Despilfarro público... ¿Es delito?

La dura crisis nos ha mostrado la gran cantidad de dinero público que ha salido desde todas las administraciones por el sumidero de gastos innecesarios o construcciones inútiles que prácticamente no ha beneficiado a nadie, simplemente para satisfacer la egolatría de los políticos en el poder. Este dinero en la mayoría de los casos no estaba ni presupuestado ni siquiera era procedente de un superávit del presupuesto. Y han endeudado a sus ciudadanos hasta las cejas de tal manera que ahora tienen dificultades para la nómina o el alumbrado. Ahora ninguna caja  o banco les presta, y aquellos que hayan tomado el relevo se verán obligados a subir los impuestos a sus administrados hasta la asfixia para poderles darles los servicios básicos durante muchos años.

Hemos visto como cada alcalde quería presumir del polideportivo más moderno que el pueblo de al lado, aunque en su pueblo fueran la mayoría de la tercera edad. Han plantado rotondas hacia ninguna parte en cada cruce aunque pasen por allí dos coches al día. O vemos a un alcalde con cuatro coches oficiales con los chóferes correspondientes. O líneas de AVE a ninguna parte, o aeropuertos sin tráfico de aviones….. Cualquier barbaridad es posible en esta España del despilfarro y ahora en ruina, con los datos que están saliendo ahora a la luz.

No estoy hablando de aquellos políticos ladrones en beneficio propio, no. Sobre esta cuestión no habia nada tipificado pero parece que se va a legislar como figura delictiva próximamente. De quienes hablo  son simplemente de aquellos políticos que han gastado sin tasa, por presumir o por interés electoral.  Esta crisis ha despejado la existencia en España de una plaga de políticos despilfarradores que con su avidez han dejado sin recursos incluso al nuestro sistema bancario

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava del Llano, ha propuesto hace unos días en el Congreso la inclusión del despilfarro público como delito en el código penal. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que el ordenamiento jurídico contemple la posibilidad de declarar pródigo e incapacitar a un ciudadano cuando clamorosamente despilfarra su propio dinero y, sin embargo, no se pueda hacer lo mismo con los adictos al endeudamiento que nos gobiernan y que lo que dilapidan es dinero ajeno. Ciertamente, destaca la responsabilidad penal a la que están sujetos los administradores de empresas privadas frente a la absoluta impunidad que gozan nuestros políticos o los administradores de las empresas públicas.

Con todo, y por mucho que comparta la indignación ciudadana de la que se ha hecho eco la Defensora del Pueblo, el problema que encierra su propuesta de proceder penalmente contra los gobernantes manirrotos es delimitar y concretar qué entendemos por "despilfarro público". Somos muchos, por ejemplo, los que hemos considerado como un despilfarro del dinero del contribuyente, no una determinada actuación, sino la existencia misma del ministerio de Igualdad, o el ministerio de la Vivienda.

La existencia misma de la institución del Defensor del Pueblo -no digamos ya nada si tenemos en cuenta que hay además uno por cada autonomía- o la existencia de televisiones estatales y autonómicas a cargo del contribuyente, es vista por muchos como ejemplo de despilfarro del dinero del contribuyente. Como liberal que soy veo pocas cosas en el Estado y en la administración pública que no me lo parezcan.

Cosa distinta, y mucho menos discutible, debería ser la existencia de déficits ocultos, que ya debería estar tipificado como delito, así como debería existir una legislación que, al margen de las mayorías transitorias, estableciera la obligación constitucional del equilibrio presupuestario y limitaciones muy severas al endeudamiento público. Como ya he indicado en otras ocasiones, el déficit público no es sólo una rémora para la recuperación económica sino una apropiación indebida de recursos de legislaturas venideras que burla las limitaciones temporales que la democracia impone a los gobernantes de turno.

Desgraciadamente, la reciente reforma constitucional que supuestamente pretende imponer límites al déficit y endeudamiento público es, en realidad, una monumental estafa política que refuerza la ya indeseable cobertura legal que tenían los gobernantes para gastar más de lo que recaudan. Y es que, al no concretar esa supuesta limitación, al adelantar que se cuantificará mediante una legislación que no requerirá para su aprobación y derogación de mayorías cualificadas y al admitir excepciones cuando el gobierno de turno así lo considere justificado, la citada reforma, se va a quedar en agua de borrajas en todo un auténtico acto de hipocresía política.

Tal como está planteado los gobernantes podrán considerar justificado incurrir en déficit con la misma discrecionalidad con la que han considerado justificado cualquiera de sus despilfarros. Yo entiendo que los miembros de las corporaciones que aprueben estos despilfarros deberían responder ante la ley con sus bienes de todo aquel gasto improcedente considerado posteriormente como despilfarro. Para poder estar la política se requiere quienes la desempeñen tengan por lo menos la misma responsabilidad pueda tener un gerente de empresa y si se me apura de un padre de familia. Todo lo demás me parece una sinvergonzada.