La tijera de la Cospe

La reducción del 20% el gasto público de la Comunidad de Castilla la Mancha anunciado por su presidenta María Dolores de Cospedal nos da la pista de lo que posiblemente ocurrirá en el resto de las Comunidades Autónomas una vez el P.P. a través de las elecciones del 20 N haya accedido al gobierno de España. Cualquiera podía entender que resultaban imprescindibles enérgicos planes de ajuste que convirtieran el déficit en superávit y que les permitieran a los inversores confiar en la solvencia de nuestro país. Era algo de puro sentido común que, sin embargo, no había calado entre nuestros políticos manirrotos: sedientos de gastar sin control para mantener las sinecuras electoralistas, ninguno se atrevía a dar un paso adelante y concluir que la fiesta había terminado.El exagerado déficit acumulado, la ineficiente gestión económica y el descuadre de las cuentas públicas heredado de los anteriores Ejecutivos regionales del PSOE bajo José Mª Barreda y José Bono, ha sido la causa de esta decisión.

Cospedal ha presentado en rueda de prensa el denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, con el que pretende aumentar los ingresos en 97,5 millones de euros en 2012 y reducir los gastos en 1.718 millones, con lo que el presupuesto regional se reduce un 20% y quedará por debajo de los 7.000 millones de euros, en niveles del año 2005.

"Es el único plan posible", ha dicho María Dolores de Cospedal, quien ha planteado que con estas medidas se conseguirá reducir el déficit de la comunidad (4,9 % en junio de este año) al 1,3 % autorizado, se favorecerá la creación de empleo al pagar a los pequeños y medianos empresarios, y se salvaguardarán los servicios públicos esenciales para quienes más los necesitan. Y ha asegurado que su Gobierno no subirá "ni un solo euro los impuestos a sus ciudadanos".

Mediante este plan de choque se pretende ahorrar 391 millones de euros en el capítulo 1 de los presupuestos mediante la reducción de 785 a como máximo 284 del número de liberados sindicales de la administración, la supresión de las subvenciones directas a sindicatos y patronales, la reducción del número de altos cargos, la desaparición de la oficina de la Junta en Bruselas o la limitación a la mitad del número de conductores y de secretarias.

La presidenta regional ha cifrado en 46 millones de euros el ahorro que propiciará un plan contra el absentismo laboral que, entre otras cuestiones, sustituye el pago de horas extras por tiempo de descanso. A los profesores se les aumentan dos horas lectivas a la semana (de 18 a 20 en Secundaria y de 23 a 25 en Infantil y Primaria) y se dejará de pagar dos meses de vacaciones a los interinos que trabajen más de 5,5 meses, de modo que cobrarán en función del tiempo trabajado, con un máximo de 22 días hábiles. La Junta quiere ahorrar 28 millones suprimiendo 32 de los 33 centros de formación de profesores y otros 111 millones de euros en personal estatutario con tres medidas: congelar la oferta de empleo público en 2012, prohibir la contratación de interinos salvo que sea con fondos finalistas y ajustar los complementos de productividad.

Cospedal reducirá en 2012 un 20% la asignación a RTVCM, con el objetivo de que sea privatizada en cuanto se modifique la normativa estatal y, con carácter general, reducirá las subvenciones en un 10%. Se suspenderán los programas de turismo social y termalismo social salvo cuando sean necesarios por prescripción médica. La Junta también suspenderá temporalmente la ejecución de obra nueva en infraestructuras con excepción de las ya comprometidas hasta que se saneen las cuentas y pretende ahorrar 400 millones de euros al racionalizar la gestión de las infraestructuras e instalaciones sanitarias, y con la venta y posterior arrendamiento con derecho de recompra de los edificios de la Consejería de Sanidad.

La presidenta de Castilla-La Mancha suprimirá nueve de las diez empresas públicas de la Junta antes de final de año y ajustará los recursos y las funciones de la otra. Hará lo mismo con las nueve fundaciones de la Junta, de las que sólo se mantendrá en una. Otras medidas serán el control del consumo de la telefonía móvil (2 millones), la restricción de la contratación de asistencias técnicas (11,7 millones), la reducción a la mitad de los gastos en protocolo y campañas institucionales o la supresión de la Revista de Castilla-La Mancha.

Los ingresos, entre otras cuestiones, procederán de la mejora de la gestión de los fondos comunitarios (43,7 millones), de la venta de bienes inmuebles sin uso (10 millones), de la venta de la participación en empresas privadas (12 millones) y de la venta de buena parte de los 2.500 vehículos de la Junta (4,5 millones).

Instituciones innecesarias y un sobrecoste de las empresas públicas son parte de la herencia con la que se ha encontrado Cospedal al llegar al cargo. Por este motivo, el plan de ajuste se centrará en la eliminación de cerca del 90% de empresas públicas, además de los organismos que supongan una duplicidad de competencias con el Estado central tales como el Defensor del Pueblo regional o el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad.

