jueves, 19 de julio de 2018

El juez Llarena renuncia a la entrega de Puigdemont solo por malversación

Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y acusa al tribunal alemán de "falta de compromiso"

Llarena rechaza la entrega de Puigdemont sólo por malversación


El juez del Tribunal Supremo retira la orden de detención del expresidente y del resto de consejeros fugados y la de Marta Rovira. Rechaza la cuestión prejudicial ante la UE porque no sería vinculante.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la entrega desde Alemania del expresidente de Cataluña solo por el delito de malversación, según informan fuentes del alto tribunal. En un auto emitido este jueves por el magistrado acusa de "falta de compromiso" al tribunal alemán que rechazó su entrega por el delito de rebelión del que venía siendo acusado en España.

El juez ha decidido por tanto retirar la orden internacional de detención y entrega que mantenía sobre el expresidente y la misma decisión ha adoptado sobre el resto de exconsejeros independentistas fugados: Antoni Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí. También la que había cursado contra la dirigente de ERC Marta Rovira. Para todos estos huidos, el juez decretó recientemente su situación de rebeldía.

Antoni Comin, Luis Puig y Meritxell Serret se encontraban huidos de la justicia española en Bélgica, cuyas autoridades también habían mostrado sus reparos a entregar a los reclamados en los términos que planteaba el Tribunal Supremo español y la Fiscalía. Por su parte, Ponsatí se encontraba en Escocia y la dirigente republicana Marta Rovira, había elegido Suiza para eludir la acción de la Justicia española. En el auto al que ha tenido acceso este periódico, el juez afirma que no puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronunciase sobre el caso de Puigdemont porque, según dice, eso lo tendría que haber hecho el tribunal alemán.



Rechaza la cuestión prejudicial

"La falta de compromiso se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello y por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido", dice Llarena, que cierra la puerta a esta posibilidad. Admite que él podría hacerlo, pero que al ser el Estado reclamante, la respuesta del TJUE no sería vinculante, sino meramente consultiva.

La consecuencia inmediata de esta decisión del juez Llarena es que los fugados ahora podrán circular con normalidad por el extranjero, pero si regresasen a España serían detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Evita de este modo el juez la anomalía que hubiese significado juzgar a la mayoría de acusados del procés por rebelión ya su presunto cabecilla, Carles Puigdemont sólo por el delito de malversación.

Llarena le dice al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein(Alemania) que los hechos de los que se acusa a Puigdemont -detenido el 25 de marzo en Alemania- podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

"El mecanismo (de la Euroorden) permitía (sic) impulsar, de ese modo, la eficacia transfronteriza del derecho penal y compensar con ello las dificultades que surgen de la facilitación de la huida de las personas supuestamente responsables de la comisión de delitos, como consecuencia de la eliminación del control de personas en las fronteras interiores de la Unión como consecuencia del Acuerdo de Schengen", expone Llarena en su exposición de motivos en el que usa el pasado como tiempo verbal. Añade que esta iniciativa europea se basa "en la confianza recíproca entre los Estados miembros". 

Respuestas al tribunal alemán

El juez apunta a que el tribunal alemán con su decisión pone en peligro el proyecto de "un espacio europeo sin fronteras interiores". A su juicio, sólo podría haber rechazado la entrega por los delitos por los que era reclamado en caso de que existiese riesgo de infligirle un trato inhumano o cuando no se cumplan los "requisitos de regularidad" de la euroorden. Sobre este segundo requisto, desde Schleswig-Holstein llamaron la atención acerca de la orden de arresto internacional se había producido sin una orden de arresto nacional previa. Llarena niega este extremo y dice que la Audiencia Nacional ordenó la detención el 3 de noviembre.

Insiste el magistrado, citando jurisprudencia europea, en que "la doble tipificación no requiere que exista una infracción mimética en el Estado de ejecución a aquella por la que se solicitaba la cooperación". "Debería haberse limitado (el tribunal alemán) a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsara una investigación penal semejante", añade el auto.

Los jueces de Schleswig-Holstein sostienen que si lo que realizó Puigdemont en torno al referéndum ilegal lo hubiese hecho algún ciudadano alemán en su país no sería punible. A juicio del Tribunal Supremo español, sus colegas germanos adoptaron "un posicionamiento desacertado". "El Tribunal (de Alemania) denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos", lamenta LLarena.

