viernes, 31 de agosto de 2018

¡¡¡Por fin!!! - El Ayuntamiento de Barcelona multa por ensuciar las calles

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El Ayuntamiento de Barcelona se ha tomado finalmente en serio sus ordenanzas y ha empezado a multar a todo aquel que las infringe. Un CDR ha recibido este aviso que supongo que salvo al fanático que se dedicaba a ponerlas ha causado honda satisfacción al resto de los ciudadanos hartos de tanta tontería con lazos, pegatinas, pancartas, banderolas etc...

Una miembro de los Comités de Defensa de la República ha recibido una sanción económica de 380 euros del Ayuntamiento de Barcelona por pegar un adhesivo que decía ‘INDEPENDENCIA’ en las Ramblas de Barcelona durante la pasada festividad de Sant Jordi. Eso sí, con el descuento de pronto pago la multa se ha quedado en 95 euros. Además deberían ordenar a las brigadas de limpieza despejen de tanto simbolismo amarillo en forma de basura expuesta por las calles de la ciudad.


Espero que los demás ayuntamientos catalanes que en sus ordenanzas figura la de kla limpieza de las calles, tomen nota y empiecen a limpiar a través de la contrata de limpieza un medio ambiente que además de irrespirable se esta volviendo peligroso. En caso de no cumplirse habría que denunciar al propio alcalde.

Por contra su vecino de enfrente, la Generalitat de Cataluña del fanático Torra, amenaza con hasta 30.000 euros de multa a aquellos que retiren de zonas públicas lazos amarillos en favor de los presos políticos. Una medida que ha generado una gran polémica y que ya tiene a dos docenas de personas amenazadas de sanción.

El CDR no lo ve normal y pregunto ...¿Que es en este momento normal en Cataluña?





🔴ATENCIÓ🔴
MULTA DE 380€ PER POSAR UNA ENGANXINA!!
Això ho trobes normal, @galapita? Una companya del CDR ens avisa que avui ha rebut aquesta multa per haver posat una enganxina que deia "INDEPENDÈNCIA" a una de les pilones de la Rambla el dia de Sant Jordi.

Daniel Canyelles - El empresario catalán que se 'forra' con las camisetas de la Diada


Daniel Canyelles, el empresario catalán que se 'forra' con las camisetas de la ANC para la Diada / 

Daniel Canyelles fabricará 300.000 prendas para la 'performance' independentista del 11 de septiembre en Cataluña a petición de la Assemblea Nacional Catalana

Un "orgullo" o "buena sintonía". El empresario catalán que se forra con las camisetas de la Diada admite que no le deja indiferente su trato comercial con la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el principal cliente de su empresa. En efecto, la firma situada en Mataró (Barcelona) Rosdan & Imago dobla facturación con el encargo anual de la entidad pseudocivil, que es el segundo año consecutivo que confía en la textil familiar del pequeño empresario para la gran cita anual del independentismo.

En conversación con este medio, Canyelles asegura que en esta ocasión entregarán cerca de 300.000 prendas de ropa a los distribuidores para que las lleven a la propia ANC, a los supermercados Bonpreu o a las sedes de los diarios El Nacional, dirigido por José Antich, y Vilaweb (Vicent Partal) donde los secesionistas las pueden adquirir junto a un abanico de papel, una mochila de plástico y una octavilla por 15 euros. "La Diada anterior fueron unas 260.000. Vamos de un 15% a un 20% por encima en todas las tallas", sostiene Canyelles.

"Todo en Cataluña"

Matizando una información que publicó ayer La Vanguardia, Canyelles insiste en que la la entidad que dirige Elisenda Paluzie no ha confiado en ningún distribuidor que movió su sede de Cataluña por la inestabilidad derivada del desafío independentista. "Las entregamos nosotros mismos en furgoneta. Eso sí, a los lugares a los que no podemos acceder, las envía MRW", explica el industrial. La empresa de mensajería sí trasladó su domicilio social por la inestabilidad ligada al procés en 2017. Lo hizo de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a Valencia el 9 de octubre del pasado ejercicio, un día antes de la declaración unilateral de independencia (DUI) fallida.

En Rosdan & Imago, una sociedad que factura cerca de dos millones al año, no se moverán de Cataluña. Fuentes cercanas a la firma indican que Canyelles y su esposa, Yolanda Riera, administradora solidaria de la mercantil, mantienen mucha sintonía con el proceso independentista catalán. También son aficionados al pádel y a los deportes.

jueves, 30 de agosto de 2018

A la ministra Valerio le han colado un gol

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. (EFE)

Pese al marcado carácter feminista del Gobierno de Pedro Sánchez, la Dirección General de Trabajo ha admitido el depósito de constitución de un sindicato autodenominado "Organización de Trabajadoras Sexuales" (OTRAS, por sus siglas) que, según reza en sus estatutos, "desarrollará sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes".

