jueves, 1 de octubre de 2020

Asesinato fallido de Josep Maria Mainat, fundador de OT y de Gestmusic, al saber su mujer que se divorciaría.

Josep Maria Mainat. Puck Producciones

Les hechos ocurrieron la noche del 22 de junio, La noticia la ha publicado hoy La Vanguardia Se trata del asesinato fallido de Josep Maria Mainat, fundador de OT y de Gestmusic, al saber su mujer que se divorciaría. El productor es diabético. Su esposa urdió un plan para matarlo por haberla quitado de la herencia. Le inyectó insulina mientras dormía.

Angela entró en el dormitorio pasada la medianoche, cuando su marido dormía. A sabiendas de que él es diabético, le administró varias dosis de insulina con la idea de acabar con su vida. Y aunque él se intentó resistir, no lo pudo evitar al estar profundamente dormido. Las inyecciones le provocaron una hipoglucemia que le llevaron al coma.

Así intentaron matar al productor catalán Josep Maria Mainat, exmiembro de La Trinca, fundador de Gestmusic y exmarido de Rosa María Sardá. Su actual esposa, Angela Dobrowolski, con la que tiene dos hijos de 4 y 8 años, fue la que intentó acabar con su vida la madrugada del 22 al 23 de junio, víspera de la fiesta de San Juan. 

Las razones que llevaron a Angela Dobrowolski, alemana de 37 años pero de origen ruso, a intentar matar a su marido, fueron puramente económicas. Mainat la habría quitado del testamento y ella quiso vengarse quitándole la vida. Habían decidido poner fin a su matrimonio a principios de este año, aunque no habían llegado a separarse formalmente. No obstante, en el momento en el que el divorcio se hiciese efectivo, Dobrowolski se quedaría fuera de la herencia de forma automática. Ella se enteró revisándole el correo electrónico a su marido. Cuando descubrió la documentación del divorcio, decidió urdir un plan para matar a Mainat.

"Son vitaminas"

Los cónyuges ya no convivían en el mismo domicilio. La relación entre ambos, sin embargo, seguía siendo buena. El popular actor cómico iba a menudo a visitar a sus hijos (de 8 y 4 años) y a comer a la casa que ambos tenían en común en el barrio de Sant Gervasi, Barcelona. Fue en una de esas visitas, acontecida el 22 de junio por la noche, cuando ella intentó acometer el crimen. Aprovechó que él se fue a dormir después de la cena. La mujer, que está estudiando Medicina, preparó inyecciones de insulina y se las administró, asegurándole que eran suplementos vitamínicos. Él intentó quitársela de encima, pero estaba muy dormido y Angela pudo pincharle sin oposición.

La mujer, tras pincharle la insulina, se sentó a esperar. Le midió el azúcar hasta 5 veces. Los niveles bajaron de forma alarmante, poniendo en riesgo la vida de su marido. Pero ella no llamó a la ambulancia hasta que el estado de su marido fue grave. Desde el SEM le dieron una serie de instrucciones para que Mainat se repusiese, pero ella no las cumplió.

Cuando llegaron las asistencias, Mainat ya estaba en coma. Las explicaciones de la mujer no convencieron a los sanitarios, que se percataron del plan de Angela cuando revisaron las diferentes mediciones de azúcar que había realizado a lo largo de la noche. Mainat fue ingresado de urgencia en un hospital de Barcelona, donde salvaron su vida. Se recuperó a los dos días. Angela, por su parte, se convirtió en la primera sospechosa del extraño suceso.

Ahora ha sido detenida en su casa de Sant Gervasi. El caso se halla en fase de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona. El juez ha dejado a Angela Dobrowolsky en libertad con cargos. La mujer tendrá la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado. Mainat, por su parte, ha declinado hacer declaraciones.

