miércoles, 21 de octubre de 2020

Trapero, absuelto: ni sedición ni desobediencia


La Audiencia Nacional ha absuelto a  mayor de los Mossos d’Esquadra, al considerar que no queda acreditado que diera apoyo a la celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017 organizado por el Govern de la Generalitat en contra del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Tampoco contempla la alternativa de desobediencia que reclamó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas de este órgano jurisdiccional,  el tribunal ha estimado que no se han expuesto en el juicio pruebas suficientes que demuestren que los Mossos formaran parte del plan del Govern para convocar el 1-O como paso previo y necesario para declarar unilateralmente la independencia de Catalunya. En su sentencia, que será notificada este miércoles a las partes, los magistrados también absuelven a la intendente Teresa Laplana y a los jefes políticos del cuerpo policial, César Puig y Pere Soler.

Según las fuentes jurídicas consultadas por la Ser, el fallo absolutorio cuenta con los votos favorables del ponente, Ramón Sáenz Valcárcel y del magistrado Francisco Vieira, mientras que el tercer miembro del tribunal y presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha emitido un “largo y denso” voto particular discrepante con la posición de la mayoría.

El tribunal no ha considerado acreditado que Trapero y el resto de acusados, en colaboración con los políticos independentistas juzgados por el Supremo, intentaran impedir o dificultar el cumplimiento de las órdenes de los tribunales de justicia, con el objetivo de alcanzar sus planes secesionistas.

El tribunal no concede peso condenatorio al relato de una de los principales testigos de la acusación, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.

El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, negó a lo largo del juicio que desobedeciera el mandato de los tribunales que intentaron detener el referéndum del 1 de octubre, y manifestó, junto a otros policías autonómicos que respaldaron su versión, que incluso ideó un plan para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declaraba la independencia y se lo ordenaba la justicia.

martes, 20 de octubre de 2020

Incemento del Covid19: ¿Toque de queda? ¿Estado de alarma?


El ministro de Sanidad, Salvador Illa

Illa deja en manos del PP el estado de alarma necesario para el toque de queda

Salvador Illa estudiará con todas las comunidades autónomas la fórmula del toque de queda. El ministro Illa asegura que "vamos a analizarlo" y pregunta al PP "si estaría dispuesto a apoyarlo en el Congreso durante más de quince días". aunque ha avisado de que esta medida requeriría para Madrid un estado de alarma refrendado por el Congreso.

Los contagios por coronavirus rozan en España ya al millón de positivos al comienzo de una semana en la que se espera que fina el estado de alarma que afecta a la Comunidad de Madrid. Una semana, en la que el Consejo Interterritorial de Salud y el Gobierno revisarán el plan de respuesta temprana ante el covid-19. A fecha de este lunes, son más de mil los territorios nacionales que han aplicado algún tipo de restricciones como el adelanto en el cierre de la hostelería, la reducción de reuniones a máximo seis personas o el cierre perimetral de algunas ciudades como Salamanca. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha aceptado que el toque de queda es una de las medidas que podría adoptarse para frenar el Covid-19, igual que ya están haciendo otros países europeos, y así lo analizará el Gobierno con todas las comunidades autónomas.El ministro ha insistido en que vienen semanas "muy duras" tanto en España como en el resto de Europa, ya que el virus "sigue presente" y circulando "entre nosotros", ya que la segunda ola de contagios "no es una amenazada sino que ya es una realidad" con una tasa media de casos en Europa de en torno a 400 por 100.000 habitantes.

Pedro Sánchez estudiará el toque de queda si Madrid se lo pide

Sin embargo, ha subrayado que un toque de queda solo podría llevarse a cabo mediante la declaración del estado de alarma y por ello ha urgido al PP a aclarar si estaría dispuesto a apoyarlo en el Congreso. "Si vamos por aquí necesitamos el estado de alarma y quiero saber quién está dispuesto a apoyarlo", ha explicado. De momento, lo que sí ha confirmado es que el Gobierno no aprobará una prórroga del mismo en la Comunidad de Madrid, una vez que la cifra de contagios en la región ha descendido después de 21 días de medidas "muy estrictas". SIn embargo, ha asegurado que los datos aún son "altos" y no "tranquilizadores", por lo que estudiará junto al Gobierno de Díaz Ayuso las medidas a adoptar.