El estatuto no especifica en ningún punto qué actividades quedan amparadas bajo ese paraguas, pero su denominación ha generado dudas porque podría encubrir el alcance a personas en situación de prostitución. La prostitución no es una actividad lícita en España y dar luz verde a un sindicato de estas características supone, de alguna manera, otorgarle reconocimientos de carácter laboral.

Desde la Dirección General de Trabajo niegan que tuvieran esa intención con su medida y alegan que "no todo el trabajo relacionado con el sexo es ilegal", citando como referencia a los profesionales que trabajan en el cine porno. La propia Dirección General asegura que ellos sólo cumplieron con sus funciones, "depositar los estatutos y anunciar su publicación", en tanto que "no especifican ni hacen mención a profesiones ilícitas"; de haber sido así, aseguran, "habrían rechazado" el documento.

El anuncio de constitución fue publicado el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un requisito necesario para la formalización de la organización como entidad jurídica. Esto es precisamente lo que la distingue de otras iniciativas recientes que declaran abiertamente su intención de luchar por los derechos laborales en el ámbito de la prostitución, como la sección sindical de prostitutas creada a finales de julio dentro de la organización Intersindical Alternativa de Cataluña.

Fuentes sindicales explican que la aceptación de los estatutos por la Dirección General de Trabajo es parte del recorrido burocrático de toda asociación que quiere constituirse como sindicato. A efectos prácticos, sin embargo, no tendrán demasiado recorrido si se salen del marco laboral legal, ya que para tener representatividad en las negociaciones es necesario acreditar un respaldo derivado de las elecciones sindicales. Por tanto, si sus afiliados no tienen una actividad lícitamente reconocida, su apoyo no contará como tal.

Las mismas fuentes aseguran que no es complicado conseguir el visto bueno de la Dirección General de Trabajo, ya que basta con que los estatutos no incurran en contradicción con la Constitución. Y en este caso, se cumple esta derivada.

Requisito: "Ser mayor de edad"

Atendiendo al estatuto del sindicato de "Trabajadoras Sexuales", sus funciones abarcan el "trabajo sexual en todas sus vertientes" y sus objetivos son, entre otros, "la plena consecución de los derechos laborales de los y las trabajadoras" en esas áreas, "la mejora de la actividad laboral en todos los ámbitos del trabajo sexual", "la negociación colectiva" y "la asistencia, asesoramiento y defensa individual y colectiva de los trabajadores y trabajadoras".

Para afiliarse, el único requisito es "ser mayor de edad" y entre sus "deberes" se les pide "ser leal al sindicato" y "no actuar contra sus intereses". Su domicilio se sitúa en la Plaza del Fénix de Barcelona y desarrollará sus actividades "en el ámbito territorial del reino de España".

La solicitud de depósito fue formulada por Joaquín Pedro Donaire Mateos y junto a él, la suscriben Iris Meza Jaramillo, Sabrina Michelle Rivera Sánchez, Andrea Kathleen Degeus, Concepción Borrell Bernaus y Joaquín Alonso Marcos. El sindicato cuenta con los correspondientes estatutos y con el acta de constitución, y tiene su domicilio en la plaza del Fénix de Barcelona, aunque su ámbito es estatal

Trabajo anulará el sindicato de trabajadoras sexuales

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido que le han "colado un gol" y pedirá explicaciones a su departamento tras el visto bueno a la constitución de un sindicato para trabajadoras sexuales, el cual quiere anular, y para ello ha pedido a la Abogacía del Estado que estudie cómo hacerlo. En declaraciones a la prensa tras comparecer en la comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio ha asegurado que ha sido "una sorpresa" conocer la publicación en el BOE de la resolución sobre el sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), y que preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación.

"Me han colado un gol por la escuadra", "lo desconocía por completo", "no pueden imaginar ustedes los sentimientos que tengo en este momento", "el disgusto que me pillé ayer cuando me enteré es uno de los más gordos que me he pillado a lo largo de mi vida profesional y política, y llevo ya un cierto rodaje", ha confesado Valerio.

Ha recordado que pertenece a un Gobierno "feminista" y ha especificado que desde ayer, cuando tuvo noticias del tema, ha pedido a la Abogacía del Estado que inicie todos los trámites pertinentes para "declarar esta resolución nula de pleno derecho". "El Gobierno va a luchar para que esto sea nulo", ha enfatizado. La ministra ha dicho que el hecho de que le hayan metido "un gol" cuando intenta ser responsable en política es "muy duro", especialmente para una persona que busca "hacer las cosas lo mejor que sabe y puede". "Disgusto que comparte el resto del Gobierno", ha recalcado.

