Gobierno & TVE - El enemigo en casa

El desencuentro entre RTVE y el Gobierno difícilmente podría ser mayor. El Ejecutivo de Rajoy quiere abordar la difícil situación que atraviesa el ente público, y para ello considera que debe comenzarse por una auditoría de sus cuentas, y así "analizar en profundidad el uso de los recursos de la corporación e impulsar la reducción de sus costes de explotación", según palabras de Soraya Saénz de Santamaría. Pero la Corporación se niega. Aduce que las auditorías se realizan una vez al año por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), lo que consideran suficiente. La última de ellas se realizó en 2010, y arrojó resultados concluyentes: falta de control en contratos firmados, gestión ineficiente de los recursos, y un sobrecoste de los derechos deportivos, RTVE cerró el ejercicio de 2010 con pérdidas de 42 millones de euros. Niegan la aportación para su examen de los contratos con 62 de sus altos directivos. Concretamente, TVE supuso en 2010 un coste por hogar de 68 euros de nuestros impuestos.

El final de la publicidad en RTVE no le ha sentado bien al ente público. El primer año de TVE sin publicidad se cierra con un agujero de 47 millones de euros. De momento el nuevo modelo de financiación no arranca entre trabas y denuncias.

A sabiendas de que la renovación de cargos puede estar cerca, TVE está haciendo con los informativos como una especie de  guerra de guerrillas contra el Partido Popular comandada por su director general Fran Lorente que fue nombrado por el PSOE en 2006 y que a partir de la dimisión de Alberto Oliart actua como general comandante de la oposición. Siguen y le dan amplísima cobertura a los avatares de Rubalcaba y apenas dan tiempo para el partido del gobierno Ningunean las noticias de la corrupción de Andalucía en un claro desafío y de vez en cuando cuelan en las noticias “errores involuntarios” como la aparición de la imagen de Rajoy junto a una noticia sobre corrupción infantil.

Hace unos días a cuenta de las revueltas estudiantiles en Valencia, comprobé cómo para TVE el asunto tenía una relevancia tal que dedicaban nada menos que más de 20 minutos del informativo y, eso sí, solo 30 segundos a dar la opinión del PP, frente a los minutos y minutos con los que regaban los oídos de los espectadores los líderes socialistas.

El PP cree que tiene el enemigo en casa. Es más, busca soluciones a la carrera para RTVE. Y es que el enfado en Génova es fenomenal por el tratamiento contrario a sus intereses otorgado por la dirección de Informativos a las últimas medidas tomadas por el Gobierno, como por ejemplo la reforma laboral. Tampoco ha sentado bien el sesgo con que se abordó la noticia de la agencia Reuters, según la cual el Ejecutivo habría inflado la cifra de déficit público. En RTVE da la sensación de que, al igual que lo que decía un monje al que iban a echar por deshonesto, circula la frase “para el tiempo que me queda en el convento, me cago dentro”.

Programas que no alcanzan los objetivos de audiencia pactados, películas que se financian sin criterios imparciales, capítulos de series que se graban antes de que se hayan firmado los contratos, derechos deportivos que se encarecen en más de un 50%. Estas son algunas de las anomalías que ha descubierto la Intervención General de la Administración del Estado en RTVE, según el informe provisional de 2010, año en el que la Corporación estuvo presidida por Alberto Oliart. El informe será definitivo una vez que la empresa haya presentado alegaciones.

Dicho informe examina minuciosamente los contratos de los principales programas de TVE y el coste de cada uno de ellos. A tenor de estos datos, el espacio de humor La hora de José Mota es el más gravoso de toda la parrilla (491.000 euros por capítulo, lo que equivale a 12.200 euros el minuto). Entre las series de ficción nacionales, las que le acarrean un mayor desembolso a la televisión pública son Águila roja (913.000 euros la entrega, 11.400 el minuto) y Cuéntame cómo pasó (853.000, 12.100 el minuto).

Otra cuestión son los salarios de presentadores y contertulios que a pesar de haberse anunciado una rebaja de un 10% de los mismos se comenta que por ejemplo Pepa Bueno, Ana Pastor y Ana Blanco podrian estar cobrando cantidades astronómicas. O el contrato de Ana Igartiburu y asi decenas y decenas de los contratos cuyas copias ahora solicita el gobierno y son negados reiteradamente desde RTVE.

Creo que no deberíamos tener una TV pública sometida a unas siglas, ni a las del PSOE, ni a las del PP, sino una televisión abierta, plural y todo lo humanamente objetiva que se merece una sociedad como la nuestra. Este ejercicio diario de sectarismo es una auténtica canallada, una vergüenza que debería sonrojar a los profesionales del medio.