El cuento de la lechera de Oriol Junqueras

Oriol Junqueras desgranó en su entrevista en El Mundo la semana pasada como última oportunidad al Gobierno de Mariano Rajoy antes de dar el paso hacia la independencia, llegar a un acuerdo para implantar un concierto fiscal parecido al del Pais Vasco y Navarra, tiene respuesta en el estudio realizado por el digital La Voz de Barcelona que solo con los números y su conclusión es apabullante. La concentración de la recaudación de los impuestos en Madrid y Cataluña hace inviable el concierto económico. Y por supuesto, una quimérica independencia.

El alto grado de concentración de las sedes fiscales de las empresas hace que Hacienda recaude en Madrid la mitad de los impuestos a nivel nacional, y en Cataluña una quinta parte del total. La implementación de un modelo de financiación para la Generalidad similar al vasco y navarro -cuyos cupos están calculados de forma sesgada por la presión política- haría insostenible el sistema.

Aunque existen motivos jurídicos de peso que hacen inviable la implementación de un modelo de financiación para la Generalidad similar al concierto económico que se aplica en el País Vasco y Navarra, los argumentos económicos son todavía más contundentes.

Basta con comprobar las cifras y la distribución territorial de la recaudación de impuestos por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para constatar que los razonamientos esgrimidos por los partidos y entidades nacionalistas harían inviable la igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos por parte de todos los ciudadanos mediante la redistribución de la renta. Especialmente tras la experiencia del sesgo con el que se viene calculando los cupos vasco y navarro.

Fundamentalmente, esto es debido a que existe un elevado grado de concentración de las sedes fiscales de las empresas en Cataluña y en la Comunidad de Madrid, a pesar de que buena parte de su negocio la realizan en otras CCAA, lo que conlleva una distorsión al alza de la recaudación registrada en esos territorios, hasta el punto de que la AEAT ingresa en estas CCAA dos tercios del total de los impuestos que recolecta a nivel nacional.

En Madrid se recauda más del doble que en Cataluña

Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 2012, clasificada por impuestos y por CCAA (fuente: AEAT).

Según los datos publicados en el informe de recaudación tributaria correspondiente al año 2012, la AEAT recaudó 33.230,5 millones de euros en Cataluña, el 19,7% del total a nivel nacional, que ascendió a 168.566,6 millones de euros (incluyendo el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, los Impuestos Especiales y otras tasas).

Esta concentración es todavía más clara en el caso de la Comunidad de Madrid, donde la recaudación de los principales impuestos alcanzó los 79.146,5 millones de euros en 2012, el 46,9% del total nacional. Esto supone más del doble de lo ingresado en Cataluña, en concreto, 2,38 veces más, una proporción que se mantiene más o menos estable en los últimos años.

Las cifras son concluyentes. Por IRPF, la recaudación en Cataluña fue de 14.297,9 millones de euros, frente a los 27.523,5 millones de Madrid; por el Impuesto sobre Sociedades, 4.408,4 millones, frente a los 8.984,5 millones; por IVA 11.914,5 millones, frente a 24.897,7 millones; y por Impuestos Especiales 1.136,9 millones, frente a 15.190,1 millones.

Las formaciones nacionalistas argumentan sus reclamaciones de un concierto económico basándose en la relación entre lo recaudado y lo recibido en cada Comunidad, cuando los expertos indican que el debate debería girar en torno a si el reparto de los fondos totales es justo en función de las necesidades de cada Comunidad, no de la recaudación de cada una.

Así defendía su posición el líder de ERC, Oriol Junqueras, el pasado jueves durante una entrevista en TV3:

“Si el Gobierno español nos condena a la miseria, nosotros tendremos que tomar decisiones que aceleren el hecho de poner el futuro de nuestro país [por Cataluña] en manos de los ciudadanos de nuestro país [por Cataluña]. No tenemos ninguna otra herramienta. Necesitamos herramientas. Necesitamos que los 32.000 millones que pagamos en IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades los podamos administrar nosotros porque, si no, de estos 32.000 millones solo nos dan 19.000 millones, y es aquí donde está la clave del sufrimiento de nuestro país [por Cataluña]“.

Se atrevía a dar consejos al Gobierno de Rajoy sobre  la manera de salir de la crisis...

“Mire, si quieren, cuando ya tengamos nuestro Estado, les asesoraremos sobre cómo lo tienen que hacer para dejar de hundirse en la miseria. Cuando ya los catalanes seamos libres, el Estado español, que ya no podrá tener la obsesión de asfixiarnos, tal vez se centre en hacer las cosas bien. Cuando ya el Estado español no pueda vivir del dinero que generamos los catalanes y se tenga que poner de verdad a generar su propio dinero, tal vez entonces empiece a aplicar criterios sensatos para crear riqueza. Hasta ahora, lo que ha hecho el Estado es gastarse el dinero de las ayudas europeas en infraestructuras que le comportan más pérdidas de las que ya tenía. Así no se va a ninguna parte”.

De hecho, la Generalidad es el Gobierno autonómico que más ingresos recibió en 2012 con el actual modelo de financiación (unos 19.000 millones de euros), junto al de Andalucía. Sin embargo, Cataluña no es la Comunidad que más población ni más extensión tiene, dos de los criterios fundamentales (junto al de la dispersión poblacional) para calcular el coste efectivo de los servicios públicos que las administraciones están obligadas a ofrecer a los ciudadanos.

Con ese mismo argumento, el Gobierno autonómico de Madrid podría reclamar buena parte de los 79.146,5 millones recaudados en su Comunidad por la AEAT, cuando solo recibió algo menos de 15.000 millones de euros en 2012. Esto haría inviable el sistema nacional.

Mientras, las empresas multinacionales siguen abandonando las tierras catalanas para implantarse en la Comunidad de Madrid u otros lugares de nuestro país que cuentan con menor inseguridad fiscal y menos trabas legales para su funcionamiento.