Según se explica en el BOE, el visto bueno al citado sindicato se ha producido tras comprobarse "que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el real decreto sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales". El sindicato cuenta con los correspondientes estatutos y con el acta de constitución, y tiene su domicilio en la plaza del Fénix de Barcelona, aunque su ámbito es estatal.


"Como ministra y miembro de un Gobierno feminista, jamás habría dado el OK a que esto se publicase en el BOE", ha insistido Valerio. Habrá que ir al Consejo de Estado para el dictamen preceptivo, pero se procederá con "absoluta contundencia" frente a este sindicato, ha aseverado. Este Ejecutivo "no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y, además, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres en general y también de los hombres que por necesidad o situaciones diversas se ven abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abuse de ellos", ha argumentado.

Valerio ha recordado que ya José Luis Rodríguez Zapatero abrió la senda en esta lucha contra la violencia de género y la está siguiendo Pedro Sánchez.

"Que fiche a mejores porteras"

La secretaria general del nuevo sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, ha declarado que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, "parece que quiere defender los intereses de la patronal de los burdeles y no el de las trabajadoras". En declaraciones a Efe, Borrell se ha mostrado perpleja y desconcertada por las afirmaciones de la ministra.


Sindicato OTRAS@OtrasSindicato

De verdad?
¿En serio un partido socialista, un partido creado por SINDICALISTAS, un partido que dice ser progresista y de izquierdas, va a iniciar tramites para ILEGALIZAR -recordemos que ya esta inscrito- un SINDICATO de CLASE?
Gobiernen al dictado de la LEY, no de la prensa !!
16:48 - 30 ago. 2018

"Tendrá que acudir a la vía judicial para ilegalizar un sindicato, porque, como ha reconocido el propio ministerio, cumplimos todos los trámites legales y todo es legal", ha señalado Borrell. "Si le hemos colado un gol, que contrate mejores porteras", ha ironizado Borrell, que ha lamentado la postura de la ministra, "que tiene que ver más con la moralidad que con la legalidad".

"El actual PSOE -ha añadido Borrell-, un partido creado por sindicalistas para defender a los trabajadores, se ha preocupado tanto de tener un gran abanico de mujeres en el gobierno que no se ha preocupado de que sean competentes".

La complicada vida de las prófugas Gabriel y Rovira en Suiza

Alfonso Ussía destapa el infierno que vive Anna Gabriel en Suiza: "Desesperada"


Muy lejos del exilio millonario de lujo que muchos creen que vive la ex de la CUP y su colega de aventuras Marta Rovira, el periodista relata la parte más agobiante de su aventura de lujo.

Una vez más Alfonso Ussía vuelve a echar mano de la ironía en su columna de La Razón para encargarse de dos de sus "musas" favoritas: Anna Gabriel y Marta Rovira, "presas" del olvido más "ingrato" desde que dieron la espantada para evitar la cárcel.

Y es que según relata Ussía con mucha guasa, "la política es ingrata y olvidadiza, como la vida misma. Los grandes revolucionarios que escapan a otros países para no ser perseguidos o asesinados por los fascistas, transcurrido un tiempo de calculada desaparición, entran en el saco de la indiferencia y el olvido. Y hay dos personas, dos admirables mujeres en esa situación".

En su relato de ciencia ficción de este miércoles, el periodista aventura que "hace años, después de rechazar las ofertas de los Pujol y Mas, tuve que optar por elegir mi ingreso en las filas de ERC o de la CUP. Dos fuerzas irresistibles me arrastraban hacia ellas. En ERC mandaba y militaba Marta Rovira, mi niña de los caracoles, a la que vi crecer en su apasionado y arriesgado independentismo. Y de la CUP, me llamaba y seducía la simpatía, naturalidad y belleza de Anna Gabriel".

Se burla Ussía que Gabriel no pudo cumplir su sueño parisino de formar parte "del grupo comercial de perfumes de la casa Dior" y "desesperada, se dejó el pelo como un casquete, abandonó los desodorantes y contribuyó de manera decisiva al triunfo del independentismo catalán. Pero una y otra figuraban en las listas de la persecución fascista", añade sarcástico.

Porque en la narración del periodista "fui consultado por enviados de ERC y la CUP para oír mis recomendaciones en la elección del lugar del heroico destierro. Rechacé las opciones de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, y los ricos Emiratos del Golfo Pérsico, aunque los últimos no me desagradaban del todo. Pero son países con sociedades poco evolucionadas en los derechos de la mujer. De tener Marta o Anna un tilintintín cualquiera, podrían llegar a ser azotadas o lapidadas en plaza pública. En vista de ello, elegí para mis heroínas un exilio millonario pero sin riesgos. Suiza. Anna se transformó en veinticuatro horas y recuperó la belleza perdida, y Marta siguió como siempre, es decir, bastante mal, la pobre". 

