El Parlamento Europeo pide explicaciones a la Generalidad por la inmersión lingüística

Varios ciudadanos acudieron a la Eurocámara a denunciar la discriminación en las aulas. Bruselas preguntará sobre los incumplimientos de sentencias.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalidad de Cataluña para pedir información sobre la política de inmersión lingüística, después de que varios ciudadanos catalanes hayan participado en un debate en el que han denunciado la "discriminación" y la "vulneración" de derechos que sufren los padres que quieren educar a sus hijos en español.

Así lo ha anunciado la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la liberal sueca Cecilia Wikström después de las intervenciones de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y Carlos Silva, en nombre de la organización Impulso Ciudadano.

"Enviaremos una carta a las autoridades nacionales para pedir información refiriéndonos a las sentencias del tribunal. Creo que una buena forma de avanzar", ha propuesto Wikström, en referencia a las sentencias del Supremo sobre el español que se incumplen sistemáticamente en Cataluña.

"El Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes", ha insistido.

"Hay familias que tienen que mudarse a Cataluña por un corto periodo de tiempo y cuando vuelven a otra parte de España los niños no deben haber perdido su lengua completamente. Restringir la libertad de movimientos de las familias está simplemente en contra de los valores de la UE", ha defendido la sueca.

La presidenta ha desestimado "por ahora" la posibilidad de enviar a un equipo a examinar la situación en los colegios catalanes, porque entiende que "preguntar a las autoridades es el paso previo" a tomar esta medida.

Por su parte, los representantes de la Comisión Europea que han participado en los dos debates han explicado que la competencia en ambos casos pertenece a los Estados miembros y que, por tanto, no tiene poderes para intervenir.

"Vulneración constante" de los derechos lingüísticos

Antes, tanto Silva como Losada han expuesto sus quejas ante los eurodiputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aunque todos los que han intervenido en el debate han sido españoles como la propia Becerra, Maite Pagazaurtundúa (UpyD), Rosa Estaràs (PP), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) o Josep-Maria Terricabras (ERC).

En una rueda de prensa anterior a los debates, Silva ha denunciado que "la anomalía democrática que existe en estos momentos en Cataluña es la situación que ha vivido durante décadas la comunidad castellanohablante"

"Se siente discriminada, sus derechos fundamentales son vulnerados y es ignorada por parte del régimen nacionalista, que ha hecho del tema lingüístico la punta de lanza de toda su política identitaria", ha criticado .

En su opinión, los derechos lingüísticos de los catalanes "se miden por un doble rasero según la lengua del consumidor" que se articula a través de una ley que dispone "un régimen sancionador para aquellos comerciantes y empresarios que no rotulen absolutamente todo en catalán".

Además, ha denunciado que el Gobierno catalán "ha implantado un sistema policial" mediante el cual "ha sometido al pequeño comercio y a miles de empresarios a una serie de severos controles" que han llevado a "cientos de sanciones y cientos de miles de euros en multas".

"Los inspectores de consumo en Cataluña se han convertido en protectores de unos pocos", ha asegurado Silva, para después afirmar que el derecho de los consumidores y usuarios a "ser informados en una lengua comprensible no está garantizado" en Cataluña "por decisión de los sucesivos gobiernos catalanes".

Losada, por su parte, ha dicho ser "la voz de muchos padres catalanes" que ven que sus derechos lingüísticos son "vulnerados constantemente" desde hace 30 años por la Generalidad. "Aunque la legislación y la Constitución protege nuestros derechos, el día a día no se ejecuta como tal y tenemos una escuela que arrincona a una lengua que además es la mayoritaria de los catalanes", ha expresado.

"Les ha fallado el Estado"

En la comparecencia de prensa, Losada ha manifestado que "romper el miedo" de los padres a solicitar estos derechos es "muy difícil" porque "el bloque nacionalista ha trasmitido el mensaje de que aquellos que quieren más castellano en la escuela se oponen o queremos marginar al catalán". "Nada más lejos de nuestras intenciones", ha subrayado.

