martes, 12 de enero de 2016

¿Hacienda somos todos?


El inicio del juicio del caso Noos ha dado lugar a que los ciudadanos nos preguntemos sobre la igualdad de los españoles ante la ley. En los preámbulos se ha visto un claro interés por parte del Estado de apartar del juicio a la infanta Cristina. Las frases de la abogada del Estado han sido clarificadoras. Ha defendido que se archive la acusación contra la Infanta Cristina por el caso Nóos con el argumento de que el lema "Hacienda somos todos" debe circunscribirse "al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país". Asi de claro, pagar impuestos es como comprar una cafetera a partir de un anuncio por TV.

Así la representante de la Hacienda Pública en la causa, Dolores Ripoll, se alineaba así en una intervención cargada de intensidad con la defensa de la hermana de Felipe VI, aludiendo al auto con el que el juez José Castro decidió definitivamente sentar a la hermana de Felipe VI en el banquillo.

El Estado, por tanto, considera que la infanta debe beneficiarse de la doctrina Botín porque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito. Esa jurisprudencia, inaugurada en 2007 para el banquero, impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman la Fiscalía y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda repite que sólo ella lo es en este caso), aunque la acción popular sostenga la acusación. Únicamente Manos Limpias pretende la condena de la ex duquesa de Palma, a ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, habría cometido a través de la sociedad familiar Aizoon.

Pero da la circunstancia que el caso Botín es el único caso juzgado en este sentido por el Supremo. La jurisprudencia de fija cuando dos o más casos similares coinciden en su doctrina, algo que no ha ocurrido cuando existe otro caso en dirección contraria. La doctrina Atutxa.

Castro decía que ese eslogan "fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que, por tanto, no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria". Se refería el juez a que la doctrina Atutxa, según su interpretación, anula la doctrina Botín en el sentido de que, cuando lo que se protege con el delito es un bien colectivo, la acción popular sí está legitimada para sostener la acusación por sí sola, aunque no lo hagan el Ministerio Fiscal ni el perjudicado por el posible delito.

La abogada del Estado ha argumentado, en la línea planteada por los defensores de la infanta, que lo que dice la doctrina Atutxa no es eso sino que, en realidad, se refería a delitos que, por su "peculiar naturaleza", no cuentan con un perjudicado concreto que pueda personarse en el procedimiento.

Ripoll ha asegurado que "no existe base legal para afirmar que el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado". "Es el erario público, y la Hacienda Pública estatal puede ejercer las acciones que considere pertinentes en el ejercicio de sus derechos", ha afirmado, aportando para abundante legislación y jurisprudencia para respaldar ese razonamiento.


"La acusación popular no se fundamenta en el bien común, puede tener objetivos personales y clientelares", ha sostenido Ripoll, "añadiendo que la ley atribuye al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado la defensa de los intereses generales sobre los principios de legalidad e imparcialidad". Los perjudicados son todos los contribuyentes de este país, ¿No le parece, Sra. Abogada del Estado? Ya veremos con que ánimo vamos a afrontar la próxima declaración de la Renta

Puede decirse que la Infanta ha acudido a este juicio con cuatro prestigiosos abogados defensores, Se trata de su defensor, Miguel Roca, su compañero de bufete, Jesús M. Silva, el fiscal Horrach y la citada abogada del Estado, Dolores Ripoll como representante de la Hacienda Pública,

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