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lunes, 21 de octubre de 2019

Gonzalo Boye... Registro por blanqueo de capitales del narcotráfico


La Audiencia Nacional registra el domicilio de  Boye por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco
















La Policía registra el domicilio de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, por blanqueo de dinero del narcotráfico.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la entrada y registro de la vivienda del abogado Gonzalo Boye, por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dedicada al narcotráfico, en una operación desarrollada esta mañana para desmontar la operativa de blanqueo de capitales de la organización liderada por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco , según ha confirmado La Vanguardia de fuentes jurídicas.

La causa está secreta y no hay confirmación oficial de la proveniencia de los fondos del narcotráfico supuestamente blanqueados. La operación, que no tiene nada que ver con Carles Puigdemont, del que Boye es abogado, está dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía.


El nombre de este letrado se hizo conocido por liderar la estrategia de defensa del expresident de Carles Puigdemont una vez huyó de la justicia. De hecho, la semana pasada se reactivó esta defensa después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivara la orden de detención europea e internacional contra el dirigente independentista.

No obstante, esta operación no tiene nada que ver con el expresidente ni nada del independentismo sino con otras operativas suyas privadas. A pesar que Boye ha saltado a la palestra con la defensa de Puigdemont, tiene un pasado controvertido.

De origen chileno, fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Empezó a moverse en la la Audiencia Nacional como defensor de víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Después ha llevado la acusación en asuntos como el del caso de la caja B del PP contra su extesorero Luis Bárcenas. También ha llevado asuntos como el del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc. El cantante mallorquín huyó a Bélgica tras ser condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Con la defensa de Boye, la justicia belga rechazó la entrada de Valtonyc a España para cumplir condena porque no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica.

Sito Miñanco, conocido narcotraficante

Boye ha sido el abogado de uno de los grandes capos de la droga en España, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. El año pasado le defendió en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra contra el capo y varios miembros de su familia. La sentencia fue condenatoria y precisamente por un delito de blanqueo de fondos del narcotráfico.

En aquel entonces dirigió la causa la magistrada Carmen Lamela -ahora sustituida por Tardón tras lograr plaza en el Tribunal Supremo-, quien quiso ir contra la operativa financiera de la organización. De ahí que en aquel entonces se detuvieran a empresarios del sector inmobiliario y el de alquiler de vehículos, quienes habrían ayudado al narcotraficante a invertir sus beneficios ilícito.

No es el primer encontronazo de Boye con la Justicia. En su día, el hoy abogado fue condenado por colaborar con ETA en los preparativos para secuestrar a Emiliano Revilla. Boye, de origen chileno, pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) surgido contra la dictadura de Pinochet. La Audiencia Nacional le impuso una condena de 14 años de prisión por su intervención en el secuestro del empresario. En la cárcel estudió la carrera de Derecho. En 2004 se dio a conocer como abogado ejerciendo la acusación en el juicio del 11-M. Posteriormente se aproximó al mundo independentista catalán y acabó haciéndose cargo de la estrategia jurídica de Carles Puigdemont tras su huida a Bélgica.

jueves, 15 de agosto de 2019

Pujol Corporation 77 - Nuevos fondos escondidos en Suiza


Jordi Pujol Ferrusola, en una imagen de archivo


Las autoridades de Suiza han comunicado a la Audiencia Nacional que Jordi Pujol Ferrusola ocultó en el país helvético un fondo de inversión con casi 18 millones de euros, de los cuales habría transferido como mínimo ocho a Luxemburgo, según ha avanzado este martes El Mundo y El Confidencial.

La información, según el diario, se ha obtenido de la comisión rogatoria del juez José de la Mata en Suiza, que relaciona a Pujol Ferrusola con un depósito que llegó a sumar 17.935.861,97 euros. Se trata del valor que teóricamente alcanzó las inversiones familiares en un fondo denominado “Selecta” y en el que figura también el empresario Carlos Tusquets Trias de Bes.

La Policía Judicial y el juez De la Mata consideran, tras analizar la documentación remitida por Suiza, que "no cabe duda alguna respecto al dominio total de la operativa bancaria por parte de Pujol Ferrusola en colaboración con Tusquets Trias de Bes, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos inyectados en las cuentas objeto de análisis".

Según el instructor del caso Pujol, “la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas”.

El Mundo subraya que el juez De la Mata también descubrió una “fortuna oculta” de la familia en Andorra, a nombre del empresario Francesc Robert Ribes, con un importe no cuantificado, aunque Hacienda lo eleva a nueve millones de euros. Pujol Ferrusola alega que estos fondos no son nuevos y que el dinero movido por Ribes no les pertenece. No obstante, la Fiscalía mantiene que estos son un “dinero diferente de los que se conocían hasta ahora”. De la Mata señala al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, como gestor de estos fondos, que habría utilizado Suiza y otras jurisdicciones para “blanquear capitales obtenidos ilícitamente”.

La investigación del caso Pujol termina el próximo mes de septiembre y Anticorrupción prepara ya su escrito de acusación contra la familia por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción incorporando estas nuevas operaciones al tiempo que afronta el flanco más endeble de las pesquisas: la conexión de este dinero con los contratos públicos de la Generalitat de los que sostiene que procedían las comisiones que cobró el clan.


La UDEF cuantifica el saqueo: 290 millones de euros para el clan

Un informe de la UDEF dice que actuaron durante décadas "como una mafia"


Oriol Pujol (i), Jordi Pujol (c) y Jordi Pujol Ferrusola. (EFE)



La UDEF ha puesto cifra al saqueo perpetrado por los Pujol a través de su clan familiar. En un informe entregado recientemente al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Policía cifra en 290 millones de euros "los ingresos pergeñados a través de Jordi Pujol Ferrusola en provecho del núcleo familiar". El extenso análisis, en el que se repasan todos los tentáculos de la red, indica que podrían haber acumulado cantidades superiores a esta cifra, dado que los agentes avisan de que hay jurisdicciones internacionales donde se han depositado "cantidades millonarias" que no han respondido a las peticiones de cooperación judicial.

Aparece otra presunta fortuna en Suiza

El informe especifica que la exhaustiva revisión de hechos que arrancaron en 1990 se ha centrado en la figura del primogénito del 'expresident', Jordi Pujol Ferrusola. En todas "las acciones criminales" analizadas "hay una voluntad implícita de acciones planificadas" que comparten, pese a la gestión del mayor de los hermanos, todos los miembros de la familia.


La UDEF dice que actuaron durante décadas como una mafia. "La estructura tipo 'familiar' de un grupo organizado no es una novedad, en cualquier caso, teniendo sus propias normas internas, división de roles y actividades ilícitas dentro de su peculiar estructura", dice. La mejor definición es la del comportamiento característico de la delincuencia organizada, agrega.