El juez español llega a acusar a los magistrados alemanes de haber "modificado algunos extremos del relato fáctico sin conocer las fuentes de prueba recogidas con ocasión de la investigación" y de haber tenido en cuenta la declaración del propio Puigdemont sin dar opción al Tribunal Supremo a rebatir sus argumentos. Llarena reitera que el tribunal de Schleswig-Holstein "ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance".

Quim Torra y Carles Puigdemont. Efe

Vox, apoya la renuncia

La acusación popular ejercida por VOX en la causa abierta en el Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el denominado ‘procés’ que culminó en el referéndum ilegal del 1-O, habia pedido el pasado viernes al juez instructor, Pablo Llarena, que retirara las ordenes de detención y entrega internacionales que afectan a los líderes golpistas fugados en el extranjero entre ellos Carles Puigdemont.

Con ello, el partido político busca que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros seis ex consellers de su Gobierno fugados sean juzgados por los delitos de rebelión, malversación y/o desobediencia por los que han sido procesados sean juzgados “sin limitaciones”.

De este modo, la acusación popular instaba al magistrado del Supremo a que retire estas euroórdenes cuando los tribunales extranjeros dicten sus resoluciones y “acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados”.

miércoles, 18 de julio de 2018

Bronca en el Parlament por los diputados presos

El secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, que se ha unido al acuerdo con los otros grupos

Bronca interna en Junts per Catalunya sobre los diputados presos. Un miembro de la Mesa de JuntsxCat rompe la disciplina de voto y se une a ERC y al PSC, y provoca la suspensión del pleno del Parlament

Lío interno mayúsculo. Una bronca que muestra el nerviosismo y las diferencias de criterio. El grupo de Junts per Catalunya no tiene claro qué se debe hacer con los diputados presos y la posibilidad de que deleguen el voto en otros diputados, para obedecer el auto de conclusión de la instrucción de la causa especial del procés por parte del juez Pablo Llarena

Aunque había un acuerdo, apoyado por los propios diputados presos para poder ser sustituidos por otros diputados del mismo grupo, con la luz verde de ERC, del PSC y de los Comuns, que respetaba las mayorías parlamentarias, Junts per Catalunya ha presentado objeciones, con divisiones internas en la Mesa del Parlament, y con la ruptura de la disciplina interna, por parte del secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, que se ha unido al acuerdo con los otros grupos.

Esas diferencias han provocado la suspensión del pleno, para abordar con más tranquilidad un obstáculo enorme, y es que tanto Junts per Catalunya como ERC deben obedecer esa indicación de Llarena, pero sin perder la compostura y sin dejar de lado, tampoco, el informe de los servicios jurídicos del Parlament.


Puigdemont, fuera del acuerdo

Las actitudes de los diferentes grupos han sumido en la perplejidad a todos los miembros de la Mesa. Junts per Catalunya se ha opuesto, según las fuentes consultadas, a que Carles Puigdemont pudiera ser objeto de ese acuerdo, por el cual los diputados que, al ser acusados del delito de rebelión, quedan en suspenso de sus funciones, no dejen el acta y puedan ser sustituidos por otros diputados, en una especie de delegación del voto.

Para el grupo del propio expresidente, la idea era que Puigdemont renunciara temporalmente a la delegación del voto, lo que acabaría afectando a las mayorías parlamentarias. Con el acuerdo suscrito, la oposición, por cuestiones distintas, ha sido de Junts per Catalunya, Ciudadanos y PP, con ese voto a favor, de Campdepadrós.

Los grupos estudian ahora otras posibilidades, tras suspenderse el pleno, aunque la bronca sigue en el seno de Junts per Catalunya, que, con el congreso del PDeCAT de este fin de semana, sigue inmerso en un mar de dudas, con diputados enfrentados entre sí.

Esquerra acusa a JxCat de "mentir"

Sergi Sabriá, portavoz de ERC

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha cargado contra Junts per Catalunya, después de que esta formación haya dicho, en rueda de prensa, que los republicanos se habían echado atrás del pacto previo al que habían llegado. "Es gravísimo lo que ha pasado en este atril hace unos minutos. Se ha salido a mentir. JxCat sabe que no había ningún acuerdo cerrado. Por eso se ha hecho la reunión de la Mesa esta mañana", ha dicho.

