El saqueo de Andalucia 67 – Nerviosismo sindical

 

La vuelta de la juez Alaya de vacaciones ha traído novedades como como la noticia que el conseguidor Juan Lanzas estuvo perteneciendo a UGT hasta el 26 de marzo de 2013 justo cuatro días después de ser encarcelado por el caso de los ERE, a pesar de las afirmaciones del sindicato y del conseguidor que había dejado de militar en UGT desde 2002. Es decir, cuando cobró según la juez Alaya 13 millones de euros en comisiones por los ERE, era militante de UGT en ejercicio. La juez, que creyó como todos la versión del sindicato, suponía en sus autos que Lanzas no era ya miembro de UGT, algo que deberá ser revisado ahora. Se puede decir ahora que Lanzas no sido otra cosa que un comisionista bien retribuido y que quienes deberían estar junto a el, en prisión provisional toda la cúpula de UGT de Andalucía. La juez Alaya lleva imputadas ya a 116 personas, tres de ellas son cuñados de Lanzas.

La búsqueda del dinero  en la finca del conseguidor, fue una tomadura de pelo  a la juez, un simple anzuelo para intentar ahora deberá haberse dirigido hacia la propia sede del sindicato o hacia las cuentas particulares de toda su cúpula sindical que habían ideado de manera corporativa esta maniobra de despiste donde habrían actuado muchas personas más como testaferros dentro de esta gigantesca operación de saqueo.  

La verdad es que a cada nuevo descubrimiento de la juez, cada vez se ve más claro que no era la confabulación de un pequeño grupo de personas sino  una confabulación de las cúpulas de dos sindicatos con la Junta de Andalucía, para el desvío del dinero de los ERE destinado a los trabajadores de muchas empresas andaluzas que muchas veces ni siquiera tenían necesidad de acometer tales despidos.

Otro ejemplo: Temiqui, S.A.

Pedro de Tena publica hoy mismo en Libertad Digital otro capítulo de esta trama que me limito a transcribir.
 

El pasado 27 de marzo, el nombre del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera se veía ligado a una de las empresas vinculadas a la trama de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. Era una de las empresas que actuaban como intermediarias y que presuntamente recibieron comisiones millonarias, como subrayó La Voz de Cádiz. La empresa en cuestión se llama Temiqui S.A. y en su consejo de administración se sentó el ya citado secretario provincial de UGT, Salvador Mera, entre 2002 y 2011, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

El dirigente sindical abandonó la empresa, dedicada a la realización de servicios de consultoría, estudios de mercado y encuestas de opinión pública, el 16 de noviembre de 2011, justo un año después de ser elegido. Pero Temiqui S.A. tiene su sede en el mismo edificio de UGT en Madrid.

Tanto Temiqui SA como FQT Asesores de Recursos Humanos S .L., vinculada a CC OO, pudieron haber recibido en torno a 4,3 millones de euros, según se recoge en el auto judicial.

El responsable de UGT Cádiz admitió haber ejercido como consejero de Temiqui S.A. durante ese tiempo, aunque sin poder de decisión sobre la actividad de la empresa. Reconoció que la firma pertenece a UGT y que el consejo de administración lo formaban los delegados de las ocho principales federaciones. Insistió en que él formó parte mientras ocupó la secretaría general de Industria y Afines en Andalucía y una vez fue elegido responsable del sindicato en Cádiz, dimitió.

Mera señaló que Temiqui ejercía como «supervisora» en expedientes de regulación de empleo solicitados en el sector de la química y la minería y estuvo en varios presentados en esta comunidad, pero no recordaba si había colaborado con la aseguradora Vitalia ni que se hubieran cobrado sobrecomisiones por trabajos de este tipo.

Curioamente, el entonces secretario general de UGT Andalucía,Manuel Pastrana, implicado en el caso de falseamiento de facturas de proveedores denunciado por Libertad Digital, negó que hubiera alguna relación con su sindicato. Sin embargo sí que estaba presente a través de la Federación andaluza de Industria y Afines (FIA) que estaba presente en su consejo de administración, según adelantamos en LD.

La juez Alaya ha acusado formalmente a UGT y CCOO de haberse financiado de manera "irregular" durante 10 años en Andalucía con las cuantiosas comisiones que percibieron por un supuesto trabajo de asesoramiento en los ERE, financiados por la Junta con cargo al fondo de reptiles. Cuando la fiscalía anticorrupción apremia nuevamente a la juez por la lentitud de la instrucción cuando no dejan de aparecer nuevas implicaciones, no deja de ser mas que una hipocresía que refleja el deseo de muchas de las partes implicadas para que deje el caso cuanto antes a otro tribunal por el tema de los aforados que no acaban de emerger para que desde allí se dediquen a tapar algo que a estas alturas ya es imposible de disimular.