Y es que con no poca retranca, deja caer que los independentistas catalanes han inventado el "exilio millonario". A saber, "se le exige dinero al Estado Español para pagar los gastos de los exiliados del Estado Español. No imaginé que la trampa tuviera tanto éxito".

No todo van a ser buenas noticias, bromea, "Anna, que no ha encontrado trabajo en estos siete meses de horrible exilio en Suiza, ha engordado en exceso y añora la sana alimentación mediterránea. Y Marta, mi niña de los caracoles, ha pensado en entregarse a la malvada justicia española porque no aguanta más la tristeza acomodada de los suizos".



Por eso clama con cachondeo: "Las necesitamos. Marta Rovira y Anna Gabriel resultan imprescindibles por lo que representan. La firmeza, la resistencia, la honestidad, y el sacrificio revolucionario. Es muy fácil vivir un exilio en Venezuela, entrar en un supermercado, buscar el sector chocolatero y toparse con una estantería medio vacía con escasas tabletas de una sola marca. Chocolates Maduro. Pero hacerlo en un establecimiento suizo, y tener que elegir entre tantas delicias es agobiante. La libertad de los fascistas es siempre agobiante".

miércoles, 29 de agosto de 2018

Delitos de odio


Por fin. El hombre que agredió a una mujer el pasado sábado en Barcelona, presuntamente por retirar lazos amarillos y llamándola "extranjera de mierda", ya ha sido detenido. La detención ha sido obra de agentes de la Policía Nacional, que lo anunciaba en Twitter en la mañana de este miércoles.
La Fiscalía apunta a la cúpula de los Mossos por las sanciones al retirar lazos amarillos. El ministerio público ha abierto las pesquisas después de que el pasado 22 de agosto la asociación Impulso Ciudadano presentara una denuncia contra el conseller de Interior, Miquel Buch, contra el director general de la Policía del departamento de Interior, Andreu Joan Martínez, y contra el jefe de la policía autonómica catalana, Miquel Esquius.

Criterios "ideológicos"

Y la Fiscalía ha abierto las pesquisas a dos semanas de la Diada del 11 de septiembre, la jornada que en los últimos años la Generalitat ha aprovechado para elevar la tensión independentista, y tan sólo un día después de que el Ministerio de Justicia rectificara su decisión inicial de no defender al magistrado que investiga el 'procés', Pablo Llarena, de la denuncia interpuesta por Carles Puigdemont en Bélgica.

En concreto, el teniente fiscal catalán, Pedro Javier Ariche Axpe, ha firmado un decreto en el que requiere al nuevo jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, nombrado por el presidente Joaquim Torra como sucesor de Ferran López, para que en el plazo máximo de 15 días le informe de la identidad de los agentes que denunciaron a los constitucionalistas por retirar lazos amarillos en varios municipios de Tarragona, y si estas multas han sido enviadas a los juzgados o de ellas han surgido expedientes sancionadores por la Ley Mordaza.

El escrito de la Fiscalía también solicita a los Mossos que le informen de todas las actuaciones llevadas por las diferentes policías locales catalanas en relación a las sanciones por retirar lazos amarillos, que en virtud de la Ley Mordaza podrían acabar en multas de hasta 30.000 euros.

La Fiscalía Superior de Cataluña sube la presión contra los secesionistas en plena escalada de tensión y ha abierto una investigación que apunta a la cúpula de los Mossos d'Esquadra, ya que trata de determinar la actuación de este cuerpo policial controlado por la Generalitat de Joaquim Torra, que ha denunciado a constitucionalistas por retirar los lazos amarillos.
La Policía explica que la detención se ha producido a raíz de la denuncia que la propia agredida ha presentado esta semana. El agresor también había presentado una denuncia, pero en este caso ante los Mossos d'Esquadra.
Según explican a Europa Press en fuentes conocedoras del caso, la denuncia presentada incluye un parte de lesiones, ya que la mujer fue asistida por una ambulancia en el lugar de los hechos y trasladada después al Hospital del Mar, donde se le diagnosticó "desviación del tabique nasal, con dolor intenso a la palpación, presencia de contusión maxilar derecha con pequeñas erosiones ciliares izquierdas".
Lidia, catalana con la nacionalidad rusa, fue agredida el sábado en Barcelona cuando retiraba lazos amarillos junto a su marido y sus tres hijos. El agresor les increpó, la tensión fue a más y, en un momento dado, el individuo le propinó un golpe a Lidia en el lado derecho de la cara, provocando que cayera al suelo. Cuando la agredida se levantó, el energúmeno siguió dándole puñetazos en la cara.
Este miércoles, a las siete de la tarde, se celebrará una concentración de repulsa convocada por Ciudadanos y respaldada por Societat Civil Catalana.
El agresor huyó para no ser detenido

