Inmersión en el abismo

El Tribunal Supremo había dejado muy claro mediante cinco sentencias que la Generalitat tiene que ser neutral en la lengua de la enseñanza. Dijo: "Pertenece a los padres la libertad de elegir en qué idioma escolarizan a sus hijos. El sistema de inmersión lingüística impuesto por la Generalitat es inconstitucional y debe cambiarse."

Todo esto lo dice, no solo el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Constitucional en un cuerpo de doctrina lo bastante claro y ejecutivo como para obligar a la Generalitat a cumplirlo, sin necesidad de un largo, fatigoso y kafkiano proceso de casi ocho años, en el que los niños para los que se pedía tutela han crecido y están a punto de abandonar la edad escolar. 

Ahora los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que dian ejecutar estas sentencias, han enmendado la plana al Supremo. Han emitido una resolución que hace decir al Tribunal Supremo cosas que este no dice y desoye cosas que sí dice. El Tribunal catalán ha tutelado, después de siete años de litigio, el derecho a estudiar en español de tres familias. Y ni una más. A partir de ahora, quien quiera que sus hijos cursen en esta lengua la enseñanza reglada, tendrá que pedirlo en un juzgado. Con el Auto sobre libertad lingüística, el TSJC inaugura la inaudita doctrina del racionamiento de derechos fundamentales.

En contra de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fallo conocido este jueves respalda el sistema de inmersión lingüística de la Generalitat, aunque, eso sí, concede a cada familia la opción de reclamar por vía judicial la escolarización en castellano. Dicho de otro modo: el único derecho de curso legal es el "derecho" de la Generalitat a imponer la lengua única en los colegios; el otro, el derecho de los padres a elegirla, es una excepción que, a partir de ahora, se dosificará mediante sentencias judiciales.

El Auto del TSJC ha sido celebrado por el presidente de la Generalitat, señor Artur Mas, que se ha reafirmado en la política de inmersión, de la que Cataluña "no se moverá", según ha anunciado. Su júbilo es directamente proporcional a la indefensión en la que quedan los ciudadanos. La ley y las sentencias siguen sin cumplirse en Cataluña.

En Cataluña, las personas ya no ejercerán sus derechos, entre sí y frente a los abusos de la Administración, sino que les serán retenidos en fianza por los tribunales localistas. A este grado de desamparo de la persona frente al Poder se ha llegado en el "oasis catalán". Tal es la quiebra del principio de legalidad. Así de insignificante es la libertad en esta parte de España.