viernes, 20 de octubre de 2017

Omnium y ANC...Tiros en el pie


Agustí Alcoberro vicepresidente de ANC


Las últimas movilizaciones la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural se están contando en sonados fracasos, la ausencia de los Jordis en la cabeza del "agit prop" separatista, por su estancia en Soto del Real lo que está convirtiendo en una improvisación y descoordinación nunca vista desde que empezó la hoja de ruta de un "proçés" conducido por los "Jordis" siempre con notable éxito de convocatoria. Quizá pueda influir también que los actales problemas económicos de estas organizaciones, que hasta ahora habían disparado con polvora del rey, obligan a los militantes a traerse las velas y pancartas de su casa.


El primero de los disparates fue la manifestación con velas por la Diagonal que convirtió a la principal arteria de la ciudad en intransitable el dia siguiente por la gran cantidad de accidentes gracias a la cera vertida en la via pública. Aun ahora los servicios de limpieza de Barcelona siguen totalmente ocupados intentando sacar la dichosa cera del pavimento.


Ayer convocaron a sus militantes una gran concentración frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona para protestar por la misma razón. No se si fue la lluvia, pero una organización que ha movilizado millones, solo consiguió reunir un centenar de separatistas. El dia anterior con un chaparrón parecido los constitucionalistas convocados por Societat Civil Catalana habían reunido mas de veinte mil personas con banderas españolas y esteladas.

Boicot de Òmnium y la ANC a La Caixa y el Banc Sabadell

La ANC y Òmnium hicieron el jueves un llamamiento a retirar dinero en efectivo 1714 euros segun algunos o 155 según otros, este viernes, preferiblemente entre las 08 y las 09.00 horas, como protesta a la intención del Gobierno central de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Las entidades piden que se retire cualquier cantidad "preferiblemente" entre las 8 y las 9 de la mañana. Ha sido un auténtico fracaso . Los cajeros han funcionado durante el dia con total normalidad.

En lo que consideran una acción "directa y pacífica" para reclamar la libertad de Cuixart y Sánchez, las entidades piden a los ciudadanos que retiren el dinero de los 5 principales bancos: La Caixa, Banc Sabadell, Bankia, BBVA y Banco de Santander y especifican que en el caso del Banc Sabadell y de La Caixa, expresen su desacuerdo con el traslado de la sede social fuera de Catalunya.

El mensaje va especialmente dirigido a los clientes del Sabadell y Caixabank, que han decidido llevar sus sedes fuera de Cataluña por la inestabilidad política de la región. Eso sí, sugieren que hagan lo que quieran con el efectivo: la compra semanal, un donativo, un capricho o guardarlo: "¡Queremos una economía catalana dinámica!".



Hacerse un autogol

Resulta que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo y el conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, ha criticado este viernes la acción también promovida por la ANC y Òmnium Cultural de retirar cantidades de dinero en efectivo de los bancos porque considera que estas acciones "no son la mejor manera de hacerse oír”.

Vila ha opinado en un apunte en su cuenta de Twitter que “tensionar a los bancos o dinámicas de boicot comercial no son la mejor manera de hacerse oír". "Poner en riesgo la economía es siempre un autogol".

La primera de estas iniciativas consiste en un llamamiento a retirar dinero en efectivo de los bancos para poner en aprietos a las entidades. No vale hacerlo cualquier día: tiene que ser este viernes, 20 de octubre, por la mañana, a poder ser entre las ocho y las nueve. "Ve a uno de los cinco principales bancos y retira la cantidad que quieras en efectivo. ¡No lo olvides: es tu dinero!", argumentan.

Se está notando y mucho la ausencia de los "Jordis"...

¿Debe de aplicarse el art. 77 de Reglamento de los Mossos de Escuadra, al major Trapero?

La Fiscalía informa a la Generalitat de la imputación de Trapero para que le aparte de la jefatura de los Mossos

El conseller de Interior, Joaquim Forn, junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. EFE

El ministerio público reclama a la Audiencia Nacional que notifique oficialmente al Departamento de Interior el auto en el que se decretan las medidas cautelares contra el 'major' de los Mossos, que ya podría ser suspendido por la actual Generalitat o por el nuevo Govern que surja de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que la Generalitat de Catalunya decida sobre la posible suspensión del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que está imputado por un delito de sedición y tiene prohibido abandonar España, por lo que podría ser apartado de la jefatura de la policía autonómica, compuesta por 17.000 agentes desplegados por toda Cataluña.