La denunciante detalló a la Policía Nacional que si bien su marido intentó quitarle a aquel hombre de encima, no pudo y tuvo que ser ayudado por otros viandantes que acudieron en su ayuda. Cuando lograron separarlo, el agresor huyó con la señora en silla de ruedas. Mientras el marido calmaba a los niños, pidió a la gente que retuvieran al agresor pero al ver que nadie lo hacía, ella misma le siguió hasta que aparecieron unos agentes de Mossos d'Esquadra que le retuvieron, siempre según su denuncia a la Policía Nacional. Uno de los agentes se entrevistó con el agresor y otro con el matrimonio.

Después, una ambulancia acudió a asistir a la mujer y en ella le informaron de que parecía tener la nariz rota. Sin embargo, en el Hospital del Mar, al que fue trasladada, concluyeron que sufría una "desviación del tabique nasal, con dolor intenso a la palpación, presencia de contusión maxilar derecha con pequeñas erosiones ciliares izquierdas". Al día siguiente volvió a un centro médico por los dolores y le pautaron analgésicos y reposo. Tras presentar esta denuncia, este mismo miércoles fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado por un delito de odio y otro de lesiones.
El coseller de Interior, Miquel Buch (c), el director general de Policía, Andreu Martínez (d), y el jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius (i), EFE

martes, 28 de agosto de 2018

Cuando pegar a una mujer no está mal


Libertad Digital

Bueno, no exactamente una mujer. Era una de esas "bestias con forma humana" de las que habla Torra.

En Cataluña, que un hombre dé un guantazo a una mujer puede que no obedezca a la categoría de violencia de género ni de ningún tipo, sino que sea otra manera de practicar la libertad de expresión. A ver, no es que pegar a las mujeres esté bien en el principado de las maravillas, pero según y cómo no está del todo mal visto. Es el caso del suceso de la cara de una mala mujer que se estampó contra el puño de un pobre hombre en medio de un charco de lazos amarillos. Mismamente lo de la bala que dobló la esquina.

El hombre sostiene que lo que le supo mal es que aquella individua y sus hijos pequeños tiraran los lazos al suelo, no que los retiraran. Vamos, que él no se mete en política sino que es un apasionado de la limpieza. Reconoce que igual se pasó un poco, que se le fue la mano y tuvo una reacción desproporcionada, pero que no le dio un puñetazo sino que "le agarró la cara con fuerza" y hubo una "pelea". Tal cual lo contó TV3 tras contactar con el interesado.

Resultado de imagen de mujer agredida por quitar lazos amarillos

Gran alivio en el separatismo. Afortunadamente, el hombre que agredió a una mujer en plena calle se aviene a decir que lo hizo por civismo, nunca por política. ¿Y qué más? Pues que antes de comerse un delito de odio dirá que vota a Vox. Lo verdaderamente singular del asunto es que no fuera detenido y que ningún juez haya interesado de oficio su presencia. Si TV3 no miente, un hombre que confiesa que ejerció violencia física contra una mujer está tan tranquilo, como si nada.

Eso sólo se explica por el factor de los lazos amarillos, poderoso elemento que convierte a un violento maltratador machista en un cívico paladín de las papeleras, aunque sin motivaciones políticas. Es más, la alcaldesa Colau, siempre sensible a los derechos de las mujeres, emitió un trino en Twitter en el que lo condenaba todo, pero más a Arrimadas.






Ada Colau
✔@AdaColau

Condemnem l’agressió que va patir ahir una dona. Barcelona rebutja qualsevol forma de violència, intolerància i xenofòbia. A l’espera de conèixer els detalls investigats per mossos, tb demanem prudència abans de fer interpretacions partidistes q només generen confusió i crispació
9:55 - 26 ago. 2018
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Traducido al español:


Condenamos la agresión que sufrió ayer una mujer. Barcelona rechaza cualquier forma de violencia, intolerancia y xenofobia. A la espera de conocer los detalles investigados por los Mossos, también pedimos prudencia antes de hacer interpretaciones partidistas que sólo generan confusión y crispación.

Ilustra la condena municipal la captura del titular de La Vanguardia "La agresión a una mujer porque sus hijos retiraron lazos amarillos no fue por razones políticas" y el mensaje de Arrimadas respecto a la agresión:

Le han roto la nariz a una mujer delante de sus hijos por quitar lazos amarillos en Barcelona. Sr. Sánchez, aquí no hay "normalidad". Defienda a millones de catalanes que estamos siendo atacados por el separatismo y deje de blanquear a los que rompen la convivencia en Cataluña.