La mujer de Mainat falsificó cheques de su marido veinte días después del intento de asesinato

La Mossos la detuvieron el 21 de septiembre por cobrar 4.100 euros del conocido productor

Angela Dobrowolski, mujer de Josep Maria Mainat, durante la entrevista en 'El Convidat' (TV3)

La mujer de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, fue detenida el 21 de septiembre por los Mossos d’Esquadra por imitar la firma de Mainat en dos cheques que acabó cobrando. El productor televisivo y exmiembro de La Trinca se dio cuenta del engaño y denunció el caso a los Mossos d’Esquadra que practicaron su detención por falsificación documental y estafa. 

El juez de instrucción 32 de Barcelona decretó su libertad. Los hechos se produjeron apenas 21 días después de que la mujer ya fuera detenida una primera vez supuestamente por intentar matar a su exmarido, com ha avanzado en exclusiva este diario.

Angela Dobrowolski, mujer de Josep Maria Mainat, durante la entrevista en 'El Convidat' (TV3)

La mujer cogió el talonario de su esposo– del que se estaba divorciando– y firmó dos cheques poniendo a su hermana como beneficiaria para enmascarar la estafa. En total retiró 4.100 euros en dos talones: uno de 2900 euros y otro de 1.200. En una de las visitas al banco la mujer se puso unas gafas y una gorra para que no la identificaran y así poder cobrar los cheques. Los Mossos hallaron indicios claros de que la denuncia que había interpuesto su marido era verosímil cuando comprobaron que en el momento de retirar el dinero su hermana estaba ingresada en el hospital.

Mainat mantuvo el contacto con su esposa tras quedar en libertad pero tomó precauciones: contrató seguridad privada para que la vigilaran

A pesar de aquel delicado episodio que a punto estuvo de acabar con la vida de Mainat, el hombre y su esposa siguieron manteniendo el contacto después de que ella fuera detenida e imputada por intentar matarlo. La mujer se instaló un tiempo en su antigua casa junto a su marido y sus hijos pero Mainat tomó algunas precauciones: contrató un servicio de seguridad privada para que la vigilaran. Después de estos hechos, la mujer pasó tres semanas fuera de España.

Pol Mainat, el hijo del productor y de la actriz Rosa María Sardà, interpuso la denuncia cuando su padre ingresó en el hospital con un cuadro de coma diabético lo que desencadenó la detención y la apertura de una causa judicial contra Dobrowolski por tentativa de asesinato con alevosía.

miércoles, 30 de septiembre de 2020

Hablan de cogobernanza, cuando no quieren asumir responsabilidades

Salvador Illa en la reunión con las CCAA. | EFE

La reunión del Consejo Interterrtorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ha concluido sin acuerdo, ya que Madrid, Galicia, Andalucía, Cataluña, Murcia y Ceuta, han votado en contra de la propuesta del Gobierno

Total van pasando los dias y ni Salvador Illa ni las comunidades autónomas quieren tomar decisiones y asumir la responsabilidad de unas medidas que no comparten. 

Es el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad quien en un momento de pandemia tiene todo el poder ejecutivo y la responsabilidad sobre lo que ocurrió y pueda ocurrir a en nuestro pais mientras la pandemia siga alterando nuestra convivencia. Pero al Gobierno de Pedro Sánchez no quiere fijar en el BOE cualquier orden ministerial que afecta a la totalidad del país sino que sean las autonomías quien fijen en su boletín autonómico unas órdenes dadas  de palabra o, todo lo mas, reflejado en una acta de una reunión. Y este es el problema... 

Coletean ya las responsabilidades sobre los aproximadamente 20.000 fallecidos no contabilizados en residencias de ancianos o las torpezas en las decisiones en la compra de material sanitario hasta el momento que a mediados de julio decidieron irse de vacaciones.

