Audiencia Nacional que Jordi Pujol Ferrusola ocultó en el país helvético un fondo de inversión con casi 18 millones de euros, de los cuales habría transferido como mínimo ocho a Luxemburgo, según ha avanzado este martes El Mundo y El Confidencial.

La información, según el diario, se ha obtenido de la comisión rogatoria del juez José de la Mata en Suiza, que relaciona a Pujol Ferrusola con un depósito que llegó a sumar 17.935.861,97 euros. Se trata del valor que teóricamente alcanzó las inversiones familiares en un fondo denominado “Selecta” y en el que figura también el empresario Carlos Tusquets Trias de Bes.

La Policía Judicial y el juez De la Mata consideran, tras analizar la documentación remitida por Suiza, que "no cabe duda alguna respecto al dominio total de la operativa bancaria por parte de Pujol Ferrusola en colaboración con Tusquets Trias de Bes, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos inyectados en las cuentas objeto de análisis".

Según el instructor del caso Pujol, “la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas”.

El Mundo subraya que el juez De la Mata también descubrió una “fortuna oculta” de la familia en Andorra, a nombre del empresario Francesc Robert Ribes, con un importe no cuantificado, aunque Hacienda lo eleva a nueve millones de euros. Pujol Ferrusola alega que estos fondos no son nuevos y que el dinero movido por Ribes no les pertenece. No obstante, la Fiscalía mantiene que estos son un “dinero diferente de los que se conocían hasta ahora”. De la Mata señala al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, como gestor de estos fondos, que habría utilizado Suiza y otras jurisdicciones para “blanquear capitales obtenidos ilícitamente”.

La investigación del caso Pujol termina el próximo mes de septiembre y Anticorrupción prepara ya su escrito de acusación contra la familia por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción incorporando estas nuevas operaciones al tiempo que afronta el flanco más endeble de las pesquisas: la conexión de este dinero con los contratos públicos de la Generalitat de los que sostiene que procedían las comisiones que cobró el clan.

La UDEF cuantifica el saqueo: 290 millones de euros para el clan

Un informe de la UDEF dice que actuaron durante décadas "como una mafia"

Oriol Pujol (i), Jordi Pujol (c) y Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)

La UDEF ha puesto cifra al saqueo perpetrado por los Pujol a través de su clan familiar. En un informe entregado recientemente al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Policía cifra en 290 millones de euros "los ingresos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en provecho del núcleo familiar". El extenso análisis, en el que se repasan todos los tentáculos de la red, indica que podrían haber acumulado cantidades superiores a esta cifra, dado que los agentes avisan de que hay jurisdicciones internacionales donde se han depositado "cantidades millonarias" que no han respondido a las peticiones de cooperación judicial.

Aparece otra presunta fortuna en Suiza

El informe especifica que la exhaustiva revisión de hechos que arrancaron en 1990 se ha centrado en la figura del primogénito del 'expresident', Jordi Pujol Ferrusola. En todas "las acciones criminales" analizadas "hay una voluntad implícita de acciones planificadas" que comparten, pese a la gestión del mayor de los hermanos, todos los miembros de la familia.

La UDEF dice que actuaron durante décadas como una mafia. "La estructura tipo 'familiar' de un grupo organizado no es una novedad, en cualquier caso, teniendo sus propias normas internas, división de roles y actividades ilícitas dentro de su peculiar estructura", dice. La mejor definición es la del comportamiento característico de la delincuencia organizada, agrega.

En el informe se recogen todos los ingresos detectados en todas las posiciones financieras conocidas en diversas jurisdicciones del mundo. Así, se incluyen tanto las facturaciones en España, a través de sociedades instrumentales que se han considerado espurias, como otros ingresos que la investigación ha podido atribuir a Pujol Ferrusola —como todos aquellos conexos con el grupo Brandtridge—.