O sea que la alcaldesa recomienda "prudencia" porque igual los guantazos se debieron a una controversia sobre el estado del pavimento y entonces la cosa cambia. En cualquier otra parte, una mujer de origen extranjero agredida delante de sus hijos y su marido sería tratada con más "prudencia" y respeto por ser mujer, emigrante y madre. En Cataluña, no. Claro que "la rusa" iba provocando, ¿verdad, señora alcaldesa? La tía, casada con uno de Ciudadanos, dejaba que sus hijos retiraran lazos amarillos. Y la "persona" que la agredió no lo hizo por política, no. Para nada. Lo dice el Conde de Godó y se lo barrunta Ada Colau. 

De ahí que el Ayuntamiento de Barcelona no se vaya a personar como acusación particular aunque lo pida el jefe del PP en Barcelona, Alberto Fernández, que además de hermano del exministro de Interior Fernández Díaz es un machista, fascista, heteropatriarcal y seguramente conservador liberal. Han pegado a una mujer, sí, pero era una extranjera casada con uno de Ciudadanos que tiraba o dejaba que sus hijos tiraran al suelo unos lazos nazis. Ya lo aclarará La Vanguardia. Mera mierda a tenor de lo que relata el barrendero vocacional y sospecha Colau.

El tipo que según TV3 "le agarró la cara con fuerza" a la tipa se irá de rositas, aunque el muy incauto ha confesado que pegó a una mujer. Bueno, no exactamente una mujer. Era una de esas "bestias con forma humana" de las que habla Torra. Así está la cosa, bichas.


Pablo Planas

La culpa va a ser del traductor...


Boye, junto a Comín, en una foto de archivo

Un "si" condicional aparece como un "sí" afirmativo en la versión francesa de la demanda civil

El ex etarra y abogado de Carles Puigdemont y los ex consejeros en el extranjero, Gonzalo Boye, ha admitido ahora que en la demanda civil presentada en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena -citado a declarar a Bélgica este martes 4 de septiembre- hay una traducción errónea en la versión francesa que cambia totalmente el sentido de la frase.

La demanda recoge la transcripción de las declaraciones hechas por Llarena el 22 de febrero a la prensa tras un acto público en Oviedo: "Yo no me referiré a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí es cierto es que un delito político es... aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico penal, y que pese a ello, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. no es el caso del que estamos ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál ha podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues deben ser investigados".

En la versión francesa de la demanda, la parte final de estas declaraciones "... si es que esto ha sido así, pues deben ser investigados", el "si" condicional aparece como un "sí" afirmativo: "Sí, es esto lo que se ha producido". En cambio, en la versión castellana aportada en la misma demanda el "si" era condicional. La diferencia entre una y otra versión es muy notable, porque un "sí" afirmativo implicaría que Llarena daba por probada la comisión del delito en plena instrucción del caso.

Por su parte, desde el equipo jurídico de Puigdemont se niega la mayor. El coordinador de la defensa de los políticos independentistas encausados en el procés, Gonzalo Boye, ha afirmado este martes que informará al tribunal belga del “error” en la traducción al francés de las declaraciones del magistrado Pablo Llarena que han motivado la demanda civil presentada en Bruselas contra él. A pesar de ello, Boye ha asegurado que la diferencia sólo es "de matiz", y ha afirmado que "no altera el sentido de la demanda". Boye ha atribuido este "error de traducción" al traductor jurado. La admisión del error se ha producido después de que varios medios la hubieran destacado. Boye dijo que informarán de este error el tribunal belga que lleva el caso.


Estafa procesal

El artículo 250- 1.7 del Código Penal considera como autores de una estafa procesal a quienes “en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero”.


En declaraciones a Europa Press, tras salir a la luz pública el falseamiento de las palabras de Llarena, Boye ha negado taxativamente que exista cualquier “alteración” y ha apuntado que, en todo caso, “puede ser un error del traductor”. “Se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda”, remachó.

Las fuentes consultadas explican que si la defensa de Puigdemont fuera conocedora de la “infidelidad de la traducción” la investigación por estafa procesal no sólo podría afectar al expresident sino también a sus abogados. 

Conociendo tanto a Puigdemont como a su abogado Boye, obcecados contra Llarena y mas falsos que un euro de madera, podría ocurrir que este traductor no exista y que Google simplemente les hubiera hecho una mala pasada. 

Päjaros disparando a las escopetas - Puigdemont falsea la demanda contra Llarena

Carles Puigdemont falsea una traducción para acosar al juez Llarena en Bélgica

Carles Puigdemont y Quim Torra, tras su reunión en el Martin's Grand Hotel de Waterloo en Bélgica. Stephanie LecocqEFE

Una traducción errónea. Ese es uno de los pilares de la querella presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y sus ex consellers contra el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena. El documento sustituye en la traducción del castellano al francés un condicional por una afirmación, que implicaría que el magistrado vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Pero no lo hizo. En la demanda presentada en Bélgica traducen el «si es que ha sido así» que pronunció el magistrado cuando hablaba de la comisión de delitos por un «sí, así ha sucedido». El juez está llamado a declarar el 4 de septiembre.

