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domingo, 29 de diciembre de 2019

Los colegios públicos alicantinos denuncian la imposición del valenciano

Manifestación en Alicante
Manifestación en Alicante



La Federación de Asociaciones de Padres ‘Gabriel Miró’, agrupa las APA de centros públicos de la provincia de Alicante.En esta ocasión, convocan una manifestación en Orihuela el próximo 18 de enero en contra de la imposición del valenciano y reclamando el respeto al derecho a recibir la enseñanza en castellano.

Los manifestantes han afirmado a El Confidencial Autonómico que quieren “defender el derecho de todos los padres y niños de la Comunidad Valenciano, para que no se imponga el valenciano y se respete la elección del castellano en otras zonas castellanohablantes de la Comunidad Valenciana, pues no sólo es la provincia de Alicante, sino las comarcas de Requena-Utiel (Valencia) o de Segorbe (Castellón)”.

Insisten en que es una “singularidad reconocida en la Ley de Uso del Valenciano reconocer el derecho a una enseñanza en castellano en zonas donde no se habla valenciano, pero que en estos años de gobierno de izquierdas desde la Consellería de Educación no se está respetando, y de ahí la nueva protesta, ya que restringir la lengua materna conduce al fracaso escolar”. 

Pero, también están “a la espera de que otras de otros municipios muy cualificados, como es la ciudad de Alicante, se sume, pues en la ciudad de Alicante sólo el 3% habla el valenciano y están sufriendo la imposición del valenciano”.

Alcaldes de la comarca apoyan a las APA

El foro de alcaldes y concejales de la Vega Baja ha apoyado esta manifestación, especialmente liderados por PP y Ciudadanos.Confían en que otras muchas ciudades en la misma situación, al menos no gobernadas por PSPV-Compromís-Podemos, se sumen también, haciendo una “declaración urgente cuanto antes”.

Por su parte la asociación alicantina ‘Idiomas y Educación’ ha propuesto que se aplique la Ley de Uso del Valenciano y también que se cambie el predominio lingüístico y que el valenciano deje de ser un instrumento nacionalismo separatista, vía de adoctrinamiento en las aulas a nuestros hijos. Vicent Marzá, conseller valenciano de Educación, que pertenece al partido nacionalista Bloc de la coalición Compromís, a primeros de diciembre se desplazó a Orihuela para intentar “calmar los ánimos”. El conseller intentó explicar que todo se hace según las normas legales.

Tan sólo un día después de la presencia del conceller, la delegación comarcal de la Vega Baja de la Federación de Asociaciones de Padres ‘Gabriel Miró’ convocó la manifestación del próximo 18 de enero.

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No a la implantación del 25% de valenciano en ESO y Bachillerato”

En concreto, la manifestación es para oponerse a la implantación del valenciano el curso próximo. Pero se tiene que tramitar ahora, de un 25% obligatorio en asignaturas troncales de ESP y Bachillerato, invocando los Planes Lingüísticos de Centro (PLC), cuya tramitación ha recibido críticas generalizadas en la Comunidad Valenciana por no escuchar a los padres.

Frente a esos polémicos PLC de cada centro educativo, las APA de la Vega Baja alegan la exención que reconoce para la comarca la Ley de Uso de del Valenciano, vigente desde 1983.Según ha sabido ECA, desde la Consellería de Educación intentarán “desactivar” esa manifestación, que en la práctica aglutinará a la mayoría de la provincia de Alicante una vez más en contra de la imposición del valenciano “pese a la legalidad vigente, por mucho que la ignoren”, viajando a la comarca altos cargos autonómicos que intenten evitar la que se prevé una multitudinaria manifestación.

En su visita del viernes de Pablo Casado a Almoradí ha prometido el apoyo del PP a todas las reivindicaciones de unas comarcas como la Vega Baja, que NUNCA han tenido el valenciano como su lengua habitual.

miércoles, 28 de agosto de 2019

El Gobierno valenciano «espía» qué idioma hablan los alumnos en el recreo

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«Asesores lingüísticos» controlan si estudiantes y padres hablan la lengua valenciana en 32 lugares fuera de clase

Vicent Marzà, el individuo más estalinista de todo el Gobierno valenciano y a la sazón consejero de Educación, vuelve a las andadas y ha ordenado a los colegios que le informen sobre qué lengua se usa fuera de las aulas, a saber: en los recreos, en las reuniones con padres, en el claustro de profesores y durante el descanso de los maestros. Se repite el mismo comportamiento que en Cataluña, pero aquí, en la Comunidad Valenciana, con el agravante de que lo que se pretende imponer no es el valenciano, nuestra lengua, sino el catalán.

La polémica por el espionaje en los patios de colegio tolerada por la Generalitat de Cataluña gobernada por Quim Torra para saber si los alumnos hablan en catalán o en castellano lleva camino de reproducirse más al sur, donde la Consejería de Educación dirigida por Vicent Marzà (Compromís) parece haberse inspirado, una vez más, en la hoja de ruta de los independentistas. En su caso, disfrazado con la figura de unos «asesores lingüísticos» y una nueva herramienta, un cuestionario para evaluar cómo se comunica en 32 situaciones diferentes fuera de las aulas.

«Nos están llegando llamadas comentándolo, no tenemos aún el documento con los 32 puntos, pero nos parece una locura lo que está pasando, tenemos derecho a expresarnos como queramos, decidir la lengua en que queremos que estudien nuestros hijos y hablen entre ellos», señala Sonia Terrero, representante de la federación provincial alicantina de AMPA Gabriel Miró. En ese cuestionario se evalúa incluso si se usa el valenciano en el comedor, en la graduación de los alumnos, en una fiesta en el colegio o en las reuniones de las madres y padres. «Se les está yendo de las manos, cada vez va a más y preguntar por todo eso lo vemos abusivo, lo denominan el ámbito interrelacional y no solo se refieren a los alumnos, los padres también, detalles como los menús o las notas de nuestros hijos... se están sobrepasando, el cuestionario habla incluso del informático que diseña la página web de los centros, unos extremos exagerados», 

El director general de Política Lingúística, Rubén Trenzano, reunido con los representantes de Escola Valenciana, en una imagen difundida en su web - ABC

En julio, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se reunió con los responsables de Escola Valenciana, una entidad conocida por organizar encuentros culturales los fines de semana en municipios de toda la Comunidad Valenciana, en la que estrecharon «líneas de colaboración», según destacaron los asistentes. Una de las reivindicaciones que le pusieron sobre la mesa al dirigente autonómico fue precisamente «contar con un mayor número de asesores lingüísticos». ¿El objetivo? «Hay que facilitar más información al equipo docente y aclarar las dudas que las familias puedan tener, por ejemplo, en relación a la idoneidad de matricular a las niñas y a los niños en escuelas que garanticen más asignaturas en valenciano». De hecho, Escola Valenciana se llevó un premio de la Plataforma per la Llengua, la organización acusada de espiar en los colegios catalanes.