"Queremos que nuestros hijos aprendan a convivir desde la escuela con las dos lenguas, con esas dos culturas escritas en diferentes lenguas, que es un enriquecimiento y que se está convirtiendo en un motivo de marginación para el 50% de los alumnos catalanes", ha explicado.

Junto a ellos, la eurodiputada Beatriz Becerra ha criticado que "a los catalanes y al resto de ciudadanos que sufren la discriminación lingüística les ha fallado el Estado", porque "los poderes públicos españoles no han hecho lo suficiente" y por eso estas personas "acuden a Bruselas con la esperanza de que la UE pueda ayudarlos".

Parlamento Europeo | EFE

Profesores del odio

La concentración de los estudiantes del IES Palau

La denuncia de la Fiscalía a 9 profesores catalanes por discriminar a hijos de guardias civiles que se esta instruyendo en el Juzgado Nº 2 de Martorell no ha pasado desapercibido y merece un profunda reflexión vista la reincidencia al adoctrinamiento separatista cargado de odio a España y todo lo que representan sus instituciones, por parte de cierta clase profesores de enseñanza catalana.

Se basa en el rechazo de más de 200 alumnos del IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, cuando pidieron respeto a sus compañeros que son hijos de guardias civiles, después de que el pasado lunes otros menores y algunos profesores manifestaran supuestamente una actitud discriminatoria hacia ellos –que el centro niega, pero del que sí hablan sus padres y los alumnos-; y para hacer una llamada a la convivencia.

A renglón seguido, especifica el comportamiento de los profesores, que el 2 de octubre de 2017 calumniaron contra la Guardia Civil en las clases a las que asistían hijos de agentes. Observaciones del tipo "no me encuentro en disposición de dar clases normales por lo acontecido en el día de ayer, ya que la Policía y la Guardia Civil me han tratado a palos, porque son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos", "los Guardias Civiles son unos animales, sólo saben dar palos" o "me encuentro muy triste, no puedo dar clase por la violencia desproporcionada que ejerció el día anterior la Policía y la Guardia Civil".

Relata la Fiscalía como los hijos de los agentes respondieron que "no todo el mundo era así, que su padre era guardia civil y que no había pegado ningún palo a nadie el día anterior". Incluso uno de los menores "expresó sentimientos de ansiedad y preocupación por las consecuencias y represalias que pudieran sufrir por el profesorado, así como por parte de otros alumnos que se han manifestado en el patio a favor de la independencia".

Clases paralizadas

Los profesores "exigieron a todos los alumnos que debían bajar al patio para hacer un acto de protesta y condenar los hechos violentos atribuidos a la Policía y la Guardia Civil el día anterior con motivo del referéndum ilegal" y "para defender la independencia". Según la Fiscalía, "los alumnos hijos de agentes siguieron las instrucciones por miedo a represalias". Otro maestro expresó: "el que esté a favor de la violencia policial que se quede en clase y el que no, que se baje al patio". Todos fueron obligados finalmente a seguir la protesta.

El Ministerio Público narra otro episodio en el que las profesoras denunciadas señalaron a algunos alumnos: "¿estarás contento con lo que hizo tu padre ayer?". Cuenta cómo el menor en cuestión rompió a llorar.

Los maestros eran conscientes del "clima de rechazo social contra la Guardia Civil y de la gran polarización que afectaba a la sociedad catalana y al resto de España, producida por las graves tensiones derivadas del proceso separatista que sigue sufriendo dicha sociedad, caracterizado por una gran agitación y enfrentamiento de carácter social". El Ministerio Público entiende que los docentes investigados sabían "del menoscabo moral y de la humillación que pudieran comportar entre sus alumnos, muchos de ellos agentes de la Guardia Civil que desarrollan su actividad profesional como guardias y residen en el colindante cuartel de Sant Andreu".

Entonces 200 alumnos del IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, pidieron a través de una concentración silenciosa que se respete a sus compañeros que son hijos de guardias civiles, después de que el  lunes despues del referendum otros menores y algunos profesores manifestaran una actitud discriminatoria hacia ellos para hacer una llamada a la convivencia.