El "estudio" sobre un posible toque de queda responde a la inquietud gubernamental porque "vienen semanas duras. El invierno del coronavirus ya está aquí", solemnizó Illa al inicio de su intervención en Moncloa en la que "la segunda ola ya no es una amenaza sino una realidad en toda Europa", ha remarcado Illa ante una situación "preocupante" ante la que ha pedido a los españoles "estar en guardia" y evitar desplazamientos innecesarios.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado en el tejado del Partido Popular la posibilidad de establecer un toque de queda en la Comunidad de Madrid y en otros territorios, tal y como ya está estudiando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para contener la propagación del coronavirus.

https://youtu.be/PiebseUvnIM

Sanidad tarda seis meses en publicar un contrato de 3,4 millones con el proveedor 'opaco' de Hong Kong


El pasado 24 de marzo Sanidad adquirió 100 dispositivos de ventilación mecánica invasiva a HongKong Travis Asia; adjudicación con este 'socio preferente' que no se ha publicado hasta ahora

El Gobierno publica en la Plataforma de Contratación, seis meses después,la adjudicación de un nuevo contrato con uno de sus proveedores de confianza durante la pandemia, HongKong Travis Asia Limited. Se trata de una compañía radicada en la ciudad homónima y que, como desveló Vozpópuli, se levanta sobre un entramado societario marcado por la opacidad, los constantes cambios en sus estatutos y las múltiples ramificaciones empresariales. Las autoridades de Hong Kong habían multado a sus representantes por incumplir con la normativa de lavado de dinero.

El nuevo contrato se centra en la compra de cien dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Un procedimiento de la Secretaría General de Sanidad negociado sin publicidad, como otros tantos para la adquisición de material sanitario durante los peores compases de la pandemia. El importe total, con impuestos, es de 3,46 millones de euros.

De acuerdo a la memoria justificativa de la adjudicación, 50 unidades debían ser entregadas a las autoridades españolas antes del 15 de abril, mientras que la mitad restante se enviaría antes del 30 de abril. El transporte de la mercancía correría a cargo de Inditex, que abrió un corredor sanitario entre Asia y España para transportar una parte significativa del stock adquirido por el Ministerio de Sanidad.

Pese a ser un contrato con fechas de referencia del pasado mes de abril, la Plataforma de Contratación fecha la adjudicación hace apenas una semana, el 14 de octubre; seis meses después de la firma del acuerdo. Fuentes administrativas consultadas por este diario aseveran que, en procedimientos de emergencia, es lícito firmar acuerdos de contratación que se publicitan posteriormente. Sin embargo, Vozpópuli no ha encontrado ninguna otra licitación del Ministerio de Sanidad para la adquisición de material que se haya publicado con tanto retraso.

Expediente de la adjudicación, con la publicación fechada en el 14 de octubre

Dinero por adelantado

Este contrato también revela una de las prácticas más habituales durante las compras de material sanitario durante el estado de alarma, que el proveedor o intermediario de turno solicite el pago por adelantado. Sanidad detalla que antes de recibir el material tuvo que abonar 2,8 millones de dólares, 2,6 millones de euros al cambio del 24 de marzo, a HongKong Travis Asia Limited para cerrar el acuerdo. 

"En base a la experiencia con otros países que están en situaciones similares a la española, más la información recabada en los centros sanitarios españoles, podría ser necesario adquirir hasta 4.000 equipos de ventilación mecánica invasiva (VMI)", detallaban en marzo en este acuerdo con la empresa de Hong Kong. 

