Déficit público, la asignatura pendiente

Van apareciendo cifras aisladas que indican el inicio de la recuperación económica. Las cifras del paro van dando pistas que pueden haber llegado al techo es una buena noticia, las cifras de agosto siguen esta senda. También los ingresos por turismo con un posible record y una balanza comercial favorable basada en un aumento de las exportaciones y un descenso de las importaciones, los balances bancarios que indican el fin de la necesidad de capital para subsistir, la baja de la la prima de riesgo que estaba 400 puntos superior en el mismo mes del año pasado, o el repunte de la bolsa pueden indicarnos que lo peor ha pasado y estamos por el buen camino.

En concreto, la balanza por cuenta corriente arrojó unos números positivos de 1.357,7 millones de euros en el primer semestre del año, algo inédito desde 1990, lo cual significa que España ya no depende del crédito extranjero y, por tanto, ha dejado de vivir por encima de sus posibilidades, a diferencia de lo acontecido durante la pasada década, gracias a la contención de gastos por parte de familias y empresas, así como al espectacular aumento de las exportaciones.

Alguna de las causas más importantes de la profunda crisis, es el desmesurado coste de la administración pública. Y España todavía no ha pinchado aún la burbuja del sector público. El conjunto de las administraciones sigue gastando mucho más de lo que ingresa, lo cual se traduce en más déficit y deuda y, por tanto, en una factura aún mayor para un contribuyente que, hoy por hoy, vive asfixiado por culpa de los elevados impuestos.

Gobierno, autonomías y ayuntamientos hablan de austeridad, pero lo cierto es que tal concepto resulta ajeno a muchos políticos españoles, ya que confunden recortes con subidas fiscales, siendo ambas medidas totalmente contrapuestas. Así, mientras que las familias y las empresas han llevado a cabo duros ajustes durante la crisis para sanear sus balances y amortizar la elevada deuda acumulada durante la época de la burbuja, el sector público ha seguido incrementando el gasto, a pesar del desplome de la recaudación fiscal y las graves turbulencias que ha sufrido el mercado de deuda pública.

Sin ir más lejos, el Gobierno central acumuló un déficit de 45.133 millones de euros hasta el pasado julio, equivalente al 4,38% del PIB y superando así el límite fijado para todo el año (3,8%). Este desequilibrio contrasta con el superávit exterior que ya está registrando España. Buena prueba de ello son las comunidades autónomas, donde se concentra la inmensa mayoría de servicios públicos. Así, los gobiernos regionales han aumentado el gasto en 30.000 millones durante la crisis, un 20% más respecto a 2007, mientras que sus plantillas han engordado en casi 32.000 personas. De hecho, Sanidad y Educación cuentan con 6500 millones de euros y 54 trabajadores más desde el estallido de la crisis, de modo que los supuestos recortes que tanto critican algunos colectivos son irreales.

Los datos presupuestarios demuestran que la tan manida austeridad es un mito muy extendido. Y es que, si bien es cierto que se han aplicado ciertos recortes, el gasto público sigue siendo hoy superior al del comienzo de la crisis, cuando España vivía su particular -e irreal- cénit económico.

Por desgracia, tanto el Gobierno central como muchas autonomías han preferido subir impuestos para tratar de mantener el sistema en pie, en lugar de liquidar el amplio elenco de entes públicos inútiles que abunda en España y reducir el gasto público hasta niveles sostenibles. Se trata de una estrategia fiscal errónea y contraproducente, cuyo fracaso salta a la vista: el déficit sigue siendo ingente, la deuda pública no deja de crecer -ya supera el 90% del PIB- y los elevados impuestos lastran la generación de riqueza y la creación de empleo.