Fotografía de archivo del empresario Ángel Luis Serrano.
La juez instructora Patricia Fernández Franco, con el auxilio del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, UDEF, de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción están investigando si, tras las inyecciones millonarias de fondos públicos por parte de la Junta en la etapa de los gobiernos del PSOE en la empresa Isofotón, hay presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. A partir del 15 de octubre han comenzado a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, los 40 investigados -37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE- por el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de fondos públicos andaluces.
Se investiga si las ayudas públicas contaron con las autorizaciones y trámites preceptivos, si se excedió el límite de asignación presupuestaria de los préstamos de la Agencia IDEA de la Junta y "si, efectivamente, se hubieran otorgado prescindiendo de los cauces correctos", especifica la juez en un auto.
La petición de la juez Patricia Fernández Franco respecto a los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de Idea a Isofotón abarca así los periodos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta, siendo condenados los dos primeros en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
En esta causa, de cualquier modo, figuran como investigados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler, por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación.
Protesta de los trabajadores de Isofotón en julio de 2013.
El empresario de Isofotón, en Panamá y con una orden de busca y captura
Los juzgados de Sevilla vivieron un día antes, el 15 de octubre, una especie de viaje al pasado. El ambiente era muy similar al que se vivía durante las largas jornadas del caso ERE. El juzgado de instrucción número 3 había citado a declarar como investigados a los empresarios de Isofotón, la empresa fotovoltaica que fue liquidada en 2014 tras haber cobrado 37,3 millones de euros de fondos públicos a través de la Agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, y de Soprea, Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía.
La jueza activa la la petición de Anticorrupción después de que los hermanos Serrano no acudieran a declarar en un caso que se construye con un patrón igual al de los ERE
Orden de detención para Ángel Serrano, el empresario de Isofotón que no acudió a declarar ante la jueza por estar en viaje de trabajo entre Panamá, donde reside, y México. La juez Patricia Fernández, que instruye el caso del supuesto desvío de 37,3 millones de euros de fondos públicos en la empresa fotovoltaica, atendió este viernes la petición de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no había comparecido por causa justificada.
Tres ministros del gobierno también relacionados con el caso
No están investigados y sus nombres tampoco aparecen en el sumario de Isofotón, el fiasco de la empresa solar a la que regaron con 80,5 millones de euros distintos gobiernos socialistas de Andalucía. Pero tres miembros del Consejo de Ministros, Teresa Ribera (Transición Ecológica), María Jesús Montero (Hacienda) y Juan Carlos Campo (Justicia), están en la órbita de la malograda compañía solar. En el pasado llevaron a cabo gestiones que los vinculan, de una u otra manera, a la compañía malagueña. A Isofotón se le fundieron los plomos en 2013 tras una sobrecarga eléctrica de ayudas a fondo perdido,avales y préstamos (cobró unos 44,15 millones) que no ha devuelto.
La instructora Patricia Fernández, como hizo Alaya en su momento con los ERE, investiga si estas ayudas y avales a Isofotón, que sumaron 80 millones de euros, aunque no todo el dinero se terminó pagando, contaban con los trámites legales correspondientes y preceptivos. La jueza ha solicitado al Ejecutivo andaluz las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno celebradas entre 2005 y 2015. En esos años, presidieron la Junta Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Se sentó en ese Consejo de Gobierno la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y estuvo en el 'staff' de la empresa la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dirigió entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 un proyecto de alianza con Samsung en EEUU que no fructificó. “Hay ingredientes de sobra para que el PP haga de este caso el contrapunto perfecto al caso Kitchen, como hizo de los ERE la réplica a Gürtel”, comentaron fuentes del caso.