«Los magistrados deberían tener la boca cerrada cuando hablan públicamente de causas que están instruyendo», afirmó Carles Puigdemont ayer ante la prensa en Waterloo, a una semana de la citación del juez Pablo Llarena ante la Justicia belga. El ex president se refería precisamente a las declaraciones de Pablo Llarena el pasado 22 de febrero y en las que se basa la querella que Puigdemont y los ex consellers presentaron en Bélgica, el pasado 5 de junio, contra el juez del Supremo que instruye el procés. Pero en la demanda presentada hay un error de traducción que resulta crucial.

El magistrado, ante los medios, aquel 22 de febrero, explicó que no podía considerarse presos políticos a los acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación unilateral de independencia. Alegó que los hechos que se les imputan son «comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal». Y puntualizó: «Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados». Esa es la clave. Los independentistas catalanes consideran que con estas palabras, Llarena vulneró su derecho a la presunción de inocencia, pero lo hacen basándose en una traducción incorrecta. En el texto de la demanda presentada en Bélgica sustituyen ese «si es que ha sido así» condicional, que pronunció el magistrado («et si c'est ce qui s'est produit», debería haberse traducido), por un «sí, así ha sucedido» («et oui c'est ce qui s'est produit») que transforma la frase en una afirmación tajante.


La declaración de Llarena original (arriba) y la traducción al francés incorporada a la demanda de Puigdemont.

"Si es que [hubo delito]", dijo el juez; "así ha sucedido", se traduce en la querella

En la denuncia interpuesta ante la Justicia belga el pasado 5 de junio, los políticos catalanes describían España como un lugar en el que «los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia» sufren «violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales». Y aunque la querella está dirigida contra Llarena, el texto es una crítica feroz que cuestiona la independencia judicial y el adecuado funcionamiento de la Justicia en España. En el documento se recuperan párrafos de los autos o antecedentes irrelevantes que se convierten en conjeturas. Realmente, la única aportación para sostener el «ensañamiento» del juez es el párrafo, en realidad, mal traducido.

El juez Llarena solicitó el pasado 15 de agosto el amparo del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno de Pedro Sánchezalegó en principio que no podía actuar «puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función». Pero el pasado fin de semana, ante la presión política y judicial, rectificó su posición. Aunque el Ejecutivo lo achaca a un problema de comunicación, Justicia aseguró estar en proceso de contratar un bufete de abogados en Bélgica para personarse en la causa e insistió en que tomará las medidas necesarias «para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica». Ayer, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que el Gobierno defenderá al magistrado ante la Justicia belga «hasta las últimas consecuencias».

La rectificación del Gobierno será usada para elevar el acoso a Llarena en Bélgica

Pero la indecisión de Sánchez sobre si personarse o no en la causa contra el juez del Supremo podría costarle muy cara a Llarena. Durante su comparecencia ante la prensa en Waterloo ayer, Puigdemont aseguró que sería «un precedente gravísimo que el Estado español pagara la defensa jurídica de un ciudadano español, sea o no juez». El ex president reconoció su confusión ante los últimos movimientos del Gobierno y subrayó que no intervenir «sería la opción correcta» pero también que si el Ejecutivo cambiaba de idea era debido a las presiones, «también políticas». Esto, advirtió Puigdemont, «demuestra la tesis principal de nuestra argumentación y es que se trata claramente de un montaje político, de un caso de persecución política».

De hecho, uno de los abogados de Puigdemont en Bélgica, Gonzalo Boye, insinuó en Twitter que la acusación utilizaría este argumento. Boye publicó los comunicados contradictorios de Moncloa acompañados de un comentario: «Con tanto comunicado, la de tiempo que vamos a gastar en traducciones».

Puigdemont se pronunció sobre la polémica tras reunirse ayer en Waterloo con Quim Torra, actual president de la Generalitat, para preparar el inicio del curso político. Lo hicieron en un hotel, lejos de la conocida como Casa de la República. Antes de su tête à tête, se habían reunido con los ex consellers y con la actual portavoz del Govern, Elsa Artadi, que también se desplazó a Bélgica.

