PSOE, Podemos y Compromís impiden que se investigue el abuso sexual del marido de Oltra a una menor

Mónica Oltra. Foto: Europa Press

Los tres partidos que se autocalifican como progresistas y feministas acaban de unir fuerzas en la Comunidad Valenciana para impedir que salga adelante una comisión de investigación que analice lo ocurrido en el centro de menores tutelados en el que el entonces marido de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, abusó de una menor.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastida, ha defendido la necesidad de esa comisión de investigación porque “se debe contrastar si ha habido más denuncias por abuso de menores en los centros tutelados de la Generalitat”.

“Queremos saber si pudiera haber más denuncias, necesitamos crear la comisión para saber entre todos si ha habido más casos, contra quién, si se actuó, si salieron adelante y se retiraron y por qué”, ha estimado, añadiendo que todas estas preguntas “justifican la puesta en marcha de esta comisión, en su responsabilidad está pensar más en los menores y menos en Oltra y depurar responsabilidades o dejar que sigan en sus puestos quien no quiso hacer nada”.

El PP sostiene que es necesario conocer qué ocurre con la gestión de los menores tutelados por parte de la Generalitat porque “es una situación que viene de lejos” y ha recordado que hay numerosas sentencias como la de Segorbe que “le quitan la razón a Oltra”, hay requerimientos, informes del Síndic de Greuges y de la Fiscalía apuntando a la señora Oltra y a su gestión defectuosa.

Pero lo cierto es que pese a todo ello PSOE-PSPV, Podemos y Compromís han votado en contra de la comisión de investigación. Desde las filas populares recuerdan que también se tumbó una comisión en Baleares “donde piden prudencia ante situaciones graves de prostitución y abusos, y con esa hipocresía se colocarán detrás de la pancarta el próximo 8 de marzo; pasan de puntillas cuando se condena a cinco años a un abusador en la Comunitat pero se pondrán detrás de la pancarta”.

Hay que recordar que la comisión de investigación no pretendía sólo conocer lo ocurrido en ese caso de abusos del entonces marido de Oltra y en otros posibles. Lo que pretendía especialmente era conocer todo lo que ha rodeado al caso y ha provocado un fuerte retraso en las actuaciones oficiales a la hora de proteger a la menor, pese a que su denuncia fue temprana y alertó de lo que pasaba.

Y todo ello ha quedado el descubierto precisamente porque la Fiscalía acaba de dejar en una delicada posición a Mónica Oltra, desvelando que ocultó pruebas del abuso. En concreto, la Fiscalía apunta a un silenciamiento de la denuncia de la menor durante cuatro meses. La víctima era una niña ingresada en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana y, por lo tanto, bajo supervisión de la Consejería de la propia Mónica Oltra durante la fecha de la denuncia: 2017.

El autor de los abusos sexuales fue Luis Eduardo Ramírez, educador del centro de menores y, por aquellas fechas, aún marido de la titular de la Consejería y ahora vicepresidenta del Gobierno de coalición con el PSOE, Mónica Oltra.

El mancillado "honor" de la marquesa de Galapagar

Irene Montero

Revocada la condena contra el autor de un poema "machista" sobre Irene Montero

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la condena que el juzgado de Instrucción número 38 impuso al autor de un poema sobre la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, publicado en 2017 en la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria. 

La audiencia Provincial se ampara en "la libertad de expresión" y desestima la demanda de la actual ministra de Igualdad contra el escritor y contra la revista de la asociación judicial Francisco de Vitoria, que habían sido sancionados en primera instancia a pagar 50.000 euros. Además, en la sentencia,, el magistrado Jaime Moralles condena de forma solidaria a los seis miembros del comité de redacción de la publicación al pago de 20.000 euros a Montero por "no supervisar" el contenido del poema publicado en noviembre de 2017 con el título "De monjas a diputadas", firmado con el pseudónimo "El guardabosques de Valsaín".