El cálculo engloba así todos los haberes detectados, con proveniencia desconocida, intentando en la medida que se ha podido descartar aquellos que son reintegros de inversiones financieras o productivas en sectores, teniendo en cuenta que el investigado, en su mayor parte, "no ha aportado explicaciones singulares". Además, las operativas incluidas en el análisis también son aquellas orquestadas a través de inversiones en proyectos, cuyo resultado se ha asimilado a la percepción de comisiones ilícitas.

Un informe de la UDEF dice que actuaron durante décadas "como una mafia"

"El ejemplo paradigmático es lo ocurrido con el predio mexicano Mar Azul, proyecto que se consideró que Pujol Jr participó a la par con los responsables del grupo Isolux Corsán, para en provecho particular obtener unos réditos injustificados, en perjuicio del grupo societario después concursado. Otra operativa que se ha asimilado, cuyo devenir fue distinto a la anterior, es la relacionada con Puerto del Rosario. En este caso, a tenor de lo expuesto, se adicionan las cantidades inyectadas a través de Suiza, que merced a los cálculos contables dirimidos y otros datos concomitantes se estima fehacientemente ocurrieron, y posibilitaron la venta en el año 2011 a terceros", indica el informe.

Las redes del grupo no se detuvieron en el marco más íntimo y "se han extendido a múltiples personas en derredor", en su mayor parte de una u otra forma unidas por lazos familiares directos o por afinidad, como son las parejas respectivas de los hijos, dice. Gran parte del botín se basa en prestaciones de servicios falsos. Jordi Pujol Jr "se arrogaba la capacidad de asesorar en múltiples campos del conocimiento empresarial, en algunos casos cayendo en lo absurdo", menciona el informe.

Hasta llegar a Convergència

La UDEF agrega que, durante todos estos años, "lo cierto es que no han aportado valor añadido alguno a la economía real, no han contribuido a ninguna actividad productiva con efectos positivos en la ciudadanía". También destaca que la actuación de la organización alcanzó a Convergència hasta su médula. Pujol Ferrusola, desde su papel esencial en el desarrollo del sistema, propulsó que sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieran para financiar campañas electorales de CDC.

"En gran parte, finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos. Pujol Ferrusola ha jugado un papel relevante en esa transformación del partido político CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas", agrega. De hecho, el papel del hijo mayor era el de "tesorero" en la sombra. Potenció la concesión de préstamos al partido por el astronómico importe total de 2.203.036 euros. Otros, empresarios donantes de comisiones irregulares, se ocuparon de pagar gran parte de la deuda.

Así, Jr era "el recaudador", pero —indica el informe— quien parte y reparte se queda la mejor parte. "En el caso de que su actuación fuera así, y también de forma similar a otros casos de corrupción con desarrollo similar en España, el recaudador se quedaría para sí una parte importante de los caudales colectados", asegura.

Pujol Corporation 74 - El legado del avi Florenci, una investigación a fuego lento

Jordi Pujol y su esposaa, Marta Ferrusola, en compañía de su abogado defensor, Cristobal Martell, tras declarar el 10 de febrero del 2016 en la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional está pendiente de recibir todavía el resultado de comisiones rogatorias en el extranjero

A fuego lento. Así se cuece la investigación judicial abierta a la familia de Jordi Pujol Soley tras su confesión el 25 de julio del 2014 de la fortuna que había mantenido oculta en Andorra. El terremoto político que se inició a las 18.09 horas de ese día, cuando a los medios de comunicación llegó un sorprendente e inesperado comunicado del exmandatario haciendo mención a la ‘deixa’ (legado) de su padre, Florenci Pujol i Brugat, continuó con la apertura de una ámplia causa judicial para aclarar si, realmente, ese dinero provenía de esa herencia o de negocios sospechosos de la familia.