En el informe se recogen todos los ingresos detectados en todas las posiciones financieras conocidas en diversas jurisdicciones del mundo. Así, se incluyen tanto las facturaciones en España, a través de sociedades instrumentales que se han considerado espurias, como otros ingresos que la investigación ha podido atribuir a Pujol Ferrusola —como todos aquellos conexos con el grupo Brandtridge—.

El cálculo engloba así todos los haberes detectados, con proveniencia desconocida, intentando en la medida que se ha podido descartar aquellos que son reintegros de inversiones financieras o productivas en sectores, teniendo en cuenta que el investigado, en su mayor parte, "no ha aportado explicaciones singulares". Además, las operativas incluidas en el análisis también son aquellas orquestadas a través de inversiones en proyectos, cuyo resultado se ha asimilado a la percepción de comisiones ilícitas.


Un informe de la UDEF dice que actuaron durante décadas "como una mafia"

"El ejemplo paradigmático es lo ocurrido con el predio mexicano Mar Azul, proyecto que se consideró que Pujol Jr participó a la par con los responsables del grupo Isolux Corsán, para en provecho particular obtener unos réditos injustificados, en perjuicio del grupo societario después concursado. Otra operativa que se ha asimilado, cuyo devenir fue distinto a la anterior, es la relacionada con Puerto del Rosario. En este caso, a tenor de lo expuesto, se adicionan las cantidades inyectadas a través de Suiza, que merced a los cálculos contables dirimidos y otros datos concomitantes se estima fehacientemente ocurrieron, y posibilitaron la venta en el año 2011 a terceros", indica el informe.

Las redes del grupo no se detuvieron en el marco más íntimo y "se han extendido a múltiples personas en derredor", en su mayor parte de una u otra forma unidas por lazos familiares directos o por afinidad, como son las parejas respectivas de los hijos, dice. Gran parte del botín se basa en prestaciones de servicios falsos. Jordi Pujol Jr "se arrogaba la capacidad de asesorar en múltiples campos del conocimiento empresarial, en algunos casos cayendo en lo absurdo", menciona el informe.

Hasta llegar a Convergència

La UDEF agrega que, durante todos estos años, "lo cierto es que no han aportado valor añadido alguno a la economía real, no han contribuido a ninguna actividad productiva con efectos positivos en la ciudadanía". También destaca que la actuación de la organización alcanzó a Convergència hasta su médula. Pujol Ferrusola, desde su papel esencial en el desarrollo del sistema, propulsó que sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieran para financiar campañas electorales de CDC.

"En gran parte, finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos. Pujol Ferrusola ha jugado un papel relevante en esa transformación del partido político CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas", agrega. De hecho, el papel del hijo mayor era el de "tesorero" en la sombra. Potenció la concesión de préstamos al partido por el astronómico importe total de 2.203.036 euros. Otros, empresarios donantes de comisiones irregulares, se ocuparon de pagar gran parte de la deuda.

Así, Jr era "el recaudador", pero —indica el informe— quien parte y reparte se queda la mejor parte. "En el caso de que su actuación fuera así, y también de forma similar a otros casos de corrupción con desarrollo similar en España, el recaudador se quedaría para sí una parte importante de los caudales colectados", asegura.

jueves, 15 de noviembre de 2018

La frustrante e incomprensible impunidad de la familia Pujol


Resulta un hecho sin precedentes en nuestra reciente historia judicial que no haya sido decretada ninguna medida cautelar relevante contra los nueve miembros de un clan familiar calificado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) como un "grupo organizado" dedicado a la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Nadie es capaz de explicar en los ambientes jurídicos por qué el matrimonio formado por el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola Llados, así como sus siete hijos, todos ellos investigados en diferentes causas abiertas, no sólo no han sido detenidos ni enviados a prisión preventiva, sino que continúan dedicados a sus actividades presuntamente delictivas. Según la información que publicamos hoy, dos meses después de su primera citación judicial en septiembre de 2014, el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, considerado el cerebro del entramado empresarial, puso en marcha una nueva estrategia de inversión internacional con operaciones similares a las que están siendo investigadas por la Udef y la Fiscalía.

En este caso se trata de negocios de la más diversa naturaleza, que incluyen la implantación de huertos solares en Senegal, la edificación de una clínica privada y una planta de detergentes en Mauritania o varios hospitales en Cataluña. También, las pesquisas policiales han permitido conocer que la familia está interesada en la construcción de aparcamientos en los colegios escolapios en Cataluña y en hacerse con la concesión, en régimen de "pseudo monopolio", de las paradas de autobuses en Andorra. Por si fuera poco, Pujol Jr. ha aprovechado la inacción de la justicia para engrosar su nutrida colección de coches deportivos de alta gama, con dos nuevas piezas que estaría negociando en el Reino Unido.

Todas estas inversiones son parte del resultado de la gestión de un patrimonio desmesurado (uno de los más grandes de España, según la Udef), cuya procedencia no ha podido ser acreditada. Según la versión dada por el patriarca del clan, el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, el dinero viene de una herencia no declarada en su día a la Hacienda española del "abuelo Florenci". Sin embargo, tanto la Fiscalía, como la Agencia Tributaria y la Udef coinciden en que esto no sería nada más que una coartada para ocultar el origen ilícito de la fortuna, que podría provenir del cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obras públicas en Cataluña durante los años en los que Jordi Pujol ejercía un poder incontestable desde la Generalitat.

Lo inexplicable es que siendo tantas las evidencias de irregularidades, que en este periódico hemos venido detallando desde hace varios años, los dos jueces de la Audiencia Nacional que se han hecho cargo del caso, primero Pablo Ruz y ahora José de la Mata, han sido incomprensiblemente prudentes a la hora de decretar medidas preventivas ni contra los padres ni contra ninguno de los hijos. Y más extraño resulta este comportamiento cauteloso si tenemos en cuenta que ninguno de los nueve investigados se ha dignado a colaborar con la Justicia y podrían estar aprovechando su impunidad de facto para destruir pruebas.

Es más, la Agencia Tributaria ya ha denunciado que Jordi Pujol Ferrusola escondió el ordenador de las empresas que usaba para cobrar comisiones y lo sustituyó por uno completamente vacío un día antes de que Hacienda inspeccionara sus oficinas. Además, el primogénito del clan transfirió hace un año 135.000 dólares a su ex socio y testaferro argentino Gustavo Shanahan para que ese mismo día acudiera a un notario argentino y le exculpase en la compra del puerto fluvial de Rosario. Es decir, que compró a un testigo para que cambiase sus declaraciones.

Además de estas maniobras, que tendrían como fin obstaculizar la acción de la Justicia, los documentos incautados hace un año por la Udef en las oficinas de Jordi Pujol Ferrusola incluyen un manual sobre cómo declarar ante el juez para evitar que se descubra el complejo entramado empresarial.

