Niños hoy no hay clase,...Nos vamos de manifestación

Institutos de Olot piden autorización para que los niños acudan a las manifestaciones

Una familia con dos niños, en la pasada Diada. (Reuters)

Desde el Instituto Garrotxa de Olot insisten en que se trata de "una iniciativa estudiantil" que ellos se han limitado a apoyar. "La han mandado todos los centros de aquí", aseguran

"Apreciados padres: como ya sabréis, nos encontramos en medio de una situación política y social delicada. Durante estos últimos meses nos han estado pisando, a nosotros y a nuestros derechos. Actualmente no se trata tanto de independencia, sino de democracia y de los derechos que nos han privado. Los últimos hechos relacionados con el 1-O no nos han dejado indiferentes, por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas".

Así comienza la carta que los institutos de Olot, en Girona, han enviado a las familias de sus alumnos para informarles sobre la manifestación que se ha llevado a cabo en el municipio a las 13:30 de este jueves "en defensa de la democracia y la libertad". Como si de una excursión se tratase, los centros piden a los padres en la misiva que autoricen a sus hijos a faltar a clase y acudir a la concentración, para lo que solicitan que se rellene un formulario y firmen el papel. "¡Ahora más que nunca debemos estar juntos!", aseguran como broche final en la carta.

La carta que han enviado los institutos de Olot. (EC) El Confidencial se ha puesto en contacto con el Instituto Garrotxa de Olot, desde donde confirman que se ha enviado la carta a los padres, aunque insisten en que se trata de "una iniciativa estudiantil" que ellos se han limitado a apoyar. "La han mandado todos los centros de aquí", aseguran estas mismas fuentes. De hecho, las primeras imágenes que se han subido a las redes sociales sobre la protesta muestran cómo decenas de jóvenes han participado en la misma, aunque en los mensajes se utiliza una vez más la idea de "movimiento estudiantil" para explicarlo.

Más allá de este caso concreto, El Confidencial ha tenido acceso a un vídeo que se ha grabado la mañana de este jueves frente a la Comisaría de Policía Nacional de Manresa, donde ha tenido lugar otra concentración para protestar contra la "represión de las fuerzas de ocupación". Al igual que la de Olot, los protagonistas de la misma también han sido menores, quienes han acudido al lugar con las mochilas del colegio.

El Confidencial

Lluís Salvadó, el detenido clave de los 30.000 millones en el extranjero

De los 14 detenidos por las fuerzas del orden en la operación judicial contra el referéndum, uno de ellos, ligado a ERC, era objetivo prioritario por su importancia para el 1-O

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. (EFE)

La Guardia Civil tiene grabaciones del secretario catalán de Hacienda, Lluís Salvadó, uno de los detenidos en la operación judicial de ayer, en las que explica que ya tiene “30.000 millones de euros asegurados para iniciar la independencia”. Salvadó es también secretario general adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De ahí el enfado de los diputados de esta formación cuando se enteraron, mientras estaban en el pleno del Congreso, de la detención de sus colegas en Barcelona y de los registros en dependencias oficiales de la Generalitat.

Ese dinero, aseguraba el alto cargo del Gobierno catalán, proviene del extranjero. En algunas de sus charlas, Salvadó argumentaba que “para comenzar a andar, el 2 de octubre deberíamos tener encima de la mesa 5.000 millones de euros para cubrir los gastos de ese mes”. Su preocupación es que “el Gobierno catalán necesita 5.000 millones mensuales, o sea, 60.000 millones de euros al año, para que todo siga funcionando, pagando las nóminas de los funcionarios, pagando a los ayuntamientos, pagando a los Mossos, pagando las prestaciones de jubilación y de paro…”.