«Los asesores lingüísticos llevan un par de años, según ellos asesorando, según el profesorado, les obligan a que los carteles del centro estén en valenciano, se quiten en castellano, que se les hable en los pasillos en valenciano a los niños; si se dijo que el modelo educativo era trilingüe, no entiendo que ahora sea valenciano, valenciano y valenciano, lo que quieren es anular el castellano», relata la portavoz de la FAPA Gabriel Miró. Esta forma de «meter presión» hace ver a muchas familias una estrategia de imitar tics del «procès», sobre todo cuando hace unos días se publicó que el Consell valenciano sigue «regando de subvenciones el nacionalismo catalán» presente en este territorio, recuerda Terrero.

Para colmo, no hay profesorado de valenciano y el curso pasado algunos alumnos empezaron el año y lo terminaron sin docente en esta asignatura. «Señor Marzà, tan dictador es el que prohibe una lengua como el que la impone», es el duro mensaje de la representante de esta federación alicantina, en la que se declaran «en contra de todo adoctrinamiento, ni religioso ni lingüístico» y anuncia que seguirán «luchando y reivindicando» en caso de que se utilice este cuestionario.

Aunque en referencia a la tolerancia frente al movimiento LGTBI, el conseller Marzà declaró este domingo que «los profesores han de ser lo suficientemente capaces de hacer pensar a sus alumnos para que puedan cuestionarlo todo, incluso la ideología de sus padres».

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha tildado de “preocupante” que la educación de los alumnos valencianos “esté en manos de un comisario ideológico como Marzà, más preocupado en catalanizar y en seguir la hoja de ruta de Quim Torra que en educar” en una comunidad que se produce el mayor abandono escolar de todo el territorio.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Un millar de profesores interinos de la Generalitat Valenciana, llevan 3 meses sin cobrar

Protesta de interinos convocada en Valencia. B.P

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) y la Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF) presentaron el pasado dia 3  sendas denuncias ante Inspección de Trabajo contra la Conselleria de Educación por los impagos de nóminas al profesorado interino. El Stepv, mayoritario en la enseñanza pública, ha hecho una encuesta este fin de semana entre los afectados y cifra en 1000 los docentes que arrastran retrasos en el abono de sus salarios por parte del departamento que dirige el conseller Vicent Marzà. Ambos sindicatos han alertado a la Inspección de Trabajo que hay docentes que llevan tres meses sin cobrar.

"Hay profesores que llevan tres meses sin cobrar y la situación está llegando a un punto límite porque deben pagar las facturas y las hipotecas correspondientes", subrayan desde el Stepv. Este sindicato reclama a la Conselleria de Hacienda que habilite "un procedimiento extraordinario de pago inmediato de las nóminas pendientes". Además, crítica, que el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, no ha respondido a sus solicitudes de reunión para abordar esta problemática.

La CSIF ya denunció públicamente el pasado viernes que, una vez abonada la nómina de noviembre,todavía existen interinos con vacante de julio que no han cobrado desde el inicio de curso y funcionarios a los que no les han aplicado la retribución por la suma de trienios y sexenios. Este sindicato traslada también en su denuncia que los impagos por parte de Conselleria tienen "un claro alcance", además de personal interino, en directores e integrantes de Servicios Psicopedagógicos de la Conselleria, que se ven afectados por esta situación".

CSIF explica que este impago no afecta únicamente a interinos que cubren vacantes o sustituciones, sino que también se extiende a funcionarios de carrera que han cambiado de provincia y sus datos de nóminas no han sido tramitados en la nueva dirección territorial que les corresponde.

sábado, 5 de agosto de 2017

Compromís enseña a niñas a colocarse el velo islámico en una Escuela de Verano


Varias niñas con el velo islámico ya en la cabeza.

Ha ocurrido en la localidad alicantina de Jalón, población en la que su alcalde, Joan Miquel Garcés (de Compromís), acumula una serie de polémicas como la realización de una barbacoa con dinero público, pero esta desde luego ya supera cualquier límite de lo razonable. Lo cuenta la publicación alicantina MÁSportal, la escuela municipal de verano “EduXaló”, disfrazaba de “multiculturalidad” una actividad dirigida a menores en la que, a través de una colaboradora musulmana, instruía a las niñas en la correcta colocación de esta prenda discriminatoria para la mujer sin el conocimiento de sus padres. Ocurría a finales de este mes de julio. 

La escuela de verano “EduXaló”, está dirigida a los menores de la localidad para que, durante las vacaciones escolares, los niños puedan practicar diversas actividades lúdicas y ocupar así el tiempo libre tras el fin del curso. Sin embargo, una polémica y escandalosa actuación por parte del Ayuntamiento de Xaló -en esta ocasión organizada por la concejala de Igualdad- ha suscitado una gran controversia entre los padres y vecinos del pueblo. “EduXaló” disfraza de “multiculturalidad” una actividad dirigida a menores en la que, a través de una colaboradora musulmana, instruía a las niñas en la correcta colocación de esta prenda discriminatoria para la mujer sin el conocimiento de sus padres.


MÁSportal ha recogido el testimonio de algunos de los enojados padres, que han mostrado su malestar por no tener conocimiento de la actividad en la que posteriormente fueron involucradas sus hijas. 



Así, el día anterior a la “instrucción”, los alumnos de esta escuela estival informaron a sus padres de que al día siguiente tendrían que llevar “un pañuelo grande” para utilizarlo como parte del ejercicio de lo que supuestamente iba a ser una clase sobre “la mujer en el siglo XXI”. Nada más lejos de la realidad; las verdaderas intenciones de esta singular clase, diseñada por los responsables de este campamento (con el inestimable asesoramiento y organización de la concejala de igualdad Jana González), distaban mucho de lo expuesto a los padres de las menores.

Así, los monitores del centro, reforzados por una instructora musulmana y por la concejala de Igualdad, impartieron una “clase magistral” para aleccionar a las niñas sobre cómo colocarse correctamente el velo islámico, escribir su nombre en árabe, así como la difusión de otras costumbres, ritos, normas islamistas o demás hábitos integristas propios de esta religión ciertamente discriminatorios con las mujeres. 

Unas quejas más que razonables. 

Según cuenta la publicación, ha habido un importante número de quejas paternas que no consideran “adecuado” que muestren a sus hijos cómo colocarse un pañuelo o costumbres y comportamientos que a todas luces incentivan la desigualdad entre sexos. Igualmente, lamentan que desde el consistorio se fomente una cultura que “en muchos casos somete a las mujeres por el mero hecho de serlo”. Otros padres han ido más lejos y han denunciado que su Ayuntamiento promueva “conductas machistas y discriminatorias de una religión que muchas veces, como establece la ley sharia, permite que se veje y asesine a mujeres”. 

Compromís, cuyo conseller de Educación, Vicent Marzà, ha iniciado una campaña contra la religión y en pro de una educación totalmente laica parece que en realidad tiene otras preferencias religiosas. Ahora un municipio gobernado por la formación nacionalista ha aprovechado una Escuela de Verano pública de la localidad para instruir a las niñas de la población a colocarse el velo islámico, todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres.