Desde que el separatismo catalán comenzó los preparativos para su golpe de Estado, se han multiplicado las agresiones a los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Catalanes que ven menoscabados sus derechos a manos de elementos separatistas, tanto más despreciables cuanto más poder tienen o se les deja tener.

Tras el fracasado referéndum liberticida del 1 de octubre, la presión de los nacionalistas se ha intensificado sobremanera en los medios de comunicación dependientes de la Generalidad, odiosas maquinarias de agitprop antiespañol, y en el ámbito de la enseñanza, donde los peores enemigos de Cataluña hacen y deshacen a su antojo.

Indeseables repulsivos comidos por el fanatismo siguen descargando su resentimiento infame sobre hijos de guardias civiles y policías que tienen la desgracia de padecerlos como profesores. Sirva como ejemplo de la gravedad de la situación la denuncia que pesa sobre nueve docentes acusados de vejar a unos niños culpables de tener unos padres comprometidos con la defensa de las libertades, no con quienes quieren dinamitarlas. Los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Público son indignantes y dan escalofriante cuenta del calvario que la canalla separatista está infligiendo a tantos menores de edad.

La sección encargada de la lucha contra el odio y la discriminación entiende que los profesores han incurrido en delitos de lesiones de la dignidad e injurias graves contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Fiscalía enmarca la persecución "en el contexto de la profunda hostilidad" que reina en Cataluña desde incluso antes de la votación, cuando se produjeron "concentraciones de personas ante las casas cuartel de la Guardia Civil desplegada en la provincia de Barcelona" y "en todas ellas se han dirigido insultos hacia dicho cuerpo policial con exigencias de salir de Cataluña".

Más allá de la calificación jurídica que este caso en particular merezca, resulta imprescindible someter a depuración la escuela catalana, en manos de fanáticos de la peor calaña indignos de la misión que jamás se les debió asignar: la formación de los niños del Principado. Urge aplicar con contundencia el artículo 155 de la Constitución por el tiempo que haga falta, para que nunca más un hijo de un guardia civil se vea aterrorizado por profesores que no lo son porque han decidido ser perros de presa de una ideología mas que discutible.

Rebelión de altos cargos cesados por el 155 contra Puigdemont

Carles Puigdemont y siluetas de ex cargos del Govern ante la Generalitat / FOTOMONTAJE DE CG

Exigen ser recolocados, pero el expresidente no aclara si habrá elecciones y si los diputados repetirán, mientras PDeCAT paga los gastos de su núcleo duro

Mientras Carles Puigdemont juega al despiste con su investidura, aumentan las voces internas que lo cuestionan. El tiempo pasa sin que el líder de Junts per Catalunya dé garantías de que habrá Gobierno y no será necesario convocar nuevas elecciones. Según ha podido saber Crónica Global, altos cargos cesados por el artículo 155 han expresado sus quejas por el trabajo voluntario que realizan ahora para el partido con la esperanza de ser recolocados, mientras crece la incertidumbre.

El malestar se hace extensivo al grupo parlamentario, donde muchos diputados temen que no repetirán en las listas del expresidente si hay nuevos comicios. Por su parte, los dirigentes de PDeCAT comienzan a estar hartos de pagarle la fiesta al núcleo duro de Puigdemont.

Decenas de altos cargos y eventuales con sueldos más que generosos han sido destituidos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La impaciencia se apodera de ellos, porque estaban convencidos de que podrían regresar a sus puestos cuando se forme Gobierno. Pero no hay nada claro al respecto. Puigdemont afirma que se ha ganado el derecho a gestionar sus tiempos y esconde sus futuros pasos.

Los 'yuppies' de Puigdemont

“Estamos trabajando voluntariamente y esto se está alargando demasiado. No tiene sentido esperar otro mes si sabemos que no queremos ir a elecciones”, afirma un exmiembro del gabinete de un consejero del Govern cesado. Los nervios se traducen en algunos casos en animadversión contra los miembros de la guardia pretoriana de Puigdemont, que comienzan a ser conocidos como los yuppies –Elsa Artadi, Aurora Madaula, Jaume Clotet, Laura Borràs y el también cesado Agustí Colomines, entre otros-- por sus pudientes orígenes. El ordeno y mando de ese reducido grupo que todo lo decide comienza a ser exasperante para los, hasta ahora, obedientes cargos.