Sabrià ha denunciado la existencia de fisuras internas en JxCat. "Lo que no es legítimo es salir aquí y mentir, se han roto claramente confianzas y lucharemos para coserlas, pero esto no quita la gravedad de salir a esta sala y explicar cosas que no se ajustan a la verdad", ha denunciado, añadiendo que "la discrepancia principal ha estado dentro de un grupo, que incluso ha votado diferenciadamente en la Mesa, no podemos resolver los problemas internos de JxCat, si tenemos un fin de semana difícil [por el congreso del PDECat] no es nuestro problema, ni se lo podemos resolver", ha añadido.

"Roger Torrent y ERC vamos siempre a la una. En nuestro no hay fisuras. Si alguien debe resolver fisuras no somos nosotros, nosotros siempre actuamos conjuntamente", ha defendido.

En este sentido, ha explicado que "hoy teníamos una propuesta sobre la mesa que permitía preservar los derechos de los diputados, que mantengan las actas, conservar la mayoría independentista y preservar las mayorías parlamentarias". "La propuesta preservaba los derechos de Puigdemont y del resto de diputados. No es admisible situar que haya diputados de primera y de segunda, queremos preservar los derechos de todos los diputados porque todos han sido elegidos", ha considerado.

La CUP carga contra todos

La representante de la CUP, María Sirvent, ha acusado al resto de grupos del Parlament de plegarse a la "cultura del miedo, de la excepcionalidad y la represión". Dar curso a la resolución que proponían el PSC y ERC supondría vulnerar los derechos de los diputados, ha apuntado Sirvent. "Hay determinados grupos que han decidido dar curso a una resolución que vulnera de forma flagrante los derechos de los diputados de este Parlament que han sido represaliadas", ha apuntado.

La CUP ha reclamado la convocatoria de la comisión del Estatuto del Diputado para debatir sobre la resolución de Llarena sobre la sustitución de los seis diputados presos o en el exilio. Y a partir de ahí, convocar el Pleno del Parlament para que sea este órgano el que tome la decisión definitiva. La CUP se ha desmarcado de la posición tanto del PSC, como de Esquerra y de Junts per Catalunya.

La Crida Nacional per la República - Los mismos perros, distintos collares

Madí, Mascarell y Colomines, detrás de la Crida para recuperar el espacio de CDC


Colaboradores de Artur Mas en mil batallas insisten otra vez en reorientar el rumbo de las marcas de Convergència para mantener el poder

David Madí, Agustí Colomines y Ferran Mascarell 

Otra vez. Papeles y estrategias, llamadas y promesas. Son los hombres de Artur Mas, los que han colaborado con el expresidente catalán en los últimos años, los que, de nuevo, con el ánimo de conservar el poder, manejan la barca nacionalista. Esta vez la mutación se llama Crida Nacional per la República. Y son David Madí, Ferran Mascarell el autor intelectual del procés soberanista con su idea de que a Cataluña le hace falta un estado propio— y Agustí Colomines, junto a otros veteranos como Joan Oliveras o Antoni Morral. Todos ellos impulsan un movimiento-partido, de tipo peronista, con Carles Puigdemont como referente, con el objetivo de recuperar el espacio de Convergència Democràtica y dejar a un lado a Esquerra Republicana.

Los tres primeros llevan meses ideando, construyendo espacios políticos en el aire, buscando respuestas para mantener vivo el proceso independentista, lo que equivale a mantener el poder o a incrementarlo. En ningún momento el propósito era el de llevar hasta el final un proyecto independentista, sino el de forzar la situación con el Gobierno de España para lograr una negociación bilateral, o, en el último extremo, convocar unas elecciones para obtener una amplia mayoría absoluta.



Elecciones, no referéndum


Pero todo eso no ocurrió. Carles Puigdemont, con el concurso de Esquerra Republicana, que tenía el encargo de organizar el referéndum del 1 de octubre, no frenó a tiempo, y el tren estuvo a punto de descarrillar por completo. Las consecuencias del juego son conocidas: políticos en prisión, bloqueo institucional y la movilización del independentismo social hasta tal punto que será complicado que el genio vuelva a entrar en la lámpara.

Madí ha sido decisivo en todo momento, aunque él señale que no ha tenido nada que ver. Su diseño inicial era que no se debía llegar a un enfrentamiento directo, que, en el último segundo, se debía convocar elecciones y lograr amplias mayorías para seguir con comodidad al frente de la Generalitat. Eso no sucedió, en gran parte por la impericia de Puigdemont, que no supo cómo manejar la situación, ni antes ni después del 1 de octubre.