Golpe judicial al entorno de Junqueras

Con el dinero que afirmaba que ya tenía apalabrado en el extranjero, pues, tendría para ir tirando seis meses. ¿Y cómo conseguiría el resto? Él tiene claro que solo hay tres modos: mediante impuestos, mediante cotizaciones o acudiendo a los mercados internacionales. Pero en sus mensajes aleccionadores organizados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) a ciudadanos o colectivos, afirmaba que podía tener acceso a fondos de inversión internacionales que estarían dispuestos a aportar dinero para que Cataluña se independizase. Es más: dejaba entrever que ya había habido contactos con estos fondos y que no sería ningún problema obtener el dinero que Cataluña necesita para sacudirse de encima a España. Todo depende, claro, de lo que se les prometa luego a los fondos que tan ‘desinteresadamente’ apuestan por una secesión de estas características.

Sin embargo, el principal problema que tiene la Generalitat —decía Salvadó en un encuentro en el barrio barcelonés de Gràcia el pasado 11 de mayo— es que la Hacienda catalana recaudó en el año 2016 un total de 1.200 millones de euros. Eso significa que, si comienza su año fiscal el 1 de enero, el día de Reyes ya lo habría gastado todo. Es, pues, una cantidad irrisoria. Tras un gran esfuerzo fiscal en 2017, esperaba que a 1 de septiembre la recaudación de su Hacienda ascendiese a 3.000 millones, lo que alargaría la supervivencia del Estado catalán “hasta el día de San Antonio, el 17 de enero”. Otra cantidad irrisoria.

Pero su teoría tenía trampa: pensaba disminuir la brecha deficitaria con la recuperación de “15.000 o 16.000 millones de euros que corresponden al expolio fiscal”. Se quejaba de que el Gobierno español había creado un sistema fiscal que hacía que las empresas del Ibex pagaban un impuesto de sociedades inferior al 10%, lo que es un agravio comparativo “con nuestro tejido empresarial”.

La guerra de los impuestos

Por eso, afirmaba ante los suyos, “tenemos ya preparada toda la estructura informática para gestionar los impuestos en Cataluña, incluyendo los del Estado”. Lo que no dejaba claro es cómo piensa detraer los impuestos estatales de las cuentas del Reino de España y esconderlas de Cristóbal Montoro. Es cierto que, entre otras cosas, su departamento llegó a acuerdos con las cuatro diputaciones de Cataluña (todas en manos de los independentistas) para que se conviertan en oficinas recaudadoras de la Agencia Tributaria catalana en sus respectivos territorios. Pero eso no es suficiente. Lo que tiene claro es que “cuando vayamos a votar, hemos de estar capacitados para que el día después pasen cosas”.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó (d), y el vicepresidente, Oriol Junqueras.

El secretario de Hacienda se quejaba en una de sus charlas de que “en 2015, éramos 125 trabajadores en la ATC, gestionábamos el 50% de las funciones propias de la autonomía y delegábamos mucha recaudación en los registradores de la propiedad. Y hasta 2016, pagábamos 10 millones a la AEAT para hacer la recaudación ejecutiva”. Ante ello, considera que para desarrollar la Hacienda catalana es necesario “asumir la recaudación ejecutiva, ya que es absolutamente imprescindible para el día en que asumamos la recaudación de la totalidad de los impuestos. Para ello, hemos aumentado personal. Hemos pasado de 324 a 450 personas, y a 1 de septiembre tendremos 750, y en dos o tres meses más, llegaremos a las 800. A esas personas las tendremos que ubicar en algún sitio y pensamos aumentar nuestras oficinas de cinco a 32, habilitando 14 oficinas propias distribuidas por el conjunto del país. Ya hemos firmado contratos con empresas que están habilitando estas oficinas, para tenerlo todo preparado el 1 de septiembre. Luego, tendremos 13 oficinas más dependientes de diputaciones y consejos comarcales”.

Quería gestionar los embargos de tráfico

Todo ello, “ha de ir acompañado por un sistema informático para tratar datos de forma eficiente. Ya gestionamos el impuesto de vehículos contaminantes, con cinco millones de contribuyentes, y estamos preparados para asumir con estos programas aquellos impuestos que gestionan, habitualmente, los estados”. La base de datos, afirmaba, “es muy potente”.

Salvadó esperaba gestionar totalmente la recaudación ejecutiva este mes de septiembre, incluidas las 300.000 sanciones impagadas de Tráfico. “A quien no pague multas, lo embargaremos nosotros y no la AEAT, como ocurre ahora”, aseguraba. Asimismo, asume la gestión de impagados extraterritoriales de varios ayuntamientos, entre ellos Barcelona y Sabadell.