Igualmente leal se ha mostrado PDeCAT, pero a la nueva Convergència se le agotan las razones. “Ellos (el núcleo duro de Puigdemont) gastan y luego pasan la factura al partido cuando esto no estaba así acordado. La subvención electoral del grupo parlamentario la controla Elsa Artadi”, aseguran en la formación coordinada por Marta Pascal.

La financiación de JxCat

Se refieren al importe correspondiente al número de escaños obtenidos, principal fuente de financiación de los neoconvergentes. En este sentido, atribuyen al responsable organizativo de PDeCAT, David Bonvehí, no haber pactado mejor cómo se gestionaría el dinero de la formación. A esta circunstancia se une el hecho de que Puigdemont no garantiza que, en caso de elecciones, repitan la mayoría de diputados de JxCat.

Finalmente, los retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores del llamado Espacio Libre de Bruselas, uno de los órganos de gobierno en el exilio inventados por Puigdemont, también provocan protestas. Un pago que, en algunos casos, se realiza de forma “poco convencional”.

La incertidumbre, por tanto, está minando la moral de los convergentes. Máxime cuando saben que, en ERC, existe más claridad sobre el futuro de cargos y diputados.

Gimnasia para perros

Pese a que el Ayuntamiento de Madrid presume de haber reducido la deuda de la capital, Carmena está decidida a seguir despilfarrando dinero de los madrileños. El Ayuntamiento madrileño va a mejorar diferentes zonas de la capital, rehabilitando el pavimento, las zonas verdes, áreas infantiles y mejorando los servicios para los ciudadanos madrileños.

Pero la inversión más sorprendente que llevarán a cabo será la que se realizará en la plaza Villa de París, donde se gastarán 60.000 euros para ampliar y mejorar la zona canina, poniendo aparatos de gimnasia para perros.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a su equipo de concejales, han perdido definitivamente el oremus. Porque....¿A cuántos refugiados ha metido Carmena o alguno de los suyos en su casa? La respuesta es tan evidente como el agujero de un donut. Cero patatero (o Zapatero, que para el caso es lo mismo)

Ahora la prioridad de la señora Carmena son los perros. Sí, igual tiene miedo a que le ladren los simpáticos bichos de cuatro patas y, viendo que viene el verano y que hay que ponerse en forma ha decidido que en la plaza de la Villa de París, muy cerquita de Colón y de Recoletos, en pleno cogollo judicial (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), se va a gastar la cifra de 60.000 euros para ponerle un gimnasio callejero a los perritos.

Algo que si lo pensara solo unos minutos, y  aunque solo fuera egoistamente, este despropósito no le dará muchos o ningún voto en las próximas elecciones, ya que los canes no votan, de momento… porque visto lo visto en cualquier momento los vemos haciendo cola en los colegios electorales para depositar su voto perruno.

Y claro, en una ciudad con tantas apreturas sociales como Madrid, con 3.000 personas viviendo en la interperie o, con un poco de suerte, durmiendo en las noches en un albergue, quizá se haría perentorio buscar una solución a esos ciudadanos, procurarles una vivienda, ropa, comida, pago de luz, agua y gas e incluso poder insertarles en el mercado laboral. Pues va a ser que no.

Las facturas del 1-O que no vio Montoro: sobres, observadores y hoteles

Montoro en la sesión de control del Senado. (EFE)

El Confidencial publica dos recientes informes de la Guardia Civil que incluyen documentos con órdenes de pago de distintos conceptos vinculados a la consulta independentista que llegaron a hacerse efectivas

Cristóbal Montoro no detectó todas las facturas destinadas a gastos para el referéndum del 1 de octubre. Dos recientes informes de la Guardia Civil incluyen en sus anexos documentos con órdenes de pago de distintos conceptos vinculados a la organización de la consulta independentista que llegaron a hacerse efectivas. Tanto el Tribunal Supremo como el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ya tienen en su poder esta documentación, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Uno de los casos es el de los sobres que se emplearon para remitir por correo las comunicaciones de designación de las mesas electorales. Este material, con la leyenda exterior Generalitat de Cataluña fue solicitado por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Josep Ginesta a la empresa guipuzcoana Zelatun, que suministra de forma tradicional a esta y otras áreas del Govern.