Presiones al medio

Pese a la gravedad de lo denunciado, desde círculos cercanos al Ayuntamiento de Xaló y a Compromís lejos de dar una explicación convincente han impulsado una inaceptable campaña contra MÁSportal acusándolo de "racismo", pidiendo a sus clientes que dejen de anunciarse y presionando también a los comercios para que "veten" sus ejemplares.

Sorprende el hecho que desde una concejalía, que se hace llamar de Igualdad, se potencien hábitos que nada tiene que ver con la “igualdad”. Lejos de inculcar valores democráticos, desde la mencionada concejalía se han difundido actitudes que nada tienen que ver con el respeto a la democracia y a los derechos humanos. ¿Qué tendrá que decir Mónica Oltra de todo esto? ¿qué habría pasado si un ayuntamiento gobernado por el PP hubiese programado como actividad en una Escuela de Verano la colocación de hábitos de monja u otras religiosas católicas?.

miércoles, 5 de julio de 2017

La carta del profesor despedido a causa de la política lingüística de la Comunidad Valenciana


Vincent Marzá, el polémico consejero de Educacion de la Comunidad Valenciana


El consejero de Educación valenciano, Vicent Marzá, próximo a ERC, ha puesto en la calle a 1.300 docentes, víctimas de la política lingüística de la Generalitat. Y lo llaman “progreso”.

"Tengo 61 años y soy un funcionario interino con más de 31 años de trabajo como profesor de Educación Secundaria. En mi larga experiencia profesional, con una trayectoria intachable, he recorrido más de quince centros educativos distintos de la Comunitat Valenciana"...

Así comienza la indignada carta de un docente valenciano, Vicente Jover Robles, víctima de la depuración lingüística de la Generalitat valenciana del PSOE y Compromís, que tiene como ideólogo al polémico consejero de Educación del llamado gobierno de progreso, Vicent Marzá.

"En Valencia -continúa este profesor- cuando se nos contrató, hace años, no se nos exigía el requisito lingüístico. Pero ahora las leyes han cambiado y los gobiernos progresistas plantean otros requisitos, como el Certificat de capacitació, para seguir realizando nuestra labor educativa".

"Somos más de 1.300 profesores de los que dependen muchas familias. Hemos sido válidos y necesarios para el trabajo educacional durante muchos años y lo hemos hecho con entrega y con pasión, sin tener en cuenta las condiciones adversas en que muchas veces nos hemos encontrado y que han influido en la conciliación familiar, personal y profesional", prosigue Jover.

"La mayoría de todos nosotros tenemos más de 50 años, un futuro incierto y, en este momento, una inestabilidad económica y emocional que nos afecta a nosotros y a nuestras familias, ya que será muy difícil encontrar otro trabajo", explica este docente en la misiva que fue publicada hace unos días por el diario Levante y que se ha hecho viral entre los trabajadores del sector educativo de la Comunidad Valenciana.

"Creo que, como dice el Estatuto de Autonomía de 1982, hay particularidades lingüísticas de las zonas castellano-parlantes que se deben tener en cuenta, porque son especificidades personales, sociales y profesionales, que ayudan a estudiar las situación de los trabajadores y a engrandecer a los pueblos. En mi caso personal, la labor educativa la realizo en zonas castellano-parlantes y mi residencia está en Requena".

Mónica Oltra está haciendo estratos con su política lingüística.

miércoles, 24 de mayo de 2017

El plurilingüismo de Marzà, paralizado cautelarmente por el TSJCV

El conseller de Educación Vicent Marzà.
Vicent Marzá

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido de forma cautelar el decreto de plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzà, a partir del recurso presentado por la Diputación de Alicante contra la nueva normativa y en el que solicitaba a su vez la paralización del decreto hasta que el tribunal resuelva.

En su resolución, la Sala señala que "todo lo resuelto en este Auto se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba. Cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante".

El auto afirma que, "de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad, podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente y el servicio público no resulta afectado". Además, "resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas". Y agrega el auto: "Pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado".

"No se puede construir una sociedad mirando solo lo que nos separa", ha indicado César Sánchez, "sino mirando lo que nos une y lo que tenemos en común, ni atacando la realidad sociológica de esta provincia, que es castellano hablante y valenciano hablante. No se puede atacar una lengua que es hablada por más de 500 millones de personas en el mundo".

El tribunal autonómico acepta el recurso de la Diputación de Alicante contra el decreto de Educación. El Consell, al que César Sánchez propone "un pacto por la Educación", tiene 5 días para recurrir la resolución.En este sentido, ha propuesto al Gobierno valenciano "un pacto por la Educación". "En esta provincia es donde se han producido los mayores ataques y la opresión de un Consell que no habla, impone", ha recalcado.

El tribunal se pronuncia así exclusivamente sobre la solicitud de la medida cautelar de la Diputación y en ningún caso sobre el fondo del asunto. Para los magistrados, "no es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho" y, por ello, la Sala "tiene en consideración esta circunstancia".

César Sánchez y Carlos Castillo

El presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, ha manifestado que "creo honestamente que el señor Puig y la señora Oltra viven en el pasado con debates decimonónicos y que no se han dado cuenta de que la sociedad valenciana ha avanzado y mira al futuro de otra manera", ha apuntado el popular, quien ha subrayado que "no se puede cambiar un modelo de sociedad a base de decretos, imposiciones, opresión y falta de libertad en menos de dos años".

Sánchez ha pedido valorar que la Comunitat Valenciana forme parte "de un país que habla el castellano, con más de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo, con la identidad que tenemos en nuestra tierra del valenciano y con la oportunidad que supone que el inglés sea una tercera lengua que abra oportunidades a nuestros jóvenes en un futuro cada vez más globalizado".

Los padres

Desde el Foro de padres por el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos, los representantes de los centros tanto públicos como concertados que salieron a la calle el viernes pasado para reclamar precisamente que se retirara el decreto de plurilingïismo, celebran el auto del TSJ y piden al conseller un consenso real.

"Tanto el conseller Marzà como el president Puig deben aprender de esta crisis y gobernar para todos", señala Ramón López, por Covapa.

También reclaman un nuevo proceso de matriculación por entender que hay familias que habían decidido cambiar de centro por motivo el nivel de la lengua que se iba a impartir "y con este fallo cambian las reglas del juego", insiste López.