En una nota de prensa, difundida a los medios de comunicación, el ministerio público anuncia que instará a la titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que notifique al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, de forma oficial, el auto en el que se acuerdan las medidas cautelares contra el major de los Mossos.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quiere que se comunique el auto de la Generalitat "a los efectos legales que sean oportunos conforme a la legislación que regula su estatuto profesional".

El artículo 75 de la ley que regula el funcionamiento de los Mossos d'Esquadra establece que en el caso de que un mosso haya cometido una falta grave, "el órgano competente puede acordar, como medidas cautelares, la suspensión provisional o la adscripción a otro puesto de trabajo, medidas que pueden conllevar la pérdida provisional del uniforme, el arma y la credencial del funcionario expedientado o sometido a procesamiento".

El artículo 76 especifica, además, de que el agente puede ser suspendido temporalmente un máximo de seis meses, mientras que el artículo 77 establece que la suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida preventiva, "conlleva la privación temporal del ejercicio de las funciones, la retirada del arma y de la credencial reglamentarias, la prohibición de uso del uniforme, si procede, y la prohibición de entrar a las dependencias de los Mossos d'Esquadra sin autorización". Algo que es mucho mas urgente tratándose de quien dirige una fuerza armada de 17.000 hombres con sospechas de colaborar con la sedición.

20 y 21 de septiembre

En este sentido, la nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional recuerda que el auto de la jueza "se limita a evaluar la procedencia de medidas cautelares en relación exclusiva a la intervención de Josep Lluís Trapero en los incidentes del 20 y 21 de septiembre, ya que la denuncia presentada por la Fiscalía se refería inicialmente a tales hechos".

De hecho, la jueza dejó abierta la posibilidad de revisar las medidas cautelares de Trapero, "al mencionar expresamente que esta decisión se toma sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias”. Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional "reevaluará" la procedencia de otras medidas cautelares. 

De esta forma, y tras tener conocimiento oficial del auto de la Audiencia Nacional, el conseller de Interior, Joaquim Forn, no podrá alegar que desconocía la imputación de Trapero, ni las medidas cautelares que se le han impuesto, entre las que se encuentra la retirada del pasaporte.

En el caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy decida relevar al Ejecutivo de Puigdemont al aplicar el artículo 155 de la Constitución, los nuevos responsables de la Generalitat podrían decidir apartar a Trapero de la dirección de los Mossos en virtud de los propios estatutos de la policía autonómica.


Apartado de su puesto

El Portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, recuerda que en la mayoría de los casos, los agentes son apartados de sus puestos, "tal y como debería ocurrir en este caso con Trapero, que está imputado en un delito tan grave por es el de sedición".

Un portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (AIGC) destaca, por su parte, que el régimen interior de la Guardia Civil establece que si fuera guardia, Trapero sería suspendido tras abrirle un expediente disciplinario, que quedaría en suspenso hasta la sentencia.

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Fernández, resalta que la comunicación del auto en el que se establecen las medidas cautelares de Trapero puede servir también para que este cuerpo policial le retire el pasaporte del major de los Mossos.

jueves, 19 de octubre de 2017

¿Adoctrinamiento? ¿Qué adoctrinamiento?

Resultado de imagen de toni cantó

Martes en el Congreso. Se debate una moción de Ciudadanos que pide medidas para acabar con el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y la protección de aquellos alumnos y padres que denuncien el acoso de compañeros y profesores por motivos de pensamiento. Realmente, ¿quién podría estar en contra de la iniciativa? ¿Es razonable que haya centros que supediten la educación a la inoculación del odio? ¿Se debe continuar tolerando la utilización de los niños? Pues parece ser que sí.


El Partido Popular defendió que está haciendo todo muy bien, y el Partido Socialista que tampoco hace falta montar tanto lío por un par de casos aislados. ¡Aislados! Quizás no sea tan extraña su posición: ha sido su inacción durante décadas la que ha llevado a esta situación. Por su parte, Podemos y nacionalistas, cada vez menos diferenciables, se limitaron a negar con total desfachatez que el adoctrinamiento infantil exista. Con frecuencia usaron la falacia de la extensión: ¿están los de Ciudadanos diciendo que todos los docentes son manipuladores? No, obviamente no: ¿deberíamos, entonces, dejar de perseguir el robo ante la evidencia de que no todas las personas son ladronas?


Cantó, que fue el encargado de presentar la iniciativa en el Congreso, vio cómo el PP se abstenía condenando al fracaso su iniciativa. También soportó que partidos como el PNV le llamaran racista. "Que el PNV te diga racista tiene narices. Que lo digan el PNV de Sabino Arana o Junqueras los que hablaban del RH vasco o del ADN catalán, tiene narices", lamentaba Cantó.