De esta forma, camuflado en un pedido general fechado el 27 de junio, el mismo departamento que elaboró el mensaje de comunicación remitido a los miembros de la mesa electoral encargó también los sobres. Aquellos que debían emplearse para este cometido se identificaron como modelo 8837. Muchos de ellos fueron incautados en las naves de Terrassa y Manresa donde la empresa Unipost almacenaba el resto del material para la votación, incautado en una operación policial días antes de la consulta. Ya se encontraba preparados para su envío, con la correspondiente notificación electoral en su interior.

No es el único ejemplo, otro de los más evidentes es el pago a la institución holandesa The Hague Center for Strategic Studies. El contrato fue suscrito por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea y abonado en su mayor parte a través de transferencias. Según se desprende de la pieza sobre la actividad del ente de exteriores, Diplocat, que investiga el Juzgado 13 y hasta ahora se mantenía secreta, la información que se solicitó a la Asesoría Jurídica del Govern y la que proporcionaron otros organismos no concuerda. "Es una señal de opacidad", asegura el informe.

Mientras los primeros han respondido en distintas ocasiones a los mandamientos judiciales con la frase "en ningún departamento de la Generalitat se ha producido coste alguno relacionado con el referéndum", los datos de la Delegación de Gobierno desmienten esta afirmación, aseguran los agentes. En este caso, la contratación y el pago trataron de disimularse otro concepto genérico: el asesoramiento para el desarrollo de una estrategia de acción exterior en el entorno de la Unión Europea. El informe concluye que el concepto era falso y la función real de la empresa era la de supervisar el referéndum.

La cantidad total asciende a 167.065 euros que debían abonarse en tres pagos. Los dos primeros llegaron a su destino aunque no así el último de ellos. En septiembre se transfirieron 58.250 euros y en octubre 61.450. La Guardia Civil cita a la interventora que aporta los datos sobre el gasto al Ministerio de Hacienda, Rosa Vidal, que fue nombrada para este cargo en mayo de 2016 y se mantuvo como responsable de las notificaciones semanales de gasto tras la aplicación del 155.

Vidal informó que las transferencias que publicamos y su contabilización se incluyó en el programa electrónico Gestión de Autonomía a cargo de la partida presupuestaria 2278900 'Otros trabajos realizados por otras empresas' del programa 231 'Relaciones exteriores' y bajo el concepto 'Assesment contract for the development of multidimensional external action strategy in the EU'. Fue autorizado por el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores.

95.000 euros un día después del 1-O

Otro dato significativo de este nuevo informe, hasta ahora secreto, es el que afecta a los gastos de la cuenta del Diplocat. Las pesquisas han podido determinar que el organismo utilizaba un depósito en CaixaBank y ha detectado más de 95.000 euros sospechosos que se gastaron el 2 de octubre, un día después del referéndum. En esa jornada se realizaron transferencias simultáneas a dos empresas de montaje industriales, otra de autocares, un servicio de taxis, una compañía de diseñadores gráficos y el Hotel Paseo de Gracia, donde se transfirieron nada menos que 5.538 euros. El informe también reseña el pago con una tarjeta de crédito vinculada a Diplocat de los gastos de los observadores internacionales los vuelos, la estancia y la manutención de una treintena de personas, identificadas como observadores y acompañantes. El importe total fue de 40.591 euros.