Los versos del poema insinuaban que las responsabilidades políticas de Montero y de la exdiputada Tania Sánchez se debían a los "apetitos inconstantes" del líder de Podemos y actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al asegurar el autor: "En cuanto las ha dejado/No van a un convento cruel/Sino a un escaño elevado/La diputada Montero/ Expareja del 'coleta'/ Ya no está en el candelero/Por una inquieta bragueta/ Va con Tania al gallinero".

Los versos del poema insinuaban que las responsabilidades políticas de la portavoz de Podemos y de la exdiputada Tania Sánchez se deben a los "apetitos inconstantes" del líder de la formación, Pablo Iglesias al considerar que, además de sexista y machista, el texto "erosiona" su dignidad.

Para dicho juez, las expresiones proferidas por el autor eran "simples expansiones desde una posición sexista y machista, gravemente peyorativas para la mujer" que, además de "insidiosas e infames", resultaban ser "vejaciones". "Dichos términos, aisladamente y en su conjunto, comportan insulto, insidia y vejación grave para la propia estima de la demandante", añadía la sentencia para justificar que el contenido no podía gozar de la protección de la libertad de expresión.

Algo que ahora niega la Audiencia Provincial, aludiendo a que "la afrenta al honor que pueda suponer el texto a enjuiciar no ha de analizar expresiones aisladas, debiendo ser analizado en su conjunto, de tal manera que, expresiones que aisladamente podrían resultar ofensivas, al ser evaluadas en su contexto y en relación con el conjunto quedan amparadas por la libertad de expresión".

"La Libertad de Expresión puede hacerse valer a través de escritos de tono burlesco o satírico, lo cual cuenta con una larga tradición literaria y periodística, mantenida incluso en tiempos en los que existía la censura previa.

Ada Colau le da el golpe de muerte a la hosteleria de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona ha aumentado un 1.136%..., si el 1.136%... el impuesto de vía pública, lo que deja a propietarios de bares y restaurantes al borde de la quiebra

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido subir la tasa municipal que pagan los hosteleros por poder poner mesas de terraza en la vía pública. Lo ha hecho gracias al apoyo del PSC. Los empresarios que más han notado el aumento de los impuestos han sido los de la Plaza Real, donde algunos calculan que se les ha subido la tasa «más de un 1.100%». Pasan de pagar algo más de 4.000 euros anualmente a desembolsar alrededor de 50.000.

"Nadie nos avisó", explica una hostelera de la zona. La preocupación sobre el futuro de una veintena de empresarios de la Plaza Real de Barcelona se hace patente estos días. Acaban de constatar que el Ayuntamiento va a aplicarles una brutal subida de las tasas municipales a las terrazas. Una situación que, dicen, les aboca a una drástica reducción de personal. O incluso, temen, al cierre.

El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento aprobó, con el respaldo de En Comú Podem y el PSC, una subida de impuestos generalizada a las terrazas en toda la ciudad. Una situación que en la Plaza Real se acentúa, ya que según la nueva normativa este área ha pasado de ser considerada de ‘C’ a ‘A’ en la escala que mide la capacidad económica -y turística- de las distintas áreas de Barcelona.

«Hay meses que con lo ingresado no cubrimos los gastos, la luz, al agua, las tasas de basura, los impuestos municipales. Tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo», explica  Manuela, que lleva décadas regentando un local en esta céntrica plaza, pegada a la zona más turística de Las Ramblas y uno de los motores comerciales del centro de la ciudad.

Ese cambio de zona y la subida prevista en la ordenanza fiscal aprobada en diciembre supondrá que el impuesto municipal por le que venían pagando poco más de 4.000 euros anuales pasará a ser de unos 50.000 euros, según cálculos que hacen los propios hosteleros en base a la poca información que han recibido. Un 1.100 por ciento. Los hosteleros locales no salen de su asombro. No saben cómo lo van a pagar.

Este aumento es hijo del despropósito, la ignorancia y el resentimiento que destilan los rojos de salón que gobiernan en la ciudad. Que un bareto pase de pagar 4.700 euros a 47.000 solo cabe en la mente perturbada de quienes montan un sindicato a los manteros, les ceden locales para que se reúnan, los protegen y les organizan cursos. 