El poder, siempre el poder

Ahora se trata de recomponer las cosas, de rehacer lo que ha quedado trastocado. Y Madí está ahí, junto con Ferran Mascarell, exsocialista, que fue quien más influyó en Artur Mas, al convencerle de que el catalanismo debía protagonizar un salto hacia el independentismo a partir de la Diada de 2012. En el caso de Agustí Colomines, ha sido un sostén principal, con sus dardos hacia los adversarios políticos y su idea de que el independentismo debe dejar atrás las estructuras de los partidos tradicionales. Es el más entusiasta por la Crida Nacional, pero de lo que se trata es de asegurarse el poder, de seguir gobernando, y mantener el llamado procés bien vivo.

El nuevo movimiento responde a la convicción de que la refundación de Convergència, que dio lugar al PDeCAT, ha resultado “un desastre”, y que es necesario rehacerlo, con la incorporación, aunque sea menor, de algunos independientes, con una retórica de unidad, que lleve a muchos electores de Esquerra y a miembros de entidades soberanistas a tener mala conciencia: cómo no unirse a un proyecto unitario, que pide la independencia y que dice que no quiere saber nada de los partidos, cómo no apoyar un neoperonismo que nos diga lo bien que lo hemos hecho hasta ahora.

Las iniciativas de los viejos del lugar, con Puigdemont como gran estandarte, ha provocado un gran malestar entre las distintas familias del independentismo, que discrepan de que actúen, otra vez, los de siempre.

Imputan a la interventora de la Generalitat por el 1-O



El Juzgado de Intrucción nº 13 de Barcelona, ha citado para el próximo 24 de julio como imputada a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ya que considera que pudo cometer un presunto delito de obstrucción a la justicia al certificar que el Govern no había gastado ni un euro en el 1-O. La acusación se produce después de varios informes de la Guardia Civil y de Hacienda que ponían en el punto de mira a la encargada de controlar las cuentas de la Generalitat.


El juez considera que la interventora intentó "impedir" que se conociera el posible coste público de la votación, según informa la agencia Efe. También están citadas la responsable del área de procesos electorales y consultas populares de la Generalitat, Montserrat Vidal, y la secretaria general de Gobernación, Meritxell Masó el mismo día 24.

El juez ha imputado a la interventora después de que ésta contestara los requerimientos de Hacienda asegurando que en ningún departamento constaban gastos por la preparación y realización del referéndum del 1-O.

Un informe de la Guardia Civil ya alertaba que la interventora no activó ningún procedimiento para denunciar un intento fraudulento de la empresa postal Unipost de cobrar una factura de 238.965 euros a la Generalitat por gastos vinculados los envíos postales del 1-O.

La providencia considera que la interventora no sólo no facilitó ninguna información sino que intentó "impedirlo". "No habiéndose facilitado información justificativa de los gastos generados por la consulta antes al contrario, tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad del gasto y la utilización de fondos públicos" apunta el escrito del magistrado.

El papel de Vidal estaba en el punto de mira del juez después de que éste recibiera un anónimo que le instaba a rastrear las autorizaciones de contratos y pagos efectuadas por la investigada y que Hacienda le advirtiera de que la Interventora no había respondido a su requerimiento de información de los gastos del Govern para el 1-O.

En un auto en que desestima una vez más los recursos de los investigados contra esa línea de investigación, el juez defiende la necesidad de acudir al SEPBLAC y reprocha a la Interventora que pretenda que el material y los gastos de personal vinculados a la consulta se imputen «a ignorados modos de pago, donaciones o contribuciones, ya sea de particulares, de empresas o de instituciones».

Además, añade el juez, si ese fuera el caso, la Interventora «debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías».

«Es por ello que no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad y del gasto y la utilización de fondos públicos, deba acudirse a otros medios de investigación (...)», sostiene el juez en su auto.

Rosa Vidal figura entre los cargos públicos de la Generalitat a los que el Tribunal Constitucional advirtió, el pasado 13 de septiembre, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión del 1-O, según la documentación que el alto tribunal ha remitido al juez instructor.