"El estatus para elegir centro ahora ya no es el mismo. Nos gustaría que ahora pusiera sobre la mesa un nuevo borrador a partir de expertos y con la participación de todos. Esto no va en contra de ninguna lengua sino por la libertad de elección", conluye este portavoz.

jueves, 18 de mayo de 2017

Así se adoctrina a los niños en los libros de texto de Cataluña

Educación pide a la alta inspección un informe sobre los libros de texto de Cataluña


Educación pide a la alta inspección un informe sobre los libros de texto de Cataluña

La denuncia del sindicato AMES y la visita de hoy, de Isabel Bonig ante el ministro de Educación con los problemas existente tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana sobre el boicot a la educación concertada, el chantaje con la imposición en la educación en catalán suplantando al valenciano, se respete el derecho de libre elección de centro educativo de las familias, y la tergiversación de los libros de texto en Educación primaria y superior en Cataluña, promovida al pie de la letra por Vicent Marzá en la Comunidad Valenciana parece haber tenido una rápida y contundente respuesta por parte del ministro Íñigo Méndez de Vigo, 

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha pedido a la alta inspección un «informe detallado» para comprobar si algunos libros de texto catalanes «vulneran la normativa vigente», tras la denuncia del sindicato de profesores AMES sobre «falta de rigor» en algunos contenidos de historia.

«Hay un currículo que respetar, que no entra en concreciones pero sí es genérico, y si en algún libro de texto se vulnera o no cumple ese currículo o de alguna manera se desenfoca, nosotros tenemos que actuar a través de la alta inspección», ha dicho Marcial Marín.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que «todos los libros de texto deben cumplir los requisitos de rigor y respeto de valores constitucionales y que la competencia de supervisar los libros es de las comunidades autónomas en su ámbito territorial, mientras que la función de Educación es subsidaria», en el caso de que no se haya velado por ese respeto.

Tras asistir a un acto de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que cumple 40 años, el secretario de Estado ha explicado que él mismo pidió hace unos días a inspección ese informe de manera urgente tras conocer la denuncia del sindicato de profesores.

Marín ha insistido en que si cuando reciba ese informe de inspección se comprueba que «se incumple la legislación básica, entonces se hará el oportuno requerimiento e iremos a través de los juzgados».


Así se adoctrina a los niños en los libros de texto de Cataluña


Libro de 5º de Primaria de Sociales de Cruïlla, que sólo hace referencia a las instituciones catalanas. AMES


En los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de siete editoriales hay "adoctrinamiento ideológico", según el sindicato AMES


España es prácticamente invisible en el relato histórico y geográfico que ofrecen varios libros de texto editados y publicados en Cataluña. El sindicato catalán de profesores AMES ha realizado un estudio comparativo de los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las siete principales editoriales que se distribuyen en esta comunidad autónoma. La conclusión es que en los textos que manejan los alumnos de entre 10 y 12 años hay "planteamientos ideológicos partidistas" y "tendenciosos".

Este colectivo de profesores catalanes de Secundaria denuncia en un informe de 50 páginas que en estos libros se reducen a la mínima expresión los contenidos de geografía e historia española; se pone como ley principal al Estatuto de Autonomía; se da a entender que Cataluña es otro país de la UE o se convierte el Reino de Aragón en la inexistente "corona catalanoaragonesa".

Están plagados, en su opinión, de "planteamientos que sólo son defendidos por determinados partidos políticos, que lo hacen aunque no sean acordes con nuestra Constitución, por lo cual, en un Estado de Derecho, no se deberían enseñar en los centros educativos".

El informe incluye un ránking de "adoctrinamiento ideológico" en función de 37 parámetros analizados relacionados con los contenidos que se ofrecen sobre la Historia, la estructura política y la identidad de Estado. Por ejemplo, han cuantificado el número de veces que se habla de Cataluña y a España como si fueran dos naciones diferentes, o en que se dice que la lengua propia de Cataluña sólo es el catalán y no también el castellano, o en que se presenta a la derecha como mala y a la izquierda como buena.

Las editoriales Barcanova y Cruïlla son las que tienen "mayor grado de adoctrinamiento ideológico", según este ránking, seguidas de La Galera, Vicens Vives, Santillana, Edebé y Baula. El informe destaca que una misma editorial puede hacer, para la misma asignatura, "un libro ideológicamente neutral en una autonomía y, a la vez, otro con mucha carga ideológica partidista en otra".

Esta opinión es compartida por el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele), José Moyano, que hace unos días denunció en el Congreso "presiones políticas" por parte de comunidades autónomas "de todo tipo" a la hora de ajustar los contenidos de los manuales a la parte autonómica de los currículos.

Lo mismo piensa Ciudadanos, que este jueves ha preguntado al Gobierno en el Congreso qué piensa hacer para "garantizar el rigor académico de los libros de texto y evitar la distorsión de la Historia" como, a su juicio, está ocurriendo en Cataluña. El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, le ha respondido que sólo puede actuar si hay denuncia previa.


La ausencia de España

La Lomce establece un currículo común con contenidos que deben impartirse en todos los territorios. Pero el libro de Medi natural, social y cultural de 5º de Primaria de Barcanova "se centra únicamente en la Historia de Cataluña" y "a España como tal no se le dedica ni una página". Igualmente pasa con los manuales de Santillana editados en 2014 para 5º y 6º de Primaria, que dedican "34 páginas a la geografía de Cataluña y cuatro a la de España" y no hacen referencia a los símbolos españoles, mientras que sí hablan de la bandera, del himno, del Escudo y de la fiesta nacional de Cataluña. Lo mismo ocurre en el de 5º de Primaria de la editorial Cruïlla.

"No se puede querer lo que no se conoce", resume el informe. "Se dificulta que el niño pueda enterarse de que España realmente existe y, sobre todo, que se despierte en él un sentido de identidad española".

Cataluña como nación


En la página 114 del libro de Ciències Socials de 6º de Primaria de Vicens Vives se muestra un cartel que hace referencia a Cataluña dentro de la UE. "Este cartel es tendencioso, ya que Cataluña está dentro de la UE porque es parte de España. De hecho y de derecho, la UE solamente está formada por estados. Ignorarlo, dando a entender otra cosa, es una práctica falsificadora de la realidad".

En la página 172 del libro Coneixement del medi, editado en 2014 por La Galera para 6º de Primaria, se afirma que "Cataluña y el País Vasco se sienten naciones", algo que, según el informe, supone presentar "el sentir de una parte de los ciudadanos como el de toda su población".

En el libro de 5º de Cruïlla, al referirse a las instituciones de gobierno, sólo se hace referencia al Parlament, al presidente del Govern y al Govern, sin ninguna referencia al Congreso de los Diputados, ni al Rey ni al Gobierno de España. En este mismo texto, en la página 137, se compara a Cataluña con otros países europeos como Italia, Alemania, Bélgica y Reino Unido.

Se dice que Cataluña es una región europea y se define región europea como un territorio que "puede tener un gobierno propio". "Se dice que la lengua propia de Cataluña sólo es el catalán y que su cultura, símbolo y fiestas sólo son las que no son comunes con el resto de las regiones de España".

En el libro de 5º de Primaria de Edebé, se pregunta cuál es la lengua oficial de Cataluña, "cuando lo correcto social y legalmente sería preguntar cuáles son las dos lenguas oficiales de Cataluña". También se pregunta cuáles son "los símbolos nacionales" de Cataluña y no dice nada sobre los símbolos del resto de España.

En el libro de 6º de Primaria de Santillana, se presenta a Cataluña y a España como si fueran dos naciones diferentes.