La imagen puede contener: una persona, sentada
El PP da la espalda a la iniciativa

Sobre la intervención del PP a cargo de Elena Bastida, especialmente dura con Cantó, el diputado de Ciudadanos cree que "sobreactuó y trató de tapar las vergüenzas de un PP que no apoyaba una iniciativa como esta". En este sentido, Cantó recordó que el PP tiene "herramientas como la Alta Inspección del Estado o el Defensor del Pueblo para poder hacer algo en la Comunidad Valenciana, pero no lo han hecho. Como sigamos así", añadía Cantó, "en Valencia y Baleares nos encontraremos con una situación como la de Cataluña".

Esta situación, para Cantó fue "realmente descorazonadora y muy sorprendente". Para Cantó, no tiene sentido que el PP se oponga a su iniciativa porque "es evidente que el problema existe" y por eso "lo único que pedimos es que exista una herramienta para intentar que estas cosas, como que haya profesores que reprendan a niños por ser hijos de guardias civiles, no ocurran".

Además, recordaba Cantó que, en los casos de corrupción, la ley recoge la figura del denunciante, "lo hemos visto y para nosotros es curioso que existan denunciantes para la corrupción política y que, en este caso, no se quiera proteger a los niños o padres que quieran denunciar lo que están sufriendo sin que luego tengan que vivir en un apartheid".

El corte de mangas del PSOE

Cantó tuvo que soportar también, aparte de su posición frontal,un corte de mangas que le hizo la diputada del PDeCAT, Lourdes Ciuro, Toni Cantó la ha disculpado y ha dicho que el insulto no "me lo hacía por un tema ideológico, sino por la pasta, porque no quieren que les quiten el pesebre, no quieren que les quiten la pasta y por eso están engañando a muchos catalanes".



El portavoz del PNV en el Congreso. EFE

Podemos y los independentistas a lo suyo

Más creativo fue el argumento del diputado de Podemos: ¿cómo vamos a manipular si no tenemos tiempo con tanto corregir exámenes? Y todo en medio de un gran enfado, lo que parece demostrar que la moción toca una parte esencial del proyecto nacionalista. Toni Cantó, que la defendía, fue llamado “sectario”, “incendiario”, “fundamentalista” e incluso “racista”. Este último insulto, curiosamente, se lo dedicó Aitor Esteban, del partido fundado por el furibundo racista –éste sí- Sabino Arana. Además, Lourdes Ciuró, diputada de la antigua Convergencia, le lanzó un vistoso corte de mangas. Posiblemente era el único argumento a su alcance. Por extensión, el resto de los diputados de Cs fueron llamados fascistas y falangistas.

Y todo entre grandes ovaciones. La manipulación de los niños era refrendada entre entusiastas aplausos de Podemos a los nacionalistas y de los nacionalistas a Podemos; curiosamente, las primeras filas del PSOE parecían sincronizadas con el partido morado.

De modo que ya saben:cuando lean ustedes que los hijos de guardias civiles están siendo acosados por sus profesores en institutos de Cataluña y que han tenido que ser defendidos por sus propios compañeros; cuando comprueben que el IES Pau Casesnoves (Inca, Baleares) distingue entre España y los Països Catalans; cuando vean a los profesores del IES Mossèn Alcover (Manacor, Baleares) manifestándose con sus alumnos a favor de la secesión catalana; o cuando directamente adviertan que se suspenden las clases para llevar a niños a protestar ante edificios públicos, sepan que no se está anteponiendo la ideología a la educación. Es que ustedes sufren alucinaciones. 

Y no rechisten, no vaya a ser que les llamen fascistas.

Trapero y su ‘relación de amistad’ con un conocido narcotraficante


Manuel Gutiérrez Carbajo y Josep Lluís Trapero

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha mantenido ‘una buena relación de colaboración e incluso de amistad’ con uno de los narcotraficantes más conocidos de Barcelona, Manuel Gutiérrez Carbajo.Según la División de Asuntos Internos de los Mossos a traves de un informe de mayo de 2010 a petición del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco del caso Macedonia que culminó con la desarticulación de la red de narcotráfico que lideraba Gutiérrez Carbajo.

