La Finca de los Pujol y algunos "Mas" - Desacato catalán

Que el catalán sea la  lengua vehicular para la enseñanza en Catalunya, nadie lo discute, el hecho de que lo sea también el español, es algo que los nacionalistas no quieren reconocer de tal manera que cuando regularmente algún tribunal les recuerda que ambos idiomas deben de estar en igualdad como vehículo para que la infancia puedan acceder a los  conocimientos en su idioma materno, esta situación no se produce y deja en inferioridad de condiciones a los miles de catalanes que se sienten también españoles y que en sus hogares no se habla el catalán. La obsesiva y carísima imposición del idioma catalán en las escuelas en detrimento del otro idioma oficial es algo enfermizo y obsesivo por parte de los gobiernos nacionalistas que han dirigido la autonomía los últimos treinta años.

El desacato de la Generalitat de Cataluña a las reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo, inspiradas a su vez en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el encaje del Estatut en nuestro ordenamiento jurídico, pone de relieve dos graves deficiencias de nuestro Estado de Derecho.

La primera es que, al parecer, una parte de la administración pública –en concreto el Gobierno autonómico de Cataluña– parece estar exenta de cumplir las leyes y las sentencias de los tribunales. La Generalitat ha hecho caso omiso al mandato del Tribunal Supremo y nada se ha intentado para forzar su cumplimiento. No olvidemos que el sometiendo forzoso a las leyes no es ningún prejuicio reaccionario que limite la "libertad" o la "autonomía" de los incumplidores; al contrario, es una garantía de que la administración no violentará las libertades de los ciudadanos. Cada día que pasa sin que la Generalitat acate la sentencia del Supremo es un día más que ésta viola impunemente las libertades y los derechos de los catalanes.

El segundo es que ese exceso de celo de la Generalitat por incumplir las leyes tiene como propósito prolongar un proceso de imposición lingüística en el ámbito educativo. Es decir, los nacionalistas ni siquiera incumplen la ley para obtener un lucro personal directo, sino que lo hacen por motivos puramente colectivistas: utilizar a los ciudadanos catalanes como peones en la construcción de la Gran Cataluña. Tal es el fanatismo identitario de los nacionalistas –fanatismo que, como es obvio, impregna todas sus acciones de gobierno, no sólo las que afectan a la educación– que están dispuestos a rebelarse contra las órdenes del más alto tribunal de España con tal de no dar su brazo a torcer.

Lo más vergonzante de esta historia es la actitud de ministros Caamaño y Chacón aún ministros del Gobierno de este país, que con sus declaraciones se ponen frente a la ley con  apoyando la política nacionalista que se aplica en las aulas y declaran que en Catalunya no hay ningún problema con los idiomas, dejando a los futuros ciudadanos catalanes en inferioridad de condiciones  con respecto a los escolares del resto de España que como ya está comprobado tienen dificultades para desenvolverse con facilidad con el idioma español una vez salen fuera de las fronteras artificiales que les han puesto unos iluminados llamados Mas, Montilla o Pujol que le han puesto un dogal a Catalunya. A planteamientos como estos en la Alemania de los años 30, lo llamaban nacional socialismo.