El Estatuto de Autonomía

Los libros de Barcanova, La Galera, Santillana o Cruïlla dicen que el Estatut es "la ley más importante de Cataluña". AMES recuerda que, por encima de esta norma, está la Constitución Española y sostiene que "este engaño generará en el alumno dificultades para opinar correctamente en casos de confrontación entre ambas leyes". En la página 139 del de 5º de Cruïlla se dice que la Generalitat es la institución que organiza el autogobierno de Cataluña, "sin ninguna referencia a su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes de España".

La corona catalanoaragonesa


En varios manuales se habla de la "Corona catalanoaragonesa", en vez de la Corona de Aragón. En la página 210 del libro de 6º de Barcanova se menciona a reyes de "Castella i Catalunya-Aragó".

En la página 203 del libro de 6º de La Galera se dice que "tres representantes de cada reino de la corona catalanoaragonesa -Cataluña, Valencia y Aragón- se reunieron en la ciudad de Caspe". El sindicato afirma que "esto es incorrecto, ya que Cataluña nunca fue un reino, sino parte del Reino de Aragón. Es evidente lo tendencioso de esta denominación, que pretende hacer creer que anteriormente Cataluña había sido independiente [...] Se introduce el concepto de que Cataluña fue en el pasado un reino único y más grande, con una única corona, en igualdad jerárquica con Castilla".

Macià y Companys

Barcanova, en su manual para alumnos de 11 y 12 años, muestra una foto de Macià en el balcón del Palau de la Generalitat dirigiéndose a los ciudadanos, "y se omite que lo que está haciendo es proclamar la República Catalana, incumpliendo así las leyes vigentes, dado que, hasta el 9 de diciembre de 1931, no se produciría la aprobación de la Constitución Española de 1931, en la que se estableció a España como República".

También afirma que Lluís Companys fue designado presidente de la Generalitat, "sin decir que, incumpliendo las leyes vigentes, proclamó unilaterlamente el 'Estado catalán', lo cual llevó a la supresión de la autonomía catalana en 1934 por parte del Gobierno de España, con un enfrentamiento policial que comportó más de 40 muertos".

Buenos y malos

El informe señala que en muchos de los libros se ensalzan "en exceso" las diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España, mientras que se reduce o se ignora lo que los une. "La Historia se presenta como un constante enfrentamiento entre España y Cataluña, en el que España siempre actúa coartando las libertades, las costumbres, las tradiciones y la lengua propia de Cataluña".

El manual de 6º de La Galera, en la página 221, muestra a los gobernantes catalanes como víctimas inocentes de los reyes españoles. Este mismo libro, al hablar de la Guerra Civil, "la presenta como un mero conflicto de intereses entre buenos y malos" y elude mencionar la quema de conventos de 1931, un hecho histórico que tampoco aparece en el libro de Vicens Vives.

En otras autonomías

El informe de AMES también analiza varios libros de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, para ver las diferencias por regiones que ofrecen las distintas editoriales.

Por ejemplo, el libro de Ciencias Sociales de 5º de Primaria de Santillana editado en 2014 en la Comunidad de Madrid en 2014 tiene un apartado especial para esta autonomía, "lo cual refuerza la existencia de un Estado llamado España y así puede despertarse en el alumno el sentido de identidad de ser ciudadano español".

En este mismo manual, pero en la edición de 2015, se dice que "si bien el Estatuto de Autonomía es la ley más importante de cada comunidad autónoma, lo es después de la Constitución", algo que, según el sindicato, "no aparece con esta claridad en la mayoría de los libros de texto de Cataluña".

Según el informe, "el Ministerio de Educación no dispone de los mecanismos necesarios para controlar que en los centros educativos sólo se enseñe lo que está establecido por la Constitución".

El mundo

El "sándwich" a la escuela concertada y el decreto del "chantaje lingüístico" en Valencia

Alumnos valencianos con la bandera catalana | PV

El PP de la Comunidad Valenciana, se reúne este jueves con el ministro Méndez de Vigo para pedir amparo, denuncia la vulneración de derechos de los padres en Valencia.

Miles de padres, alumnos y docentes unieron sus fuerzas el pasado 6 de mayo en las calles de Valencia en contra del decreto que la consejería que dirige Vicent Marzà llevará a cabo para el próximo curso escolar. Dos son las cuestiones espinosas que tienen soliviantada a la comunidad educativa valenciana: la supresión de los conciertos y la cuestión de la lengua.

No es la primera marcha. Hubo otra justo hace un año más multitudinaria incluso que ésta. El motivo, pretendían eliminar en Primaria 46 unidades (aulas) y "sólo la presión de los padres, en mayo de 2016 y las elecciones generales de junio de 2016, donde Compromís y Podemos perdieron 190.000 votos en menos de un año", consiguieron que sólo se redujeran 11 unidades en toda la Comunidad Valenciana, explicó la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.

Pero el siguiente paso será el curso que viene, donde han empezado ya los recortes en los conciertos en Bachillerato. "Las unidades que han sido suprimidas en primero de Bachillerato han sido 30 en toda la Comunidad Valenciana". Esto afecta a más de 1.200 alumnos, un 14%. "Actualmente hay 437 unidades en toda la comunidad de conciertos en primero y en segundo y el año que viene habrá 407. "¿Esto obedece a un criterio técnico y objetivo? No: no se han dado nuevos conciertos a colegios que reunían todos los requisitos y, además, esta supresión no ha tenido en cuenta la demanda social. Es más, en muchos colegios donde había fuerte demanda social se han suprimido aulas de primero de concierto por lo que estás taponando que toda esa gente que no entra en el sistema pueda pasar a segundo de Bachillerato", explicó la dirigente popular en un encuentro informal con periodistas en la sede de la calle Génova.

"Si yo quito unidades de Primaria, empiezo este año con 30 unidades suprimidas de primero de Bachillerato, y después ya no pasan, hago una especie de sándwich a la concertada, la tapono por arriba y por abajo", ejemplificó Bonig.

Las escuelas infantiles y el distrito único

Además, el Gobierno del socialista Ximo Puig está creando aulas para niños de Infantil y de Primaria en los colegios públicos que no reúnen los requisitos que se les exigen a las escuelas infantiles privadas y donde el profesorado no está especializado. Esto está perjudicando claramente, a juicio del PP, a las 615 escuelas infantiles privadas que había en la Comunidad Valenciana, que dan trabajo a 5.000 personas. Y es que los padres que escolaricen a sus hijos en estas nuevas aulas de los centros públicos, cuando tengan que inscribirlos en la siguiente etapa será un proceso automático: no tienen que pasar la baremación, presentar la documentación… "Sin embargo, en las concertadas no les dejan crear ese aula y además si quieren llevar a su hijo de 3 años a la concertada tienen que pasar la baremación y tienen que presentar la documentación con lo cual es un handicap más para las familias", señaló Bonig.