El narco Manuel Gutiérrez Carbajo fue detenido en su domicilio de Castdelldefels el 15 de octubre de 2010 por agentes de la Guardia Civil y de la División de Asuntos Internos de los Mossos. Las intervenciones telefónicas previas muestran que Carbajo mantenía una relación de ‘amistad con varios mandos policiales, entre ellos el comisario Josep Lluis Trapero, quien en aquel momento era jefe de la División de Investigación Criminal de los Museos.

Gutiérrez Carbajo guardaba en la caja fuerte de su dormitorio algo más de 43.000 euros en metálico y numerosas joyas. Carbajo fue acusado de presuntos delitos de asociación ilícita, contra la salud pública, barqueo de capitales, soborno y tráfico de influencias. En su informe, los Mossos explican que: “forma parte de una asociación delincuencial estructurada jerárquicamente, cuya finalidad es el tráfico de estupefacientes, concretamente cocaína, entre otras actividades ilícitas. Esta organización disfruta de la colaboración de miembros del cuerpo de los Mesada d’Esquadra y de otras personas influyentes en diferentes ámbitos que dan cobertura al grupo en la comisión delictiva”.

Los agentes que participaron en el registro de la vivienda hicieron constar que, al ser detenido, Gutiérrez Carbajo portaba en su billetera una tarjeta de visita del comisario Josep Lluís Trapero. En su informe, lo explicaron con las siguientes palabras: Se ponen en evidencia los contactos o vínculos del señor Gutiérrez con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos, el jefe de la División de Investigación Criminal del cuerpo de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero Alvarez”.El reglamento interno que rige a los Mossos establece, entre otras cosas, que ”la falta manifiesta de colaboración con miembros de los demás cuerpos de policía” podría conllevar la destitución.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero./EFE

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, era vitoreado este martes por la cúpula del cuerpo a su llegada a la central de Sabadell. Allí ha pronunciado unas palabras con las que ha defendido su labor leal con el Govern y la autoridad judicial.

Estas palabras no concuerdan con los atestados de la Guardia Civil a raíz del asedio que sufrieron sus agentes el pasado mes de septiembre en la sede de la Consejería de Economía en Barcelona. Tampoco casan con las medidas cautelares impuestas por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Trapero debería ser apartado del cargo de acuerdo al reglamento de los Mossos

El mayor de los Mossos sigue imputado. El atestado de la Benemérita asegura que Trapero actuó ‘’en conexión directa’’ con Junqueras y Puigdemont para convertir a la Policía autonómica en el ‘’brazo ejecutor’’ de su estrategia hacia la secesión. Denuncia también su estrecha relación con los líderes de la ANC y Òminum, hasta el punto de que un agente que participaba en el operativo asegura que Jordi Sánchez le espetó que “estaba en contacto con el mayor de los Mossos por si quería hablar con él”.


La Guardia Civil asegura que durante el asedio solicitó apoyo de la Policía catalana en numerosas ocasiones y que no recibieron ningún tipo respuesta.

Pero las diligencias del Instituto Armado no se circunscriben a la causa investigada por la Audiencia Nacional, también aluden a la ‘’inacción flagrante’’ de Trapero durante las actuaciones para impedir el referéndum ilegal.

En una de esas diligencias, la Guardia Civil sostiene que la inacción, que tiene documentada en decenas de grabaciones, “respondería más que a conductas aisladase individuales” de los agentes, “a unas instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando”. Una cadena de mando en la que “su último eslabón” es Trapero, según el informe.

“La labor de los Mossos pasaba por no actuar y en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación” de las otras policías, señala la Guardia Civil, que continúa: “Y esa realidad es evidente que no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes sino que más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos d’Esquadra, comandada por Josep Lluís Trapero.

Las órdenes eran claras y fueron aportadas directamente por la magistrada del TSJCque investiga el 1-O. Mercedes Armas entregó en persona a los mandos de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil el protocolo a seguir para impedir las votaciones ilegales. Las instrucciones eran claras: desalojar antes del sábado a las personas que pudieran estar en los colegios, precintar las sedes y vigilarlas hasta el domingo por la noche, además de incautar urnas, equipos informáticos y propaganda, entre otros mandatos.

Ese día se pudo ver a mossos cargando con urnas y evitando el cierre de colegios. Por otro lado, fueron los cuerpos de ámbito estatal los que finalmente tuvieron que actuar, aguantando los subsiguientes ataques por parte del separatismo.

¿Puede seguir Trapero en el cargo?

El funcionamiento interno de los Mossos d’Esquadra se rige en base a la Ley 10/1994 de 11 de julio de la Generalitat de Cataluña. En el capítulo IV del mismo se establece una relación de faltas y las sanciones que conllevaría incurrir en ellas. En base al testimonio de la Guardia Civil, las actuaciones de la Fiscalía y la imputación por parte de la Audiencia Nacional, Trapero podría ser apartado del Cuerpo.

