jueves, 24 de octubre de 2019

Los CDR contaban con «células durmientes» con capacidad para crear el caos

Detención de uno de los miembros de los CDR en el último operativo de la Guardia Civil.

La gran tormenta estaba preparada tras la sentencia del procés. El grupo de miembros de los CDR detenidos recientemente por la Guardia Civil preparaban sus acciones en estas fechas de especial sensibilidad. La operación policial no sorprendió a unos agentes "hastiados" por la brecha social que se vive en Cataluña; y advierten de la existencia de "células durmientes" que permanecen a la espera de actuar tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo.

Los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) contaban con al menos una «célula durmiente» que debía estar dispuesta para actuar en el momento en el que fuese activada. Así se desprende de un documento intervenido a uno de los detenidos en la operación realizada por la Guardia Civil contra esos grupos secesionistas, que aún sigue abierta y que podría dar nuevos resultados a medio plazo. 

En el documento se precisa que los «agentes durmientes» debían llevar una vida normal para no llamar la atención de las Fuerzas de Seguridad y evitar ser identificados, la única forma que tenían de poder perpetrar sus actividades sin ser detectados. El esquema de funcionamiento, en cualquier caso, es muy similar al de los «comandos legales» de ETA, que estaban formados por terroristas sin antecedentes que en apariencia llevaban una vida normal.

Asimismo, en el documento, manuscrito, se pide a esos «agentes durmientes» que busquen objetivos y que aporten todos los datos que puedan obtener de ellos mediante cualquier medio a su alcance. Asimismo, se especifica la necesidad de tener que estar «instruidos en el modo de realizar ataques con medios caseros».

En ese mismo documento se hacen consideraciones sobre la necesidad de crear el caos para hundir la economía –lo sucedido la semana pasada en Cataluña se asemeja mucho a esa idea–, se precisan los medios técnicos para buscar objetivos –cámaras, fotos, vídeos, informes...– y se destaca la necesidad de buscar cómo atacar con aquello que está al alcance. A los detenidos por la Guardia Civil se les confiscaron precusores de explosivos e incluso manuales muy precisos para poder fabricarlos.


Un receptor de frecuencias

Además, en esa operación del Instituto Armado se confiscaron un par de bolsas con emisores-receptores portátiles, lo que demuestra un grado de preparación en absoluto habitual en grupos que simplemente se dedican a protagonizar altercados, como pueden ser antisistemas o elementos violentos del movimiento okupa, a los que la Generalitat ha tratado de atribur los episodios más violentos de los últimos días. Incluso, se intervino un receptor de frecuencias que se suele utilizar para interceptar las comunicaciones de las Fuerzas de Seguridad y conocer así sus movimientos.

Una de las cosas más sorprendentes descubiertas en la investigación de la Guardia Civil es una conversación telefónica entre uno de los individuos investigados y un tal «Quim», a quien su interlocutor le comenta que tiene pendiente de tratar con él el tema de la «pólvora». «Quim» le pregunta entonces a su comunicante por el contenido, a lo que éste, nervioso, le dice que «no lo puede hablar por teléfono».

Hay que recordar que.uno de los detenidos por la Guardia Civil en la operación de los CDR relató al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se habían mantenido contactos con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para contar con su colaboración en el asalto al Parlamento catalán.

Entre lo intervenido se encontraron anotaciones sobre unos «vigilantes», a los que se contrata para que custodien algún tipo de evento. Todos ellos son miembros o tienen relación de la organización juvenil Arran, a los que se hizo un pago, según ese documento incautado de 513 euros.

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Documentación confiscada

Asimismo se confiscó una caja de una conocida marca de café en cuyo interior había bolas de plomo. Hay que recordar que en los sucesos de la pasada semana en Barcelona los rebeldes utilizaron este tipo de material contra las Fuerzas de Seguridad. En concreto, esas bolas se lanzaron contra los agentes con tirachinas.

La Guardia Civil también ha intervenido cuadernos manuscritos en los que se establece una hoja de ruta sobre las acciones a realizar en función de los acontecimientos. Se hace referencia, por ejemplo, a la «sentencia», a acciones a realizar –«Hacienda, eléctricas»– y se hacen invitaciones tales como «alcémonos».

Otra de las cosas que llama poderosamente la atención es que los CDR cuentan además con fuentes de financiación, entre ellas los ingresos obtenidos por «merchandaisng». Los movimientos de dinero se pueden relacionar con varios de esos grupos, según las investigaciones realizadas.