Entre las medidas de ahorro, se encuentran la reducción de 785 a como máximo 284 del número de liberados sindicales de la administración, la supresión de las subvenciones directas a sindicatos y patronales, el fin del pago de horas extras, el aumento de dos horas lectivas a los profesores o la suspensión de los programas de turismo social y termalismo social salvo cuando sean necesarios por prescripción médica.

Con este plan se contempla la desaparición de privilegios que estaban disfrutando unas determinadas castas funcionariales en una región deprimida por el paro. Existen cosas tan chocantes como estas:

El Año sabático al que podían optar los profesores que cumplían un mínimo de años trabajados, durante un período de cinco años cobrando el 85% del sueldo trabajando los cuatro primeros, y tener el quinto año es sabático, es decir de vacaciones. Durante el mandato de Barreda se regaló un ordenador personal a cada profesor de secundaria y primaria y un miniordenador a todos los alumnos de un curso de primaria.

En el SESCAM (servicio autonómico de salud) se estaba despilfarrando el dinero. Muchos servicios quirúrgicos y clínicos trabajan más por la tarde que por la mañana en la jornada ordinaria, cobrando todo el personal que participa cantidades extras, pluses por ir cada día a dos hospitales comarcales de Albacete (Almansa y Villarrobledo) que no tienen plantilla fija de facultativos. Después del verano empezarán a reemplazar los gerentes, direcciones médicas, de enfermería y de gestión de los hospitales viendo venir el recorte el gerente de otro hospital comarcal de Albacete dejó el cargo sin esperar a que lo cesen.

El nuevo Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha que preside la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, no deja de asombrarse ante el estado de las cuentas de la Junta que van conociendo. El socialista José María Barreda destinó cerca dos millones de euros de los castellano-manchegos (1.738.314,19) al pago de las facturas de 3.550 líneas de teléfono móvil durante el último año, entre abril de 2010 y marzo de 2011, tal y como trasladan fuentes del Ejecutivo regional. Por si fuera poco, gran parte de las mismas aún se adeudan a Telefónica.

Las 3.550 líneas de telefonía móvil del Gobierno de Barreda suponen una media de 500 teléfonos por consejería que, junto a los del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, generaron una factura total que ronda los dos millones de euros durante esta etapa. La Consejería de la Junta que más gasto supuso fue, con mucha diferencia, la de Industria, Energía y Medio Ambiente, que dedicaba en móviles más de 275.000 euros al trimestre. Le seguían muy de lejos las de Educación y Ciencia –con facturas trimestrales que van desde los más de 45.000 euros a los 25.000–, y Salud y Bienestar Social.

Aunque parezca mentira, daba prácticamente igual la época del año de la que se tratara. En la mayoría de los departamentos de la Junta no varió el volumen de las facturas. Esto es, durante el trimestre de julio, agosto y septiembre, aun con las vacaciones de por medio, el flujo de llamadas de los miles de móviles del Gobierno de Barreda seguían gastando más de cuatrocientos mil euros (441.408,03 euros).

El episodio de los móviles se suma al desfase de las cuentas con el que Cospedal se ha topado al llegar al Ejecutivo regional. Si Barreda declaró públicamente que la deuda contraída con los proveedores al término de su última legislatura ascendía a 700 millones de euros, el informe de la Intervención General ha demostrado que realmente suponía 1.000 millones de euros más de los que anunció el socialista, hasta alcanzar la cifra récord de 1.742 millones de euros. Un milmillonario desfase que el ex presidente ha atribuido a la “tensión política” que ha tenido lugar los dos últimos meses ante la crisis, porque mantiene que la deuda a 30 de abril se cifraba en 700 millones. Sin embargo, desde el nuevo Ejecutivo regional han denunciado que buena parte de las facturas es de hace ya un año, desmontando así la peregrina teoría de Barreda.

La presidenta regional ha cifrado en 46 millones de euros el ahorro que propiciará un plan contra el absentismo laboral que, entre otras cuestiones, sustituye el pago de horas extras por tiempo de descanso. A los profesores se les aumentan dos horas lectivas a la semana (de 18 a 20 en Secundaria y de 23 a 25 en Infantil y Primaria) y se dejará de pagar dos meses de vacaciones a los interinos que trabajen más de 5,5 meses, de modo que cobrarán en función del tiempo trabajado, con un máximo de 22 días hábiles. La Junta quiere ahorrar 28 millones suprimiendo 32 de los 33 centros de formación de profesores y otros 111 millones de euros en personal estatutario con tres medidas: congelar la oferta de empleo público en 2012, prohibir la contratación de interinos salvo que sea con fondos finalistas y ajustar los complementos de productividad.

Ahora contemplaremos como los sindicatos se echan a la calle reclamando por la supresión de toda una serie de “derechos sociales” que no son más que abusos de unos determinados privilegiados que han conseguido relegar a esta región a los últimos lugares de Comunidad Europea. Este al parecer va a ser el plan piloto del PP para poner en solfa al resto de comunidades afectadas de una u otra forma por el despilfarro y la mala gestión. Porque la otra opción sería la desaparición del sistema de Comunidades Autónomas. Y ello conllevaria el atacar el fondo del problema, cosa que en este momento nadie desea.