Las comisiones rogatorias al extranjero reclamando información han relentizado las pesquisas. Según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, se podría estar entrado en el tramo final de ese complejo caso. Otra cuestión será qué miembros de la familia del ‘expresident’ (todos están imputados) se sentarán en el banquillo. Solo ha pisado la cárcel por este proceso el primogénito del 'expresident' , Jordi Pujol Ferrusola, que salió en libertad en diciembre del 2017, después de ocho meses entre rejas y tras pagar una fianza de 500.000 euros. Otro de los hijos del exmandatario, Oriol Pujol también ha estado en prisión, pero por otro problema con la justicia: el ‘caso ITV’ de cobro de comisiones ilegales.

Primero un juzgado de Barcelona y después la Audiencia Nacional se pusieron manos a la obra para intentar averiguar de dónde provenía ese patrimonio millonario (unos 70,4 millones de euros de movimiento entre 1990 y el 2014 en Andorra, según la policía). Fuentes conocedoras de esta investigación aseguran que todavía deben completarse una serie de comisiones rogatorias enviadas a Linchestein, Malta, Francia o Suiza para recabar datos. El juez José de la Mata ha requerido, además, a la Agencia Tributaria más informes. 

La defensa de la familia Pujol, por su parte, sigue pidiendo el desbloqueo de cuentas bancarias para poder pagar gastos ordinarios, según fuentes conocedoras del contenido de los miles de folios que componen las diligencias judiciales. Es decir, poco se está avanzado, aunque la Fiscalía Anticorrupción esté decida a dar un impulso a las pesquisas. 

La maquinaria de Hacienda

Precisamente, la última noticia sobre este asunto data del mes pasado. Hacienda aportó un dictamen en el que se incrementa la base imponible atribuible a Jordi Pujol Ferrusola, con 500.000 euros en el ejercicio del 2008, y otros 2,2 millones, en el año siguiente. El primero está prescrito, por lo que, de entrada, solo deberá responder penalmente de esta cantidad. La conclusión de los investigadores es que la “operativa declarada” por el primogénito carece de sentido y racionalidad económica, “no existiendo además constatación objetiva” alguna que la sostenga. Con el objetivo de justificar que ingresos en efectivo en su cuenta en Andorra se trasfirieran inmediatamente a México, la defensa alegó que a Pujol júnior se le había concedido unos prestamos para que remitiera divisas a ese país. Para los investigadores, estos préstamos no existieron y solo tiene como finalidad de “otorgar una justificación a los capitales puestos de manifiesto en Andorra”.

A Jordi Pujol Ferrusola se le imputa falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal. En su auto de prisión, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le consideró la persona que “coordinó durante años la gestión de un importante patrimonio económicos, de procedencia no determinada, en Andorra y probablemente en otras jurisdicciones, asignándolo a toda clase de inversiones”, siempre “en beneficio de la familia”.

Relato bajo sospecha

En esta trama están implicados todos los miembros de la familia, empezando por el mismo 'expresident' de la Generalitat y su mujer, Marta Ferrusola, además de sus siete hijos. Todos ellos han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional. En el auto por el que se citaba al matrimonio Pujol, el magistrado quitó cualquier atisbo de verosimilitud a la confesión del exmandatario ese julio del 2014. Ese comunicado, detallaba la resolución del togado, “es un mero relato sin contenido determinante” alguno. El juez recordaba que Pujol no había aportado documentos que acrediten que esos fondos ocultos en Andorra eran de su padre. Lo que sí hicieron los abogados del ‘expresident’ fue regularizar ante Hacienda la situación, de manera que únicamente se le pudiera atribuir una irregularidad fiscal, pero no un delito. Pero, por ahora, la familia sigue encausada.

Los investigadores nunca se han creído la explicación oficial expuesta por el patriarca en el comunicado remitido a la prensa y defendida después por los miembros de la familia que han declarado ante el juez. “Mi padre Florenci Pujol i Brugat dispuso como última voluntad específica que un dinero ubicado en el extranjero, rendimiento de una actividad económica de la cual ya se ha escrito y comentado, y que no se encontraba regularizado en el momento de su muerte en septiembre de 1980, fuese destinado a mis siete hijos y a mi esposa”, rezaba el escrito. A partir de ahí, empezó el calvario del hasta entonces todo poderoso y venerado Pujol, que ocupó la presidencia de la Generalitat durante 23 años (1980 al 2003). El 'tsunami' arrastró a toda su familia.

