La ministra de Educación no dice la verdad

Isabel Celaá

Vacua y falaz la gestión de la ministra de Educación, que sigue negando la evidencia de que en algunos territorios los libros de texto son medios de adoctrinamiento que atentan contra la objetividad y vulneran el pluralismo.

La gestión de la señora Isabel Celaá al frente del Ministerio de Educación del Gobierno Sánchez, con carencias objetivas de legitimidad y legalidad (ver “Legalidad y legitimidad del gobierno Sánchez”), se ha caracterizado en 9 meses por la vacuidad, las falacias y el entreguismo a los nacionalismos fragmentarios, como queda explicito en sus recientes declaraciones a Europa Press, en detrimento de la Nación y la dignidad de los españoles.

1.- Sostiene Celaá que “el castellano no está discriminado”, que “el castellano ya es lengua vehicular en las escuelas vascas y catalanas” y que (el castellano) “no está en riesgo de exclusión o discriminación”.

-Hechos discriminatorios que la contradicen: se discrimina a los españoles al exigirles como requisito un grado de conocimiento del catalán para acceder a puestos de trabajo; se presiona y sanciona a empresas por rotular sus negocios en castellano; se discrimina a los alumnos al imponerles la inmersión lingüística en catalán y excluir el castellano en los usos y costumbres orales y escritos de la vida escolar; se discrimina y segrega a los alumnos al imponerles la “atención escolar individualizada” (STS 10.02.2013) como respuesta a la demanda de enseñanza en castellano de las familias.

En definitiva, se utilizan las lenguas cooficiales como arma de identidad diferenciada con fines ideológicos de segregación lingüística y política.

-En contra de lo que afirma, el castellano no es lengua vehicular en las escuelas. Tanto es así que el Tribunal Constitucional (sentencia 31/2010) y el Tribunal Supremo (diversas sentencias) han tenido que intervenir como garantes de los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante la pasividad irresponsable de los Gobiernos de la Nación, estableciendo un mínimo del 25 % del tiempo lectivo semanal. Los gobiernos nacionalistas lo han de ejecutar “caso a caso” por mandato judicial pero eluden aplicar el derecho jurisprudencial a todas las escuelas.

En algunas autonomías el castellano se ha ido relegando hasta ser tratado como una lengua extranjera en los usos y costumbres de la vida oficial y escolar

2.- Sostiene Celaá que hacer del castellano lengua vehicular de pleno derecho en toda España afectaría al “bloque constitucional”.

-Hechos que la contradicen. La locución “bloque constitucional” carece de rigor sistemático y jurídico. Tanto el constitucionalismo como el Derecho constitucional coinciden en que la Constitución es ley de leyes; es decir la ley fundamental, cuyo marco y contenidos determinan, sin exclusión, todo el entramado de derechos, deberes, principios, instituciones y normas de la actividad legislativa y reglamentaria. En consecuencia, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas (art. 81 CE), cuya legitimidad se funda de forma exclusiva y excluyente en la Constitución. Corrobora lo dicho, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 que declaró inconstitucionales determinados preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

El artículo 3 de la CE establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Hasta el presente, este derecho fundamental no se ha desarrollado mediante una ley orgánica como correspondería (art. 80 CE). Por el contrario han sido las autonomías con lenguas cooficiales las que han hecho desarrollos normativos, caracterizados por el dominio de las lenguas cooficiales en detrimento del castellano que se ha ido relegando, en muchos casos, como lengua extrajera en los usos y costumbres de la vida oficial y escolar.

3.- Sostiene Celaá que “el sistema de inmersión lingüística es constitucional”.

-Contrariamente, ninguna sentencia constitucional avala la discriminación por razones lingüísticas, sino todo lo contrario. El modelo de inmersión lingüística en una lengua distinta a la materna, familiar o habitual es un simple sistema de aprendizaje. Los gobiernos catalanes –nacionalistas y socialistas- han impuesto obligatoriamente la inmersión lingüística en catalán a los alumnos de habla castellana. Esta imposición es discriminatoria con relación a los alumnos de habla habitual catalana que aprenden en la lengua familiar, conculca derechos constitucionales (igualdad, conocer el castellano) y es un hándicap para el éxito escolar de los alumnos: el 90% de los alumnos catalanes que repiten curso en la educación obligatoria son de lengua familiar castellana. OCDE-PISA 2015.

Señora Celaá, sus afirmaciones sobre la ‘constitucionalidad’ del modelo de inmersión catalán son motivo de dolor y sufrimiento para muchas familias

4.- Sostiene Celaá que el adoctrinamiento es mínimo de sólo un 0,2% de los libros de texto.

Esta afirmación va más allá de la ignorancia y entra de lleno en la mala voluntad para eludir responsabilidades y confundir. 

-Los hechos que la contradicen son abrumadores. Los estudios llevados a cabo tanto por el Sindicato de Profesores AMES, como por la Asociación de Profesores por el Bilingüismo y por Historiadores de Cataluña coinciden en que los contenidos de los libros de texto y materiales de Ciencias Sociales, Geografía e Historia contienen diferencias notables en el tratamiento de estas materias en los libros editados en catalán en comparación con los editados en castellano, incluso de la misma editorial. Los rasgos diferenciales en el caso catalán son:

- Tratamiento histórico y geográfico preferentemente exclusivo de Cataluña y excluyente o casi excluyente de España, y con rasgos nacionalistas.

- Contenidos con enfoque ideológico nacionalista, con tratamiento parcial o poco imparcial, con sesgos y errores opuestos al carácter educativo de los libros de texto.

El relato de estos libros, que son los que mayoritariamente se usan en los centros educativos, les convierte en medios de adoctrinamiento y les invalida como instrumentos educativos: atentan contra la objetividad, vulneran el pluralismo y la neutralidad ideológica.

Señora Celaá, si quiere tener un conocimiento veraz de lo que sucede visite centros educativos en Cataluña. Quizá no se atreva o no se lo permitan. En un tema tan sensible, sus afirmaciones son motivo de dolor y sufrimiento para muchas familias.

VP