El examen de acceso a funcionarios de la enseñanza

El informe sobre las últimas pruebas de acceso de la Comunidad de Madrid a sus distintos cuerpos del profesorado y sus resultados causa escalofríos por el bajísimo nivel general de los aspirantes. Hay que preguntarse en manos de quienes están nuestros hijos para su educación. Porque muchos de los examinados están ya ejerciendo como interinos tanto en la educación pública como en la privada. Es resultado es pavoroso.

Sólo el 13% de los maestros en ciernes superó los exámenes de acceso, elaborados con preguntas del nivel requerido para alumnos de 12 años, lo que significa que el 87% de los que aspiran a convertirse en profesores saben todavía menos que los niños a los que supuestamente quieren enseñar. El 90% de los que el sistema universitario ha calificado como aptos para la enseñanza fue incapaz de realizar cálculos elementales con sistemas de medida tales como kilos y gramos, pero es que en el resto de materias, como Lengua o Ciencias Sociales (ahora Conocimiento del Medio), el desenlace no ha sido mucho mejor.

Más allá de disparates concretos que revelan una incultura insondable –y seguramente irreversible– del opositor en cuestión, como afirmar que la gallina es un mamífero o que Soria es una comunidad autónoma cercana a La Coruña, lo que resulta especialmente alarmante es el nivel medio demostrado por los futuros profesionales de nuestra educación pública.

El desastre pavoroso que reflejan los resultados deja bien a las claras el estado vergonzoso de la universidad española, al menos en la rama de Ciencias de la Educación. La Consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, tiene por tanto toda la razón al exigir al Ministerio una reforma en profundidad de los planes de estudio de Magisterio, así como de los temarios que estudian los aspirantes a maestro y profesor a la hora de opositar. Ahora bien, mientras se pone remedio a este despropósito académico, es imprescindible evitar que los que hacen gala de tan monstruosa ignorancia accedan a la función pública en los distintos cuerpos del profesorado oficial.

Precisamente por eso resulta obligado aplaudir la decisión de consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, de modificar los baremos para convertirse en funcionario de la enseñanza, incluido el acceso a las bolsas de trabajo de las que surge el profesorado interino, donde hasta ahora primaba por encima de todo la mera antigüedad. La intención de la consejera Figar es que la nota del examen suponga el 80% de la puntuación total (hasta ahora era del 36,1%), de forma que un titulado que no sepa que la gallina es un animal ovíparo o que Soria es una provincia de Castilla-León tenga vedado su acceso a las aulas, al menos en calidad de profesor.

Este que es solo un resultado parcial de una autonomía, se puede extrapolar a todas las demás comunidades que han bajado la exigencia para el acceso a la educación como un medio un medio y un refugio fácil de familiares y allegados de políticos para su colocación, basandose mas en criterios políticos que en la verdadera capacidad de quienes deberían ser los mejores. En comunidades de sesgo nacionalista puede llegarse a plantear resultados aún más alarmantes dado que la tendencia de mirarse el ombligo desdeñando a lo que lo rodea es cosa mucho mas frecuente especialmente en asignaturas como literatura, historia y geografía, donde se limitan a enseñar solo aquello que les interesa a los políticos nacionalistas.

Esteremos que esto sirva como un toque de atención para que todos estos señores con camiseta verde que andan revolicando por la calle lleguen a la única conclusión posible. Para poder llegar a enseñar, hay que haber estudiado (y mucho) antes.