lunes, 18 de enero de 2016

Pujol Corporation 50 - Se cierra el cerco de la justicia


Poco a poco las investigaciones del juez José de la Mata que lleva el caso Pujol va atando cabos y va llegando a conclusiones. La última es que Oleguer Pujol sacó dinero de su familia en Andorra para la compra de 1.152 oficinas del Santander y 3 edificios de Prisa 


La Policía sospecha que parte del millón de euros aportado por el hijo menor del ex president de la Generalitat para participar en el grupo Drago, motor de la compra de las sedes del Santander y de Prisa, procedió de sus cuentas opacas andorranas.

Las investigaciones judiciales sobre Jordi Pujol Ferrusola y su hermano Oleguer empiezan a converger en Andorra. La Policía sospecha que parte de los múltiples negocios inmobiliarios —compra de las sedes de Prisa y del Santander, por ejemplo— del menor de los hijos del expresident se nutrieron de fondos opacos de las cuentas abiertas en el paraíso fiscal pirenaico por Jordi Jr.

Una de las sociedades creadas por Oleguer Pujol para diversificar sus negocios es Itaca Investment Trust. Según la Policía es la matriz a través de la cual participó en un complejo entramado societario que le permitió canalizar, entre otras, las ganancias provenientes de la operación inmobiliaria realizada en Melilla con la sociedad Tres Forcas.

La creó en 2006 bajo el control de una sociedad llamada Carey Trustees Limited, radicada en el paraíso fiscal de Guernsey. La Policía no sabe aún el origen del dinero con el que hizo sus primeras aportaciones de fondos a esta sociedad el menor de los hijos del expresident. Sólo tiene la certeza, por documentos hallados en los registros, que con esta sociedad abonó 74.000 euros en diciembre de 2006 para adquirir acciones de Drago Real State Partners, sociedad vinculada a la compra de las sedes de Prisa y del Santander.

Sin embargo, dentro de la opacidad de sus fondos, la policía sospecha que parte de los 800.000 euros que movió Itaca provienen de cuentas andorranas, ya que en un extracto de cuentas requisado figura una “anotación manuscrita con las letras AND, que podría referirse a Andbank, banco de Andorra en el que al parecer distintos miembros de la familia Pujol habrían tenido cuentas”.

Los investigadores tienen claro que el dinero que Oleguer Pujol aportó a Drago Real State Partners para comprar ese paquete accionarial “no proviene de cuentas de Itaca, sino de cuentas bancarias del fideicomisario Carey Trustees Limited”.

Por ello, la Policía ve imprescindible conocer la cuenta usada por Oleguer Pujol para enviar los fondos a Carey Trustees Limited en 2006. Según datos de Drago, el capital aportado por Oleguer a sus fondos supera el millón de euros, de los cuales la mitad los desembolsó en Drago Real Estates.

Estas aportaciones societarias de Oleguer Pujol son sólo una muesca entre la ingente cantidad de millones manejados por los Pujol en Andorra y en sus distintos refugios bancarios mundiales. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando el menor de los Pujol empezó a manejar este tipo de ingresos tenía menos de 35 años. 

Unas operaciones sobre las que, al margen de las sospechas policiales sobre el dinero aportado por Oleguer Pujol al grupo Drago, existe una absoluta opacidad al respecto del propietario último de los fondos ubicados en paraísos fiscales como Luxemburgo u Holanda.

Los investigadores policiales manejan la hipótesis de que tales fondos pudieron ser utilizados por parte de los Pujol para adquirir los inmuebles de Santander y Prisa.

EL HIJO DE FUNDADOR DE CDC HACE CAER AL PARTIDO

Jordi Sumarroca guardó en su casa los resguardos del 3% desde la época de Pujol hasta la actualidad pese a saber que estaba siendo investigado por el amaño de adjudicaciones públicas.

El éxito de las investigaciones depende, en parte, de la suerte. Que el empresario Jordi Sumarroca, después de llevar un año imputado por un caso de amaño de adjudicaciones, siguiera guardando todos los documentos que incriminan a CDC por el cobro del 3% fue un golpe de suerte para los investigadores.

Jordi Sumarroca Claverol es el presidente de Teyco, una de las empresas con mayores adjudicaciones públicas en Cataluña. Este empresario había sido imputado por pagar una comisión al alcalde de la localidad tarraconense de Torredembarra, Daniel Masagué, a cambio de la adjudicación de un aparcamiento público.