Illa amenaza publicar en el BOE una Orden basada en la mayoría de este Consejo interterritorial

Tras la falta de unanimidad en la consejo interterritorial de salud, donde cuatro regiones incluida la Comunidad de Madrid, han votado contra el plan del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, ha decidido basarse en el consenso (falso) de la decisión colegiada de este órgano para anunciar que se procederá a aplicar las medidas restrictivas que servirán para limitar la movilidad en gran parte de la Comunidad de Madrid. La fecha de entrada en vigor de las restricciones todavía se desconoce. Una decisión que sería recurrida automáticamente por la Comunidad de Madrid.

Illa recuerda que la orden «es fruto de una decisión colegiada y que debe ser de aplicación por todas las Comunidades Autónomas». Lo cierto, por eso, es que los territorios que representan al 70% de la población española han votado en contra de las medidas anunciadas por el ministro de Sanidad.

Tras alcanzar un principio de acuerdo ayer con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el que se apostaba por incorporar criterios unificados para todas las regiones, aunque por el momento los baremos pactados prácticamente solo iban a ser aplicados en la Comunidad de Madrid, hoy se ha abordado la cuestión con todas las regiones. Y en la misma la propia Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia y Ceuta han votado en contra.

Pero en última instancia 13 regiones han votado a favor del planteamiento. Illa ha cargado contra la «marcha atrás» de la Comunidad de Madrid y ha justificado en la necesidad de «tomar el control de la pandemia» que finalmente se vaya a optar por utilizar esta decisión colegiada del sistema nacional de salud como instrumento para obligar a la Comunidad de Madrid. «La propia Comunidad de Madrid dijo que se mostraba satisfecha. Nadie entiende su marcha atrás ahora», ha criticado Illa.

Se trata por tanto de una fórmula de intervención light, ya que con este escenario la Comunidad de Madrid estaría obligada a aplicar estas medidas. El plan es un traje a medida para actuar en la Comunidad de Madrid. Por ahora las medidas afectarán a Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. Cinco millones de ciudadanos que no saben si podrán salir de sus municipios o abrir sus negocios mañana y bajo qué condiciones.

Esta decisión colegiada sin ninguna base científica por parte del Gobierno que será plasmada en una orden ministerial y que en los próximos días será publicada en el BOE. Vamos a ver si Illa se atreve a hacerlo de esta manera... Aún tiene que aclarar cual es la composición del "Comité Técnico" inexistente en el que basa su decisión. 

Además la decisión sería para todo el territorio nacional, por supuesto... En el aire está la revuelta inmediata de Cataluña País, Vasco o Navarra... Una decisión de tal calibre que de tomarse, debería basarse, por lo menos, en un acuerdo unánime del Consejo de Ministros, para intentar gobernar por decreto.

Una exsenadora de Podemos denuncia al partido de Pablo Iglesias por blanqueo de capitales

 

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias | EFE

La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha denunciado al partido de Pablo Iglesias por presunto delito de blanqueo de capitales. Celia Cánovas es abogada de profesión y fue senadora de la formación morada por Tarragona entre los años 2015 y 2019.

En un escrito, al que ha tenido acceso en exclusiva Libertad Digital, la exsenadora solicita al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, personarse como perjudicada y acusación particular en la causa abierta tras la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente. En dicha causa la formación morada está imputada por financiación ilegal y delito electoral. En un escrito la exsenadora Celia Cánovas solicita al juez personarse en la causa denunciada por Calvente.

Según relata Cánovas en su escrito, en los años 2017 y 2018 el responsable Económico-Financiero de Podemos, Denis Thomas Maguire, contactó con ella y el resto de los senadores para reclamarles las donaciones mensuales al partido. Cánovas "pactó con la ejecutiva de Podemos al inicio de la legislatura que su donación ascendería a 1.000 euros mensuales. Sin embargo, en agosto de 2017, la entonces secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo, ahora vicepresidenta 3ª del Congreso de los Diputados, le comunicó que tenía que aumentar su donación para equipararla a tres SMI (Salario Mínimo Interprofesional)".