Hace tres días la respuesta de la Guardia Civil a las dudas expresadas por el ministro Cristóbal Montoro no se hizo esperar. Los agentes remitieron datos sobre 300.000 euros suplementarios de gastos vinculados al 1-O hasta alcanzar una cifra que ya roza los dos millones. Por contra, Montoro sigue convencido de que los mecanismos de control del gasto de las Administraciones Públicas que él mismo impulsó son suficientes para garantizar que "no se utilizó ni un solo euro de dinero público" para financiar el referéndum del 1-O. Al menos, no dentro del sector público, insiste pese a las afirmaciones de los investigares

Una opción ganadora para Barcelona

La conexión francesa de Rivera para derrotar al independentismo en Barcelona

Manuel Valls puede ser alcalde de Barcelona. Socialista francés, nacido en la capital catalana, ex primer ministro de Francia, y excalde de Evry, en la periferia de París, se ha acercado a Ciudadanos, con la invitación de Albert Rivera para que sea candidato a la alcaldía de la ciudad. ¿Un sacrilegio o una patada al tablero político europeo, con derivadas para Cataluña y el conjunto de España? Valls asegura que está “pensando” en esa oferta, y, aunque no está cerrada, las fuentes consultadas señalan que todo apunta “en la buena dirección”.

Sólo un reducido número del núcleo duro de Rivera sabía de las negociaciones con Valls. Y ninguno esperaba que éste desvelara ayer las conversaciones, pues aún falta cerrar el acuerdo. Rivera sí confirmó que Valls «se está planteando ser candidato». Y aunque calificó la negociación de «puerta abierta», confesó que espera «que se pueda concretar». De hecho, que fuera el propio Valls en una entrevista en TVE quien desvelara las conversaciones muestra para Cs que hay visos de cuajar.

Nacido en Barcelona, el 13 de agosto de 1962, hijo de Xavier Valls, un pintor admirado que se trasladó a Francia con una beca, puede ser el alcalde de Barcelona tras una larga operación en la que el socialista Josep Borrell ha sido determinante. En los diferentes actos de la campaña electoral del 21D, con entrevistas y encuentros con dirigentes de Ciudadanos, pero también del PP y del PSC, Manuel Valls demostró su complicidad con el mensaje constitucionalista. Sus reiteradas proclamas en contra del nacionalismo, y del proyecto independentista, le llevaron, posteriormente, a protagonizar actos con Societat Civil Catalana.

Con el fichaje de Valls, Rivera pretende afianzar su discurso duro contra el nacionalismo y, a la vez, captar voto socialista. Ensanchar su electorado, algo que creen clave para poder ganar en Barcelona. Ya en las autonómicas, el cinturón rojo, integrado por el área metropolitana, volvió a ser naranja, siendo el partido más votado en cuatro de las cinco plazas, salvo el Maresme. La asignatura es retener esos votantes en las locales. Además, Valls permitiría europeizar esa apuesta de los valores constitucionalistas frente al nacionalismo.

.Y, además, la llegada de Valls afianzaría la entente que Rivera pretende con Emmanuel Macron. Valls es diputado en la Asamblea francesa adscrito al grupo del presidente francés. Ciudadanos mantiene una excelente relación con En Marche!, con un trabajo fluido entre sus juventudes y hablan habitualmente con su gente en Europa. «Compartimos diagnóstico sobre la UE», dicen en Cs. El objetivo es lograr un acuerdo para las elecciones europeas. Y tener a Valls en Barcelona sería un primer gran paso.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que “vendrán más independientes” a las listas municipales y autonómicas -tras conocerse la intención de incorporar a Manuel Valls como alcaldable por Barcelona-, porque para ganar hacen falta “buenas candidaturas”. “No tengamos miedo del talento, tengámosle miedo a la mediocridad”, ha manifestado durante el I Encuentro Nacional de Ciudadanos celebrada este sábado en San Lorenzo del Escorial

Inés Arrimadas, Albert Rivera, Ignacio Aguado y José Manuel Villegas, ayer, en El Escorial. 

Pirañas en el bidé de Podemos

El pulso abierto entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón lleva camino de convertirse en un culebrón. A pocas horas del adelanto pra conformar las listas de Podemos ha terminado provocando una de las crisis más graves en la corta historia del partido, con la filtración accidental de un documento en el que se trazaba un plan para arrebatar la dirección a Iglesias. Tanto Bescansa como Errejón se desmarcaron del contenido del documento y la primera culpó a uno de sus colaboradores del error. Sus explicaciones no convencieron, aunque todavía no se sabe si la dirección tomará algún tipo de medida con ella.