Han pasado cinco años desde que Jordi Pujol confesara tener oculta una fortuna en el extranjero. Cuatro millones de euros, que tras ser regularizados años después, evitaron que al expresidente catalán se le pudiera atribuir un delito a pesar de haber cometido una grave irregularidad con la Agencia Tributaria ¿Es el clan Pujol inmune ante la justicia?

https://youtu.be/Th-YJXQo7iw

Pujol Corporation 72 - El fiscal solicita el ingreso inmediato en la cárcel de Oriol Pujol

Oriol Pujol entra en la Ciutat de la Justícia el pasado 14 de julio. 

Al hijo de Jordi Pujol se le impuso dos años y medio de prisión por cobro de comisiones en el 'caso ITV'

La acusación pública reclama su encarcelamiento porque fue condenado por corrupción, una "lacra" social.

El fiscal ha solicitado el ingreso en prisión inmediato de Oriol Pujol Ferrusola. El hijo de Jordi Pujol y exdirigente de CiU fue condenado a prisión el pasado julio a una pena de dos años y medio de cárcel por el intento de amaño en la adjudicación de estaciones ITV y cobrar comisiones ilegales para favorecer a empresarios amigos. Esa pena se le impuso tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, haber reconocido la acusación y aceptar esta condena. Este pacto permitió que a su mujer y también imputada, Anna Vidal, se le sustituyera 15 meses de prisión por una multa.

La fiscalía ha pedido en encarcelamiento del exdiputado de la extinta CiU atendida la "naturaleza y gravedad" de los hechos delictivos por el que fue condenado. En su informe,  la acusación pública sostiene que a Oriol Pujol se le impuso la pena de dos años y medio de cárcel "por delitos directamente relacionados con la corrupción política y económica". Recuerda que luchar contra esa "lacra" es "una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo", por cuanto "supone un ataque a la estructura democrática de cualquier estado". Por esta razón, incide, en casos como de Oriol Pujol "es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de defender el orden jurídico".

La fiscalía rechaza todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Oriol Pujol, empezando por el jurídico. El abogado del hijo expresidente de la Generalitat pretendía que se le suspendiera la ejecución de la condena teniendo en cuenta la reforma del Código Penal de marzo del 2015 que prevé, de manera excepcional, el no ingreso en la cárcel si la pena impuesta por cada uno de los delitos no supera los dos años de prisión. Y es que el exdiputado aceptó cinco meses de prisión por tráfico de influencias, ocho meses de cárcel por cohecho y un año y cinco meses por falsedad. La fiscalía sostiene que no se puede aplicar este precepto y recuerda, además, que recientemente se ha denegado la suspensión de penas privativas de libertad inferiores a dos años impuestas relacionados con la corrupción política y económica.

Como cualquier ciudadano

La acusación pública también rechaza los argumentos personales esgrimidos por Oriol Pujol, como que tiene tres hijos en edad de escolarización, que paga una hipoteca y los gastos sanitarios mensuales de su familia, que intenta rehacer su vida laboral trabajando como agente comercial o, incluso, que está llevando a cabo un voluntariado. A ello añade que su encarcelamiento "perjudicaría gravemente" su entorno familiar y arraigo laboral y social. En este sentido, la fiscalía es especialmente contundente: "la situación que se describe no es distinta a la de muchos otros ciudadanos, sin que concurra ninguna circunstancia excepcional a tener en cuenta". Su informe precisa que, más bien lo contrario, pues su esposa, a la que se le sustituyó la prisión por una multa, "tiene estudios superiores y una profesión por lo que puede perfectamente hacerse cargo de los tres hijos y de los gastos de la vivienda y sanitarios. "En España rige el sistema de sanidad pública gratuita, a la que el penado y su familia tienen derecho", insiste el informe.