Ante una falta de explicación racional a lo extraordinario de esta situación, sólo nos cabe inferir que está surtiendo efecto el chantaje que Jordi Pujol lanzó el día de su comparecencia el en el Parlament del 26 de septiembre de 2014. Entonces, el ex presidente de la Generalitat amenazó con tirar de la manta con unas palabras que dejan poco lugar a dudas: "Si vas segando la rama de un árbol, al final cae la rama... caerán todas". En cualquier caso, resulta extremadamente frustrante para la sociedad española contemplar un ejemplo de impunidad tan escandaloso.

el Mundo

miércoles, 27 de junio de 2018

La detención de Jorge Rodríguez, un duro golpe al PSCV y Compromís


Jorge Rodriguez Gramaje

Detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramaje, en una operación anticorrupción. También están detenidos su jefe de Gabinete y los dos gerentes de Divalterra por irregularidades en la contratación de directivos

En el marco de la llamada "operación Alquería", agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados. En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.

La detención del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramaje, ha despertado la oleada de petición de dimisión entre los partidos de oposición, PP y Ciudadanos, pero también entre uno de los socios del PSPV en el Gobierno tanto del ente provincial como del Consell. Podemos ha sido el primer grupo en solicitar al presidente Ximo Puig que haga dimitir al también alcalde de Ontinyent y portavoz del PSPV. "Es una noticia grave que tiene que ver con Imelsa. Se le cambio el nombre pero no las prácticas. Lo que tiene que hacer Ximo Puig es hacer dimitir al presidente si se confirman las informaciones. Hay datos suficientes para pedir la dimisión", comentó el secretario general, Antonio Estañ.

Junto al también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, y los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón. Tanto Rodríguez como Brines y Simón están retenidos en sus despachos oficiales.

Contundente fue también la portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, que además de pedir la destitución de Rodríguez ha recordado que en los últimos tres años su formación ha denunciando "el abuso" de contratos de alta dirección (al menos siete altos cargos que ni siquiera acudían al puesto de trabajo y cobraban mas de 50.000 euros anuales) y otras situaciones en Divalterra que "no eran las correctas".

En este sentido, ha apuntado que una de sus denuncias ante la Fiscalía fue por malversación de fondos a raíz de un informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión y cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, 'gin-tonics', como dietas. Este asunto acabó con la dimisión del cogerente socialista Víctor Sahuquillo.

"Siempre dijimos que eso era la anécdota y que el problema estaba en la malversación y los contratos irregulares. Hoy se ve que es esas irregularidades que no hemos parado de denunciar desde el minuto 1 son una realidad", ha subrayado Contelles, que ha insistido en pedir a Ximo Puig que "por coherencia" cese a Rodríguez "cuanto antes".

Ciudadanos también acudió a la Fiscalía, tal y como han recordado Jorge Ochando, representante de la formación naranja en el Consejo de Divalterra, y Mamen Peris, portavoz en la Corporación provincial. Ambos han explicado que en la Fiscalía Anticorrupción les informaron de que ya estaban investigando la sociedad cuando ellos interpusieron una denuncia por irregularidades en el nombramiento de altos cargos.

"Parece que hubo una serie de contrataciones irregulares, sin ningún tipo de concurso de mérito ni capacidad y al parecer puede ser que fueran miembros incluso de algún partido de los que gobiernan la diputación", ha comentado Ochando en declaraciones a Onda Cero.

"La Fiscalía nos respondió que aceptaba (la denuncia) y que se acumulaba a unas actuaciones previas que ya estaban realizando en Anticorrupción. Lo que no sabemos es si estaban relacionadas con esto mismo que nosotros denunciamos o eran otro tipo de actuaciones las que pudieran estar investigando", ha apuntado el diputado, que anuncia que pedirán su dimisión para seguir "su código ético".

El PSOE suspende de todos sus cargos y de militancia al presidente de la Diputación de Valencia

La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.



Tras dudarrlo durante todo el dia, el secretario general del PSPV-PSOE y ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha convocado al Secretariado para proponer la suspensión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, de todos sus cargos, tras su detención en la operación Alquería, y ha propuesto al actual vicepresidente, Toni Gaspar, como candidato a sustituirle.


Según ha informado el PSPV, Puig ha convocado al Secretariado de los socialistas valencianos a las 22.30 horas de este miércoles para abordar la decisión, a raíz del arresto de Rodríguez en el marco de la operación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa.

“La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP”, ha reivindicado el jefe del Consell, que ha tomado esta dedición “tras un día difícil” y en el que ha compartido “reflexiones con muchos compañeros y compañeras”.

lunes, 11 de junio de 2018

Diez cargos del PDeCAT se embolsaron las ayudas de la Diputación destinadas al Tercer Mundo

El diputado del PDeCAT Francesc Dalmases y el ex presidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve.

Una decena de cargos públicos del PDeCAT se embolsaron ilegalmente una parte de los 2 millones de euros que la Diputación de Barcelona otorgó en forma de subvenciones, entre 2012 y 2015, teóricamente para ejecutar proyectos de cooperación en el Tercer Mundo.

En los informes remitidos al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, los agentes de la UDEF expresan su convicción de que buena parte de estos proyectos nunca llegaron a ejecutarse. La mayoría de las subvenciones se justificaron ante la Diputación con facturas que no tenían nada que ver con estos proyectos y con informes que eran un simple “corta y pega” de distintas páginas web.

La Diputación de Barcelona, presidida en aquel momento por el convergente Salvador Esteve, adjudicó en marzo de 2015 a la patronal Pimec una subvención de 45.000 euros para diseñar un plan sobre la gestión de residuos en la región de Veraguas (Panamá).

La propuesta había sido planteada por el responsable de Relaciones Internacionales de Pimec Joaquim Ferrer Serra, que antes había trabajado como asesor del PDeCAT en el Parlament. El socio de Pimec en el proyecto fue la empresa Disseny i Sostenibilidad Sl, cuyo administrador, Lluís Basiana, está imputado desde 2017 por otro caso de corrupción. La Fiscalía pide para él una pena de tres años de cárcel. Su pareja era la concejal de CiU en el Ayuntamiento de Manresa María Olga Sánchez.

Usaban informes copiados de Internet

Según explican los agentes de la UDEF, esta subvención se justificó con “informes técnicos que en su mayoría son copia-pega de gráficos, tablas y párrafos enteros de otros documentos que se pueden consultar igualmente por internet”. Para justificar la presencia en Panamá, Pimec aportó varias facturas de hotel y la programación de un taller que duró un sólo día.