"Ante el desacuerdo en el cambio del importe de la donación", añade Cánovas, "Podemos dejó de girar recibos en la cuenta, para, de esta forma, intentar poner en evidencia que incumplía con el Código Ético, condición ésta que impediría que pudiese presentarse a ningún cargo interno o público".

Según Cánovas, "efectuó en el mes de enero de 2018 dos transferencias, por un monto total de 3.000 euros, sin que hiciese ninguna otra donación más ese año. Sin embargo, al año siguiente (2019), antes de la período de la Declaración de la Renta, recibió un Certificado emitido por Daniel de Frutos, (tesorero de Podemos), datado a 1 de abril de 2019, en el que se hace constar que como ayuda a la realización de las actividades propias del partido, durante el ejercicio fiscal de 2018, Cánovas realizó una aportación dineraria de 5.000 euros mediante ingreso en la cuenta bancaria del partido destinada a tal fin, apostillando que tal donación se considera realizada con carácter irrevocable".

"Hay una diferencia de 2.000 euros, entre lo donado al partido y lo que figura en la referida certificación. A la vista del contenido de las presentes diligencias y del Informe del Tribunal de Cuentas, así como de la nula información y transparencia sobre el destino dado por el Partido a las 'donaciones', entendemos que el mencionado Certificado no ha sido debido a un error tipográfico, sino que, pudiera ser debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo".

LD publica el certificado remitido a Cánovas por el tesorero de Podemos que recoge una donación de 5.000 euros de la exsenadora, cuando en realidad sólo había donado 3.000 euros.
Certificado de donación a Podemos.

Fuentes conocedoras del caso consultadas por LD "no descartan que este desfase entre las cantidades donadas al partido y los certificados expedidos por Podemos presuntamente se haya repetido en otros dirigentes de la formación morada". Cabe destacar que en la formación morada todos los cargos públicos electos, es decir, senadores, diputados, alcaldes o concejales, deben realizar una donación al partido.

Para esclarecer estos hechos, Cánovas solicita al juez Escalonilla que reclame a Podemos la certificación de las donaciones hechas por cargos públicos, de diputados y senadores, de 2016, 2017, 2018 y 2019; la cuenta bancaria donde se ingresaban las donaciones; el Libro contable, o soporte instrumental al efecto, donde se detallen las operaciones y destino de las donaciones; y la documentación acreditativa y justificativa del destino dado a las aportaciones dinerarias recibidas en concepto de donación o por cualquier otro título.

Recordamos que en esta causa, el partido de Iglesias ya está imputado junto al tesorero, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Val; y el nº 2 de Iglesias en la Vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo. En el caso, ejercen la acusación popular Vox o la Asociación Movimiento de Regeneración Política de España.

El juez ratifica la imputación de Podemos

Tal y como desveló este diario, el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha ratificado la imputación de la formación de Pablo Iglesias tras la "distracción" de 308.257 euros de sus cuentas electorales para fines distintos a través de un "contrato simulado" con la consultora Neurona.

Escalonilla asegura que existen indicios de que Podemos habría cometido delitos de financiación ilegal y delito electoral que justifican su investigación como persona jurídica, que ya fue acordada el pasado mes de julio por el magistrado.



martes, 29 de septiembre de 2020

Covid: El Gobierno decidirá con medidas iguales en municipios de mas 100.000 habitantes


El Gobierno central y la Comunidad de Madrid han alcanzado un principio de acuerdo, en el marco del Grupo Covid-19, en el que se propone que para los municipios por encima de los 100.000 habitantes se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones tanto en la autonomía como en el resto de España.

Tras días de desencuentros por los criterios a aplicar entre ambas administraciones, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, convocó una nueva reunión de este grupo de colaboración para este martes por la tarde, apelando a la unidad y a dejar a un lado “el ring de boxeo”.