Pero sobre todo es muy significativo que en la documentación confiscada se hace referencia a acciones muy concretas que luego se han realizado, como es el ataque contra el aeropuerto de El Prat que debía ser realizado por el denominado Grupo Terris. En este sentido, los Mossos d’Esquadra han detenido a una joven identificada como la coordinadora de esta acción, y que ha sido ingresada en prisión incodicional. Asimismo se hace referencia al Equipo Táctico, que según las anotaciones tenía la misión de preparar el ataque contra el aeropuerto.

La Audiencia Nacional, en concreto el juez de instrucción Manuel García Castellón, ha abierto una causa por terrorismo en la Audiencia Nacional por los sucesos ocurridos la semana pasada en Cataluña. Esta decisión demuestra que para el magistrado lo ocurrido en Cataluña dista mucho de ser meros altercados de orden público, como ha sostenido el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, sino que se trata de acciones organizadas con el objetivo de atacar el orden constitucional.

Centenares de personas, convocadas por la ANC y Pícnic per la República, protestan en las inmediaciones de la Catedral de Barcelona

miércoles, 23 de octubre de 2019

El saqueo de Andalucía 187 - Las vacunas de la gripe desaparecidas

Un sanitario pone una vacuna a un paciente


¿Dónde están las vacunas de la gripe que no se pusieron en Andalucía?

El Gobierno socialista infló los datos de pacientes vacunados desde 2012 entre un 9 y un 15% para llegar al mismo nivel que la media de las comunidades

Tal como ocurrió con las listas de espera, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha descubierto un desfase en las estadísticas de la vacunación de la gripe durante la gestión delos últimos gobiernos del PSOE. Una cosa eran los datos reales y otra muy diferentes los que se comunicaban al Ministerio de Sanidad para las estadísticas oficiales. Entre 2012 y 2019 el desfase fue nada menos que de un millón de andaluces que constan como vacunados en las correspondientes campañas contra la gripe pero que, en realidad, no recibieron estas dosis.

Y no se trató de un error puntual sino de una práctica habitual según ha detectado un informe de la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS que ha destapado este fraude al preparar la campaña de vacunación de la gripe para este año que comienza la próxima semana. Un «escándalo mayúsculo» en palabras del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien ayer dió todos los detalles del informe presentado en el Consejo de Gobierno.

Con los datos oficiales que se enviaba desde el Gobierno andaluz hasta el Ministerio de Sanidad, Andalucía figuraba por encima de la media de las comunidades autónomas en tasa de vacunación contra la gripe cuando, en realidad, estaba por debajo. Se daba de esta manera una falsa impresión de buena gestión en medicina preventiva.

El Gobierno andaluz desde 2012, infló sistemáticamente los datos del número de personas vacunadas entre un 9% y un 15%. Así, en el programa de gestión interno de los pacientes del SAS, denominado Diraya, constan como vacunados 3.704.080 personas mayores de 65 años, si bien la Junta comunicó al Ministerio de Sanidad que se había vacunado a 4.557.796 personas, un desfase de 853.716 «vacunados fantasma».

Otro tanto sucede con las embarazadas, población de riesgo a la que se recomendaba vacunar desde 2017, al igual que el personal sanitario. En ese año, se vacunó de la gripe al 27,7% de las embarazadas, pero se declaró un 35,3%. Del personal sanitario se vacunó al 22,5% pero se declaró un 33,2%. Ambos datos porcentuales están ligeramente por encima de la media de España.

Más vacunas que pacientes

El consejero de la Presidencia explicó ayer que hay un informe reservado que todavía no está terminado pero que muestra que los datos están inflados. «Se ha podido malgastar el dinero público, pero estamos investigando hasta dónde llega el fraude».

La clave de este desfase de los datos está en que la Inspección de Servicios Sanitarios del SAS ha detectado que se compraron más vacunas de la gripe que pacientes las recibían, una práctica repetida todos los años. Así, el SAS contrataba las vacunas de la gripe que estimaba ya que tiene autonomía para hacerlo al margen del Ministerio de Sanidad y del resto de las comunidades autónomas.