A los manteros o a los menas más conflictivos, a los que se les facilitó ¡un curso de navegación a vela! Grotesco, pero real. Colau y Collboni, la una luciendo su estulticia con toda desfachatez y el otro disimulando su incapacidad detrás de una sonrisita de circunstancias, no saben más que cargar contra el pequeño y mediano comerciante, los que hacen funcionar la cosa económica del día a día. 

Ese método intimidatorio que hemos visto tantas veces en las películas de gánsteres consistente en pagar a cambio de no tener problemas en tu negocio ni siquiera es aplicable en este caso, porque la delincuencia campa a sus anchas por Barcelona. Recuerden lo que fue este verano pasado: homicidios, disputas entre bandas a plena luz del día machete en ristre, robos, violaciones, ocupaciones, plagas de ratas y de cucarachas, suciedad y todo el carnaval del horror que ha convertido a la Ciudad Condal en la campeona del crimen ante un consistorio que solo sabe ponerse detrás de una pancarta.

A Colau no le quita el sueño que en la Plaza Real se venda droga a cualquier hora del día o de la noche, que se trafique con armas a plena luz del día –una automática con número limado en buen estado, cien pavos, munición aparte– o que los rackets que simulan vender latas para comerciar con estupefacientes o prostitución se reúnan allí a contar billetes ante el estupor del paseante a las doce del mediodía.

"No hay nada que hacer: o pagas un mil por ciento más de impuestos o te quedas sin terraza. Y si te quejas eres un facha, un machista, un eco terrorista, un explotador y un colono español"

Machirulo en estado puro

Se trata del vicepresidente segundo del Gobierno,  Pablo Iglesias que tomó el protagonismo en el Congreso. Ayer en la sesión de control al gobierno apareció el machismo que dicen combatir los de Podemos. Su jefe se comportó como lo que realmente es, impidió de su esposa Irene Montero contestara a unas preguntas dirigidas a su ministerio, el de Igualdad, igual la pobre no sabe defenderse..... Estaba agotada después del trajín con la niña por los despachos del ministerio y de la fiesta de su cumpleaños con su colegüis.

Ocurrió con las preguntas de la diputada del PP Margarita Prohens y de la de Vox Mireia Borrás sobre los casos de prostitución de menores tuteladas en centros de Baleares. Como es lo propio de las sesiones de control, las diputadas querían saber qué medidas concretas había adoptado el ministerio de Igualdad para afrontar tan espeluznante expediente. Se quedaron con las ganas porque Iglesias decidió que la titular de la cartera, Irene Montero, a quien iban dirigidas las preguntas, no hablara para hacerlo él. No debía considerar que su también esposa esté capacitada para hacer frente a la oposición. 

En una evidente prueba de machismo. Iglesias, mas chulo que Ábalos, se desempeñó con el tono soberbio, chulesco y prepotente que esperaban el resto de los grupos. Como Iglesias es así, muy suyo, lejos de responder que el Gobierno hace todo lo posible por reparar el daño y evitar que se vuelva a producir, embistió como una cabra y dijo que el asunto ya está en manos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo y que le parecía intolerable que en la bancada de la oposición se estuvieran "descojonando" con un tema tan serio, cuando la realidad eran unas sonrisitas comprensivas de las diputadas de la oposición, viendo el papelón de la Irene.

En vez de responder a las preguntas se pone chulo en plan para chulo mi pirulo. "Sacar provecho político de niñas que han sido violadas es repugnante incluso para un fascista", le ha llegado a espetar a la diputada de Vox.

El dia antes reunido con los sindicatos agrarios no se le ocurrió otra el martes que pedirles que "aprieten," ¿a quién? igual que hizo Torra con los infaustos Comités de Defensa de la República (CDR). Pero la arenga a los sindicatos no fue nada en comparación con lo sucedido este miércoles en la sesión de control en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a ganar para disgustos con su colega Pablo Iglesias. Lo del insomnio es una broma en comparación con los sufrimientos que le va a provocar el vicepresidente segundo, quien ya ha comenzado a dar muestras de un comportamiento entre machirulo y pollavieja en sus gestiones e intervenciones en nombre del Gobierno.