Gracias a los vínculos de Joaquim Ferrer con el PDeCAT, la patronal Pimec recibió otras dos subvenciones de la Diputación que suman 58.000 euros, para ejecutar sendos proyectos en Marruecos. También en este caso, la UDEF pone en duda que los proyectos llegaran a ejecutarse nunca.

Parte de la subvención de 38.000 euros otorgada a Pimec para el “desarrollo económico de la región de Gran Casablanca” acabó en la cuenta bancaria de Patricia Rodríguez Rafel, quien había trabajado para la Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat. Su pareja es el cuarto teniente alcalde del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona).

En cuanto al ex asesor del PDeCAT y ex director de Relaciones Internacionales de la patronal Pimec, Joaquim Ferrer, también se benefició a través de su empresa Sestrategic i Konsektor SL de otras subvenciones otorgadas por la Diputación para ayudar al desarrollo del Tercer Mundo.

Ayudas para hacer proselitismo del ‘procés’

Otras subvenciones adjudicadas por la Diputación sirvieron para financiar a la empresa Hera Holding, cuya representante, Angels Cuadrada Basquens, es subdirectora general de Relaciones Laborales y Calidad de la Generalitat de Catalunya. Su empresa se benefició la subvención de 49.840 euros adjudicada por la Diputación para desarrollar un plan de gestión de residuos en Colombia. También en este caso, la UDEF duda que el proyecto llegara a ejecutarse nunca.

Pero el caso más sangrante es el del actual diputado del PDeCAT Francesc Dalmases y el ex responsables de Relaciones Internacionales del mismo partido Víctor Terradellas, considerado como uno de los ideólogos del proceso de independencia.

Como ha informado OKDIARIO, ambos recibieron más de 230.000 euros en subvenciones de la Diputación a través de las asociaciones en las que compartían cargos: la Fundación CATMón (presidida por Terradellas) y la supuesta ONG Igman-Acció Solidaria, controlada por Dalmases. Las dos entidades han recibido cerca de 10 millones de euros de las Administraciones públicas catalanas entre 2011 y 2015, según las estimaciones de la UDEF.

Buena parte de estas subvenciones se destinaron a financiar las revistas Cataluña Internacional View y ONGC, que han servido para hacer proselitismo del proceso de independencia de Cataluña en el exterior. El diputado del PDeCAT Francesc Dalmases se embolsaba una parte del dinero de las subvenciones, en forma de honorarios por dirigir ambas revistas.

El diputado de Hacienda, archiimputado

En la tramitación de todas las subvenciones de la Diputación de Barcelona al desarrollo del Tercer Mundo jugaron un papel fundamental el vicepresidente de la Corporación provincial, Marc Castells, y el actual diputado de Hacienda, Joan Carles García Cañizares.

Ambos aprobaron subvenciones a proyectos en los que ellos mismos participaban, Castells como alcalde de Igualada y García Cañizares como alcalde de Tordera. Este último ya estuvo imputado en 2002 por un presunto delito de prevaricación, en el llamado caso Tordera, y ha sido detenido en otras tres ocasiones: en septiembre de 2007 por prevaricación urbanística, poco después por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio y en noviembre del mismo año por tráfico de influencias. Y pese a ello, hoy es el diputado de Hacienda de la Diputación de Barcelona gobernada por el PDeCAT.

OKDiario

martes, 1 de agosto de 2017

Localizado el escondite de las urnas del referéndum ilegal en el consulado de Lituania



Los consulados honorarios en Barcelona fueron creados por la Generalitat para establecer un entramado de evasión de capital y ocultación de pruebas amparados por el derecho internacional. Tal y como denunció Noticiero Universal, la mayoría de cónsules han colaborado -de una u otra manera- al proceso secesionista y al enriquecimiento ilícito de sus líderes.

En esta ocasión ha sido Jordi Manyà uno de los siniestros personajes que lidera la ANC quien, con un tono chulesco y desafiante, ha confesado que las urnas se encuentran a buen recaudo amparadas por la inmunidad diplomática tal como hizo “el gilipollas de wikileaks, Julian Assange cuando se refugió en la Embajada de Londres en el Ecuador”. Manyà se jacta de la astucia nacionalista ya que “la policía española no puede entrar en un consulado extranjero”. Según publica OKDiario, se han comprado 8.000 urnas y el Govern está jugando al ratón y al gato escenificando actuaciones conducentes a sembrar la confusión entre los investigadores de la policía.

El líder nacionalista ha confesado que no le importa el reconocimiento de países como Nicaragua, El Salvador o Botswana pero sí en cambio Gran Bretaña, China, Francia, Rusia o EEUU y confía en que reconocerán la independencia de Cataluña porque muchos están “hasta el gorro de España”.

En Barcelona hay decenas de consulados ubicados en la mayoría en la casa particular de los cónsules. Las sospechas recaen sobre Jordi Sumarroca, amigo íntimo de la familia Pujol y socio comisionista que ayudó a evadir capital de la familia Pujol fuera de España. El exsocio de TEYCO podría haber ocultado en su domicilio, convertido en el consulado de Lituania, cajas de cartón que supuestamente podrían contener parte del cargamento de urnas.

Sin embargo, el consulado de Lituania puede que no sea el único que albergue las urnas. Xavier Vinyals, cónsul de Letonia y presidente de la subvencionada Plataforma Pro Selecciones Catalanas también se sitúa en el punto de mira.

La familia Sumarroca mamporreros del independentismo y de los Pujol

Noticiero Universal ha desplegado un servicio de vigilancia sobre los consulados sospechosos de ocultación de pruebas y evasión de capital. El resultado ha sido la detección, en los últimos meses, de un excesivo movimiento en las casas particulares que, a su vez ejercen de consulados honorarios.


Las pruebas fueron captadas por un discreto dispositivo de periodistas de investigación de este diario que logró fotografiar el trasiego de cajas que realizó -durante los pasados meses de marzo y abril- una empresa de mudanza y que, supuestamente, albergarían documentación comprometida y parte del cargamento de urnas que pretende utilizarse en el referéndum ilegal. El cargamento de urnas habría sido comprado en durante el mes de febrero por designación directa.

La casa del cónsul honorario, Jordi Sumarroca, supuestamente podría albergar parte de las urnas encargadas para el referéndum secesionista. La foto, realizada en el mes de marzo, capta el momento en el que una empresa de mudanzas sube -mediante una grúa de gran tamaño- voluminosas cajas hasta el ático del edificio de la calle Freixas de Barcelona en la que el comisionista Sumarroca tiene domiciliado el consulado de Lituania. En la ventana de la vivienda puede observarse la bandera estelada.