El Confidencial

TC a la Sindicatura Electoral - A multazo limpio

Tribunal Constitucional Tere García

El Tribunal Constitucional ha impuesto una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a los cinco miembros titulares y a los dos suplentes de la Sindicatura Electoral catalana, el órgano que pretende suplantar a la Junta Electoral para llevar a efecto el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el alto tribunal. La sanción llega después de que la Sindicatura haya incumplido la orden del Constitucional de informar antes de 48 horas de las medidas adoptadas para cumplir con la suspensión de la Ley del Referéndum, lo que, en la práctica, suponía la disolución del organismo.

La Sindicatura está formada por juristas y politólogos nombrados por la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP. El órgano ha nombrado ya a sus delegados, un total de 15, en las cuatro provincias catalanas y en el Vall d’Aran. Para estos miembros territoriales la sanción es de 6.000 euros. La sanción será efectiva a las 24 horas desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según fuentes jurídicas, con lo que si renuncian al cargo se ahorrarán la multa.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

La decisión se ha alcanzado por unanimidad pero tres de los 12 magistrados del tribunal de garantías redactarán un voto concurrente para fijar su postura respecto de a imposición de esta medida de carácter coercitivo. Las multas son una atribución con la que el tribunal ya contaba antes de la última reforma de su Ley Orgánica -dirigida a mejorar los instrumentos para que el TC haga cumplir sus resoluciones-, si bien dicha reforma supuso elevar la cuantía de las mismas.

El número dos de Junqueras

El Pleno del Tribunal Constitucional también ha impuesto multas diarias al número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, Josep María Jover -detenido ayer en la operación dirigida a evitar el referéndum ilegal-. La cuantía para este alto cargo es de 12.000 euros diarios mientras insista en su desobediencia a este órgano, la misma que se ha impuesto para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura electoral.

Se le ha impuesto esta sanción como jefe de la administración electoral y en este sentido también ha sido multada, aunque con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal y Roca, igualmente responsable de este asunto.

Oriol Junqueras que habia estado agazapado los ultimos meses esperando que Puigdemont quien asumiera la responsabilidad política del golpe a la democracia española,  está ahora realizando una gira por los medios afines con lágrimas incluidas de un niño malcriado en TV3 y La Sexta (La Secta).

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij28XBubbWAhWEZVAKHU6YBBYQ3ywIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbr-bKkPnajk&usg=AFQjCNFKL0ks-jVRBqT2Hi30BFFaecSPIw

Desarticulado el comando Junqueras

El núcleo duro del vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras, ha sido "desarticulado" en el curso de la investigación que abrió el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona a raíz del llamado "caso Vidal", El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, inició su instrucción tras aceptar a trámite dos querellas, una del partido político Vox, y otra del abogado Miguel Durán, contra el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal al difundirse el contenido de sus conferencias, en las que informaba que el Gobierno de Puigdemont disponía de un censo ilegal y una partida "camuflada" de 400 millones para el referéndum y la independencia.

Tras esa confesión, ERC le obligó a dimitir. Poco después el asunto entraba en vía judicial y derivaba en una investigación sobre la organización del referéndum por la que el pasado mes de julio prestaron declaración en la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona varios altos cargos de la Generalidad. La Guardia Civil también ha registrado los domicilios particulares de Santiago Vidal y del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios del Autogobierno.

La Guardia Civil ha detenido por este hecho a 14 personas entre cargos de la Generalitat y empresas privadas y ha realizado más de 40 registros -entre ellos en tres consejerías de la Generalitat y otras tres instituciones públicas- en la que supone la mayor ofensiva judicial contra el referéndum del 1-O suspendido por el Tribunal Constitucional (TC). Según han confirmado fuentes policiales y del Govern, entre los detenidos por orden del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se encuentra el 'número 2' de Oriol Junqueras en la consejería de Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, secretario general de Economia, y a Lluís Salvadó, secretario de Hacienda. Los arrestados se enfrentan a acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia al TC y revelación de secretos.

