Juicio 1-O - El relato de la secretaria judicial

La secretaria judicial del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, ha afirmado que "sintió miedo" y temió por su integridad física durante los registros de la Consejería de Economía del 20 de septiembre. Unos registros cuyo objetivo era desmantelar la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre.

La funcionaria ha relatado como miles de personas comenzaron a congregarse en las inmediaciones desde primera hora de la mañana. A través del cristal, pudo ver como uno de los concentrados se encaraba con un Guardia Civil y le escupió. Gritaban por megafonía "No saldrán", "No pasarán" y "Votaremos".

Hubo una avalancha contra las puertas del edificio, "se asustó" y lanzaron objetos, botellas, contra los cristales. Subió a la azotea, hizo fotos y vio "un mar de personas", "capas de cabezas". La comitiva judicial estaba acorralada y no podía salir. Se plantearon pedir un helicóptero, pero había muchas antenas en el edificio y la opción era inviable.

La secretaria judicial llamó entonces al magistrado de la causa, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer: "Sácame de aquí, no hay salida". "Haré lo que pueda", contestó el juez instructor. Los Mossos plantearon entonces una salida a la funcionaria después de que el magistrado contactase con el entonces mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero. El entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, aseguró a la Guardia Civil que "no podía hacer nada" para que la multitud se marchara.

La funcionaria tuvo que subir a la azotea, saltar un muro y descolgarse al teatro colindante. Una vez allí, se tuvo que convencer al responsable del teatro para que facilitaran una salida a la secretaria judicial. Finalmente, pasadas las 12 de la noche, salía corriendo y huía en un vehículo de los Mossos "sin logotipos". A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, aseguraba que sintió "preocupación y miedo". De hecho, afirmaba que la tensión y el estrés de aquellas fechas del procés le afectaron a su salud.

Sin grabaciones ni fotografías a las que echar mano, la comparecencia de la letrada de la Administración de Justicia Montserrat del Toro fue, sin embargo, lo suficientemente elocuente para que la imagen de la testigo saltando un muro para abandonar por la azotea la consejería de Economía tras los registros del 20 de septiembre previo a la organización de la consulta sea difícil de olvidar. También su discurso, plagado de descripciones en torno al asedio al que se vieron sometidos el edificio y, por consiguiente, la propia comitiva judicial, pone en tela de juicio los argumentos de los acusados.

Aquello era una fiesta. Actuaciones musicales en las proximidades, "performances" artísticas y mensajes pacifistas, avalanchas a las puertas, gritos de "¡No pasarán!", negativas de los Mossos a enviar refuerzos, "negociaciones" entre Jordi Sànchez y el teniente de la Guardia Civil al frente de la policía judicial, pasillos formados por voluntarios de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para salir por la puerta grande y el llamamiento desesperado de la letrada al juez: "Sácame de aquí".

La secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona consumó este miércoles una narración que arrancó un día antes, cuando el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos asestó el primer golpe mortal a los letrados defensores y se erigió en el primer --y principal-- testigo de cargo contra el plan independentista que culminó con la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Sus declaraciones sobre la ausencia de cargas policiales y la violencia que habría desplegado parte del bando secesionista levantaron la polvareda dentro y fuera del Supremo. Y pusieron cara a la presunta inacción de los Mossos al señalar a su responsable: Josep Lluís Trapero.

El miedo cambia de bando

Quizás el exceso de confianza de los abogados de los acusados en el juicio del 1-O les ha jugado una mala pasada. empiezan a ver temblar los cimientos de su estrategia de defensa. Han hecho falta algo más de tres semanas para que las acusaciones, más allá de los “no lo recuerdo”, “me comentaron” y los “creo”, pudieran obtener un relato categórico en el que apoyar sus incriminaciones, principalmente en lo que al delito de rebelión se refiere. 

El presunto delito de rebelión --por el que las acusaciones reclaman las mayores peticiones de condena-- que han intentado echar por tierra entre proclamas políticas algunos y alegatos de mayor carácter jurídico otros, ya está encima de la mesa.

Antes que ella, el menoscabo a las defensas lo habían provocado el que fuese secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, o el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. El primero al desmontar los alegatos relativos a la colaboración que la policía autonómica habría prestado a los cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O y Millo al referirse, de forma pormenorizada, a los actos de “hostigamiento, acoso, violencia e intimidación” que se vivieron incluso semanas antes de la jornada clave del procés, echando por tierra la tesis pacifista de los soberanistas en la que estos han insistido una y otra vez.

Es el típico choque entre realidad y ficción del separatismo. Ellos no proclamaron la república y si un buque del Ministerio del Interior no pudo atracar en sus dominios la culpa no fue suya sino del funcionariado, cuyos cuerpos se niegan a sostener tales teorías.

Fue otro mal día para los acusados, cuyas defensas no han conseguido sentar virtualmente en el banquillo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trataron de impedir la celebración de la consulta, ni han conseguido hacer creer a la opinión pública que la única violencia que se produjo el 1-O fue la de la Policía y la Guardia Civil. El juicio ya apunta a condena.

A última hora de la tarde, líderes de opinión del separatismo vuelven a difundir con graves amenazas en redes sociales la imagen de la letrada del juzgado de instrucción número 13.

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