El primer año crearon 69 y hoy desde la consejería se ha anunciado 96 aulas más con un total de 1.728 plazas. "Con lo cual las escuelas infantiles, y para las que existía el bono infantil, están abocadas a cerrar", a pesar de enorme inversión realizada por muchas de ellas.

También se ve afectado el distrito único que introdujo el PP y que permitía que los padres pudieran elegir el centro al que querían llevar a sus hijos. Con los gobiernos populares, "casi el 94% de las familias llevaban a sus hijos a la primera opción elegida. La medida ha hecho que desaparezca el distrito único y que vuelva la zonificación, por lo tanto, los padres sólo pueden llevar a sus hijos a los colegios donde estén. El año pasado fueron 10.000 familias las que no pudieron llevar a sus hijos al centro que eligieron como primera opción. Este año se prevé otra cantidad igual o mayor".

Los datos

En la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 250.000 familias afectadas, que llevan a sus hijos a la escuela concertada. 228.000 alumnos en centros concertados y privados. El 70%, más o menos, está en la educación pública y el 30% entre educación privada y concertada. "Somos la décima comunidad en número de alumnos en la concertada. Esa es una realidad". De los 2.700 colegios e institutos que existen en la Comunidad Valenciana, 1.692 son públicos, 427 privados y 576 concertados. La concertada está dando trabajo a 19.300 personas. Anualmente sólo el 2% de las plazas en la concertada se quedan vacantes frente a un 25% en la pública. Sólo en la ciudad de Valencia 600 familias se quedan sin poder llevar a sus hijos a un colegio concertado porque no hay oferta o porque está todo saturado.

El "chantaje lingüístico"

Pero si hay algo que está "incendiando" a los valencianos es el decreto del plurilingüismo. Ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por la Diputación de Alicante, por el PP, por la Plataforma de los Derechos del Castellano y por muchas otras asociaciones y padres. Y es que el consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromìs) "hace algo maquiavélico": como es consciente de que no puede implantar la inmersión lingüística porque sabe que "se la van a tumbar" ofrece un "caramelo a los padres para imponer el valenciano".

El sistema quedaría estructurado más o menos de la siguiente manera: habría seis niveles de inglés. Los padres que quieran que su hijo vaya al colegio en donde se oferte el nivel más alto de este idioma, y que cuando finalice los estudios el centro lo certifique, tendrán que escoger la línea del valenciano. En cambio, si se decantan por la del castellano su hijo tendrá menos horas de inglés, de peor calidad y el centro no estará habilitado para certificar su capacidad lingüística.

Serán los colegios los que decidan en qué nivel quieren situarse. Obviamente, cabe prever que la mayoría optará por el más alto. Será el consenso de dos tercios del consejo escolar el que lo decida. Si no hay cuórum, la decisión recaerá en la propia consejería de Marzà. "Eso es el chantaje lingüístico. Cualquier padre -en una Comunidad Valenciana donde el 14% del PIB depende del turismo, una comunidad donde todas las empresas exportadoras exigen como mínimo el inglés- quiere escoger la línea más alta de inglés, cogiendo las lineas en valenciano, que es más de lo que existe ahora. Llegamos prácticamente a la inmersión de valenciano", denuncian desde el PP. Pero es que además las evaluaciones diagnósticas, "solo evalúan el valenciano, no el inglés".

"De un plumazo, han reconvertido más del 50% de los centros en la Comunidad Valenciana en centros de línea exclusivamente valenciana". Isabel Bonig lo tiene claro: "es seguir la hoja de ruta que en se empezó en Cataluña hace 20 años".

De momento, desde el Ministerio de Educación se han limitado a enviar una carta a la consejería valenciana advirtiendo de que el decreto podía vulnerar derechos constitucionales así como la ley orgánica de educación. No obstante, la propia Bonig se entrevista este jueves con Íñigo Méndez de Vigo para solicitar amparo ante estas políticas educativas.

"Control de la escuela pública" y "adoctrinamiento"

"Un partido como Compromís es un partido nacionalista que tiene una hoja diseñada perfectamente de control de la escuela pública y de eliminación de cualquier alternativa de la escuela pública. Por eso fue un caballo de batalla, en las negociaciones del Pacto del Botánico, el que Compromís asumiese la consejería de Educación, algo a lo que se plegó el PSOE. Al presidente Puig le ofrecimos ya en febrero de 2016 un pacto, un apoyo para que se sintiese libre de las ataduras de Compromís y presentamos un acuerdo en materia educativa", pero sin éxito, recuerda la presidenta del PP valenciano. "Yo vuelvo a reiterar ese pacto sin pedir nada a cambio".

"No estamos hablando de ricos y pobres o de escuela pública vs escuela concertada o privada, sino de un derecho que reconoce la Constitución y que el Gobierno de los señores (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra están atacando. Hay un adoctrinamiento claro en las aulas. El último informe del Defensor del Pueblo valenciano establecía que, en el 2016, el 37% de las quejas presentadas hacían referencia a educación exclusivamente, más de 5.000 quejas en materia educativa". El PP ya ha presentado también una iniciativa en las Cortes Valencianas para que se revisen los contenidos de los libros de texto para que estos respeten algo tan básico como el Estatuto de autonomía: "la lengua oficial es el valenciano, no el catalán y no se puede hablar de Països Catalans". Así lo denuncia también la Plataforma Valencianista.

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Libertad Digital

martes, 11 de abril de 2017

El suicidio lingüistico de España

Resultado de imagen de inmersión catalan en valencia

En estos últimos años y en la mitad de España donde hay dos idiomas, han arreciado las imposiciones para que se impartan las enseñanzas desde primaria hasta la universidad en el idioma normalmente minoritario del territorio. Estos nazionalistas no paran en barras a la hora de imponer sus criterios cuyos resultados ya empiezan a notarse en las zonas que se quieren sumergir.

Asi tomando como ejemplo la inmersión lingüistica de Cataluña, en Galicia o Pais Vasco y Navarra ha arreciado la presión para que se impartan las enseñanzas en gallego o euskera. Pretenden que las Ikastolas los la mas tierna infancia aprendan en euskera desplazando el castellano de toda enseñanza aunque los padres pidan la enseñanza en el idioma materno.

En Baleares y Comunidad Valenciana ocurre igual. Los nacionalistas pancatalanistas encabezados por Mónica Oltra y su sicario Vicent Marzá venido expresamente de Cataluña, están arrinconando el español en detrimento de una lengua que no es ni propia como el catalán como vehículo mayoritario para impartir el resto de asignaturas a través de profesores de nuevo cuño que aunque conocen la materia no dominan el idioma con que la imparten creando un verdadero caos sobre todo en capitales de provincia con mayoría de castellano hablantes o en comarcas donde ni siquiera se ha se ha llegado a hablar nunca el valenciano como Requena o Vega Baja o como en las islas Baleares se ha borrado de cuajo loa dialectos de cada uno de las islas imponiendo el catalán y forzando a su desaparición los dialectos de Ibiza, Mallorca o Menorca todos ellos con tradición y muy distintos entre si.