Además de Jové, han sido detenidos cargos del Departamento de Exteriores, de Asuntos Sociales, del Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Las identidades de los arrestados entre cargos del Govern confirmadas hasta el momento son Juan Manuel Gómez, de Economia; Xavier Puig Farré, de Asuntos Sociales; Josué Sallent y David Franco, del CTTI; y David Palancad, de Asuntos Exteriores. En Madrid se ha detenido también a Rosa María Rodríguez Curto, según han confirmado fuentes policiales. La Guardia Civil también ha arrestado a responsables de empresas privadas -Pau Furriol y Mercedes Martínez- en las que se ha localizado material electoral y propagandístico del referéndum.

Cuando ha corrido la voz que la Guardia Civil estaba registrando y deteniendo a funcionarios de las Consellerías de Economía, Acción Exterior etc,... los dirigentes de Esquerra o la CUP han creído que había llegado el esperado día de la gran represión que estaban preparados y que les daría el impulso para llegar a la independencia...y se han lanzado a defender el referendum. Corrió la voz y en un santiamén se juntó una turba variada, histérica y vociferante y por fortuna no muy violenta, dispuesta a impedir las detenciones y los registros como sea, que ha durado hasta entrada la tarde.

El separatismo hitérico ha llenado las calles de Barcelona. Ha comenzado de veras el "Mambo", clama la CUP en las redes sociales mientras llama a manifestarse ante los edificios de la Generalidad donde la Guardia Civil practica este miércoles detenciones y registros. Los doce altos cargos detenidos por orden judicial tienen funciones claves en la organización del referéndum. Así que varias facultades dieron el día festivo a sus alumnos. las calles de Barcelona se han convertido todo el dia en intransitables, con Juan Tardá, Anna Gabriel y otros cabecillas secesionistas como jefes de la partida vengadora.

Pero el Gobierno de Rajoy no tiene nada que ver con las detenciones de una docena de altos funcionarios o comisarios políticos de Esquerra incrustados en diversas Consellerias por las desafortunadas del antiguo juez Vidal alardeando disponer de los datos del censo de Cataluña amén del constante desvío de cantidades de su departamento hacia el "prosses" 

Nada que ver con la intervención de la Generalitat por Montoro

Todo este despliegue policial que no tiene nada que ver con la decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir TODAS las cuentas de la Generalitat, que ya es un hecho irreversible. Ha sido solo la detención de unos funcionarios presuntamente corruptos ante una causa judicial instruida contra ellos por utilizar indebidamente el dinero publico ante unas denuncias que aún no estan aclaradas.

El hecho de que una multitud de ciudadanos previamente ideologizados por políticos irresponsables. se reuniera para impedir la detención de unos presuntos delincuentes, dice mucho del estado mental de una sociedad como la catalana que lleva tiempo solo tiene en su mente una complicada e imposible huida del Estado Español. 

Estos hecho. no tienen nada que ver con la irreversible intervención de las cuentas del EStado catalán ante la imposibilidad de que la Generalitat pueda hacerse cargo de sus obligaciones, Ahora Hacienda está a la espera que se le remitan las nóminas de los funcionarios y las facturas de los proveedores para que puedan cobrar las nóminas de septiembre.

El desencadenante ha sido la declaración de insumisión ante Estado Español del propio Oriol Junqueras, cuando se ha negado a facilitar al Ministerio de Hacienda los datos de los gastos y el cumplimiento de los presupuestos presuntamente desviados para montar la secesión, mientras seguían incumpliendo con sus obligaciones esenciales y acumulando deudas al FLA. Montoro no ha hecho mas que cumplir con su obligación.

Imposible el Referendum ilegal

La operación policial por empresas colaboradoras, hace prácticamente imposible la celebración del 1-O,  tras la incautación el martes de las cartas destinadas a los presidentes y vocales de mesas del referéndum en la sede de la empresa Unipost en Tarrasa y el descubrimiento de 9 millones de papeletas en una nave de Bigas y Riells. 