El reglamento enumera, entre otras, como faltas muy graves:

-El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o al Estatuto en el ejercicio de las funciones.

-El abandono del servicio.

-La insubordinación individual o colectiva hacia las autoridades o los mandos de quien se depende, con motivo de la desobediencia a las instrucciones legítimas dadas por éstos.

-La denegación de auxilio y la falta de intervención urgente en cualquier suceso en que la actuación sea obligada o conveniente.

-La falta manifiesta de colaboración con miembros de los demás cuerpos de policía, en los casos en los que deba prestarse, de conformidad con la legislación vigente.

Explica la ley que la comisión de faltas muy graves podría implicar la ‘’separación del servicio’’ (destitución) o ‘’la suspensión de funciones, por más de un año y menos de seis, con pérdida de las correspondientes retribuciones’’.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Puigdemont se instala en el Palau y los GEO de los Mossos ya lo protegen día y noche

La Generalitat ha reforzado el dispositivo de escolta del presidente catalán con contravigilancias del Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite de la policía autonómica


El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Palau. (Reuters)

Carles Puigdemont está cada vez más preocupado por su seguridad. Ha enviado a toda su familia fuera de España. El presidente del Govern ha dejado provisionalmente su vivienda en Girona para instalarse en la residencia oficial del Palau de la Generalitat. Además, desde hace unos días, cuenta con un dispositivo de protección reforzada en el que participan agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite de los Mossos d'Esquadra, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al operativo.

Hasta ahora, salvo en contadas excepciones, Puigdemont se trasladaba diariamente a Barcelona para atender sus obligaciones desde su domicilio en el municipio gerundense de Sant Julià de Ramis, situado a siete kilómetros al norte de la capital de la provincia. Allí durmió, por ejemplo, la noche anterior al referéndum independentista del 1 de octubre. Sin embargo, ante el rumbo de los acontecimientos, el jefe del Ejecutivo catalán ha preferido mudarse al Palau de forma temporal. En el ala este del edificio, en pleno barrio gótico de Barcelona, se encuentra la Casa dels Canonges (Casa de los Canónigos), la residencia de los presidentes de la Generalitat. En sus habitaciones se alojaron Francesc Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas. Sus sucesores únicamente usaron la vivienda de forma ocasional. Puigdemont ha decidido convertirse ahora en su inquilino.

A esa medida de protección personal se suma el incremento del número de agentes que se encargan de su escolta. Hasta el momento, el núcleo de su dispositivo de seguridad lo conformaban exclusivamente efectivos del Área de Personal, una sección de la policía autonómica integrada por unos 150 funcionarios que se dedica a la custodia de personalidades. Pero la sensación de intranquilidad que experimenta el Govern por su desafío al Estado de derecho ha llevado a los Mossos a redoblar la seguridad de Puigdemont con la incorporación de agentes del GEI, la sección de operaciones especiales del cuerpo.

Se trata de una medida absolutamente excepcional, aclaran a este diario fuentes de los Mossos. La labor de estos efectivos está consistiendo en realizar tareas de contravigilancia para prevenir una posible agresión y, sobre todo, intentar detectar la presencia o seguimientos de agentes de otros cuerpos policiales. Con todo, los efectivos del GEI están específicamente adiestrados para intervenir en operaciones con un alto riesgo de violencia armada, lo que da una idea del horizonte que maneja el Ejecutivo catalán. El Departamento de Interior de la Generalitat, del que dependen los Mossos, ha decidido que la unidad proteja a Puigdemont durante las 24 horas del día.

Agentes del GEI (Grupo Especial de Intervención) de los Mossos d'Esquadra. (EFE)

El refuerzo de la escolta del 'president' también podría tener carácter preventivo. Como reveló este diario, el Ministerio del Interior mantiene desplegados en Cataluña, dentro del contingente de efectivos que ha trasladado desde el resto de regiones de España, a dos comandos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional (una decena de agentes) y dos centenares de miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, las unidades de élite de ambos cuerpos. El motivo de su envío a Cataluña es reducir al mínimo el tiempo de respuesta en caso de que un tribunal ordene la detención de altos cargos de la Generalitat y el Parlament, y los servicios de esas secciones policiales sean requeridos. Al tratarse de personalidades con escolta, el GEO y el GAR tendrían que intervenir en su arresto.

