La Fiscalía abre diligencias contra Mónica Oltra por pagos de 43 millones sin contrato

La vicepresidenta Mónica Oltra, ayer, en la rueda de prensa celebrada tras el pleno del Consell. 

El Partido Popular pasa a la ofensiva y ha presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal que puede traer algún quebradero de cabeza a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y diversos altos cargos.

Según han confirmado fuentes judiciales al diario EL MUNDO, la Fiscalía de Valencia ha abierto recientemente diligencias de investigación penal tras recibir una denuncia presentada por el PP en la que se alerta del presunto fraccionamiento de contratos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), y de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que suman más de 43 millones de euros.

Estas fuentes puntualizaron que, tras recibir el escrito la Fiscalía, se han abierto diligencias como se hace siempre que se interpone una denuncia. Ahora el ministerio fiscal tiene seis meses para investigar estos hechos en fase prejudicial -la denuncia no está judicialzada-, prorrogables a otros seis si necesita más tiempo para completar las pesquisas.

Una vez se complete esta fase, la Fiscalía provincial valorará si cierra el caso, lo envía a un juzgado o al TSJ-CV por la condición de aforada de Oltra o lo deriva a la vía contencioso-administrativa.

Junto a Oltra han sido denunciados el resto de miembros del Consell -los pagos por la vía de enriquecimiento se abonan tras la aprobación del Pleno como órgano colegiado-, el subsecretario Francesc Gamero; y José Aurelio Carrión, subdirector general de Envejecimiento Activo.

Los hechos que son objeto de esta denuncia estarían relacionados con diversos aspectos de la práctica administrativa de la líder de Compromís y su equipo. Estas conductas se concretarían en el presunto fraccionamiento de contratos para eludir el procedimiento establecido y en el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, una práctica que evita cualquier tipo de contratación administrativa y elude la fiscalización por parte de la Intervención General.

El fraccionamiento de contratos consiste en dividir el objeto de prestaciones recibidas por la Administración en otras menores, pero conectadas entre sí, que por regla general sirve para eludir procedimientos de contratación del sector público más complejos pero con mayores garantías de publicidad e igualdad.

Según las fuentes consultadas, el PP ha trasladado a la Fiscalía un supuesto fraccionamiento continuado del objeto de los contratos administrativos de la Conselleria de Oltra para evitar, a su juicio, procedimientos abiertos. Esta práctica habría sido puesta de manifiesto por la Intervención de la Generalitat en los expedientes de contratación del servicio de limpieza de centros especializados de atención a mayores de Catarroja, Ontinyent o Sagunto.

Respecto a los pagos por la vía de enriquecimiento injusto, hasta la Fiscalía han llegado expedientes que suman 43 millones de euros con informes negativos de la Intervención. Según esta información, en la documentación aportada por los denunciantes se pondría de manifiesto que la Vicepresidencia de la Generalitat recurre sistemáticamente a este mecanismo con la intención de eludir la concurrencia competitiva, resultando reiteradamente adjudicatarias las mismas empresas.

Este sistema de carácter excepcional evita la licitación del correspondiente contrato por el procedimiento abierto y permite decidir de modo directo a la empresa que haya de prestar el servicio, atendiendo a criterios que ahora se revisarán.

Al parecer, a modo de ejemplo, la denuncia cita un expediente relativo al pago por enriquecimiento injusto de un importe de 2,1 millones de euros a la empresa Comsa Service Facility. En este expediente se reconocería el pago por servicio pese a que no existiría un contrato que dé soporte al pago, por lo que se reconoce directamente la responsabilidad extracontractual al recurrir a la tramitación del enriquecimiento injusto. La Conselleria dio la orden de pago a finales de 2016 tras la preceptiva autorización por el pleno del Consell.

Estos servicios se correspondían con gestiones integrales de centros gestionados por la Conselleria, de ahí que el PP haya denunciado que son servicios que habitualmente se prestan con contrato.