Según las pesquisas de los reporteros de Noticiero Universal, las cajas fueron llevadas al consulado de Lituania, en la calle Freixas de Barcelona, desde unas naves industriales situadas en las cercanías de Barcelona. Según fuentes cercanas al personal que realizó el traslado de las cajas, gran parte de ellas guardaban -debidamente plegadas- las urnas que pretenden utilizarse el próximo 1 de octubre. Parte de este cargamento sería trasladado posteriormente -mediante valija diplomática- posiblemente a Lituania y Gabón.

En la calle Freixas de Barcelona vive y ejerce de cónsul Jordi Sumarroca


Esta versión coincidiría en gran medida con las declaraciones publicadas por OKDiario de Jordi Manyà al confesar que las urnas están escondidas y compradas “en una embajada extranjera”.

Hasta Jordi Pujol Ferrusola se planteó comprar el consulado de Gabón

Según un informe de la UDEF que trascendió a los medios de comunicación, se sabe que Jordi Pujol Ferrusola planteó en enero de 2001 a uno de sus socios –en el fragor de las negociaciones para cerrar varios proyectos empresariales en Gabón– la posibilidad de comprar el cargo de cónsul del país africano en Barcelona por 102.172 euros.

Así consta en una carta remitida por el primogénito del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol –incorporada a la investigación– al andorrano Josep Duro, quien junto a su hermano Pierre eran sus contactos en Gabón, según explicó el propio Pujol Ferrusola al juez Pablo Ruz en su declaración del pasado septiembre. En la misiva, firmada el 12 de enero del citado año, le comenta a Duro que el cónsul de Gabón en la ciudad condal «tiene la intención de “vender” el título o cargo por la cifra de 17.000.000 de pts.» y que plantea, según él, «un adelanto a fondo perdido de 5.000.000 pts para hacer “gestiones” y pasar la cartera de asuntos al posible interesado». «Creemos que deberías de comentarle a tu primo el mencionado tema –continúa–. ¿Vale la pena pensar en tener el cargo?».

Cónsules Honorarios al servicio de las urnas y de la evasión

La corruptela diplomática ya fue destapada por Rafa Burgos, un sagaz periodista que realizó una profunda investigación sobre los vínculos entre la corrupción y la diplomacia. Producto de su trabajo se publicó un libro titulado L’orgia diplomàtica. Ambaixadors i cònsols al descobert (Pol·len Edicions), en el que se afirma que la corrupción en Cataluña se sostiene sobre cuatro patas:: la política, el mundo financiero, los paraísos fiscales y la diplomacia.

El periodista pone de manifiesto que el mundo diplomático es extremadamente opaco: no hay ninguna transparencia, con el pretexto de la defensa de la razón de Estado. Se han hecho públicos algunos casos de diplomáticos que tenían negocios privados difícilmente compatibles con su cargo público. Los cónsules honorarios, ciudadanos españoles que trabajan sin sueldo al servicio de otros países, obtienen compensaciones en prestigio, privilegios y relaciones sociales. Para no hablar del uso de la codiciada valija diplomática, inviolable, que cruza las fronteras al margen de ningún control (y, aunque se la llame valija, a veces tiene un volumen considerable).

La mayoría de los cónsules honorarios actúan de forma completamente autónoma, ya que el Estado que los ha nombrado no los controla muy bien y el gobierno español no tiene ninguna posibilidad de inmiscuirse en sus asuntos, más allá de retirarles el visto bueno, una medida muy agresiva a nivel diplomático y que sólo se toma en casos excepcionales (recientemente sólo se ha retirado la acreditación execuátur al cónsul de Letonia en Barcelona, Xavier Vinyals, y no por ningún negocio sucio, sino por colgar una estelada en su balcón).

Barcelona, guarida de cónsules honorarios

Barcelona es una de las ciudades del mundo que, sin ser capital de Estado, tiene más delegaciones diplomáticas (sólo es superada por Nueva York y Hong Kong). Incluso hay consulados de países diminutos, y algunas de estas sedes diplomáticas ni siquiera gestionan visados. Muchas dictaduras de países empobrecidos tienen consulados en Barcelona, a pesar de tener muy pocos ciudadanos de su país en Catalunya.

Hay curiosas connivencias entre las grandes familias de la ciudad y los asuntos diplomáticos. Parece que la élite económica de la ciudad es, también, la que tiene un papel más destacado en la diplomacia, tanto a nivel de funcionarios, como entre el personal de los consulados honorarios. Ser hijo de alguien es, todavía, una ventaja clara a la hora de acceder a cargos consulares.

Negocio de barrios altos

El mundo de los cónsules es un mundo de barrios altos; es gente que se mueve en un universo de lujo y ostentación. Entre las familias citadas en el libro se incluyen los Trias de Bes, los Guardans Cambó, los Rubert de Ventós… Muchos de los individuos citados, además de tener cargos diplomáticos, ocupan cargos directivos, no sólo en empresas privadas, sino también en empresas públicas o con participación pública. Y en La orgia diplomàtica también se constatan las relaciones turbias de algunos gobiernos autoritarios con Catalunya. Se cita el caso del dictador gabonés Omar Bongo (muerte en Barcelona en el 2009), y el del presidente kazako, Nursultan Nazarbaïev, que tiene casa en Lloret.


Un diplomático para cada escándalo

Rafa Burgos, en L’orgia diplomàtica, hace un vaciado exhaustivo de nombres de personajes y empresas relacionados con negocios turbios. Localiza 1.480, que el lector puede localizar en un práctico índice onomástico.

En todos los grandes casos de corrupción se encuentra el vínculo con algún diplomático. Jordi Pujol Ferrusola intentó conseguir el puesto de cónsul honorario del Gabón, pero no lo consiguió.

En cambio, Jordi Sumarroca, también supuestamente implicado en el caso del 3%, es cónsul honorario de Lituania. Joan Gaspart, ex presidente del Barça y uno de los mayores deudores del Estado español, fue cónsul honorario de las islas Seychelles. En el caso Pretoria estuvo implicado Aquilino Mata Mier, cónsul honorario de Kazajistán. Y muchos personajes vinculados a los consulados aparecieron a la lista Falciani.

Hay casos todavía más escandalosos: el reciente cónsul en México, Fidel Herrera, fue acusado de estar implicado en la mafia de los cárteles de la droga y, finalmente, ha sido cesado por la venta de medicamentos falsos para el cáncer en su país natal.

La presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella es nacionalista declarada y cónsul de Islandia

Resulta más que sospechoso que los cónsules sean personas muy ocupadas, que carecen de tiempo para dedicar al cargo. Cuando se tira del hilo es fácil toparse con extraños intereses económicos, relaciones con ideologías políticas nacionalistas y puertas giratorias. Muchos de los cónsules honorarios ejercen de empresarios y, al mismo tiempo, realizan negocios millonarios con los países que representan.