Las alarmas del Govern ya saltaron el pasado martes cuando Puigdemont compareció en la Cámara autonómica para proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI) y suspenderla ocho segundos después. Ante el temor a que el acto pudiera ser interrumpido por las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Departamento de Interior blindó el Parlament y el parque de la Ciudadela con decenas de 'mossos'. Agentes armados recorrieron el interior de la sede legislativa y efectivos antidisturbios rodearon el edificio durante el tiempo que se prolongó la sesión. Asimismo, se establecieron controles en los accesos al recinto.

El GEI fue fundado en 1984 y tiene su base en el complejo Egara, el cuartel general de los Mossos en Sabadell (Barcelona). En la actualidad, cuenta con unos 40 agentes entrenados para actuar en operaciones de alto riesgo, como misiones de rescate y dispositivos antiterroristas. Disponen del armamento y el material de autoprotección más sofisticado del cuerpo, como fusiles de asalto HK G36, SCAR L y HK MP7 y fusiles de precisión del calibre 308 Winchester y 338 Lapúa Magnum. Como reveló El Confidencial, en mayo de 2016 realizaron una importante compra de fusiles y balas para sus francotiradores. Además, el GEI se mueve en vehículos y furgonetas camufladas de gran potencia y utiliza los helicópteros de la Generalitat.

El pasado enero, la Generalitat sacó a concurso 24 nuevas plazas de ingreso en el GEI justificándolo en la necesidad de ampliar su plantilla por la activación del nivel 4 de amenaza terrorista. Su última actuación se produjo durante la búsqueda del yihadista de la célula de Ripoll que perpetró el atropello masivo de las Ramblas de Barcelona el pasado 17 de agosto. En los últimos años, los miembros del GEI han participado en maniobras conjuntas de formación con los GEO de la Policía Nacional. Los agentes de ambas unidades podrían encontrarse ahora, cara a cara, si un juez ordena la detención de Puigdemont.

El Confidencial

Peligra la candidatura para la Agencia Europea de Medicamentos para Barcelona

La Agencia del Medicamento avala con nota la candidatura de Barcelona

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que la tensión política en Cataluña no está afectando a la propuesta

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, junto a Cristina Garmendia y Josep Piqué. MINISTERIO DE SANIDAD

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) considera que Barcelona cumple con nota todos los criterios técnicos necesarios para albergar la nueva sede de la institución europea, que abandonará su ubicación actual en Londres a causa del Brexit. En un informe publicado el pasado 3 de octubre, la EMA ha constatado que la capital catalana está lista para acoger su sede. Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que la tensión política en Cataluña no está afectando a la candidatura. Ámsterdam, Viena, Milán y Copenhague también han salido bien paradas en este análisis de la EMA.

Apenas unos días después de que la Comisión Europea certificase que Barcelona cumple los criterios técnicos establecidos para hacerse cargo de la EMA, la capital catalana entra en la recta final de la campaña —la decisión la tomará el Consejo de Europa, a puerta cerrada, el 20 de noviembre— con el beneplácito también de la propia Agencia Europea del Medicamento.

Los números que implica la agencia

Trabajadores: 900 personas, junto a sus parejas e hijos (unos 600 niños), que deberán trasladarse allí donde se instale la nueva sede.

Presupuesto: 350 millones de euros.

Ecosistema empresarial: alrededor de la EMA giran unas 1.600 empresas vinculadas a su operativa.

Reuniones internacionales: los encuentros que organiza la EMA atraen a unos 40.000 expertos al año.

La decisión: el Consejo de Europa decidirá el 20 de noviembre.

En un informe donde se analizan el total de las 19 candidaturas presentadas, la EMA valora positivamente todos los criterios técnicos expuestos por Barcelona, desde la ubicación (la Torre Glòries), hasta la capacidad para acoger a las familias de los trabajadores. El traslado de la agencia significaría mover una infraestructura de 900 trabajadores y 340 millones de euros de presupuesto.

“Para garantizar que el organismo siga funcionando y pueda cumplir su misión después de su reubicación, la accesibilidad del nuevos puesto de delegados y expertos y la retención del personal son fundamentales, apoyadas por instalaciones adecuadas”, explica la agencia en su informe. Barcelona cumple todos estos indicativos.

Mas información

En lo que respecta a la ubicación de la institución, el informe sostiene que la Torre Glòries “satisface las necesidades de la EMA para oficinas e instalaciones para conferencias” y cumple con las medidas de seguridad adecuadas. También celebra el plan de reubicación ideado por la candidatura para recolocar la infraestructura de la EMA con el mínimo impacto posible.

El único punto débil del que adolece la candidatura barcelonesa en este sentido, según el organismo europeo, es el tamaño de las salas de reuniones, que tiene estipuladas varias medidas específicas que la Torre Glòries, a priori, no cumpliría completamente.

La EMA también ha tenido muy en cuenta la accesibilidad del lugar elegido —“la cercanía de los hoteles es un factor importante debido a las largas sesiones de trabajo en la Agencia que terminan a última hora de la tarde”, agrega—, la existencia de las instalaciones educativas adecuadas para los hijos de los trabajadores y un acceso adecuado al mercado de trabajo y a la seguridad social para las parejas de los empleados.

La candidatura de Barcelona también cumple todas las expectativas en estos términos y la EMA, que para el informe ha analizado las ofertas oficiales y otra documentación de la que disponía, considera que la propuesta española es lo suficientemente solvente como para que un eventual traslado de la sede a la capital catalana no afecte a la continuidad de las operaciones de la EMA.

La Torre Glòries, iluminada en favor de la Agencia Europea del Medicamento.
La Torre Glòries, iluminada en favor de la Agencia Europea del Medicamento, el pasado 18 de julio. / JOAN PUIG

Además, Barcelona está entre las opciones preferidas por los trabajadores, por lo que la retención del personal de la EMA sería muy alto, según el informe.

La próxima ciudad europea a la que deberán desplazarse los 890 empleados de la EMA puede poner en peligro la continuidad del negocio. Para que sea viable se necesita retener al menos el 65% del personal procedente de Londres. Sobre esa base sólo cinco ciudades -Copenhague, 65%; Milán 69%; Viena, 73%; Barcelona, 79% y Ámsterdam, 81%- pasarían el corte. Si las autorizaciones de medicamentos se retrasan o tienen que detenerse debido a pérdidas ‘masivas’ de personal, porque los funcionarios se nieguen a trasladarse a la nueva sede, la agencia podría experimentar una drástica caída en los ingresos por comisiones. Esto, a su vez, resultaría en pagos más bajos a los reguladores nacionales por el trabajo que llevan a cabo al revisar las solicitudes de nuevas aprobaciones de medicamentos. Las consecuencias financieras se verán agravadas por el costo de reemplazar al personal. Tal déficit tendría que ser compensado con el presupuesto de la UE, según fuentes del Consejo de Administración de la EMA.

Con todo, las candidaturas de Ámsterdam, Viena, Milán y Copenhague, las cuatro mejor aceptadas entre los empleados también, le pisan los talones a Barcelona. Todas ellas, no obstante, fallan también en uno o varios de los requisitos exigidos por la Agencia del Medicamento.

Sin mención sociopolítica

A lo que no hace mención el informe es a la situación sociopolítica de los candidatos. En Cataluña, la tensión por el desafío independentista ha provocado, como daño colateral, el traslado de la sede social a Madrid de la biotecnológica Oryzon y la empresa química Indurken, entre otras.

“La situación política no es un requisito y no lo están teniendo en cuenta”, concretan fuentes del Ministerio en referencia al impacto que pudiese tener la situación política en Cataluña. Las mismas fuentes ministeriales apuntan que cada país tiene sus propios quebraderos políticos susceptibles de afectar a esta decisión y señalan, por ejemplo, que los principales partidos de la oposición en Austria y Holanda son euroescépticos y, una eventual victoria de estos grupos en unas elecciones, también podría poner en jaque la estabilidad en la UE.

Londres ha tenido que ver cómo perdía la sede central de esta organización por el Brexit y ahora es Barcelona, la ciudad mejor posesionada hasta el estallido internacional de la crisis por la independencia, que ve alejarse una gran oportunidad.

La necesidad de hacer ‘lobby’ para ganar

Pese a la buena imagen de Barcelona en lo que se refiere a criterios técnicos, la elección final de la ubicación de la Agencia Europea del Medicamente dependerá, en última instancia, de una decisión estrictamente política. Fuentes del Ministerio que dirige Dolors Montserrat aseguran que, aunque el sistema de votación podría favorecer, a priori, grandes alianzas que no benefician a España —como en Eurovisión—, el hecho de que se presenten un total de 19 candidaturas dificulta los grandes acuerdos.

Por eso el papel diplomático y de lobby que hagan los participantes será determinante en la recta final de la campaña.

En esta línea, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se reunió esta semana con el ex secretario general de la OTAN y ex ministro socialista Javier Solana, la ex ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia y el ex ministro Josep Piqué, para hablar sobre la candidatura y reforzar la implicación de personalidades de todos los colores políticos para conseguir más votos.

La Agencia Europea de Medicamentos ya está sufriendo la pérdida de valor de la libra esterlina frente al euro desde el voto del referéndum para abandonar la UE en junio de 2016. Esto la obligó a ajustar el presupuesto de 2017 ya recortar actividades no básicas. Ahora está revisando los presupuestos para 2018 y 2019. La decisión de la EMA de publicar una lista clasificada de las preferencias del personal para su nueva sede es un paso inusualmente político. La agencia ha emitido una advertencia de que corre el riesgo de “daño permanente al sistema” si menos del 30% por ciento de los empleados estarían dispuestos a trasladarse. “Esto significaría que la agencia ya no puede funcionar”, señala un portavoz de la EMA.

La crisis soberanista hace que Barcelona pierda opciones de convertirse en la Ciudad Europa del Medicamento. Se está valorando la posibilidad de que recién instalada en Barcelona, esta ciudad pudiera fuera del área de cobertura de la Comunidad Europea que obligaría a emigrar de nuevo a otra ciudad. Desde el Ministerio de Sanidad y la propia Generalitat llevan meses trabajando por conseguir traer a Cataluña y España esta entidad, aunque ya Science/Business, una red de universidades y centros de investigación, da como ganadora a Ámsterdam frente a Barcelona.

martes, 17 de octubre de 2017

Asegurar a irresponsables

Adeslas SegurCaixa deja sin seguro a todos los miembros del Gobierno catalán y al Parlament por su deriva ilegal


SegurCaixa Adeslas rescinde unilateralmente el seguro del Parlament


Apenas horas después del pleno extraordinario en el que el President de la Generalitat suspendió la declaración de independencia, SegurCaixa Adeslas, rescindió de forma unilateral e inmediata el seguro de responsabilidad civil que tenía contratado el Parlament.

La poliza hasta ahora en vigor cubría tanto sl edificio por todo tipo de “riesgos materiales” y la  “responsabilidad y civil de los parlamentarios y empleados".

En una carta enviada al Parlament y registrada el 11 de octubre, la compañía anuncia su decisión y la explica “como consecuencia de la gravísima agravación del riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Catalunya”. Concretamente habla de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley de Transitoriedad jurídica y sus derivadas.

La aseguradora, controlada por Mutua Madrileña y CaixaBank comunicó su decisión a la Generalitat el pasado día 11, un día después de que Puigdemont declarara y suspendiera la independencia de Cataluña. La póliza ahora rescindida había sido adjudicada a SegurCAixa Adeslas en septiembre de 2016 por un importe de 87.000 euros y cubría los posibles daños sufridos por la Cámara Catalana y sus representantes hasta 2019, es decir durante los tres años que duraba el contrato.

Oriol Junqueras intentó blindar a funcionarios, altos cargos y políticos al servicio de la Generalitat de Cataluñaen previsión del envite político independentista. En abril de este año, la Consejería de Economía y Hacienda adjudicó un nuevo contrato de servicios de seguro de responsabilidad civil a SegurCaixa Adeslas por valor de 261.250 euros al año para proteger a los trabajadores y cargos electos autonómicos «en el ejercicio de sus cargos electos».

Este tipo de seguros son habituales en las administraciones públicas, pero el firmado el 7 de abril de 2017 por Josep Maria Sànchez i Pascual, director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat, dependiente de Economía y Hacienda en manos de Junqueras, también vicepresidente autonómico, incluye distintos puntos que son poco habituales en este tipo de pólizas, según fuentes de las compañías de seguros. Por ejemplo, lo más paradigmático en este caso, es que, según consta en el pliego de prescripciones técnicas que rige la contratación, se incluye entre los asegurados a los «cónyuges legales de cualquier asegurado» si afecta a su régimen de bienes.

Asi el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su equipo de gobierno, los diputados, están ya tomando decisiones sin seguro de responsabilidad civil que proteja su patrimonio. 

SegurCaixa Adeslas, que trasladó su sede a Madrid la semana pasada, también rechazó la petición del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que la póliza le cubriera los 5,2 millones de fianza ante el Tribunal de Cuentas. La aseguradora, tras encargar dictámenes jurídicos, zanjó que el seguro no cubría decisiones de gasto ilegales como es el 9-N. Tras el rechazo a Mas, la aseguradora decidió rescindir el seguro y no afrontar nuevas peticiones de este tipo en el futuro por parte de los actuales dirigentes nacionalistas.