La fiscalía reprocha a Oriol Pujol que "nada dice al respecto" sobre su segunda residencia en Urús (Cerdanya), a lo que añade que el exdiputado "pertenece a la familia Pujol-Ferrusola, siendo del dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos". En cuanto a su situación laboral actual, alega que como es autónomo no "existe riesgo de despido o puesto de trabajo a consecuencia de su ingreso en prisión",

Pujol Corporation 71 - Hacienda concluye que Pujol cobró 6,7 millones a constructoras hasta 2008 con "facturas ficticias"

Salida de prisión de Jordi Pujol Ferrusola 

La Agencia Tributaria envía un informe al juez José de la Mata en el que multiplica por siete los ingresos irregulares conocidos hasta ahora de la familia del expresident, que hace siete meses eran 900.000 euros

El presunto fraude de la familia Pujol en sus ingresos de empresas constructoras entre 2004 y 2008 fue siete veces mayor de lo conocido hasta ahora. Esta es la principal conclusión que se desprende del tercer informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un departamento adscrito a la Agencia Tributaria, envía al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el 'caso Pujol'.

El segundo informe de la ONIF alertaba hace siete meses al juez de que el fraude conocido era de 900.000 euros, una cantidad muy exigua si se tiene en cuenta la actual: 6,7 millones procedentes de nueve constructoras; algunas de ellas, como por ejemplo Copisa Construcción Pirenaica, también salpicadas en la investigación judicial de la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya(CDC).

Las empresas que habrían abonado las cantidades millonarias a los Pujol, además de la mencionada Copisa Construcción Pirenaica fueron: Novensauro Inmobles, Construcciones Materiales y Pavimentos Inmobiliaria, Simper Office, Hotel Glories, Famguesa, New Piave Seis, Brantridge Holdings y Emte.

No les conocían

Los Pujol percibieron las mordidas mediante las empresas Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) y Project Marketing CAT SL, en las que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y su excónyuge Mercé Gironés Riera tienen una participación del 100% en su capital social. Y en todos los casos, los dueños de las empresas que realizaron los pagos desconocían la participación de Pujol en las operaciones de las que cobraron comisiones.

El matrimonio Pujol-Ferrusola con Artur Mas en una foto de archivo EFE

"Las facturas expedidas por las mercantiles Imisa y Project Marketing CAT SL son siempre posteriores a los contratos, escrituras u otros documentos en los que se materializa el negocio dónde habría intermediado Jordi Pujol Ferrusola, y en los que no se ha hallado ni una sola mención a su participación", concluye la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Los funcionarios sostienen, además, que de la documentación aportada por las empresas no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola o los inversores que buscó para los diferentes proyectos.

"Simples llamadas"

La aportación a las diversas operaciones económicas por parte de Jordi Pujol Ferrusola, según la ONIF, se circunscribe a dar información sobre posibles negocios: "Limitándose aquel a ejecutar una gestión personalista, limitada a simples llamadas telefónicas en las que informaba sobre posibilidades concretas, no necesitando por ello trabajador alguno ni sede social".

Como ejemplo, las sociedades del Grupo Copisa pagaban únicamente por la información proporcionada y nunca se documentaba con carácter previo, la cantidad o forma de pago. El pago de los supuestos trabajos de intermediación de Pujol Ferrusola se llevaba a cabo una vez conseguido el negocio en cuestión, momento en el que se abría un proceso de discusiónsobre el importe a recibir.

pujol y marta EFE

Ninguna de las empresas mencionadas han logrado aportar documentos en los que se dejara constancia de trabajo alguno real: "Como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia profesional de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance, etc", resalta la ONIF.

"Con quién intermedió"

Algunos empresarios han llegado a declarar que desconocían con qué cargo de su empresa intermedió Pujol Ferrusola para conseguir un negocio y las correspondientes comisiones.

Por su parte, los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que el primogénito de los Pujol utilizó la formación política que presidía su padre, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.