Lo que está haciendo el Gobierno Rajoy junto a los principales partidos de la oposición en Cataluña es, simplemente, ejercer la autoridad legítima del Estado. Nuestro gobierno debería haberlo hecho semanas atrás, meses atrás, años atrás. Es precisamente esa cobarde demora lo que confiere una atmósfera tan traumática a las decisiones presentes. Pero si se hubiera esperado aún más, todavía peores habrían sido las consecuencias. Hoy con estas actuaciones policiales y el cierre del grifo del dinero, puede decirse que la secesión ha sido abortada.

Hasta hoy, la inmensa mayoría de los españoles mirábamos perplejos cómo una minoría separatista podía impunemente burlar la ley e incluso jactarse de ello. Si la ley es objetivamente justa, racional y además legítima, entonces el recurso a la autoridad no sólo no es arbitrario, sino que es también esencialmente justo. Y al revés, la inhibición de la autoridad es fuente de males sin fin.  Hoy, aun con el regusto amargo de los años pasados, sabemos al menos que en España el Estado sigue siendo capaz de representar los intereses generales.


Y todos estos...¿cuando trabajan?

La guardia civil interviene las "tarjetas censales" antes de su distribución

Manifestantes bloquean la entrada a la empresa Unipost en Terrassa

Viendo la cantidad de activistas y su persistencia ante el registro de la Guardia Civil a la empresa de mensajería Unipost  de Terrassa y comparando toda esta resistencia con otras parecidas hace pensar que la guardia civil han dado con las notificaciones que debían ser enviadas a los ciudadanos para ser presidentes, vocales y secretarios de las mesas electorales del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre, que todavía no se han enviado a 12 días de la votación.

Ahora mismo y desde las cinco de la mañana hay una gran tensión en la entrada de la empresa Unipost de Terrassa (Barcelona) donde un centenar de manifestantes intenta impedir la entrada de la comitiva judicial, después de que el juez haya ordenado intervenir y abrir uno de los sobres incautados por la Guardia Civil.

A su vez, los agentes se han incautado de las tarjetas censales. Todo ello se encuentra en sobres cerrados que no podrán ser abiertos hasta que se emita una orden judicial. La incautación de al menos de una parte (más de 45.000 según la información de Efe) de las notificaciones para formar las mesas del referéndum del 1-O supone un golpe en los preparativos del referéndum que abunda en la falta de garantías del proceso montado por los partidos separatistas. De momento, la Generalidad ya habría incumplido su compromiso de hacer llegar las citaciones entre el 15 y el 18 de septiembre. No consta que ningún ciudadano de Cataluña de los teóricos 55.000 afectados haya sido citado a comparecer en calidad de presidente o vocal en las mesas del 1-O.

El titular del Juzgado Instrucción 3 de Terrassa, en funciones de guardia, ha resuelto esta tarde la petición de la Fiscalía en relación con la intervención en la oficina de Unipost en Terrassa: "Del oficio policial acompañado en el escrito de Fiscalía se desprenden claros indicios de su posible comisión del mencionado delito, dada la objetiva localización de abundante e ingente cantidad de sobres con el logotipo de la Generalitat que pudieran contener as tarjetas censales necesarias para celebrar el referéndum del 1 de octubre, observándose una clara y directa conexión entre el sujeto que se va a ver afectado por la injerencia (la persona jurídica Unipost S.A., vinculada a la Generalitat al amparo de un marco contractual idéntico o similar al que se dio en la Consulta popular de 9 de noviembre de 2014) y el delito cuyo esclarecimiento se pretende (la malversación de caudales públicos del art. 432 CP) Dicha relación se expresa a través de la existencia de los indicios racionales de participación del sujeto en el hecho investigado".