Las medidas aún están pendientes de ratificacion mañana en el consejo interterritorial, pero de momento acaban con la tensión creciente de estos días. En las ciudades de más de 100.000 habitantes- como es el caso de Madrid y de las principales localidades de su corona metropolitana- se aplicarán los mismos criterios en toda España.

Según fuentes conocedoras de la reunión, que presidían el vicepresidente Ignacio Aguado y los ministros Illa y Darias, junto al consejero de Sanidad Enrique Ruiz-Escudero, ésta ha acabado con un principio de acuerdo entre las partes, a falta de resolver unos flecos tecnicos y de que mañana se confirme las medidas en el consejo interterritorial.

Las principales medidas son que para municipios de menos de 100.000 mil habitantes, serán las comunidades las que tomarán la decisión sobre posibles restricciones, atendiendo a las normativa y protocolos en el ámbito estatal.

En los municipios por encima de los 100.000 habitantes, se ha acordado un criterio homogéneo para aplicar en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Igual para todos, como pedía el Gobierno madrileño.

La aplicación efectiva de estos criterios en la Comunidad de Madrid queda a expensas de que se aprueben en la reunión del Consejo Interterritorial mañana miércoles.

Además, El Gobierno de España ha trasladado a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de las peticiones realizadas la semana pasada en materia de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército.

Al parecer ha sido la Comunidad de Madrid quien ha hecho prevalecer su política sanitaria ante la postura del Ministerio de SanidadLa Comunidad de Madrid ha notificado este martes 2.917 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja en 15 días. Además, también ha descendido ligeramente el número de fallecidos: han sido 46 mientras que el lunes fueron 47 y el viernes 51. 

lunes, 28 de septiembre de 2020

Torra inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral Central

 

Quim Torra en un acto como presidente de la Generalitat.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido, sin votos discrepantes del fallo, confirmar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de condenar a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación para cargo público. El fallo indica que el presidente de la Generalitat desobedeció de forma "contumaz y obstinada” a la Junta Electoral Central (JEC), encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones, al negarse a retirar una pancarta del balcón de Palau

Según los magistrados, Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales. Confirman así no solo la inhabilitación, sino también la multa de 30.000 euros, por negarse a retirar la enseña de un edificio público durante los comicios generales de abril de 2019.

Contumaz y obstinado

El dirigente catalán que consideró que los españoles no catalanes tenían una “tara en el ADN” que les convertía en “bestias con forma humana” disfrutaba hasta hoy de un sueldo de 153.235 euros al año en 14 pagas, según los datos del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat. Meses después de haber accedido al cargo, Torra optó por subirse el sueldo un 5% más. Su salario ha superado con creces al del Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que alcanza los 84.845,16 euros.

En un principio, al dirigente que dijo que «los españoles sólo saben expoliar», En la sentencia del Supremo que ha confirmado la inhabilitación por desobediencia de Torra, los cinco magistrados afirman por unanimidad que el presidente del Govern desobedeció de forma «contumaz y obstinada» a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones. Asimismo destaca que Torra «es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales».

La inhabilitación de Quim Torra no es la primera de un presidente autonómica en el ejercicio del cargo. En 1994, Juan Hormaechea, entonces presidente de Cantabria, fue condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación. Hormaechea (Unión para el Progreso de Cantabria) recibió la condena de inhabilitación, en su caso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, antes de concluir su mandato (1987-1995). Doce días después de conocer la sentencia presentó su dimisión pero la falta de sustituto le obligó a permanecer como presidente en funciones hasta las elecciones de 1995.