Un socio preferente

Llegada en avión de un cargamento de material sanitario. Efe

HongKong Travis Asia Limited se convirtió en uno de los socios preferentes del Gobierno para la adquisición de material sanitario durante la pandemia tras adjudicarle una batería de contratos por valor de 245 millones de euros. Una sociedad con sede en Hong Kong y que apenas contaba con un año de existencia en el momento de la firma de los acuerdos. Según los documentos que aportó al registro mercantil local, se constituyó con un capital inferior a 1.200 euros. El entramado societario refleja constantes cambios en puestos de responsabilidad. 

Según constató este diario a partir de la misma documentación, en el apartado de 'secretario de la compañía' figuraba otra sociedad externa denominada Hung Kai Registrations (HK) Limited; otra empresa de reciente creación, con múltiples ramificaciones y que fue sancionada por las autoridades locales con el pago de 90.000 dólares taiwaneses (más de 10.000 euros) por incumplir la ordenanza “contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo”.

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, confió a HongKong Travis Asia Limited la adquisición de diferentes tipos de mascarillas por valor de 245 millones de euros. Una suma que representaba casi una cuarta parte del primer fondo de contingencia -de 1.000 millones de euros- que aprobó el Ejecutivo para comprar material sanitario de urgencia. Las licitaciones con esta empresa, como la que se acaba de publicar, delegaban el transporte en los medios de Inditex.

lunes, 19 de octubre de 2020

El TSJC condena a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament


Juicio en el TSJC a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya / EUROPA PRESS

El tribunal impone a Simó, Barrufet, Colominas y Guinó 20 meses de inhabilitación por tramitar resoluciones del 'procés' contrarias al Tribunal Constitucional y absuelve a Mireia Boya

La Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí) a 20 meses de inhabilitación y ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Todos ellos fueron juzgados por un delito de desobediencia al tramitar resoluciones del procés independentista.

Las acusaciones --fiscalía, Abogacía del Estado y Vox-- solicitaron 20 meses de inhabilitación a todos al considerar que desoyeron los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC), mientras que las defensas habían solicitado la absolución para los enjuiciados.

"Planteamiento quimérico"

Considera la sala que "frente al quimérico e insostenible planteamiento de los acusados conforme al cual los resultados de las elecciones autonómicas del 27 septiembre 2015 les otorgaron la soberanía popular suficiente para decidir y construir un nuevo orden de convivencia en Cataluña, así como para desobedecer al TC, haciendo tabla rasa del ordenamiento vigente por su propia e inapelable autoridad, se debe advertir que esta forma de pensar tampoco puede servir para excluir la aplicación del vigente Código Penal ni siquiera por la vía indirecta de sugerir un supuesto error de prohibición, al que nadie ha aludido, o para fundar una supuesta causa de justificación, esta sí alegada subsidiariamente por sus defensas".

El alto tribunal catalán asegura que el "TC se esforzó por explicar en sus resoluciones a los acusados y a otras autoridades y funcionarios públicos concernidos que el planteamiento político de sus formaciones era legítimo, siempre que supeditaran su logro al respeto de los cauces de reforma constitucional (art. 168 de la Constitución española) y del papel del TC como máximo intérprete de la Constitución (art. 161 y art. 1.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)". La sala ha impuesto a los cuatro exmiembros de la Mesa 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo de cualquier ámbito y el pago de una multa de 30.000 euros. 

Obstaculizar una resolución judicial

Según recoge la sentencia, el delito de desobediencia previsto y penado en el art. 410.1 del Código Penal es un delito especial impropio, que solo pueden cometer quienes ostenten la condición de autoridad o funcionario público. “Será preciso, además, que la autoridad o funcionario público tenga un dominio funcional del hecho, que ostente una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico tutelado”.

Ese dominio "exige que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial, bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo por razón de la materia u objeto de que se trate”.

El Constitucional, concluye la sentencia, declaró que "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones del TC 'no supone en modo alguno una restricción ilegítima de la autonomía parlamentaria ni compromete el ejercicio del derecho de participación de los representantes políticos garantizado por el art. 23 de la Constitución; es la consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos'".

La CUP sale indemne

Mireya Boya

Por otra parte, el Tribunal ha absuelto al ex diputada de la CUP, Mireia Boya, del delito de desobediencia al no darse las exigencias del tipo penal aduciendo que: "no ostentaba una posición de intervención en los hechos compatibles con el tipo penal de la desobediencia".

La sentencia sostiene que el delito de desobediencia en que se basa la condena solo pueden cometerlo quienes ostenten la condición de autoridad o funcionario público, pero agrega que “será preciso, además, que la autoridad o funcionario público tenga un dominio funcional del hecho, que ostente una posición de control sobre los riesgos de lesión del bien jurídico tutelado”.

“Ese dominio –destaca- exige que se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial (en este caso del Tribunal Constitucional), bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo por razón de la materia u objeto de que se trate”.

Podemos intenta torpedear la instrucción del caso Iglesias

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias | EFE

Podemos se niega a entregar al juez documentos sobre las obras de su sede, los sobresueldos y la 'caja B' desde julio

Podemos se niega a entregar al juez la documentación solicitada para investigar las presuntas irregularidades en obras de su sede, los sobresueldos y la caja B del partido, denominada Caja de Solidaridad, desde el pasado mes de julio.

El pasado 2 de septiembre, en una entrevista el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, mostró su disposición a "colaborar con la justicia" y sobre la documentación solicitada llegó a asegurar que habían entregado al juez "todo lo que habían pedido". "La colaboración con la justicia va a ser absoluta", insistió.

En un recurso, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la formación de Iglesias afirma que "versando todas las diligencias de investigación sobre hechos que entendemos no tienen naturaleza delictiva, no cabe mantener una investigación sobre los mismos ni requerir al partido su aportación". La formación está imputada en esta causa por financiación ilegal y delito electoral.

El juez Escalonilla en una providencia advertía al partido que "no habiendo presentado el resto de documentación que le fue requerida, referida tanto en el auto dictado el día 30 de julio de 2.020, como en la providencia dictada en fecha 31 de julio de 2.020, se requiere a dicho partido político a su presentación en el plazo de diez días, sin que el hecho de que haya presentado recurso de apelación respecto de las dos resoluciones citadas justifique la falta de presentación de dicha documentación, al no producir dicho recurso de apelación efectos suspensivos".

El juez solicitó los contratos de ejecución de obra suscritos con el arquitecto Manuel Campos García para reformar su nueva sede en la calle Francisco Villaespesa nº 18 de Madrid, los contratos de ejecución de obra con las seis entidades mercantiles que ejecutaron las obras y el acondicionamiento de dicho edificio, el expediente de licitación de la ejecución y las facturas de 6 empresas que participaron en la citada reforma. En su escrito, Podemos afirma que no parece ser "una diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación".

Respecto a los sobresueldos, el instructor requirió la normativa interna de los sueldos de los empleados y los complementos, facturas, tickets y demás documentación presentada cada mes por Rocío Val (gerente del partido imputada) y Daniel de Frutos (tesorero del partido imputado), por gastos en el ejercicio de sus funciones y las nóminas de ambos desde enero de 2.019 hasta la presente fecha. La formación apunta en su recurso: "Desconocemos a día de hoy qué relevancia penal o qué interés investigativo para el objeto de la instrucción tiene su aportación al proceso y su unión a los autos".

Por último, sobre la caja B del partido, denominada Caja de Solidaridad, el instructor reclamó el acuerdo del Consejo de Coordinación de Podemos en el que se aprobó la solicitud presentada por #404 Comunicación Popular por importe de 50.000 euros.

Según la formación, dicha petición del juez Escalonilla "tampoco sería relevante ni necesario para el esclarecimiento de los hechos, dado que ni hay indicio alguno que sostenga el mantenimiento de esta parte de la investigación más allá de 'sospechas' y 'rumorología, y tampoco se ha puesto en duda por el denunciante que las operaciones de la Caja de Solidaridad no fueran acordadas por el Consejo de Coordinación".