El correo del régimen

Unipost es un servicio privado de mensajería que podría ser la alternativa a Correos después de que la dirección remitiera la semana pasada una circular interna a directores de oficinas y sucursales recordándoles que debían abstenserse de hacer cualquier envío relacionado con el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Unipost, cuyo dueño (de la familia Raventós) es uno de los accionistas de Codorníu, es la misma que envió las notificaciones para la mesa electoral y la propaganda para la consulta del 9 de noviembre de 2014. Unipost, presidida por Antón Reventós Reventós y dirigida por Pablo Reventós Sáenz, presentó el pasado mes de julio un concurso de acreedores tras varios meses de impagos a trabajadores, proveedores y entidades bancarias. La empresa lleva años en números en rojos ya que acumula una deuda de más de 50 millones de euros y pérdidas por valor de 23 millones.

Esta no es la primera vez que la empresa de mensajería de los Raventós está en el punto de vista de la las autoridades. En noviembre de 2014, la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña solicitó a Unipost que explicara quién, cómo y cuándo le fue encargado el envío de notificaciones de la mesa electoral y el buzoneo para la consulta del 9-N. la Fiscalía le reclamó además la hoja del encargo, el contrato y la factura así como quién les facilitó el censo electoral.

Manifestantes bloquean la entrada a la empresa Unipost en Terrassa 

Fiscalia implica a Puigdemont en el caso Acuarium

Operación de la Guardia Civil contra la corrupción en Gerona: el 3% rodea a Puigdemont

El juez del juzgado de instrucción número 2 de Gerona y la fiscalía anticorrupción ordenan quince registros en empresas públicas y privadas.

El expediente del 3% de Convergencia abierto en un juzgado de El Vendrell (Tarragona) ha llegado a Gerona tras un informe de la Agencia Tributaria en el que se destacan toda clase de ilegalidades en la gestión de la empresa Aggisa, la compañía pública que se ocupa del suministro de agua de Gerona, Sarriá de Ter y Salt, y en la que también participa la privada "Girona SA", entre otras. En un registro en la consultora Efial, en el marco del operativo original, se halló un informe elaborado sobre Aggisa encargado por el que fuera alcalde de Gerona hasta enero de 2016, Carles Puigdemont.

Como el Juzgado de instrucción número 2 de Gerona tenía una investigación abierta sobre las irregularidades en la compañía de aguas, tras una denuncia de la CUP, la documentación se aportó a dicho juzgado, cuyo titular, Manuel Marcelo, y la fiscalía anticorrupción han ordenado la práctica de 15 registros en empresas y domicilios de varias poblaciones de la provincia como Fornells de la Selva, Bescanó, Navata y la capital.

La instrucción arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones. El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.

La CUP pidió un aluvión de diligencias para profundizar en el perjuicio ocasionado a los ciudadanos pero no había conseguido ir más allá del papel jugado por estos consejeros. El escenario cambió en junio cuando trascendió que la Agencia Tributaria había elaborado, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa que detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.

Desvío de 15 millones

El grupo municipal de la CUP fue el que presentó la denuncia en los juzgados de Gerona en 2016 sobre el como mínimo irregular funcionamiento del consorcio de empresas. Hoy, en cambio, han acusado al Estado de practicar "una guerra sucia contra el proceso catalán" y en voz baja han insistido en su denuncia, pero centrándola en la etapa de los alcaldes socialistas Joaquim Nadal y Anna Pagans, antecesores de Puigdemont, cuyo mandato comenzó en 2011.

Se investiga el posible desvío de quince millones de euros y el pago a cargo de las cuentas públicas de lotes de navidad, cuentas de supermercados, de restaurantes y hasta de joyerías, todo ello aliñado con operaciones de ingeniería financiera, facturas falsas y pagos por servicios no prestados. En suma, un retrato municipal gerundense del denominado macrocaso del 3%, la trama establecida por Convergencia en todas las administraciones bajo su control para el enriquecimiento de empresarios afectos al partido y la financiación irregular del mismo y sus dirigentes.

La Guardia Civil registra en estos momentos las empresas Agissa, Girona SA y Prodaisa en una operación que podría comprometer a Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, por la gestión que se hizo desde el Ayuntamiento de Girona de las aguas y del alcantarillado durante parte del tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad. En concreto por haber permitido, presuntamente, la continuación de irregularidades que se venían produciendo desde hace lustros.