Se vacunaba a la población que voluntariamente lo requería —aunque se recomendaba especialmente a los grupos de riesgo que son mayores de 65 años, sanitarios y embarazadas, principalmente— y al registrarlo en el sistema, se inflaban los datos. Posteriormente se devolvían las vacunas sobrantes, si bien parece ser que había vacunas registradas pero no utilizadas y ahí es donde está centrada la investigación. ¿Qué se hacía con estas vacunas que sobraban? ¿Se habían pagado previamente? Por el momento estos datos no han trascendido, si bien Bendodo pidió este martes paciencia para avanzar en esta investigación. «Se cae el discurso de las banderas del socialismo en Andalucía de la Sanidad, la Educación y la Dependencia porque son los tres fraudes a los andaluces, un insulto. ¿Por qué tomaban el pelo a los andaluces? ¿Por qué se inventaban los datos?».

Afirma que ha habido 853.716 vacunados "fantasma" para no quedar a la cola de España.

El consejero de la Presidencia advirtió que el Gobierno del cambio está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto, El consejero de la Presidencia advirtió que el Gobierno del cambio está dispuesto a llegar hasta el final en este asunto, «y aquí tienen que dar explicaciones cuatro consejeros: María Jesús Montero, Aquilino Alonso, María José Sánchez Rubio y Marina Álvarez».


La respuesta del PSOE


La reacción de los socialistas no se hizo esperar. El portavoz parlamentario, José Fiscal, anunció que denunciarán ante la Junta Electoral al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, al considerar que el PP y Ciudadanos «utilizan medios públicos para intentar interferir en la campaña electoral».

Según su versión, la denuncia sobre las vacunas de la gripe, «es una nueva gran mentira del Gobierno andaluz intentando confundir de manera irresponsable y falsa a la ciudadanía, ya que no cuentan las vacunas que se distribuyen a los numerosos colectivos considerados en situación de riesgo, como fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario, trabajadores de residencias de personas mayores, ayuntamientos o diputaciones.

A juicio de Fiscal, la denuncia del consejero de la Presidencia denota un desconocimiento «absoluto y una irresponsabilidad mayúscula» al no contabilizar las vacunas distribuidas por la Dirección General de Salud entre todos los colectivos, entidades e instituciones consideradas en situación de riesgo, y que suponían cada año unas 100.000 vacunas a sumar a las dispensadas en los centros sanitarios públicos. Un dato que asegura no se puede ocultar ya que los centros que dispensan las vacunas los registran obligatoriamente en el sistema Diraya». Fiscal no explicó por qué el desfase en las estadísticas de embarazadas, mayores de 65 años y personal sanitario que se remitían desde la Junta al Ministerio.

Por su parte, el vicesecretario del PP, Toni Martín, cuestionó si Susana Díaz explicará «el fraude de las vacunas y el coste que ha supuesto para Andalucía o si tendremos que pedirlo en los tribunales».

La noche del Fairy

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Un millar de personas convocadas por los CDR llenan la plaza España de Barcelona de 'Fairy'

Centenares de personas se concentraron este martes en la plaza de España de Barcelona y vierten jabón en la fuente central, convocados por los CDR bajo el lema «Limpiemos las calles de injusticia».

Un millar de personas se han concentrado esta tarde en la plaza España de Barcelona, donde se encuentra la comisaría central de los Mossos d'Esquadra, y han derramado botes de «Fairy» en el interior de la fuente para hacer espuma, en una protesta convocada por los CDR.

Los manifestantes, con pancartas con lemas contra los abusos policiales y por la liberación de los presos políticos, se han empezado a concentrar a partir de las 19,00 horas, lo que ha obligado a cortar al tráfico las calles de las inmediaciones de plaza España.

En la concentración han irrumpido dos personas que han proferido gritos a favor de la unidad de España y de la condena a los líderes del «procés», a lo que los manifestantes han contestado con insultos e imprecaciones, sin que la situación haya ido más allá de los enfrentamientos verbales.

Los manifestantes, que gritan consignas como «Buch dimisión» o «Libertad presos políticos», han volcando el contenido de los botes de jabón en la emblemática fuente de la plaza España y usan paraguas para remover el agua y hacer espuma.

El acto de protesta pretende ironizar sobre la declaración del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo en el juicio del procés, donde afirmó que el 1-O hubo algunos manifestantes derramaron jabón líquido en los colegios para hacer resbalar a la policía, en la artimaña conocida como «la trampa del Fairy».

El Ayuntamiento de Barcelona a través de sus servicios de limpieza va a proceder al vaciado de la fuente y la reposición del agua nueva cuyo coste, como siempre, va a correr a cuenta de los impuestos de aquellos que están están trabajando, para la diversión de niñatos y maleantes que últimamente se han dedicado a romper todo mobiliario urbano que encuentran por la calle. 