Un retiro dorado

El retiro dorado de Torra: 92.000 € de pensión vitalicia y coche oficial por 874 días como presidente. La Generalitat paga más de 100.000 euros anuales para mantener la oficina del ex president Montilla

La inhabilitación del Tribunal Supremo ha acabado con la carrera política de Quim Torra. Pero ahora viene lo bueno para el ex presidente de la Generalitat: disfrutar de los privilegios que se ha ganado tras 874 días en el cargo, poco más de dos años desde que el prófugo Carles Puigdemont le convirtió en el presidente títere de Cataluña. Con 57 años, el dirigente independentista no tendrá problemas para afrontar el resto de su vida laboral y posterior jubilación, ya que durante los próximos cuatro años, si así lo desea, se embolsará el 80% de su sueldo anual de 153.235 euros. Y a partir de los 65 años, y ya hasta su muerte, el 60%: 91.941 euros anuales.

Una vez que cumpla los 65 años, Quim Torra tendrá derecho a percibir una pensión vitalicia de 91.941 euros anuales. Así consta en el artículo 3 del estatuto de los ex presidentes de la Generalitat que se puede consultar en la web del Govern: «Los ex presidentes de la Generalitat, cuando llegan a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión de jubilación vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente o presidenta de la Generalitat». Es decir, a Torra le corresponderá una pensión vitalicia de 6.567 euros al mes y de más de 90.000 euros al año.

Las retribuciones salariales no son el único privilegio que tendrá Torra como ex presidente. Tendrá a su disposición un coche oficial que se le renovará cada cinco años, propiedad de parque móvil de la Generalitat y conducido por agente de escolta de los Mosos, y una secretaría personal integrada por dos personas en nómina pública: la secretaria, con un sueldo anual de 50.361 euros anuales, y el jefe de la oficina, con 105.676 euros de salario.

domingo, 27 de septiembre de 2020

Un ejercito al servicio de Puigdemont en Waterloo

 

Lluis Escolá junto a Carles Puigdemont

El ex president tiene cerca de "cien agentes" de los Mossos a su servicio, según informa ABC

"Puigdemont tenía asignados cinco grupos de escoltas, formado cada uno por 8 o 9 agentes especializados, con mucha experiencia y que trabajaron con otros presidentes. Había un coordinador, normalmente un sargento, pero el Presidente solía tener más trato con la cabeza de cada grupo, que es el que hace los movimientos de agenda, más que con el coordinador del servicio", explica este agente.

En este sentido, hace referencia al sargento Luis Escolà, que presuntamente fue quien "utilizó un coche del área de escuchas, un Skoda con los cristales tintados, para sacar Puigdemont de su domicilio de Girona y llevarlo a Bélgica", el 29 de octubre del 2017.

El agente explica que Escolà "siempre estaba en contacto directo" con Puigdemont, "sin tener relación con los cinco grupos de escoltas, lo que no había sucedido nunca. De esta manera nadie más que él conocía algunos movimientos de Puigdemont".

"El consejero de Interior puede que no sepa algunas cosas, pero no era normal que nadie conociera las actividades de Escolà. Me consta que los tres últimos mandos del área de escoltas han querido acabar con este estado de cosas. Han hablado con el director general de la Policía, con el consejero de Interior ...", añade.


En cuanto a la fuga de Puigdemont, recuerda que "dos o tres días antes de los hechos, el sargento Escolà cogió un coche del área de escoltas justificante que tenía que ir a hacer un servicio y que lo retornaría la semana siguiente. Él hacía y deshacía, porque evidentemente el área de escoltas no deja coger un coche a un sargento para irse un fin de semana a menos que sea para un servicio determinado". Escolà acabaría siendo imputado por la Audiencia Nacional con una petición por parte del fiscal de tres años de prisión.

Una vez en Waterloo, "en la casa se le montó un servicio de seguridad, que estaba en el sótano. Allí se habilitó una habitación pequeña con unas literas, una mesa y un ordenador con cinco cámaras. De hecho, la seguridad que se le podía dar era cero. No había servicio de seguridad informática. Cualquier persona algo experimentada en informática podría 'hackear' las imágenes".