Es decir, casi 3 meses después del mandato judicial, el partido de Iglesias no ha aportado la documentación solicitada por el juez Escalonilla. Fuentes del caso consultadas por LD, denuncian que "Podemos está intentando retrasar, paralizar y torpedear la investigación de la causa".

Rechaza la investigación de las cuentas de Neurona

En un segundo recurso remitido al juez, Podemos rechaza también que el magistrado Juan José Escalonilla investigue las cuentas corrientes desde las que se realizaron las transferencias a la cuenta de la filial de la consultora Neurona, Neurona Comunidad S.L.

Según el recurso, "las diligencias acordadas adolecen de nulidad, y deben ser por tanto rechazadas, al derivar de la nulidad en origen por haber sido obtenida la información dimanante de la misma con vulneración de derecho fundamental a la intimidad y a la tutela judicial efectiva, habiéndose quebrantado el secreto profesional y la confidencialidad en el ejercicio del cargo del denunciante en su condición de Delegado de Protección de Datos y asesor jurídico". Todo ello en referencia a la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente.

Podemos también se opone a que se investigue si la Asociación 404 Comunicación Popular recibió finalmente 50.000 euros de la caja B del partido: "Entendemos que no existiendo indicio alguno de hechos que pudieran revestir la naturaleza de delito, la continuación de la instrucción respecto de la entidad #404 comunicación popular carece de cualquier tipo de fundamento y debe, por tanto, dejarse sin efecto".

domingo, 18 de octubre de 2020

El cierre de la hostelería en Catalunya, lleva al todo el sector a la ruina

 


Protestas en Barcelona por el cierre de bares y restaurantes impuesto por la Generalitat 

El cierre total de bares y restaurantes en toda Catalunya, entre otras medidas acordadas por la  por el covid ha entrado el viernes en vigor como estaba previsto este viernes. Llama la atención esta medida por sorpresa cuando los bares y restaurantes son los responsables del 2,3 % ya que todos ellos ya han estado bajo limitaciones muy estrictas de aforo e higiene desde el mes de agosto y que solo dos dias antes, la propia Generalitat estaba dispuesto a conceder la reapertura de locales de ocio nocturno que ahora deniegan.

Cientos de personas se han concentrado este mediodía en la plaza Sant Jaume de Barcelona para manifestarse en protesta de los cierres impuestos por el Govern en el sector de la restauración, a la que se ha sumado el sector del ocio nocturno, para contener la pandemia de coronavirus. Son medidas que condenarán al cierre definitivo de gran cantidad de establecimientos u el consiguiente paro de miles de sus profesionales, que ya no pueden soportar los continuos ataque a su actividad. 

Mientras por las tardes de viernes y sábado, se han producido aglomeraciones en centros comerciales y en ciertos momentos ha llegado a haber más de un centenar de personas concentradas en un espacio cerrado sin las distancias de seguridad. En Diagonal Mar, en todas las tiendas había una persona que calculaba la gente que entraba y salía y se han colocado cintas de separación para garantizar las distancias de seguridad. Pero, según los propios usuarios, no se ha podido cumplir.

El Ejecutivo catalán, ahora bajo la presidencia de Pere Aragonés (ERC) no ha esperado siquiera el aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) , que tiene previsto pronunciarse hoy. El Diari Oficial de la Generalitat (DOCG) ha publicado esta madrugada la resolución anunciando las nuevas medidas y su entrada en vigor de manera inmediata.

Mientras tanto continúan sin ningún control y abarrotados el Metro o cercanías, que dependen directamente de la Generalitat, ni tampoco el Aeropuerto del Prat o quienes entran en la ciudad por mar, cuya responsabilidad directa es del Gobierno de España.