Tras veinticuatro horas de silencio absoluto por parte de la dirección por el escándalo de la filtración de un borrador de Carolina Bescansa, el líder de Podemos ha comparecido acompañado de Errejón y Espinar. Allí ha anunciado el cierre del acuerdo del que no forma parte la tercera familia del partido, los Anticapitalistas, en los que se referencia la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta.

Resultado que este jueves, Íñigo Errejón cosechó una derrota después de la rueda de prenda en la que Pablo Iglesias le obligase a integrar a Ramón Espinar al que no soporta como número tres en su lista para la Comunidad de Madrid pero este viernes se ha vengado. Errejón ha contestado colocando a Tania Sánchez como su número dos de la candidatura.

Elegir a su número dos era una de las pocas concesiones que Pablo Iglesias le había dado a Errejón este jueves durante sus conversaciones para formar una "lista unitaria" después de que se conociera que Bescansa había urdido un plan con el exnúmero dos de Podemos para derrocar a Pablo Iglesias.

No se iba a atrever

Pensaban en la cúpula que no se iba a atrever a colocar a Tania Sánchez como dos y que elegiría otro tipo de perfil pero Errejón lo ha hecho. "Es un honor anunciarles que Tania Sánchez me va a acompañar de número dos en esa candidatura. Es una persona de enorme experiencia en la política madrileña con la que llevo trabajando desde hace un año".

Según Errejón, "Iglesias ha sido el primero en saberlo y me ha dicho que le parecía bien. Ya sabía que llevábamos mucho tiempo trabajando en una alternativa para la Comunidad de Madrid. Y ya sabe de su experiencia sobrada en la política madrileña y de su conocimiento de las necesidades en términos de infraestructuras, económicos... Creo que no ha sido una sorpresa para él", ha asegurado en los pasillos del Congreso.

Con este panorama, ahora, desde la dirección de Podemos avisan de que este segundo puesto en la lista no es definitivo ya que los inscritos aún tienen que votar y podrán descolocar el orden elegido por Errejón. "Los inscritos tienen que votar", sentencian una y otra vez desde la dirección del partido.

Tania Sánchez, el gran apoyo del errejonismo

La elección no es casual ya que Errejón y Tania Sánchez llevan meses trabajando juntos por esta candidatura. Sin olvidar que la antigua dirigente de Izquierda Unida se cambió de bando, al errejonismo, en un momento crítico para Podemos.

Fue en septiembre de 2016, cuando en el partido se disputaban las primarias para elegir a su secretario general en la Comunidad de Madrid, cuando Sánchez decidió apoyar a Rita Maestre que, finalmente perdió frente a Ramón Espinar. Este apoyo en su día es compensado ahora con un segundo puesto para la Asamblea de Madrid. Una cámara autonómica que, por otro lado, ya conoce Tania Sánchez. Desde 2011 hasta 2015 fue diputada de Izquierda Unida por la Asamblea.

Cuando Podemos echó a andar (2014), Pablo Iglesias y los suyos prometieron que el nuevo partido nada iba a tener que ver con las demás formaciones españolas: con sus círculos y asambleas abiertas, iba a ser un partido de "la gente" y para "la gente"; un partido totalmente comprometido con la democracia interna en el que la cúpula iba a a obedecer a los militantes. Por fin la política se iba a hacer de abajo arriba.

Sólo cuatro años después, la clamorosa verdad es muy diferente y la auténtica naturaleza de Podemos ha quedado en evidencia en repetidas ocasiones; sin ir más lejos, en la feroz al tiempo que patética lucha interna que está experimentando por la elaboración de las listas electorales en la Comunidad de Madrid.

La formación morada es lo que han sido siempre todos los partidos de extrema izquierda: un escenario muy propicio para el cainismo donde los jefes ejercen el poder de manera implacable y exigen obediencias perrunas. Todo esto explica la pervivencia de Podemos, esa aberración democrática que ojalá acabe pronto en su lugar natural, la marginalidad extraparlamentaria.