martes, 14 de junio de 2011

El desguace constitucional

El desguace constitucional
Con decisiones controvertidas empezó su funcionamiento el Tribunal Constitucional y desde entonces no ha dejado de caer en descrédito lo que debería ser la garantía máxima de los españoles frente a los abusos de las instituciones y partidos políticos. Han sido estos al tener la potestad de nombrar a los  miembros del tribunal y sus manipulaciones  con el fin de obtener el máximo poder donde deberían de abstenerse de intervenir quienes son los culpables del enésimo desaguisado protagonizado por este tribunal.
Todo empezó en 1.985 cuando los grandes partidos políticos decidieron arrogarse la elección de los magistrados y el tribunal se coinvirtió en un tribunal político al servicio de los políticos que les ha servido de coartada para sus abusos posteriores y muchas veces en contra de los ciudadanos
Su primera intervención fue ya polémica y gloriosa, nada menos que la nacionalización de Rumasa que dio lugar a la venta de las empresas y el reparto de su patrimonio entre quienes intervinieron en la operación. Luego fue L’Estatut de Catalunya que abrió la vía para la futura secesión de España y ahora ha sido la legalización de Bildu que ha permitido el acceso de los terroristas de ETA a los ayuntamientos e instituciones vascas.
Quizá debido a las consecuencias de esta decisión o más bien a un juego de estrategia política entre partidos donde ven en la renuncia de los dos magistrados progresistas una «maniobra» para forzar la renovación antes de las elecciones generales, a la vista de los pésimos resultados del PSOE en las municipales, los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera y el vicepresidente, Eugeni Gay presentaron al unísono su dimisión alegando haberse agotado su mandato desde noviembre de 2010, cosa que no les había impedido seguir hasta ahora.
El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, abortó ayer por la tarde la dimisión de los tres magistrados al rechazar las renuncias que los tres le habían presentado por escrito en señal de protesta por el retraso —ya de siete meses— de la renovación que corresponde efectuar al Congreso de los Diputados. El «puñetazo sobre la mesa» dado por los tres magistrados (dos progresistas y uno conservador) se producía en un momento muy delicado para el TC, blanco de durísimas críticas por su decisión (por seis votos a cinco) de permitir que la coalición «abertzale» Bildu participara en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo.
La marcha de los tres jueces habría dejado al Tribunal con ocho vocales, el quórum mínimo para celebrar Pleno, situación que habría agravado aún más la dramática situación que vive esta institución, cuya credibilidad, según apuntan algunas fuentes, ha quedado «muy tocada tras la sentencia de Bildu».

Está bien que los tres indignados del TC dimitan de sus puestos con su mandato más que agotado y bloqueado el mecanismo de renovación, pero exactamente los mismos motivos concurrían antes de la sentencia sobre el nuevo Estatuto de Cataluña y, de forma más evidente aún, en el dictamen que ha permitido a la franquicia terrorista de la ETA alzarse con el poder en muchas instituciones locales del País Vasco. En ninguno de los dos casos los ahora dimisionarios renunciaron a entender de asuntos para los que carecían de la legitimidad que debería exigir la pertenencia al más alto tribunal de una nación, así que sus apelaciones a la pulcritud en su composición y funcionamiento llegan demasiado tarde.
Poco cabe esperar de un Tribunal Constitucional cuya formación misma viola de modo flagrante el espíritu de la Carta Magna que debiera estar llamado a defender. Ya sea uno u otro, todos coinciden en un denominador común: la politización, algo que la sociedad española viene denunciando desde el mismo asalto del felipismo contra el tribunal hace un cuarto de siglo.

Que esta crisis sirva al menos para que se agiten algunas conciencias y busquen la solución: llegados a este punto, lo mejor sería volver a la fórmula anterior que fueran exclusivamente los jueces quienes decidieran su composición al margen de la política o la práctica desaparición del Tribunal, sustituido por una sala especializada en el Supremo.

7 comentarios:

  1. La política consiste en lograr imponer tus ideas (Aznar).

    Para mi es claro que en este, como en otros grandes temas, el acuerdo aún de mínimos institucionales, entre PP y PSOE se ha comprobado casi imposible. Y creo que alguna responsabilidad tienen los dos y en mi opinión mas especialmente el PP, que parece estar solo hecho para ganar y mandar y por mayoría "absoluta". Con el TC, no solo lo ha politizado excesivamente, eso lo han hecho los dos y otros porque no han podido...si no que ha sido especialmnete intransigente y dispuesto, como ahora, al bloqueo si eso le conviene. Y ademas también ha judicializado la política, recurriendo ante el TC cualquier ley gubernamental, parlamentaria o autonómica que no el gustara hasta el abuso, dándole una relevancia política inusitada, como una suerte de gobierno real del TC, en que este revisara casi todas las decisiones políticas...nadie ha recurrido al TC con la frecuencia que lo ha hecho el PP desde la oposición, para finalmente paradójicamente desacreditarlo si de vez en cuando el Tribunal no le da la razón...¡y de que manera y con que agresividad y contundencia!.