Conozco el caso valenciano a través de mis nietos. Uno de ellos con nueve años con Asperger, estaba progresando con dificultades en sus asignaturas hasta que decidieron cambiarles el idioma con el que se imparten las asignaturas, Asi en Ciencias Naturales ya han cambiado el español por el valenciano como idioma vehicular y el chaval va este curso totalmente desquiciado. Pero no es el solo el perjudicado, sino toda la clase que han tenido que paralizar el curso ya que los demás no han aprendido nada nuevo este curso, sino que han olvidado lo aprendido en cursos anteriores obligando al centro a impartir de nuevo las materias del curso anterior en valenciano/catalán, creándose un verdadero caos que solo superan momentáneamente aquellos niños que recitan la lección de memoria, pero que no sirve ya que no es entendido por nadie y al dia siguiente todo olvidado.

Otro tema son los profesores que están indignados ya que han tenido que acatar una sórdenes que alteran su ritmo de enseñanza, resulta que el buen profesor de una asignatura no domina bien el idioma y los profesores de catalán no dominan las materias y se sienten fustrados cuando ven que los resultados de sus alumnos han empeorado notablemente. Es algo natural. 

Ni siquiera los niños de familias valenciano-parlantes son capaces de aprender una asignatura en catalán, que aunque parecido tiene muchas palabras distintas al catalán. Total que va a ser un año perdido para casi todos. Asi la educación va de mal en peor según el informe Pisa comparando con regiones vecinas y cada vez hay mas abandono escolar llegando al 40% en Baleares y Comunidad Valenciana. Algo que no ocurre en Castilla Leon o Asturias por poner un ejemplo.

Todo este despropósito ya ha sido denunciado por padres y profesores y se han recogido miles de firmas que ha sido remitidas al Sindic de Greuges El Síndic d’Agravis ha comunicado a la entidad valencianista que “hemos solicitado informe a la administración afectada”. Por su parte, la Defensora del Pueblo también ha acusado recibo de la denuncia presentada por la entidad valencianista.

Pero para la entidad valencianista, el primer éxito de su denuncia es la respuesta de la Fiscalía Provincial de Valencia, organismo que ha comunicado a PLV que “por parte de esta fiscalía se han incoado Diligencias de Investigación Penal y designado Fiscal Instructor”, en la confianza de no tener que remitir este asunto al Constitucional.


Pero se está esperando aún una declaración al respecto del ministro de Educación que aborde con seriedad este asunto y mande la inspección del ministerio a los centros de estas regiones y se examine el cumplimiento de la ley, empezando por Cataluña donde ya hay seis sentencias del Tribunal Constitucional incumplidas por esta causa y cuyo gobierno regional se pasa por el arco del Triunfo y ahora están empeñados en exportar su modelo a otras regiones sin ninguna implantación del catalán. Entiendo que esto podría ser un delito contra los derechos y las libertades de los alumnos. 

Es que los experimentos con gaseosa. Urgente que el ministro se ponga a la tarea, se suspenda todo este disparate, antes de que sea demasiado tarde.

sábado, 8 de abril de 2017

Los "derechos liguisticos valencianos" de Compromís

Vicent Marzà y Rubén Trenzano presentan los nuevos niveles y certificados de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 


El filo nazionalista Vicent Marzá pretende trasladar las barreras idiomáticas que plantea el uso exclusivo del idioma valenciano o catalán que ya esta imponiendo en las aulas de la Comunidad Valenciana, siempre  siguiendo las directrices de sus mentores los independentistas catalanes. Ha creado la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat que comienza a dar sus primeros pasos. 

La Dirección General de Política Lingüística de la Conselleria de Educación ha iniciado ya el trámite de información pública para el proyecto de decreto que regula la creación de este «órgano de carácter institucional», que incluso tendrá potestad para dirigirse a particulares, empresas y organizaciones. Garantizará los «derechos» de los valencianohablantes frente a administraciones, particulares o empresas

Según recoge el preámbulo del texto normativo, actualmente en la Comunidad Valenciana «los derechos lingüísticos de la ciudadanía se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad cuando emplea el valenciano en contextos diversos, tanto en las relaciones con la Administración local, autonómica o del Estado, como también en las relaciones privadas»Su ámbito de actuación, por tanto, no se limita a la Generalitat y su sector público instrumental, sino que abarca también las administraciones local y estatal y sus correspondientes organismos, pero también a las personas físicas y jurídicas privadas.

La Oficina se plantea para «atender las quejas y las sugerencias que se formulen en materia de derechos lingüísticos», además de para ejercer de «mediadora» entre la parte reclamante y la parte denunciada. Una vez recibidas las quejas o sugerencias, la Oficina podrá iniciar «un expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos constituyen una vulneración de los derechos lingüísticos».

Además, se garantiza que la Oficina dé respuesta a todas las comunicaciones que reciba. Deberá notificar a la persona interesada «la respuesta del órgano administrativo o de la persona física o jurídica privada competente». En este sentido, el nuevo órgano informará sobre las actuaciones que la parte denunciada «ha llevado a cabo para corregir los defectos que ha originado la queja o la sugerencia o para implantar las iniciativas de mejora sugeridas», tal y como señala el proyecto de decreto.

Pero «no se tramitarán las quejas o sugerencias que no tengan fundamento jurídico». Cuando estas se dirijan contra administraciones distintas a la Generalitat -con sede en la Comunidad Valenciana-, la Oficina se las notificará «para que tengan conocimiento, adopten las medidas oportunas y formulen la respuesta que sea procedente». También emitirá «recomendaciones» a las personas físicas y jurídicas, a las cuales ofrecerá «asesoramiento técnico», ya que deberán «dar cuenta de todas las actuaciones correctivas» en respuesta a la denuncia.

A mi parecer este nuevo paso adelante pretende varios objetivos: Imponer el uso del valenciano-catalán en sus normales relaciones entre la población, en detrimento del idioma español, controlar por este sistema, el pensamiento y tendencias de la población discriminándola entre unos u otros que nunca habían existido problemas de comunicación hasta que llegaron estos iluminados y por este sistema "enchufar" dentro la administración pública a una nueva remesa de amiguetes y colegas pancatalanistas instalados en las distintas oficinas de la región,que se dedicarían a controlar a la población que idioma usa, incluso dentro de su casa.  

viernes, 7 de abril de 2017

Los "derechos liguisticos valencianos" de Compromís

Vicent Marzà y Rubén Trenzano presentan los nuevos niveles y certificados de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. 

El filo nazionalista Vicent Marzá pretende trasladar las barreras idiomáticas que plantea el uso exclusivo del idioma valenciano o catalán que ya esta imponiendo en las aulas de la Comunidad Valenciana, siempre  siguiendo las directrices de sus mentores los independentistas catalanes. Ha creado la llamada Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat que comienza a dar sus primeros pasos. 