La aparición del DANA ha puesto fin anticipado a la concentración y ha empezado a limpiar los alrededores. Los supermercados de la zona ya habían agotado el producto, cuyo fabricante ha sido el único beneficiado por esta nueva modalidad para compensar la frustración y falta de argumento que sienten ahora los CDR al encallarse el procés,

martes, 22 de octubre de 2019

Torra ya no tiene quien le llame


El president de la Generalitat, Quim Torra, en rueda de prensa.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a llamar por teléfono al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sin éxito. La cuarta vez que lo probado, el jefe del Ejecutivo catalán ha vuelto a denunciar desde el Palau de la Generalitat el “desprecio” que a su entender viene recibiendo del jefe del candidato socialista. Torra ha afeado a Sánchez que se esconda, que se escude en no sé qué excusas y que no haya tenido a bien entrevistarse con él después de reiteradas peticiones y de que el presiente español haya estado en Barcelona este lunes.

Y es que el "molt despreciable" president con su conducta y su resistencia a condenar los actos violentos de estos últimos dias se ha hecho acreedor de todos los desprecios, incluidos los de sus compañeros de aventura. Está solo, sin ninguna salida y se ha convertido en el mayor obstáculo para la paz en Catalunya.

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Mientras tanto 

Nuevo "desafío" del Parlament catalán al Tribunal Constitucional

Después de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil, los partidos independentistas han buscado una fórmula matizada para referirse en su texto a la cuestión de la autodeterminación.

Los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes una propuesta de resolución de respuesta a la sentencia en la que se reafirman en poder debatir en el pleno del Parlament sobre la autodeterminación, como un acto sin consecuencias jurídicas (o eso piensan ellos), para intentar seguir manteniendo la ilusión de sus creyentes por un proces que murió el dia que se optó por la violencia,


Los tres grupos independentistas en la cámara catalana han acordado un texto conjunto que incluye un total de 15 puntos. El documento rechaza la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y plantea que el Parlament "reitera y reiterará, tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político".

Lo que queda ahora es frustración, odio y rabia, por el engaño y opresión ejercido por unos cuantos ilusos aventureros contra toda la sociedad catalana, sean independentistas o no, que llevarán a familias enteras a la consulta de los psiquiatras. Tendrán que pasar largos y dolorosos años para que Cataluña pueda recuperar la fortaleza que tenia a la muerte del dictador y antes del advenimiento de Jordi Pujol quien les quitó la posibilidad de conocer la verdadera democracia.

Despues de tanta violencia, ya nunca Catalunya podrá llegar a la Independencia, al menos a través de un procés que unos  ilusos irresponsables habían planeado con tanto esmero y dedicación.

Monica Oltra - Sectaria hasta los tuétanos, condenada por el TSJCV


Mónica Oltra


El TSJ 'condena' a Oltra en su cruzada contra el centro de menores de Segorbe

Una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana deja claro que la decisión de la vicepresidenta Oltra de cerrar el centro gestionado por unas religiosas se produjo "incurriendo en vía de hecho".


La Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha fallado este mes a favor de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia en el recurso contencioso-administrativo que interpusieron las religiosas el 22 de junio de 2017, contra la resolución de la Generalitat de trasladar todos los menores del Menores Nuestra Señora de la Resurrección, de Segorbe.

De esta manera tan contundente, los juzgados vuelven a poner en su sitio a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien en mayo de 2017 acudía al parlamento valenciano para "desvelar" que tanto en un centro de menores de Monteolivete (València) como en el mencionado de Segorbe se han producido denuncias sobre casos de posibles abusos sexuales.

En su comparecencia en Les Corts, Oltra hizo una cronología de ambos centros hasta concluir su cierre y traslado y ha explicado que mientras en Monteolivete se advirtió un caso de abuso sexual de un grupo a una menor, en Segorbe se despidió a un tutor por suministrar droga y supuesto abuso sexual a una menor

Ni el apoyo de los vecinos (cerca de un millar de personas se manifestaron para apoyar la labor de las religiosas) ni la recogida de más de 7.000 firmas sirvieron para frenar el procedimiento abierto por la Generalitat.

Sin embargo, cinco meses después, la investigación abierta por la fiscalía de Castellón se cerró al no encontrarse «motivos para abrir diligencias de investigación penal». La justicia también absolvió al monitor acusado de un delito de acoso sexual al considerar que no existía prueba de cargo suficiente.