Una señora mete su voto en una urna durante el referéndum ilegal del 1-O - INÉS BAUCELLS

martes, 17 de julio de 2018

Pedro Sánchez y su proyecto de gobierno

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, antes de referirse al diálogo en Cataluña en el Congreso / EF


Un mes y medio sin dar un rueda de prensa, Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Parlamento para explicar sus proyectos de la gestión de su Gobierno que ha articulado en cuatro pilares:

  1. Consolidar crecimiento económico 
  2. Creación de empleo digno, igualdad y cohesión social, 
  3. Regenerar la democracia y fomentar la cohesión territorial 
  4. Participación activa en la construcción europea. 
Algo que anteriormente había venido haciendo el PP de Rajoy con éxito mas o menos conseguido, excepto en el tema de Cataluña, que el tampoco piensa abordar ¿hacia falta una moción de censura?


Tampoco va a publicar la lista de personas que se acogieron a la amnistía como había prometido. «Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía», ha dicho Sánchez. 

Las dos únicas novedades son dos y se puede resumir en dos proyectos estelares que van a afectar a nuestros bolsillos. La base de su política económica se sustentará en un incremento de gasto 

  1. Sacar a Francisco Franco del Valle de los Caidos, pero no sabe ni cuando ni como ya que  al parecer sus familiares se oponen.
  2. Crear nuevos impuestos como Sucesiones, Bancarios, Diesel,  Sociedades, etc...hasta 9 tipos distintos...
  3. Aumentar el déficit previsto del 2,2% al 2,7%
  4. Abrir el grifo del gasto a las Comunidades Autónomas. Así podrán llegar el próximo año al 0,3% en lugar de al 0,1%.
Total una mañana de de exabruptos, si explicar siquiera el fracaso del nombramiento del nuevo junta directiva de RTVE,  con discursos vacíos de contenido de los palmeros de la moción y amenazas veladas de los independentistas. Si uno repasa hoy los titulares de TODOS los periódicos sobre la comparecencia de Pedro Sánchez, podrán comprobar que ni siquiera existen, porque es imposible narrar sobre la nada.

Nada de nada. 

¿Que se puede esperar de un cascarón vacío?.

lunes, 16 de julio de 2018

Ridículo del PSOE en la votación de la nueva cúpula de RTVE


Sorpresa mayúscula la vivida esta tarde de lunes en el Congreso de los Diputados cuando el Gobierno no ha conseguido, por un voto, aprobar los consejeros que faltaban para renovar la cúpula de Radio Televisión Española. En la votación secreta por papeleta y urna, los cuatro consejeros a propuesta de PSOE y Podemos (Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa) que no fueron aprobados en el Senado ni por dos tercios en una primera votación en la Cámara Baja, han obtenido sólo el respaldo de 175 diputados. 

El Gobierno contaban con recabar 179 votos (84 del PSOE, 67 de Unidos Podemos, cinco del PNV, nueve de ERC, ocho de PDeCAT, cuatro de Compromís, uno de Nueva Canarias y otro de Coalición Canaria). Sin embargo, han faltado dos diputados, Jordi Xuclà (PDeCAT) y Ana Surra (ERC) y otros dos se han equivocado, por lo que los consejeros propuestos sólo han recibido 175 votos a favor, quedándose a uno de la mayoría absoluta necesaria.

Tres semanas de negociación se han ido al traste por un solo voto. Es el que le ha faltado al Gobierno para sacar adelante con 176 apoyos los nombres de los consejeros de RTVE que lleva negociando semanas con Podemos, ERC, PDeCAT y el PNV. Tras cinco plenos de votaciones en Congreso y Senado, este lunes el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido este lunes toda posibilidad de renovación en el corto plazo y tendrá, según sus propias normas, que convocar otro pleno extraordinario para nombrar a un administrador único de RTVE.

Ahora, según el Real Decreto del Gobierno para nombrar a una cúpula de RTVE transitoria hasta que se complete el concurso público señala que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá nombrar un administrador único para la corporación, aunque para ello debe pasar nuevamente por el Congreso. 

Así consta en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace tres semanas. La ausencia de mayoría absoluta en las votaciones obligará a nombrar a un administrador único para el Consejo de Administración del ente público.

Fuentes parlamentarias que las dos equivocaciones han sido de ERC y el PDeCAT. Algo a lo que intentan aferrarse en el PSOE donde avanzan que intentarán repetir la votación por tratarse de dos errores. Con cara de circunstancia, la portavoz, Adriana Lastra, ha asegurado a los periodistas a su salida del Hemiciclo: "Veremos qué podemos hacer".