El juez del número 2 de esta localidad catalana, Manuel Marcelo, que está al frente de las investigaciones, ha firmado también un requerimiento dirigido al Consistorio gerundense y ha citado a declarar a varios concejales relacionados con las empresas investigadas o con las concesiones que éstas han recibido. Los registros, un total de 15, se están llevando a cabo en Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata (Girona), en el marco de la operación denominada como 'Aquarium'.

Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si fueron desviados más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Girona, Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría «serios indicios» de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular.

Agentes de la Guardia Civil acuden a registrar la sede de Agissa

Caso del 3%

En concreto, el instructor ha citado al empresario y exconsejero Joan de Llobet, que era dueño del 0,75% de la empresa mixta del agua de Girona, Salt y Sarriá de Ter (Agissa); al exconcejal del PSC y ex teniente alcalde de Girona Tomàs Sobrequés; al exconsejero de la sociedad Manuel Serra Pardas; al abogado Luis Sibils; y al empresario Ángel Dutras.

Estas imputaciones se acordaron después de que la Fiscalía Anticorrupción aportara al procedimiento, que se había abierto en julio de 2016 en Girona, un informe de la Agencia Tributaria catalana. Este documento se había elaborado en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

A partir de los indicios apuntados por la Agencia Tributaria, los investigadores sospechan que AGISSA, que suministra el agua a los municipios de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Girona), desvió fondos para beneficiar a GIRONA S.A., entidad privada que forma parte de la sociedad mixta, en detrimento de la parte social de la compañía y, en consecuencia, de las arcas públicas.

Los vínculos de Puigdemont

Los agentes han solicitado documentación en el Ayuntamiento de Gerona, lo que ha provocado una airada protesta pública de la alcaldesa convergente Marta Madrenas, que ha vinculado el operativo con el referéndum. "En lugar de operación Aquarium se debería llamar operación Urnas", declaró.

No es la primera vez que el 3% salpica al actual presidente de la Generalidad. En febrero de este año fue arrestado por segunda vez Josep Maria Bassols, exalcalde convergente de Anglés y director de campaña de Puigdemont en las elecciones municipales.

El nombre de Carles Puigdemont aparece en varios documentos de la matriz original del tres por ciento. Hay incluso una fotografía del "president" con Bassols en un partido del Camp Nou. Entonces, Puigdemont era alcalde y Bassols remitía la imagen a uno de sus contactos. El propósito era implantar en Gerona el mismo procedimiento de contratación de los convergentes cuando gobernaron el ayuntamiento de Barcelona. 

La Fiscalía Anticorrupción busca información sobre las posibles mordidas vinculadas a la empresa municipal del agua en la que se han detectado salarios sin justificar por 5 millones, un reparto irregular de 10 millones de euros y créditos irregulares.

El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.

La desconexión (bancaria) de los independentistas

Hacienda limita el uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern

Hacienda prohíbe el uso de las tarjetas de crédito sin control previo para evitar que financien el referédum. El Gobierno explica a la banca cómo deben actuar frente a los pagos ordenados por la Generalitat

El sistema de control de pagos de la Generalitat que ha diseñado el Ministerio de Hacienda para evitar cualquier vía de financiación del referéndum del 1-O también se extiende a las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern. Los pagos a cuenta de estas tarjetas de crédito sólo serán atendidos por las entidades financieras en la medida en que vayan acompañados de un certificado de la Intervención General.

Así se lo han comunicado este lunes representantes del Ministerio de Hacienda a los directivos del sector financiero con los que se han reunido este lunes en la sede del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, según fuentes conocedoras del encuentro. La reunión había sido convocada para explicar el alcance de las medidas adoptadas el pasado jueves por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que suponen la intervención de facto de las finanzas de la Generalitat. El Ministerio de Hacienda ha dado detalles a los bancos sobre su decisión de que "no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General"; además, si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.

El control sobre las tarjetas de crédito de los altos cargos conecta con una de las medidas adoptadas por el Gobierno en el sentido de que "todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma de Catalunya precisarán de autorización del Consejo de Ministros", tanto las que se formalicen a corto como a largo plazo, según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado. Al controlar el uso de las tarjetas se impedirá que altos cargos de la Generalitat puedan financiar gastos vinculados al referéndum intentando sortear el control de la Intervención y de las propias entidades financieras, pues los extractos de los pagos se conocerían, posiblemente, en una fecha posterior a la del referéndum del 1 de octubre.