“Después de un año, Escolà tuvo la sensación de que no se le había retribuido lo que le habían prometido. No valía la pena todo lo que había sacrificado y conseguido. Fue allí donde trabó confianza con uno de los agentes que estuvo con él desde el principio. Era Xavier Goicoechea, que es quien toma el relevo porque ya apuntaba maneras para cogerlo", relata.

Tanto Xavier como el otro mosso que fue detenido acompañante Puigdemont en cruzar la frontera alemana, están encausados en la Audiencia Nacional con petición de una pena de tres años de prisión por parte de la fiscalía.

"Hay agentes que han confesado que ellos no se desplazaban gratis en Waterloo. Hablaban de 100 euros diarios, casi 3.000 euros en el mes, con el agravante de que ningún miembro de los mozos puede realizar tareas de seguridad fuera de servicio y cobrar por ellas. Y hay gente que se iba todo un mes", recuerda.

"Había unas reuniones todos los lunes en el Departamento de Interior, entre el consejero Buch, el secretario de Presidencia, y Víctor Cullell, secretario general de la Generalitat. A algunas de estas reuniones asistía Lluís Escolà. Los escoltas del consejero de Interior revelaron que él asistía a las reuniones", señala por otra parte.

"Quedaban en un lugar, después el consejero le enviaba un coche, después lo veíamos bajar del coche. De estas conversaciones sale la creación de la ASI (Área de Seguridad Institucional). Este proyecto es un proyecto que Lluís Escolà copia del que había en los cajones".

Escolà figuró como asesor del consejero Buch desde el 27 de julio de 2019 hasta el 13 de marzo, cobrando por ello casi sesenta mil euros, por lo que la Fiscalía le lleva a juicio, junto a Buch, por malversación de caudales públicos. Buch no tuvo ningún empacho en asegurar en sede judicial que no conocía Escolà antes de su nombramiento.

“De dónde sacaban los casi cien agentes que necesitaban? Lo haremos con un concurso de libre designación. Todos los mozos que quieran, que tengan un perfil independentista y quieran proteger Puigdemont. Del área de escoltas eligieron a veinte y pico, que en realidad eran los que habían pasado por Waterloo, excepto algún que fue por dinero pero no lo han querido porque como no tiene una determinada ideología...".

"Este eran el requisito imprescindible. 'Escolà, y Goicoechea hicieron la lista de los que no entrarían. A uno le dijeron, "no entrarás porque no eres independentista y no lo has sido nunca". Lo mejor es que se presentó y lógicamente no salió. No querían correr el riesgo de que filtrara información. Este era el miedo".

"Esto que se dijo, que se hace a semejanza del que tiene el presidente de Gobierno, es la mayor estupidez que puede decir un Consejero con total desconocimiento de lo que está tratando. El presidente español lo tiene por decreto ley y se le monta porque hay un organigrama que lo permite ".

"Hay una partida presupuestaria que destina a Presidencia para que los agentes que son Policía Nacional vayan a Presidencia, tienen su dotación, tienen su concurso, como debería hacer, como se hace en la Ertzaintza, como se hace en todas partes . Lo que no se ha hecho en ninguna institución europea, en cabeza, es el que se ha hecho aquí, un área a dedo, que además no tiene partida y que no se sabe qué servicio hace", concluye.

sábado, 26 de septiembre de 2020

Illa lanza un ultimátum a Ayuso para que acepte las imposiciones del Gobierno ya

 

Salvador Illa, en su comparecencia por sorpresa esta mañana

El ministro de Sanidad Salvador Illa insiste en que las medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el coronavirus no evitan el alto "riesgo sanitario" y le insta a actuar "con determinación".

Menos de 24 horas después de escenificarse su ruptura con la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a censurar la gestión de la emergencia sanitaria que está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso y le ha lanzado una advertencia con tono de ultimátum para que impongan las medidas que el Gobierno propone y que, sin embargo, no exige en otras regiones.