En los próximos meses, se cumplirá el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal, la declaración de independencia y la huida a Bélgica de parte del Govern depuesto. Antes, tendrá lugar la Diada. President y ex president anticipan un crecimiento de la presión y piden a los catalanes que salgan a la calle «con más fuerza que nunca». Mientras, Puigdemont culpaba a los partidos que «flirtean con la violencia» [en referencia a PP y Ciudadanos por pedir la retirada de los lazos amarillos] del aumento de la tensión. Y para Pedro Sánchez dejó otra advertencia: aseguró que este inicio de curso puede estar lleno de «nubes negras» o «grandes oportunidades». Todo dependerá, dijo, de la actitud del presidente del Gobierno. El juicio contra el juez Llarena podría ser el primer órdago.

Del acto en Oviedo a una denuncia en Bélgica

Las primeras declaraciones públicas que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó sobre el 'procés' catalán fueron el pasado 22 de febrero. En un acto celebrado en Oviedo junto a otros expertos penalistas, Llarena se mostró contundente al decir que los líderes independentistas encarcelados «no son presos políticos». El objetivo de la instrucción «es conocer los hechos y los términos en que se desarrollaron [los delitos] para que podamos hacer una calificación de si es delito en España e infracción penal en los países donde se encuentran fugados», explicó en referencia a Puigdemont y Anna Gabriel.

Puigdemont tras su reunión con Torra en Waterloo. (EFE)


El original que leerá el juez belga que debe decidir sobre la acción civil pone en boca del magistardo español una afirmación que nunca efectuó


La demanda civil presentada por Carles Puigdemont en Bélgica reproduce en su contenido el textual las declaraciones ante los medios que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó tras un acto privado celebrado en Oviedo y hace recaer en estas palabras del magistrado el peso de sus acusaciones de daños provocados a la reputación y su honor. El escrito se presentó ante un Juzgado de Primera Instancia de Bruselas en francés y se acompaña de una traducción jurada en castellano.Hasta aquí todo correcto. No obstante, una comparación de los textos en sus dos versiones -francés y castellano- permite comprobar que se ha introducido en la variante en francés un sutil cambio en las palabras del magistrado quealtera el sentido de la frase concreta que pronunció ante la prensa tras participar en una conferencia ofrecida en Oviedo en febrero de 2018.

En la transcripción en castellano Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' lo estén siendo por motivos políticos y asegura que trata de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal. Dice textualmente, en respuesta a una pregunta sobre si en el procedimiento hay presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la transcripción en castellano Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' estén siendo investigados por motivos políticos

En este textual el magistrado incide en la presunción de inocencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de acusados por rebelión y sedición. No obstante, en la traducción al francés las palabras del juez sugieren que les considera sin ninguna duda culpables de estos comportamientos delictivos. La frase en este idioma, contenida en la demanda es la siguiente: "Ce nést pas le cas que nous travaillons a la Cour Supreme, il s'agit de comportements que sont inclus dans notre Code Penal et que, peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s´est produit, il faut faire une enquête".

Ambas cosas no significan, ni mucho menos, lo mismo. La frase en el idioma en que se leerá en el tribunal belga que ha citado al magistrado el próximo 4 de septiembre se traduciría al castellano por "con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados". Esta disonancia en las dos versiones fue detectada por un profesor francés hispanoblante, que alertó de las diferencias en las redes sociales, y cuya apreciación fue después difundida por varios juristas. El Confidencial ha comprobado que figura tal cual en el original de la demanda civil presentada en Bruselas por el 'expresident' y cuatro de sus 'consellers'.


Fuentes de la defensa consultadas por este diario quitan importancia a este matiz y ponen el acento en la primera parte de las declaraciones del juez, en las que niega que en la causa que conduce existan presos políticos. Para los abogados de Puigdemont, dirigidos por el belga Paul Bekaert, la importancia de esas afirmaciones de Oviedo reside en que el juez admite que no comparte uno de sus principales argumentos de defensa: los motivos de la instrucción y encarcelamiento son políticos y no penales. Que lo descarta de plano y les prejuzga por ello.

Distintas fuentes jurídicas e incluso el entorno más cercano del propio magistrado ven en este principio una evidente contradición y "trampa". Aseguran que es impensable que el magistrado hubiera indicado lo contrario ante la prensa -que Junqueras y el resto de encarcelados son presos políticos- que sería lo mismo que decir que la acusación por rebelión y malversación no se impulsa por motivos delictivos sino ajenos a la labor de un juez. Una prevaricación de libro.

Más leña para lo que ya se ha convertido en la crisis gubernamental de agosto. En tres días, la postura del Ejecutivo ha virado de la oposición de Justicia a defender al magistrado precisamente por estas declaraciones traducidas de forma incorrecta, a una defensa a ultranza del juez. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, quiso zanjar este lunes la polémica que ha provocado las iras de jueces y fiscales de todas las asociaciones, salvo JpD, asegurando que se va a defender a Llarena en Bélgica "hasta las últimas consecuencias".

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