"Ridículo espantoso"

Desde el Partido Popular han calificado toda la negociación de RTVE de un "monumento al disparate". "Siento verdadera vergüenza y le pido al Gobierno que retire inmediatamente este decretazo. El ridículo nos debe avergonzar a todos", ha sentenciado Ramón Moreno, portavoz del grupo popular en la Comisión Mixta de RTVE. "El único responsable de este hazmerreír es el señor Sánchez", ha añadido en unas declaraciones nada más acabar el fallido pleno.

En esta misma línea, el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta también le "ha exigido" al Gobierno "que deje de hacer daño a RTVE y retire el decreto después del ridículo espantoso que han hecho tanto Sánchez como sus socios". "El modelo del real decreto ha muerto, vuelvan al procedimiento del concurso que es el que salió de la mayoría", ha pedido el dirigente naranja.

Desde Podemos han pedido "que se espere" dado que, según ha explicado Noelia Vera, "hay que ver los resultados de los informes jurídicos porque cabe la posibilidad de que se repita la votación". Eso sí, en lo que ha coincido la diputada morada con PP y Cs es en que esta votación muestra la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez: "Nosotros lo veníamos diciendo desde un principio que no se puede gobernar con 84 diputados".

Torrent reta a Llarena y éste lo denunciará por desobediencia


Roger Torrent

El presidente del Parlament asegura que “no haremos renunciar al acta a ningún diputado”

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que la cámara catalana mantendrá las mayorías y no obligará a ningún diputado a entregar su acta, a pesar el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que suspende los diputados procesados por el 1-O.

“No vamos a permitir que se alteren las mayorías parlamentarias por un juez o por un tribunal y no haremos renunciar al acta a ningún diputado del Parlamento de Catalunya”, ha asegurado Torrent en una entrevista a la ACN, donde ha denunciado que el magistrado pretende que “los diputados tengan que renunciar a su acta y su trabajo de representantes del pueblo”. “Esto ni es justo, ni legal, ni pasará de ninguna manera”, ha remachado.

También ha pedido que la respuesta a Llarena se consensúe con “la máxima unidad posible, desbordando incluso la mayoría parlamentaria que apoya al Govern”. Torrent ha explicado que será este próximo martes cuando la Mesa debata cómo responder “un auto que reafirma el relato ficticio y la mentira que se construye en acusaciones falsas”.

Torrent, por otra parte, ha calificado de “despropósito” que el juez del Supremo proponga nombrar un diputado sustituto. “La fórmula que propone Llarena es un despropósito jurídico, político y desde la perspectiva de la defensa de los derechos políticos y civiles de los diputados y de los ciudadanos que les han votado”, ha afirmado el presidente del Parlament.

El Supremo denunciará a Torrent por desobediencia si no suspende a los golpistas procesados

El Tribunal Supremo denunciará ante la Fiscalía al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, por desobediencia si no suspende de cargo y de funciones a Carles Puigdemont y a los otros 5 diputados procesados por delitos de rebelión, 

El instructor apunta que “lo expuesto obliga a comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña, que los procesados y miembros de ese Parlamento: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez, han quedado suspendidos -automáticamente y por imperio del artículo 384 Bis de la LECRIM- en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal”.

“Particípese igualmente que no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento” concluía el auto.

La Mesa del Parlament encargaba un informe jurídico a los letrados de la cámara para saber cómo debe actuar con la finalidad de que las mayorías parlamentarias no se vean alteradas. Dicho informe será elaborado por los letrados del Parlament, después de recibir la notificación de la resolución del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, este viernes.

El Supremo aguarda la decisión del Parlament catalán sobre las suspensión de los 6 diputados procesados por rebelión. En el caso de que la Cámara catalana decida no suspenderlos de funciones, el Alto Tribunal analizará la respuesta del Parlament y si observan posibles delitos de desobediencia u otros, lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía, posiblemente ante la Fiscalía Superior de Cataluña.

En función de cómo se articulase la respuesta negativa de la Cámara catalana a suspender a los diputados procesados, los responsables del posible delito de desobediencia podría ser Roger Torrent, los integrantes de la Mesa del Parlament, o todos ellos.
Puigdemont, Junqueras y el resto de diputados de Junts pel Sí y la CUP aplauden tras aprobarse la Ley de Transitoriedad (Foto: Efe).