Los cónsules honorarios que ponen su cargo al servicio del nacionalismo son, por ejemplo: Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europan Partners y cónsul de Islandia, José Manuel Basáñez, ex consejero de Economía de la Generalitat, ex presidente de compañías como Acesa o Caprabo y cónsul de Singapur, o Andrés Carasso, delegado de Iberdrola en Cataluña y cónsul de Costa de Marfil o Jordi Puig, exconstructor nacionalista y actual cónsul de Filipinas.

Rafa Burgos explica que: “Muchos son cónsules de dictaduras africanas y paraísos fiscales, con los que además tienen negocios. Gaspart, que es uno de los principales deudores a la Hacienda española, representa a un paraíso fiscal como las islas Seychelles. O personas que aparecen en la lista Falciani como el fallecido en 2016 Juan de Dios Dexeus, cónsul de Luxemburgo, o Ramón Palou, cónsul de Guinea Bissau. Cuando investigas casos de corrupción, casi siempre te acabas encontrando con un cónsul o un embajador”.


-Martes, 1 de Agosto de 2017

lunes, 8 de mayo de 2017

Pujol Corporation 61 - "La madre superiora"


Marta Ferrusola y el expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, en 2014. PERE DURAN

El expresidente catalán Jordi Pujol; su mujer, Marta Ferrusola y sus siete hijos obtuvieron un “beneficio no justificado” de 70,4 millones de euros en diversas divisas entre 1990 y 2014 en sus cuentas en Andorra, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Este documento, que considera a “la familia” como una “organización criminal”, sitúa al primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, hoy en prisión, como “el miembro más activo” del grupo a travás de un "plan preconcebido y ordenado", según afirma la UDEF en un informe.

En este informe de 102 páginas, al que ha tenido acceso Efe, la Policía cree que la dinámica de ocultación de dinero por parte de la familia Pujol se encuadra en un delito de organización criminal, ya que actuaba "como un grupo organizado que veía desarrollando una actividad presuntamente ilícita" liderado por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. La UDEF afirma que el "objetivo final" de esta actividad de blanqueo era la "búsqueda de un beneficio económico no justificado" en diferentes divisas, que cuantifica para cada uno de los padres, de los siete hermanos y de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola.

Según la Policía, el expresidente catalán registró 473 millones de pesetas (2,84 millones de euros) en una cuenta de Andorra que se le atribuye, y su mujer, Marta Ferrusola, otros 683.139 euros.

La cifra mayor se corresponde con el primogénito, que habría obtenido 54,5 millones de euros en pesetas, euros, dólares, marcos alemanes y libras esterlinas, seguido de su exmujer Mercé Gironés, que obtuvo 3,7 millones de euros.

Estas son las cantidades correspondientes al resto de hijos: 3,5 millones de euros de Josep, 955.253 euros de Oriol, 757.708 de Mireia, 695.657 de Marta, 711.561 de Pere y 697.761 de Oleguer.

Aunque destaca que la familia actuaba conjuntamente, la UDEF atribuye a Jordi Pujol "Júnior" un papel "líder" en la organización, ya que tenía distintas posiciones en las cuentas bancarias y era la persona encargada de "recepcionar, ingresar y posteriormente dar salida" al dinero de procedencia desconocida. Así, "Júnior" registro una "frenética" actividad a lo largo de los años ingresando dinero en cuentas controladas por él para luego transferir cantidades a las cuentas de sus hermanos en el Principado, generalmente en la misma fecha y cuantía. Estas operaciones "no responderían en principio a ningún tipo de lógica empresarial o comercial" y se caracterizan, según la Policía, por tres rasgos.

En primer lugar por su "asincronía", ya que no se observa la periodicidad típica de las operaciones mercantiles, en segundo lugar son "en cifras redondas, que tampoco suelen aparejarse con relaciones económicas típicas, donde la agregación de impuestos suele arrojar incluso decimales", y por último se trata de "cuantías volubles", lo que también "desdeña el criterio de aparejarlas a actividad comercial legal".

La operativa de la familia Pujol-Ferrusola no se reduce ingresos sin justificar en las cuentas de Andorra, sino que el Principado se constituyó como su "base de operaciones", dice la UDEF, para hacer negocios en otros países, algunos de ellos paraísos fiscales. El que registró más actividad internacional fue el primogénito, que hizo "numerosas transferencias internacionales desde las cuentas controladas directa o indirectamente por él" a empresas extranjeras, pero también se le atribuye este tipo de operaciones a Josep.

Tras analizar todas las operativas, la Policía concluye que "la familia actuaría como un grupo organizado que vendría desarrollando una actividad presuntamente ilícita y prolongada en el tiempo al menos desde 1990, dirigida a la apertura de cuentas bancarias en un territorio fiscalmente protegido, para ocultar y operar con dinero de origen desconocido y presuntamente ilícito".

A raíz de este informe, fechado el pasado 24 de abril, el juez que investiga a los Pujol, José de la Mata, afirmó por primera vez en uno de sus escritos, concretamente en el que envió a prisión a Jordi Pujol Ferrusola, que hay indicios de que los Pujol pudieron efectivamente cometer un delito de pertenencia a organización criminal.

La superiora del convento

En un documento de 1995 incorporado al sumario, Marta Ferrusola se presenta en clave ante la banca andorrana como “la madre superiora de la congregación” y pide el traspaso de “dos misales” –dos millones de pesetas- al “capellán”, que los investigadores consideran que es su hijo mayor.


Reverendo Mosen,

Soy la madre superiora de la Congregación, desearía que traspase dos misales de nuestra biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Ya le diré dónde se tiene que poner.

Muy agradecida.

Marta

El informe recuerda que varios miembros de la familia supuestamente trataron de introducir estos fondos ocultos en el circuito legal a través de actividades societarias que se extendían más allá de Andorra y que incluían fundaciones en varios paraísos fiscales. Según el escrito, la actuación de la familia “no se ha realizado de forma aislada” sino que “todo responde a un plan preconcebido y ordenado dirigido a la ocultación de grandes sumas de dinero de origen desconocido”.

La actividad de supuesto blanqueo consistía en ingresar fondos en las cuentas de AndBank y trasladarlas posteriormente a la entidad BPA en cuentas de fundaciones panameñas. “Todo ello liderado por el primogénito de los hermanos, quien tras ingresar estas sumas de dinero en cuentas controladas por él, procedía a su transferencia a cada uno de los hermanos, generalmente en misma fecha y cuantía”, afirma la UDEF.

