Deficit a la carta

La reunión de  Cristobal Montoro,  ministro de Hacienda con los consejeros de Economía de las 17 comunidades autónomas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acabó este jueves sin un acuerdo en las cuestiones más polémicas que había sobre la mesa: el objetivo de déficit general para las regiones, la posibilidad de establecer límites diferentes en función de la situación de cada una y los nuevos mecanismos de liquidez que se pondrán a disposición de los gobiernos autonómicos.

El punto más polémico de la jornada era la posibilidad de que el CPFF estableciera objetivos de déficit diferenciados para cada autonomía, algo que plantea numerosas dudas a las regiones que han cumplido con los ajustes en los últimos años, con Madrid, Castilla y León Aragón a la cabeza de las que se oponen a estos límites a la carta. Lo único en lo que todos han estado de acuerdo es en que hay que seguir hablando y en la creación de dos grupos de trabajo para avanzar en todos estos aspectos. ¿Y la decisión final sobre la cifra de déficit? Pues habrá que esperar, al menos, hasta que Bruselas se pronuncie sobre el objetivo de España. Si hay más margen para el conjunto del país, también lo habrá para las autonomías.

Al final, no se ha llegado a un acuerdo. Lo que han hecho las comunidades y el Ministerio ha sido crear un grupo de trabajo en el que los técnicos estudiarán los posibles criterios para establecer estas cifras de déficit. Hay que recordar que, por ahora, el límite para las regiones es del 0,7% del PIB. Montoro no ha hablado de fechas para el nuevo objetivo de déficit, aunque ha asegurado que irá "muy rápido" porque es necesario fijar cuanto antes este dato.

Como es natural, los responsables de las autonomías que han actuado con lealtad al gobierno y los ciudadanos no están dispuestos a que se les castigue en beneficio de las comunidades incumplidoras. Precisamente por eso exigen que el objetivo del 0,7% de déficit sea de general aplicación, tal y como figura en el plan aprobado en su día y establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Al parecer tanto el Gobierno como Artur Mas que ahora ha cambiado su estrategia, estarían dispuestos a acomodar la situación española a la ya insoportable capacidad depredadora y malgastadora de Cataluña, Baleares, Murcia, Valencia o Andalucía. Todo ello  sin establecer ninguna condición sobre la eliminación o reducción de determinadas partidas de gasto de sus presupuestos. Mal camino lleva Montoro si no unifica esta cuestión. Así se estará premiando de nuevo la irresponsabilidad a costa del sufrido bolsillo del ciudadano.