Brotes nuevos en establecimientos de restauración (bares, restaurantes, etc): 7, con 53 casos. Brotes nuevos en reunión familiar y/o amigos: 193, con 1263 casos. Informe de situación 9-15 de octubre.
Rostro pensativo
Supongo que en Cataluña será muy distinto y por eso ordenan cierre de bares.
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Menos del 3% de los contagios se producen en bares,restaurantes y comercios según datos del Ministerio de Sanidad Pero siguen culpando y señalando a estos sectores poniendo el principal foco de las restricciones Lamentable gestión de la pandemia!!!!
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El saqueo de Andalucía - Regreso al pasado con el caso Isofotón

Fotografía de archivo del empresario Ángel Luis Serrano.

La juez instructora Patricia Fernández Franco, con el auxilio del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, UDEF, de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción están investigando si, tras las inyecciones millonarias de fondos públicos por parte de la Junta en la etapa de los gobiernos del PSOE en la empresa Isofotón, hay presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. A partir del 15 de octubre han comenzado a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, los 40 investigados -37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE- por el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de fondos públicos andaluces.

Se investiga si las ayudas públicas contaron con las autorizaciones y trámites preceptivos, si se excedió el límite de asignación presupuestaria de los préstamos de la Agencia IDEA de la Junta y "si, efectivamente, se hubieran otorgado prescindiendo de los cauces correctos", especifica la juez en un auto.

La petición de la juez Patricia Fernández Franco respecto a los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de Idea a Isofotón abarca así los periodos de Manuel ChavesJosé Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta, siendo condenados los dos primeros en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

En esta causa, de cualquier modo, figuran como investigados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler, por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.

Protesta de los trabajadores de Isofotón en julio de 2013.

El empresario de Isofotón, en Panamá y con una orden de busca y captura

Los juzgados de Sevilla vivieron un día antes, el 15 de octubre, una especie de viaje al pasado. El ambiente era muy similar al que se vivía durante las largas jornadas del caso ERE. El juzgado de instrucción número 3 había citado a declarar como investigados a los empresarios de Isofotón, la empresa fotovoltaica que fue liquidada en 2014 tras haber cobrado 37,3 millones de euros de fondos públicos a través de la Agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, y de Soprea, Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía.

La jueza activa la la petición de Anticorrupción después de que los hermanos Serrano no acudieran a declarar en un caso que se construye con un patrón igual al de los ERE

Orden de detención para Ángel Serrano, el empresario de Isofotón que no acudió a declarar ante la jueza por estar en viaje de trabajo entre Panamá, donde reside, y México. La juez Patricia Fernández, que instruye el caso del supuesto desvío de 37,3 millones de euros de fondos públicos en la empresa fotovoltaica, atendió este viernes la petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no había comparecido por causa justificada.

Tres ministros del gobierno también relacionados con el caso


No están investigados y sus nombres tampoco aparecen en el sumario de Isofotón, el fiasco de la empresa solar a la que regaron con 80,5 millones de euros distintos gobiernos socialistas de Andalucía. Pero tres miembros del Consejo de Ministros, Teresa Ribera (Transición Ecológica), María Jesús Montero (Hacienda) y Juan Carlos Campo (Justicia), están en la órbita de la malograda compañía solar. En el pasado llevaron a cabo gestiones que los vinculan, de una u otra manera, a la compañía malagueña. A Isofotón se le fundieron los plomos en 2013 tras una sobrecarga eléctrica de ayudas a fondo perdido,avales y préstamos (cobró unos 44,15 millones) que no ha devuelto.

La instructora Patricia Fernández, como hizo Alaya en su momento con los ERE, investiga si estas ayudas y avales a Isofotón, que sumaron 80 millones de euros, aunque no todo el dinero se terminó pagando, contaban con los trámites legales correspondientes y preceptivos. La jueza ha solicitado al Ejecutivo andaluz las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno celebradas entre 2005 y 2015. En esos años, presidieron la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Se sentó en ese Consejo de Gobierno la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y estuvo en el 'staff' de la empresa la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dirigió entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 un proyecto de alianza con Samsung en EEUU que no fructificó. “Hay ingredientes de sobra para que el PP haga de este caso el contrapunto perfecto al caso Kitchen, como hizo de los ERE la réplica a Gürtel”, comentaron fuentes del caso.