Sánchez deja a Murcia fuera de las ayudas por la DANA porque los daños fueron "en playas privadas"

Los destrozos de la DANA en la zona del Mar Menor. | EFE

Ni un solo euro para Murcia. Por el contrario el Gobierno sí atenderá los daños provocados por la gota fría en Cataluña, Baleares y Valencia.

Estupefacción máxima, esa es la expresión resume el estado de los miembros del Gobierno autonómico murciano tras conocer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no concederá ni un solo euro a Murcia para recuperar las zonas costeras de los abundantes daños provocados por la borrasca Gloria, mientras que sí tramitará ayudas públicas para las comunidades de Cataluña, Baleares y Valencia.

La resolución del Ministerio que dirige Teresa Ribera declara "emergencia" por los daños en estas tres comunidades y asigna un total de 19,5 millones de euros. De ellos, "4,4 millones se destinarán a Islas Baleares, 5,75 millones a Cataluña, 8,1 millones a la Comunidad Valenciana y 0 Euros para la Comunidad Murciana".

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ayudas de emergencia a Cataluña, Baleares y Valencia por los efectos de la borrasca Gloria y ha dejado fuera a Murcia, pese a que el propio presidente presenció los estragos en todas ellas desde un helicóptero. El consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, asegura que el Gobierno regional que preside el miembro del PP Fernando López Miras acordará el jueves presentar una protesta formal "por una decisión discriminatoria e injustificada".

Pero el estupor entre las filas populares aumenta al conocer el motivo que aduce el Gobierno de Sánchez para dejar fuera a Murcia de estas ayudas. Lo explicó el nuevo delegado del Gobierno en la región, José Vélez, en declaraciones a Onda Cero, en las que adujo que "(la borrasca) Gloria no nos ha traído inversiones porque es imposible, ya que se estaría haciendo algo ilegal". Según Vélez, "hay que tener en cuenta que las costas que han sufridos daños por la Gloria son privadas (sic)", una afirmación que ha escandalizado al Gobierno regional.

Todas las playas son públicas

El PP de Murcia le recuerda al flamante delegado del Gobierno que "la Ley de Aguas, en sus artículos 1 a 6, establece que el mar territorial, las aguas interiores, las islas, las albuferas, las playas y, en general, todo el litoral español, conforman el dominio público marítimo terrestre, de titularidad y competencia exclusivamente estatal. Por tanto, todas las playas murcianas, y por extensión españolas, son públicas por prescripción legal, sin que quepa la propiedad privada sobre las mismas".

Los populares murcianos aseguran que el motivo real de haber dejado a Murcia fuera de las ayudas es que "la Demarcación de Costas del Estado no ha hecho su trabajo al no tramitar los daños que le fueron notificados", a pesar de que "los ayuntamientos de los municipios ribereños sí informaron a Costas de los daños que se produjeron en sus municipios".

El Mar Menor, "arma arrojadiza"

El PP murciano afirma que "el gobierno del PSOE, con su permanente inacción, está utilizando el Mar Menor como un arma arrojadiza para atacar y perjudicar directamente al gobierno popular de la Región de Murcia".

José Vélez, nombrado el pasado 11 de febrero Delegado del Gobierno es amigo personal de Pedro Sánchez y fue su principal valedor en la región de Murcia durante la campaña de elecciones primarias que llevaron a Sánchez a la secretaría general del PSOE. Su elección levantó fuertes protestas en el resto de partidos dado que Vélez está bajo investigación judicial acusado de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por haber cobrado de forma irregular determinados sobresueldos cuando era alcalde de Calasparra.

José Vélez (centro), Delegado del Gobierno en Murcia

El juez ordena guardar las cintas del encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos y ve indicios de delito

Los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos, en el Congreso. BERNARDO DÍAZ

Ordena que se conserven todas las grabaciones y advierte de que si se destruyen se cometería un delito de desobediencia

Cuando ya se daba por descartada el borrado de las cintas del aeropuerto de Barajas durante el encuentro de Delcy Rodriguez con el ministro Ábalos por pasar el plazo para que sean guardadas por AENA, salta la sorpresa.