Doña Marta Ferrusola con este documento, queda acreditada como la madre superiora del convento de clausura donde van a ingresar junto con toda la familia que la van a acompañar próximamente.

sábado, 29 de abril de 2017

Pujol Corporation 59 - La Fiscalía, dispuesta a pedir prisión para Jordi Pujol y Marta Ferrusola

El expresident Jordi Pujol saliendo ayer de su domicilio (Alberto Estévez / EFE)

La Fiscalía Anticorrupción después de Indagar el origen de la fortuna del expresident y su papel en la evasión cree tener las pruebas para pedir prisión para el matrimonio Pujol Ferrusola. Podría producirse dentro pocos dias y una vez la pareja vuelva a pasar por la Audiencia Nacional y si la esposa del expresident en nueva declaración judicial sobre el desvío de fondos de Andorra a Méxicos no aclara el origen de su fortuna y su papel en las últimas maniobras de evasión de dinero que aún guardaban en Andorra.

Los fiscales Fernando Bermejo y Belén Suarez defendían que registrar la propiedad era "necesario e imprescindible" porque lo contrario podía suponer "un enorme perjuicio para las investigaciones porque se podrían destruir pruebas esenciales para la investigación", destaca el escrito. Además, agrega que Pujol Soley "es el factor común" que une a todos los imputados, sus siete hijos.

El vertiginoso golpe de volante que ha dado el juez José de la Mata a la investigación del caso Pujol ha dejado a todos noqueados. Parecía que la instrucción que arrancó en diciembre del 2012 sobre el origen de la fortuna oculta de la familia Pujol se adentraba en un callejón oscuro y sin salida. No sólo eso. La politización de la causa a partir de las maniobras ilícitas que impulsaron los responsables de la Policía Nacional en la era de Jorge Fernández Díaz puso en bandeja que la defensa solicitara la nulidad de una parte del proceso. Hace nada, la unidad de ­delincuencia económica y financiera (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un nuevo informe en el que advierte que el clan burló los controles y siguió evadiendo dinero aun estando todos sus miembros investigados. 

La Fiscalía pidió cárcel para el primogénito y la volverá a pedir para los padres, a los que responsabiliza de liderar la “organización criminal” de cuya existencia el juez De la Mata dice tener indicios, en el auto con el que se formalizó el ingreso en prisión del primer miembro del clan que pisa la cárcel. Los fiscales Fernando Bermejo y Belén Suárez sostienen que las cosas han cambiado en esta última fase de la investigación. Y que los nuevos informes que ha elaborado la UDEF a partir del resultado de las nuevas comisiones rogatorias les han ayudado a ver “con mucha más claridad” las piezas del puzle financiero que la familia ha utilizado para ocultar un dinero del que siguen sin aclarar su origen. Una organización de la que nunca han sido ajenos los padres. Al contrario.

En el último escrito de José de la Mata, el magistrado justifica la entrada en la casa del ex presidente de la Generalitat y de Marta Ferrusola otorgando al político de 86 años la figura de “factor común de todos ellos”. Mientras que a la esposa le atribuye “la disposición de los fondos de la familia” hasta “que se procedió por todos y cada uno de ellos a la apertura de las cuentas”. Además, aparece como la titular de una de las cuatro cuentas con que la fundación Kopeland de Panamá desvió parte de los 30 millones desde Andorra hasta México.

El martes, De la Mata y los fiscales preguntaron al hijo mayor por esa fundación. Y explicó que en su momento fue su banco de Andorra el que le ofreció comprar la sociedad panameña como mecanismo “legal” para no pagar impuestos en el principado. También le preguntaron por la participación de su madre en la operación. Se limitó a decir que mejor se lo preguntaran a ella.

En su respuesta a las inquietudes de la Fiscalía, el juez De la Mata atribuye a Ferrusola, el control de los fondos del patrimonio familiar en varias cuentas bancarias en Andorra, cuyo origen no ha sido aún acreditado. Además de ordenar la entrada y registro en cuatro propiedades del matrimonio. Estos registros tuvieron lugar este miércoles, un día después de que el hijo primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, declarase en la Audiencia Nacional y fuese enviado a prisión.

Y eso es precisamente lo que pretenden hacer los fiscales, volver a preguntar a la madre y al padre. Los fiscales son conscientes de la avanzada edad del padre y su salud. Tienen también en cuenta el magnífico estado de la madre, de lo que dio muestras el miércoles durante las siete horas de registro en su casa.

La Policía, realizando el registro en la casa de los Pujol. (Reuters)

sábado, 7 de enero de 2017

Pujol Corporation 61 - La sospechosa dilación judicial en torno a los Pujol


El retraso de las sentencias en torno a los Pujol es de tal envergadura que cabe cuestionarse si no obedecerá también a la politización de la Justicia. Como es público y notorio, pesan contra la familia Pujol desde hace mucho tiempo muchas y, sobre todo, muy graves acusaciones de corrupción, sin que ninguno de sus miembros haya sido hasta la fecha absuelto o condenado por tribunal alguno.

La Policía Judicial implica ahora en el caso Pujol al empresario Ignacio López del Hierro, actual marido de la ministra de Defensa. Lo sitúa en «la estructura societaria para delinquir» del clan catalán y lo relaciona con Alberto Portuondo, testaferro de Rodrigo Rato.

Señala que López del Hierro «trabajaría de forma conjunta» desde la empresa Ibadesa Cat con Alberto Portuondo, testaferro del ex vicepresidente del Gobierno, al que la Udef ha descubierto como accionista de una empresa de ambulancias que la familia Pujol compró con dinero de sus cuentas andorranas y recibía contratos en Cataluña.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo informe en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Según la Policía, el entramado que gira en torno a Ibadesa, del que penden las entidades Ibacafé, Ibadesa Exportaciones y Servicios e Ibadesa Cat, ha sido utilizado durante los últimos años «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.

Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que «concedía» a las sociedades de la trama Pujol «créditos previos para financiar proyectos». En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero de CiU Felip Puig.

Según la Udef «éste era el motivo por el que las gestiones dinamizadoras de Jordi Pujol Ferrusola incluían en este caso 'trámites' que se hicieron ante el Gobierno de España, personificadas en el secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa Climent, sobre el que se influyó a través de José Manuel Fernández Norniella, presidente en ese momento del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, pero que desempeñó el mismo puesto con anterioridad que Juan Costa, para que el entonces secretario de Estado aprobara los expedientes».

Las acusaciones de la Policía, que también ha implicado a ex altos cargos del PP como José Manuel Fernández Norniella y Juan Costa, han provocado la inmediata reacción del juez José de la Mata. El instructor ha pedido a la Policía que acredite que los datos informáticos de los Pujol que maneja fueron obtenidos de forma legal y le prohíbe seguir usándolos hasta que lo haga. También le insta a que elabore un nuevo informe.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha entregado un informe a la Audiencia Nacional en el que sostiene que López del Hierro era socio de la empresa Ibadesa Cat. Una entidad que forma parte, a juicio de los investigadores, de la «estructura societaria para delinquir» del clan catalán.