El empresario debió creer que la causa no iría más lejos que un mero cohecho. Sin embargo, la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez del Vendrell, Josep Bosch, estaban preparando un golpe de efecto. Los investigadores descubrieron que Masagué había recibido ocho transferencias sospechosas y querían saber si había habido más contratos amañados. Bajo esta sospecha, en julio deciden entrar en el domicilio del ex alcalde y en el del propietario.

Nadie podía imaginar que Sumarroca guardaba en su caja fuerte los apuntes de todas las adjudicaciones recibidas tanto por diversos ayuntamientos como de la propia Generalitat, con el precio del contrato y el cálculo del 3%. Hasta ahora, se conocía que el empresario tenía apuntes del año 2009. Sin embargo, un nuevo documento que tenían guardado los investigadores demuestra que Teyco pagó el 3% de una veintena de adjudicaciones a CDC a través de la Fundación CatDem por lo menos desde el año 2002 hasta la actualidad.

LAS PRUEBAS DEL DELITO

En el nuevo documento que ya analizan los investigadores se puede leer literalmente “Estat de comtes 12-03-03 J.P.”. En esos apuntes vienen pagos de 2002, que unido a las iniciales J.P., hace llevar la investigación al ex presidente catalán. Para el clan Pujol este nuevo descubrimiento complica la situación judicial en la que están inmersos en la Audiencia Nacional por esconder dinero en el extranjero, fuera del conocimiento de la Hacienda Pública.

El empresario imputado, que incluso estuvo 15 días en prisión hasta que la Audiencia Provincial de Tarragona le liberó, es el hijo de Carles Sumarroca Coixet, el creador de las empresas familiares y fundador, junto a Pujol, de CDC. Aunque desde que empezaron los problemas judiciales para las dos familias, ambas han intentando desvincularse la una de la otra, lo cierto es que a Sumarroca Coixet se le relaciona dentro del círculo de amistades más íntimo del ex presidente catalán. Es más, sus mujeres, Nuria Claverol y Marta Ferrusola, comparten una empresa conjunta, Hidroplant.


No deja de llamar la atención que una de las familias que forman parte del círculo más estrecho de los Pujol hayan guardado durante años la prueba del pago por parte de empresarios a CDC de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.

La pregunta es por qué Sumarroca guardaba toda esa documentación. Los investigadores tienen una hipótesis: todos aquellos que pagan comisiones, de las que no hay facturas ni resguardos, deben tener de alguna manera un justificante de que han cumplido con su pacto de pagar al partido a cambio de que su empresa reciba trabajo.

DOS MILLONES EN CUATRO AÑOS

Tanto Sumarroca como otros empresarios pagaban al partido a través de la fundación CatDem. Un informe de la Guardia Civil dentro del 'caso 3%', al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que se ha detectado que en la cuenta bancaria de la fundación se ha recibido en tan sólo cuatro años 3,4 millones de euros, de los cuales 1,8, aproximadamente el 55%, procede de empresas vinculadas a la obra pública y construcción, entre las cuales se encuentra Teyco y otras sociedades investigadas.

Esas donaciones, procedentes de diversas empresas adjudicatarias de obras y servicios públicos, inmediatamente eran transferidas a otras cuentas presumiblemente titularizadas por CatDem, y que por la “complejidad de la operativa”, los agentes todavía las están analizando.

“Teniendo en cuenta las limitaciones que permite la norma, en relación a las donaciones a las fundaciones dependientes de los partidos políticos, es más que probable que los pagos relativos a las comisiones, resultado de las licitaciones de obras y servicios por parte de las distintas administraciones públicas, se lleven a efecto no sólo con donaciones a la fundación dependiente de CDC, sino también a través de otras opciones como convenios, prestaciones de servicios o asunción de costes propios del partido o la Fundación CatDem”, recoge el informe de la Guardia Civil.

Esta maraña de cuentas y transferencias de dinero hace sospechar a los investigadores que el “destinatario final” del dinero pagado por las empresas adjudicatarias a la fundación podría ser CDC. La mecánica empleada por la fundación para hacer pagos al partido es la simulación de prestación de servicios entre ambos.

Es decir, CatDem pagaría a CDC por trabajos que en realidad nunca se llevaron a cabo. De esa manera, se blanquea el dinero pagado por los empresarios como contrapartida de adjudicaciones irregulares. De confirmarse la hipótesis de los investigadores, CDC sería responsable de un cohecho como persona jurídica, mediante la cooperación necesaria de la fundación.

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