El fin de la actividad en La Resurrección también supuso que las religiosas, que llevaban la gestión desde hace tres décadas, iniciasen un ERE de los 17 trabajadores. Así pues, mientras Oltra ejercía de paladín de causas perdidas, 18 menores se quedan sin centro y 17 personas sin trabajo. 

En este sentido, incluso la vicesecretaria regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, pide este mes de junio de al president de la Generalitat, Ximo Puig, que retire las competencias en materia de menores a la vicepresidenta, Mónica Oltra, así como la comparecencia en Cortes de la propia Oltra para explicar las consecuencias de la sentencia de una caso "que nunca existió".

Según la citada sentencia, de fecha 14 de este mes de octubre, la decisión de la Dirección General de Infancia y Adolescencia "no consta (ni se alega siquiera por la defensa de la Generalitat) que se formalizara previo procedimiento administrativo alguno; tampoco, por cierto de procedimiento incoado directamente ( o por orden superior) de la Dirección Territorial en Castellón".

También detalla que con la salida inmediata de todos los menores encomendados al Centro de acogida de Segorbe, se produce materialmente su cierre, sin ir precedido de actuación de la Conselleria mínimamente formalizada. Así, y según el Tribunal, "la salida de los menores por decisión unilateral de la Administración autonómica se produjo incurriendo en vía de hecho, en tanto que sin procedimiento previo y sin formalización siquiera de la decisión adoptada por el órgano competente".

En este sentido, el escrito judicial especifica que con esta actuación,"no solo se le privó a la parte actora de toda posibilidad de defensa, sino que tampoco colaboró la Conselleria con la institución autonómica que es el Sindic de Greuges, que en fecha 31 de junio de 2018, seguía sin recibir siquiera la documentación que requirió de la Administración en relación con el asunto que nos ocupa, véase escrito dirigido por las institución a la sra. Superiora de la Congregación"

La polémica decisión de Mónica Oltra, que la justicia está echando para atrás, ha llevado a algunas personas a expresarle a la consellera que debería “pedir perdón a las religiosas”, a lo que, según fuentes próximas al proceso, Oltra ha expresado que pedirá perdón “cuando haya sentencia firme”, algo que ya se ha producido.

Recorrido judicial

En 2017 la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y también vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, acordó de modo urgente el cierre del Centro de Acogida de Menores “La Resurrección” de Segorbe (Castellón), gestionado por la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas, alegando que habían “tapado casos de abusos sexuales y graves deficiencias en el trato a los menores”, a lo que las religiosas reaccionaron expresando que estaban “estupefactas” ante semejante decisión y motivos, y así lo manifestaron en rueda de prensa nada más conocer la decisión, en mayo de 2017.

En el centro había 18 menores, con 17 trabajadores. El empleado denunciado por estas graves acusaciones fue absuelto con posterioridad, y ha emprendido acciones contra la propia consellera.

A su vez, las Hermanas Terciarias acudieron a los tribunales, y el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón les dio la razón, al decidir el desalojo de los menores y el cierre del centro de un modo “contrario a derecho e ilegal”: es decir, técnicamente la justicia ha declarado “nulo” el cierre.

El Centro de Acogida de Menores de Segorbe ha reabierto sus puertas hace cuatro meses, con 12 menores. Algunos de ellos residían allí hasta que Oltra decidió su cierre. pero la Consellería de Igualdad ha decidido que haya otro gestor, en vez de las Hermanas Terciarias Franciscana, y ha encomendado la gestión a la Fundación Amigó.

Resultado de imagen de Menores Nuestra Señora de la Resurrección, de Segorbe.

lunes, 21 de octubre de 2019

El escrache a Pedro Sánchez en el hospital de Sant Pau

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Pedro Sánchez abucheado por el personal sanitario dentro del hospital de Sant Pau: "Llibertat presos polítics"



De improviso y sin avisar el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha desplazado esta mañana a Barcelona para visitar a los agentes heridos en los incidentes que se han vivido esta semana en Cataluña y mantener encuentros con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se han enfrentado a la violencia de grupos independentistas, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra. Como sucedió el sábado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la visita no se ha anunciado hasta primera hora de la mañana para intentar evitar protestas organizadas.

