El recurso de la fiscalía a favor de Puigdemont, otro marrón para el Tribunal Supremo

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

Hoy domingo a las doce del mediodía, tendrá que reunirse la Sección 4ª del Tribunal Supremo a causa de que La Fiscalía de Madrid no ve ninguna razón legal para impedir que Carles Puigdemont se presente a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. El expresidente catalán conservaria su derecho a ser elegido en los comicios a pesar de estar fugado, argumenta la Fiscalía, pues este derecho solo se pierde según la ley española por una condena firme que prive del derecho de sufragio.

El Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre el futuro electoral de Puigdemont, Comín y Ponsatí tras la inhibición de tres salas de la partida de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. La número 2, 9 y 21 rechazaron este sábado al mediodía pronunciarse sobre la polémica.

Ahora, el Tribunal Supremo tiene la palabra y deberá resolver la situación, dando la razón a Puigdemont o a la Junta Electoral Central, el órgano superior de la administración electoral, encargado de velar por la limpieza (transparencia y objetividad) en los procesos electorales.

El Ministerio Público apoya por ello por el recurso del Puigdemont, y sus antiguos consejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, contra el veto de la Junta Electoral Central, que les excluyó de la candidatura de Junts per Catalunya a las europeas bajo la coalición de Lliures per Europa (JUNTS). PP y Ciudadanos recurrieron las listas.

Tal es así que ayer Puigdemónt y sus abogados estaban que batían palmas con las orejas comparecieron ayer junto con los otros cinco miembros de su candidatura al Parlamento Europeo; los 3 que de forma provisional figuran en la lista oficial, Gonzalo Boye, Xavier Trías y Beatriz Talegón, y los tres suspendidos que están pendientes de la decisión final de la justicia española para recuperar sus puestos, el mismo Puigdemont, y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí.

no es aventurado pensar que en la decisión del Ministerio Fiscal hayan primado más las directrices políticas que la defensa de unos supuestos derechos electorales vulnerados por la Junta Electoral Central (JEC). Por desgracia este Gobierno ya sentó un precedente de instrumentalización de la Justicia al obligar a la Abogacía del Estado a modificar su escrito de acusación, para descartar pedir penas por rebelión para los responsables del golpe de Estado de septiembre y octubre de 2017 y rebajarlas a la mitad, por el delito menos grave de sedición. Para ello, hubo que eliminar del documento la palabra violencia, como denunció Edmundo Bal, el abogado del Estado purgado por la ministra Dolores Delgado, por negarse a firmar tal tropelía.

La resolución de la JEC se ajustaba plenamente a derecho además de ser absolutamente lógica. porque... ¿Cómo va a representar a España en una institución comunitaria un político que lideró un golpe de Estado y que ha huido para no responder ante la Justicia? 

El Gobierno no puede blanquear la imagen de Puigdemont para ganarse su apoyo y justificar su política de connivencia con quienes quieren destruir España. El hecho que sea la Fiscalía que depende orgánicamente del Gobierno quien recurra este caso no seria extraño que dicha decisión fuera un primer pago al partido de Puigdemont a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.