La Generalitat podría permitir la salida de la cárcel los golpistas presos, sin tener el tercer grado

Ester Capella

Según han informado fuentes del Departamento de Justicia, la Junta de Tratamiento de Brians 1, manejado por la Generalitat  ha acordado por unanimidad aplicar a Oriol Pujol un artículo del reglamento penitenciario que permite flexibilizar el régimen ordinario, al que regresó por orden del juez, para permitirle salidas diarias laborales y de voluntariado social a partir del próximo lunes.

El Departamento de Justicia de Cataluña competencia de Ester Capella está decidida a enfrentarse al Supremo y permitirá al exdirigente de CDC, Oriol Pujol, salir diariamente a trabajar o participar en actividades de voluntariado, una semana después de que el juzgado de vigilancia penitenciaria le revocara el tercer grado que le concedió la Generalitat. e trataría de un ensayo previo ante la llegada a las cárceles catalanas de los golpistas presos.

El exdirigente de CDC habia vuelto la semana pasada al régimen penitenciario ordinario en la cárcel Brians, donde cumple una condena de dos años y medio por cobrar comisiones ilegales de empresarios en el llamado caso ITV.

Catalunya es la única autonomía con competencias sobre sus prisiones, y Capella tiene a su cargo a 8.398 reclusos, de los que 1.236 son preventivos. En esta última categoría se encuentran los nueve presos independentistas, que este mes habian sido trasladados a cárceles catalanas, una vez cerrada la instrucción en el Tribunal Supremo. La consellera fue a visitarlos acompañando al presidente de la Generalitat.

El artículo del reglamento sobre el que se sostiene el permiso a Oriol Pujol permite establecer un plan de trabajo específico para cada interno con salidas fuera del centro penitenciario los días laborales. El acuerdo de la prisión de Brians se produce una semana después de que el juez revocara el tercer grado al exdirigente de CDC, condenado a dos años y medio de cárcel por el caso de las ITV. La medida, sin embargo, deberá ser aprobada posteriormente por el juzgado de vigilancia.

La sentencia sobre el 1-O que dicte en otoño el Supremo será inmediatamente firme. En ese momento quienes resulten condenados dejarán de ser presos preventivos en manos del tribunal y se convertirán en penados dependientes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias de prisiones. Los Serveis Penitenciaris dependen en última instancia de la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), que ha dejado clara cuál es su postura: «Los quiero fuera», ha llegado a decir públicamente

La Generalitat podrá excarcelar a los presos del 1-O aunque el Supremo ponga límites

Podrá dictar la excarcelación casi inmediata de los presos del 1-O cuando haya sentencia. La vía empleada con Oriol Pujol le permitiría eludir los controles que pide la Fiscalía

La Fiscalía pidió el miércoles al tribunal del 1-O que en su sentencia imponga a los condenados el llamado periodo de seguridad que regula el artículo 36.2 del Código Penal. Allí se establece que en las condenas superiores a cinco años el tribunal podrá establecer que el penado no acceda al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la condena. El tercer grado es un régimen abierto que sólo exige ir a prisión a dormir.

Aplicado el periodo de seguridad a Oriol Junqueras, si le cayeran los 25 años que pide el fiscal, ese régimen de semilibertad no se le podría conceder hasta dentro de una década. Si se le impusieran los 12 años de la Abogacía del Estado, aún debería cumplir algo más de cuatro, teniendo en cuenta que ya ha pasado año y medio preso.

La Fiscalía ha pedido bloquear un tercer grado anticipado basándose, principalmente, en la gravedad de los delitos que les atribuye. Acordarlo o no es potestad del tribunal, pero para poder hacerlo era necesario que lo reclamara alguna de las acusaciones. No lo han hecho ni el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- ni Vox.

Que el tribunal lo aplique no asegura que en la práctica se cumpla. El caso de Oriol Pujol reflejó este jueves la capacidad que tiene la Generalitat para decidir sobre las excarcelaciones de los presos bajo su tutela. Pese a que la juez de Vigilancia Penitenciaria revocó hace unos días la concesión del tercer grado, los Serveis Penitenciaris lo ha vuelto a excarcelar recurriendo al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Este precepto afloró al conocimiento público cuando hace unos años el Gobierno empezó a utilizarlo para excarcelar a etarras que, por la duración de sus condenas, aún no podían disfrutar del tercer grado. Se trata de un régimen mixto que, «con el fin de hacer el sistema más flexible», permite que el preso siga formalmente en segundo grado pero con beneficios del tercero, principalmente salir cada día de prisión.

En caso de ser condenados, los presos serán enviados a prisiones catalanas, donde las Juntas de Tratamiento, que en un plazo de dos meses deberán decidir si les sitúan en segundo o en tercer grado. El segundo es el régimen estándar. Sólo permite permisos de salida ordinarios -hasta 36 días al año- una vez cumplida una cuarta parte de la pena. El tercero es, en la práctica, una puesta en libertad.

Si como pide la Fiscalía la sentencia aplica el «periodo de seguridad» y bloquea el tercer grado, la Generalitat podría recurrir a la vía del 100.2 empleada con Oriol Pujol. Formalmente los presos del 1-O no estarían en tercer grado, pero disfrutarían de sus ventajas. Tanto una vía como otra son inmediatamente ejecutivas, es decir, que los beneficiados quedarían libres de forma inmediata.

Eso sí, la Generalitat tendría que superar luego los posibles recursos de la Fiscalía. Tanto la concesión del tercer grado como la del régimen del 100.2 deberían ser avaladas por el juzgado de vigilancia penitenciaria. Si se ratifica, sería recurrible de nuevo. En el caso del tercer grado, ante el propio Tribunal Supremo, por ser el que dictó la sentencia. En el caso del 100.2, existen interpretaciones distintas sobre si debería hacerse ante la Audiencia Provincial del lugar de la prisión o ante el Supremo.

Todas esas opciones de la Generalitat pasan por una decisión previa del Ministerio del Interior, responsable de señalar a qué cárceles van los condenados. Sobre el papel, podrían ser enviados fuera de Cataluña, y por tanto fuera del control de la Generalitat. Pero esa eventualidad no parece verosímil. Interior ya decidió -aunque el ministro Fernando Grande-Marlaska intentó endosar la responsabilidad al Supremo- que entre el final de la investigación y el comienzo del juicio los acusados del 1-O fueran a Cataluña. Cuando dentro de dos semanas el juicio quede visto para sentencia, los presos volverán a las prisiones catalanas. Allí estarán ya cuando se conozca la decisión del Supremo.

El pasado mes de enero, la prisión de Lledoners (Barcelona) autorizó la salida durante unas horas del ex conseller Josep Rull sin haber obtenido el preceptivo permiso del Supremo. El Alto Tribunal llegó a abrir una investigación a la directora del centro, pero finalmente prefirió no denunciar lo sucedido ante la Fiscalía.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, visita a los presos del 'procés' en la cárcel de Soto del Real. JAVI MARTÍNEZ