Tras participar en la mañana de este sábado en la reunión de seguimiento del COVID con el equipo del Ministerio de Sanidad, Illa ha vuelto a comparecer ante los medios sin previo aviso para recalcar que esto "no es una batalla ideológica": "Hay que tomar el control de la pandemia en Madrid".

Illa quiere cerrar Madrid por cifras que "perdona" en el resto de España

"Madrid está en una situación de serio riesgo sanitario y es tiempo de actuar con determinación. Quiero emplazar a la comunidad a revisar sus decisiones y seguir las recomendaciones", ha declarado el ministro. "La situación en Madrid es complicada, vienen semanas duras. Esto no es una batalla ideológica, es una batalla epidemiológica contra el virus para derrotarlo y lo sabemos hacer porque ya lo hicimos una vez", ha proseguido.

"El Gobierno de España ha actuado con la misma actitud en todos los casos y en todas las comunidades, de lealtad, pero también de claridad. Hay que ver los datos de la Comunidad de Madrid, cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, lo digo porque es así. Hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades se ha hecho. Dejemos la política en un segundo plazo. Esto es el emplazamiento que hacemos", ha zanjado.

Dimite Emilio Bouza, el 'Fernando Simón' madrileño, a los dos días de su nombramiento


El doctor y catedrático Emilio Bouza, fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica, que iba a ser el portavoz del Grupo Covid-19, ha presentado su dimisión a los dos días de su nombramiento.

Bouza iba a ser una suerte de Fernando Simón, pero a nivel regional, según acordaron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero

Bouza tenía un perfil apolítico con una trayectoria científica intachable y fue en su día jefe de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Su función iba a ser atender "las demandas informativas de la sociedad" que deriven del Grupo Covid-19, que está compuesto por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, por parte del Gobierno central, y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, por parte del autonómico.

La dimisión de Bouza se produce en un momento de máxima tensión entre el Gobierno central y el madrileño. El ministro de Sanidad ha vuelto a comparecer hoy para exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que endurezca las restricciones y así frenar la expansión del covid en la región.

El despliegue del Ejército

¿Y de qué medios se dispondrán para hacer frente al coronavirus? También hay declaraciones contradictorias sobre la intervención de las Fuerzas Armadas. El pasado viernes, Margarita Robles ofreció a Madrid los medios del Ministerio de Defensa. El lunes, el Gobierno regional negó que los militares se desplegasen para hacer cumplir las nuevas medidas de restricción de movimientos. Ayer, jueves, el delegado del Gobierno aseveró que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba preparada para desplegarse el lunes en la contención de la pandemia.

Pero este viernes, en contra de la línea prevista, la titular de Defensa negó cualquier solicitud de ayuda: "No han formalizado la petición al Ministerio". Y unas horas más tarde, Moncloa activó el despliegue de 30 efectivos de la UME en Mercamadrid para cumplir labores de desinfección.

La versión choca, una vez más, con la versión de la Comunidad de Madrid. Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, asegura que envió una carta este jueves al delegado del Gobierno de Madrid solicitando el despliegue de la UME.

De IFEMA a Barajas

Por su parte, Madrid reprocha a Sanidad que no tome medidas en las infraestructuras que dependen del Gobierno. Principalmente, en el aeropuerto de Barajas. Así se expresó Isabel Díaz Ayuso a través de redes sociales en respuesta a las consideraciones de Salvador Illa:

Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas...

Todo este ejercicio de descoordinación llega en un momento convulso para la Comunidad de Madrid. De acuerdo a los últimos datos, en 24 horas se registraron 828 nuevos casos de coronavirus y 43 fallecidos. El Gobierno regional sopesa la reapertura del hospital de IFEMA, al mismo tiempo que acelera para que el hospital de emergencias ubicado junto a Barajas abra sus puertas en noviembre.

Ayuso no es la única que se manifestó a través de redes sociales sobre las diferencias de opiniones ante cómo afrontar la pandemia. También lo hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que lanzó el siguiente llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez: