lunes, 15 de enero de 2018

La sentencia del caso Palau, la tumba de Convergencia

Fèlix Millet sale de la Audiencia de Barcelona. (Efe)

La sentencia del caso Palau convierte en una realidad el 3% y también el 4%. La Audiencia de Barcelona ha ordenado el decomiso de 6.676.105 euros a CDC y ha condenado a su extesorero, Daniel Osàcar, a cuatro años y cinco meses de prisión por el cobro de comisiones ilícitas procedentes de Ferrovial, que a cambio recibía obra pública. Félix Millet ha recibido una pena de nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y seis meses de prisión; y Gemma Montull, a cuatro años y seis meses.

El caso del Palau de la Música se conoció el 23 de julio de 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción registró la institución. La causa fue una querella presentada por un presunto delito fiscal, debido a la abundancia de billetes de 500 euros detectados en el seno de la entidad; moneda que estaba sometida a control por ser el vehículo ideal para el blanqueo de capitales. La sorpresa no se hizo esperar: en las agendas de los responsables se hallaron anotaciones, mails y faxes que podían corresponder al pago de comisiones a cambio de la concesión de obra pública. El beneficiario, Convergència Democràtica de Catalunya; el pagador, Ferrovial; el intermediario, el Palau.

La Audiencia de Barcelona ha cifrado en su fallo en 23 millones de euros el desfalco perpetrado en el Palau de la Música por Millet y los Montull. Una buena parte fue destinado a gastos personales de los prohombres de la institución, como viajes de vacaciones a destinos exóticos, obras en sus casas particulares o sufragar las bodas de las hijas de Millet. Los magistrados aseguran que, a día de hoy, todavía no se sabe a dónde fueron a parar 6.026.866 euros, salidos de las cuentas bancarias de la entidad.

El sumario reveló hechos tan singulares como el pago de la campaña para la alcaldía de l’Ametlla del Vallès al candidato de CDC, Esteve Escuer, o que Àngel Colom acudiera a Millet para que le pagara las deudas de la formación que creó y fracasó, el Partit per la Independència, cosa que el preboste del Palau hizo sin que se explique públicamente porqué. La cuestión es que nadie, ni trabajadores ni patronos, alertaron jamás sobre la forma de manejar el Palau, porque eran tiempos en que Millet era un prohombre de la ciudad. “La gente se pegaba por cenar con él”, dijo un testigo durante el juicio. Ahora es un apestado social. Y el caso Palau, al que se unieron en poco tiempo el 3%, ha pasado cuentas a los líderes convergentes del momento. El fiscal del asunto, Emilio Sánchez Ulled, aseguró en su informe final que “el Palau era la cañería del dinero al partido”.

El 2,5% era para el partido, y el 1,5% restante para Millet y Montul, que a su vez se lo repartían siguiente el porcenaje de 80% para el primero y 20% para el segundo. Millet y Montull pactaron este sistema con el antiguo tesorero de la formación política, Carles Torrent, ya fallecido, acuerdo que continuó con Osàcar. Ahora bien. Los jueces no descartan que haya participado en el entramado más personas del partido, que no han sido identificadas o cuyos posibles delitos han prescrito.

De esta manera, CDC obtuvo entre 1999 y 2009 la cantidad de 6.676.105 euros por lo menos, que es lo que ahora el tribunal ordena decomisar.

Un aspecto destacable es que la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona no ha seguido al pie de la letra el pacto al que llegaron Gemma Montull y la Fiscalía Anticorrupción, que rebajó su petición hasta los dos años, que hubiera impedido su ingreso en prisión. Ahora no. Además, el tribunal impone cuantiosas sanciones económicas a los acusados. A Félix Millet se condena también a una multa de 4.120.540; a Jordi Montull, 2.998.2834; a Gemma Montull, 2.663.995; y a Daniel Osàcar, 3.796.555 euros.

Aunque los herederos de la antigua CDC intentan amortiguar el golpe de la sentencia alegando que son hechos del pasado, a Carlos Puigdemont se le complica cada vez más su estrategia de ser elegido presidente a través de una investidura telemática. Hasta el presidente del PDeCAT, Artur Mas, presentó su renuncia el martes para que su figura sirva de cortafuegos entre el pasado y un presente marcado por la incertidumbre.

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"El personaje central de esta historia, después de Jordi Pujol, es Artur Mas". "Primero en Convergència se cobraba el 3% a través del Palau, pero después se cobraba el 4% y, cuando eso ocurrió, el conseller en cap era Artur Mas". Quien ha realizado estas afirmaciones con tanta seguridad que no ve necesario aportar matices es Joan Llinares, el funcionario de alto rango, miembro del cuerpo nacional de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local que fue designado por el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para dirigir el Palau después del expolio perpetrado por Fèlix Millet. Llinares asegura que comprobó todos los documentos, pero que le queda una incógnita: “Aparecerá en la sentencia que salieron nueve millones de euros que no se pudo justificar adónde habían ido a parar. Solo Millet puede aclarar su destino”.

domingo, 14 de enero de 2018

Puigdemont prepara su investidura, junto a cargos de su confianza


El plan de Puigdemont tensa al independentismo


Carles Puigdemont no se da por vencido. No se atiene a los consejos de Mas para que no ponga en riesgo la mayoría separatista con una repetición de las elecciones ni le afectan las reticencias de ERC respeto a una investidura telemática o por persona interpuesta. Tampoco le conmueve la oleada de retiradas y pasos a un lado o las deposiciones de Junqueras, Forn y los Jordis ante el juez del Supremo.

El problema es que Puigdemont —crecido por su inesperada victoria electoralante ERC e inconsciente en la nube de Bruselas de que el primer partido catalán es hoy Cs— es poco probable que acepte pasar sin más a ser una especie de presidente honorario en el exilio que cada día tenga menos relevancia. Habrá un duro forcejeo entre Puigdemont y ERC. 

El PDeCAT buscará un acuerdo intermedio que difícilmente podrá ser satisfactorio para todos. Y no se puede descartar que Puigdemont se enroque y haga una especie de chantaje: o se vuelve a la legitimidad y soy elegido, o en caso contrario mis diputados no votarán a otro presidente y se tendrán que repetir las elecciones, lo último que ERC quiere. Y quizás lo único que les podría hacer ceder.


Cuando solo faltan cuatro días para la sesión constitutiva de la cámara catalana, el soberanismo aún no ha despejado la incógnita sobre cómo mantendrán la mayoría independentista en la Mesa del Parlamento catalán, teniendo en cuenta que la ausencia de ocho de sus diputados (tres en prisión preventiva que pueden delegar su voto y cinco en Bruselas) en el momento de la votación les deja sin mayoría absoluta.

Puigdemont y sus diputados consideran que las dificultades técnicas para una investidura a distancia, manifestadas por los propios letrados del Parlament, deben ser superados por la interpretación política. “Setenta diputados no se pueden frenar por problemas técnicos”, insisten una y otra vez. Así que esperan a que ERC designe un candidato a la presidencia del Parlament y a la constitución de la Mesa el día 17. 

El plan pasa porque la presidencia de la Cámara convoque el pleno de investidura proponiendo a Puigdemont como candidato con los apoyos necesarios, sin presuponer si asistirá o no. El problema, en todo caso, llegaría el día de la sesión, en la que plantean que un diputado presente el programa del candidato por delegación haciendo una interpretación política del reglamento.

La otra gran cuestión del escenario político catalán a día de hoy es cómo lo harán los partidos independentistas para investir al candidato de Junts per Catalunya, que se halla en Bruselas desde finales de octubre.

Sus cargos de confianza siguen cobrando hasta 9.500 euros al mes de la Generalitat




Son las cuatro personas que componen el círculo de confianza de Puigdemont: Elsa Artadi, Damià Calvet, Victor Cullell y Jaume ClotetElsa Artadi se ha convertido en el gran poder en la sombra en Cataluña. Ella es la que mueve los hilos de Junts per Catalunya en Barcelona mientras sigue Carles Puigdemont en Bruselas. Dirigió la campaña, coordina los movimientos de cara a la investidura... y no se descarta que por una carambola pueda llegar incluso al Palau de la Generalitat.

Todos ellos se mantienen en sus puestos de trabajo como personal técnico de confianza -seguro que no será la de Santamaría- y con una altísima remuneración como altos cargos de la Generalitat. Además, los cuatro han invertido los dos últimos meses en la campaña electoral de Carles Puigdemont y en la actualidad trabajan activamente para su partido, activa y sin esconderse.


Ellos se han librado de las consecuencias del 155 por la naturaleza técnica de sus cargos, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras personas igualmente próximas al expresident como Josep Rius o Jordi Moreso que sí perdían su puesto de trabajo.Para mayor agravio, durante todo el mes de diciembre los cuatro afortunados han estado todo el mes de vacaciones para dedicarse de lleno a la campaña electoral del prófugo Puigdemont.

Los sueldos

Elsa Artadi, directora general de Coordinación Interdepartamental, con un sueldo bruto de 81.919 euros es la más conocida desde su designación como portavoz de JxCat durante la campaña, papel que ahora ha asumido otro de los candidatos, Eduard Pujol-.

Pero el sueldazo de Artadi es superado por el de Damià Calvet. Como director del Incasòl cobra uno de los sueldos más altos de la administración catalana, 115.000 € brutos anuales que lo sitúan por encima de la remuneración de un conseller.

Cullell cobra un sueldo bruto de 84.919 euros anuales.

sábado, 13 de enero de 2018

Albert Boadella será el "presidente en el exilio" de Tabarnia

Albert Boadella, "presidente en el exilio" de Tabarnia 


El fenómeno del momento, Tabarnia, va tomando forma. Tras definir un territorio, diseñar una bandera y un himno (Els unidors) y escoger a un portavoz, el nuevo seudoestado ya tiene presidente "en el exilio", y no es ni más ni menos que Albert Boadella.

Así lo ha avanzado este viernes el portavoz de la plataforma, Jaume Vives. Y es que, si el nacionalismo catalán tiene presidente en el exilio, Carles Puigdemont, Tabarnia no podía ser menos.


El martes, Vives, junto al periodista Joan López y a Miguel Martínez, presentarán la nueva nación a los medios de comunicación en un acto en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en el centro de Barcelona. Será entonces cuando, además de presentar los objetivos y las futuras acciones de la entidad, el "presidente en el exilio" intervenga mediante una conexión telemática, al más puro estilo Puigdemont.

Discurso de investidura

El dramaturgo catalán, que se marchó hace unos años de Cataluña asfixiado por la presión nacionalista, ha sido uno de los intelectuales que con más acidez ha criticado al independentismo catalán, por lo que su perfil se ajusta perfectamente al de Tabarnia.

Está previsto que Boadella pronuncie un discurso de investidura a través del plasma.

Las negociaciones para elegir al presidente han sido rápidas. "Fuimos una comitiva a Madrid a hablar con él con el deseo de que pronto pueda volver sin tener miedo de las represalias del régimen opresor", ha indicado el portavoz de la entidad en declaraciones a los medios.

Altos cargos del Govern boicotean al Estado con el 155

Responsables del Govern paralizan ayudas a la innovación que las empresas ya han acordado con el Gobierno con el argumento de que el 155 lo ha paralizado todo

El secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bérmudez de Castro, frente la agencia de la competitividad de la empresa de la Generalitat

Soraya Sáenz de Santamaría en una reunión con empresarios en la sede de Foment, justo antes de las elecciones del 21D. Mensaje contundente y polémico: el 155 ha servido para reactivar la administración de la Generalitat, que estaba paralizada. Escándalo. El soberanismo carga contra el Gobierno porque ha paralizado inversiones y ayudas en todos los ámbitos por el 155. ¿Y qué ha pasado? En las últimas semanas han proliferado los casos: altos cargos del Govern de la Generalitat boicotean al Estado con el 155, paralizando, precisamente, decisiones ya acordadas por el Gobierno, que benefician a empresas catalanas.

Ha ocurrido de nuevo. Lo que apuntaba la vicepresidenta del Gobierno, aunque el PP ni lo explicó con claridad ni tuvo la capacidad para vender con un discurso en positivo esas cuestiones y lo pagó electoralmente el 21D, lo ha comprobado una empresa catalana que tiene claro que debe apostar por la innovación.

Esa empresa, según las fuentes consultadas en la administración catalana, solicitó unas ayudas para la innovación a Acció, la agencia para la competitividad de la empresa, que depende del departamento de Empresa i Coneixement. El responsable, el consejero delegado de Acció, Joan Romero, dejó claro a los directivos empresariales que todo estaba parado por culpa del 155, por culpa del Gobierno español. El departamento de Empresa se quedó sin consejero, cuyo titular era Santi Vila, que dimitió poco antes de la declaración de independencia en el Parlament.

Parar proyectos por motivos políticos

Pero los empresarios, como ha ocurrido en distintos ámbitos en las últimas semanas, se interesaron por los verdaderos responsables con la intención de agilizar las ayudas, y entrevistarse con quien fuera necesario. Ante la respuesta de Romero, éstos aseguraron que no tenían ningún inconveniente en contactar con el propio Ejecutivo español.

Las ayudas a la innovación se gestionan, por parte del Gobierno central, a través de la secretaría de estado de I+D+i, que depende del Ministerio de Economía. Pero todo lo relacionado ahora con la Generalitat de Cataluña está centralizado a través de la secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, cuyo responsable es Roberto Bérmudez de Castro.

La empresa obtuvo, tras ese contacto, todas las garantías para recibir las ayudas a la innovación, con la idea de que fuera directamente Acció la responsable de la gestión. Pero aquí aparece de nuevo la figura de Joan Romero, que, según las fuentes consultadas, mantiene paralizados esos recursos para ayudar a la mejora de la competitividad de la compañía.

La vigencia de 155

El propio Romero admitió que se estaba desmontando el argumento político del soberanismo, según el cual el 155 es la causa de la parálisis de la administración catalana. La propaganda, repetida por los dirigentes independentistas, es que el 155 ha sido la causa de todos los males, y que es preciso derrotarlo cuanto antes, pese a que, tras los compromisos adquiridos por el Gobierno, el 155 decaerá en el momento en el que se elija en el Parlament a un nuevo presidente de la Generalitat.

El Gobierno central no ha querido, según fuentes del Ejecutivo, entorpecer nada de lo que se pida a la Generalitat, y, menos, las ayudas a la innovación empresarial. Ha ocurrido lo mismo en otros ámbitos, como las ayudas al transporte escolar, que se han anticipado cuando, bajo el Gobierno de la Generalitat, solían recibirse entre los meses de febrero y marzo del año siguiente. En esa ocasión se pagó a finales de noviembre, algo que resulta importante para muchas familias en pueblos y ciudades medianas.



La sorpresa de Soraya

Sin embargo, el discurso soberanista va en la dirección contraria, sin que el Gobierno central sepa explicar nada de lo que está llevando a cabo.

Sáenz de Santamaría, en la misma reunión con empresarios en Foment, se mostró escandalizada por recibir órdenes y decretos que podían asumir directores generales y altos cargos de la propia administración. Y es que descubrió que se había paralizado la burocracia interna, porque los propios funcionarios lo quisieron delegar todo en los consejeros, temerosos de seguir hacia el precipicio por el proceso soberanista. En las últimas semanas eso ha cambiado, y el equipo de Bérmudez de Castro se ha encontrado con la voluntad de los altos cargos de agilizar el trabajo. Salvo los casos que se empeñan en defender el discurso oficial del soberanismo, como lo ocurrido en Acció con su consejero delegado, Joan Romero.

La cuestión ahora es saber en qué momento se dejará de aplicar el 155. Y eso sólo depende de la capacidad de los partidos independentistas de acordar un nuevo Gobierno de la Generalitat, y aterrizar a la realidad para gestionar cuestiones tan necesarias --aunque resulten prosaicas-- como las ayudas a la innovación.

Estado de alarma en el PP

Foto de Rajoy tira de marianismo e intenta imponer la calma en las filas del PP

Ciudadanos sería hoy, de celebrarse unas elecciones generales, el partido más votado, según la encuesta de Metroscopia elaborada para EL PAÍS. La formación de Albert Rivera obtendría un 27,1% de los apoyos, frente a un Partido Popular que pasaría a ocupar la segunda posición con un respaldo del 23,2%. El PSOE se situaría muy cerca de su rival tradicional, a menos de dos puntos de distancia, con un 21,6% de estimación de voto, pero debería conformarse con una tercera posición. La formación de Pablo Iglesias, Podemos, quedaría relegada a un cuarto puesto con el apoyo del 15,1% del electorado.


Los datos de la encuesta de Metroscopia solo sirven para medir un estado de animo coyuntural, porque en estos momentos nada parece indicar que pueda haber un adelanto electoral ni existe, por tanto, en el electorado la tensión que precede a unos comicios. Sin embargo, resulta significativo que por primera vez la posición de predominio de Ciudadanos aparezca de un modo tan rotundo en la foto fija de un sondeo.

Sondeo Metroscopia
Este resultado ha puesto en estado de alarma al PP. Ciudadanos se convierte en el voto útil de la derecha que hasta ahora ha sido utilizado con éxito por el PP y ya solo sus errores pueden descabalgarlos de este liderazgo recién adquirido 

El PP, en estado de alarma, espera ya el plan de Mariano Rajoy para frenar el meteórico ascenso de Ciudadanos. El lunes, el presidente reunirá a la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos de la formación al que acuden más de medio millar de cargos. La última encuesta de El País, que da al partido naranja como ganador en caso de elecciones generales, provocó el pánico en las filas populares. "Aunque pueda estar inflada, la tendencia está ahí y hay que tomar medidas lo antes posible", en palabras de un barón autonómico.

Más autocrítica, mejor comunicación y recuperar las tradicionales banderas del PP son algunas de las reclamaciones más escuchadas, en privado, por cargos populares. Pero cuando se reúnen no existe dentro del partido una sola voz capaz de oponerse a la política equivocada del partido. Mientras los políticos del PP con Rajoy a la cabeza se dedican a infravalorar y atacar a Ciudadanos, el único aliado fiable que dispone pone en peligro su función de gobierno que, tiene como primera asignatura la aprobacion de unos presupuestos que le garanticen terminar la legislatura.

  

Los resultados son consecuencia de que el electorado de derecha se ha dado cuenta que el PP con su fracaso del 155 por inacción contra los medios de propaganda y los cuadros nacionalistas que los electores entienden como financiación a los mismos  que se ve confirmado por los fondos  liberados por el FLA que siguen siendo utilizadas sin ningún control a pesar de las amenazas de Montoro cuya expresión es el anuncio de la liberación de las subvenciones millonarias a los medios independentistas que dan la imagen de una intima colaboración con el secesionismo catalán.

Se equivoca el PP en dar la culpa a Ciudadanos de su descenso en la valoración de sus votantes. Su descenso corresponde en que se han empeñado en no tomar medidas en el tema catalán y dejar que sea únicamente la justicia quien se ocupe de unos cuantos cabecillas del secesionismo mientras los cuadros y las estructuras del mismo siguen en pie. El hecho de tener a TV3 voceando a todas horas la propaganda sin cerrarla como procedería y cuyos problemas económicos parecen dispuestos a solucionar y mantener el adoctrinamiento en las escuelas, son las causas principales de que al Partido Popular le hayan perdido el respeto de sus votantes mas fieles.  Mucho tendrá que rectificar el PP para recuperar un voto que quizá ha perdido para siempre. 

viernes, 12 de enero de 2018

Hacienda desbloquea las subvenciones a medios independentistas


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y una portada del diario independentista 'Ara'

El Gobierno desbloquea las subvenciones a los medios digitales independentistas. Las cuentas estaban retenidas en el marco del artículo 155.

Los medios digitales independentistas sacan la cabeza del agua y cogen aire. El Gobierno ha desbloqueado las subvenciones​ retenidas en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un atraso en los pagos que ha traído de cabeza a muchos de los afectados.


La cifra desbloqueada asciende a 1.922.000 euros y de ella depende la supervivencia de la mayoría de los implicados en esta red de medios de comunicación en internet.

Una convocatoria de ayudas publicada por el DOGC el pasado mayo y que ascendía a casi 2 millones de euros solo para los digitales privados en catalán. A ello habría que añadir las ayudas a la prensa escrita y, por supuesto, los 300 millones de euros anuales del contrato programa de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que engloba a TV3 y Catalunya Ràdio, además de los 37,2 M€ de promoción del catalán.


Los más beneficiados

La Generalitat cumplirá con las promesas a pesar del 155, según informa Ara (uno de los beneficiados). De hecho, estas subvenciones fueron pactadas en mayo, además de los millones públicos que terminarán en la prensa escrita y en la CCMA (TV3 y Catalunya Ràdio). Reuniones recientes han abierto el grifo.

El motivo del retraso se debe a que, con motivo de la intervención de las cuentas catalanas, el Gobierno ha repasado todas las cantidades para hacer un “reparto objetivo”, según explicó en diciembre Jordi Río, director general de Medios de Comunicación de la Generalitat.

En 2016, el medio más beneficiado por estas ayudas fue Nació Digital, próximo a ERC, con más de 224.000 euros. El diario Ara, alineado con el PDCat, recibió más de 192.000 euros, mientras que decano de los digitales en catalán, Vilaweb, tuvo una subvención de 135.000 euros y ElPuntAvui cobró 80.000 euros. Se trataba solo de las subvenciones estructurales, por número de lectores, a las que después se suelen sumar las ayudas por proyecto.


Impactos de género


Con un gasto previsto de 367.000 euros, el Ayuntamiento de Madrid ha previsto en sus presupuestos una serie de informes son los " Impactos de género" en la gestión municipal como cumplimiento de una norma de la UE que el Estado Español ha asumido con el fin de mejorar las políticas públicas.

La sociedad encargada de realizar varios informes en este proyecto, entre los que figura el mencionado del "impacto de género", es Dinamia, a la que Ahora Madrid ha beneficiado con múltiples contratos. En esta ocasión recibirá 127.000 euros. Una portavoz de esta empresa explicó al diario que fue el Ayuntamiento el que pidió hacer este informe, aunque reconocen que puede que "no haya ninguno" 

Otra de las sociedades premiadas es eKona, fundada por activistas del 15-M y miembros de la plataforma de auditoría ciudadana, que también han participado en actos de Podemos. Y el grupo Tangente, otra cooperativa que tuvo como directora estratégica a una actual asesora del gobierno municipal en el distrito de Fuencarral.

En estos informes, se incluye por ejemplo un estudio sobre el "impacto de género" en el soterramiento de la M-30 con importe de 57.000 euros en que puede afectar la construcción de esta arteria.Se trata de una obsesión insensata, sí, pero al mismo tiempo muy rentable para los que la padecen. Sobre ella se montan observatorios, subvenciones, cursos en instituciones públicas; se pergeñan informes como los que encargan los Ayuntamientos del Cambio a las empresas de los amigotes…

Rita Maestre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de los jueves defendió la necesidad de incluir este tipo de estudios. "Los impactos de género son normativa. Afortunadamente la UE y también el Estado español han ido asumiendo como una obligación administrativa, en la buena gestión de las políticas públicas, cómo afectan todo tipo de políticas públicas al género, cuáles son los impactos de género".

Aberraciones como la tolerancia –cuando no el fomento– de la okupación, los ataques al turismo, la persecución del vehículo privado están marcando la política de unos equipos municipales que ni son capaces de solucionar los verdaderos problemas de las ciudades, ni mejoran las vidas de sus habitantes ni cumplen con unos programas electorales que rebosaban demagogia.

El Ayuntamiento de Manuela Carmena está descollando en despropósitos, incompetencias y disparates: presupuestos que no se cumplen, caos en el grupo municipal que sostiene al Gobierno pero que parece mucho más pendiente de sus querellas internas que de gestionar la ciudad y, por supuesto, hipersectarismo ideológico con cargo al Erario. La llegada al poder de Podemos y sus confluencias en importantes ayuntamientos del país ha servido para conocer de primera mano los experimentos políticos y sociales que esta nueva izquierda tan caduca quiere imponer a los españoles.