La Dirección General de Política Lingüística de la Conselleria de Educación ha iniciado ya el trámite de información pública para el proyecto de decreto que regula la creación de este «órgano de carácter institucional», que incluso tendrá potestad para dirigirse a particulares, empresas y organizaciones. Garantizará los «derechos» de los valencianohablantes frente a administraciones, particulares o empresas

Según recoge el preámbulo del texto normativo, actualmente en la Comunidad Valenciana «los derechos lingüísticos de la ciudadanía se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad cuando emplea el valenciano en contextos diversos, tanto en las relaciones con la Administración local, autonómica o del Estado, como también en las relaciones privadas». Su ámbito de actuación, por tanto, no se limita a la Generalitat y su sector público instrumental, sino que abarca también las administraciones local y estatal y sus correspondientes organismos, pero también a las personas físicas y jurídicas privadas.

La Oficina se plantea para «atender las quejas y las sugerencias que se formulen en materia de derechos lingüísticos», además de para ejercer de «mediadora» entre la parte reclamante y la parte denunciada. Una vez recibidas las quejas o sugerencias, la Oficina podrá iniciar «un expediente informativo para averiguar si los hechos expuestos constituyen una vulneración de los derechos lingüísticos».

Además, se garantiza que la Oficina dé respuesta a todas las comunicaciones que reciba. Deberá notificar a la persona interesada «la respuesta del órgano administrativo o de la persona física o jurídica privada competente». En este sentido, el nuevo órgano informará sobre las actuaciones que la parte denunciada «ha llevado a cabo para corregir los defectos que ha originado la queja o la sugerencia o para implantar las iniciativas de mejora sugeridas», tal y como señala el proyecto de decreto.

Pero «no se tramitarán las quejas o sugerencias que no tengan fundamento jurídico». Cuando estas se dirijan contra administraciones distintas a la Generalitat -con sede en la Comunidad Valenciana-, la Oficina se las notificará «para que tengan conocimiento, adopten las medidas oportunas y formulen la respuesta que sea procedente». También emitirá «recomendaciones» a las personas físicas y jurídicas, a las cuales ofrecerá «asesoramiento técnico», ya que deberán «dar cuenta de todas las actuaciones correctivas» en respuesta a la denuncia.

A mi parecer este nuevo paso adelante pretende varios objetivos: Imponer el uso del valenciano-catalán en sus normales relaciones entre la población, en detrimento del idioma español, controlar por este sistema, el pensamiento y tendencias de la población discriminándola entre unos u otros que nunca habían existido problemas de comunicación hasta que llegaron estos iluminados y por este sistema "enchufar" dentro la administración pública a una nueva remesa de amiguetes y colegas pancatalanistas instalados en las distintas oficinas de la región,que se dedicarían a controlar a la población que idioma usa, incluso dentro de su casa.  

sábado, 25 de marzo de 2017

Las ‘trampas’ del decreto para la educación plurilingüe en la Comunidad Valenciana

El consejero de Educación, Vicent Marza, y Ximo Puig. ElConfidencialAutonomico

El plazo para solicitar uno de los módulos ofrecidos ha sido mínimo; valenciano obligatorio en cualquier elección; y desaparece el castellano en la opción “avanzada”

Como resultado del decreto plurilingüe educativo valenciano, aprobado por la Generalitat Valenciana el 27 de enero y publicado el 6 de febrero, los centros públicos y concertados han tenido de plazo hasta el 15 de marzo para solicitar uno de los seis módulos ofrecidos en el decreto.

“Ha sido un plazo para evitar el debate y la participación de los padres, pues sólo han decidido la dirección del centro y el Consejo Escolar, sin consultar a los padres, consulta que sí se hizo por la jornada continua, lo cual es más que sospechoso del temor que tenían a que la libertad de elección de los padres tirara por el suelo el decreto”, aseguran a El Confidencial Autonómico desde la asociación alicantina Idiomas y Educación, que se constituyó nada más conocer las intenciones de la Consejería de imponer el valenciano.

Mientras, para el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà (Compromís), el resultado ha sido “satisfactorio para implantar el plurilingüismo y se ha manifestado la implicación de las familias y de los profesores”, la asociación Idiomas y Educación califica el proceso como “manipulación” y “chantaje”.

Se comenzará a aplicar ya en el curso 2017-18 en aulas experimentales de 2 años y en el 2º ciclo de Infantil (3, 4 y 5 años), y de modo progresivo se implantará hasta Bachillerato en 2023.

Castellón lidera el “avanzado” y Alicante lo rechaza

De los 6 modelos propuestos por el decreto, el “básico” supone una asignatura en valenciano solamente – cualquier asignatura -, mientras que los que han elegido el “avanzado” sólo tienen una asignatura en castellano – Ética o Matemáticas, a elegir por el centro – y el resto en valenciano e inglés. En el “avanzado” no se pueden dar en castellano ni ciencias naturales ni sociales.

La hora de conversación en el “básico” es en valenciano, mientras que en el “avanzado” hasta esa hora es en inglés, lo cual ha sido calificado como “chantaje lingüístico” por padres, partidos políticos –PP y Ciudadanos -, y sindicatos como ANPE, CSIF y USO, por imponer el valenciano para alcanzar un nivel elevado de inglés.

En la Comunidad Valenciana, el 54% ha elegido el “avanzado”, un 30% el intermedio y un 16% el básico (cada uno de ellos tiene dos módulos). Como era de prever, en la provincia de Castellón han solicitado un 83% el “avanzado”, y en la provincia de Alicante es donde menos se ha solicitado, solamente un 40%, por el rechazo generalizado a la imposición del valenciano en una provincia donde prima el castellano mayoritariamente, además de las zonas castellano-parlantes de la provincia de Valencia (comarca de Utiel-Requena) y Castellón (comarca del Alto palencia, con Segorbe en el epicentro)

Por otra parte, el sistema informático de la Consejería ha manipulado para impedir a diversos centros el “básico”, según denuncian desde la asociación Idiomas y Educación, tal como se explica en el gráfico que han aportado a este digital.
El “crowdfunding” para financiar el recurso judicial

Desde la asociación alicantina Idiomas y Educación han confirmado a ECA que su iniciativa de financiar mediante “crowdfunding” (micromecenazgo) va hacia delante, y ya han obtenido la mitad del coste total (7.400 euros) del recurso judicial que presentarán próximamente.

Esperan lograr lo que falta con la movilización de estos días, que se centra en los preparativos de la manifestación en Valencia – aseguran que será “multitudinaria”, más ahora que la mayoría de los padres es consciente del atropello que supone este decreto -, el próximo sábado 25 de marzo, con entidades y colectivos regionalistas – quien ha solicitado la manifestación es Círculo Cívico Valenciano - y en defensa del castellano - como informó este digital el pasado 12 de marzo-, la plataforma “NO al decretazo, Sí a la elección”, CONCAPA, sindicatos y padres de todo tipo de centros educativos.

Además, este fin de semana, concretamente el sábado, los padres se manifestarán en Valencia en contra del decreto y a favor de la “libre elección de la lengua en la educación”. Vea, a continuación, el cartel de la marcha: