Abrevaderos públicos

Con el anuncio del cierre de veinticuatro empresas públicas sin actividad ha empezado una operación destinada a sanear la administración del estado, Con cierto regodeo y regocijo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha detallado casos como el de la Empresa Carmen la comida de España S.A, creada en 1992, para promover la gastronomía en el año de las Olimpiadas, o la Naval Izar, que todos creíamos desaparecida, o la aún no extinta Fundación del Quinto Centenario, Barcelona Holding Olímpico o Residencial Langa: “Con la situación que vive el país no estamos para estas cosas”, y todo esto ha sido soportado durante largos años de dejadez como foco de mamandurrias y alivio de políticos profesionales achicharrados.

Con este conjunto de medidas el número de consejeros que se suprimirán del total de sociedades mercantiles estatales se eleva a 154, lo que generará un ahorro económico de 1.083.998 euros al año solo en sueldos. La vicepresidenta ha señalado que con las dietas y otros conceptos la cantidad ascendería a 1,8 millones de euros. Con respecto a los trabajadores, la portavoz ha señalado que en la mayoría de los casos serán absorbidos por entidades matrices. “Había empresas que tenían más consejo de administración que trabajadores. Otras ni siquiera tenían personal, pero sí un administrador”, ha explicado. Había entidades, asegura, que llevaban 20 años sin actividad pero pagando sueldos directivos.

Con estas medidas el Gobierno aprovecha para hacer limpieza y para hacer un poquito de propaganda. No estamos ante un hito en la historia de la administración pública, y tampoco es una cuestión que afecte al fondo de la regulación de estos organismos; pero no está mal, y algo es algo. Pero hay que seguir. Esta metástasis se ha reproducido miméticamente estos últimos treinta años en las 17 autonomías y en centenares de Ayuntamientos donde para muchos concejales ha sido mas importantes las dietas como miembro del Consorcio de Aguas, empresa de limpieza o caja de ahorros a cuyas juntas acudían un rato al mes..., que su sueldo que percibían como ediles. La señora de José Montilla llegó a coleccionar 16 de estos cargos. 

Esta medida no se trata del final de eso que se llamó la "huída del Derecho Administrativo"; un invento para crear organismos que eran administración para lo que querían y sociedades privadas para lo que les daba la gana, pero es una manera de predicar con el ejemplo. Con el cuento del recurso a "otras formas de personificación" –bonito palabro- nuestras queridas administraciones públicas de todo tipo, nivel, ámbito territorial y color político, fueron mutando con el muy simple objeto de eludir el control y descargarse de responsabilidad.

Después de las sociedades estatales, llegaron las agencias, o los observatorios, o las fundaciones o los consejos comarcales que, por ejemplo, en Cataluña proliferaron como setas. La más famosa fue la Agencia Tributaria, que anunciaba una especie de independencia fiscal como paso previo a la otra independencia. Pero a la que acompañaron la de la Salud, la de Residuos o la del Agua, que ahora está al borde de la quiebra. Con el agua al cuello, si me permiten el chiste malísimo. Eso sí, nadie ha sido capaz de explicar qué podían hacer estas "agencias" que no pudiera hacer el ministerio o el departamento competente. En otro momento se pusieron de moda los consorcios, y luego los "institutos". Más tarde las fundaciones, y algo que seguro les habrá tocado sufrir a ustedes, como han sido las empresas municipales de agua.

Con independencia de la forma, todas ellas han sido el paraíso de la libre designación. No se huía del Derecho Administrativo, se huía del Derecho, en general. Y dentro de cada una regía la diversidad: gerentes, presidentes, directores, y es que no sólo hemos sido creativos en las formas, sino también en los cargos.

Por ello, cuando la brigada del aplauso se relaje, lo que hay que pedirle al Gobierno es que privatice lo que sea necesario, se quede con lo que convenga, recurra a viejas fórmulas para lo que crea oportuno –como la concesión-, pero que derogue y obligue a derogar las leyes que siguen permitiendo que esto se repita. Que yo sepa tiene todo el poder y no tiene excusa para no hacerlo.

De acuerdo con usted, es un paso correcto en la buena dirección pero poco a poco, que crear estas cosas se hace con una ley pero desmontarlas cuesta años... No es la primera vez. El fin de la Administración franquista conllevó la extinción de sus numerosos institutos, fondos, agencias, (Icona, Agencia del Tabaco, Comisaria de Abastecimientos...) sin contar con las Secciones Femeninas, Sindicatos verticales, PPO.... Digerir todo eso es cuestión de años...y las indigestiones no se pasan con bicarbonato.