 

El juez de guardia ha ordenado que se conserven las imágenes que Aena tiene recogidas de la noche del pasado 20 de enero en que se produjo el conflictivo encuentro entre la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro José Luis Ábalos. El instructor acepta de esta manera la petición realizada por el Partido Popular en una denuncia y advierte de que no acatar su disposición podría ser considerado delito de desobediencia.

Asimismo, el juez declara que de los datos expuestos en el escrito del PP "se desprenden indicios racionales de hecho delictivo". El escrito judicial ha contado con el apoyo del representante de la Fiscalía, que se ha posicionado a favor de la decisión del juez de ordenar que se guarden las imágenes. Fuentes de la Fiscalía precisaron que no se han pronunciado todavía sobre el fondo del asunto.

El juez responde así a la solicitud del Partido Popular, que en la mañana de este martes había presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia para impedir que se destruyeran las grabaciones de las cámaras de vigilancia del aeropuerto. En su escrito, el partido que lidera Pablo Casado considera que "las autoridades implicadas" en el encuentro pueden haber cometido delitos de prevaricación y desobediencia.

El escrito se ha presentado de urgencia porque la ley sólo obliga a mantener estas imágenes durante un mes salvo que haya una investigación judicial o policial en curso, en cuyo caso deberían conservarse.

En su escrito, el juez requiere a "Aena o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para que procedan a conservar las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020".

El juez recoge en su auto como presuntamente delictiva "la presencia de Delcy Eloísa Rodríguez López en aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y su posible acceso a una sala VIP de la terminal de autoridades". Además, señala que permaneció en ella "hasta que abandonó España en un vuelo comercial con destino a Doha en la mañana del día 20-1-2020, en contravención de Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074". El magistrado apunta que, según la denuncia del PP, se trata de "una de los veinticinco dirigentes de la República Bolivariana de Venezuela sancionadas" y que dicha situación le prohíbe "viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la ue, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él".

El Gobierno aprueba en diferido el impuesto digital y el de las transacciones financieras.

Las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz; Hacienda, María Jesús Montero e Igualdad, Irene Montero, este martes | EFE

PSOE y Podemos aprueban sus primeros impuestos: la tasa Google y la tasa Tobin

Al demorarse al menos hasta el verano la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y sin conocerse el féficit del ejercicio 2019, a causa de los pactos con ERC y nacionalistas, el Gobierno necesita de nuevas recaudaciones que aumenten la recaudacíón para este ejercicio. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los proyectos de ley de los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha argumentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estos nuevos tributos pretenden "avanzar en un sistema fiscal más justo, más redistributivo y que se adecue a la nueva realidad económica".

El impuesto sobre transacciones financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

El impuesto sobre determinados servicios digitales o la tasa Google gravará con un 3% los ingresos que las multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

El Gobierno cree ahora que recaudará 1.818 millones de euros con estas tasas, una cuantía inferior a los 2.050 millones previstos el año pasado. Este último ya anuncian que no lo van a poner en práctica hasta fin de año para evitar que la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un nuevo impuesto digital este mismo martes active represalias arancelarias contra los coches españoles por parte del Gobierno de EEUU. 

El impuesto es similar al que aprobó Francia el año pasado y cuya entrada en vigor ha paralizado tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que había anunciado la imposición de aranceles a productos franceses por considerar que este impuesto digital penalizaba principalmente a los grandes gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Amazon, Google o Facebook.

De momento, el país galo aplaza el impuesto hasta que se pacte uno a nivel internacional en la órbita de la OCDE y la Administración Trump también paraliza los aranceles contra productos franceses. Lo que está por ver es cómo se tomará Estados Unidos este nuevo impuesto en España y si aplicará nuevos aranceles a los productos españoles, como ya hiciera en el caso francés.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó hace un año que la recaudación de ambos impuestos será muy inferior a lo calculado por el Gobierno, ya que prevé unos ingresos por la tasa Google de entre 546 y 968 millones de euros, por debajo de los 1.200 previstos por el Ejecutivo, mientras que por la tasa Tobin espera entre 420 y 850 millones, importe también inferior a lo estimado por el Gobierno, que contempla unos 850 millones.