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  2. Centrina

    La solución es bien simple; modificar la legislación para que los magistrados del TC accedan a la Magistratura por meros méritos meritocráticos. ¿O es que a estas alturas de la película, alguien en su sano juicio puede pensar que hay más jueces progresistas que conservadores o viceversa como podía entenderse hace 33 años en que entra en vigor la Constitución? Pero pasa que nuestros partidos de tintes TOTALITARIOS, pretenden abarcarlo todo, controlarlo TODO. No basta con que no tengan en su seno estatutos o estructuras democráticas como mandata el artículo 6º de la Constitución, sino que los electos mediante listas cerradas de partido, en el legislativo, ¡¡ eligen nada menos !! que al Ejecutivo y al Poder judicial. ¡ La División de Poderes en España, hecha añicos!

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  3. Ciudadano ejemplar

    Lo lamentable es que el poder judicial no sea independiente... Menuda democracia de pacotilla!!

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  4. CENTRIN0

    Los partidos jamás deberían poder meter mano en la Justicia que tendría que haberse consagrado Constitucionalmente como un Poder Independiente y autónomo del Legislativo o el Ejecutivo. De esos polvos de Alfonso Guerra vienen estos lodos. Por otra parte es un disparate que el Legislativo creado por listas cerradas de partido, elija al Ejecutivo. ES NECESARIO REABRIR UN PERÍODO CONSTITUYENTE, porque esta Constitución YA NO SIRVE.

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  5. odnra

    Está clarisima la nueva pre estrategia: ahora se abstienen con Sortu por "interinidad" y dan una de cal y otra de arena para que no les fusilen profesionalmente por traidores y golfos

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  6. 46pepes

    Parece que seguimos como de costumbre, sin oír al pueblo, o sin querer oírlo. En cualquier parte se puede leer que los españoles no queremos jueces de derechas y jueces de izquierdas; que es posible que sean muy honrados y cada cual juzgue según su conciencia, como debe ser, pero no es esa la impresión que dan. Un amigo el otro día me decía; voy a perder un juicio, reclamaba una parte de la pensión; pero si esta todo claro como el agua, le dije; si pero como tiene que pagarme el estado, ya el gobierno habrá ordenado a los jueces que tiren para atrás todas estas reclamaciones, ya que están palmados. Por mucho que le explique que una cosa no tiene que ver con la otra, no se fue muy convencido, y es que la mujer del Cesar no solo tiene que ser honrada además debe parecerlo. Este tipo de nombramiento esta en la Constitución. Fantástico trabajo el de los padres, pero como cualquier otro tipo de legislación es susceptible de revision, el tiempo no pasa en balde, cuando se hizo, la opinión sobre los políticos no era la de ahora. Si a los indignados, se les ocurre crear un partido político, igual tanto unos como otros pagan muy caro haber ninguneado al pueblo.

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  7. Alerta Digital

    Abogados, jueces y fiscales denuncian a España ante Estrasburgo por las medidas sexistas y discriminatorias contra los hombres

    Somos un grupo de juristas independientes y anónimos de abogados, jueces y fiscales de toda España, que hemos impulsado una demanda ciudadana contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las medidas sexistas y discriminatorias de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, entre otras muchas en la materia.

    En dicha demanda, hemos denunciado la indefensión de los ciudadanos por no renovarse en el plazo constitucionalmente establecido a los integrantes del Tribunal Constitucional, dejando severamente cuestionada su imparcialidad e independencia, lo cual es una violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos y pedíamos la condena a España por este motivo.

    Es por ello que nos congratulamos de la decisión de los tres magistrados del Tribunal Constitucional de presentar renuncia voluntaria a sus cargos en el día de hoy, para forzar su renovación, acogiendo enteramente los argumentos de nuestra eurodemanda ante Estrasburgo.

    Si hay algo de lo que estamos seguros es de la honestidad, imparcialidad e independencia de los magistrados valientes que han plantado cara a la clase política, reprochando sus cábalas de designación política que vienen desnaturalizando el contenido trascendental de nuestra Carta Magna. No es fácil renunciar a una función de tan especial relevancia como es la de Magistrado del Tribunal Constitucional, pero D. Eugeni Gay, D. Javier Delgado y Dª Elisa Pérez Vera, han dado el paso adelante de manera digna y valiente. Nos gustaría ver gestos así en la clase política ante casos de corrupción, prevaricación o tráfico de influencias.

    La eurodemanda ha sido presentada ante Estrasburgo por alrededor de 1.500 ciudadanos de España hasta el 3 de junio de 2011, y nos consta que ya está siendo examinada por la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para su tramitación especial, dado el alto número de demandantes nunca visto en el Tribunal.

    Sabemos también que el juez representante de España en la Sección Tercera del TEDH D. Luis López Guerra, magistrado del Tribunal Constitucional desde 1986 a 1995, tiene estrechos lazos de amistad con algunos de los renunciantes de hoy y celebramos que este procedimiento ante Estrasburgo no tenga que salpicar a ningún magistrado español tras estas renuncias. De hecho el propio D. Luis López Guerra tendrá que abstenerse finalmente de conocer de la eurodemanda, por su época como Secretario de Estado de Justicia cuando se proclamaron las leyes impugnadas en la eurodemanda.

    Asimismo queremos recordar a la ciudadanía, que 1400 jueces (la cuarta parte del total) hemos firmado el “Manifiesto por la despolitización de la Justicia y la independencia judicial”, porque no estamos de acuerdo con la instrumentalización política de los tribunales.

    Tampoco los fiscales estamos de acuerdo con las ‘órdenes de arriba’, a las que debemos obedecer por el principio jerárquico.

    La instrumentalización política de la Justicia tiene que acabar, por el bien del Estado de Derecho y por el bien de todos, incluidos los políticos.

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