Deudas autonómicas

El Servicio Estadístico del Banco de España ha dado a conocer este viernes la situación de la deuda pública a 31 de diciembre del año pasado, que en el caso de las comunidades autónomas aumentó un 17,2% en 2011, hasta registrar 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). Tratándose de que el periodo contemplado pertenece a cuando la crisis estaba ya en su plenitud es significativo que la mayoría de estas comunidades tirara de deuda mientras desde otras administraciones ya se estaban haciendo esfuerzos para la contención del desmesurado despilfarro que están haciendo  unos organismos creados de forma artificial no para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, sino para usurpar competencias ajenas y formar un paisaje político en el que las aspiraciones nacionalistas tuvieran cabida constitucional.

Porque el líder absoluto y relativo del endeudamiento fue nuevamente Cataluña, con 41.778 millones de euros, cantidad que representa el 29,8% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades, con respetable distancia del segundo malgastador que es la Comunidad Valenciana que con 20.762 millones de euros vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 15.447 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,6% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (14.314 millones de euros), Galicia (7.009 millones), Castilla-La Mancha (6.587 millones), País Vasco (5.536 millones), Castilla y León (5.476 millones de euros), Baleares (4.432 millones), Canarias (3.718 millones), Aragón (3.403 millones) y Murcia (2.806 millones). Completan la lista Navarra (2.446 millones), Asturias (2.155 millones), Extremadura (2.021 millones), Cantabria (1.293 millones) y La Rioja (900 millones).

¿Para qué sirve una comunidad autónoma? Evidentemente, para nada; para nada bueno, me refiero. Sólo para depredar la riqueza de los ciudadanos y exacerbar las contiendas con el resto de autonomías y el gobierno central, al objeto de que la nutridísima clase política periférica pueda justificar su provincianismo cateto de boina, chapela, barretina y mariscada.

 El eje vertebrador de la política autonómica es el victimismo hacia un agravio ancestral, unas veces cometido por el Estado y otras por las provincias limítrofes, cuya solución histórica exige un esfuerzo económico cada vez mayor de los contribuyentes, los mismos a los que jamás se ha pedido opinión por esas supuestas traiciones de las que son objeto por parte de sus compatriotas.

 Con las transferencias en educación y sanidad, decisión de Aznar por supuesto sin consultar a los usuarios, la ruina del sistema era sólo cuestión de tiempo. Ese momento ha llegado y la solución que se nos propone es pagar todavía más por unos servicios de los que somos rehenes todos los ciudadanos, porque la clase política se cuida mucho de no permitirnos elegir acerca de la forma de educar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud o garantizarnos el retiro.

 El mal llamado "copago" -porque no se va a pagar a medias con otro y además se trata técnicamente de una nueva tasa autonómica -, es la última afrenta de una casta política que ha hundido el sistema sanitario y aun así se niega a renunciar a sus prebendas devolviendo la competencia al gobierno para su gestión de forma centralizada. Falta dinero para financiar la sanidad pública, pero en lugar de ahorrar 20.000 millones de euros agrupando compras, costes y suministros, los políticos han decidido mejor dejar todo como está y sacar esos millones adicionales del triste bolsillo de los contribuyentes.

Siempre ha habido razones más que suficientes para execrar el sistema autonómico. En el mismo momento de su creación, pero especialmente ahora que nos ha llevado a la ruina al país entero. Desde 2008, año en que comenzaron a hacerse patentes los efectos de la crisis, las comunidades autónomas han duplicado el volumen de su deuda pasando de 72.000 a 140.000 millones, un baldón infame que esmalta esta construcción sociopolítica tan española, cuya principal utilidad ha sido el servir de colocación para miles de desocupados con carné de partido gobernante.