A pesar de esta previsión, Sánchez que iba fuertemente escoltado, ha sufrido abucheos de personas concentradas en la calle, tanto a su llegada a la Jefatura Superior de Policía en Vía Laietana, uno de los objetivos de los grupos violentos a lo largo de esta semana, como en los dos hospitales a los que ha acudido para ver a los agentes heridos, Sagrat Cor y Sant Pau. Pero ha sido en este último donde dentro del centro, ya que no ha sido siquiera recibido por la dirección y el propio personal sanitario se ha dedicado a increparlo. En medio de un tremendo griterío en el que se coreaba "Llibertad presos polítics" y "Poca vergonya" el presidente ha abandonado el hospital.

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Su entrada por el acceso de ambulancias de Urgencias ya ha obligado a establecer un cordón policial de los Mossos d'Esquadra y a llamar a furgonetas de antidisturbios por el número de manifestantes que había congregados. Pero cuando se marchaba han sido los propios trabajadores quienes le gritaban por los pasillos.

Su viaje no programado a Cataluña se ha producido en un momento de incomunicación absoluta con la Generalitat y de la negativa a hablar con el president Quim Torra. Tras varias llamadas de Torra a La Moncloa, en las que Sánchez se ha negado a ponerse al teléfono mientras no condene de manera rotunda la violencia, hoy el jefe del Ejecutivo ha enviado una carta en las que pone por escrito sus argumentos para rechazar hablar con él.

Pedro Sánchez abucheado por el personal sanitario dentro del hospital de Sant Pau de Barcelona EL MUNDO (Vídeo)

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Gonzalo Boye... Registro por blanqueo de capitales del narcotráfico


La Audiencia Nacional registra el domicilio de  Boye por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco
















La Policía registra el domicilio de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, por blanqueo de dinero del narcotráfico.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado la entrada y registro de la vivienda del abogado Gonzalo Boye, por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dedicada al narcotráfico, en una operación desarrollada esta mañana para desmontar la operativa de blanqueo de capitales de la organización liderada por José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco , según ha confirmado La Vanguardia de fuentes jurídicas.

La causa está secreta y no hay confirmación oficial de la proveniencia de los fondos del narcotráfico supuestamente blanqueados. La operación, que no tiene nada que ver con Carles Puigdemont, del que Boye es abogado, está dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía.


El nombre de este letrado se hizo conocido por liderar la estrategia de defensa del expresident de Carles Puigdemont una vez huyó de la justicia. De hecho, la semana pasada se reactivó esta defensa después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivara la orden de detención europea e internacional contra el dirigente independentista.

No obstante, esta operación no tiene nada que ver con el expresidente ni nada del independentismo sino con otras operativas suyas privadas. A pesar que Boye ha saltado a la palestra con la defensa de Puigdemont, tiene un pasado controvertido.

De origen chileno, fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Empezó a moverse en la la Audiencia Nacional como defensor de víctimas de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Después ha llevado la acusación en asuntos como el del caso de la caja B del PP contra su extesorero Luis Bárcenas. También ha llevado asuntos como el del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc. El cantante mallorquín huyó a Bélgica tras ser condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Con la defensa de Boye, la justicia belga rechazó la entrada de Valtonyc a España para cumplir condena porque no existía la doble incriminación, es decir, ninguno de los tres cargos por los que fue condenado en España están tipificados como delito tanto en España como en Bélgica.

Sito Miñanco, conocido narcotraficante

Boye ha sido el abogado de uno de los grandes capos de la droga en España, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. El año pasado le defendió en el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra contra el capo y varios miembros de su familia. La sentencia fue condenatoria y precisamente por un delito de blanqueo de fondos del narcotráfico.

En aquel entonces dirigió la causa la magistrada Carmen Lamela -ahora sustituida por Tardón tras lograr plaza en el Tribunal Supremo-, quien quiso ir contra la operativa financiera de la organización. De ahí que en aquel entonces se detuvieran a empresarios del sector inmobiliario y el de alquiler de vehículos, quienes habrían ayudado al narcotraficante a invertir sus beneficios ilícito.

No es el primer encontronazo de Boye con la Justicia. En su día, el hoy abogado fue condenado por colaborar con ETA en los preparativos para secuestrar a Emiliano Revilla. Boye, de origen chileno, pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) surgido contra la dictadura de Pinochet. La Audiencia Nacional le impuso una condena de 14 años de prisión por su intervención en el secuestro del empresario. En la cárcel estudió la carrera de Derecho. En 2004 se dio a conocer como abogado ejerciendo la acusación en el juicio del 11-M. Posteriormente se aproximó al mundo independentista catalán y acabó haciéndose cargo de la estrategia jurídica de Carles Puigdemont tras su huida a Bélgica.