Encuentro técnico

El encuentro entre representantes de Hacienda y las entidades financieras ha sido de tipo técnico y operativo, por lo que han acudido al mismo directivos de las áreas jurídicas y de cumplimiento normativo de las entidades. La convocatoria se ha realizado a través de las patronales del sector: la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha explicado a los bancos cómo deben aplicar la medida aprobada por el Ejecutivo.

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó el paquete de iniciativas el jueves y el sábado se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que ya están en vigor. Hacienda anunció el viernes que las iba a poner en conocimiento de las entidades "con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero".

Evitar retrasos en las nóminas

Según el paquete de medidas adoptado por el Gobierno, mientras se mantenga la "situación de riesgo para el interés general de la comunidad autónoma de Catalunya" que a su juicio supone la convocatoria del referéndum ilegal y la posible declaración unilateral de independencia, Hacienda dejará de realizar nuevas transferencias a la Generalitat para pagar los servicios esenciales. En lugar de eso, Hacienda abonará directamente tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados, a cuenta de los recursos mensuales asignados a la comunidad con cargo al sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones de euros al mes, aproximadamente el 80% de sus recursos totales).

Para poder atender el pago de nóminas y proveedores, la Intervención General de Catalunya deberá comunicar a Hacienda una relación de acreedores con los que la Generalitat tenga obligaciones de pago por importe equivalente a su participación en el sistema de financiación autonómica (unos 1.400 millones al mes). Dicha comunicación deberá ir acompañada del certificado de que ninguno de esos pagos financian "ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales". Después de eso, Hacienda podrá ordenar el pago.

De cara a las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat correspondientes al mes de septiembre, Hacienda espera que el interventor le envíe un listado de las órdenes de pago antes del día 26, que es cuando se ordenan estas transferencias bancarias. Si no es así habrá retrasos en el cobro de las nóminas, explican fuentes del Departamento de Cristóbal Montoro. 

Certificación o declaración responsable

Estas medidas afectan a los pagos que el Govern realiza mediante las transferencias que el Estado le hace a cargo de los impuestos que recauda y que suponen el 80% de la financiación de la comunidad autónoma. Sin embargo, la Generalitat también ingresa directamente unas partidas menores por impuestos propios y por otros medios.

El Gobierno quiere evitar que tampoco se utilicen esos recursos para financiar el referéndum. Para ello, Hacienda ha trasladado a los representantes de las entidades financieras que "cualquier pago de la Generalitat deberá ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal".

En caso de que no se aplique un procedimiento de fiscalización previa, será preciso que junto con la orden de pago, se acompañe una declaración responsable firmada por los responsables autonómicos. Las citadas certificaciones y declaraciones responsables deberán ser comunicadas a Hacienda, so pena de incurrir en responsabilidades, incluida la penal, en su caso. Solo después de este proceso, Hacienda permitirá a las entidades financieras que atiendan las órdenes de pago "a los efectos de que tengan garantías de que el servicio no se dirige a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales", según la orden ministerial.

El papel de los proveedores

Los empresarios proveedores de la administración catalana también podrán colaborar con los objetivos anti-referèndum de Hacienda. "Cualquier persona física o jurídica que entregue bienes o preste servicios a la administración de la comunidad autónoma de Catalunya o cualesquiera de sus entidades, vinculadas o dependientes, podrá adjuntar a la correspondiente factura que emita una declaración responsable en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales", se afirma en la orden ministerial del BOE.

En la redacción de la norma no queda claro, si la participación de los proveedores será voluntaria u obligatoria. Del párrafo anterior, se desprende cierta voluntariedad ("podrá adjuntar"), sin embargo en un párrafo posterior se establece que en el caso de tener "dudas" sobre servicios o suministros ya prestados "se comunicará igualmente al MInisterio de Hacienda y en su caso al Ministerio Fiscal"