Algunos dirán que esta vergonzosa situación no obedece más que a uno de los dos grandes males que, ciertamente, aquejan a nuestro Estado de Derecho: la lentitud de la Justicia. Ahora bien, el retraso de los pronunciamientos judiciales en torno a la familia del expresidente regional es de tal envergadura que cabe cuestionarse si no obedecerá también a la otra gran lacra de nuestra administración de justicia: la politización.
El tiempo y los tribunales dirán también, si las acusaciones de la Policía contra Costa y Norniella, según las cuales ambos habrían conseguido para los Pujol fondos públicos para "proyectos africanos", son ciertas y constitutivas de delito. Lo que sería una vergüenza es que esta presunta implicación de altos cargos del PP en la corrupción relacionada con los Pujol influyera en el retraso o en el sentido del fallo judicial.

La corrupción de los nacionalistas catalanes fue un secreto a voces durante mucho tiempo, como bien ilustró Pasqual Maragall con su célebre acusación del tres per cent. El hecho de que los nacionalistas tuvieran durante tantos años la llave de la gobernabilidad, con el PSOE y con el PP, explicaría el clamoroso silencio y la vista gorda durante tanto tiempo de los dos grandes partidos nacionales ante la corrupción de los nacionalistas o ante su no menos ilegal inmersión lingüística. El hecho de que los nacionalistas estén embarcados ahora en un proceso todavía más grave e ilegal, como es su desafío secesionista, hace todavía más injustificable una dilación judicial que cada día que pasa adquiere más tintes de impunidad.

domingo, 25 de diciembre de 2016

Pujol Corporation 58 - El proyecto Azul de Cortez

Jordi Pujol Ferrusola abandona la sede de la Ciutat de la Justícia,...

Jordi Pujol Ferrusola abandona la sede de la Ciutat de la Justícia, adonde acudió a declarar en marzo del pasado año. 

La Policía acusa a Jordi Pujol Ferrusola de blanquear al menos 15 millones de euros en el gran proyecto inmobiliario de Azul de Cortez en México y a la auditora KPMG de encubrir la operación ante la Audiencia NacionalLa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sostiene en un nuevo informe que ha aportado ante el juez José de la Mata, que KPMG cooperó con el primogénito del clan catalán y sus socios para camuflar esta operativa supuestamente delictiva ante los investigadores del caso Pujol.

Por ello pide, al Juzgado Central de Instrucción número 5 y a la Fiscalía que actúen de inmediato contra los peritos por haber incurrido en una responsabilidad penal.Udef sostiene que Pujol y su socio Luis Delso, ex presidente de Isolux, articularon innumerables operaciones ficticias para lavar dinero de origen ilícito en el proyecto inmobiliario. «Se han descubierto indicios recurrentes, constantes, que se refuerzan entre sí, sobre la existencia de relaciones de negocio ficticias, pensadas para mover capitales, que además en algunos casos presentan significativos lazos con conductas aparejadas con la corrupción», enfatiza la Policía Judicial.

Mientras, KPMG elaboró un dictamen forense elaborado a petición de Delso y que fue presentado ante la Audiencia Nacional en el que certificaba exactamente lo contrario. Esto es, la existencia de «una corriente real de prestación de servicios, racionalidad y sustancia y sentido económico».




La Udef denuncia que la auditora «debiera haber tenido acceso a la información» de las operaciones fraudulentas y que, sin embargo, no las plasmó en su análisis forense. Dándose la circunstancia de que los peritos «firmaron un documento de manifestaciones en el que se comprometen refiriendo unos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal bajo juramento o promesa».

Y es que para la Policía, a diferencia de lo sostenido por la auditora, «la operación llevada a cabo en México denominada Azul de Cortez sería representativa desde el ámbito penal de una acción de blanqueo de capitales» en la que sus principales protagonistas fueron Pujol Jr. y su íntimo Delso.

Ambos promovieron un gran complejo sobre una superficie de 800 hectáreas junto al golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, y en el que se proyectó la construcción de un campo de golf diseñado por Greg Norman, una marina, dos hoteles con 280 habitaciones y unas 2.000 residencias de lujo destinadas al público estadounidense y canadiense. El ambicioso proyecto Azul de Cortez tenía previsto un volumen de negocio superior a los 3.000 millones de dólares, tal y como han certificado ya consultoras como Lazard o Deloitte.

Pujol Ferrusola se hizo a mediados de 2006 con un 21,5% del desarrollo del negocio. Adquirió entonces un paquete de lo que en México se conoce como el fideicomiso, convirtiéndose por lo tanto en «fideicomisario o fideicomitente». Esta figura legal no sólo abarca la propiedad del terreno, sino las posibilidades de negocio sobre el mismo. En diciembre de 2008 Pujol Jr. vendió su participación en el negocio a Isolux obteniendo un espectacular beneficio.

En el caso de Pujol Jr. y de su mujer Mercé Gironés, que participó con él en esta operación, la Policía resalta que llevó a cabo «aportaciones de fondos muy inferiores a las que les corresponderían» obteniendo a cambio «tamañas ganancias». En este sentido, la Udef explica que el proyecto incurrió en unos gastos totales de 18 millones de euros y que a Pujol Ferrusola le hubiera correspondido aportar 3,9 millones en relación con su participación. No obstante, la Udef concluye que sus aportaciones «fueron sustancialmente inferiores». Circunstancia que le llevó a la «obtención injustificada de plusvalías».

Según los datos que maneja la Policía, Pujol Jr. y su mujer «inyectaron en los circuitos financieros bancarios de España 15.278.804 euros procedentes de la venta» de su participación en el proyecto inmobiliario mexicano. El auditor avaló la operación ante la Audiencia y los agentes dicen que actuó con dolo o falta de diligencia.


En cuanto a Delso, la Udef le atribuye el lavado de fondos procedentes de su holding empresarial «que no habrían sido declarados a la Agencia Tributaria, utilizando una estructura internacional societaria con intención elusiva impositiva» y que «es factible que provengan de actos de corrupción».

«En el caso del (ex) presidente de Isolux habría utilizado capitales de origen desconocido, ubicados en Holanda amparados en sociedades opacas, para obtener cuantiosas plusvalías pagaderas por un holding societario internacional, que dominaba y titulaba directamente», añade el informe de la Udef.

Con respecto a la participación de la auditora KPMG, la Policía entiende que «los peritos, bien han incumplido dolosamente el deber que les compete o bien su informe no ha respetado la debida diligencia que se le supone a quien se presenta en un procedimiento judicial amparado en la calidad de perito». «Esta cuestión», añade el informe de la Policía, «se participa a su juzgado y al Ministerio Fiscal por si comparten el criterio del Grupo Investigador de Policía Judicial de que debiera derivarse alguna responsabilidad».

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"El proceso esclarecerá nuestra independencia"